En primer lugar, hay que establecer que en el Reino Unido existen 4 sistemas educativos separados por entidad geográfica (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), del cual solo comentaré el ejemplo inglés por ser en mi opinión pertinente para el caso venezolano.

Al igual que en Venezuela, la presencia de un Estado Docente en Inglaterra, que había logrado un nivel de alfabetización y educación elevado en el marco de la construcción de un ESTADO DE BIENESTAR, ya no era suficiente para responder a los desafíos de la Globalización y la Revolución Informática que desde los países del lejano Oriente había sido articulada desde sus sistemas escolares para convertir a la escuela en una herramienta de desarrollo económico, que se adaptara con flexibilidad a los cambios culturales y tecnológicos de una economía mundial y cambiante.

Mientras en Venezuela, se intenta hacer una reforma curricular muy cuestionada por especialistas, docentes y representantes, en el caso de Inglaterra, se ha establecido un modelo diferente que se basa en una descentralización administrativa y académica que tiene en el Estado, la competencia rectora de establecer elevados estándares de calidad en la educación elemental a través de exámenes a los jóvenes de 7, 11 y 14 años para medir el trabajo realizado, dando a los distritos locales la posibilidad de convertír a sus escuelas públicas en Academias Especializadas que forman talentos específicos para la economía y la sociedad del siglo 21.

El proyecto de Ley de Academias fue la primera iniciativa que el gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas llevó a la Cámara de los Comunes y el cambio ha venido de la mano de las academias independientes (academies) y, en menor medida, de los colegios autónomos (free schools).

Unas y otras son escuelas financiadas por el Estado, pero su autonomía de gestión les permite definir su curriculum, elaborar su presupuesto y fijar el sueldo del profesorado. Las academies son fruto de la reconversión de escuelas públicas, que han decidido operar fuera del control de las autoridades educativas locales, para ser financiadas directamente por el Estado. Las free schools son nuevos colegios promovidos por grupos de padres, profesores, confesiones religiosas, organizaciones no lucrativas, con la misma autonomía y modo de financiación que las academias.

El resultado es que Inglaterra tenía en 2014 unas 4.000 academias independientes, veinte veces más de las que había en 2010. Según un estudio publicado por Stephen Machin y Andrew Eyles, investigadores en la London School of Economics, unas 2.000 academias son de secundaria (el 63% de un total de 3.100 centros de secundaria) y otras 2.000 de primaria (el 13% de 15.000).

Hoy, en 2016 se ha avanzado mucho más y solo quedan 163 grammar school , que son las tradicionales escuelas de élites puramente académicas y en la bibliografía en inglés sobre este tema, se puede apreciar el inmenso salto cualitativo de las escuelas de educación secundaria para la satisfacción de las necesidades de los empresarios, el servicio público y la sociedad moderna del siglo 21.

El espacio de este artículo es muy limitado para explicar a plenitud la adaptación de este Derecho Humano fundamental a los cambios culturales y económicos que trae la Revolución Tecnológica, pero se tratará por partes en los próximos artículos.

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Países con elevados indicadores de capital social logran notables índices de desarrollo.

En la entrega anterior insistimos en que para superar la grave crisis que vive el país y deslastrar a la sociedad venezolana de los vicios del rentismo no es suficiente con aplicar políticas que impulsen la racionalidad económica en la gestión pública.

Se requiere profundos cambios estructurales y culturales que faciliten la aplicación de un sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado (Esem), para lograr el desarrollo humano, es decir para impulsar un enfoque integral del desarrollo nacional que va mucho más allá de la concepción economicista que se limita a medir el avance de ese proceso en base a cifras de ingreso per cápita, crecimiento del producto interno, etc., pero que no toma en consideración el enfoque holístico que supone ubicar al ser humano en su entorno ecológico como el protagonista y beneficiario de ese proceso, en el cual el Estado y la sociedad deben promover activamente el fortalecimiento y salvaguarda de las capacidades humanas, a través de la educación y la cultura, con la meta de remover los factores que restringen la libertad del individuo para desempeñarse satisfactoriamente en sociedad, como son la pobreza, la tiranía, la exclusión económica, la privación de la asistencia social, la negación de las facilidades públicas, la intolerancia y el autoritarismo estatal.

Dentro de esa concepción integral y humanista del desarrollo surge el concepto del capital social y sus valores constitutivos como herramienta y condición fundamental para lograr ese desarrollo con sentido humano, y se establece una estrecha correlación, como hemos indicado, entre el nivel de activos de capital social y el nivel de indicadores de desarrollo humano, e igualmente se plantea la importancia de la educación como estrategia clave para promover el capital social y por ende impulsar la sustentabilidad de ese proceso de desarrollo.

