La inhabilitación es una normativa constitucional y legal que implica la incapacidad o ineptitud de una o más personas para ser elegidas o designadas en un cargo público e imposibilita el ejercicio de funciones. Como bien se puede observar es una determinación extremadamente grave, de altas consecuencias y muy severa, toda vez que suspende un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por ello cuando se toma esa decisión debe ser íntegramente ajustada a nuestra carta magna, ceñida estrictamente a la justicia y por razones incuestionables.
No se debe confundir la inhabilitación administrativa con la política y ello es bueno resaltarlo porque si bien la Contraloría General de la República está facultada para dictar inhabilitaciones administrativas, no lo está en nada para dictar las políticas que suponen la previa pena accesoria dictada por un juez competente.
Ahora bien, este régimen ha utilizado la inhabilitación política de la manera más torpe y arbitraria y por supuesto en grave violación a nuestra Constitución, como arma partidista para marginar a líderes y dirigentes que no son de su agrado y constituyen obstáculos para concretar sus malvadas intenciones. Especialmente utiliza la arbitrariedad para no permitir a destacados líderes presentarse como candidatos en las distintas elecciones populares.
Nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos humanos sólo reconocen las limitaciones a los derechos políticos cuando han sido dictadas por un juez competente y nunca por organismos administrativos, en nuestro caso por la Contraloría General.
Últimamente se rumora sobre la inhabilitación política de Henry Ramos Allup y otros dirigentes, dictada inconstitucionalmente por la Contraloría General, lo que como anteriormente hemos dicho es una arbitrariedad y vejación de derechos fundamentales. Se informa que en los últimos veinte años la Contraloría ha dictado más de mil inhabilitaciones a dirigentes fundamentales, que como todos sabemos y por estar en un régimen totalitario, donde todas las ramas del poder público nacional se acuerdan en los delitos y violaciones, han sido avaladas por el Tribunal Supremo de Injusticia. También han intervenido a más de veinte organizaciones políticas y adueñado de sus tarjetas y símbolos que manejan de acuerdo a sus malsanos intereses.
Espero y deseo con inmensa convicción que cuanto antes superemos esta situación tan amarga y asfixiante en la que nos tienen.