¿Por qué la Fiscalía ni Defensoría del Pueblo tuvieron un rol de primera línea en ese operativo, si se buscaba la rendición de los alzados?

Las circunstancias en las cuales fueron abatidos, como se dice en lenguaje policial, Óscar Pérez y su grupo, tienen que ser investigadas a profundidad. Tarde o temprano habrá de aflorar la verdad, cualquiera que sea. Por ahora, sólo hay dos versiones. La contada por el propio Óscar Pérez, quien dejó varios vídeos en los cuales mostró su disposición a rendirse y también denunció que la orden era matarlos. Y la versión del gobierno, según la cual respondieron con fuego a un ataque que produjo la muerte de dos funcionarios.

Son muchas las interrogantes que se desprenden de lo ocurrido. Una de las más protuberantes es por qué la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo tuvieron un rol de primera línea en ese operativo, si se buscaba la rendición de los alzados.

Por qué no se permitió la presencia de los medios de comunicación, ni se pregunta. Ya se ha hecho uso y costumbre. Otra interrogante tiene que ver con Heiker Vásquez, muerto en los hechos, y sobre su doble condición de integrante de un colectivo del Oeste de Caracas y de la División de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana.

No queda muy claro por qué se frustra la negociación para la rendición del grupo. Tampoco si el proceso estuvo en manos de gente con experiencia en esos casos u obedeció a un procedimiento marcado por la improvisación, o la simulación, para terminar finalmente abatiendo a Pérez y su grupo. ¿Si había la orden del Presidente para garantizarle la vida a los alzados, qué o quién hizo cambiarla? ¿Acaso, aún después de la muerte de dos funcionarios, no había posibilidades de capturarlos con vida? ¿Si hay la orden de negociar, por qué no había siquiera un fiscal del Ministerio Público, un delegado de la Defensoría del Pueblo, o incluso un sacerdote, como se ve incluso hasta en las películas?

¿Por qué ni el Fiscal General de la República ni el Defensor del Pueblo han dicho nada al respecto? ¿Por qué no ha comisionado funcionarios para que investiguen lo ocurrido? ¿A qué obedece tanto hermetismo, si en casos de igual o menor repercusión no dejan de publicar mensajes en Twitter y otras redes sociales, convocar ruedas de prensa o emitir siquiera una lacónica declaración?

También es menester preguntarse por qué tanto temor a permitir que Pérez y su grupo pudieran ser velados, siquiera en mínimas condiciones de respeto a la dignidad y al dolor de sus familiares.

Esos entierros en solitario, con el cementerio tomado por la policía, y esa tardanza en entregar los cuerpos sólo alimentan la desconfianza en las versiones oficiales y la certeza de que hay muchas verdades ocultas, que tarde o temprano irán a aflorar.

Otro elemento digno de comentar es el contraste entre esos entierros en solitario y el funeral que se le hizo al funcionario que resultó muerto y que era al mismo tiempo agente de inteligencia y miembro de un colectivo armado. Las gráficas hablan por sí solas. Allí había funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana escoltando el féretro, que era cargados por encapuchados armados. Esa mezcla de irregulares armados junto a funcionarios policiales deja en evidencia el derrumbe institucional que vivimos. ¿Acaso ya tienen permiso para actuar estos grupos armados? ¿Se puede pertenecer a esos grupos y a la vez ser policías? ¿En qué se diferencian con los paramilitares colombianos? ¿El Alto Mando militar y el Alto Gobierno están cómodos y apoyan eso?

Ah, otra pregunta. ¿se le aplicará la llamada Ley contra el odio a quienes han escrito mensajes de burla y han hecho parodias sobre los vídeos en los cuales Pérez manifiesta su disposición a negociar y denuncia que, pese a ello, les están disparando y la orden es matarlos ? ¿O hacer mofa de la muerte y del dolor de los familiares de difuntos no es una forma de promover el odio? ¿O para castigar violaciones a esta Ley "ciertas condiciones aplican ", por ejemplo, que el infractor no sea partidario del gobierno?

22/01/2018