Lo anterior nos compele a explicar el sentido del capital social como pilar del cambio necesario. El capital social es más que el capital humano que representa el conocimiento, habilidades y otras capacidades productivas de las personas para la generación de bienes y servicios. Es más que la capacidad humana para escoger o mejorar la calidad de vida individual. Es más igualmente que el capital físico, producto de la actividad humana aplicado para producir más bienes y servicios.

El capital social entonces es un concepto que, en términos de Robert Putnam, sintetiza un conjunto de valores que generan en un conglomerado social la capacidad de trabajar juntos en grupos y organizaciones para lograr objetivos comunes. Y que debe entenderse como un recurso social que se incrementa cuando se usa y que, como bien de un país, contribuye a crear valor social y optimizar los beneficios del capital físico, del capital humano y de la capacidad humana.

Se trata entonces de una valiosa herramienta de desarrollo, como factor productivo y como cualquier otra forma de capital, ya que sus valores integrantes contribuyen al logro de ciertos fines que no serían posibles en su ausencia, pues es obvio que los procesos productivos y, en general, el funcionamiento de una sociedad se facilitan con la participación, el trabajo en equipo, la asociatividad, la solidaridad y la confianza interpersonal, valores constitutivos del capital social que fomentan la cooperación espontánea y contribuyen al desarrollo con sentido humano y eficiencia social, objetivos fundamentales de la Economía Social y Ecológica de Mercado.

Para Francis Fukuyama el capital social se homologa al concepto de confianza, como un valor económico amplio y la única característica cultural que condiciona el bienestar de una nación y su capacidad para competir, y se identifica con los valores de la asociatividad, la conciencia cívica, y el consenso moral, todos los cuales contribuyen al fomento de la solidaridad, que es pilar del capital social . Una sociedad o comunidad con un elevado activo de capital social constituye un conglomerado humano con redes comunicacionales entre las personas que la integran, las cuales actúan éticamente, es decir valorizando la responsabilidad sobre sus actos y relaciones con los demás, respetando la dignidad y cultura de los otros y actuando con compromiso y apego con los objetivos de progreso de su grupo.

Es por ello que está plenamente demostrado que sociedades o países con elevados indicadores de capital social logran notables índices de desarrollo humano. Tales son los casos de Finlandia, Austria, Suecia, Noruega, Alemania, Canadá, Taiwán, Corea del Sur y Singapur.

En conclusión, podemos deducir que en Venezuela se impone rescatar la ética y los valores morales y del capital social para que pueda echar raíces la Economía Social y Ecológica de Mercado rompiendo con la cultura del rentismo, del populismo y del paternalismo estatal.

Y en ese esfuerzo de cambio está llamado a desempeñar un papel protagónico un nuevo sistema educativo que debe promoverse, como un gran objetivo de consenso nacional, para asegurar una educación de excelencia no sólo para la productividad, el emprendimiento y el desarrollo científico y tecnológico, sino igualmente con un sólido componente de pedagogía de educación en valores para formar ciudadanos y profesionales con principios éticos, conciencia cívica y responsabilidad social que serán los impulsores, a nivel individual y colectivo, del nuevo sistema económico que el país requiere para asegurar el progreso participativo y en el que todos se beneficien de sus frutos.

Se trata de un cambio perentorio y necesario que no admite ni la politiquería, ni compromisos a espaldas de la grave realidad que aqueja al país.

jmoreno@unimet.edu.ve

Director General del Celaup

Universidad Metropolitana

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@caratula2000

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La Mesa de la Unidad Democrática denuncia hoy ante el pueblo venezolano y ante toda la comunidad internacional lo siguiente:

Sectores particularmente irresponsables del oficialismo tienen en marcha una conspiración contra la democracia, contra la vigencia de la Constitución y contra la forma republicana de gobierno y de organización del Estado.

Expresiones concretas de esa conjura son actuaciones como la violación de los derechos económicos y sociales de los venezolanos, la no convocatoria de las elecciones regionales y la no presentación de la Ley de Presupuesto 2017 ante el Poder a Legislativo, como manda la Constitución.

Esta conspiración anti democrática se acerca ahora a lo que podemos describir como un zarpazo final: Existe un proyecto de sentencia del TSJ que pretende coartar y reducir la inmunidad parlamentaria, y una campaña para tratar de impedir judicialmente la realización del RR y así no llegar siquiera a la recolección del 20% del Registro Electoral a nivel nacional, ÚNICO requisito que para convocar el Referendo Revocatorio exige el Artículo 72 de nuestra Carta Magna.

