Un ejercicio de contraloría social en Venezuela, permite evidenciar la debilidad institucional con la cual el Gobierno venezolano enfrenta estratégicamente el problema de la escasez del agua en Venezuela. En el año 2013, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó la Ley Plan de la Patria 2013-2019, que viene a ser la hoja de ruta del gobierno para construir un Estado Socialista y cuyo texto reconoce expresamente la inexistencia de las instituciones públicas en materia de gestión integral del agua que exige la Ley.

La Ley de Aguas que fue publicada en Gaceta Oficial el 2 de enero del año 2007, hay que destacar, reconoce al agua como un derecho humano y como un bien social, que además es indispensable para la vida, el bienestar humano, y el desarrollo sustentable del país; además, el texto legal destaca el carácter estratégico que tiene el agua para el Estado venezolano y declara expresamente el dominio público de todas las aguas del territorio nacional, sean continentales, marinas, insulares, superficiales y subterráneas.

Esa Ley del 2007, obliga al Estado Venezolano a garantizar el acceso al agua a todos los venezolanos sin excepción y a diseñar una mejor gestión integral del agua asumiendo las cuencas hidrográficas como unidades territoriales para el desarrollo de las políticas públicas. A tal fin, dividió al territorio venezolano en 16 regiones hidrográficas. La participación ciudadana y el aprovechamiento eficiente, equitativo, óptimo y sostenible son principios en los cuales debe reposar la gestión integral del agua.

Legalmente, el Estado debería haber conformado 16 Consejos de Región Hidrográfica, para cumplir una labor de consulta, concertación y toma de decisiones sobre la mejor gestión del agua. La inexistencia de estas instancias regionales, impide que institucionalmente se pueda desarrollar una adecuada coordinación en la relación gobierno nacional, estadal y municipal en materia de gestión integral del agua.

La omisión del Estado en activar y desarrollar a lo largo de estos casi 10 años estas instancias, dejan a los Alcaldes y Gobernadores, sin un espacio institucional en el cual abordar responsablemente las decisiones que deben tomarse para una mejor gestión integral del agua e impide evidentemente, la adecuada promoción institucional para la concertación en esta materia con las comunidades y grupos vecinales de la región.

Es oportuno señalar, que la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable ySaneamiento, publicada el 31 de diciembre 2001, pone en evidencia que por más de una década, el Estado venezolano tampoco ha logrado desarrollar efectivamente las instancias que ese texto legal reclama en su diseño institucional.

Esa Ley del 2001 creó una Oficina de Desarrollo de Servicio de Agua Potable, identificada legalmente como la responsable de las políticas y planes estratégicos del sector, y también exige la creación de una Superintendencia Nacional de Agua Potable, reconocida como la instancia pública responsable de la regulación y control sobre la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

La inexistencia de la Oficina de Desarrollo de Servicio de Agua Potable, nuevamente excluye a las Alcaldías y Gobernaciones de otro espacio institucional para participar de manera directa y efectiva, con la autoridad que se le ha conferido por voto directo, secreto y universal, en las políticas relacionadas con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

Por su parte, la omisión del Estado en crear la Superintendencia Nacional de Agua Potable, impide al ciudadano ejercer su derecho efectivo a la información sobre la calidad del agua potable y más aún, le reduce las oportunidades de ejercer el derecho de reclamo por la prestación del servicio, pues lo limita a acudir en primer lugar a la empresa prestadora del servicio y si no logra respuesta, entonces a las autoridades municipales o del distrito metropolitano, según sea el caso, que de no estar involucrados en los espacios institucionales no podrán dar respuestas efectivas.

La propia Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, facilitaba al ciudadano que de no obtener respuesta de ningún actor señalado en el párrafo anterior, entonces la queja podría ser presentada ante la mencionada Superintendencia.

En Venezuela, el Ministerio responsable en materia de agua potable y saneamiento, es el Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Agua, creado el pasado 7 de abril de 2015, y cuya misión se concentra en la labor política de construir un modelo económico productivo ecosocialista, en el que haya relación armónica entre hombre y naturaleza, y en el cual se garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando procesos y ciclos de la naturaleza. (Ver plataforma oficial online en:http://www.minea.gob.ve/ministerio/)

Este ministerio sustituyó al denominado Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo creado el 4 de septiembre de 2014 y el cual, a su vez, sustituyó al histórico Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables cuya trayectoria hay que buscarla desde los años 70.

