Reconozco que nunca me ha parecido certera esa distinción de los ciudadanos –que evoca otros tiempos– entre gente de “izquierdas” o de “derechas”. En mi caso han influido dos factores esenciales.

En primer lugar, el hecho de haber crecido en la “Cultura de la transición”, donde se puso de manifiesto que la Constitución de 1978 era un acuerdo de mínimos que pretendía que nadie quedara excluido. En este sentido, recuerdo con nitidez cómo mi madre me explicó gráficamente al divisar a lo lejos la Cruz de Valle de los Caídos, que aquella cruz no era un monumento para recordar que “unos mataron a otros”, sino para que nadie olvidara que todos moriremos y yaceremos juntos, por lo que es una estupidez trabajar por evitar convivir en concordia, estemos de acuerdo o discrepando. No recuerdo los términos precisos, pero ese fue el mensaje que se grabó a fuego en mi temprana adolescencia, cuando –por cierto– mi familia sufría, como tantos otras, la opresión injustificable y persistente de ETA.

El segundo factor clave fue la imborrable experiencia de haber compartido trinchera, en el Foro Ermua, con exmiembros del Partido Comunista (Vidal de Nicolás y Agustín Ibarrola, entre otros) o de partidos afines que lideraron la rebelión contra la banda terrorista y su anclaje en el nacionalismo étnico, con mucho más coraje que otros ciudadanos reconocidos como honorables conservadores (“conservadores de su pellejo”, indiscutiblemente) que adoptaron “prudentes” posiciones que encubrían el miedo a ETA y al nacionalismo omnipresente.

Con este contexto, disculpen que recurra a otra anécdota personal. Saliendo de una Asamblea del Foro Ermua en la UPV-EHU hacia el aparcamiento, con otro catedrático de Medicina, que entonces militaba en Izquierda Unida (IU), me interesé por lo que él opinaba acerca de esa “distinción entre izquierda y derecha”. No había logrado expresar nada que no fuera fácilmente refutable por mi parte, cuando llegamos a nuestros respectivos coches, casualmente aparcados en la misma zona: el mío era, entonces, un Peugeot 206 que diligentemente se identificó al intentar localizarlo con el mando a distancia; y el suyo… un Porche rojo imponente. Sobraba comentario alguno, pero con cara de pillo, que rezumaba simpatía y hombría de bien, me comentó: “ya ves que a mi de me queda el color del coche”. Nunca nos hizo falta reflexión adicional al respecto.

Era evidente que, en aquel entonces, la distinción entre ciudadanos estaba entre “constitucionalistas” y “no constitucionalistas”. Pero ha llovido mucho, y demasiado rápido, durante el sórdido liderazgo de los presidentes Zapatero y Sánchez, que ha llevado a nuestro gran amigo Paco Vázquez a afirmar que en la actualidad la distinción no está entre “derecha o izquierda sino entre demócratas y totalitarios”.

No olvidemos que los consensos, capaces de sostener la democracia, se forjan sobre premisas pre políticas, de naturaleza ética. Un ejemplo de antología es el que aglutinó a millones de ciudadanos en el País Vasco y en toda España: el llamado “Espíritu de Ermua”. Se fraguó en trece meses: entre el asesinato de Goyo Ordóñez en enero de 1995 y el de Fernando Múgica, en febrero del 96. Se materializó en el Foro Ermua tras el asesinato de Miguel Angel Blanco (11 de julio de 1997) y ya era una realidad cuando ETA mató a Fernando Buesa en Vitoria en febrero de 2000. Tanto es así, que sólo dos meses después ETA asesinaba en Andoaín a López de Lacalle, miembro fundador del Foro Ermua.