Ante la existencia de esta conspiración anti democrática, anunciamos ante el país y el mundo que pasaremos a las siguientes acciones: A) Exhortamos a la Asamblea Nacional a abrir una investigación en la Comisión de Política Interior sobre esta conspiración, investigación que determinará qué organismos, funcionarios y activistas políticos se han asociado para irrespetar la Constitución. B) Haremos una campaña mundial denunciando en todos los organismos internacionales esta agresión a la Constitución y a la democracia en Venezuela. C) Haremos una segunda ronda de consulta a la sociedad civil, esta vez para someter a consideración de todas las fuerzas vivas del país la integración de un Movimiento Nacional por la Restitución de la Constitución y la Democracia. D) De consumarse un zarpazo judicial contra el RR convocaremos una nueva movilización similar a la Toma de Caracas del 1ro de Septiembre pero mucho más grande, que demandará ante los órganos del poder público el respeto a la democracia y a la Constitución.

Advertimos con firmeza a este régimen moribundo, agonizante: No jueguen con la paciencia, el dolor y la rabia del pueblo. Nosotros no queremos que se produzca en Venezuela un estallido social. Pero no ha ocurrido aún una situación como esa por la esperanza que tiene el pueblo en que el Referendo Revocatorio traiga un cambio positivo por vía pacífica. Si el régimen bloquea el RR, este pueblo que está pasando hambre, este pueblo sin medicinas, este pueblo acosado por el hampa, va a protestar en defensa de sus derechos. Toda Venezuela protestará como ya lo hizo la población de Villa Rosa, y los demócratas estaremos allí, al lado del pueblo doliente, al lado del pueblo indignado, defendiendo sus derechos, entre ellos su derecho al voto.

Ratificamos la convocatoria a la movilización del miércoles 12 de octubre, y reiteramos al pueblo venezolano que conforme a la Ley Electoral y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los días 26, 27 y 28 de octubre todo el pueblo convocará el Referendo Revocatorio, para dotar a nuestra Venezuela de una solución pacífica, constitucional, electoral y democrática a la crisis humanitaria que azota nuestro país, y que con particular ferocidad agrede a los más humildes y a la clase media empobrecida.

Por la Mesa de la Unidad Democrática,

La Secretaría Ejecutiva

Caracas, 10 de Octubre de 2016

Ante el anuncio hecho por Jesús “Chuo” Torrealba de que el Vaticano pudiese ser el mediador en un diálogo entre el Gobierno y la MUD, me he tomado la libertad transcribirles 35 objetivos específicos que se explican por si mismo.

Ahora bien, todo esto, por cuanto presumo que la estrategia a utilizar en ese evento debe ser el Método Dialectico; es decir, ante la tesis socialista que defiende el Gobierno se contrapondrá la antítesis de la MUD, con el propósito de alcanzar una síntesis dialéctica reconciliadora que ponga fin a la crisis ideológica presente en la sociedad venezolana y en estas condiciones podamos entrarle de frente y con pasión de carbonario, a resolver la crisis socioeconómica que padece Venezuela para hacer de ella la tierra donde todo sueño, será posible.

Estos son pues, los 35 objetivos específicos que modestamente ofrezco para el dialogo reconciliatorio, y en cuya elaboración privó más el afecto por este pueblo, que mis conocimientos,

1).Convencer a todos los venezolanos que solamente unidos y reconciliados, seremos capaces de empezar a construir una nación agrícola, pecuaria, petrolera, minera e industrialmente desarrollada, a través de la educación eficiente, el trabajo creador, la solidaridad ética, la responsabilidad militante, la tolerancia política, el respeto al derecho del otro y la moral pública.

2).Seleccionar los servidores públicos en función del conocimiento, la probidad, la sensibilidad social y la identificación con el pueblo.

3).Sugerirle a quien ejerza la Presidencia de la República que luche cuerpo a cuerpo, rolo a rolo y tolete a tolete contra sí mismo, para que el ejercicio del poder no lo engolosine.

4).Crear la Universidad Técnica e Industrial de Venezuela para que de ella egresen los jóvenes obreros, peritos, técnicos y tecnólogos, que el país vaya necesitando en base a un instrumento de planificación ascendente que previamente haya programado el desarrollo armónico y proporcional de la nación venezolana.

5).Atacar el problema penitenciario creando tribunales de emergencia dentro de las cárceles para que trabajen las 24 horas del día a razón de tres turnos de 8 horas cada uno, hasta que no quede ni un solo preso sin sentencia definitiva; luego, negociar con el preso dos años de su sentencia por un año de intachable conducta dentro del recinto carcelario.

