La crisis en la prestación del servicio de agua potable que impacta la tranquilidad de la sociedad venezolana y lesiona la calidad de vida de los ciudadanos, exige que se plantee en la agenda política un debate sobre la forma como se ha manejado la gestión integral del agua en Venezuela.

El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, fecha que se ha venido celebrando desde el año 1993, como un acuerdo global en el marco de la ONU. Este año 2016 el diputado Stalin González reclamó, en el marco de esa celebración, las contradicciones existentes en el gobierno entre la inversión aprobada, lo ejecutado y la ausencia de explicación sobre las obras que están inconclusas, particularmente, en materia de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

Mientras tanto el gobierno, en esa materia, mantiene una campaña de sensibilización sobre la preservación del agua, aplicando un severo racionamiento de agua y promoviendo a través del Ministerio de Ecosocialismo y Agua la conformación de un modelo de organización llamada Salas de Gestión Comunitaria del Agua, que responde más a una estrategia de control político, que de inclusión social.

La ONU, en el documento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, advierte que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el inadecuado saneamiento, son aspectos que atentan de manera negativa en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias más pobres.

Desde la Conferencia de Naciones Unidas, Rio+20, en el año 2012, se reconoce que el agua está en el centro del desarrollo sostenible, se destaca su papel en el desarrollo socioeconómico, para lograr ecosistemas saludables y para la propia supervivencia humana.

La ONU, en varios de sus documentos oficiales, reitera la necesidad de gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, a los fines de mantener el suministro tanto para las personas como para el uso económico. Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre 2015, llama a los gobiernos a fortalecer y apoyar la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento.

El debate que debe dar la sociedad venezolana sobre la gestión integral del agua, reclama una nueva institucionalidad en materia del agua, orientada hacia el desarrollo y el bien común, sin condicionamientos ideológicos. Ese debate debe considerar el rol de los municipios particularmente en lo que respecta a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, revisando los compromisos que en ese sentido se habían planteado en el marco legal vigente. Los municipios deben ser parte actora de una nueva forma de gestión, según sus propias capacidades y para ello debe diseñarse incentivos, modalidades y mecanismos para involucrarlos de manera más efectiva en la gestión integral del agua.

Asimismo y en la búsqueda por concretar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que plantea la inclusión de los ciudadanos en el tema del agua, resulta oportuno y más aún, como estrategia para enfrentar la crisis actual en la prestación del servicio de agua potable, destacar la necesidad de darle vida a la cooperación vecinal, prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Ese mecanismo, previsto en el artículo 268 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal (LOPPM), plantea específicamente, en su numeral 2, que el Concejo Municipal puede convocar a los ciudadanos para activar una Comisión de Vecinos a los fines de ejercer una fiscalización y vigilancia sobre el buen funcionamiento de un servicio público municipal.

Esa comisión de vecinos, como estrategia de cooperación vecinal, debe ser impulsada por el Concejo Municipal, a través de su facultad reglamentaria, prevista en el artículo 54 de la LOPPM.

Esa comisión de vecinos, se presenta como una herramienta legal e institucional que en la actualidad facilitaría la inclusión de los vecinos en el problema del agua, ayudaría a comprender la magnitud de la crisis del agua en Venezuela y permitiría unir esfuerzos en la búsqueda no solo de mayor transparencia en el manejo de la situación por los entes responsables, sino también, en la promoción de un debate amplio sobre el rol del municipio en la gestión integral del agua.

Asimismo, activar una Comisión de Vecinos, podría ser una figura adecuada para el ejercicio de la contraloría social sobre el plan de racionamiento, cuyo resultado, permitiría evaluar la necesidad de un plan de contingencia municipal para enfrentar la crisis hídrica, que además, encuentra en el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) el espacio institucional para su aprobación.

Resulta coherente que el Concejo Municipal, en respuesta a su mandato legal de promover los mecanismos eficientes, suficientes y oportunos de participación en materia de gestión pública, y atendiendo a un tema tan sensible y de profundo impacto en la calidad de vida de sus vecinos, impulse la comisión de vecinos como espacio institucional, que le es propia, por lo tanto, es expresión de su autonomía municipal a los fines de incluir a los ciudadanos en la problemática del agua.

Es claro que la cooperación vecinal no trae consigo que el agua vuelva de inmediato a los grifos de manera continua y menos aún, que sea potable; pero sí podría contribuir en la construcción de consensos sobre un diseño de gestión que responda al bien común, utilizando la institucionalidad que la ley nos permite y rescatando al municipio como actor del desarrollo.

Artículo escrito para POLITIKA UCAB y publicado el 1 de abril de 2016.

Desde hace ya largo tiempo, la política venezolana ha caído en el vicio de utilizar palabras al voleo, sin preocuparse de analizar si el término con el que se pretende nombrar a una persona tiene algo que ver con su conducta y aptitudes. Quizás esta manera alegre de nombrar y calificar tuvo su origen en el medio artístico que vio en José Luis a un puma y tigresas o fieras en damas de apacible carácter.

Nuestros políticos parecen haber olvidado, o acaso nunca lo supieron, que existe una rama de la semántica denominada semántica lógica, que estudia la relación entre el signo lingüístico y la realidad, así como las condiciones necesarias para que una palabra pueda aplicarse a un objeto o persona.

Esta perversión del lenguaje y de la política, produce indeseables efectos en la vida nacional y genera una suerte de desorientación ideológica y un descreimiento social que encuentran su expresión concreta en la antipolítica y, especialmente, en el rechazo a los partidos políticos como instrumentos necesarios de la vida democrática.

Podemos afirmar, con poco temor a equivocarnos, que los dos últimos gobiernos que tuvieron oposiciones reales fueron los de los tachirenses Marcos Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez (II). Desde 1958 hasta CAP II, adecos y copeyanos montaron oposiciones falsas, contubernales; ¿Quién no recuerda las famosas reuniones de Gonzalo Barrios y Rafael Caldera, donde se tomaban toda suerte de decisiones y se limaban las asperezas surgidas en los estratos inferiores de sus respectivos partidos? En virtud de esa perversión, nuestro país no adquirió una cultura opositora y las nuevas camadas de políticos se fueron formando en la escuela de la protección al interés parcial y del desdén a los intereses colectivos.

La tragedia chavista nos sorprende sin un liderazgo fuerte y acostumbrado a contrariar al gobierno con todos los medios permitidos por la Constitución y las leyes, pero sobre todo, sin un liderazgo que crea «en los poderes creadores del pueblo» como dijo en su Credo el inmortal Aquiles Nazoa. Tan desafortunada circunstancia permitió que se perdiera el gigantesco esfuerzo del 11 de abril, que hizo poner pies en polvorosa al acobardado «comandante eterno» y que Maduro le birlara las elecciones presidenciales a un Capriles sumiso, que prefirió recurrir al TSJ y no a la gente que esperaba su llamado.

La vuelta de Manuel Rosales, anunciada y participada a los cuerpos de seguridad del Estado con la debida antelación, hedió a componenda y a trato desde el primer momento. ¿Qué hubiese sucedido si en 1957 Fabricio Ojeda, Guillermo García Ponce, Silvestre Ortiz Bucarán y Enrique Aristiguieta Gramcko hubiesen ido a Miraflores a participarle a Pérez Jiménez la constitución de la Junta Patriótica que convocaría la insurrección popular? Los nombrados y decenas de miles más eran opositores de verdad (con negrillas), eran hombres recios que arriesgaban sus vidas como costo ineludible del verdadero liderazgo.