Prescindir de la capacidad humana para discernir entre lo aceptable de lo inaceptable lleva al desastre antropológico y social. Hitler decía que la conciencia era un “invento judío”. Nosotros –discrepando con Hitler– confiamos en la capacidad de toda persona de discernir lo que es acorde o no con la elemental defensa de derechos, libertades y responsabilidades. Natan Sharasnsky, superviviente del Gulag soviético, en su “Alegato por la democracia” afirmaba: “Para mí, la disputa nunca ha sido entre la izquierda y la derecha, sino entre lo que está bien y lo que está mal”. Así es, la clave está en hacer entender que existe la conciencia ética, con independencia de la adscripción de cada cual a una determinada raza, fe, cultura o pueblo, que actúa como un órgano de conocimiento y consiguientemente como instrumento de consenso.

Hemos visto demasiadas cosas lamentables: el descrédito de las instituciones, una a una; la desbandada de intelectuales, periodistas, … situados en el sentido común, que han pasado a convertir el propio desistimiento en una mentalidad, … por la presión de un poder político ajeno a la existencia de límites éticos. Precisamente, por esta obstinación de quienes pretenden convertir lo que desde Celso fue el Derecho, “el arte de lo bueno y de lo justo” (Digesto I,I,1) en el arte de la mentira, la coacción y del engaño, inactivos y lamentándonos no podemos quedarnos y el único resorte sólido es comprender que la conciencia ética –ese discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal– siempre ha sido, y siempre será, el último bastión de la libertad.

Septiembre 14, 2022

Inma Castilla de Salazar es catedrática de Fisiología Médica y Metabolismo, vicepresidente de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A). www.forolibertadyalternativa.es.

Artículo publicado en el diario La Razón de España

https://www.elnacional.com/opinion/de-derechas-o-de-izquierdas-una-disti...

En la medida en que se resquebraja la imagen de “normalización” que quiere proyectar Maduro, cobra mayor pertinencia la discusión sobre cómo materializar la salida de tan oprobioso personaje de la jefatura del Estado.

Algunos sectores de oposición enfatizan la realización de primarias para escoger un candidato único que enfrentaría sus pretensiones de reelección en 2024. Este proceso tendría que conectarse, necesariamente, con las expectativas y luchas a nivel local, gremial y nacional, para que la candidatura única contase con el respaldo que da la confianza de las mayorías.

Las posibilidades de triunfo en unas eventuales elecciones presidenciales deben afincarse, no sólo en las características y fortalezas de quien enarbole la opción presidencial, sino también en el proyecto político que lo(la) respalde como alternativa factible al desastre chavo-madurista. Debe expresar las aspiraciones de esas mayorías, como las condiciones que hagan posible y factible su cumplimiento.

Por supuesto, supone que las elecciones presidenciales se realicen, en condiciones aceptables. El riesgo que ello plantea para la continuidad en el poder de Maduro es un elemento que, sin duda, estará sopesando, si quiere seguir jugando con la carta de la normalización con la ilusión de que le dispensen algunas sanciones.

Crucial a ese proyecto alternativo son las propuestas en materia económica, epicentro de las desdichas y tragedias de tantísimos venezolanos. De ahí la necesidad de recoger las demandas de la gente en torno al restablecimiento de garantías y condiciones que permitan responder a sus necesidades.

No se trata sólo de explicar los elementos sine qua non de toda reactivación económica, sino de nutrirlo con propuestas particulares a los problemas del día a día de los venezolanos, tanto en Caracas como en localidades del interior.

Acentuar la presión en torno a su solución, con protestas y otras movilizaciones, obligaría al régimen a tomar posición, pues ahora su narrativa es (supuestamente) la de auspiciar una economía productiva. Su desidia pondría al descubierto su indisposición para afectar los intereses de quienes tanto se han beneficiado de la rapiña de la cosa pública --pero también privada—con la excusa de construir un “socialismo del siglo XXI”, ¡con Hombre Nuevo y todo! ¿Podrá reformarse desde adentro el régimen de expoliación? Como sea, el costo político para Maduro será ineludible.

Aun cuando podamos coincidir con que, “¡Es la economía, estúpido!”, como motivación de la campaña opositora --lema que, como se recordará, ayudó a elegir a Clinton en EE.UU.--, existen otros problemas, gravísimos, que no pueden ser desestimados. De su superación dependerá la gobernabilidad del país para cualquier opción política que aspire a conducir las riendas del Estado a futuro.

