También las relaciones internacionales dependen de la fe. Una experiencia tan frágil y misteriosa sostiene en buena medida la geopolítica del planeta. Todo parte del mismo principio: confiar en el otro. Aunque sea mínimamente. Creer o suponer que el otro está diciendo la verdad. Cuando los funcionaros del gobierno de Venezuela declaran en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, la mayoría de los venezolanos necesitamos una traducción simultánea. No entendemos nada de lo que dicen. Ellos hablan de otro país, de un país que no conocemos, que no existe. Los vemos y escuchamos y solo quisiéramos tener la oportunidad de ponerle subtítulos a sus palabras para que el mundo lea la realidad que no pronuncia nuestro gobierno.

Tarek William Saab, quien ocupa el más alto cargo en la Defensoría del Pueblo, estuvo en la ONU y expresó su voluntad de “ser un actor fundamental para la protección y defensa de los derechos humanos”. Sin embargo, no dijo nada sobre la OLHP: un plan represivo, paradójicamente llamado Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo, que permite a los militares y a la policía actuar arbitrariamente, con violencia e impunidad, en los sectores populares. Todas las organizaciones de derechos humanos del país han cuestionado las detenciones arbitrarias, las desapariciones y los homicidios ejecutados por estos comandos armados. Se ha denunciado que se comportan como grupos de exterminio, los oficiales llevan máscaras de calaveras sobre sus rostros y actúan como si tuvieran licencia para matar.

Las alertas en contra de las OLHP son cada vez más numerosas. Hay incluso casos de masacres, desapariciones o asesinatos de grupos, como el ocurrido en la población de Barlovento en el año 2016. El saldo fue de doce jóvenes en fosas comunes. De eso no habló el Defensor del Pueblo en Ginebra. Ese país no existe.

Iris Varela es la ministra para el Servicio Penitenciario. También ella viajó a Ginebra y estuvo en la reunión de la ONU. Ahí habló de cómo el gobierno ha logrado “pacificar” y “dignificar” los centros penitenciarios del país. Las cifras oficiales aseguran que no hay hacinamiento carcelario pero, según la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, los datos reales son otros: la cantidad de reclusos casi duplica la capacidad de las instalaciones. De esto no habló la ministra Iris Valera.

Tampoco mencionó que, justo en esos mismos días, las excavaciones realizadas en uno de los principales reclusorios del país seguían tropezándose con restos humanos. En la Penitenciaría General de Venezuela, cerrada hace cinco meses, se ha encontrado una fosa común donde, hasta el momento, han aparecido 14 cuerpos. Aseguran que podrían ser veinte.

Esta prisión venía siendo objeto de diversos cuestionamientos desde hace mucho tiempo. Humberto Prado, director del OVP, afirma que ya en el año 2009 denunciaron casos de desapariciones en dicho centro de reclusión. Según esta organización, “la realidad de las cárceles en nuestro país es que el Estado le ha entregado su control a grupos armados de internos”.

Iris Varela no dijo en Ginebra que, en algunas cárceles del país, controladas por capos que han hecho de la ilegalidad una industria, se puede encontrar una discoteca, una piscina, una agencia bancaria, un zoológico, una pizzería, una pista de motocross… y también, por supuesto, una fosa llena de cadáveres. Ese país tampoco existe para el gobierno.

El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra se llama Jorge Valero. Él asegura que todos los cuestionamientos sobre el estado de las libertades en Venezuela forman parte de una “campaña mediática”. Declara que en el país no hay presos políticos sino terroristas encarcelados. Sin embargo, las estadísticas del Foro Penal Venezolano son muy distintas: solo en el año 2016 hubo 2732 arrestos políticos. Aparte de los dirigentes políticos más conocidos, como Leopoldo López, Daniel Ceballos o Yon Goicoechea, existen más de cien detenidos por razones políticas, la mayoría enjuiciados por tribunales militares, de manera anticonstitucional. Algunos tienen incluso órdenes de libertad, expedidas por jueces civiles, que no han sido acatadas por las autoridades. De esto no habla Jorge Valero. Tampoco menciona al diputado Gilber Caro, que fue encarcelado, una violación a su inmunidad parlamentaria, sin la presentación de una acusación formal. O al professor universitario Santiago Guevara, detenido y acusado de traición a la patria por haber participado en una reunión en una panadería. Valero no dice nada de ese país. No lo nombra. En Ginebra, sin pestañear, afirma que “no es cierto que en Venezuela se restrinjan las libertades, sino más bien se respetan escrupulosamente”. ¿Qué se puede hacer con quien miente sin pudor, con tanta facilidad?