En Venezuela se empiezan a decantar las realidades; cada día se hace más notorio que existen, al menos, dos oposiciones: la verdadera, que exige la inmediata salida de Maduro, como una necesidad que no admite retardos y la otra, la oficial o ficticia, apaciguadora de oficio que habla de diálogos, postergaciones y reconciliación sin justicia, e insufla vida a un régimen que no tiene ninguna razón lógica o política para continuar en el ejercicio del poder.

Obviamente, la batalla es contra el chavismo y contra todos los males que impulsa y representa; pero también lo es contra los malos políticos y la mala política, contra quienes se sienten predestinados a liderar a la Nación, pero son incapaces de entrar en sintonía con los deseos y sentimientos populares; contra los que se hacen llamar opositores para concitar simpatías, pero no son capaces de oponerse con la seriedad y testarudez que exigen las angustias actuales. «“Por sus obras los conoceréis” (Mt 7,15-20)».

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

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La noticia ocupó la primera plana de los periódicos de circulación nacional: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en una publicación reciente, reveló que la pobreza en Venezuela había repuntado 4,9% anual en el periodo 2010-2015.

El repunte de la pobreza tuvo que ver en primer lugar con las limitaciones de los programas sociales como “las misiones”. La “Encuesta sobre condiciones de vida Venezuela 2014” (ENCOVI 2014) conducida por la UCV y la UCAB, revela que casi la mitad de los beneficiarios de “las misiones” no son pobres. Adicionalmente la cobertura de “las misiones” se ha reducido, pero la proporción de la población vulnerable que se ha beneficiado de las mismas es muy bajo. Según ENCOVI 2014, sólo el 11,7% de la población pobre es cubierta por las misiones. La propaganda gubernamental ha generado la impresión que su cobertura era mayor. En este caso se aplica el dicho popular “fue más la bulla que la cabuya”.

La cobertura de los programas de asistencia alimentaria, como Mercal, fue más amplia y contribuyó a amortiguar los efectos de la inflación en los sectores de bajos ingresos. Sin embargo comparte con las misiones el hecho de no estar focalizados en los sectores más vulnerables de la población. El desabastecimiento fue siempre un problema en el programa, que ocasionaba largas colas y presionaba a muchos consumidores a comprar en otros sitios. El porcentaje de ahorro que obtenían los beneficiarios, en su periodo de auge, oscilaba en torno al 51%.El costo operacional del programa era de 1,49 Bs, por cada bolívar vendido, por lo que su sostenibilidad fue posible gracias a los ingresos extraordinarios del petróleo. En los últimos años el programa Mercal se encuentra en franco deterioro. 61,5% de la población no compra en Mercal. La cobertura se ha reducido, ya que la mitad de los puntos de venta se encuentran inactivos. Los “Mercalitos”, bodegas de las barriadas integradas al programa, han sido los más afectados.

La experiencia latinoamericana revela que estos programas para tener un impacto en los niveles de pobreza, sostenible en el tiempo, requieren ser focalizados en los sectores de mayor pobreza y tener un claro encuadramiento institucional, no contaminado con intereses clientelares o político electorales.

La reducción de la cobertura de los programas mencionados es consecuencia de la escasez de recursos que se produce una vez que el ciclo de elevados precios de las materias primas llegó a su fin, lo que revela la dependencia de los mismos. En consecuencia la eficacia, o sea el impacto de estos programas, mermó sustantivamente. Ello sumado a la desbocada inflación, que según cifras oficiales llegó a 180% en el año 2015, son los factores que subyacen detrás del repunte de la pobreza en los últimos años.

Las cifras de la CEPAL, divulgadas en la última edición de “Panorama social de América Latina 2014”, cuantifican el retroceso señalando que entre el año 2012 y el 2014 la pobreza había aumentado de 25,4% de la población a 32,1%. La CEPAL toma como referencia los guarismos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela. Las cifras señaladas subestiman la proporción de la población en situación de pobreza. La información de la ENCOVI 2014 es más contundente, evidenciando que los niveles de pobreza se remontaron a 48 % en el año 2014.

La medición de la pobreza se hace utilizando varios parámetros; en los párrafos previos nos hemos referidos a la pobreza ingreso. Existe también la pobreza estructural, la cual depende de otras variables como las características de la vivienda, si es propia o alquilada, si ésta posee servicios eléctricos, agua potable, desecho de basura y rasgos del entorno como las calles de acceso.

La ENCOVI 2015 detectó que la pobreza estructural afecta al 29,1% de la población. Sin embargo, debido al crecimiento explosivo de la inflación, el 73% de la población es pobre ateniéndonos al criterio de ingreso, en otras palabras no están en capacidad de pagar la canasta básica. Esto refleja la situación de los maestros, profesores universitarios y funcionarios públicos que han hecho un esfuerzo a lo largo de sus vidas por mejorar, adquiriendo una vivienda en zonas donde tienen acceso a los servicios básicos, pero que debido a la inflación sin control han visto colapsar su capacidad de compra. Estas personas despertaron un día del año 2015 y cuando fueron al mercado descubrieron que tenían que sacar la carne de su dieta usual porque no la podían pagar, o no podían pagar las reparaciones de la casa u otros gastos que usualmente realizaban. En ese momento se dieron cuenta que eran pobres de ingreso.

Los años 2014 y 2015 han sido un parteaguas en el empobrecimiento generalizado de la clase media y de la sociedad venezolana. Un factor clave en este proceso ha sido la inflación; estimaciones del FMI la proyectan en 700% para este año acelerando el proceso señalado. La inflación es un subproducto de la política económica del gobierno que utiliza al Banco Central para financiar la expansión del gasto público y del déficit generado. El control cambiario, fuente de una corrupción descomunal, impide estabilizar el valor del dólar que es otro de los factores que alimenta la inflación. Como señala Felipe Pérez Martí, ministro de economía del ex presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro está generando un desastre social con su política económica.

A pesar de la subestimación del problema, las cifras de la CEPAL revelan el fiasco de la agenda social y alimentaria del gobierno. Su importancia reside en la influencia de este organismo, que ha demostrado hasta la saciedad su compromiso con los intereses latinoamericanos, por lo que no puede ser descalificado como agente del imperio o representante de intereses transnacionales.

Las cifras de la CEPAL revelan también que el incremento brutal de la pobreza en Venezuela se da en un contexto regional donde la mayoría de los gobiernos latinoamericanos siguen cosechando éxitos en su lucha contra este flagelo, gracias a una combinación inteligente de políticas antiinflacionarias y programas antipobreza focalizados en los sectores de extrema pobreza de la población. Entre estos gobiernos, vale la pena destacar, los que están dirigidos por connotados representantes de la izquierda latinoamericana como el de Bachelet, el de Dilma Rousseff y el de Ollanta Humala, que han continuado reduciendo la pobreza en los años recientes. Señalar que las dificultades que enfrenta Venezuela para combatir la pobreza son atribuibles a los bajos precios de las materias primas, no se compadece con la experiencia de estos países.

Describir el estado en el que vivimos demanda reconocer que la situación política que diferenciaba al estado Aragua de gran parte de los otros estados populosos, por el contundente respaldo electoral que habían recibido las opciones oficialistas desde 1998, cambió radicalmente en las elecciones parlamentarias de diciembre 2015. La Unidad obtuvo 8 de los 9 diputados del estado, gracias a un descontento creciente de la población para con el gobierno nacional y regional, que unido al trabajo meritorio de los candidatos de la UNIDAD y sus respectivos comandos, impulsaron un vuelco importante en la preferencia de los electores. El otro punto a destacar en el triunfo obtenido es lo plasmado en el reglamento electoral, según el cual, el que gana se lo lleva todo. Antes benefició al oficialismo, ahora lo hizo con la UNIDAD, sin embargo, es necesario tener presente que ese reglamento niega la representación proporcional que es sinónimo de democracia y que por lo tanto debemos revisarlo en lo inmediato porque se trata de hacerlo bien, y no de hacer las cosas sólo cuando no me benefician.

