La sed de poder y de control del Gobierno de Nicolás Maduro parece ser insaciable. Tras recuperar a la Asamblea Nacional, con lo cual ya vuelve a tener a todos los poderes del Estado bajo su puño, ahora el Ejecutivo nacional parece haber puesto su mira sobre la sociedad civil organizada, e incluso, sobre los ciudadanos de a pie. Así, lo denunció Acceso a la Justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia pública virtual que el pasado 25 de marzo concedió el organismo continental a un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas, y en la cual se analizó la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19.

«El cerco que el Gobierno de Maduro viene tendiendo a la sociedad civil organizada ya desde hace tiempo, se estrecha cada vez más (…) Pero también el cerco al ciudadano y a la sociedad civil en general», alertó Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, quien explicó a los comisionados los riesgos que suponen iniciativas gubernamentales como el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que el nuevo Parlamento oficialista ya aprobó en primera discusión.

Afirmó Laura Louza que:

«Con este modelo de Estado comunal, se “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe “autoprestar” los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que éste le indique y permita».

Agregó además lo siguiente:

«En el Estado socialista comunal, no hay límite alguno al poder, ya que se desdibuja tanto el rol del ciudadano como sujeto de derechos, y el del Estado de servir al ciudadano. Es evidente que no solo se refuerza el férreo centralismo y militarismo impuesto por el Gobierno de Maduro en el país, sino que además desaparece la libertad de la persona, así como los principios de soberanía democrática, Estado de derecho, separación e independencia de poderes, responsabilidad del Estado y sus obligaciones con los derechos humanos. También es obvio que con la implantación de un modelo de esa naturaleza, empeoraría aún más la situación de emergencia humanitaria que ya aqueja al país».

La Ley de Ciudades Comunales establece que grupos de ciudadanos organizados en consejos comunales podrán asumir la conducción de parte del territorio, y aunque se les prometen fondos, la transferencia de poderes desde la República, estados y municipios y se les da autonomía para tomar sus decisiones, lo cierto es que al menos la última oferta es totalmente falsa. ¿La razón? Los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales.

Tras recordarles a los comisionados que el llamado Estado comunal y el Poder Popular son figuras que no solo no están previstas en la Constitución de 1999, sino que además fueron expresamente rechazadas por los ciudadanos en el referendo sobre la reforma de la Carta Magna de 2007, Louza señaló otro motivo que hace sospechar que la iniciativa tiene como único propósito controlar aún más a la sociedad civil venezolana: El texto establece que todas las organizaciones comunales deben estar constituidas con el propósito de alcanzar una “sociedad socialista”, con lo cual se violan los principios constitucionales de la libertad de asociación, expresión y pluralismo político.

Contra las ONG

La nueva campaña contra las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que laboran en el país también fue abordada en la audiencia ante la CIDH. Al respecto, Feliciano Reyna, representante de Civilis y Acción Solidaria afirmó:

«La sociedad venezolana enfrenta un momento grave de desestructuración institucional y del Estado constitucional y democrático. Las comunidades, sectores y organizaciones civiles que reclaman derechos y entienden la necesidad de trascender el conflicto político, para buscar conseguir cambios, se encuentran amenazadas».

Tras denunciar el impedimento para registrar nuevas organizaciones o documentos ante notarías, las campañas de estigmatización, los allanamientos como el sufrido por Convite en diciembre pasado o la detención de los activistas de Azul Positivo este mismo año, Reyna expuso a la CIDH el peligro que representa para las agrupaciones civiles el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que la AN se plantea aprobar este año.

«Esta ley contraria a los estándares internacionales sobre los derechos de libertad de asociación y de expresión socavaría aún más los derechos de la población a la protección de sus derechos y permitiría la pérdida, el desvío y el uso discriminatorio de los recursos, extremadamente insuficientes, para responder a la escala masiva de la emergencia humanitaria».

El instrumento, presentado por primera vez en 2006 y luego resucitado en 2010, crea un fondo a donde deberían ir a parar los ingresos que las organizaciones de la sociedad civil reciben desde el exterior para sus proyectos y programas, y da al Gobierno la potestad de decidir sobre el uso de dichos recursos. Este texto es similar al aprobado en Rusia bajo los primeros gobiernos de Vladimir Putin.

Esta iniciativa le ha valido cuestionamientos al Gobierno de Maduro en escenarios como los exámenes periódicos universales de Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, ha sido rechazada por activistas y juristas, por considerar que viola el artículo 13 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU de 1998, el cual reza: «Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».

La COVID-19 como excusa

Las organizaciones civiles también denunciaron a la CIDH que la pandemia del coronavirus ha sido aprovechada por las autoridades venezolanas para reforzar su control sobre la ciudadanía mediante la represión a cualquier tipo de disidencia. Así, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó que de marzo a diciembre de 2020, 258 personas fueron detenidas de manera arbitraria por supuestamente violar las restricciones previstas en el Estado de Alarma.

«La aplicación del decreto de cuarentena se realiza de manera discrecional y sin respetar a los sectores más vulnerables», afirmó Marino Alvarado, quien agregó:

«La manera de proceder incluye detenciones arbitrarias, imposición de realización de ejercicios en la vía pública y de trabajo forzados por incumplir recomendaciones sanitarias, uso de los medios públicos y redes sociales bajo el Estado para promover odio contra actores sociales y políticos».

Denunció además que veintinueve sindicalistas fueron aprehendidos solamente en Caracas y que seis personas perdieron la vida durante protestas para exigir la mejora de servicios públicos desde que se impuso el estado de alarma.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Tras hacerse con el control de todos los órganos del Estado, la Fuerza Armada, los medios de comunicación y de buena parte del aparato productivo del país, la sociedad civil es uno de los últimos espacios independientes del Gobierno venezolano. La administración de Nicolás Maduro parece dispuesta a silenciar, cooptar o simplemente cerrar a las organizaciones civiles no afines, e incluso ir más allá y transformar a los simples ciudadanos de a pie en subalternos.

¿Por qué esto? Bien lo explicó Beatriz Borges, del Centro para la Justicia y la Paz (Cepaz), durante la audiencia ante la CIDH:

«El rol de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la esfera de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en términos de documentación, denuncia e incidencia ante las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela».

31 de marzo 2021

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