El discurso oficial del gobierno venezolano afirma que no hay crisis sino conspiración, que no hay escasez, que no hay hambre. Asegura que la justicia es transparente, que hay equilibrio de poderes, que las instituciones tienen independencia. La realidad confirma lo contrario. Las cifras no oficiales señalan que no somos un país sino un derrumbe. Las encuestas muestran que los venezolanos queremos un cambio. Pero, mientras tanto, el gobierno sigue hablando en una lengua incomprensible, ejerciendo la violencia. Cada vez más, su idioma más claro es la represión.

Los organismos internacionales y los demás países del mundo, más temprano que tarde, tendrán que decidir con cuál de estos dos países se comprometen. Pueden ser, con su silencio, cómplices de la élite que controla el poder. O pueden ser activamente solidarios con quienes, padecen las consecuencias del poder. Cada vez hay menos matices. O están con la Venezuela pomposa que declara en Ginebra, o con la Venezuela urgente que aparece en los subtítulos. Ante el fracaso del diálogo, se hace indispensable la presión extranjera para buscar una salida democrática, justa y transparente. No se trata de una invasión. Solo es necesario apoyar a la Venezuela que sí quiere contarse a través de los votos, al país que exige que haya elecciones.

17 de marzo de 2017

https://www.nytimes.com/es/2017/03/17/las-dos-venezuelas/?em_pos=small&e...

Excelentísimo señor:

Luis Almagro Lemes

Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

Washington, D.C.

Estimado señor:

Cuando oí por vez primera su nombre como candidato al cargo que ahora ocupa, sentí una profunda desazón, pues en Venezuela se comentaba que usted era visto con simpatía por el Foro de Sao Paulo y, por ende, era cercano a los regímenes que en las últimas décadas han asolado la libertad y la democracia en Latinoamérica.

Esa congoja era mitigada por el criterio, mil veces afincado en hechos, de que esa Secretaría General era un órgano ineficaz e insustancial, propio para los bon vivant de la política regional, de esos que manejan con destreza la compleja cubertería en las cenas de Estado y en nada se ocupan de los pueblos que dicen representar.

Por mera curiosidad abordé la antroponimia de su apellido, poco conocido en estos lares; durante esa somera investigación, me enteré de la existencia de una ciudad castellana –Almagro– que fuera capital de la provincia de La Mancha, donde Miguel de Cervantes situara a don Alonso Quijano, alocado caballero al que se le oyera decir: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.» Quizás de los polvos de esos caminos y de los decires del Caballero de La Mancha se nutra su conducta como Secretario General que, renunciando a posiciones insulsas, escogió el azaroso sendero de la verdad y de la defensa del derecho a la felicidad de los pueblos de esta parte del mundo.

Pero nada más lejos de mi intención que ser panegirista del señor Secretario General. Esta carta fue determinada por mi deseo de comentarle ciertas características de la política venezolana que, siendo difíciles de entender para los que aquí vivimos, deben confundir en extremo a quienes nos observan de lejos, tal cual es su caso.

En mi reciente artículo «Chávez» afirmo que «Con su muerte, Chávez pasó de ser un líder carismático y populista a un negocio redondo para tirios y troyanos. Por un lado, para los que se consideran sus herederos con el único objeto de conservar el poder y, por el otro, quienes han hecho del antichavismo una manera de ganar adeptos y una razón para copar buena parte de la escena política.» Triste es tener que admitir que buena parte de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática empujan la carreta en el mismo sentido que el régimen de Maduro, pues su principal motivación es electoralista y les resulta soñada una elección presidencial en 2018, como opositores del chavismo, que mostró su extrema debilidad en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

Espero que su experiencia política lo haya protegido del natural desconcierto que a un novato causaría saber que partidos de la oposición venezolana, se oponen a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y que prefieren diálogos sin sentido y acuerdos sin futuro.

Resulta inexplicable que los autodenominados opositores no hayan explicado a la ciudadanía los verdaderos alcances de la Carta Democrática Interamericana, como condena política a un régimen antidemocrático, dejando que tome cuerpo la conseja de que es el avieso preámbulo a la invasión de los marines, que vienen a apropiarse de nuestro petróleo.

Venezuela está anegada de políticos de medio pelo y ayuna de estadistas; salvo muy honrosas excepciones, los que hacen política en nuestro País están más pendientes de sus intereses particulares que de los problemas colectivos. A sabiendas de esto, el chavismo los ha manejado a su antojo y construido una oposición Prêt-à-porter, dócil a sus deseos y sumisa a sus imposiciones.

