Durante buena parte de su carrera, el politólogo John Magdaleno ha estudiado alrededor de 120 procesos de transición política de todo el mundo, principalmente en los últimos dos siglos. Han sido más de 10 años de trabajo investigativo en los que ha tratado de diseccionar la complejidad de cada caso, pero también aquellos patrones que se repiten dentro de contextos tan particulares.
En este tipo, una pregunta que quizás ha rondado por su cabeza y ha impulsado su trabajo es cómo ocurriría el cambio político en Venezuela. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, todo el proceso revolucionario que giraba alrededor de su figura debió abocarse hacia su sucesor, Nicolás Maduro. Y la década de su gobierno estuvo marcada por diferentes acontecimientos, desde estallidos sociales e intentos de vacancia por la vía constitucional, hasta múltiples procesos de negociación. En todo caso, el oficialismo parece haber sobrevivido a cada uno de ellos.
Sin embargo, las elecciones presidenciales del 28 de julio han abierto un nuevo camino que, para muchos sectores de la población, pudiera finalmente conducir hacia la transición. Pero para entender qué tan cerca está realmente la oposición de lograrlo, y cuáles son los pasos necesarios para que ocurra una redemocratización exitosa del país, Magdaleno explicó en una entrevista de dos partes con El Diario cuáles son las condiciones que deben generarse primero.
El profesor y director de la consultora Polity indicó que en el contexto actual, el mejor escenario posible es el de una transición negociada entre el oficialismo y la oposición. Para ello, es necesario que se produzca una “situación-límite” que lleve al gobierno de Maduro a replantearse el costo de su permanencia en el poder y favorezca el surgimiento de sectores reformistas dentro de su coalición. Algo que podría ocurrir en caso de que la oposición logre una victoria contundente e incuestionable en los próximos comicios.
A partir de allí, será necesario plantear, en simultáneo, una serie de incentivos y mecanismos de presión en los que deberán evaluar qué espacios y garantías están dispuestos a negociar. Un proceso que podría no ser fácil o satisfactorio, pero sí necesario para su estabilidad.
—Usted ha dicho que la presión y los incentivos son las dos palancas que pueden promover la transición negociada de un factor de poder. Con lo visto en la campaña hasta ahora y las conversaciones entre el gobierno y la oposición, ¿se puede decir que están dadas estas condiciones?
La primera parte de su pregunta está bien orientada, pero se requieren varias precisiones. A lo largo de 10 años he insistido en que, para que podamos aproximarnos al inicio de una transición a la democracia en Venezuela, cualquiera que sea la modalidad por la que esta termine produciéndose, es necesario crear una fuente de presión interna capaz de “fabricar” situaciones-límite que le planteen dilemas estratégicos al autoritarismo hegemónico. Y también he señalado que, al lado de las presiones sociales y políticas, es imprescindible ofrecerle incentivos y hasta ciertas garantías a determinados factores de poder para que faciliten el inicio de la transición.
El planteamiento se deriva del examen de más de 100 casos, la gran mayoría de los cuales siguió esta dinámica. ¿Por qué es imprescindible ofrecerles incentivos a ciertos factores de poder de un régimen autoritario? Porque esto puede alterar el cálculo de costos y beneficios que habitualmente efectúan para decidir si continúan respaldando al régimen político o si, por el contrario, se convierten en agentes contribuyentes de una democratización. Si ello ocurriera en Venezuela, estaríamos hablando del inicio de una redemocratización.
Es habitual que, en medio de situaciones-límite que ponen a prueba la perdurabilidad de un régimen autoritario, los factores de poder se interroguen por su destino futuro. Por ello, los incentivos están ideados para reducir los costos de salida que pagan tales actores al dejar de respaldar al régimen político. Si esto no se hace, se puede correr el riesgo de que, aún en medio de situaciones que amenacen con cambiar el “balance de poder”, los principales actores del régimen decidan “atrincherarse” y dificultar el cambio de régimen político. Y esto puede tener incluso expresiones violentas con resultados tremendamente lamentables.
