Después de 1958 y mientras la fracciones parlamentarias de Acción Democrática y COPEI conformaban mayoría abrumadora y en atención al "Pacto de Punto Fijo", necesariamente los dos partidos se acordaban para seleccionar y designar a los integrantes de la entonces Corte Suprema de Justicia y también se hablaba y consultaba al resto de los partidos políticos.
Ambos partidos, AD y COPEI se esmeraban para proponer y elegir a los mejores doctorados juristas de dilatada y reconocida trayectoria personal y académica y de extraordinaria solidez moral y ética y así se conformaba la máxima instancia de administración de justicia del país. Esa Corte le transmitía confianza a todo el país y todos estábamos seguros que allí se administraba verdaderamente justicia.
Hasta 1969 el Ejecutivo Nacional designaba los jueces de la Nación siempre con el cuidado de nombrar a los mejores. Fue en ese año cuando el Congreso de la Republica aprueba la ley orgánica que crea el Consejo de la Judicatura y le atribuye la selección y designación de todos los jueces y la inspección y vigilancia de los tribunales. De esa manera se le quitó, por iniciativa de AD, la potestad al Presidente recién electo Rafael Caldera.
Siempre se tuvo el cuidado en una u otra ocasión de designar jueces a juristas probados y reconocidos en lo personal y académico, seguramente hubo alguno que otro coleado, pero ello fue la excepción excepcional.
Ahora, recientemente, y como ha ocurrido en las dos últimas décadas, la Asamblea Nacional seleccionó y designó a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia exigiendo como único y valedero requisito la incondicionalidad absoluta, total y a toda prueba al régimen y se repartieron los nombres entre las tendencias que pugnan a lo interno en el PSUV.
Están en el Tribunal Superior fichas del régimen cuya responsabilidad será aprobar todo aquello que el régimen desee y negar lo que no le conviene y solicite. Adiós a la justicia, a ella la veremos si satisface y conviene al régimen. Transformaron la administración de justicia en una goma que estira y encoge de acuerdo al interés de este horrendo régimen totalitario.
Todo, absolutamente todo en el país hay que arreglarlo, pero lo que tiene que ver con la justicia debe ser prioritario para que la verdad verdadera siempre se imponga.
Estamos en presencia de un "nuevo" Tribunal Superior de Justicia que se encargará de inventar y rebuscar el barniz con el que el régimen se cubrirá para pretender darle legalidad a las barbaridades quedes les ocurra. Todas las ramas del Poder Público son esenciales y fundamentales pero la del poder judicial es columna vertebral, es allí donde se entiende se encuentra la verdad y se proclama para hacerla valer.