La inmensa mayoría de los venezolanos -entre la cual me cuento- esa que era llamada por Arturo Uslar Pietri «amigos invisibles», esa que no produce reseñas de prensa, ni es nombrada en la radio ni vista en la televisión, no se siente representada por la falsa oposición contenida en la MUD, pero si por ese uruguayo de apellido inédito que, al parecer, tiene su origen más remoto en las mismas tierras que recorrieron en su atropellada aventura el dignísimo don Quijote y su famélica cabalgadura.

Reciba el señor Secretario General las seguridades de mi más alta consideración y estima.

Dulce María Tosta.

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

El pasado 13 de marzo de este año, las Federaciones deportivas de Levantamiento de Pesas, Tiro, Atletismo, Baloncesto, Billar, Bolas Criollas, Boxeo, Ecuestre, Racquetball, Softbol, Tae Kwon Do, Tenis, Dominó, Kickinbol, Sumo, Kenpo, Kick boxing, Washu, Deportes Acuáticos y Voleibol decidieron oponerse democráticamente, mediante el uso de los instrumentos legales, al interponer un RECURSO DE RECONSIDERACIÓN , ante el directorio del Instituto Nacional de Deportes contra la providencia administrativa N° 002/2017 aprobada en directorio del Instituto Nacional de Deportes de fecha 08 de febrero de 2017, que aún no ha sido Publicada en Gaceta oficial de La República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a las formalidades prevista en el artículo 72 de la Ley orgánica de procedimientos administrativos.

Los dirigentes deportivos de las Federaciones Deportivas Nacionales que actuaron en ese acto se oponen firmemente a la providencia administrativa 002/2017 dictada por el Instituto Nacional de Deportes porque no sólo viola disposiciones constitucionales y legales si no que a claras luces violan los principios olímpicos de autonomía de las entidades deportivas Venezolanas. Pretender, a través de una providencia administrativa que no está en el rango de normas que rigen los procesos electorales, subordinar a las entidades deportivas a depender de constancia que emitan los consejos comunales, los institutos municipales y regionales del deporte es poner en manos de los políticos a lo largo y ancho del país nuestra existencia. Las elecciones de las entidades deportivas no pueden depender tal cual lo refleja la providencia 002/2017 de los políticos y sus decisiones a su conveniencia.

Son los propios dirigentes de clubes, de las asociaciones y de las Federaciones deportivas con total independencia y en base a la ley orgánica en la materia, a su reglamento y sobre todo a sus estatutos aprobados por sus asambleas y las Federaciones Internacionales las que deben regir las elecciones de sus autoridades.

También, señalan con toda propiedad, que es extemporáneo la aprobación de un reglamento que regule nuestros procesos electorales en vista que todos nuestros estatutos fueron sancionados por nuestras asambleas, según lo previsto en la Ley Orgánica de Deportes, actividad Física y Educación física en sus artículos 39 ordinales 1 y 4 así como por el artículo 49 ordinales 1, 2 y 3, entregados para su inscripción en el Registro Nacional de Deportes, actividad física y Educación Física en su debida oportunidad legal según lo consagrado en los artículos 31 ordinal 6 y 48 de La Ley Orgánica de Deporte, actividad Física y Educación Física, por lo cual poseemos el certificado de registro y en su gran mayoría, nuestros estatutos están publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela desde hace más de 4 años por lo cual la mayoría de Las Federaciones Deportivas han convocados a sus procesos de elecciones en base a estos estatutos.

Un reglamento electoral aprobado por el Directorio del IND violaría la Autonomía administrativa de Las Organizaciones Sociales promotoras del deporte prevista en el ordinal 1 del artículo 39 de La Ley orgánica en la materia ya que esta norma le da total potestades a nuestras organizaciones a elegir y designar sus autoridades con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento numero 1, así como sus Estatutos y Reglamentos De tal manera, que en forma clara y precisa nuestra legislación deportiva le otorga a las entidades deportivas las potestades suficientes y legales para que éstas tengan sus propios procedimientos electorales previstos en sus estatutos y reglamentos con sujeción a La Ley y su único Reglamento aprobado.

Debemos recordar, que esta intención de violentar la autonomía federativa ¡¡¡solo busca asegurar la elección del Presidente del IND como vicepresidente de la Federación Venezolana de Futbol!!! Hecho por demás insólito y violatorio de cualquier ordenamiento jurídico.

En mi opinión personal al respecto, al Presidente del IND le esta atribuida las facultades para representar legal y jurídicamente al Ente Rector Deportivo Nacional, como instancia del sector público de gestión y ejecución de políticas y planes del Estado en materia deportiva y fiscalización, bajo el principio de corresponsabilidad y jerarquía en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la Ley.