Por eso es que este tipo de coyunturas demanda, del lado de la oposición, actores con mucha inteligencia estratégica, experiencia, pericia y, sobre todo, habilidades negociadoras. No me canso de decir que el coraje, la valentía y la determinación son importantes, pero pueden resultar insuficientes de cara a episodios de cambio de régimen político. Y entiendo humanamente que para algunos sectores sociales estas sean ideas difíciles de asimilar, pero esto es lo que sugiere la experiencia internacional comparada. Allí está el fruto de la investigación científica en este campo de estudio durante más de 50 años. Creo que es momento de prestarle atención. Y sí, esos hallazgos son de factura eminentemente politológica, más que “ropaje”, como dijo un apreciado intelectual venezolano. "
Hasta donde conozco, fue el legendario politólogo norteamericano Robert Dahl quien introdujo en su libro La Poliarquía, el análisis de los “costos de la tolerancia” y los “costos de la represión” para dar cuenta de la probabilidad de que un régimen no-democrático se aproxime a un régimen democrático. Y en un trabajo que escribí hace dos años, inspirado en Dahl, introduje las categorías “costos de salida” y “costos de permanencia” para analizar tales perspectivas.
También he señalado insistentemente que, de ser factible, no hay duda que una transición negociada es la mejor modalidad para iniciar la transición de un régimen autoritario a uno democrático. La investigación de los politólogos Sujian Guo y Gary Stradiotto, de 2016, ofreció una poderosa evidencia empírico-analítica a favor de esta tesis. Las transiciones negociadas ofrecen mejores perspectivas futuras para la democracia, tanto en términos de su perdurabilidad en el tiempo como en términos de su calidad.
Guo y Stradiotto demostraron que la transición negociada es la modalidad con la menor tasa de reversión autoritaria, en contraste con el resto (la conversión o reforma, el colapso y las intervenciones extranjeras). Estas otras tres modalidades suelen implicar altos costos y riesgos para las sociedades que las experimentan y, personalmente, pienso que plantearían serios problemas de corto, mediano y largo plazo en el caso venezolano, de modo que no las recomiendo. Ni hablar de los dilemas estratégicos y éticos que esconden, que suelen despacharse con gran ligereza en la conversación cotidiana de algunos círculos.
¿Qué falta en la Venezuela de hoy? La situación límite, que podría presentarse si la oposición, pese a todos los obstáculos y violaciones de garantías que pudiera cometer el régimen antes, durante y después de la elección, logra configurar una mayoría incontestable y holgada”
¿Cuál es, en mi opinión, el “piso mínimo” que debería tener la votación opositora para crear una verdadera situación límite? No menos de 6 o 7 puntos porcentuales de ventaja respecto de la votación oficialista, si votan entre 12 y 13 millones de electores. Si la diferencia llega a ser de 10 puntos porcentuales, tanto mejor. Ya veremos qué sucede.
Ahora, volviendo al punto de fondo de la pregunta, en efecto es estratégicamente correcto que se ofrezcan incentivos y garantías antes de la elección. Pero en el corto plazo, en Venezuela, la única coyuntura que puede permitir que la negociación realmente avance es que exista una situación límite que presione a los principales decisores del autoritarismo. Y esto hoy equivale a una victoria contundente de la oposición, que sea respetada por varios factores de poder. Sin una situación límite, los factores de poder difícilmente accederían a negociar una transición.
—¿Qué incentivos posee actualmente la oposición que pudieran presionar al gobierno a negociar su salida?