La nueva realidad debe ser interpretada como producto del descontento de la gente ante la interrupción del sistema clientelar de adhesiones, más que un cambio de preferencias resultado de una propuesta conceptual de la oposición.

Los grupos partidistas opositores han continuado manifestándose fundamentalmente en ocasiones electorales, sin tener un actuar diario acordado en procura de objetivos comunes. La MUD nacional supo leer el momento, presentaron una tarjeta única en respaldo a sus candidatos, postulados mediante acuerdos internos, los cuales, salvo contadas excepciones carecían de liderazgo local.

Dichos acuerdos respetaron las asumidas supremacías por estado de los partidos más grandes, lo que se tradujo en candidaturas sin ningún arraigo, pero con garantía de resultar electos de mantenerse las tendencias históricas. A los partidos pequeños se les asignaron posiciones mucho más difíciles, la mayoría en condición de suplentes y sin muchas posibilidades de resultar electos.

Sin embargo se dio el “milagro” y hoy más que nunca, las decisiones “por arriba” gozan de buena aceptación entre las dirigencias locales, lo que refuerza la conveniencia de hacer méritos en Caracas sobre la obligación de trabajar en el estado. Hacer planteamientos conceptuales y propuestas de gestión sigue siendo una tarea pendiente en Aragua.

A esta situación contribuye la inexistencia de una instancia unitaria de concertación estadal, en la que la sociedad civil democrática, en todas sus expresiones y no exclusivamente en lo político partidista, logre acuerdos en torno a candidaturas y lo más significativo, alrededor de programas de acción.

Nada ha cambiado y se ha llegado al absurdo de la pretendida existencia de 2 MUD regionales. Hay parcialidades partidistas que no respetan sus propios acuerdos, en lo interno actúan las “corrientes personales” y solo la disciplina ante las órdenes de la dirigencia nacional, mantiene un clima precario de coexistencia.

Las candidaturas florecen y los proyectos de gobierno siguen esperando por tiempo para ser pensados, siendo indispensable, por el bien de todos, rescatar la necesidad de que nuestros representantes a cargos de elección popular, si pretenden hacerlo a nombre de la Unidad, sean seleccionados mediante un Proceso de Elecciones Primarias tal cual como fue anunciado por la MUD Nacional y donde la participación de las bases electorales no militantes en los partidos políticos puedan expresarse en la escogencia de los mismos.

Es muy temprano para garantizar la continuidad del accionar de nuestros diputados recién electos, pero se nota una intención de mantener el contacto con sus circuitos y el de hacer más eficiente su trabajo mediante la constitución del “bloque parlamentario” de Aragua. Esto tiene que ser respaldado y requerido por todos.

La escasez, la inseguridad personal, la falta de empleo estable y los ingresos insuficientes para la subsistencia familiar, elementos comunes en otros estados, se hacen contundentes en Aragua, ante la desaparición acelerada del parque industrial, la expropiación de empresas, la desaceleración del comercio, la falta de seguridad jurídica y el aumento del delito, tanto el violento como el de cuello blanco, resaltando en este último la corrupción en la ejecución de obras gubernamentales, lo que se hace más agudo y evidente con el paso de los días.

Los servicios públicos, particularmente electricidad, agua y gas, tienen una suplencia deficitaria en cantidad y calidad, la cual se hace cada día más precaria y sin visos de solución a corto o mediano plazo, ante el silencio culpable de los responsables y el escaso reclamo por parte del liderazgo político, sea este oficial u opositor.

Las calles de las ciudades y pueblos, así como las carreteras principales, secundarias y de penetración están en muy mal estado, sometidas a esporádicos remiendos de dudosa calidad y sin ningún tipo de fiscalización o contraloría, y adicionalmente se desconocen planes para adecuarlas, ni para la construcción de las adicionales que evidentemente se requieren.

Las instalaciones educativas, sanitarias y deportivas se demuestran insuficientes y en condiciones físicas precarias. La falta de insumos y la carencia de personal calificado, y estimulado para cumplir con su trabajo, las han llevado al límite de su capacidad para prestar los servicios que les son propios, llegando en muchas ocasiones a la interrupción de los mismos, por lapsos variables, pero siempre significativos.

Lo anterior contrasta con la atención particular que se le ha prestado a obras de recuperación y ornato, como las adelantadas o actualmente en proceso, en plazas, teatros, cercas perimetrales, parques, hotel Maracay e instalaciones y terrenos adyacentes, todas ellas de controversial valor estético, como se corresponde a obras de creación humana, pero de indispensable reconocimiento, a no ser por el hecho de que han sido priorizadas sobre otras que como las requeridas por la salud, la educación, el deporte y el tránsito automotor merecen al menos un trato similar.

Las mencionadas obras carecen, en la generalidad de los casos, de las correspondientes y obligatorias vallas informativas, en las que se indiquen, al menos, el organismo financiador, presupuesto de la obra, origen de los fondos y ente jurídico ejecutorlo que es una falla legal que añade opacidad a la gestión pública.

La mayoría de los medios de comunicación social, más allá del trabajo de sus empleados, mantienen una línea editorial aséptica que se constituye en una forma de autocensura que hace que lo que se publica o difunde a través de ellos, carezca de críticas de relevancia en relación con la actuación de las autoridades gubernamentales; en todo caso, se limitan a algunas denuncias y a veces se atreven a unas escasas críticas tímidas. La excepción la constituyen unos pocos comunicadores que, a través de espacios propios, más que todo radiales, mantienen sus opiniones disidentes y dan cabida a la de otros.

Y a todas estas, ¿qué pasa con la gente? Más allá de las protestas políticas y de manifestaciones locales de reclamo a las deficiencias de los servicios, las cuales se realizan sin diferencias de clase socioeconómica, se percibe un desánimo colectivo y una reticencia a expresar libremente lo que se siente, indudablemente debido a la represión, violenta o soterrada, aplicada desde el sector gubernamental y a la ausencia de alternativas políticas claras a lo que estamos viviendo.

Existe una rabia sorda, que bulle en cada uno de los ciudadanos, la cual se percibe en las colas para comprar lo indispensable para la vida familiar, esperar atención médica, privada o pública, velar y enterrar un deudo, pagar los servicios públicos y también los privados, realizar transacciones bancarias, sin importar el banco, y en general, para realizar trámites ante cualquier oficina, particular o de gobierno.

La protesta política de calle ha decaído mucho, lo que se muestra en la disminución tanto de iniciativas, como de concurrencia. Apoyar lo que se pueda estar haciendo en otros ámbitos con acciones pacíficas de calles, debe ser retomado como elemento de lucha. Igual situación, particularmente en cuanto a asistencia, se evidencia en foros sobre temas de actualidad nacional, en los cuales, a pesar del prestigio de los expositores, se hace difícil congregar más de 100 personas. A esto puede estar contribuyendo el temor ante la inseguridad, sobre todo después de las 6 pm y las dificultades de transporte.

Una situación distinta parece estar tomando cuerpo en cuanto a “conversatorios” organizados por y en las comunidades. Este mecanismo de acción ciudadana, siempre importante, toma un valor particular en estos momentos donde la información para promover la participación parece vital.

Es difícil señalar como se desenvolverá el proceso político en los días por venir; no obstante, es indispensable, por el bien de todos, contribuir a la solución mediante la apertura de opciones para el establecimiento de una institucionalidad que pueda garantizar la resolución pacífica de los conflictos, con el reconocimiento de los oponentes y la conciliación de intereses.

