Expertos y académicos denuncian que la vacancia presidencial en Venezuela entró

en un limbo de ilegalidad tras el vencimiento de los plazos constitucionales el

pasado 3 de abril. Ante el silencio de la Asamblea Nacional y la invención de la

«ausencia forzosa» por parte del TSJ, el país asiste a una ocupación de facto que

ignora la vacancia de Nicolás Maduro, congela el derecho al voto y deja en la nulidad

los actos de un Ejecutivo sin sustento legal.

Venezuela suma este 2 de mayo de 2026 un total de 119 días bajo una estructura

de mando que la academia y el foro jurídico califican de inédita. La captura de

Nicolás Maduro en enero derivó en la inmediata juramentación de Delcy Rodríguez

como presidenta encargada, un movimiento que el Tribunal Supremo de Justicia

(TSJ) blindó mediante la figura de la «ausencia forzosa».

Hoy, con el primer lapso de 90 días de falta temporal vencido desde principios de

mes, el país opera sin una prórroga formal de la Asamblea Nacional y sin un

cronograma electoral a la vista, mientras la relación con Estados Unidos oscila entre

la presión por condiciones de votación y el reconocimiento diplomático de la

administración de turno.

El quiebre institucional se formaliza el 3 de enero de 2026. Ante la extracción de

Nicolás Maduro para enfrentar la justicia federal estadounidense, la Sala

Constitucional del TSJ emite una sentencia donde justifica la permanencia de

Rodríguez en el poder Ejecutivo basándose en la necesidad de mantener la

«continuidad administrativa». Sin embargo, lo que los expertos denuncian es que el

texto constitucional de 1999 no contempla pausas ni excepciones para los plazos de

suplencia. El 3 de abril se cumplió el término de 90 días que establece el artículo

233, y el silencio de la Asamblea Nacional ante una prórroga o una declaración de

falta absoluta marca el punto de conflicto actual.

Por un lado, partidos políticos y sectores de la sociedad civil exigen el ejercicio del

voto para relegitimar el cargo; por el otro, el aparato del Estado mantiene una

política de amnistías discrecionales y detenciones que condicionan la protesta. Los

entrevistados coinciden en un diagnóstico: el marco jurídico diseñado en 1999 está

siendo sustituido por una interpretación de facto que prioriza la permanencia del

grupo en el poder sobre la alternabilidad democrática.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, la más antigua del país,

exigió la convocatoria «sin dilaciones» a nuevas elecciones presidenciales, tras más

de cien días desde que Delcy Rodríguez funge como encargada. En un comunicado,

el consejo de la facultad afirmó que el «ejercicio indefinido» de la presidencia por

una autoridad no electa «viola el principio democrático» y también «la soberanía

popular». Consideró que la convocatoria a comicios presidenciales implicaría el

cumplimiento al mandato constitucional, tras subrayar que ya han transcurrido más

de noventa días con la vacancia en el cargo presidencial «sin que la Asamblea

Nacional (parlamento) adoptara decisión alguna sobre su prórroga».

La Plataforma Unitaria, una coalición que agrupa ocho partidos de oposición,

presentó una hoja de ruta para una transición en Venezuela, en la que expone que

en el país hay ausencia absoluta. Vente Venezuela coincidió con la Plataforma. A

través de un comunicado en redes sociales el 10 de abril, denunció la «falta absoluta

en la Presidencia», bajo el argumento de que Nicolás Maduro fue proclamado

«ilegalmente» por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la actualidad se

encuentra preso en Estados Unidos.

Una presidencia eterna

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV,

sostiene que la situación actual responde a un diseño político para evitar las urnas.

El académico argumenta que el TSJ no actuó según la norma, sino según la

conveniencia del momento.

«El Tribunal Supremo de Justicia, de una manera muy cobarde, evadió su

responsabilidad de calificar la ausencia absoluta o relativa, evadió inventándose un

término como era ‘ausencia forzosa’. Lo que se hizo con esa sentencia fue dejar una

especie de presidencia eterna. Cuando ellos quieran, parece que es la voluntad del

TSJ, habrá elecciones presidenciales», dice.

