La sociedad civil organizada está amenazada en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro se ha trazado como meta acabar con cualquier voz disidente y no alineada con sus objetivos; y para ello ha recrudecido la ofensiva que, desde finales de 2020 mantiene contra las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que trabajan en el país.

La creación del Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contenido en la providencia 001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo pasado, no es más que el último movimiento del Ejecutivo nacional por controlar uno de los pocos espacios que todavía no domina.

La providencia obliga a las organizaciones sin fines de lucro a reportarle a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada información sensible como quiénes son sus donantes y un listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban “asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades” ejercidas por dichas agrupaciones civiles.

Debemos agregar que este registro anómalo, está completamente fuera de los estándares y las prácticas internacionales en materia de control de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, de modo que esto no es más que una excusa para limitar y controlar a las ONG.

Es una acción que expone a los beneficiarios de las acciones que conducen las organizaciones no gubernamentales y abre las puertas para que sean víctimas de actos de intimidación, hostigamiento y discriminación como los sufridos por quienes firmaron a favor del referendo revocatorio presidencial de 2004 y terminaron engrosando la infame “lista Tascón”.

El registro no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva que en los últimos meses han lanzado las autoridades venezolanas. Así, debemos recordarle al país y al mundo que, a finales del año pasado, los ministerios de Interiores, Justicia y Paz y de Relaciones Exteriores emitieron una resolución conjunta, para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales extranjeras que laboran en el país. El texto creó el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), a través del cual las agrupaciones foráneas no domiciliadas en el país deberán registrarse para obtener una certificación que les permita desempeñar sus actividades.

La resolución antes señalada deja en claro que las organizaciones extranjeras solamente podrán desempeñar actividades de asistencia y cooperación internacional “en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades de las Naciones Unidas”.

Semanas después, el Gobierno de Nicolás Maduro le ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigilara las transacciones financieras de todas las agrupaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, para lo cual esta emitió una circular para regular esa situación.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, la Asamblea Nacional ha anunciado en las últimas semanas su intención de reformar este mismo año leyes como el Código Penal. Aunque su texto es desconocido, el objetivo, según ha informado un diputado del partido de Gobierno, es endurecer delitos como el de traición a la patria e incorporar otros nuevos que afectan a la libertad de expresión mediante el uso de medios informáticos como las redes sociales.

Asimismo, el Parlamento controlado por el oficialismo ha revelado su intención de desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, un texto que como la espada de Damocles ha estado pendiendo sobre las cabezas de las organizaciones no gubernamentales venezolanas desde 2005 y que pretende forzarlas a entregar el financiamiento que consiguen en instancias internacionales a un fondo que administrará el Gobierno.

Debemos recordar que esta propuesta no solo ha sido rechazada por la sociedad civil organizada, sino también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por considerar que atenta contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a asociarse y a buscar fondos para llevar adelante esa misión.

Acceso a la Justicia denuncia que la arremetida gubernamental no se limita a la creación de registros y la amenaza de nuevas regulaciones y controles inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales de derechos humanos, sino que abarca también acciones represivas tangibles como allanamientos y detenciones de activistas. El país y el mundo fueron testigos como en enero pasado cinco miembros de la organización zuliana Azul Positivo fueron detenidos y se les abrió un proceso judicial por “legitimación de capitales”. El delito real de estos activistas fue tratar de ayudar a aliviar el dolor y las penurias que vienen padeciendo los venezolanos más pobres debido a la gravísima emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Estas aprehensiones estuvieron precedidas de una ola de allanamientos de las que fueron víctimas las organizaciones Acción Solidaria, Alimenta La Solidaridad y Convite y revelan que en Venezuela hay un patrón que considera a los defensores de los derechos humanos como unos enemigos a los que hay que vencer y eliminar. Solo en los primeros dos meses del año, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizó un total de 99 ataques para enero de este año contra activistas y organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza.

Las acciones adoptadas por las autoridades violan flagrantemente la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de 1999, la cual en su artículo 1 señala: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Por su parte, recordamos que el artículo 17 del instrumento estipula claramente que:“en el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática”.

Por último, llamamos a los venezolanos y a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los relatores, grupos de Trabajo y demás procedimientos especiales de la ONU a condenar enérgicamente las acciones de las autoridades venezolanas y a exigirles que cesen en su actitud y que permitan a la sociedad civil organizada ejercer sus actividades, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y los tratados internacionales.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La más reciente arremetida contra las ONG, que las precalifica como delincuencia organizada y financiadoras del terrorismo al obligarlas a registrarse en la Oficina Nacional de la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, no es solo una obvia violación a la presunción de inocencia, sino que también criminaliza a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, ambos deberes de los Estados y correlativamente derechos de las ONG.

Al final, este tipo de regulación afecta a todos los habitantes del país, especialmente, a los más vulnerables, quienes, ante la ausencia de Estado en Venezuela, producto de la emergencia humanitaria compleja, se encuentran desprovistos de lo más básico para vivir, cuando la actividad de las ONG de asistencia humanitaria y caritativas es lo único que les permite sobrevivir.

Asimismo, ante la opacidad informativa en Venezuela, las masivas violaciones de derechos humanos y un Estado que no rinde cuentas, el rol de las ONG es fundamental para proteger a las víctimas de esas violaciones, y, además, para documentar y denunciar ante la comunidad internacional de manera adecuada y objetiva lo que realmente pasa en el país. He aquí la verdadera causa de la providencia comentada: disuadir a víctimas y ciudadanos en general de denunciar las masivas violaciones de derechos humanos que comete el Estado venezolano, así como sus arbitrariedades.

19 de abril 2021

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