Incentivar el conocimiento y la discusión de opciones para salir de la crisis es tarea necesaria, acompañando del reclamo sobre lo indispensable que resulta acordar, pronto y unitariamente, formas de actuación en pro de las mismas.

Estos propósitos tienen que ser consensuados y llevados a la práctica de una manera coherente y realmente unitaria. El mantener todas las opciones para el cambio abiertas, más que prudencia y objetividad política, está mandando un mensaje que la gente interpreta acertadamente, a pesar de lo que se haga para disfrazarlo.

Hay que insistir que el cambio que se requiere no es solo de gobierno; lograrlo es indispensable pero acompañado de la intención expresa de modificar el ejercicio de la política, no solo en la forma sino en los propósitos de fondo. Además, no podemos ni debemos quedarnos en el cambio y en la intención de modificar la acción política, también es vital construir el programa en conjunto, ordenar las ideas, buscar soluciones, afinar las políticas que al final nos permitan brindar y disfrutar de calidad de vida ciudadana.

En eso estamos trabajando y con ello estamos comprometidos en Aragua en Red.

San Cristóbal, 29 de Marzo de 2.016

Ciudadano

Dr. Henry Ramos Allup Presidente y demás Diputados que integran la

Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Su Despacho.

Asunto: Opinión sobre Proyecto Ley Orgánica de Referendos

Honorables Diputados:

En nombre del Movimiento Independiente Democrático (MID), muy respetuosamente nos dirigimos a Ustedes con fundamento en el artículo 211 de la Constitución, a fin de exponer nuestra opinión, como ciudadanos organizados al Proyecto de Ley Orgánica de Referendos, aprobada en primera discusión el 10.03.2016, por las razones siguientes:

El pueblo de Venezuela de manera clara y contundente se pronunció por un cambio de rumbo en la conducción del actual sistema político y depositó su confianza en los diputados que hoy integran la Asamblea Nacional. La manifestación popular fue unánime al respaldar la unidad en la esperanza de alcanzar soluciones eficaces desde el Poder Legislativo para superar la grave situación de desabastecimiento, inseguridad, corrupción y pérdida de valores, aupados desde el gobierno nacional, que han conducido a la sociedad venezolana a vivir en condiciones de mendicidad (especialmente por alimentos y medicinas), agravada por una inflación galopante. El rescate del Poder Legislativo se debe a la soberanía popular y a ella está sometido éste importante órgano del Estado (artículo 5 Constitucional).

A casi tres meses de instalada la Asamblea Nacional, todos hemos sido testigos del esfuerzo de los diputados del bloque democrático por mejorar las condiciones de vida de la población venezolana, a través de proyectos de ley y otras actuaciones igualmente importantes. De igual manera, observamos con preocupación la negativa y resistencia por parte de los autodenominados “diputados de la Patria”, del Poder Ejecutivo en la persona del Presidente de la República, del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Ciudadano y del Electoral, a respaldar las acciones legislativas y contraloras que legítimamente debe ejercer la Asamblea Nacional.

Frente a tal situación, el Poder Legislativo ha optado por dar cauce a diversos mecanismos constitucionales: renuncia, enmienda, referendo revocatorio, abandono del cargo; y, como última opción, la Asamblea Nacional Constituyente, para alcanzar de manera pacífica y constitucional el cambio del Presidente de la República, lo que nos hace pensar, que la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Referendos, va en la dirección de encausar a través del CNE la revocatoria del mandato Presidencial.

En este orden de ideas, si bien apoyamos la necesidad de una ley formal en materia de referendos, no compartimos el criterio de los redactores del Proyecto, por cuanto en nuestro criterio, el proyecto de ley no cumple con la obligación del Estado “de facilitar la generación de las condiciones más favorables para la práctica del derecho a la participación política“, como lo establece el Artículo 62 de la Constitución, y lo que es más grave, está viciada de inconstitucionalidad al incluir en el artículo 81 y siguientes, Capítulo VIII, Título V, un Referendo para la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, conculcando no sólo el derecho humano a la participación política, sino también el ejercicio directo del Poder Constituyente Originario por parte del pueblo.

El Poder Constituyente es un poder natural, inmanente al ciudadano, su razón de ser es existencial y no normativo. La voluntad del pueblo es la base de la Autoridad del Poder Público y ese Pueblo tiene el derecho humano a ser protagonista de su destino.

Como miembros de la Sociedad Civil Organizada, manifestamos nuestro desacuerdo y rechazo a la inclusión bajo el Título V, Capítulo VIII, artículo 81 y siguientes del citado proyecto de ley, de un Referendo para la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que el Constituyente de 1999 dejó claramente establecido el carácter originario del poder constituyente y la imposibilidad del poder constituido de normarlo, asunto que fue ampliamente debatido y así consta en el Diario de Debates de la Asamblea Constituyente.

La sustitución del sistema representativo y ejercicio de la soberanía a través de los poderes constituidos cambió con la Constitución de 1.999 y es por ello que no se puede cercenar el ejercicio del poder constituyente originario bajo el argumento de “regular diversas modalidades de referendo, como mecanismos de ejercicio directo de la soberanía”, como lo señala la Exposición de Motivos

Honorables Diputados, el Constituyente de 1999 en los artículos 347 y 348 fue explícito al determinar:

a) el titular o depositario del poder constituyente (el pueblo de Venezuela), al que calificó de “originario”;

b) el fin perseguido con el ejercicio del poder constituyente (transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución); y,

c) los titulares de la iniciativa y los requisitos para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (en el caso de los electores, con el quince por ciento de los inscritos en el registro civil y electoral).

Es decir, no previó el Constituyente otro requisito distinto al ejercicio por parte del pueblo de Venezuela, de sus poderes creadores, como reza el Preámbulo de la Constitución.

En este orden de ideas, como precedente y en respaldo de nuestra opinión negativa a la regulación o inclusión de un Referendo para la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta en el proyecto de Ley Orgánica de Referendos, consideramos oportuno citar parcialmente el dictamen del Constituyente Elías Jaua Milano (hoy Diputado de la Asamblea Nacional), quien en artículo publicado en el portal web Aporrea.org, de fecha 01.11.2002, titulado “LA HISTORIA Y EL ESPÍRITU DEL ARTÍCULO 350”, expuso:

“ (…) Para ello, debo comenzar por exponer fragmentos de la comunicación que dirigí, el 28-10-1999, al Presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Hernán Escarrá, la cual fue distribuida a los 131 Constituyentes, donde planteo la necesidad de modificar el capítulo denominado De la Asamblea Constituyente, capítulo III del título IX, del proyecto constitucional discutido en plenaria:

(.....) Dicha solicitud, la hago tomando en consideración que el poder constituyente originario es y será siempre anterior y superior a cualquier Constitución, incluso a la que estamos aprobando, y por tanto no debe ésta codificarlo, sino simplemente reconocerlo e indicar algunas referencias para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En tal sentido, propongo reducir este capítulo a un solo enunciado, que quedaría redactado de la siguiente manera:

ARTICULO. El Pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Constitución democrática. Dicha convocatoria se considerará tema de especial trascendencia nacional.

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición de lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríen nuestros valores y principios republicanos y menoscaben los derechos humanos y las garantías democráticas. * Se suprimen todos los demás artículos del Capítulo.

Con esta redacción queda claro que esta Constitución democrática, reconoce que su origen y su ser responden a la voluntad originaria del pueblo. Asumiendo con humildad, su carácter posterior e inferior y por tanto la imposibilidad de codificar al poder constituyente.

Se señalan maneras de cómo puede convocarse, simplemente como referencias “... tema de especial trascendencia nacional” (ver sección “ Del referéndum).