Por lo tanto el problema de la escasez del agua se está abordando desde instituciones muy nuevas y con la aparente inexistencia de un Consejo Nacional de Aguas, que es otra de las instancias políticas que la Ley de Aguas creó en el año 2007. Cuando se dice “aparente”, es porque en el año 2014, el Presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión nacional creó un Consejo Nacional de Aguas, cuya labor sería abordar el problema de lasequía; pero curiosamente, en el año 2015, nuevamente en cadena de radio y televisión nacional, el mismo Presidente Maduro, hace pública la novedad de crear un Consejo Nacional Presidencial del Agua.

La ausencia de información pública en Venezuela, no permite identificar si ambos Consejos coexisten, si hubo recomendaciones del primero o si bien el segundo sustituyó al primero, e incluso no resulta fácil saber qué destino tuvo el segundo Consejo anunciado en el 2015.

El Consejo Nacional de Aguas, al cual hace mención la Ley de Aguas de 2007, es definido como un espacio de consulta, de concertación y entre sus funciones esenciales está la asesoría en materia de políticas y estrategias para la conservación y el uso sustentable de agua. En ese Consejo deberían estar presentes un representante de la Asamblea Nacional, representación de cada uno de los 16 Consejos de Región Hídrica que deberían existir, usuarios institucionales de agua, Instituto Nacional de Indígenas y representación del Gobierno Nacional.

Ante la problemática que se vive Venezuela, la nueva Asamblea Nacional, electa en diciembre 2015, logró con su mayoría, poner el tema en la agenda y llegar a un Acuerdo aprobado por unanimidad en el que se deja reconocimiento de la crisis de agua que afecta actualmente a Venezuela.

Artículo escrito para portal web IAGUA.ES

http://www.iagua.es/blogs/carlos-romero-mendoza/crisis-agua-y-debilidad-...

18 de febrero 2015

Dice el refrán popular que guerra avisada no mata soldado; pero hay casos en que la guerra no es declarada sino escondida, soterrada, para lograr sus objetivos de manera solapada y maliciosamente; tal es el caso de la llamada “guerra mediática”. Por ello es necesario advertir a la ciudadanía que hay una operación propagandística, orquestados desde la sala situacional que representa los intereses de Miraflores, con probable intervención de la asesoría del G2 cubano, y promovida y difundida por el canal VTV-8 (El que se suponía era de todos los venezolanos). En las redes sociales, como Facebook y otros medios de difusión rápida y masiva, se promueven videos cortos en contra de la nueva Asamblea Nacional para desprestigiarla. A veces aparecen bajo el inocente título de “VIDEOS SUGERIDOS”. Varios de ellos ya han sido previamente difundidos en la programación de VTV.

Estos videos, a veces basándose en medias verdades (que es lo mismo que decir mentiras) y otras en evidentes mentiras, manipulando hábilmente imágenes y sonido de acuerdo al momento preciso en que se usan y a como se presentan, usando métodos que nos recuerdan a los ya utilizados bajo el régimen nazista de la Alemania hitleriana, tratan de minar la decisión que en la urnas de votación tomó el pueblo venezolano. Tratan desesperadamente de recuperar el terreno político que han perdido. Aquí, en nuestro país, existen personas especializadas en ese tipo de guerra política sucia; incluso con asesoría y participación de extranjeros amigos del régimen; esto sucede no solo en el campo político, sino también en el económico, como es el caso de fichas políticas del partido español Podemos.

A manera de ejemplo. Los diputados de la MUD a la A.N. no son todos viejos y decrépitos y de la mal llamada 4º República, como se quiere hacer ver en alguno de los mencionados videos. Entre los diputados tenemos representantes que aunque no sean jóvenes tienen ideas renovadas y de avanzada. Igualmente, se quiere hacer ver que los jóvenes diputados son “sifrinos”, o estúpidos superficiales, cuando la verdad es que constituyen la nueva generación que se integra a la política nacional y le dan vitalidad.