6).Promulgar leyes en función de la amnistía y el desarme de la población civil.

7).Practicar la generosidad internacional de la República, de manera inversamente proporcional a las necesidades del pueblo venezolano.

8).Concientizar para que el pedazo de pan que cada venezolano lleve a su casa, debe ser del tamaño de su capacidad de producción y no el de la generosidad del Presidente de la República de turno.

9).Reactivar el programa de becas “Gran Mariscal de Ayacucho”.

10).Sembrar el petróleo con mano generosa y eficiente.

11).Integrar en una sola Institución a todos y cada uno de los entes que imparten educación superior y proyectarla como Núcleos Regionales hacia cada Capital de Estado y como Aldeas Universitarias en todos y cada uno de los municipios de la República. Esta nueva Institución pudiese denominársele: Universidad Central y Autónoma de Venezuela.

12).Crear la Universidad Central de las Fuerzas Armadas para que de ella egresen los jóvenes oficiales y suboficiales que posteriormente se incorporarán al Ejército Venezolano el cual estará conformado por solo tres componentes: Ejercito Terrestre, Ejercito Naval y Ejercito del Aire.

13).Transferir el 51% de las acciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a empresarios, obreros, trabajadores y jóvenes profesionales venezolanos.

14).Delegar en el Banco Central de Venezuela la recepción y distribución de todas las divisas que genera la industria petrolera.

15).Decretar que el ámbito operativo de PDVSA debe limitarse exclusivamente a lo que en términos petroleros se conoce como: aguas arriba y aguas abajo.

16).Desafectar todas las empresas y fundos que fueron expropiadas con la condición de que entren inmediatamente en producción acelerada.

17).Respetar la propiedad privada, y los medios de producción deben ser la consecuencia de la cogestión solidaria entre los empresarios y los trabajadores para producir mercancías cuya plusvalía posterior debe ser distribuida equitativamente entre ambos.

18).Reducir el Poder Ejecutivo a solo quince ministerios.

19).Suspender el control de cambio y decretar un solo tipo de transacción en función del dólar americano.

20).Incorporar Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y a la Alianza del Pacifico.

21).Prohibir las imágenes Presidenciales dentro de las oficinas públicas.

22).Reactivar todos los programas sanitaristas que desarrollaba la vieja Dirección de Malariologia y Saneamiento Ambiental.

23).Fundamentar la salud a dispensársele al pueblo sobre tres principios éticos: no dañar, prevenir para no curar, suministrar calidad de vida no y retrasar la muerte; todo ello, a través de un eficiente Servicio Único de Salud.

24).Implementar una microempresa por cada 50 venezolanos desempleados, crear la Compañía Venezolana de Navegación y refundar la empresa Venezolana Internacional de Aviación (VIASA).

25).Promover una poderosa clase media que ayude a sacar de la pobreza a todo aquel venezolano que la padezca, pero mientras esto no se logre a ese sector de la población habrá que saciar su hambre, curar sus enfermedades, proteger de la intemperie y garantizarle que el futuro que lo aguarda, será mejor.

26).Defender la soberanía e Independencia de la República de cualquier potencia hambrienta de energía petrolera.

27).Cimentar la libertad de expresión sobre el siguiente aforismo: “no estoy de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo”.

28).Estudiar la probabilidad de aplicar la hipótesis de la línea media al problema limítrofe que tenemos con la hermana República de Guyana y poblar todas nuestras fronteras.

29).Desactivar el argumento que propone: “A los pueblos indígenas hay que mantenerlos dentro de su hábitat natural para evitar que el hombre blanco los contamine” y de paso, proscribir todo tipo de explotación minera en el frágil ecosistema de Guayana.

30).Incorporar sustancialmente la mujer venezolana a la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas trascendentales.
31).Enfrentar la problemática campesina a través de programas rurales que no sólo sirvan para evitar el éxodo permanente del hombre del campo hacia las grandes ciudades, sino que a su vez estimulen el regreso de aquellos que abandonaron sus tierras después que un demagogo e irresponsable enreda pueblo, les dijo: “Vámonos pá Caracas que allá hay trabajo por coñazo” y ahora andan saltando y brincando de rancho en rancho sobre los cerros que circundan la Capital.

32).Restablecer las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en un ambiente de respeto mutuo y sin complejos latinoamericanos, ni tercermundistas.

33).Rechazar la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, tanto más, si esta conducta política se mimetiza bajo la noble expresión de Simón Bolívar: “Para Nosotros la Patria es América”.

34).Actualizar todos los convenios internacionales firmados por la República.