Aunque sea brevemente, son inescapables algunas consideraciones acerca de la descomposición social, moral y política asociada a más de veinte años de destrozos en manos “revolucionarias”.

En primer plano resalta la terrible destrucción de las normas de convivencia entre venezolanos, que ha sido resultado del desmantelamiento de las instituciones de la democracia liberal y de las garantías del Estado de Derecho. Es producto de la asunción de Venezuela como territorio conquistado por parte de los jerarcas chavo-maduristas, propio de un ejército de ocupación.

La violación extendida y constante de derechos humanos básicos, incluyendo el de la vida, se auxilia en la criminalización de toda protesta, en la impunidad y ausencia de responsabilidad (accountability) con que fuerzas policiales especiales y militares realizan razias –frecuentemente letales—en barrios y zonas fronterizas, en la persecución y tortura de opositores y disidentes, y en la negación de condiciones fundamentales para la subsistencia de las poblaciones más vulnerables.

Cómo hacer con la feudalización de una estructura castrense expoliadora (Redis, Zodis, Ardis), y con la presencia de criminales en la DGCIM y el Sebin, resultados de la destrucción de la institución militar, debe ser estudiado, en beneficio de la paz y la estabilidad de cualquier gobierno que se proponga consolidar una verdadera democracia.

Las recomendaciones y mandatos de las misiones de las NN.UU. para que sean observados plenamente los derechos humanos en Venezuela, como las que resultan del monitoreo de crímenes por parte de valientes ONGs venezolanas, HRW y otros, así como de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional, deben constituirse en plataforma obligada de cualquier proceso de transición democrática.

El saneamiento del poder judicial habrá de jugar un papel central, así como el espinoso asunto de un régimen provisorio para procesar delitos y crímenes cometidos desde el poder. Son reveladores los trapos sucios que ventilan entre sí Rafael Ramírez y Maduro sobre numerosos robos y corruptelas.

La estabilidad política de una democracia restablecida requiere de bases que alimenten la confianza en que habrán de restablecerse plenamente los derechos y se hará justicia, como en la imparcialidad de las instituciones. Debe hacerse lo posible para conjurar los estallidos violentos que podrían alimentar revanchismos y/o apetencias de quienes quieren seguir disfrutando de los privilegios derivados de su usufructo excluyente del poder, que hagan zozobrar el retorno a la democracia.

Luego está la desastrosa situación en que ha quedado la prestación de servicios públicos a la población, incluidos la educación y la salud. ¿Cuántos funcionarios calificados en el área de energía eléctrica, de suministro de agua, gas, de telecomunicaciones, se habrían ido del país buscando una remuneración acorde con sus capacidades y condiciones dignas de trabajo? ¿En qué estado se encuentran estos servicios, qué presupuesto tienen asignado, quiénes están a cargo? ¿Planes de recuperación?

En el campo de la salud pesa de manera cruel la suspensión de los informes de morbilidad y mortalidad atribuidas a variadas afecciones, como del estado de las instalaciones hospitalarias, ambulatorios y de otros servicios de salud, que dejaron de publicarse en 2016. Ni siquiera hay información confiable sobre contagios y muertes ocurridos por Covid, como del estado de la vacunación entre la población. La migración de decenas de miles de valiosos médicos, enfermeros y técnicos variados en este campo complica aún más y de forma severa la adecuada prestación de salud a los venezolanos.

Asimismo, el estado de la educación, tan crucial para el desarrollo futuro del país, no puede ser más comprometedor, tanto por la exigua asignación presupuestaria, los bajísimos salarios de maestros y profesores y los intentos de imponer un pensum fascistoide en relación con materias de naturaleza social e histórica. Luego está el cerco presupuestario persistente a las universidades nacionales, la conculcación de su régimen autonómico y el sometimiento de su personal –docente y empleado—a condiciones miserables de vida, que ha lesionado sus capacidades de formación, investigación y para ofrecer soluciones a los innumerables padecimientos que, en distintos planos, afectan a la población.