Se reconoce la tradición de lucha del pueblo de Venezuela contra la tiranía, señalando los valores y fines que siempre han guiado la resistencia en nuestro país. Dejando cerrado al paso cualquier interpretación regresiva.(1)

Esta propuesta fue realizada considerando, que el capítulo presentado por la Comisión Constitucional a la plenaria de la ANC pecaba del afán conservador de normar el ejercicio del Poder Constituyente. El referido capítulo contenía artículos en los cuales, desde mi punto de vista, se le colocaba límites al poder originario y se le permitía al poder constituido interferir en las decisiones del Constituyente.

Pero de igual manera, como se explica en el último ítem (1) del fragmento citado, propuse que el referido artículo estableciera el derecho a desconocer, sin normarlo, cualquier visión retrograda de la historia que intente escudarse tras la libertad del poder originario para imponer un esquema político que no se corresponda con nuestra tradición libertaria y restringa o suprima derechos humanos fundamentales.

Este planteamiento fue discutido ampliamente en la plenaria del día 9 de noviembre de 1999, tal como quedó plasmado en el diario de debates de la ANC (páginas 62 a la 68). Posteriormente, en la plenaria del 14 de noviembre de 1999, como consta en las páginas 57, 58 y 59 del mencionado diario se aprobó, recogiendo el espíritu de las observaciones en el sentido que habíamos argumentado. Quedando finalmente el texto que fue sometido a referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 y publicado como Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Oficial del 24 de marzo del 2000.

Es así como, el Constituyente dejó claramente establecido en los artículos 347, 348 y 349 el carácter originario del poder constituyente y la imposibilidad del poder constituido de normarlo. Pero de la misma forma, quiso el Constituyente evitar cualquier interpretación regresiva, autoritaria o antinacional del poder originario de la Asamblea Constituyente. Es por ello, que en el artículo 350 se colocan frenos, apelando a referentes políticos e históricos de nuestra formación como Nación, al desarrollo de tendencias políticas y sociales retrogradas en la normativa constitucional y legal de nuestra sociedad. (…)”. Subrayado añadido.

De la opinión dada por el hoy Diputado Elías Jaua Milano en concordancia con el diario de debates de la ANC y la doctrina constitucional imperante en Venezuela, es válido y ajustado a derecho afirmar, que no es necesario llevar a cabo un referendo consultivo (artículo 71 Constitucional) para la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, por ser contrario al espíritu, propósito y razón del Poder Constituyente manifestado en 1999, y por ello peticionamos que sea eliminado del Proyecto de Ley Orgánica de Referendos, por las razones siguientes:

1 1.-En el texto constitucional aprobado por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 y publicado como Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Oficial del 24 de marzo del 2000, fue suprimida la expresión “tema de especial trascendencia nacional”.

2 2.- Porque el Poder Constituyente originario está incluido expresamente en la Carta Magna como medio de cambio constitucional, sin menoscabo de la supremacía de ésta dentro del ordenamiento jurídico, en consonancia con el sistema participativo, conforme al cual el pueblo retiene siempre la soberanía ya que, si bien puede ejercerla a través de sus representantes, también puede por sí mismo hacer valer su voluntad frente al Estado. Indudablemente quien posee un poder y puede ejercerlo delegándolo, con ello no agota su potestad, sobre todo cuando la misma es originaria, al punto que la propia Constitución lo reconoce. De allí que el titular del poder (soberanía) tiene implícitamente la facultad de hacerla valer sobre aspectos para los cuales no haya efectuado su delegación.

En lo que respecta al ejercicio del derecho humano político a la participación ciudadana mediante referendo, resulta sorprendente e inaudito que una Asamblea Nacional conformada mayoritariamente por representantes del sector democrático de la sociedad venezolana, que ha planteado al país el cambio de gobierno como solución a la crisis, someta el ejercicio de dicho mecanismo a la previa constitución de “agrupaciones de ciudadanos que promuevan el referendo” (artículo 10), que deben ser aprobadas previamente por el CNE (artículo 15).

Esto implica un requisito previo e inaceptable en el que se deben recolectar firmas del 0,5% de electores solo para constituir esas agrupaciones, en los “puntos de recolección de firmas” (artículo 16) para que pueda ejercerse la iniciativa de referendos, firmas que además deben ser sometidas a verificación por parte del CNE. Evidentemente que en modo alguno se puede afirmar que el Proyecto de Ley Orgánica de Referendos, facilita “la generación de las condiciones más favorables para la práctica del derecho a la participación política“, lo que propicia son mejores condiciones para que participe el menor número de ciudadanos, vulnerando el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo.

Tampoco es aceptable, que el objetivo de la nueva ley esté limitado a “superar una omisión legislativa”, como reza la exposición de motivos, cuando el articulado del Proyecto de Ley Orgánica de Referendos difiere poco del contenido de las regulaciones limitativas vigentes emanadas del CNE, y en modo alguno “abre[n] cauces adecuados para la participación de la ciudadanía”. La participación ciudadana exige amplitud y por ello, ninguna iniciativa para la recolección de firmas para un referendo puede ser “declarada improcedente” por parte del CNE, como se establece en el Proyecto.

En el caso de los partidos políticos, el artículo 11 del citado proyecto, impone que sea la asamblea del partido la única instancia que puede decidir tomar o no, la iniciativa del proceso de referendo. Para que sirven entonces las directivas de los partidos? Si en todo caso luego hay que recoger casi 4 millones de firmas que es lo que realmente importa para iniciar el proceso.

Como si no fuesen suficientes las trabas establecidas en el proyecto de ley, todo el largo proceso de promoción del referendo queda sometido a la aprobación por parte del CNE. El artículo 14 da todo el poder al CNE para que decida cómo, cuándo y quién puede participar o no al establecer que solo si la solicitud de promoción de referendo cumple con los innumerables requisitos, es entonces cuando el CNE puede considerar su aprobación. En otras palabras, el árbitro electoral es el que decide si los ciudadanos pueden o no ejercer el derecho humano a la participación política, conculcando el ejercicio de la soberanía en la Promoción e Iniciativa Popular del Referendo. Todas estas disposiciones deben ser eliminadas porque minan los más elementales derechos ciudadanos.

Por si fuera poco, el artículo 26 determina que ”cuando la iniciativa de referendo sea de ámbito nacional”, la participación ciudadana queda constreñida a que solo pueda expresarse en el plazo de 20 días mediante firmas que solo pueden recogerse en “puntos de recolección ”que en definitiva quedan al arbitrio del CNE . El artículo 30 que deja igualmente al criterio del CNE la publicación de la iniciativa.

La instalación de los requerimientos “tecnológicos” para la postulación y acreditación de los testigos que participarán en la fase de recolección de las firmas (artículo 29); el uso obligatorio de las famosas capta huellas que controla el CNE (artículo 34); el resguardo por parte del Plan República de las firmas y todo el material recabado por los promotores del referendo (artículo 35); la garantía de “confidencialidad” de las firmas (con la buena intención presumimos, de evitar la repetición de la perversa “Lista Tascón”) prevista en el artículo 37 no es tal, ya que durante más de cinco (5) días el CNE y la Fuerza Armada tendrán a su disposición toda la data de los ciudadanos; y, el considerable tiempo (aproximadamente 352 días continuos, es decir casi un año) establecidos en el articulado del proyecto de ley para cumplir con los pasos y trámites ante el CNE, nos llevan a concluir, que la proyectada ley en modo alguno favorece y promueve el ejercicio del derecho a la participación ciudadana.

