Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no parecen importarle los informes de organismos internacionales que ponen en duda su independencia o que lo acusan de ser instrumento de la represión del Gobierno. Prueba de ello es que el organismo ha iniciado el año reafirmando su alianza con el Gobierno de Nicolás Maduro y dejando en claro que el principio de separación de poderes es letra muerta en Venezuela.

Esto afirmó la presidenta del máximo juzgado, magistrada Caryslia Rodríguez, durante el discurso que ofreció este 31 de enero con motivo del acto de inicio de las actividades judiciales 2025:

«Somos hijas e hijos de Simón Bolívar y sepa el mundo que al lado del pueblo venezolano integramos el bloque histórico de la patria, por cuya virtud decidimos asumir el desafío, así que tengan en claro que nada y nadie nos apartará del camino trazado por los gigantes Bolívar y Chávez».

Durante su discurso, que se extendió por casi 1 hora, la también presidenta de la Sala Electoral no dudó en exaltar tanto al fallecido mandatario, al que llamó «comandante eterno» y «máximo líder unificador de patria libre, soberana e independiente en el siglo XXI», como a Maduro, al que denominó «presidente del diálogo y de la paz».

Al hacer balance de la gestión judicial durante el pasado año, la magistrada Rodríguez recordó que el «TSJ, a través de sus sentencias, ha demostrado el rol crucial que ha desempeñado en la estabilidad» del Gobierno. Esto fue dicho solo instantes después de recordar los fallos mediante los cuales las Salas Electoral y Constitucional avalaron, a finales del año pasado, la reelección de Maduro, sin importar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hubiera publicado los resultados desglosados de dichos comicios.

La magistrada también anunció que el máximo juzgado asumía «el compromiso fundamental de apoyar a la comisión amplia para la reforma constitucional» designada por el mandatario.

Pero no solo la presidenta del TSJ exhibió la alineación del aparato judicial con el Gobierno. La presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Elsa Gómez, quien ofreció el discurso de orden, hizo lo propio y lo justificó en el principio de colaboración entre los distintos poderes previsto en el artículo 136 de la Constitución.

«La armonía entre los poderes del Estado es esencial para el funcionamiento pleno de nuestra democracia participativa y protagónica», dijo, y agregó: «reconocemos y valoramos el papel de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral no como instancias antagónicas, sino como aliados en el proyecto bolivariano».

Números que no cuadran

«El Poder Judicial durante el año 2024 tuvo un incremento positivo de los índices de productividad», afirmó Rodríguez, quien aseguró que durante el ejercicio anterior se resolvieron «más casos en menor tiempo, gracias a la implementación de medidas que permitieron agilizar los procesos judiciales y mejorar la gestión de los medios».

Sin embargo, la funcionaria no aportó datos que permitieran certificar sus palabras y apenas mencionó que el TSJ emitió 5.059 decisiones, mientras que el resto de los juzgados dictó 529.334 decisiones, «lo que significó un incremento de 16,21 %».

No obstante, al revisar los datos aportados por Rodríguez en su anterior discurso se detecta una contradicción. El año pasado, la funcionaria aseguró que en 2023 el máximo juzgado dictó 5.971 sentencias, es decir, que la productividad entre 2024 y 2023 se redujo en realidad un 15,27 %.

La anterior no fue la única discrepancia. En su discurso, Caryslia Rodríguez afirmó que el pasado 15 de diciembre 28.374 jueces de paz comunal fueron elegidos por los ciudadanos. Aunque, Maduro aseguró posteriormente que fueron 15.000 los electos, la cifra suministrada por la magistrada coincide con la suministrada por el ministro de Comunas, que en su momento se refirió a casi 30 mil jueces de paz electos.

Esto indicó la presidenta del TSJ:

«La justicia de paz es fundamental para abordar los desafíos sociales, con ella procuramos la solución de conflictos no solo a través de mecanismos legales tradicionales, sino a través de la experiencia y el sentir de las comunidades involucradas, tomando en cuenta las múltiples dimensiones del problema que van más allá de la lógica normativa».