Visto de esa forma, salvo criterio jurídico en contrario, para que el Presidente del IND como funcionario público, pueda participar en un proceso electoral federativo, ha debido renunciar previamente al IND, en contrario, lo convierte en juez y parte, por lo tanto, debería abstenerse como Presidente de ese Organismo cada vez que le toque que decidir sobre los casos federativos, de ser así y no poder decidir por su inhibición.

¿Qué sentido tiene que sea Presidente de un Organismo donde no puede tomar decisiones contradictorias?, además, se crearía un estado de desigualdad de condiciones y oportunidades entre todas las Asociaciones y Federación de Futbol con respecto a todas las entidades deportivas federadas.

Y lo que sería aún más grave, ¿Qué pasaría si todas las planchas a participar en los distintos procesos electorales federativas, para garantizarse el triunfo, comenzaran a blindarse con los más altos funcionarios del gobierno en todo el Poder Público? ¿Seguirían siendo entidades deportivas privadas reguladas y a la vez dirigidas por el mismo Estado a través de sus más altos funcionarios? Tal como ocurre en Cuba, China y Corea del Norte.

De no ser tomada en cuenta la solicitud federativa del recurso de reconsideración para la anulación del acto administrativo 002/2017 que aprobó la providencia administrativa que ordena una serie de normas regulatorias de los procesos electorales de las entidades deportivas de Venezuela, habría que darle paso y continuidad a otras series de acciones para lograr el objetivo planteado tales como:

- Demandar la anulación de la señalada providencia ante la Sala Electoral del TSJ.

- Notificar de la violación de la autonomía federativa a las respectivas Federaciones Internacionales de cada disciplina deportiva.

- Convocar a una Asamblea Extraordinaria del Comité Olímpico Venezolano con el objetivo de reformar los Estatutos del organismo para incluir un articulado que “Prohíba la participación de funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción en los cargos directivos del movimiento olímpico y del sector deportivo federado”. Para fortalecer el concepto real del voluntariado deportivo en los organismos privados del deporte venezolano y el rescate pleno de su autonomía.

Suele afirmarse –con razón– que toda victoria pública viene antecedida por una o más victorias privadas. De igual manera, toda lucha, pero en especial la lucha política contra la tiranías, tiene etapas más públicas y otras obligatoriamente no tanto, pero que son indispensables para el éxito de las primeras.

La Unidad Democrática, como representación política organizada de la Venezuela que demanda cambio, está en mora con el país en cuanto al anuncio público de una estrategia consensuada y comprehensiva que canalice y potencie los esfuerzos que conduzcan a ese cambio. Ese anuncio es urgente y más necesario que nunca. El país no aguanta más y el sufrimiento de muchos venezolanos alcanza ribetes de desesperación. Justamente por eso hay que afinar muy bien las estrategias y acciones a seguir, para evitar atajos o errores que retrasen la pronta superación de esta tragedia. Los venezolanos no merecen una nueva frustración, y están cansados de seguir esperando.

La Unidad se ha propuesto tres objetivos prioritarios, que son el norte y razón de su accionar: lograr el cambio de gobierno lo más pronto posible por vía constitucional, proteger a la población de los desmanes del régimen, y convertirse en alternativa real de poder. La estrategia necesaria tiene que estar diseñada entonces para la consecución de estos tres objetivos. Además, tiene que proyectarse a partir de las fortalezas y debilidades tanto propias como del adversario. Es trabajar con lo que se tiene, no con lo que nos encantaría tener. Una estrategia eficiente no es una lista de deseos ni un conjunto de lugares comunes más o menos con sentido, sino una serie sistemática de acciones muy bien pensadas –y además, en nuestro caso, compartidas y consensuadas– que tienen como fin el logro de un objetivo superior.

En función de lo anterior, la estrategia necesaria – y que la Unidad analiza y discute– supone al menos 5 frentes simultáneos de lucha: 1) la acción política de defensa de los venezolanos en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente en las áreas de alimentación y salud; 2) reforzar la organización popular para dar disciplina y eficacia política a la imprescindible presión de calle; 3) la organización electoral, que es justamente a lo que más teme el gobierno; 4) la presión internacional, y 5) la construcción de los lineamentos del próximo gobierno de Unidad Nacional y la discusión con el país del Programa de Reconstrucción Nacional. Esta estrategia está terminando de ser articulada, para ser anunciada –con todos sus detalles y acciones– prontamente al país.