También resulta inaceptable, que si la iniciativa de referendo emana de algún poder público, ejemplo, el Presidente de la República, o la Asamblea Nacional (artículo 39), tenga que ser aprobado por el CNE (artículo 40). Lo que sí es meritorio en el proyecto de ley, es la inclusión del denominado “silencio Administrativo Positivo” y debe mantenerse en respeto del derecho de los ciudadanos a obtener oportuna respuesta por parte de los órganos del Estado.

En nuestra opinión, el Proyecto de Ley Orgánica de Referendos no llena las expectativas legítimas del pueblo venezolano para el ejercicio del derecho humano a la participación política, por cuanto viola el ejercicio del poder constituyente originario por parte del pueblo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa popular, imponiendo requisitos distintos a los establecidos por el Constituyente en el artículo 348 (vicio de inconstitucionalidad); y, en materia de referendo revocatorio, se refuerza al extremo el poder del CNE que como órgano del Estado debe estar al servicio de la soberanía popular y no a la inversa, razones suficientes por las que solicitamos a esa Honorable Asamblea Nacional que rechace en segunda discusión el citado Proyecto de Ley, total o parcialmente conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Finalmente, responsablemente hacemos del conocimiento de la Asamblea Nacional, que ante la incertidumbre reinante en el país frente a un Presidente de la República aferrado al poder, sin importar las necesidades y sufrimiento de toda la población, nuestra propuesta “Proyecto País Venezuela Reconciliada… Vía Constituyente” (http://proyectopaisviaconstituyente.blogspot.com), tiene hoy más vigencia que nunca, por cuanto sostenemos que no basta con cambiar un Presidente por otro sino que es necesario acometer sin más dilación, el cambio profundo del sistema político y de la sociedad a través de la convocatoria por iniciativa popular al Poder Constituyente Originario (artículos 5, 347 y 348 Constitucional), como poder soberano previo y total, que puede, en todo momento, modificar y transformar el ordenamiento constitucional, actuando como titular de la soberanía, sin limitación o cortapisa alguna por parte de los poderes constituidos.

Para el logro de este objetivo, el MID junto a otras organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y movimientos políticos de todo el país, bajo la coordinación de la Alianza Nacional Constituyente (ANC), hemos dotado a la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa popular de un mecanismo operativo inédito, denominado Bases Constituyentes. Propuesta de los Ciudadanos para la Reconciliación y el Cambio, contentivo a su vez de las Bases Comiciales, redactado con fundamento en los artículos 2, 5, 19, 22, 39, 40, 62, 70, 347, 348 y 349 de la Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por la República (http://ancoficial.blogspot.com/).

Nuestra decisión en modo alguno pretende dividir o confrontar las alternativas propuestas por esa Honorable Asamblea Nacional para dar lugar al cambio de gobierno, más somos consecuentes con nuestros principios y creemos firmemente que en este año, con el concurso de todos los venezolanos, teniendo como norte la reconstrucción de Venezuela, podemos a través del ejercicio directo del Poder Constituyente Originario, convocar por iniciativa popular a una Asamblea Nacional Constituyente, en los términos propuestos en las Bases Constituyentes y Bases Comiciales, y que la Asamblea Constituyente adopte soberanamente las decisiones que estime necesarias y convenientes para dar solución a las penurias que padece la población, para lo cual existen constituidas en varios estados del país “Juntas Activadoras del Poder Constituyente Originario”.

A título de reflexión, en el derecho legítimo que esa Asamblea Nacional atienda nuestra petición y no coarte inconstitucionalmente la fuerza popular impulsada por la necesidad de dar satisfacción oportuna y eficiente al restablecimiento de la democracia y la unidad nacional, a través de la discusión y concertación de un nuevo Proyecto de País en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente, tomamos prestadas las palabras del Dr. Luis Manuel Aguana, miembro de la Alianza Nacional Constituyente, escritas para comunicar la ACTIVACION DEL PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO A NIVEL NACIONAL en acto celebrado el pasado 17.03.2016, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Caracas, que citamos a continuación:

“Finalmente, quiero hacer mías las palabras del Dr. Paúl Escovar coordinador de la Alianza Nacional Constituyente del Estado Carabobo en el evento de lanzamiento el día de hoy: “...yo quisiera que mis hijos, que mis nietos, me recordaran como una generación distinta, no como la generación de aquel país que fue un país de fuga, yo quiero dar paso a ese recuerdo y que nos recuerden como esta generación que decidió quedarse en el país, que decidió con pasión luchar por su reconstrucción. Quiero que se sientan orgullosos de nuestra decisión; quiero al igual que nosotros que tuvimos aquel país maravilloso donde los sueños y las realidades parecían convivir, quiero que ellos sientan lo mismo, y que mañana puedan decir con orgullo, mis abuelos, mis antepasados, tomaron la decisión acertada y por eso vivimos en este país maravilloso de hoy...”. Y yo les digo, comencemos desde hoy a construirlo sin perder más tiempo. Hay que seguir creyendo en los poderes creadores del pueblo venezolano...” (Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/ Artículo titulado “ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE”, Caracas 17 de marzo de 2016). Negritas añadido.

Solicitud de derecho de palabra. Con fundamento en el artículo 211 de la Constitución en nuestra condición de ciudadanos venezolanos e integrantes del Movimiento Independiente Democrático (MID), pedimos un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional o la Comisión Permanente que corresponda, durante el procedimiento de discusión y aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Referendos, en los términos que establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional. Agradeciendo que nos sea comunicada con suficiente antelación la respuesta para coordinar el traslado desde San Cristóbal a la ciudad de Caracas.

En espera de oportuna respuesta a las peticiones contenidas en la presente comunicación, citamos la siguiente dirección: Las Vegas de Táriba, C.C. Las Vegas, Apto único, Estado Táchira, nuestro correo electrónico jorgeran39@gmail.com, y teléfono de contacto: 0424-748.87.10 Sr Jorge Emiro Rangel.

Un ejemplar de la presente petición, será dirigido a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por la Diputada Dra. Delsa Solórzano.

Atentamente,

Ing. Enrique Colmenares Finol (C.I. V-1.556.712), Jorge E. Rangel M., Coordinador General (C.I. V – 698.771) Ing. Ilander F. Delgado V. (C.I. V-3.996.983) y Abog. E. Yudith Medina M (C.I. V-5.654.677)

Debe estar claro para todos que no es posible seguir con el actual esquema cambiario. Lejos de evitar la fuga de capitales la ahuyentó: desde el 5 de febrero de 2003, fecha en que fue implantado el control de cambio, hasta el tercer trimestre de 2015, salieron por la Cuenta Financiera y la de Errores y Omisiones de la balanza de pagos, $162 millardos, casi nueve veces lo que se fugó por estas cuentas -$18,9 millardos- en los 40 años de democracia anteriores a Chávez (1959-1998).

En vez de defender las Reservas Internacionales, estas son hoy son menores que el monto que justificó la medida: para el 23 de marzo del presente año, apenas sumaban $13,2 millardos, el menor monto desde comienzos de octubre de 1998. Tampoco fortaleció al bolívar, ya que éste se ha depreciado brutalmente como lo revela la inflación, la mayor del mundo en los últimos dos años y con miras a conquistar este deshonroso título de nuevo en 2016. Se concluye, por tanto, que el control de cambio no tuvo ninguna finalidad económica.