Hay material de sobra para continuar con esta letanía. Pero terminemos haciendo referencia a la ausencia de datos sobre el desempeño económico real, del sector externo, la gestión presupuestaria, el manejo de los agregados macroeconómicos y del comportamiento de distintos sectores de la economía, que son tan importantes para un correcto diagnóstico de los problemas a encarar y de las medidas que, en consecuencia, deben ser consideradas. El BCV, MinFinanzas y el INE dejaron de publicarlos.

Los requerimientos y las modalidades de financiamiento externo a negociar para abordar las insuficiencias en la gestión pública, en la prestación de servicios y otros, junto al diseño e instrumentación de un régimen fiscal idóneo a nivel nacional, regional y local, precisan de información confiable. De lo contrario, se continuará a ciegas. La negación del situado constitucional a las regiones, declarando el ingreso petrolero como “extraordinario”, la práctica de asignar el presupuesto discrecionalmente y las reiteradas corruptelas, ilustran las perversiones que deben ser superadas en el saneamiento de la gestión pública.

Lo comentado no pretende desconocer que una campaña exitosa debe priorizar objetivos y expresarlos en términos que la gente haga suya para posibilitar la derrota del fascismo. Pero debemos estar más que alertas de que no basta sacar a sus personeros. Prepararnos para acometer las soluciones a tanta destrucción será, en su momento, decisivo para la sobrevivencia de una democracia reconquistada.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El régimen está exterminando a los habitantes y parte del territorio al sureste del Orinoco. Esa devastación es básicamente para conseguir apoyo político de otros países y para beneficiar a un grupo de militares y civiles corruptos. Los ingresos por la explotación de minerales no son significativos para la nación. Masacre de la población indígena, destrucción de bosques, pérdida de biodiversidad, disminución del caudal de las aguas y contaminación de las mismas, afectación de la generación de energía hidráulica y destrucción de los suelos constituyen un coctel macabro que no ha tenido repercusión mundial. Solo unos pocos compatriotas se han ocupado de denunciar esta situación. El excelente documental Oro de sangre es una importante contribución al respecto. Del mismo tomamos las siguientes notas.

Juvencio Gómez, nuestro compatriota de la etnia pemón ha denunciado los asesinatos y atropellos a los pobladores del llamado Arco Minero, denominado apropiadamente “Antro Minero” por el distinguido ingeniero Adalberto Gabaldón. Por su valiente actuación, Gómez y otros compañeros tuvieron que solicitar asilo en Brasil. En las violaciones a los derechos humanos participan efectivos de nuestro ejército y de la Guardia Nacional; en los atropellos también interviene la guerrilla colombiana y bandas de delincuentes.

Como es sabido, los bosques cumplen una función importante en mantener la biodiversidad, permiten captar el CO2, factor de primer orden en el aumento de la temperatura de nuestro planeta, evitan la erosión de los suelos y facilitan la infiltración del agua de lluvia para recargar los acuíferos. Además, son fuente de sustento de parte de nuestra población autóctona. Al disminuir el caudal de las aguas de los afluentes del Orinoco se afecta la generación de energía eléctrica que surte a gran parte de Venezuela y que es de vital importancia para nuestras industrias del aluminio y del hierro. Reforestar esos suelos es difícil, ya que son pobres en fertilidad y tienen una capa vegetal muy superficial que se pierde rápidamente al quedar expuesta. La contaminación de las aguas por cianuro y mercurio para la extracción del oro está afectando a los humanos y a la fauna acuática.

