En diciembre del año pasado escribí un artículo intitulado “Golpe de Estado en progreso” y en él argumentaba que la reacción del régimen a los resultados de los comicios parlamentarios del 6D podían ser el inicio de la etapa final del nunca disimulado objetivo del chavismo de implantar un sistema político no democrático iniciado por Chávez en 1999; acorde con su vocación totalitario-dictatorial consecuencia de su ideario político, mezcla indigesta de militarismo, castrismo y populismo.

Los sucesores de Chávez – ayunos de respaldo popular, de recursos económicos, alienados a su atraso ideológico y con cuentas con la justicia – han decidido atornillarse en el Poder, aún a costa de cargarse lo poco que quedaba de democracia.

Me permitiré a continuación glosar algunos de los actos cometidos por los “mandantes de turno” desde el 6D pasado porque puestos y mirados en conjunto nos permiten ver la gravedad de los pasos dados y de cómo la vocación dictatorial se ha materializado en actos abierta y claramente despóticos.

Designación ilegal de miembros del TSJ; anulación de la representación del estado Amazonas en la AN sin que el CNE arbitre formula alguna para reponer esa representación; desconocimiento de las competencias de legislación y control de la AN por la vía del desacato a sus decisiones; promoción de un continuado enfrentamiento entre los poderes del Estado en vez de propiciar la colaboración entre los mismos, reforzamiento de la concentración del poder en la Presidencia de la República por la vía de acabar definitivamente con la autonomía de los poderes del Estado; incremento de la militarización del Estado que configura una situación de tutela castrense del gobierno; vigencia de facto y continuada del Estado de Excepción y de la Emergencia Económica (que le permite al gobierno actuar de manera arbitraria y discrecional) sin la debida autorización de la AN; solicitud de ilegalización de la MUD introducida por voceros del oficialismo ante el TSJ; aumento significativo de la represión e intimidación a sectores disidentes y opositores; criminalización de todo acto legítimo de oposición.

He dejado, ex profesamente, aparte lo referente a la conducta del régimen con relación a la materia electoral porque el chavismo siempre alegaba el cumplimiento del calendario electoral como una prueba de su condición democrática. Pues ya esa hoja de Parra se marchitó y cayó.

El CNE decidió – sin dar explicación alguna- saltarse el calendario electoral de este año cuando suspendió los comicios regionales que debían realizase en diciembre del 2016.

En relación a la solicitud de parte de MUD de activar el Referéndum Revocatorio Presidencial la actitud del CNE ha sido la de sabotear abiertamente la posibilidad de que los solicitantes puedan cumplir con los requisitos para lograr su realización. El saboteo – conducta que no se corresponde con las competencias y funciones del organismo electoral del Estado – se ha expresado por la vía del advenimiento de una profusión de normas sobrevenidas, el uso discrecional del calendario, la negativa de proveer las facilidades logísticas adecuadas y de otras acciones en la misma dirección y objetivo. Queda pendiente, al momento que escribo, lo referente a las normas y la logística para la recolección del 20% de las firmas para acceder a la etapa definitiva, cual es el acto de votación.

De la conducta del CNE y de lo dicho por distintos voceros del régimen es pertinente concluir que su intención es no permitir ninguna consulta electoral, incluso circula la información no desmentida hasta el momento de una decisión – para variar, también arbitraria - del MINPOPOCOMUNAS de suspender todas las elecciones comunales.

Creo que todo lo glosado demuestra que de la no democracia existente estamos entrando en los terrenos de la Dictadura. El asunto de los requisitos para el 20% nos dirá si el chavismo decidió dar el paso que su vocación le exige o decidió darse un respiro en su camino al suicido político.

Caracas, 20 de septiembre de 2016

Apreciación de la situación - 80

La reciente decisión de las señoras que rigen al poder electoral hace difícil reconocerles como rectoras, ya que, en definitiva, el título les queda grande, especialmente cuando incurren en la ligereza de remitir su arbitraria decisión de las condiciones para la recolección del 20% de las firmas para habilitar el RR, a la oficina de prensa del propio ente rector. Debió dar la cara el único rector electoral quien, de manera informal, ofreció declaraciones a los medios de comunicación presentes relacionadas con la decisión de las señoras.