35).Reducir el periodo presidencial a cuatro años con una sola reelección y aceptar que el rol como Primer Maestro de la Nación Venezolana que moralmente le corresponde ejercer al Primer Mandatario, debe estar por encima de su condición de Presidente de la Republica, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

Villa de Cura, 29 de septiembre del 2016.

Venezuela está viviendo la mayor crisis de su historia republicana

Hemos sido reiterativos en el señalamiento de que, como consecuencia del colapso del histórico rentismo petrolero, Venezuela está viviendo la mayor crisis de su historia republicana expresada en un profundo deterioro económico, alarmantes indicadores de conflictividad social, en el debilitamiento de las instituciones democráticas, y en un déficit de liderazgo. Pero quizás el componente más preocupante de esa crisis lo constituye la pérdida de valores y los notables indicadores de corrupción que podrían considerarse simultáneamente como factores y consecuencias del grave mal que aqueja a nuestra sociedad y que refleja igualmente un deplorable deterioro de su capital social.

Frente a estas realidades y a la perentoria necesidad de impulsar un modelo de desarrollo que permita resolver los graves problemas generados por la profundización y agotamiento del rentismo petrolero y del capitalismo de estado que se ha querido implantar en Venezuela con obsoletas políticas socialistas, se menciona con frecuencia la posibilidad de promover el sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado (Esem) para romper con esas fórmulas fracasadas y enrumbar al país hacia un desarrollo sostenible y con sentido humano. Sin embargo, este sistema económico y social, que ha demostrado ser exitoso en otras sociedades como Alemania, los países nórdicos y algunos asiáticos se fundamenta en una cultura de valores y principios éticos, y elevados indicadores de capital social que son pilares del cambio necesario y con frecuencia se omiten en las propuestas para lograr el mismo.

Lo anterior nos lleva a recordar a Amartya Sen cuando al señalar la importancia de la ética en las consideraciones económicas advierte: “La economía puede ser más productiva como ciencia social teniendo en cuenta, de forma explícita, las consideraciones éticas que afectan el comportamiento humano” . Y es que la reflexión ética forma parte integral del sistema de Economía Social de Mercado al considerar los valores morales que guían el comportamiento humano en sociedad, tales como las costumbres, normas y tradiciones que caracterizan un determinado conglomerado humano.

En el servicio público, por ejemplo, la ética y las costumbres morales determinan la conducta de los burócratas y demás gestores de la gestión de gobierno lo que obviamente se relaciona con la garantía de una administración libre del morbo de la corrupción. Igualmente en la política y en el sistema democrático que es base de la Esem -y que para Maritain es el camino para obtener una racionalización moral de la vida política y el sistema en el que se supone que los asuntos públicos deben ventilarse con la participación de todos- se requiere altos valores éticos y elevados principios morales para que los políticos entiendan su responsabilidad en el limpio juego democrático y los ciudadanos sean activos agentes para asegurar la transparencia en el ejercicio político y de gobierno. Por tanto, con políticos corruptos y orientados por el maquiavelismo que niega la aplicación de los valores morales a la política, es decir que legitima la inmoralidad política propiciando que el fin de la misma justifique todos los medios para lograr el poder y mantenerlo, no es posible impulsar la Esem. Así mismo en sociedades en las que los habitantes carecen de los valores y principios cívicos para calificarse como ciudadanos tampoco puede operar la Esem que se sustenta en políticos que entiendan que el fin de la actividad política es la promoción del bien común y que la construcción de la acción política debe apoyarse en valores como la verdad, la honestidad, la justicia y la práctica de la solidaridad; y que exige de una cultura social que fomente en los ciudadanos la conciencia cívica y ecológica, la cultura de paz, la asociatividad y el compromiso con una genuina democracia participativa que incluye el respeto a las minorías, la cultura del diálogo y el debate constructivo.

El sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado, como respuesta exitosa frente al fracaso de las recetas retrógradas del socialismo real y las fórmulas economicistas y academicistas del neoliberalismo, se fundamenta en principios de competencia perfecta en el mercado, promovida con una política social que, sin generar dependencia ni clientelismo político, contribuya a incorporar a la economía de mercado a los ciudadanos más vulnerables; por lo que se propicia la humanización de la economía impulsando la solidaridad, la subsidiaridad, la humanización del trabajo, las trasferencias sociales focalizadas y la función social del Estado que supone el control de los monopolios, políticas redistributivas del ingreso, garantía de salarios justos y del salario mínimo. Todo lo cual se orienta a la búsqueda del bien común, la preservación del medio ambiente y el respeto a la dignidad de la persona humana y sólo es posible, como lo señalamos, en una sociedad con elevados principios éticos y morales que aseguren el consenso social para el logro de esos objetivos fundamentales como garantía del desarrollo humano sustentable.