Si lo anterior es evidente, ¿por qué el régimen decidió destruir esos bosques para extraer oro, diamantes y quizá coltán? El documental mencionado y otras opiniones señalan que el motivo no es generar ingresos para la nación, sino favorecer la presencia de los gobiernos autocráticos de Irán, Turquía, Rusia, China y Cuba, que apoyan a Maduro. La alianza macabra, como acertadamente la llamó Miguel Henrique Otero en su presentación del foro sobre el documental. Además, es evidente que los militares que están en la zona se aprovechan del oro y diamantes para enriquecerse. Es decir, que para favorecer a estos grupos se está cometiendo un crimen en contra de nuestra población nativa y de nuestros recursos naturales renovables.

En muchos países hay dictaduras. Todas violan los derechos humanos. La de Venezuela no es la excepción, con la particularidad de que está destruyendo una parte importante de nuestro territorio y comprometiendo la posibilidad de lograr la estabilidad y futuro crecimiento de nuestra generación de energía mediante una fuente renovable, que permitiría una ventaja competitiva para reactivar nuestras industrias de Guayana que hoy están en la carraplana.

Este es un tema de importancia mundial, ya que hay una creciente sensibilidad hacia la necesidad de proteger a las poblaciones autóctonas que han sido maltratadas a través del tiempo. Además, la destrucción de bosques tropicales afecta a todo el planeta. Por ello, nuestros dirigentes políticos y la sociedad civil deben poner empeño en denunciar este hecho, presionar para que cese esta devastación y lograr que el entorno internacional condene al régimen. Es un caso que tiene similitudes con los “diamantes de sangre” en África. Ambos casos ameritan que se aplique un Proceso Kimberly de Certificación que debe ser modificado, ya que es ambiguo.

En Venezuela son varias las instituciones y personas que estudian esta situación y hacen denuncias. Citar siempre tiene el inconveniente de que se cometen injusticias al olvidar nombres. Sin embargo, no podemos obviar algunos que participaron en el documental. Adalberto Gabaldón, Alexander Luzardo, Américo De Grazia, Horacio Medina y la joven Alicia Moncada, defensora de derechos humanos.

Oro de sangre, es un excelente e impactante documental de quince minutos que denuncia el exterminio de una franja de miles de hectáreas al sureste del Orinoco. Felicitaciones a sus directores Thaelman Urgelles y Juan Urgell, así como a Malena Roncayolo, su productora. Ojalá puedan conseguir apoyo para el largo metraje que amerita el tema y que ellos tienen en mente.

Como (había) en botica:

En Canadá, el miembro del Parlamento Pierre Poilievre fue electo como líder del partido conservador, hoy en la oposición. Está casado con Anaida Galindo, nacida en Venezuela. Anaida emigró a Montreal cuando tenía ocho años. Tiene un grado universitario en comunicación, es cofundadora de la empresa Pretty and Smart, habla español, inglés y francés. Forman una pareja que tiene carisma. En algún momento, Pierre será Primer Ministro.

¿Quién dice la verdad sobre los casos de corrupción? Rafael Ramírez acusa a Nicolás Maduro y a su entorno. Tarek El Aissami señala a Rafael Ramírez y su grupo. Como dice Laureano, ambos dicen la verdad.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Los medios de comunicación, centran sus publicaciones en enaltecer la figura de Isabel II, lo que no dicen es qué ella y su familia son responsables de miles de muertos, de saqueos en el mundo y de expoliación, fundamentalmente al África. Durante siglos la monarquía inglesa se dedicó a robar la riqueza y territorios de otros pueblos, especialmente en África. Ya en el reinado de la hoy idolatrada Isabel II impusieron regímenes de masacre en el continente africano. Tal es el caso de Kenia y de Sudáfrica donde tenían verdaderos campos de concentración y tortura.