Pero para el éxito de esta estrategia necesaria, lo primero era asegurar que la gente que quiere cambio –más de 80% del país– contara con herramientas para poder materializar esa aspiración, y esas únicas herramientas son los partidos políticos. Porque sin partidos, podrá haber las elecciones que el régimen quiere, esto es, sin oposición, pero no habrá ciertamente cambio político. Había entonces que desarrollar un inmenso esfuerzo humano de organización y logística para enfrentar esa trampa impuesta por el gobierno llamada eufemísticamente "relegitimación de los partidos”. Y hasta ahora se ha logrado romperle el brazo a la estrategia oficialista en jornadas épicas, de auténtica presión de calle, sorteando obstáculos y violencia de toda índole. No superar esta etapa de la lucha –y todavía quedan 2 jornadas más de combate– significa dejar a la población sin instrumentos para materializar el cambio político.

El país no aguanta más. Por eso, más que nunca, hay que ser inteligentes, perseverantes y sobre todo no errar el objetivo. Ello pasa, por ejemplo, por no prestarse al juego del régimen y torpedear la necesaria unidad de la oposición. El costo de tal error puede ser tan caro, que se convierta en el oxígeno que tanto necesita un gobierno sin gente. Hay que recordar de nuevo la dura frase de Leon Blum: “La política es un juego severo, donde no todos los aciertos se cobran, pero donde todos los errores se pagan doble”.

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/unidad-estrategia-necesar...

Los escolares de los años 50/60 éramos invitados por la maestra a leer “Las lanzas coloradas”, obra de Arturo Úslar Pietri, como manera de adentrarnos en nuestra historia, agarrarle el gusto a la lectura, poner a volar la imaginación en la construcción de nuestro propio mundo y hallar el hilo del conocimiento para salir de la ruralidad y la barbarie de las dictaduras y así entrar al moderno canibalismo de la sociedad democrática; era una pelea entre dos corrientes, una conspirando por mantener la presencia cuartelaria para “preservar” la ley y el orden, fusiles mediante, y otra en busca de una ruta hacia la verdadera democracia sustentada por la sociedad del conocimiento y los recursos naturales manejados por especialistas y orientados por creadores del saber y de la riqueza para estimular la imaginación.

En Venezuela, un país que jamás ha entrado a un nuevo siglo por el camino cierto del desarrollo en quinientos años, entre 1498 al llegar los españoles y 1998 con la irrupción de Chávez, se ha pretendido imponer la bota militar y militarista por encima del civismo, sin tomar en cuenta a nuestro procerato que, además de las armas, blandió el pensamiento para aborrecer la monarquía y establecer una república como manera de darle al pueblo gobiernos demócratas, reemplazables y libres a través de la votación universal con la participación popular.

En todo ese tiempo, sólo 40 años, los satanizados 40 años de “La Cuarta”, mucho menos del 10 por ciento, han sido de verdadera democracia imperfecta, sí, pero democracia, durante los cuales los venezolanos todos demostramos nuestra verdadera vocación de libertad y convicción civil de saber hacer las cosas sin tutelajes ni imposiciones, aunque sí en concordancia con las naturales reglas de la convivencia social consensuada en el concierto de naciones y ejecutadas por el Estado a través de la independencia y autonomía de los órganos del Poder Público.

Pero quienes vinieron hablando en nombre de Simón Bolívar, empastichándolo con los sempiternos bárbaros y barbudos dizque revolucionarios, arteros exhibidores de sables y cañones, quienes pretenden siempre imponer sus absurdas ideologías a punta de espadas y balas, han hecho de Venezuela “un piazo ‘e terreno lleno ‘e gente” (lo oímos en un filme venezolano) muerta de hambre por las confiscaciones, el robo al erario y el desfalco a la fe y la esperanza de un pueblo noble como el nuestro.

Hoy día, son los de las panzas coloradas quienes aún no entienden o no quieren entender que ellos sostienen a este régimen. Las panzas coloradas no sólo edematizadas por falta de alimentos proteicos sino las panzas coloradas, ruborizadas por la vergüenza y la indignidad de aquellos que piensan sólo en su bienestar a costa de la vida de todos los demás, particularmente de niños y ancianos, la parte más delgada de la soga con la que están ahorcándonos…

Con dolor y verdadero sentimiento compartido con el ciudadano común tenemos que insistir, una vez más, en la ausencia de una institución sin la cual el Estado de Derecho es una entelequia: el Tribunal Supremo de Justicia, el cual, sencillamente, ha dejado de ser tribunal, no es supremo y no es de justicia.