Su objetivo fue claramente político: preservar las divisas para usufructo de la “revolución” y racionar su oferta a la sociedad como instrumento de manipulación. Ahora que el precio internacional de petróleo se ha desplomado y para 2016 la oferta de divisas será menos de un tercio de lo que fue hace dos años, este sistema no aguanta más. Pretender conservar un dólar a Bs 10 para uso exclusivo del Estado es insostenible. Apenas cubre la importación de algunos rubros alimenticios y farmacéuticos, en cantidades claramente insuficientes. Tampoco este dólar barato mantiene bajos sus precios: la inflación en el sector de alimentos ha sido consistentemente la más alta a lo largo de estos años. Además, la escasez hace que muchos sólo puedan comprar estos productos a precio de bachaquero. Finalmente, un tipo de cambio de Bs. 10 por dólar, extrema la sobrevaluación del bolívar e impide competir con producción doméstica.

Por supuesto que detrás del actual disparate cambiario están los pingües negocios de aquellos que están en posición de ponerle la mano al dólar barato y revenderlo 100 veces más caro en el mercado paralelo. Porque este sistema cambiario, que no genera beneficio alguno a la población ni al país, dispara el precio del dólar en el único mercado en que es seguro conseguirlo; el paralelo. Si se logra vender en un país vecino cualquier rubro cuyo precio esté regulado, generará en bolívares -a este tipo de cambio estratosférico-, una fortuna. El mayor negocio de todos es, por supuesto, el de la gasolina que, incluso con los nuevos precios, puede venderse en Colombia o el Caribe a precios centenares de veces superiores. Elogio del Pino, presidente de PdVSA, estimaba que para finales de 2014 el contrabando de este combustible estaba entre 50.000 y 100.000 barriles diarios. ¿Y quiénes custodian la frontera?

Entonces, si para todos, menos los mafiosos enchufados en el alto gobierno, es menester desmontar este sistema corrupto e ir a unificación cambiaria, ¿cuál sería el precio previsible del dólar y cómo afectará los precios domésticos?

La respuesta, obviamente, tiene que ver con cómo se produce la unificación cambiaria. Su éxito dependerá de un ajuste macroeconómico que sanee las cuentas fiscales y elimine el financiamiento monetario del gasto público con la impresión de billetes por parte del BCV. Pero se precisa, adicionalmente, de un generoso financiamiento externo, en el orden de $35 millardos, para atender los compromisos de 2016. Además, habría que desmontar los controles que mantienen asfixiada a la economía privada para que ésta pueda responder a las oportunidades que habrán de abrírsele.

En estas condiciones y con un equipo de gobierno altamente calificado que genere confianza, el precio del dólar podría estabilizarse en torno a su valor real de equilibrio. Éste es aquel que equipara el poder de compra interno del bolívar con su capacidad adquisitiva externa. Ello requiere abatir la inflación, pues si ésta no se controla este tipo de cambio no podrá estabilizarse.

Para el cierre de 2015, este valor estaba entre 100 y 110 Bs/$. Como quiera que la inflación en el primer trimestre de 2016 frisa ya el 50%, el tipo de cambio de equilibrio tendría que ajustarse en esa proporción, por lo que en estos momentos (3 de abril), un dólar tendría el mismo poder adquisitivo que unos 150 a 165 bolívares. De manera que la unificación cambiaria que, en el mejor de los casos, podría ocurrir para el mes de junio, comenzaría, de acuerdo con esta tendencia, con un dólar por los 200 o 220 bolívares. ¿Representa esto una fuerte devaluación que haría saltar los precios como temen muchos? Veamos.

Según cifras del BCV, que llegan al tercer trimestre de 2015, la mitad de las importaciones –un pelo más- las hizo el sector público y la otra mitad –un pelo menos- las efectuó el sector privado. Para el sector público, estas importaciones se hicieron a una tasa promedia de 6,87 Bs/$ durante el tercer trimestre, mientras que para el sector privado, fue a una tasa promedia de 268 Bs/$. El promedio global fue de Bs. 122,9 por cada dólar. Pareciera que, de unificarse el tipo de cambio a Bs. 220/$, habría devaluación y los bienes importados se encarecerían. Pero para afirmar esto, tenemos que saber cómo evolucionaron estas tasas de cambio luego del tercer trimestre de 2015.

Encontramos que, al medir la diferencia (exceso) entre el tipo de cambio (promedio) de las importaciones privadas y la tasa oficial de cambio y compararlo, trimestre a trimestre, con el llamado dólar paralelo desde 2010, encontramos que exhiben exactamente el mismo comportamiento, como muestra el gráfico (Fuente: BCV; Dólar Today; y cálculos propios). Es decir, ambos varían exactamente en la misma proporción, trimestre a trimestre. Este hallazgo corrige dos percepciones erróneas. La primera, que las transacciones con el dólar paralelo son marginales; y la segunda, que éstas son de naturaleza especulativa, por lo que no reflejan transacciones reales. Como el Banco Central también suministró cifras sobre ingreso y egreso de divisas hasta esa fecha (tercer trimestre de 2015), podemos saber que los operadores cambiarios –Cencoex, Sicadi- entregaron menos de un tercio de los dólares requeridos para las importaciones privadas durante 2015. Y esta proporción fue disminuyendo, ya que los operadores cambiarios apenas cubrieron un 18% de las importaciones privadas en el tercer trimestre. Por tanto, podemos concluir que una mayoría significativa de las importaciones privadas se hicieron con un dólar “no oficial” –el único disponible. Ello explica por qué estas importaciones exhiben una tasa de cambio que varía en igual proporción que el dólar paralelo. La altísima correlación entre ambas cotizaciones permite proyectar a qué tipo de cambio se están efectuando las importaciones privadas en la actualidad.

Desde el 30 de setiembre de 2015, el “paralelo” se ha incrementado en un 43%, por lo que podemos suponer que la tasa de cambio de las importaciones privadas se incrementó en igual proporción. El tipo de cambio promedio para las importaciones del sector privado estaría, así, en unos 383 Bs/$ para comienzos de abril. Con tal comportamiento, llegaría a unos 450 Bs/$ a comienzos de junio, una tasa que duplica nuestra proyección del tipo de cambio promedio para esa fecha.

¿Y las importaciones del sector público, la otra mitad? La caída drástica en los ingresos por exportación del petróleo permite conjeturar que algunas se están realizando a un tipo de cambio superior a Bs 10/$. Pero no tenemos la información precisa. En todo caso, la tasa promedio del total importado –público y privado- no podría estar en menos de unos 220-230 Bs/$ para comienzos de junio y con toda seguridad sería más alta. Es decir, un tipo de cambio unificado en torno a su valor real de equilibrio –entre 200 y 220 Bs/$- implicaría una ligera revaluación, no devaluación.

¿Qué nos dicen estas cifras? Que, de hacerse ya los ajustes requeridos para unificar en junio el tipo de cambio, la mitad de las importaciones –las que realiza el sector privado- se abaratarían, en promedio, en un 50%. Las que efectúa el sector público se encarecerían significativamente con relación a las que se hacían el año pasado al tipo de cambio oficial. Sin embargo, la experiencia indica que, para buena parte de los consumidores finales, el precio a que se consiguen muchos de estos bienes -que se supone regulados- no guarda relación con su precio de internación, ya que la escasez resultante hace que sólo se consigan a precio de bachaquero. De manera que tampoco en el caso de las importaciones públicas el impacto sobre los precios sería, en promedio, significativo.

El problema es que para una proporción creciente de personas, sus magros ingresos los obliga a pasar horas de cola bajo el sol para comprar los bienes regulados que pueda conseguir. A ellas no les sirve eso del promedio, por lo que deben instrumentarse políticas compensatorias –transferencias monetarias y/o precios subsidiados a través de los canales de comercialización del Estado (Bicentenario, Pdval, Mercal)- mientras la reactivación del aparato productivo permita ofrecerles empleos bien remunerados.