En países como Nigeria, Tanzania o Kenia su nombre está ligado a una monarquía que, “al igual que tras su muerte se ha resaltado que ha sido un símbolo de unidad y continuidad, muchas sociedades africanas ligan su figura a la colonización y la opresión que han vivido los pueblos africanos”

La familia real británica se ha enriquecido a base del saqueo y la colonización de África. En la corona y el cetro de Isabel II, hay fragmentos del diamante de la Estrella de África. La piedra fue robada de Sudáfrica en 1905 y tiene un valor de 400 millones de dólares. En Yemen del Sur, Isabel II estableció un apartheid contra los yemeníes nativos, que eran perseguidos y asesinados por sus soldados de ocupación. En los años 60, el pueblo yemení se rebeló e Isabel II ordenó reprimir a todos los que se sublevaran. En Kenia, apenas 6 meses después de la coronación de Isabel II, tuvo lugar la mayor masacre británica en África. La masacre de Mau Mau, donde los británicos reprimieron a los kenianos que se sublevaron y les bombardearon con 6 millones de bombas matando a más de 300.000 kenianos. Igual que en la Alemania nazi, en Kenia con la aprobación de Isabel II y de Churchill, se establecieron campos de concentración incluso para niños. El modelo nazi fue usado por el imperialismo inglés contra los Mau Mau, usándolos como mano de obra esclava y violando todos los DDHH. Los campos de concentración británicos para niños en Kenia eran llamados «Wamumu Camp», donde era «educados» por los colonialistas blancos británicos y hacían trabajos forzados bajo disciplina militar. Por no hablar del saqueo imperialista que persiste hasta hoy, el sistemático exterminio de indígenas apoyado por los británicos en sus gobiernos títeres en África o los golpes de estado contra países soberanos, todo bajo la monarquía de Isabel II que se enriquece de ello. Su familia fue íntima amiga de los nazis, su tío Eduardo VIII junto a su mujer, Wallis Simpson, duquesa de Windsor, visitaban a Adolf Hitler muy a menudo en sus banquetes. Esta es la «abuelita simpática» que los medios han blanqueado durante décadas. La «abuelita» que con 31 años comandó a un ejército a encerrar a 1,5 millones de personas en campos de concentración en Kenia y que vivió del saqueo imperialista, rodeada del oro robado a África».

El partido Libertad Económica (The Economic Freedom Fighters) de Suráfrica recuerda en un comunicado que la reina Isabel II ascendió al trono en 1952, reinando durante 70 años como jefe de “una institución construida, sostenida y viviendo de un legado brutal de deshumanización de millones de personas en todo el mundo”, dicen un comunicado. “No lamentamos la muerte de Isabel, porque para nosotros su muerte es un recordatorio de un período muy trágico en la historia de este país y de África”. Las corrientes más progresistas en Kenya, Nigeria, Uganda y Tanzania o Sudáfrica, ligan a la monarquía con el atroz pasado colonial y reivindican la desconexión definitiva, es decir, la salida de la Commonwealth.

En esos primeros años en que Isabel II aprendía a ser reina, el Ejército británico respondió a la rebelión de Kenia, que fue denominada del Mau Mau, con una campaña de ejecuciones, torturas y asesinatos de motivación claramente racista. Los enemigos fueron tratados como animales, y eso incluía a la población civil. Al igual que en la Guerra de los Boer en Sudáfrica a principios de siglo, se montaron campos de concentración por todo el país para encerrar sobre todo a los keniatas de la etnia kikuyu, mayoritaria en el país, a los que se consideraba simpatizantes del movimiento insurgente. En 1954 ya habían encerrado a 70.000 personas. Las cifras se dispararon cuando la política de concentrar a la población civil se extendió a campos y poblados rodeados como si fueran una prisión. Más de un millón de keniatas compartieron un destino cruel que acabó con miles de muertos por hambre y enfermedades, abandonados a su suerte.

Más allá de algunas referencias genéricas, la reina nunca pidió disculpas en nombre del Estado británico por las matanzas realizadas en Kenia y otros países de África y Asia por el imperio.

Gran Bretaña, junto a Francia e Israel, llevó a cabo una última aventura imperial con la invasión de Egipto como respuesta a la nacionalización del Canal de Suez por Nasser, al que la propaganda británica tildaba del nuevo Hitler.