El decano explica que esta maniobra técnica tiene un fin político: anular el

cronograma que obliga a convocar a elecciones cuando la falta temporal se

extiende. Según su visión, el TSJ ha creado una categoría atípica para blindar a una

administración que no quiere medirse en urnas. «La impresión que yo tengo es que

en el gobierno no quieren que haya elecciones presidenciales porque saben cuál va

a ser el resultado, parecido o peor para ellos de lo que pasó el 28 de julio de 2024».

Apitz subraya que la Asamblea Nacional actúa con omisión frente al calendario. «Ya

han pasado 90 días, vamos a prorrogar 90 días más esta ausencia... bueno, nada de

eso ha pasado. Ese lapso de 90 días no se ha computado, no ha corrido. Parece que

la Asamblea Nacional fuera sorda, ciega y muda». Además, descarta que sea

necesaria una reforma para este caso. Explica que ante la ausencia del presidente

de la República, «que es una ausencia ya prolongada», lo constitucionalmente viable

es convocar a unas elecciones presidenciales inmediatamente.

Asegura que la realidad es innegable y que el tiempo juega en contra del relato

oficialista. «Lo razonablemente esperado es que (Maduro) no vaya a estar en

Venezuela en mucho tiempo», afirma el académico, recordando que un juicio federal

en Estados Unidos puede durar hasta cuatro años. Con esta proyección, la tesis de

una «falta temporal» se cae por su propio peso. Para el abogado, lo que vive el país

es una «presidencia eterna» diseñada por jueces que no se atrevieron a cumplir con

el artículo 5 de la Constitución, el cual ordena que la soberanía regrese al pueblo

cuando el mandatario falta.

«Si hay una ausencia forzosa, hay una encargabilidad forzosa. Por lo cual, esa

encargabilidad no puede ser eterna. Me da la impresión de que hoy lo que está

planteado en Venezuela es una usurpación de funciones por parte de la presidenta

encargada», sentencia.

Vacancia absoluta es real

Desde la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, su presidente Rafael Badell

Madrid precisa la gravedad administrativa del interinato indefinido. Para Badell, la

vacancia no es una interpretación política, sino una realidad fáctica que se activa de

forma automática una vez que se agotan los tiempos que dicta la ley. Su argumento

es demoledor para la seguridad jurídica: no hace falta que el TSJ o la AN «declaren»

la falta absoluta para que esta exista.

«La declaratoria de falta absoluta o temporal no es producto de una declaratoria por

parte de los poderes constituidos, sino que es consecuencia de la aplicación directa

de la norma constitucional. Se trata de una norma autoaplicativa y no

programática», puntualiza Badell. El académico explica que la solución debe

provenir estrictamente del texto constitucional y no de «inventos» judiciales. «El

juez nunca estará autorizado para cambiar o innovar en el orden constitucional. De

manera que no es admisible que se creen categorías jurídicas no previstas en la

Constitución», dice.

Badell alerta que el país ha entrado en un ciclo de nulidad que afecta desde leyes

hasta contratos internacionales. Afirma que esto pone en riesgo la seguridad

jurídica. Señala el artículo 138 de la Carta Magna para recordar que este dispone

que ‘toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’. Asevera que «el

Estado no puede seguir funcionando, haciendo leyes, otorgando contratos estatales,

designando nuevos funcionarios y haciendo llamados a los inversionistas extranjeros

con un régimen presidencial interino contrariando lo dispuesto en la Constitución».

Para el jurista, el 3 de abril fue la fecha de caducidad de la legalidad del Ejecutivo:

«La Asamblea no prorrogó el lapso antes de su vencimiento y por tanto operó la

falta absoluta. Mal servicio se le haría a una reconstrucción del Estado de Derecho

pretender imponer una interpretación violatoria de los límites para favorecer a la

persona que ocupaba el cargo».

La encargaduría ya cesó

Cecilia Sosa Gómez, vicepresidenta de la Academia de Ciencia Políticas, aborda el

conflicto desde la ética del poder y el control social. Sosa reconoce que el TSJ actuó

bajo la «premura de la sorpresa» tras la extracción de Maduro, pero asegura que

esa urgencia inicial no justifica la violación sistemática de los plazos. Para ella, la

«ausencia forzosa» es un calificativo que «no aparecerá nunca en ninguna

Constitución» porque es un mecanismo totalmente atípico.