No se trata de simples expresiones, ni de una crítica ligera a quien debe encarnar el valor de la justicia como cabeza del Poder Judicial, “independiente”, según la Constitución.

Un tribunal, por definición, es un órgano integrado por hombres y mujeres que tienen como cometido resolver los conflictos ciudadanos actuando como terceros imparciales que solo atienden a su conciencia y al derecho o a las leyes que resultan aplicables al caso sometido a su veredicto; es supremo, en la medida en que “es el más alto de la República” y decide, en definitiva, en el orden interno, una controversia; y es de justicia, ya que le corresponde ejercer su función con estricto apego a las normas, en su adecuada aplicación a las circunstancias de cada caso.

El máximo tribunal, órgano rector del Poder Judicial, “autónomo e independiente”, debe estar integrado por juristas al margen de toda sospecha, de incuestionable honorabilidad, de una trayectoria inobjetable y cuyas actuaciones no pueden tener sombra alguna de inclinación por intereses que los comprometan en sus decisiones.

Ante las exigencias de los conocimientos propios del mundo del derecho, quienes sean escogidos para integrar el Tribunal Supremo deben poseer una sólida formación acreditada por obra escrita, trayectoria académica, experiencia judicial o ejercicio profesional reconocido y, algo de extrema importancia: no pueden ser jueces quienes tengan militancia político-partidista o la hayan tenido de manera activa, aunque medie una renuncia formal, siendo por ello susceptibles de presiones ajenas a la función judicial, que no es otra sino la de actuar y aparecer ante la colectividad en la condición de árbitros absolutamente impolutos e imparciales que al menor asomo de inclinación insana deben inhibirse, antes de ser recusados.

No bastan, entonces, los conocimientos propios de la materia jurídica de su competencia, sino que se exigen en la magistratura condiciones morales probadas en su vida personal y profesional, de tal manera que se hayan hecho acreedores de la auctoritas que se traduce en el respeto intelectual y reconocimiento moral de toda la comunidad, compartido incluso por quienes no le son afectos por prejuicios o posiciones políticas “radicales”.

El llamado tribunal supremo de justicia, en su constitución actual, sin que ello implique descalificaciones personales, ajenas a definir ese órgano máximo de un Estado de Derecho, solo pone en evidencia que se ha conformado para servir a los intereses del proyecto socialista que el régimen patrocina, y ello no admite duda alguna si nos atenemos a las declaraciones del jefe del Estado, en su momento, con motivo de propiciar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que se concretó en 2004, modificada luego en 2010, pero con garantía de una mayoría segura oficialista, para evitar “autogoles” y respaldar las posiciones de los “tiempos de revolución que se oponen a la doctrina ideológica de cuando imperaba el “establishiment”, como lo señaló un magistrado en una sentencia de 2010.

Por lo demás, no cabe la menor duda de que los magistrados actuales, independientemente de los méritos que algunos puedan exhibir, tienen la nota común –salvo alguna excepción– de su lealtad comprometida con el régimen.

En particular, una de las salas del tribunal, transformada en “supremo del supremo”, ha pretendido modificar la Constitución o reformarla sin tener la potestad para ello, la cual solo corresponde al pueblo o a la ciudadanía; se ha erigido en tribunal penal para encarcelar a dos alcaldes por un delito convertido arbitrariamente en “ilícito judicial constitucional”; y le ha asestado un golpe mortal a la inmunidad parlamentaria y a la propia institución de la Asamblea Nacional, declarada en eterno desacato e ineficacia presente y futura de todos sus actos.

Venezuela reclama un Tribunal Supremo de Justicia que, en verdad, como reza su ley “garantice la supremacía y efectividad de los principios constitucionales” y no los intereses del pregonado “socialismo del siglo XXI”, integrada por jueces honorables, de probada condición ciudadana y con elementos fundados de convicción que acrediten su imparcialidad.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 20 de marzo de 2017

Los venezolanos estamos relativamente bien informados de cuáles son las opciones constitucionales para un cambio de la terrible situación política en la que estamos inmersos, no tan bien informados de lo que implica cada una de ellas en términos de tiempo, esfuerzo y dificultades, y nada claros en el beneficio que traería, para el país y sus ciudadanos, la implementación de cualquiera de ellas.

La renuncia del presidente, la vacante del cargo por razones legales y el revocatorio nos conducirían a la sustitución de la persona, con todo lo importante que ella pueda ser, dejando el resto del entramado institucional en la misma situación en la que nos encontramos.