Aunque no es frecuente encontrar en los escritos sobre la Esem referencias al capital social, se puede apreciar que las bases sociales y culturales de este sistema económico están íntimamente ligadas al capital social, que supone comunidades en donde prevalece la confianza entre sus miembros y acciones coordinadas en función del interés colectivo, por lo que, en la próxima entrega, expondremos en detalles como los valores y principios de este activo social son fundamentales para lograr la eficiencia económica y social que promueve el sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado.

jmoreno@unimet.edu.ve

Director General del CELAUP

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Los ingresos del gobierno provienen principalmente de los impuestos y del petróleo

Noruega es un país de 5.236.826 habitantes y una superficie de 385.156 km2. Dentro de la región nórdica es la segunda economía detrás de Suecia y por encima Dinamarca y Finlandia.

Luego de experimentar los efectos de la recesión económica mundial, el crecimiento se recuperó hasta casi 3% en 2012. A partir de ese año, el PIB se ha ralentizado como consecuencia del descenso de los precios del petróleo. El PIB per cápita de Noruega es uno de los más elevados a escala mundial, cercano a los 70.000 dólares.

El dinamismo de la economía de Noruega descansa sobre el sector servicios (58%) e industrial-manufacturero (40%), el sector agrícola representa el 2% de la producción total.

La tasa de desocupación ascendió en 2015 (4.4%) desde la tasa observada en el año 2008 (2.6%) y se prevé continúe esta tendencia. El Banco Central de Noruega estableció una meta de inflación de 2,5% anual. El indicador se ha ubicado alrededor de 2% los últimos tres años.

La producción petrolera se ha recuperado recientemente. En julio de 2016, el país registró su producción más elevada desde marzo de 2011. Sin embargo, algunas compañías petroleras están retrasando los proyectos de desarrollo y exploración en Noruega y en otros lugares para resistir una caída de los precios del crudo. Es necesario señalar que la producción petrolera fue de 3.4 millones de barriles en el año 2000 y apenas se acercó a los 2.0 millones de barriles el año pasado; con reducidas reservas probadas.

Los ingresos del Gobierno provienen principalmente de los impuestos y del petróleo. Los ingresos petroleros redujeron su participación en el total, afectados por la caída de los precios internacionales del crudo: de 38.9% en el 2008, cayeron a 20.7% del presupuesto en el año 2014.

Noruega tiene un régimen de tipo de cambio flotante. La moneda local se ha debilitado 40% en el periodo 2008-2015, en línea con el descenso de los precios del petróleo. Vale destacar que este comportamiento ha incrementado la competitividad en otros sectores de la economía.

El país mantiene el primer lugar desde el año 2000 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), de un total de 187 países. En 1980 el IDH se ubicó en 0.793 y en el 2014 se elevó a 0.944.

Sus finanzas públicas reflejan un sólido desempeño: en el periodo 2008-2015 el resultado fiscal primario fue 9.1% en promedio. La política fiscal se conduce por tres pilares:

1 Distribución intergeneracional de la riqueza petrolera que ha sido invertida en un portafolio diversificado, a través del fondo de ahorro petrolero creado en 1996.

2 Retiros anuales sostenibles del fondo petrolero (4% del retorno real), que son transferidos al presupuesto del gobierno. El fondo está integrado al presupuesto anual.

3 Regla fiscal estructural consistente con el comportamiento permanente de los ingresos.

El proceso de creación del fondo petrolero comenzó desde los años 70. A principios de los 80, el Comité Tempo, propuso que los ingresos deben ser determinados por consideraciones industriales con respecto a la tasa de desarrollo y producción, y luego se transfiere a un fondo que invierte en los mercados mundiales de capital antes de ser canalizados de nuevo en la economía noruega a un ritmo adecuado a las consideraciones fiscales y económicas.

A fines de los años 80 se retomaron con más fuerza las discusiones que conducirían a la creación del fondo y se sentaron las bases que han garantizado su éxito y han sido reconocidas internacionalmente, las mismas se detallan a continuación:

w El principio clave, que se ha mantenido hasta la actualidad, es que los ingresos de la actividad petrolera deben ir directamente al fondo.

w Todas las inversiones de las tenencias del fondo se deben hacer en el extranjero, sin excepciones.

w Todos los gastos del retorno del capital invertido deben ser aprobados por el parlamento en el marco del equilibrio del presupuesto del gobierno.

w Cualquier ruta desde el fondo para el consumo que no sea a través del presupuesto del gobierno se descartó expresamente.