La arbitrariedad de las condiciones impuestas es de tal nivel, que ninguna de ellas, que tienen experticias en aparecer delante las cámaras con caras de que se la están comiendo, se sintió con el suficiente valor para entrar en escena. Esta actitud por parte de ellas, no puede ser otra que la demostración del poco respeto que sienten por los ciudadanos, a los que desde hace tiempo han menospreciados para el cumplimiento de sus funciones electorales. Vale decir, finalmente se quitaron la careta, en consecuencia, la oposición democrática debe prepararse para recibir, de ahora en adelante, cualquier tipo de desplante por unas personas que perdieron toda vergüenza y prácticamente lo que les falta es presentar su credencial de activistas del PSUV oficialmente.

Por otra parte, y a riesgo de parecer justificar lo injustificable, creo que los dirigentes de la oposición deberían cuidar en sus mensajes algunas palabras o frases que en el corto plazo pueden complicarle su actuación pública e inducen a creencias que crean falsas expectativas a sus seguidores. Dos palabras a las que se le ha dado un uso frecuente, y hasta abusivo últimamente, son “inconstitucionales” e “inaceptables”. Ahora casi todo, según la oposición, es inconstitucional y en otras condiciones inaceptable, pero cuando investigamos un poquito en el texto constitucional resulta que si están previstas y en consecuencia pueden ser aceptables aunque de hechos sea arbitrarias.

Si revisamos lo ateniente al poder electoral y sus funciones, en relación a sus últimas decisiones tomadas, encontramos solo dos parágrafos incisos en el artículo 293:

1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan.

5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.

De estos dos artículos se puede inferir que el CNE tiene plena facultades constitucionales para hacer lo que está haciendo, así no nos guste. Al no prever la Constitución Nacional (CN) algún tipo de mecanismo que pueda objetar las decisiones que el directorio adopte, el mismo, como se dice en criollo, cobran y se dan el vuelto y en las condiciones de mayoría numérica en el directorio actual, difícilmente sus decisiones se pueden calificar inconstitucionales e inaceptables, excepción hecha a lo referente al 20% de recolección por estado, lo que sin duda puede ser inaceptable para la lógica electoral y de jurisprudencia, pero a la luz del parágrafo 1 del art. 293 referido, el ente electoral puede resolverlo a su manera, no podemos olvidar que estas señoras son partícipes activas de un régimen dictatorial. Igual ocurre con los lapsos de tiempo interpretados a su conveniencia o lo que diga el jefe de régimen.

Por supuesto, la CN es profusa en términos como la soberanía popular, la voluntad popular, la eficiencia administrativa, la celeridad procesal, la igualdad popular y un largo etcétera que deberían, en un gobierno democrático, suponer que se debe favorecer al pueblo en cualquier acto administrativo que involucre al estado y sus instituciones. Pero esto no es un gobierno ni Estado democrático y mucho menos de derecho.

La reflexión final tiene que ver con que el uso indiscriminado de los términos inconstitucional e inaceptable especialmente cuando no están bien sustentados, puede inducir a las mayorías, pero principalmente a dirigentes políticos, a adoptar posiciones de “no hay vuelta atrás” que cierran las puertas a otras opciones que en situaciones políticas de transición, como es nuestro caso, normalmente no solo son posibles sino hasta necesarias.

Lester L López O 23/09/16

lesterllopezo@gmail.com / @lesterllopezo

Contra toda nuestra tradición civilista, contra la esencia del sistema democrático, contra la progresividad de la participación ciudadana, contra los atropellos del pasado, contra los procedimientos de regímenes autoritarios, contra los abusos del Ejecutivo que se dieron, en otra época, contra disidentes de la izquierda, alzados en armas contra el sistema, el gobierno se ha propuesto reeditar la línea de tiempos superados, habiendo cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento.

En ese pasado oscuro se desconoció la inmunidad parlamentaria de opositores al régimen, exigiéndose la incorporación efectiva de los proclamados al Congreso en sus funciones; se inventó la infausta tesis de la autonomía del delito militar para no ampararlos por la inmunidad y apresar a los dirigentes del Partido Comunista o de la izquierda radical y se pretendió liquidar el espacio mínimo de la disidencia golpista alzada contra el sistema democrático recién instaurado.