Como hemos argumentado en otros trabajos, la altísima capacidad ociosa del sector privado augura un crecimiento inmediato de la producción una vez se desmonten los controles que la tienen asfixiada, sobre todo si se consolida un ambiente de baja inflación, de confianza y con creciente apoyo –financiamiento- internacional.

La escasez de divisas representa la principal restricción de la economía actualmente. Desmontar el nefasto sistema de control cambiario es imperativo. Para unificar el tipo de cambio se precisa de un ajuste macroeconómico y del financiamiento internacional, que le den sustento. Acompañado del levantamiento de los controles que hoy aplastan la actividad económica, la unificación cambiaria liberará el aparato productivo venezolano, generando empleo bien remunerado, abasteciendo al mercado doméstico y sustituyendo importaciones. Quitando estos controles, incluido el de cambio, se reducirán significativamente los costos de transacción, permitiendo mayor fluidez y capacidad de respuesta en la producción y circulación de bienes, y mayores economías por el aprovechamiento cabal de las plantas industriales, hoy en buena parte ociosas. De manera que, al lado del abaratamiento de muchas importaciones por la unificación cambiaria, habrá una reducción adicional de costos al liberarse la economía de las férulas que está “revolución” le ha impuesto.

El hambre que azota cada vez más a la población y las penurias asociadas al desabastecimiento de medicamentos, alimentos, repuestos y otros bienes, clama por una rectificación inmediata. En ésta, la unificación del tipo de cambio y las medidas que la acompañan, habrán de jugar un papel central. Desde luego, el cambio urgido ataña a la esfera de lo político. Debe enfrentar el grave escollo de los intereses creados en torno a las oportunidades de expoliación de la riqueza social que ofrece el actual régimen cambiario corrupto y cuya defensa da lugar a prácticas fascistas por parte del gobierno.

Más allá de los mafiosos, no puede desestimarse la nueva clase de bachaqueros, clase parasitaria, que ha cultivado la política oficial de controles y que tiene interés en el mantenimiento del actual sistema. Por último, un tsj abyecto, dispuesto a darle piso “legal” a todos los atropellos de Maduro y su gente, dan la dimensión de las dificultades que hay que vencer. Pero con mayor razón aun, las fuerzas democráticas deben aprovechar los espacios ganados para plantear con la fuerza de la razón, los cambios requeridos y suscitar los apoyos necesarios para ello tenga éxito.

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

31 voces calificadas exponen un plan de acción concreto para su manejo y aprovechamiento del vital líquido

Agua en Venezuela: una riqueza escasa, expone temas como la distribución geográfica de los recursos hídricos, usos actuales y potenciales como fuente energética, ecosistemas acuáticos, el cambio climático y sus posibles efectos, la calidad del agua y su contaminación, el agua y la agricultura, el agua y la industria, el agua y el turismo, entre muchos otros aspectos que resaltan la importancia de la conservación de este vital recurso no renovable. Incluye también una agenda para la investigación y formación de recursos humanos para su aprovechamiento, y un mensaje final en el que se recoge una verdadera agenda de gestión y soluciones a los diagnósticos presentados.

“Haber hecho posible la publicación de esta obra enorgullece a Fundación Empresas Polar, porque estamos ofreciendo al país un material de consulta obligada para quienes están vinculados con el agua, su manejo, utilización y conservación. Llega en buen momento para presentar propuestas y soluciones tangibles para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos”, dijo durante el encuentro Leonor Giménez de Mendoza, presidenta de Fundación Empresas Polar.

Para Arnoldo Gabaldón, editor principal de esta obra, Venezuela es un país con una gran riqueza de agua, y fue enfático al afirmar que es posible un futuro sustentable en materia hídrica, si se aprovecha, administra y toma decisiones con suficiente antelación. “Son muchísimas las propuestas que se formulan en este libro acerca de cómo debe medirse el agua como recurso, métodos para la conservación de las cuencas hidrológicas, uso eficiente del agua para distintos propósitos, las tecnologías existentes para la conversión de aguas marinas a aguas dulces, los tratamientos de las aguas contaminadas y la planificación de los recursos económicos en este sentido”, indicó Gabaldón.

Para Gisela Goyo, coordinadora de Ediciones de Fundación Empresas Polar, esta obra tiene una gran importancia por su sólido contenido científico y por su aporte proactivo, pues además de presentar el estado del arte del agua, es una oferta de plan de acción muy concreto y riguroso. “Este libro que presentamos es producto del esfuerzo e investigación, de 31 expertos venezolanos. Su gran virtud es que está escrito de manera que no sólo está dirigido a académicos, sino que es comprensible para cualquier interesado en buscar soluciones al tema del agua en Venezuela”, indicó Goyo.

El libro contó con el diseño de Álvaro Sotillo, reconocido diseñador venezolano, y la corrección de sus contenidos de la mano de Alberto Márquez. La publicación también estará disponible en la Librería de Ediciones Fundación Empresas Polar.

Sobre el Comité Editorial

El doctor Arnoldo Gabaldón es ingeniero Civil de la Universidad Católica Andrés Bello, exministro del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (1977- 1979), actualmente profesor de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.

Como parte del Comité Editorial, participó en el proyecto Aníbal Rosales, especialista en suelos y cuencas hidrográficas, consultor ambiental desde hace 40 años y actual profesor de la Universidad Católica Andrés Bello; Eduardo Buroz, especialista en Ciencias Ambientales de la Universidad Metropolitana, profesor de Planificación de Recursos Hidráulicos, y actual miembro de la academia de Ingeniería y Hábitat.

También aportó al estudio, José Rafael Córdova, experto en Hidrología y aprovechamiento de recursos hidráulicos, actualmente profesor de la Universidad Simón Bolívar y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela; Germán Uzcátegui, quien fue asesor de Hidroven y sus empresas filiales y presidente del antiguo INOS entre otras instituciones gubernamentales, actualmente coordinador de los cursos de postgrado en Aguas y Tierras en la Universidad de Los Andes y profesor de los departamentos de Hidráulica en la UCAB y la Universidad de los Andes; y, Laila Iskandar, experta en Ecología, Ambiente y Sustentabilidad y actual profesora de la UCAB.

Una obra de años de investigación, con propuestas y plan de acción integral

Laila Iskandar, del Comité Editorial, expone los objetivos principales de la obra. “Este libro plantea el estado actual del recurso en el país, da a conocer que sí hay una problemática asociada y propone alternativas y soluciones para su manejo y conservación. Es fundamental tomar conciencia de que cada uno de nosotros somos corresponsables como ciudadanos”, dijo.

Iskandar catalogó la degradación y la deforestación en las cuencas hidrográficas como uno de los principales factores de riesgo para la preservación de las aguas dulces. “La idea es preservar los ecosistemas que garantizan la cantidad y la calidad del agua, tanto para el uso directo como para algo vital como lo es la hidroelectricidad”.

Por su parte, Aníbal Rosales, especialista en cuencas hidrográficas y coautor, reveló que Venezuela es uno de los países privilegiados en el mundo por su riqueza hídrica. “No obstante, existe un desequilibrio de la ubicación de las aguas con respecto a las poblaciones. La población está mayormente concentrada en la zona norte costera y ahí es donde hay menos agua dulce. Este desequilibrio es lo que produce la escasez, entendiendo que la riqueza de agua está al sur del país, proveniente del río Orinoco y Caroní”.

Eduardo Buroz, especialista en Ciencias Ambientales, también aportó su experiencia en la elaboración de este importante ejemplar cerca del vital líquido. “Los flujos del agua en nuestros ríos son cíclicos. Por eso necesitamos disponer de tantos embalses como lo permitan nuestros ríos y como lo requiramos para nuestro abastecimiento y el de nuestras actividades económicas”, aseguró.

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31 de marzo