El Banco de Noruega es el encargado de la inversión de los recursos del fondo petrolero (manejo operacional), con la finalidad de lograr el mayor retorno posible. El valor de mercado del fondo es de 875 billones de dólares.

Con respecto al sistema financiero, los indicadores son sólidos: 16 % de la relación Patrimonio/Activo y 1.3% de morosidad. Los activos del sistema financiero representan 150% del PIB.

En el año 2015 la Capitalización Bursátil alcanzó 193.895 millones de dólares.

Con respecto al tema social, todos los ciudadanos noruegos y los trabajadores particulares tienen automáticamente derecho a estar integrados en el Sistema Nacional de Seguridad Social.

El plan de seguridad social del estado da derecho a sus afiliados a pensiones (jubilación, supervivientes, discapacidad) y da subsidios por accidentes laborales, accidentes y enfermedades, embarazo, nacimiento, familias monoparentales y decesos.

Economista, Director BCV

http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Franklin-Mendez/La-experiencia-economica-de-Noruega.aspx#ixzz4MjgP7sIg

CAMBRIDGE – Al comenzar las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, DC, resulta conspicua la ausencia de uno de sus países miembros: Venezuela. Sin embargo, es mucho lo que se debe discutir sobre las finanzas venezolanas. De hecho, una crisis de su deuda pública parece inevitable.

Todas las crisis importantes de deuda soberana del pasado, incluso las de México y Grecia, han generado cambios en la reglamentación, la jurisprudencia o las estrategias adoptadas por deudores, acreedores e instituciones financieras internacionales. En fecha más reciente, la batalla judicial de 15 años de Argentina con sus acreedores –en la que los “holdouts” obtuvieron resultados considerablemente mejores que los acreedores que años antes aceptaran el canje– desestabilizó la arquitectura financiera internacional y generó un nuevo conjunto de reglas. Venezuela será el primer país en navegar estas nuevas reglas, y no puede darse el lujo de hacer las cosas mal.

Venezuela se encuentra en medio de una grave crisis producto de sus propios actos. El gobierno usó los años en que el precio del petróleo estaba alto, de 2004 a 2013, para quintuplicar su deuda externa, expropiar importantes sectores de la economía, e imponer draconianos controles cambiarios, laborales y de precios. En 2014, a medida que colapsaba el precio del petróleo, el gobierno, tras haber perdido el acceso a los mercados de capital como consecuencia de su despilfarro, decidió continuar sirviendo su deuda en bonos e incumplir sus obligaciones hacia los importadores y la mayor parte de sus acreedores no financieros.

Además, el gobierno rechazó tanto la asesoría como el financiamiento del FMI, y en su lugar equilibró los flujos de divisas imponiendo la mayor contracción de importaciones que haya existido en la historia de América Latina. Esto hizo que la producción se desplomara más del 30% (debido al recorte de los insumos importados), disparó una inflación del 700%, y produjo rápidamente una pronunciada escasez de productos básicos. Entre otras cosas, esta distorsión sin precedentes en las prioridades llevó a un colapso en la producción de petróleo, debido a que la compañía petrolera nacional, PDVSA, no pudo mantener su infraestructura de producción e incumplió con los pagos a contratistas claves, a fin de pagar a sus tenedores de bonos –matando así la gallina de los huevos de oro–.

La falta de acceso al mercado significa que Venezuela no puede refinanciar sus obligaciones, excepto bajo condiciones que empeoran su solvencia, como lo está intentando hacer PDVSA en este momento. Tampoco puede generar divisas suficientes para pagar sus deudas a medida que vencen. Es decir, de un modo u otro, Venezuela necesitará reestructurar su deuda actual.

En última instancia, una reestructuración serviría los intereses de todos; restringir tan severamente la capacidad de importar de una economía solo debilita su capacidad de producir y repagar. Pero, ¿con cuáles herramientas cuenta Venezuela para asegurar una solución cooperativa con sus acreedores en un mundo post Argentina? Y, ¿qué papel deberían desempeñar las instituciones financieras internacionales para facilitar un resultado eficiente?

Uno de los componente críticos para que una reestructuración de la deuda tenga éxito reside en asegurar que los acreedores que están en una situación similar reciban un tratamiento comparable. Pero, esto resulta imposible a menos que se solucione el problema de los “holdouts”: si la mayoría de los acreedores acuerda reducir o posponer el cobro de sus acreencias, siempre es tentador para un acreedor individual no ceder en cuanto al pago total aprovechándose de la mejora en la capacidad de pago del deudor generada por el sacrificio de los demás. Es por ello que los tribunales de quiebras y los bonos con cláusulas de acción colectiva (CAC) buscan imponer a todos los bonistas, incluso a los “holdouts” en potencia, acuerdos aceptados por una mayoría calificada de los acreedores.