Ahora, paradójicamente, los perseguidos de antes se han embarcado en una lucha contra el Parlamento por la única y simple razón de que se trata de una Asamblea de mayoría opositora al gobierno.

Precisamente, debe recordarse que las prerrogativas parlamentarias nacieron para proteger la representación del pueblo ante el monarca en Inglaterra en 1397 y se han mantenido en los sistemas democráticos.

En Venezuela también, superadas etapas autoritarias, se fortaleció el Congreso y se afirmó la posición de sus integrantes para garantizar la estabilidad del sistema y contrarrestar los excesos en los que fácilmente puede caer el Ejecutivo por el peso de la tradición presidencialista.

Por ello, dos prerrogativas de los diputados, restringidas en constituciones como la de 1936 y 1953 y la inequívoca consagración de privilegios funcionales, que solo corresponden a los parlamentarios y que les son ajenos al presidente y a otros altos funcionarios, como lo son la inviolabilidad y la inmunidad.

En razón de la inviolabilidad, consagrada en el artículo 199 de la Constitución, los diputados no son responsables por votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones. Esto significa la absoluta y total impunidad o exención de la aplicación de la ley penal por conductas castigadas si son cometidas por un ciudadano común, por lo cual, delitos que se llevan a cabo con el uso de expresiones, orales o escritas, como difamación, injuria, calumnia, creación de zozobra, instigación a la insurrección, vilipendio u otros, sencillamente, no son punibles si son cometidas por un diputado, ya se trate de intervenciones en el seno de la Cámara o fuera de ella, en territorio venezolano o en el exterior, actuando en su condición de parlamentarios. Se trata, sin duda, de un privilegio excepcional, propio de los soberanos de antes y ahora del soberano de hoy, el pueblo. Por ello, en 1789, en Francia, la Asamblea decretó: “La persona de cada uno de los diputados es inviolable”.

Pero además, en razón de la inmunidad (art. 200 de la Constitución), los diputados no pueden ser coartados en el ejercicio de sus funciones, con limitaciones, ya que solo se da desde el momento de la proclamación, cuando se conoce el nombre del parlamentario, hasta el cese de las funciones y puede ser levantada o allanada por la Asamblea, por mayoría simple, previa a la declaración del TSJ de que hay mérito para el enjuiciamiento. La inmunidad impide que un diputado sea detenido, requisado o allanado en su domicilio, y no puede, mientras la tenga, ser sometido a juicio por ningún delito, así se trate de la investigación de un homicidio, hurto, secuestro o cualquier hecho punible, requiriéndose para su procesamiento un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y que la Asamblea allane la inmunidad, lo que puede o no hacer, ya que se trata de una decisión política.

Por otra parte, cualquier violación de la inmunidad por hechos consagrados en el Código Penal como la privación de libertad o el allanamiento ilegal del domicilio de un diputado, serán sancionados como delitos, aunque no está consagrado la agravante que debería aplicarse por la concreta condición del agraviado y la ofensa al fuero acordado por el pueblo.

Interesa por lo demás aclarar que tampoco en caso de flagranciacabe prescindir de todo el procedimiento anterior, ya que la flagrancia solo autoriza para una custodia preventiva domiciliaria, mientras se dan los restantes pasos antes descritos.

Conclusión de lo dicho es que, en este momento, ante los atropellos a la inmunidad llevados a cabo y anunciados, ello debe tener el más enérgico rechazo de todo demócrata apegado a la Constitución y, a manera de respuesta práctica, enjuiciar a los diputados por un pretendido desacato a una decisión judicial es un disparate, en primer lugar, porque no hay un delito de desacato genérico; en segundo lugar, porque actos nulos son ineficaces, incluyendo decisiones judiciales; y, en tercer lugar, porque si el TSJ declara que hay mérito, la Asamblea la negará, con razón, por mayoría simple y el desacato, en todo caso, tiene una pena leve de arresto que no justifica desconocer la inmunidad.