«La realidad es que Maduro no está. Y si no está, yo no puedo mantener más allá del

plazo establecido en la Constitución a una encargada», afirma con contundencia.

Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, explica que, aunque la

juramentación de Rodríguez pudo ser correcta en un principio para garantizar la

continuidad administrativa, ese permiso expiró al cumplirse los 90 días sin respuesta

institucional.

«La encargabilidad constitucionalmente cesó. Ella (Delcy) sigue en el cargo fuera del

texto constitucional. No está en ninguna prórroga porque no se la han dado.

¿Debería el presidente de la Asamblea decir que eso es implícito? No, eso no

existe», comenta.

Sosa también lanza una advertencia sobre la parálisis ciudadana y la presión interna

en el chavismo, sugiriendo que la falta de elecciones no es un problema técnico,

sino un síntoma de miedo. «¿Qué me frena para pedir elecciones yo como

ciudadano? ¿Hay miedo? Si hay miedo es porque hay alguien que mete miedo. Y si

hay alguien que mete miedo, es una herramienta opuesta a la encargabilidad que ya

finalizó», sostiene.

Expresa su preocupación sobre las facciones que rodean a Delcy Rodríguez. «Me

preocupa la oposición interna que tiene el gobierno encargado dentro del chavismo.

Esa oposición es la que no permite que haya elecciones porque atemoriza y se sitúa

entre la ciudadanía y los hermanos que están al frente del gobierno», menciona. La

jurista recuerda que la potestad del cambio no reside en despachos extranjeros:

«Venezuela no es de Estados Unidos, ni siquiera es de los poderes en ejercicio.

Venezuela es de nosotros».

Poder ignora vacancia

Benigno Alarcón, analista político, por su parte, asegura que la invención de la

«ausencia forzosa» es la respuesta de un grupo político que se sabe minoría

electoral y necesita ganar tiempo a toda costa.

«El gobierno encargado no quiere llamar a una elección porque sabe que todos los

estudios de opinión dicen que jugaría en su contra. La apuesta es alargar los

tiempos a ver si ocurre un milagro o si pueden organizar una elección al gusto del

gobierno, como hicieron en 2024», analiza Alarcón. Para el politólogo, el país ya

desbordó el cauce constitucional: «Ya estamos fuera de la Constitución. Lo que

tenemos es una ocupación de facto sin fundamento constitucional. Si uno quisiera

tener una opinión purista, ya estamos fuera de la Constitución».

Alarcón revela un dato que choca con la urgencia académica: un aparente consenso

internacional para aceptar un retraso de casi un año. «Pareciera que hay una

estimación de que el tiempo que se necesita para montar una elección anda entre 9

y 10 meses. Michael Kozak marcó la pauta ayer diciendo que para seguir trabajando

con este gobierno tiene que haber progresos electorales, hablando de enero o

febrero del año que viene. Pareciera que todos están aceptando ese tiempo».

Al preguntársele sobre si la elección se alejaría de la constitucionalidad, si se hace

realmente en 9 o 10 meses, Alarcón dice que sería un proceso «totalmente» al

margen de la Carta Magna. «Pero como te lo decía hace un momento, ya estamos

fuera de la Constitución», continúa.

Para el analista, diera la impresión de que Estados Unidos intenta hacer una

experimento en materia de transición que consiste en usar a figuras del propio

grupo gobernante para desmontar su propio sistema para así reducir los riesgos a

un próximo gobierno.

Sobre la relación Trump-Rodríguez, Alarcón es escéptico: «Donald Trump le habla a

sus audiencias. Si dijera que todo está saliendo al revés, estaría reconociendo su

fracaso. Pero mientras tanto, se genera un experimento de transición

inconstitucional que intenta dar estabilidad económica a costa de arrastrar los pies

en lo político».

https://talcualdigital.com/vacancia-presidencial-existe-y-administracion-actual-

opera-fuera-de-la-constitucion/