En Argentina sucedieron dos cosas. Primero, los bonos soberanos cuyo pago se incumplió carecían de CAC, por lo tanto no había manera de obligar a los “holdouts” a aceptar el trato inicial. Luego, y lo que es más importante, años más tarde, una corte estadounidense aceptó una novedosa interpretación de la cláusula pari passu propuesta por los acreedores “holdouts” (y rechazada virtualmente por todos los operadores y profesionales tradicionales del ámbito de la financiación soberana). Como resultado, a Argentina se le prohibió efectuar el pago corriente de intereses a los tenedores de su deuda reestructurada, a menos que de manera simultánea pagara a los “holdouts” el monto total del capital y los intereses que les debía según los contratos originales.

La reestructuración en el mundo post Argentina se ha hecho más difícil, puesto que el éxito de los “holdouts” en el litigio mencionado significa que los bonistas inclinados a negociar una solución tendrán que explicarles a sus propios inversores por qué no persiguen una estrategia de “holdout” potencialmente más lucrativa.

La deuda de Venezuela es diferente a la de Argentina. Alrededor del 60% de su deuda pública externa consiste en bonos, emitidos por partes aproximadamente iguales por el gobierno y por PDVSA. Con muy pocas excepciones, los bonos del gobierno tienen CAC, por lo cual abordar el problema de los “holdouts” resulta ser algo más fácil. Los bonos de PDVSA han sido emitidos en Estados Unidos y, como se exige por ley a todos los bonos corporativos, no contienen CAC.

No obstante, es posible que PDVSA pueda acceder a protección judicial ante el riesgo de bancarrota tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Si llegara a ser necesario, PDVSA podría conseguir un mandato judicial de moratoria con respecto a acciones judiciales en su contra hasta que se llegara a un acuerdo de reestructuración, evitando de este modo un embargo desordenado de sus activos.

Como forma adicional de presión para asegurar la participación, se puede retirar o modificar el derecho exclusivo que tiene PDVSA a explotar las reservas de hidrocarburos venezolanas. (Es interesante que estas dos posibilidades se subrayan como “factores de riesgo” en los documentos de oferta de bonos de PDVSA).

Tanto PDVSA como el Estado también pueden recurrir a “consentimientos de salida” (“exit consents”): cambiar algunos de los términos de los bonos –la cláusula pari passu utilizada por los “holdouts” de Argentina, así como otras disposiciones importantes– mediante acuerdos con una mayoría simple en el caso de los bonistas de PDVSA, y de dos tercios en el caso de los tenedores de la mayor parte de los bonos del Estado.

Venezuela también podría distinguirse de Argentina comprometiéndose con un sólido programa de reformas y buscando el apoyo del FMI. Según la nueva política de acceso excepcional al financiamiento del FMI, Venezuela potencialmente podría solicitar más de US$ 70 mil millones de nueva financiación para su programa de reformas. Y este respaldo debería contribuir a que sus acreedores brinden su apoyo.

Dentro de este contexto, el FMI y gobiernos claves deberían apoyar la decisión de Venezuela de no tratar a los “holdouts” en potencia mejor que a los acreedores con los cuales llegue a un acuerdo. El incumplimiento de pagos que se origina en una renuencia a pagar, no merece apoyo internacional. Sin embargo, cuando un deudor está imposibilitado de pagar, nada se logra obligando al pago. Cuando un número importante de “holdouts” insiste en recibir el pago total, resulta imposible diseñar una reestructuración efectiva, a menos que otros acreedores reduzcan o aplacen sus derechos. Esta es la definición del parasitismo.

Ninguna estrategia para socavar a los “holdouts” puede significar también que se dejará de acometer la reestructuración, lo cual podría conllevar un caos e incluso un Estado fallido. Ninguno de estos resultados serviría los intereses de la comunidad financiera internacional ni del pueblo venezolano.

Traducción del inglés de Ana María Velasco

Ricardo Hausmann, ex Ministro de Planificación de Venezuela y ex Economista Jefe del Banco Inter-Americano de Desarrollo, es Director del Center for International Development at Harvard University y profesor de economía del Harvard Kennedy School. Mark Walker es director gerente de Millstein & Co. Anteriormente fue director gerente de Rothschild, Lazard y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, siempre en las áreas de asesoría a emisores soberanos.

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