Finalmente, me remito, en este tema, a lecciones impartidas sobre esta materia por el profesor Jorge Sosa Chacín, entre otros, notable penalista venezolano; por Rafael Simón Jiménez, estudioso del tema, con una reciente publicación sobre inmunidad parlamentaria, destacando exabruptos cometidos; y la nota precisa y acertada de Manuel Isidro Molina, incuestionable periodista que resumió lo dicho antes en su columna de La Razón.

Sin duda, si se da el paso hacia la limitación inconstitucional de la inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias, se habrá asestado uno de los golpes más severos a la democracia y al Estado de Derecho. El respeto a la inmunidad de los parlamentarios es el termómetro que mide el grado de respeto a la voluntad popular, ya vapuleada en este asunto con el atropello a otros diputados y el desconocimiento del Poder Legislativo por el órgano político de la Sala Constitucional.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional. 19 de septiembre 2016

El modelo populista rentista, responsable del pobre desempeño económico de los últimos 40 años, llegó a su fin. Urge sincerar el debate político y económico, darle contenidoEl populismo es el peor de los males que ha sufrido América Latina. La oferta de que el gobierno se va a hacer cargo de los ciudadanos es la causa principal del subdesarrollo.

El liderazgo político desde hace mucho tiempo en lugar de promover la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la creatividad y del emprendimiento, ha cultivado la idea de que el Estado debe, con la renta petrolera, proveer todos los bienes y servicios que hacen falta. Los venezolanos somos los únicos habitantes del planeta que no pagamos la luz. Arabia Saudita produce tres veces más petróleo y el precio de la gasolina es 23 veces mayor y en Noruega, el país con mayor igualdad social del mundo de acuerdo con el índice Gini, el precio es 150 veces mayor.

El modelo populista-rentista, responsable del pobre desempeño económico de los últimos 40 años, llegó a su fin. No hay manera de mantenerlo con el aumento significativo de la oferta que se ha producido a partir del desarrollo de nuevas tecnologías y del cambio en la matriz energética que cada vez se inclina más hacia el desarrollo y consumo de fuentes de energía menos contaminantes.

Urge sincerar el debate político, darle contenido, discutir el tema económico con profundidad antes de convertirnos en una república bananera sin bananos. La oferta de “legalizar las misiones” que hizo nuestro candidato en las últimas elecciones presidenciales o la Ley de Rescate del Salario, propuesta por un diputado nuestro, para que “los trabajadores perciban su salario en bolívares teniendo como referente un monto equivalente en dólares” son actos de demagogia que no tienen como financiarse. El aumento de las pensiones hecho en los tiempos de bonanza petrolera se está volviendo sal y agua y la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados, recientemente aprobada, es un espejismo.

El gobierno apuesta desesperadamente a una recuperación de los precios del petróleo que no se ve por ningún lado. Pese a que el mercado petrolero es altamente especulativo, el anuncio de un acuerdo Arabia Saudita-Rusia para recortar la producción no produjo ni siquiera un aumento circunstancial de unos centavos. Todo lo contrario.

Y desde la oposición se apuesta a lo mismo. Varios de los precandidatos a la presidencia han ofrecido aumentar la producción petrolera a 7 millones de barriles diarios. Esa oferta es irrealizable. Haciendo todo bien, con una Pdvsa eficiente y un esquema que incentive la inversión privada, lo más que puede aumentar la producción de crudo en Venezuela es a 150.000 barriles por año. Eso significa que en un periodo constitucional la producción llegaría máximo a 3 millones y medio. El petróleo va a ser la palanca más importante para impulsar un modelo de desarrollo sustentable, pero ya no podrá darnos casa, comida, luz eléctrica, gasolina, etc.

Estas cosas hay que debatirlas en el país con honestidad. La oposición no necesita hacer demagogia en este momento para ganarle cualquier elección al gobierno. Para superar la crisis económica y social el cambio de gobierno es una condición indispensable pero no suficiente. No se van a acabar las colas, ni se reducirá la inflación con la salida de Maduro porque en el país no se produce nada y no tenemos divisas suficientes para importar lo que hace falta. Eso va a requerir tiempo, esfuerzo y sacrificios y a la gente hay que prepararla para eso.

Uno debe decir la verdad siempre, no solo porque lo ordena el octavo mandamiento, sino porque es un buen negocio, sobre todo en política.