Puede ser que no estés totalmente de acuerdo con las acciones de la MUD. La diversidad de opiniones es parte del juego democrático, cosa que por cierto no ocurre en los sectores oficialistas; pero de ahí a enfrentarla y despreciarla, como pretenden los manipuladores del canal del gobierno (que no del pueblo), eso es otra cosa muy distinta. Los logros políticos que se han conseguido recientemente, entre los cuales resalta el resultado de las elecciones del 6 de diciembre pasado, no son el producto de la improvisación; pero si, en gran medida, de la unión y la acción conjunta de partidos políticos democráticos, de otras asociaciones de la sociedad civil organizada no partidista y el apoyo de una gran mayoría de independientes; también se ha contado con grupos e individualidades, antiguamente oficialistas, y hoy desengañadas por los terribles resultados de las acciones de quienes hoy nos malgobiernan. El camino a recorrer es y será difícil pero solo la unión y la acción conjunta coincidente, aunque exista divergencia de opiniones, nos salvará de caer nuevamente en el dominio total de la boliburguesía inepta y corrupta, que incluso traicionó los principios inicialmente planteados en el movimiento chavista, y es la que nos ha llevado a la terrible crisis social y económica que estamos padeciendo.

NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA, NO DIFUNDAS INFORMACIONES FALSAS Y TENDENCIOSAS. ANTES BIÉN, OBSÉRVALAS Y ANALÍZALAS CON CUIDADO Y DESCUBRE LA MANIPULACIÓN QUE SE PRETENDE HACER, CREANDO UNA “Matriz de opinión” EN CONTRA DE LA ASAMBLEA NACIONAL.

Profesión: Ciudadano

17 de febrero de 2016

La corrupción produce graves daños, sin embargo, para muchos pareciera ser un delito menor. Consideran que no es lo mismo atracar a mano armada que cobrar una comisión por un contrato con el Estado. Están equivocados. La corrupción no es un delito sin sangre. La corrupción mata.

El hallazgo de miles de medicinas vencidas en los depósitos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) dependiente del Ministerio de la Salud, realizado por los diputados José Manuel Olivares y María Pérez en días pasados, confirma lo que otros parlamentarios ya habían denunciado en 2010 y 2014: Funcionarios se enriquecieron importando medicamentos caducados desde Cuba a cambio de millonarias comisiones. Se trata de productos para el tratamiento de problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, sida y cáncer, entre otras enfermedades, que el gobierno cubano intermedió a cambio de colosales ganancias, como en el sector de los alimentos y el eléctrico.

Las preguntas que se hicieron los parlamentarios tanto ayer como hoy son las mismas:

¿Los medicamentos llegaron vencidos o se vencieron en los depósitos del Sefar? ¿Cuál pudo ser la causa? ¿Es la evidencia de otro negocio ilícito más con el diferencial cambiario? ¿Tal vez uno de los muchos episodios de lobby político internacional del Gobierno, o simplemente otro capítulo de proverbial desidia burocrática? La respuesta más cercana a la realidad parece ser: todas ellas, como afirmamos en el capítulo Las medicinas más caras vienen de Cuba en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos.

El Ministerio de Salud nunca contestó ni estas ni otras interrogantes. Los ministros que se sucedieron desde 2004 hasta 2015 ni siquiera respondieron a las observaciones que hiciera la Contraloría General de la República (CGR), en especial en las memorias de 2010 y 2011. Los informes de la CGR señalan que las medicinas se compraron con un lapso de expiración muy cercano a la fecha de importación y fueron pagadas a Cuba por adelantado. El incremento en los precios de un año a otro, por el mismo medicamento, llegó a ser de 9.000%, sin justificación, como señala el informe de la CGR de 2013.

El Sefar tiene como misión producir, adquirir y distribuir medicinas en hospitales, ambulatorios y en la red primaria de salud. Las metas de elaboración de medicamentos genéricos no se cumplen desde hace cinco años. La fabricación está parada, más no así la importación. La memoria y cuenta de 2014 del Ministerio de Salud revela que solo se fabricaron 8 millones de unidades de fármacos, pese a que la meta era de 18. Sin embargo, en ese mismo año el Sefar registró el volumen más alto en distribución de medicinas importadas de su historia: un total de 513 millones de unidades.

