Votar es un derecho y un deber, algunas veces en el sentido legal de los deberes, esto es una obligación, pero otras, en el sentido ético. Uno debe votar como también debe conducir sin consumir bebidas, en el sentido etílico. Es un deber trascendente, porque somos corresponsables del rumbo del país. Es un deber porque con el voto escogemos a los que se ocupan de velar por los intereses de todos. Si algo hemos aprendido los venezolanos es que eso del voto no es cosa baladí: cuando un pueblo mete la pata votando –o no haciéndolo–

(En las elecciones en las que ganó Chávez por primera vez la abstención fue del 36,55% y el susobicho ganó con el 33,35% de la totalidad de los electores), las consecuencias pueden ser que se arruine la vida de todos (bueno de casi todos). Verbi gratia.

En la fenecida Constitución de 1961 se proclamaba: “Artículo 110.- El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la ley”. Era una “función pública”, que te convertía en funcionario, votar era obligatorio, podías recibir una sanción si no lo hacías. Hasta donde uno tiene conocimiento, no se sancionó en aquellos viejos tiempos de la democracia a nadie por no votar. Si este artículo estuviese vigente sería de gran utilidad para el régimen en las actuales circunstancias.

En la Constitución «vigente», el artículo 63 señala: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.

El primer cambio que salta a la vista con respecto a la Constitución anterior es que el voto ahora no es obligatorio. Para que las elecciones sean libres necesitamos la garantía de una institución confiable para todos.

La mayor parte de nosotros pensamos diferente y eso es buenísimo, mediante las elecciones nos ponemos de acuerdo, porque el respeto al voto es lo único en lo que, los que pensamos diferente, concordamos.

Claro está que, en la Venezuela actual, la distancia entre la Constitución y la realidad política del país es brutal. Para comenzar, no hay separación de poderes y por tanto, no hay un organismo imparcial que garantice el voto. Es por eso que mucha gente es partidaria de no votar y la mayor parte de las fuerzas políticas opositoras se niegan a hacerlo en las venideras elecciones parlamentarias, porque piensan que ir a unas elecciones sin garantías ni confiabilidad, solo favorece a quien las convoca.

Otros partidos sí quieren hacerlo. También tienen sus razones y argumentos: si esto no va a cambiar en largo tiempo es mejor mantenerse vigentes y activos en la vida política con lo que el régimen tenga a bien conceder y librar otro tipo de luchas menos radicales, más modestas, que también vayan en pro de la gente, pero que no constituyan amenaza a la supervivencia de quienes detentan el poder, al menos de momento. Es una opción, tan viable (o tan poco) como pedir que entren los marines ya o quedarnos en el desacato para siempre.

Pero la novedad en lo que respecta a las elecciones de diciembre es la “sugerencia” que entró en escena política esta semana de que el Plan República podría buscar a los electores en sus casas para que vayan a votar. Conociendo las circunstancias, –se imagina uno que además de buscarlos de manera amable con la guardia y los colectivos–, para mayor seguridad lo acompañarán hasta el cuartico, para garantizar con su observación, el secreto del voto.

La noticia deja de asombrar, por más que uno haya perdido tal capacidad. No le falta verdad al juego irónico que circula por las redes y pone en boca de Tibisay (aunque ella ya no es la autoridad, 14 años en el CNE la hacen inolvidable) esta frase: “Ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones”.

¡¡¡¡¡A boooootarrrrrrr!!!!!

Twitter: @laureanomar