Carlos Andrés Pérez , en 1988, le hizo creer al país que su reelección como presidente provocaría el regreso a “La Venezuela Saudita” que vivimos con el boom petrolero de su primer gobierno, a pesar de que las circunstancias eran diametralmente distintas y el país estaba quebrado. Le fue bien desde el punto de vista electoral, ganó, pero la pago carísimo. Al día siguiente de anunciar el plan de ajuste económico que le imponían las circunstancias ocurrió el estallido social denominado “El Caracazo” y su gobierno quedó sentenciado a muerte. Sentencia que se ejecutó unos años después.

Pedro Pablo Fernández / PFernandez@ifedec.com / @PedroPabloFR

Obtenido: http://www.elmundo.com.ve/firmas/pedro-pablo-fernandez/la-verdad-es-buen...

El reciente anuncio de canje de los bonos de Pdvsa 2017 por otro con vencimiento en 2020, el cual pagará un rendimiento superior a los de los bonos que se pretende canjear, y respaldados con una garantía de pago constituida por 50,1% de las acciones de Citgo, es otra manifestación del alto costo que le ha implicado a Venezuela la errada y absurda política económica implementada en la última década, y más específicamente las políticas cambiaria y fiscal del período 2008-2012.

Como ya he explicado en artículos anteriores, después del colapso de los precios petroleros de la segunda mitad de 2008, Cadivi restringió notablemente el acceso a los dólares preferenciales. Ello forzó a múltiples importadores a migrar al mercado paralelo, donde se podían obtener divisas lícitamente a través de la permuta de títulos valores, pero a un precio mayor que el tipo de cambio oficial, este último artificialmente bajo y subsidiado.

En mayo de 2010 se ilegalizó el mercado paralelo, aduciéndose que la tasa de cambio libre era muy alta y especulativa, y se creó el Sitme, sistema según el cual la permuta de títulos valores sería ahora hecha exclusivamente a través del BCV. Eso complicó aún más las cosas, pues no solo siguió muy restringido el acceso a los dólares preferenciales, sino que los montos que se podían obtener a través del Sitme eran muy bajos, y no existía la opción para los importadores de acudir al mercado libre por ser este ilegal; ello generó cuellos de botella a múltiples productores, lo que agravó la escasez de bienes. Esa insuficiencia de moneda extranjera se dio a pesar de que los precios petroleros estaban en franco aumento, particularmente desde el último trimestre de 2010, y superaron los 100 dólares el barril en 2011, entre otras razones, debido a la sustracción masiva de divisas a Pdvsa y al BCV para nutrir al Fonden, fondo creado con el fin de financiar el desbocado gasto público, y para dar dádivas y préstamos subsidiados a países afectos al régimen.

Eso se tradujo en la necesidad de incrementar la emisión de costosos bonos denominados en moneda extranjera por parte de la República y de Pdvsa con el fin de nutrir al Sitme, lo que generó una carga financiera desproporcionada, ya que esos bonos eran vendidos en moneda local a la tasa de cambio oficial artificialmente baja de 5,30 bolívares por dólar, pero generaban unas obligaciones en divisas por demás costosas, debido a los elevados rendimientos que estos papeles tenían que pagar, en algunos casos superiores a 10% y a 12%, como producto de la alta percepción de riesgo que sobre Venezuela existía en los mercados internacionales. Resumiendo, el sector público incurría en un costoso endeudamiento de largo plazo en moneda extranjera a cambio de unos pocos bolívares, con el fin de venderle dólares artificialmente baratos al público. No fue sino en febrero de 2013 cuando altos voceros del gobierno reconocieron que el Sitme era un absurdo, a pesar de las múltiples advertencias que se le hicieron al respecto durante los tres años de vigencia de ese sistema.

Pues bien, ahora se están pagando las consecuencias de esas erradas políticas, pues están venciendo los bonos en dólares que se adquirieron en bolívares al bajísimo tipo de cambio oficial, lo que genera unas pesadas cargas financieras, precisamente en momentos en que los ingresos de divisas han mermado debido a los bajos precios petroleros actuales. Por ello ha surgido la necesidad de hacer costosas ofertas de canje de esos papeles con el fin de postergar los pagos de amortización, sin que aún estén claras las posibilidades de éxito de esos esfuerzos. No quiero ni pensar en un escenario futuro en el que persistan los bajos precios petroleros y comiencen a vencer los bonos que pagan rendimientos superiores a 10% y 12%, pues las posibilidades de canjearlos por otros con vencimientos más remotos serían muy bajas y altamente onerosas.