Es evidente que la prioridad del Sefar no es la producción de medicamentos hechos en Venezuela sino la importación. La compra de productos a punto de vencer que valen la mitad en los mercados internacionales pero que facturan como si fueran medicamentos vigentes genera grandes comisiones para los involucrados. Pero ahí no termina el negocio: Muchos de esos productos se queman para comprar más. Desde 2004 ha sido práctica común del Sefar incinerar los productos vencidos. Solo entre 2008 y 2009, el Ministerio de Salud pagó 1,2 millones de bolívares por dicho concepto a empresas en Maracay y La Guaira.

El Sefar ha tenido varios responsables, al igual que en el caso de los alimentos y otros sectores sensibles de la economía, éstos han sido principalmente militares. La corrupción - delito que no prescribe - causa daños profundos e irreparables a la sociedad, pero en el caso de la salud, es aún más criminal.

www.carlostablante.com

@TablanteOficial

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Los sectores agroalimentarios importadores en Venezuela han desempeñado un rol clave en la producción de alimentos. Plantear que la opción fundamental para enfrentar la crisis alimentaria en curso es incentivar la producción agrícola nacional, es desconocer el rol que dichos sectores desempeñan. Adicionalmente puede tener impactos negativos, en especial en el acceso de los consumidores de más bajos ingresos a los alimentos.

La dependencia alimentaria es un fenómeno de vieja data en la economía venezolana; sin embargo a partir del boom petrolero de la década de 1970 toma nuevos bríos, lo cual se reflejó en el brusco incremento del componente importado del consumo. En ese momento los sectores agroalimentarios más integrados al exterior proveyeron 60% de las calorías consumidas según estimaciones de especialistas de la Fundación Polar. A partir de inicios de la década de 1980 los precios e ingresos provenientes del petróleo comenzaron una carrera descendente lo cual generó un estrés sobre los sectores importadores que disminuyó su importancia y los obligó a adecuarse a la nueva situación, sin embargo siguieron desempeñando un rol relevante en el consumo de cereales, grasas y aceites y carnes.

Dada la importancia de los sectores agroalimentarios importadores en el consumo, los diversos gobiernos que transcurrieron entre la década de 1970 y 1998 mantuvieron la política de concederles dólares preferenciales a fin de aminorar las presiones inflacionarias. Ello generó una estrecha relación entre el acceso de los consumidores a los alimentos y el componente importado del consumo, lo cual se ha evidenciado en análisis cuantitativos elaborados por investigadores especializados en el área agroalimentaria.

Entre el año 2004 y el año 2010 atravesamos por un nuevo boom petrolero que permitió la concesión de dólares preferenciales en abundancia a los sectores importadores. Adicionalmente el gobierno contó con los recursos necesarios para implementar una política social y alimentaria, con fines político electorales, orientada a incrementar el poder de compra de los consumidores de más bajo ingreso.

Los programas alimentarios de subsidio al consumo como Mercal se aprovisionaron fundamentalmente de alimentos importados o con un elevado componente externo. El sesgo de Mercal hacia las importaciones ocasionó que grupos de alimentos con un bajo componente externo (en el periodo previo a la existencia de Mercal), como el azúcar y la carne vacuna, aumentaron este de manera sustancial. Las importaciones de carne, que eran insignificantes en el periodo previo a la existencia de Mercal, llegaron a representar 50% del consumo.

Los sectores importadores vivieron un periodo estelar; así fue el caso de la industria avícola la cual tuvo una dinámica de crecimiento entre las más destacadas de América Latina según representantes de la industria. La dependencia alimentaria tomó nuevos bríos como ocurrió en la década de 1970; ello se reflejó en el comportamiento de las importaciones agroalimentarias las cuales ascendieron de 1469 millones de dólares en el año 2003 a 8122 millones en el año 2012, aumentando más de cinco veces su valor.