La reforma y la enmienda constitucional pudiesen modificar aspecto concretos que como el recorte de la duración de los períodos presidenciales, la no reelección o al menos no en más de una oportunidad, e inclusive, la doble vuelta en las presidenciales, afectarían algunas de las disposiciones actuales que se han demostrado inconvenientes para la democracia, pero nada más.

Al final, todas ellas concentran falsamente la culpa de nuestros males en la mala gestión de una persona, que si bien la tiene en buena medida, deja por fuera las realidades constitucionales a las que nos ha conducido un sistema de gobierno presidencialista, sin frenos institucionales fuertes, con poderes que dependen de la venía de quien detenta el cargo, con una fuerza armada destruida ex profeso con el solo objeto de ponerla al servicio de un sector político, unas medios económicos sujetos a las decisiones dadivosas y cargadas de condiciones discrecionales y una población a la que liberada de sus obligaciones ciudadanas, se le pretende mantener afecta mediante un discurso encendido y de confrontación, subvencionada sin criterios de necesidad, dándole una imagen falsa que solo ha profundizado las desigualdades de origen.

Cambiar lo que preocupa y afecta a la mayoría de los venezolanos, demanda una opción que nos permita a TODOS sentirnos parte activa de la solución, en la cual no sea necesario que hayan rendidos, donde preservemos todo lo positivo que hayamos podido alcanzar en estos años post perejimenistas, por identificarlos de algún modo, y que sentemos las bases para cambiar lo que se ha demostrado inconveniente para la marcha justa, armónica y eficiente de nuestra sociedad, haciéndola definitivamente productiva, pero no menos rotundamente comprometida con la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Por todo ello y sin intentar contribuir a la competencia entre opciones, nos incorporamos a la Alianza Nacional Constituyente, en procura de una alternativa pacífica, participativa y verdaderamente democrática, que permita en poco tiempo, dentro del cauce constitucional vigente y con el concurso de todas las corrientes políticas, la construcción de la Venezuela que queremos TODOS.

En tal sentido acompañamos la iniciativa de convocar, por iniciativa popular, una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que perseguirá los siguientes Principios Fundamentales que subscribimos totalmente:

I.

El propósito y razón del Proceso Constituyente conduce a asegurar la reconciliación nacional, mediante un Pacto Social apegado al Estado de Derecho que le garantice a los ciudadanos seguridad jurídica, seguridad social y seguridad personal, donde el bienestar, el derecho de vivir en paz y de disfrutar de las garantías establecidas en la nueva Constitución se configuren plenamente como una realidad respetada y acatada por todos y en especial por quienes ejerzan las funciones correspondientes a las instituciones del Estado.

Que la Constitución producto de dicho proceso sea una auténtica realidad para la garantía y el ejercicio pleno de la libertad, la justicia, la democracia, la solidaridad y el progreso, y no un traje a la medida de los gobernantes de turno, como ha sido el curso histórico de la mayoría de nuestras constituciones.

1.Establecer definitivamente un Estado democrático, social, de Derecho y de justicia, Federal y descentralizado, que distribuya efectivamente sus competencias entre los tres niveles políticos territoriales: nacional, estadal y municipal, según la naturaleza de las mismas; asegurando instituciones administrativas fuertes en el nivel estadal y municipal, con las potestades legislativas de los Consejos Legislativos estadales y Cámaras Municipales correspondientes a las nuevas competencias que se descentralicen.

2.Establecer una descentralización tributaria efectiva, asegurando a los Estado y Municipios un buen soporte para su funcionamiento autónomo, en particular, mediante la participación efectiva y mayoritaria de los mismos en el producto del Impuesto al Valor Agregado.

3.Establecer en las Constituciones de los Estados, figuras institucionales autónomas, para la defensa de los ciudadanos del Estado (Defensor del Pueblo en los Estados) y para el Control fiscal en los mismos (Contralores Estadales).

4.Descentralizar los mecanismos institucionales de la Administración de justicia, de manera de asegurar que el ingreso a la carrera judicial y el control disciplinario de los jueces, se haga en los Estados e instituir las Cortes Regionales de Justicia.

5.Restablecer el Senado como Cámara Alta del órgano legislativo nacional que sirva de equilibrio entre los diversos niveles territoriales, en la cual participen en plano de igualdad los diversos Estados de la Federación.

6.Acercar el poder a los ciudadanos, mediante la multiplicación de los Municipios en el país, como las unidades políticas primarias de la organización nacional, de manera que sean los centros de gobierno local y mecanismos institucionales más importantes para asegurar la participación política democrática de los ciudadanos. Los Consejos Comunales y Asociaciones de Vecinos serán fortalecidos democráticamente y estarán integrados por ciudadanos electos, siendo estos los medios de transmisión entre el ciudadano y el Municipio.