Obtenido de EN: http://www.el-nacional.com/pedro_palma/Alto-costo-politica-errada_0_9251...

palma.pa1@gmail.com/@palmapedroa

22 de septiembre 2016

A pesar de todas sus solicitudes y observaciones, amén de las supuestas recomendaciones internas y externas ¡esto es lo que hay!

¿Y qué hay?

Unas condiciones impuestas para provocar a la oposición, que no a la MUD exclusivamente, ante las cuáles cualquier respuesta, en un sentido o en el otro, está pensado para hacernos daño a lo interno.

Si aceptamos estamos avalando un hecho anticonstitucional, ante el cual algunos dirán ¿qué es una raya más para un tigre?, pero sobre todo, estaremos aceptando que si logramos superar los obstáculos, el referendo revocatorio se realizará en el 2017, generando, si no es que ocurre una renuncia previa por “dolor de barriga insuperable”, lo que se traduciría de cualquier manera, en la continuidad del régimen. Ante ello valdría la pena preguntarnos ¿qué gana el país? dado que demostrar que la mayoría cambió de sentimiento, no requiere pruebas adicionales.

Lo contrario, negarnos a demostrar que contamos con el 20% para convocar el revocatorio, le permitiría al gobierno decir que somos unos habladores de pendejadas, que le tememos al rechazo del pueblo y que en realidad la gente está disgustado con el gobierno, pero que no cree que con la oposición le vaya mejor.

Ante lo anterior es decir rechazar lo propuesto por el CNE, una unidad consolidada pudiese continuar su campaña de denuncia, desenmascarando al régimen, ya no solo en su conocida incapacidad, sino en sus redobladas muestras de autoritarismo dictatorial, lo que si bien no es sorpresa, conviene seguirlo asentando en la mente de los venezolanos.

Adicionalmente y mucho más relevante sería insistir en pedir, cosa que la MUD pareciera considerar secundaria, las constitucionalmente establecidas elecciones estadales para diciembre de 2016. Si lo que queremos es una muestra de fuerza electoral, no hay duda de que a falta de revocatorio este año, no habría ninguna otra expresión más contundente.

Si de ilusiones queremos seguir viviendo, aceptar lo decretado por el CNE, recoger el 20% con todos los riesgos implícitos y seguir pidiendo revocatorio para este mismo año, pudiese ser la salida “airosa” que algunos, quizás con otros elementos de juicio, pudiesen llegar a proponer. El común de los mortales sabe que en el mejor de los casos, eso significará convocarlo para el 2017 como ya fue anunciado por las “autoridades” electorales, lo que traería las consecuencias ya mencionadas.

Para correrle al “a título personal” me abstendré de culminar con mi posición al respecto, aunque me temo que mi opción se trasluce en lo escrito, pero eso sí, dejando sentado que continuaré concurriendo a cualquier llamado en contra del régimen, siempre pensando en la necesidad de construir La UNIDAD de TODOS.

¿Es políticamente correcto que a título personal un dirigente manifieste públicamente una opinión que afecta negativamente al grupo al que pertenece? ¿Si alguien toma esa iniciativa debe ser excluido o el grupo solo debe considerar que son acciones de un ¨enfant terrible¨, aunque sea de la tercera edad, que no se comporta ¨comme il faut¨? El caso de Timoteo Zambrano no es el único, pero el rechazo unánime debería servir de advertencia para quienes anteponen su ego o quizá sus intereses por encima de los demás.

La declaración de Timoteo criticando la decisión de Argentina, Brasil y Paraguay de suspender temporalmente de Mercosur al régimen de Maduro por su incumplimiento de las cláusulas de esta organización fue torpe e inapropiada por provenir del responsable de la MUD por los asuntos internacionales. Además, debilita la presión mundial en contra del totalitarismo que impera en nuestro país. Posteriormente, en su intento de aclarar una supuesta mala interpretación, fue muy claro ¨He mantenido que no podemos respaldar ninguna decisión que suspenda o expulse a Venezuela ¨.