En la controversia por Las Malvinas, el monarca no decidió, pero sí avaló las acciones adoptadas por la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher (1979-1990), relativas a la guerra con Argentina. Conflicto bélico que duró 74 días, se saldó con un triunfo británico y se llevó la vida de 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños. Además, de avalar las decisiones tomadas por el Gobierno de Thatcher, Isabel II movilizó apoyos en todo el Commonwealth (Mancomunidad de Naciones).

En conclusión, su santidad la abuelita Isabel, no era tan santa como ahora pretenden presentarla, era una consumada colonialista que justificaba las acciones criminales y genocidas de su ejército en su agresión imperialista a los pueblos del mundo y que, en sus siete décadas de mandato, el perdón o las disculpas por las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos no estaban en su léxico monárquico.

Ante el reciente y muy anticipado anuncio del restablecimiento de las relaciones con Colombia y, en especial, del reinicio del intercambio comercial, debemos estar bien preparados para lo que dichos anuncios implican para el sector productivo venezolano.

La economía vecina es actualmente de unos $330 mil millones, que como referencia es aproximadamente el mismo monto que tenía Venezuela en 2013; haciendo alarde de veinte años de crecimiento sostenido en este siglo y solamente una mancha de -7.3% en el 2020, el año inicial de la pandemia, compensado con creces al año siguiente con un importante rebote de más del 10% y la expectativa de que este año debe crecer cerca del 5%.

Esto ubica hoy a Colombia como la cuarta economía latinoamericana, después de los tres grandes, Brasil, México y Argentina pero por encima de Chile. Por cierto, ese fue precisamente el puesto que ocupó Venezuela por muchos años. Los motores principales de su desempeño son el consumo privado y la inversión, ambos dando muestras de mucha robustez en lo que va del año en curso. De igual manera su sector externo está muy activo, tanto las importaciones como las exportaciones mostrando un sólido desempeño este año. Su población se estima apenas arriba de los 50 millones de habitantes y la presidencia de la nación recién asoma los pininos de un nuevo modelo político, con resultados aún imprevisibles, que no pretendemos vaticinar.

Para nosotros eso podría significar oportunidades ciertas para colocar productos públicos y privados en un mercado 75% más grande que el nuestro por número de consumidores y con mucho mayor capacidad de consumo, cuyo PIB per cápita es el triple que el nuestro. Para ellos, Venezuela siempre ha sido un mercado apetecible, en especial ahora que tenemos muchas limitaciones en cuanto a la oferta de productos que o bien no se consiguen o que llegan a precios relativamente elevados ya que provienen de mercados muy distantes como Turquía, China o la India.

Más allá de compras estratégicas de parte de Colombia, como podría ser por ejemplo el gas en su transición prevista a energías más limpias, y quizás algunos proyectos bilaterales, nuestras posibilidades de exportar desde el sector privado se ven seriamente afectadas por la poca competitividad de nuestra moneda, que se encuentra sobrevaluada por la política cambiaria vigente de sostener el bolívar y no permitir que se devalúe en función de la inflación; cuando la moneda local está cara en divisas, nuestros productos se hacen pocos competitivos. De igual manera, nuestra oferta exportable es pírrica, ya que el aparato productivo doméstico está sumamente mermado por años de recesión, hiperinflación, medidas y políticas de control férreo de parte de los distintos entes fiscalizadores y la pérdida sostenida de mano de obra calificada como resultado de una inmensa migración.

¿Y entonces qué nos queda? El comercio de frontera será muy alentador para la economía de esos estados, por la posibilidad inmediata de acceder a artículos actualmente escasos o inexistentes, a medida que se vaya formalizando la relación comercial. Nuestros empresarios podrán acceder a proveedores más próximos, que conocen bien nuestro mercado por años de relaciones y similitudes culturales. Al momento, el intercambio acumulado es de quizás $400 millones, un 15% de bienes que enviamos y 85% de bienes que recibimos. Una vez legalizado, el comercio debería crecer, pero la proporción posiblemente se mantenga muy a favor de las exportaciones colombianas.