7.Asegurar la separación de poderes en los órganos del Poder Público en los tres niveles político territoriales del Estado, y en especial en el nivel nacional, asegurar el sometimiento del Presidente de la República a la Constitución, limitando sus poderes en la administración de la Hacienda Pública y en sus actuaciones de carácter ejecutivo, a cuyo efecto, se propone la eliminación de la reelección en términos absolutos; es decir, no habrá reelección presidencial, y el establecimiento de la Doble Vuelta Electoral para la elección de cargos públicos ejecutivos, así como la elección directa y secreta del Vicepresidente de la República. Se limitará para casos extraordinarios y excepcionales, puntuales y con límite temporal, la posibilidad de la delegación legislativa (ley habilitante).

8.Establecer el principio de la sujeción de los militares y de la Fuerza Armada a la autoridad civil, manteniendo su derecho al voto y restableciendo su carácter apartidista para el cumplimiento de la misión de la institución militar de asegurar y mantener el orden democrático y su neutralidad política, eliminando todo tipo de proselitismo político en el ámbito militar, así como los órganos que no perteneciendo constitucionalmente a la Fuerza Armada, actúan actualmente como órganos milicianos o colectivos armados.

9.Restablecer la intervención del Senado en el proceso de ascensos de los oficiales superiores de las Fuerza Armada.

10.Restablecer la libertad de expresión plena, eliminando toda posibilidad de control y hegemonía comunicacional de parte del gobierno.

II.

El Poder Constituyente Originario de la Asamblea Nacional Constituyente que se convoca por iniciativa popular, no regulado por las normas establecidas por los poderes constituidos, será fiel a la tradición republicana, a la lucha por la independencia, la paz, la libertad, los valores, los derechos humanos, principios y garantías democráticos. En este sentido, nuestra actuación se fundamenta en los siguientes principios fundamentales:

1.Un cambio radical de las estructuras institucionales del país. Dicho cambio debe ser llevado adelante mediante vías pacíficas y constitucionales.

2.Creemos en un proceso de cambio en el que todo venezolano debe ser respetado en sus derechos, independientemente de su posición política.

3.Rechazamos y, por tanto, no creemos en salidas violentas de ninguna naturaleza, por lo que rechazamos enfáticamente iniciativas golpistas.

4.Creemos que para este cambio es imprescindible la participación de todos los venezolanos sin excepción, lo que implica transitar la vía justa de una gran reconciliación nacional.

5.Consideramos que la vía constitucional para lograr este nuevo modelo de país, en donde todos quepamos, es mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

6.Esta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe darse con la aplicación de unas Bases Constituyentes que garanticen la participación justa e imparcial de todos los venezolanos a través de todas sus formas de organización o representación social, política o gremial.

7.El Proceso Constituyente debe ser el centro primordial de discusión de todos y cada uno de los problemas que el país sufre y de las soluciones necesarias para recuperarlo de su actual crisis y proyectarlo con firmeza hacia el futuro.

8.Consideramos que todas las decisiones emanadas del Proceso Constituyente deben ser inspiradas y generadas por una actitud y acción de consenso.

9.Consideramos necesario desarrollar una amplia participación y consultas populares, para que el constituyente tenga conocimiento acertado del país en el que todos los venezolanos anhelamos y queremos vivir.

III.

Las Bases Constituyentes establecen las normas que rigen la iniciativa de Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria. Como manifestación del Poder Constituyente Originario, son de carácter Supra Constitucional, conformando un cuerpo normativo no vinculado por el ordenamiento jurídico que emana y regula al Poder Constituido.

Las Bases Constituyentes que regirán el proceso han sido redactadas respetando principios democráticos tales como la Soberanía Popular, la progresividad de los derechos humanos, la transparencia, el principio de igualdad participativa con el debido respeto a las minorías y el pluralismo político, la participación ciudadana, la elección de los Constituyentes por votación universal, directa, secreta con representación proporcional y mediante el Sistema de Votación Manual.

Para finalizar, es indispensable para nosotros señalar que al apoyar esta propuesta estamos dejando sentada nuestra posición en cuanto a la forma que consideramos más apropiada y menos traumática para la recuperación de nuestro país; por lo tanto y tal como ha sido siempre, nuestra disposición estará encaminada al logro de la unidad real dentro de la hoy inmensa mayoría que ha decidido que es necesario y urgente un cambio en la forma de ejercer la política para ponerla al servicio de TODOS.