Informó además que el pasado 25 de enero se inició el programa de formación para los nuevos jueces de paz.

¿Cuánto tiempo durará ese programa? ¿Qué materias se impartirán? ¿Quiénes serán los profesores? Estas dudas no fueron aclaradas por la funcionaria.

Más dudas que certezas

La presidenta del TSJ también anunció que en 2024 la Comisión Judicial designó a 985 jueces provisorios y suplentes, un 29,09 % más que en 2023. No obstante, volvió a omitir información sobre por qué tuvo que nombrar a tantos jueces y, en ese sentido, no indicó cuántos fueron removidos y el porqué. Tampoco dio a conocer el número de jueces en la actualidad.

Otra cifra que la funcionaria reportó fue la de cuántos juzgados fueron inaugurados en 2024: 24. No obstante, no precisó en dónde fueron abiertos ni qué competencias tienen. Tampoco informó cuántos tribunales hay en el país. Las últimas cifras fueron suministradas por el Estado venezolano en el Examen Periódico Universal de 2022, donde tampoco hizo referencia a datos actualizados sino al número de tribunales de marzo de 2020, correspondiente a 2.059.

Por último, informó que los tribunales móviles realizaron 718 jornadas, en las que se ejecutaron 233.162 trámites y 390.728 personas fueron beneficiadas, pero no precisó si estos trámites se referían a procesos judiciales, o más bien a asesoría jurídica. Sin embargo, durante 2024 el TSJ mediante su página web informó principalmente sobre jornadas de asesoría jurídica mediante su programa Tribunal Móvil.

Llama la atención que un órgano judicial dedique tiempo a asesorar jurídicamente a ciudadanos, cuando esta es una función más bien de la Defensoría Pública y, en algunos casos, de la Defensoría del Pueblo, pero no de los tribunales, que más bien deben juzgar y no emitir opiniones fuera de un proceso judicial.

Nuevas promesas

Como ya viene siendo habitual, la presidenta del TSJ le pidió a Maduro que dirigiera unas palabras a los presentes. El mandatario no desaprovechó la oportunidad e insistió en avanzar en la revolución judicial.

«Todavía muchos temas pendientes», admitió, y acto seguido reclamó medidas para «ir a una regularización completa del sistema judicial, para que no haya deuda judicial con nadie y para que la justicia sea verdaderamente reparadora y sanadora».

Maduro anunció que este año la meta será la transformación del sistema penitenciario y prometió «ir construyendo cárceles verdaderamente seguras para evitar el resurgimiento de fenómenos como los pranatos».

«Meta: pran 0», dijo, sin precisar cuántas ni en dónde se construirán esas nuevas prisiones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El acto de apertura judicial volvió a ser otra muestra de la alineación de la justicia con el Gobierno, pero no solo por las palabras tanto de la presidenta del TSJ como de la oradora de orden, sino también por la actitud de los jueces presentes, quienes no dudaron en aplaudir con las referencias al fallecido presidente Hugo Chávez o cuando se recordó el anuncio del CNE que declaró a Maduro ganador en las pasadas presidenciales.

La ceremonia, que debería servir para que las autoridades judiciales rindieran cuenta a los ciudadanos sobre la gestión desempeñada en el ejercicio anterior, volvió a ser escasa en datos que permitan evaluarla. Así, por ejemplo, no se informaron cuántos casos recibieron ni el TSJ ni los demás juzgados, ni tampoco se precisó cuánto tiempo demora el Poder Judicial en resolver un asunto, desde el momento en que ingresa, o cuántos jueces o tribunales hay en el país y cómo están distribuidos, menos aún sobre su condición, si son titulares, provisorios, temporales o suplentes. Este año tampoco se publicó el informe anual, que cumple ya 12 años sin aparecer.

5 de febrero 2025

https://accesoalajusticia.org/tsj-inicia-2025-reafirmando-su-apoyo-al-proyecto-bolivariano/