En el año 2004 especialistas del CIAAL de la Universidad de los Andes elaboraron una lista de los diez alimentos que más contribuyeron como aportadores de calorías y proteínas a la dieta del venezolano, clasificándolos por la importancia de su aporte. El mayor aportador de proteínas fue la carne de pollo. De los cinco principales aportadores de proteínas tres eran generados por sectores fuertemente imbricados con el aprovisionamiento externo: carne de pollo, harina de trigo para pan y pastelería y harina de trigo para pastas. En otras palabras el suministro de proteínas descansa fundamentalmente en los sectores importadores. De los aportadores de calorías cinco eran producidos por sectores importadores: aceite, harina de trigo para pan y pastelería, carne de pollo, margarina, harina de trigo para pastas.

En la coyuntura actual la situación de escasez y carestía de los alimentos que se perfilaba en años previos se ha agravado. Ya en el año 2014 con un precio de la cesta petrolera venezolana que rondaba los 90 dólares el índice de escasez se remontó a 35% y la inflación ascendió a 68%. En ese momento era evidente que la escasez y la inflación no se debían a la caída de los precios petroleros sino a la política gubernamental. En el periodo posterior la situación se ha agravado debido al colapso de los precios del petróleo, pero la política gubernamental sigue pesando como el factor fundamental detrás de ambos fenómenos. El grave déficit de divisas que enfrentamos se une a la política gubernamental para generar un fuerte estrés sobre la actividad productiva en general y sobre los sectores importadores en particular.

Desde hace tiempo las políticas de los diversos gobiernos venezolanos, en relación a los sectores agroalimentarios importadores, han sido pragmáticas reconociendo el rol de estos sectores como elemento claves en la producción de alimentos e implementando medidas para aliviar el estrés que sufren en los periodos de escasez de divisas. Sin embargo como en oportunidades anteriores estos deben adecuarse a la coyuntura, pues algunos de ellos pueden haberse sobredimensionado debido a la abundancia de dólares preferenciales en el pasado reciente.

Plantear que la principal alternativa frente a la crisis alimentaria que enfrentamos es impulsar la producción agrícola nacional no parece ser una decisión conveniente. Dejando de lado que la respuesta de la agricultura a los incentivos es normalmente lenta, es necesario considerar la poca eficacia de esta opción dada la precaria vinculación de la agricultura venezolana con la amplia gama de alimentos que se soporta sobre los sectores importadores. Además, dicha decisión sería socialmente regresiva debido a que los gremios agrícolas suelen plantear como único mecanismo de estimulo a la producción agrícola incrementos exorbitantes de precios; que ineluctablemente tenderán a agudizar las presiones inflacionarias y el empobrecimiento de la población.

¿Qué le pasa compadre Juan? que lo noto preocupado, le preguntó Pedro.

-Es que el partido me encomendó la tarea de atender una reunión.

Y que tiene eso de raro, si tú te la pasas en eso.

-Bueno compadre, déjeme explicarle. El encuentro fue con un grupo de “Comacates”

¿De qué?...

- Un grupo de oficiales militares, conformados por Coroneles, Mayores, Capitanes y Tenientes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

¿Y qué carajo hacia usted allí, compay?

-Tratando de buscar una salida frente a este régimen de Maduro.

Compadre, no me diga que se metió a conspirador.

El encargado de atender esa reunión por parte de mi partido, no pudo venir por estar atendiendo otras obligaciones y como la reunión era en Aragua, me designaron a mí para cubrir esa tarea. En principio yo creí que era con el sector militar para conformar un grupo de opinión democrática dentro de la fuerza armada. Pero, cuando me trasladaron al sitio de reunión con una capucha y lentes oscuros para no ver por donde me llevaban, pensé que el encuentro era para otra cosa.

No me equivoqué, después de rodar por casi una hora y cambiar de vehículo en tres oportunidades, llegamos a una casa con todos los vidrios ahumados y allí estaban Los Comacates armados hasta los dientes.

Me sentí más tranquilo, cuando comenzamos a hablar y vi que teníamos plena coincidencia en las críticas al régimen de Nicolás: autocrático, centralista, corrupto y represivo. Sin embargo, al plantear las salidas posibles frente a este régimen, los militares solo planteaban la posibilidad de un Golpe Ya…argumentaban que no se puede permitir que este gobierno continúe por más tiempo en el poder.

¿Y que pasó compay? …dígame porque me tiene en ascuas.

-Su esquema golpista era muy simple: que la sociedad civil salga a la calle a protestar y al producirse “los primeros muertos” por los enfrentamientos con los milicianos, la policía o la guardia nacional, ellos (Los Comacates) saldrían de sus cuarteles para tomar el poder.

