El proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) se antoja largo, y no solo por factores como la complejidad y magnitud de los crímenes de la lesa humanidad a investigar, por el hecho de que los investigadores se encuentren en un continente y el lugar de los sucesos y las víctimas en otro, o por la falta de recursos que aquejan a los órganos de la justicia internacional, sino por la actitud de las autoridades venezolanas.

El Gobierno de Nicolás Maduro parece no tener la más mínima intención de dejar a un lado su estrategia obstruccionista y dilatoria frente al juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), a pesar de que el 4 de mayo sufrió una nueva derrota cuando la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado rechazó la solicitud que hiciera el 26 de abril para poder responder a los señalamientos y acusaciones realizadas por las más de 8.900 presuntas víctimas de torturas, detenciones arbitrarias y masivas, persecución y violación, entre otros crímenes de lesa humanidad.

«La Sala no otorgará a Venezuela la autorización (para replicar) en el presente caso», anunció la instancia de la CPI en el auto de siete páginas que fue publicado el 8 de mayo.

Pese a la nueva derrota, las autoridades nacionales no cambiarán de estrategia; así lo dejaron en claro en un comunicado publicado por el ministro de Relaciones Exteriores publicado el mismo 8 de mayo, en el cual se lee:

«La República Bolivariana de Venezuela ratifica, una vez más, que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, frente esta ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser».

Obstruyendo desde el inicio

Casi desde el momento en que la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que tenía motivos para creer que en el país se habían cometido alguno de los delitos competencia de la instancia, las autoridades nacionales comenzaron una serie de maniobras para dilatar el proceso.

El 15 de junio de 2021, al finalizar su mandato, la funcionaria debía anunciar si iniciaba o no una investigación por lo ocurrido en Venezuela, pero eso no ocurrió porque el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, presentó a última hora un recurso en su contra ante la Sala de Cuestiones Preliminares, lo que demoró la decisión.

En el ínterin, el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional (AN) y el Gobierno continuaron adoptando una serie de decisiones para hacer creer a la instancia que estaban haciendo justicia y, sobre todo, tomando medidas para evitar que estos hechos se repitieran. No obstante, estas maniobras fracasaron y en noviembre de 2021 el nuevo fiscal, Karim Khan, pasó el caso venezolano a la fase de investigación.

Ante esta decisión, el Gobierno venezolano le solicitó a la Sala en abril del año pasado que suspendiese la investigación alegando que en el país se estaban juzgando y sancionando a los responsables de violaciones de derechos humanos, todo ello dentro de un discurso que niega la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En respuesta a esa solicitud, en noviembre de 2022 Karim Khan pidió permiso para proseguir sus pesquisas, por considerar que en Venezuela no hay ni voluntad ni capacidad para hacer la tarea. Esta decisión ahora está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares, luego de la presentación del informe de las víctimas en el pasado mes de abril, y ya está analizando si la petición está justificada o no.

Causas de la nueva derrota

¿Por qué la Sala rechazó la petición venezolana? Porque los funcionarios «no identificaron de manera persuasiva ningún aspecto específico del informe (de la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación) que requiera una respuesta», se lee en el auto.

El 21 de abril, la CPI difundió el reporte que la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación (VRPS, por sus siglas en inglés), en el cual se compiló la información contenida en los 1.875 cuestionarios que venezolanos enviaron entre noviembre y marzo pasado. En dicho documento se concluye que las víctimas venezolanas respaldan “abrumadoramente” la solicitud que el fiscal Khan hiciera a la Sala para que le permitiera reanudar sus investigaciones en relación con lo ocurrido en Venezuela.

Las víctimas, sus familiares y representantes consideran que las averiguaciones hasta ahora conducidas dentro del país son insuficientes, porque solo han están dirigidas contra los autores materiales, en su totalidad funcionarios de bajo rango, pero no contra los posibles autores intelectuales ni contra la línea de mando. Asimismo, dudan que esto ocurra porque la justicia está cooptada por el Gobierno.

Solicitud inoportuna

El Gobierno, por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, había solicitado a la Sala que le concediera hasta el 30 de mayo para responder al informe de la VRPS, por considerar que «presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano».

«Ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta solicitado por Venezuela no se justifica en la etapa actual», replicó la instancia de la CPI, la cual agregó: «En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento». Esta respuesta deja en claro que el momento de las réplicas y contrarréplicas no es ahora.

Las autoridades venezolanas intentaron convertir su derrota en una especie de victoria y para ello resaltaron que «hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte».

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado previamente citado afirmó:

«Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional».

Tal interpretación no tiene sustento, pues, aunque ciertamente la Sala habla de «víctimas potenciales», esto se debe a que todavía no se ha iniciado la averiguación para determinar un hecho, a sus perpetradores y a sus afectados. Recordemos que es común en un juicio penal ordinario, que cuando se juzga a una persona, se le califique como «presunto perpetrador» porque no ha habido sentencia condenatoria, y ese mismo principio aplica para las víctimas. A esto se limita la afirmación de la Sala debido a que todavía no ha habido condenas porque no se han presentados casos ante esa instancia, precisamente, por las acciones dilatorias del gobierno venezolano.

Asimismo, la Sala tampoco declaró que en el país no hayan ocurrido las graves violaciones a los derechos humanos que la Fiscalía de la CPI sospecha que fueron cometidos, pues ese no era el tema de la sentencia en la que se negó la solicitud del Gobierno.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La actitud de las autoridades confirma las sospechas de que el castigo de los crímenes ocurridos en el país, al menos a partir de 2017, y la reparación de las víctimas no figura en su agenda ni es algo de su interés, pero demuestra algo más grave: que cuando tiene un revés como el descrito ante la Sala de Cuestiones Preliminares, su único recurso es mentir y tergiversar lo dicho por esta. Con ello, queda de manifiesto lo precario de su situación ante esa instancia.

16 de mayo 2023

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