Cuando va a sobrevenir una transición a la democracia, los factores de poder de un régimen autoritario suelen exigir una serie de condiciones que atienden a las particularidades del contexto local. Pero hay tres incentivos y garantías que con frecuencia estos factores colocan sobre la mesa de negociación, al margen de que se les conceda o no: a) garantías de sobrevivencia política futura del proyecto, las fuerzas políticas y sociales que representan, y de ciertas figuras públicas emblemáticas; b) garantías para que puedan utilizar los recursos económico-financieros con que cuentan, tanto ellos como sus relacionados, y; c) garantías judiciales para evitar ser procesados, lo que resulta cada vez más problemático y menos frecuente en el siglo XXI, particularmente en virtud de la existencia de la Corte Penal Internacional.
No es un juicio de valor, es un juicio de hecho. Que yo sepa, los procesos de justicia transicional son los que mejor han tramitado algunos casos, pero reconozcamos que es un tema delicado y complejo, no exento de tensiones y dilemas.
Desde luego, las garantías más fáciles de satisfacer son las que corresponden al literal a), siempre y cuando los factores del viejo régimen autoritario acepten las reglas y procedimientos democráticos, es decir, siempre y cuando se democraticen. Las más difíciles de ofrecer y cumplir son las comprendidas en el literal c) y el literal b) plantea serios problemas, si ello involucra recursos resultantes de afectaciones del patrimonio público. Adicionalmente, en ocasiones se exigen “reservas de dominio”, también conocidas como “enclaves autoritarios”, lo que le plantea serios dilemas políticos y éticos a los factores que intentan estimular la democratización. Menciono dos ejemplos de gran valor didáctico para que se comprenda esto último.
Cuando Violeta Chamorro ganó la elección presidencial de 1990 en Nicaragua, una de las exigencias que le formuló Daniel Ortega fue que su hermano, Humberto Ortega, para entonces Ministro de la Defensa, debía seguir en el cargo. Imagínese lo que eso pudo haber significado para Chamorro. Y tuvo que aceptar pues, de lo contrario, se dificultaba la transición a la democracia en ese país.
Precisamente, en virtud de los riesgos de seguridad que debía encarar Chamorro recién electa, el presidente Carlos Andrés Pérez la apoyó con una misión secreta, conocida hasta ahora como la “Operación Orquídea”. Se trataba de un contingente de seguridad destinado a custodiarla y protegerla. Y ese hecho está directamente relacionado con el famoso caso de la “partida secreta” por el que Pérez fue enjuiciado y condenado. Sobre este particular, siempre es de gran utilidad escuchar la versión de los hechos del reconocido jurista venezolano Alberto Arteaga Sánchez, quien defendió a Carlos Andrés Pérez.
El otro caso es el surafricano y está directamente relacionado con las negociaciones celebradas entre Nelson Mandela y el presidente Frederik de Klerk para promover un cambio de régimen político. De Klerk, quien sustituyó al cruel Botha en la presidencia de Sudáfrica en 1989, emprendió una serie de reformas destinadas a superar la política de la segregación racial del apartheid, que data de la década de 1940.
Fue De Klerk quien derogó las leyes segregacionistas, liberó a varios presos políticos negros, incluido Mandela, legalizó el Congreso Nacional Africano (ANC) y promovió la redacción de una nueva Constitución no-racista. La negociación de garantías entre Mandela y De Klerk supuso que, de ganar Mandela la presidencia, De Klerk sería nombrado vicepresidente. Y así ocurrió.
Para que quede claro, no estoy sugiriendo con estas experiencias que la oposición debe “calcarlas”. Cada proceso de transición tiene sus peculiaridades, incluso las transiciones negociadas. Pero es crucial comprender que resulta imprescindible ofrecer ciertos incentivos y garantías, si realmente se desea facilitar el inicio de una transición a la democracia. Esto plantea un tema que, en mi opinión, debería estarse discutiendo, en privado, en el seno de la dirección opositora en este momento: ¿en torno a cuáles incentivos y garantías se pueden poner de acuerdo los líderes de la oposición? Porque no existen transiciones que no impliquen costos ni riesgos. Esa es una fantasía que hace mucho daño, porque plantea una visión utópica sencillamente irrealizable.
12 de junio 2024