Ingenuamente pregunté ¿Cuántos serían “los primeros muertos”? y de inmediato el comandante jefe del grupo, sin arrugar la cara, me contestó “mínimo 100”

Enseguida, agarré mi teléfono y por mis redes sociales de WhasApp, Twitter y Facebook consulté a todos los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en la región. Al finalizar la consulta, cogí papel y lápiz y copié 50 nombres de compañeros dispuestos a sacrificarse por el país….para que no quedara ninguna duda, yo encabecé la lista.

Compadre usted se volvió loco.

Tú me conoces, no voy a llamar al sacrificio y hacerme el loco…mi familia al igual que todos los venezolanos merecemos un futuro mejor y si ello implica entregar la vida estoy dispuesto a ello.

¿Y que pasó después compadre?, dígame la hora, el sitio y la fecha para no quedarme por fuera.

Cuando le entregué la lista al Comandante, este preguntó dónde estaban los otros 50 “primeros muertos”…..y yo le respondí que cuales iban a ser los cincuenta oficiales que iban a morir por la Patria….lo lógico era que en esa conspiración los riesgos se corrieran a partes iguales.

-No ciudadano, dijo el Comandante Comacate, usted está equivocado, las victimas corren a cuenta de la sociedad civil, nosotros los militares nos encargamos de restituir el orden y el control del poder.

Que mantequilla, le dije, nosotros ponemos los muertos y ustedes toman el poder….no me joda comandante…..eso no pasa de ser “un quítate tú pa’ ponerme yo”. Allí, podrás entender, terminó la reunión y los uniformados ni se molestaron en traerme de regreso.

Compadre, dejémonos de vaina y no sigamos buscando salidas golpistas, porque seguro estoy que el remedio será peor que la enfermedad.

El presidente de facto predica que Estados Unidos quiere invadirnos porque necesita nuestro petróleo. La realidad indica que, por una política errada, tuvimos que importar entre enero y noviembre del año pasado 28.395.000 barriles de productos refinados procedentes de Estados Unidos, según estadísticas de la US. Energy Information Administration (EIA). Además, este año le compramos al mismo ¨imperio¨ 547.925 barriles de petróleo liviano y adquirimos cantidades no divulgadas a Rusia, Angola, Argelia y Nigeria.

No debe extrañar que en un momento determinado una empresa que produce y refina petróleo, compre crudo y productos derivados. Lo importante es que explique las razones y que se justifique económicamente. Según comunicado de Pdvsa de octubre del 2014, han sido importaciones puntuales de crudo ligero para mezclarlo con nuestro extrapesado en razón del ¨aumento de la producción y por el mantenimiento de uno de los mejoradores de Jose¨.

Estas excusas solo reflejan el fracaso de los rojos. Lo apropiado hubiese sido intensificar la producción de nuestros livianos, de los cuales todavía existen considerables reservas y, paralelamente, construir ¨mejoradores¨ adicionales a los que estableció la Pdvsa meritocrática. Como consecuencia de no haber tomado esas medidas, las importaciones de petróleo liviano se han hecho rutinarias, con el consiguiente desembolso de divisas para adquirirlo.

Otro error fue aumentar la participación de Pdvsa en las Empresas Mixtas de 40 % al 60%, con el demagógico argumento del control y de la soberanía. Como es sabido, eso se puede lograr mediante los estatutos. Lógicamente, ahora tiene que aportar más dinero y, como no lo tiene, pide prestado a los socios o no invierte y la Empresa Mixta se estanca. Transformar los Convenios Operativos en empresa Mixtas fue también una mala decisión.

En cuanto a refinación, la política roja consideró que era más importante el mercado de Cuba, Jamaica y República Dominicana que el de Estados Unidos y Europa. Por ello vendieron nuestra participación en tres refinerías en Estados Unidos ( 221.000 b/d) y cinco en Europa (223.000 b/d ), a cambio de adquirir participación en refinerías en Cuba ( 32.000 b/d), Jamaica (17.000b/d) y República Dominicana ( 17.000 b/d). En total perdimos 378.000 b/d de capacidad de refinación, además de un buen mercado y excelentes socios.