Lo correcto hubiese sido que aplaudiera la decisión de esos países de defender las bases de Mercosur e instarlos a dar un tratamiento especial a los venezolanos en cuanto a visas y permisos de trabajo por las circunstancias especiales que vive Venezuela. Es decir, que retribuyan lo que hicimos con los ciudadanos de los países latinoamericanos cuando sufrieron dictaduras. Esa declaración de Timoteo ¨a título personal¨, como declaró Chuo Torrealba, amerita que la MUD no solo declare la reestructuración de la Comisión de Asuntos Internacionales, como decidió, sino que condene la declaración de Timoteo y lo expulse por no jugar del lado de la democracia.

Cabe recordar a nuestra dirigencia que, entre otras causas, el teniente coronel ganó las elecciones de1998 por declaraciones ¨a título personal¨ de dirigentes de Acción Democrática y Copei. Al respecto, como la memoria de nuestro pueblo es corta, recomendamos leer o releer el libro de Thaís Peñalver ¨La conspiración de los 12 golpes¨. Recuerda la acuciosa periodista que cuando el difunto estaba muy bajo en las encuestas, líderes de la oposición declaraban ¨El puntofijismo está muerto¨ ¨Se agotó el modelo de 1958 ¨ y descalificaban tanto a candidatos o precandidatos propios, como a Salas Römer.

Recordamos que en el pasado reciente algunos criticaron al expresidente Uribe por declarar en contra del régimen de facto que desde hace tiempo impera en nuestro país. Espero que Timoteo y otros no califiquen de injerencia las gestiones del gobierno chileno en defensa de los derechos de Braulio Jattar, quien tiene doble nacionalidad, preso político incomunicado por divulgar el cacerolazo a Maduro en Margarita.

Hay otros casos, no de la gravedad de la declaración de Timoteo, pero que no suman. Marquina es un buen parlamentario, pero al declarar ¨a título personal¨ que ¨el tema principal no es la eficiencia de que se produzca el revocatorio en el 2016…¨, debilita la exigencia de la MUD y de todos los demócratas. Esta declaración dio pie a que la valiente luchadora María Corina, respondiera por el peligroso twitter ¨Conmigo no cuenten si se acuerda el referéndum revocatorio para el 2017”, lo cual tampoco era oportuno, ya que la posición de la MUD ha sido firme de que debe ser en el 2016 y solo el régimen quiere posponerlo o bien impedirlo, aunque también puede haber algunos ¨a título personal¨.

Por su parte, el diligente Chuo Torrealba, quien realiza un buen trabajo y reconoce errores, en declaración en el programa de Nelson y Mariela, cometió el exabrupto de insinuar que el preso político Jon Goicochea actuó contrario a la Constitución, avalando implícitamente la imputación que le hizo el régimen. Ojalá la MUD expulse a Timoteo y que todos sus integrantes piensen dos veces antes de declarar. Cabe recordar que el que mucho habla, mucho yerra.

Como en botica:

Del Pino anunció que Venezuela y Ecuador evaluaron acciones para la recuperación del mercado petrolero mundial. Lamentablemente, entre estos dos países solo logran aportar algo más del 3% de la producción mundial. ¨La paz del mundo está en riesgo¨, declaró hipócritamente Rouhani, presidente de Irán, mientras ataca verbalmente a Israel y solo por presión internacional tuvo que suspender la construcción de una bomba nuclear. Evo Morales se refirió a que ¨el narcotráfico beneficia al capitalismo¨ (¿qué pensarán Maduro y Cilia?) y acusó que el pueblo palestino está sometido a una política de genocidio, distorsionando un conflicto en el que Israel debe enfrentar diariamente actos de terrorismo. En sus desvaríos acusó a Estados Unidos de discriminar a las mujeres, justo en un momento en que una dama es candidata y probablemente logre la presidencia. El 6 de octubre se inicia en la UCV el curso ¨Diplomacia petrolera y otras energías¨, promovido conjuntamente con el Colegio de Internacionalistas. Tiene nivel de Diplomado, diez semanas lectivas y será dictado por un selecto grupo de expertos. Contactar a ceremonialyp@gmail.co

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com