En relación al suministro a otros países, los rojos no consideraron que tendríamos escasez de divisas. Por ello fueron excesivamente generosos no solo en cuanto a las condiciones de financiamiento, sino al convenir la posibilidad del pago en especies y en servicios. En el 2014, se despacharon en condiciones preferenciales 208.000 b/d, de los cuales 89.400 b/d fueron a Cuba a cambio de médicos, entrenadores y suministro de medicinas y 24.600 b/d a Nicaragua que llegó a pagarnos parcialmente con pantalones. Renegociar estos contratos generaría ingreso de divisas para adquirir medicinas y alimentos, en cambio el aumento de la gasolina no soluciona nada y genera aumento del costo de la vida. .

En cuanto a recursos humanos la política roja ha sido utilizar a Pdvsa como fuente de colocación de sus militantes. La fuerza laboral, en Venezuela, pasó de 69.284 trabajadores (40.955 en nómina y 28.329 contratados) en el 2001 a 172.824 en el 2014 (116.806 en nómina y 25.598 contratados que trabajan en actividades petroleras y 30.320 en nómina de actividades no petroleras). Tenemos entendido que en el 2015 aumentó aún más el personal.

Fuimos el segundo país productor y el primer exportador de petróleo. Hoy ocupamos el doceavo lugar entre los productores mundiales y el octavo entre los exportadores. Según cifras suministradas por Pdvsa a la OPEP, al 16 de enero de este año solo producía 2.558.000 b/d, mientras que en el 2001 la Pdvsa meritocrática producía 3.267.000 b/d. Según el régimen ¨somos una potencia petrolera porque tenemos las reservas más grandes del mundo¨. Es cierto que nuestras reservas son cuantiosas, aunque no de la magnitud inflada que reporta Pdvsa, sin embargo el problema es que nuestra producción disminuye aceleradamente y esas reservas pueden quedarse bajo tierra. Algo equivalente a no tenemos comida, medicinas ni repuestos pero ¨tenemos patria¨.

Como (había) en botica: Los demócratas siempre estaremos agradecidos a Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz. En artículo anterior a la elección del presidente de la Asamblea opiné que era preferible elegir a alguien que no tuviese tanto rechazo entre los simpatizantes del difunto pero que votaron por la MUD o se abstuvieron. Reconozco que me equivoqué. Ramos Allup está haciendo un excelente trabajo. A menos que actúe otra Tibisay, en Bolivia ganó la democracia. Hurra por Quiroga y por todos los bolivianos ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Hace uno días, una nota de prensa[1] destacó la realización de un 3er Consejo Comunal en el barrio Alfonso López del Municipio San José de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander, Colombia, en el cual participaron 1.000 vecinos de la Comuna 9 y 10 del municipio. Los temas allí tratados fueron la seguridad ciudadana, campaña de salud, embellecimiento de monumentos culturales, entre otros.

Ese 3er Consejo Comunal sirvió de espacio para el encuentro y diálogo entre los vecinos con el alcalde del municipio, gobernador de departamento, diputados concejales, presidentes de juntas de acción comunal de esas comunas, entre otros actores.

La nota de prensa resulta interesante, porque permite identificar el uso de la terminología“comuna” y “consejos comunales” en el marco de una dinámica política muy diferente a la que experimentamos los venezolanos.

La “comuna” en Colombia es reconocida constitucionalmente como una forma de división territorial del municipio, utilizada para referirse específicamente a las zonas urbanas; mientras, que las zonas rurales son identificadas con el término “corregimientos” y en ambos casos, la instancia de representación y participación se denomina Junta Administradora Local.

Esa Junta Administradora Local desarrolla una labor voluntaria y entre sus responsabilidades está la de participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico, social y de obras públicas; vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales e inversiones que se realicen con recursos públicos e incluso pueden asumir funciones cuando éstas le sean delegadas por autoridades locales.

En relación al término de Consejos Comunales, la referencia en la nota de prensa a que se refiere el primer párrafo de este artículo, parece responder al modelo que impuso a partir del año 2002 en Colombia el expresidente Álvaro Uribe, quien, estratégicamente llamó así al espacio de encuentro y diálogo entre ciudadanos y gobierno para el debate de los temas públicos y políticos[2].

Resulta oportuno destacar que ese término Consejos Comunales también es utilizado en Chile de manera muy similar, de hecho, el Municipio Santiago de Chile está convocando para el 13 y 14 de abril a elegir al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, integrado por 24 miembros elegidos entre las instituciones inscritas de ese espacio territorial llamado Comuna[3].

En el caso Venezolano, la “comuna” se impuso en el ámbito local a espaldas de la voluntad popular en la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en diciembre 2010, desde entonces se le califica como una entidad local, es decir, como una delimitación territorial del municipio, similar a una parroquia, urbanización, sector o barrio, pero con tratamiento especial pues su regulación quedó sometida a las leyes nacionales, en donde se diseñó un modelo con una estructura tan compleja que prácticamente la hace inviable.

El modelo socialista de comuna, intentó desplazar a las parroquias y a sus Juntas Parroquiales, aprovechándose de la débil conexión ciudadana del modelo parroquial en la gran mayoría de los municipios del país.

La parroquia en la actualidad sigue sin desarrollarse como modelo y en los municipios donde existe, no deja de ser una división casi inexistente del territorio municipal. Por su parte, las comunas, lejos de ser identificadas con espacios territoriales, son percibidas como organizaciones clientelares al servicio del socialismo y del gobierno central.

En consecuencia, el vecino, cuando busca apoyo institucional para enfrentar problemas como la escasez de agua, la ausencia de iluminación en las calles, la seguridad ciudadana, la recreación en espacios públicos, entre otros, siente huérfano -por decirlo de alguna manera- pues sólo se encuentra en lo inmediato con instituciones municipales, que no logran responder con la efectividad esperada, en la mayoría de los casos como consecuencia del desmantelamiento institucional que ha promovido el gobierno central.

En las últimas semanas se ha planteado en Venezuela la necesidad de rescatar la descentralización, lo que significa iniciar un debate político, que en principio, reclame en el marco constitucional vigente, el reconocimiento del Municipio y de los Estados como actores de desarrollo nacional y como promotores de ciudadanía que alimenten las bases de una mejor democracia.

Ese reconocimiento a que hace mención el párrafo anterior, es esencial para la reinstitucionalización del país. El desafío que impone rescatar la descentralización, demanda algunas reformas a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para lograr reordenar institucionalmente el territorio, y a tal fin, resultará necesario revisar el modelo parroquial y evaluar la experiencia de las extintas juntas parroquiales, cuya ausencia no pareciera tener dolientes.

Lo anteriormente expuesto, supone tomar decisiones sobre el diseño de la “comuna” en la arquitectura institucional venezolana, pues las mismas, también están ocupando espacios de supuesta participación en las distintas instancias de planificación territorial del Sistema Nacional de Planificación.

Es importante recordar que el Consejo Federal de Gobierno, Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y el Consejo Local de Planificación Pública, son instancias de ese Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular, creadas además en la Constitución Nacional.

Por lo tanto, también es necesario repensar el modelo de planificación venezolano para ponerlo al servicio de la descentralización. Cada una de las instancias de planificación local, estadal y nacional, pueden convertirse en espacios idóneos para que la gobernanza pueda servir de herramienta en la construcción de lo que podría ser un Plan Nacional de Descentralización, con la suficiente legitimidad, como para recuperar la ruta hacia el Estado Federal y Descentralizado al que hace referencia la Constitución Nacional.

[1]Alcaldía de Cúcuta. Mas de 1000 personas se congregaron en tercer consejo comunal. 14 de febrero 2016. Online en: http://cucuta-nortedesantander.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=1388705

[2] El pais.com. Consejos comunales la mejor vitrina que tuvo Uribe. 4 de julio 2010. Online en:http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/consejos-comunales-mejor-vitrina-tuvo-uribe

[3] Santiago de Chile Ilustre Municipalidad. Elecciones Consejos Comunales de la Sociedad Civil. Recuperado el 18 de febrero 2016. Online en:. Online en:http://www.municipalidaddesantiago.cl/paginas/ver/ELECCIONES-COSOC-ABRIL-2016-2

Artículo escrito para Politika Ucab, 19 de febrero de 2016