Sólo con una moneda competitiva y apoyo decidido al productor de bienes y servicios vía financiamiento suficiente, reglas claras y seguridad jurídica podremos beneficiarnos de un mercado tan atractivo como el colombiano. Nos toca continuar solicitando y propiciando el acercamiento institucional con el sector oficial, hasta persuadir a los actores claves de que con la plataforma normativa adecuada podremos en un corto plazo ver crecer nuestra economía de manera muy significativa.

guillermomendozad@gmdconsultor.com

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Antes

El secretario de la UCV se dirigió a los decanos (oficio CU 2022-0252 del 18 de mayo de este año) para pedirles materializar una decisión del Consejo Universitario adoptada en sesión de la misma fecha, según la cual había que «continuar con el proceso de las actividades académicas y administrativas presenciales en esta Casa de Estudios en la medida [en] que los factores limitantes se vayan superando». En el mismo oficio se los instruye para que establezcan «los planes correspondientes a partir del 1° de junio».

Es digna de aplaudirse esa decisión del máximo órgano directivo de la UCV porque enunciaba claramente el objetivo: volver a los espacios universitarios que la pandemia del coronavirus forzó a abandonar. Desde ese preciso instante –la paralización de la universidad- todo universitario sensato debió entender que el retorno al campus tendría que producirse cuanto antes, esto es, tan pronto las condiciones lo permitieran sin riesgo alguno y sin injustificada dilación ¿Estaban para el momento del llamado del Consejo Universitario dadas tales condiciones? Probablemente no del todo puesto que en el oficio se menciona la existencia de «factores limitantes» que habría que ir superando. ¿Era factible hacer ese llamado antes del pasado mayo? Probablemente sí. Y mucho antes, incluso, guardando las necesarias precauciones, como el mismo oficio advertía.

En suma, el regreso a la Ciudad Universitaria de Caracas (y a otros recintos de la UCV en el interior del país) hubiera debido asumirse desde un principio como un objetivo prioritario, solo subordinado a la existencia de condiciones propicias. Pero esto, claro, habría exigido una firme voluntad de evaluación del conjunto de la situación una vez rebasado el período inicial de confusión (en parte inducida por alarmismos tanto ingenuos como maliciosos) y sorteadas las abusivas restricciones impuestas por el gobierno, menos inspiradas en preocupaciones epidemiológicas que en propósitos de control social.

Teniéndose en cuenta que la emergencia sanitaria no era ya el principal obstáculo -la epidemia remitía en todas partes y las llamadas medidas de bioseguridad serían de relativamente sencilla implementación- la atención debía centrarse, pues, en los otros «factores limitantes». La pregunta principal tendría que apuntar a la situación de la universidad al cabo de poco más de tres años de paralización de muchas de sus actividades y de desempeño hemipléjico en las restantes. Es verdad que la decisión del Consejo Universitario se adopta tras haberse «considerado los informes de los decanos de las diferentes facultades con respecto a las actividades académicas y administrativas presenciales...». Pero, ¿bastaban tales diagnósticos para formarse una imagen íntegra del estado real de la institución, requisito esencial para la formulación de un programa de acción a escala general (sujeto a las adaptaciones particulares allí donde fuera necesario)?

Es el sentido unitario de la conducción institucional y la visión de conjunto de la complejidad estructural del dispositivo académico –una realidad que no cabe representarse mediante la sumatoria mecánica de los variados cuadros locales- lo que parece ausente del Consejo Universitario. Sea como fuere, lo cierto es que la decisión de este órgano no se concretó en una proporción significativa, salvo algunas decorosas y respetables excepciones, justo es observarlo. De suerte que con el llamado a la reincorporación presencial, al cabo de varios meses en los que no se hizo lo suficiente para disipar la confusión heredada de los anteriores (aunque ha sido un período gremialmente afortunado, para reconfortamiento del ánimo universitario), es ahora cuando estamos por fin a las puertas del tan invocado «reinicio de actividades».

¿Reinicio de actividades hemos dicho? En el significado de ese socorrido, familiar y engañosamente inocuo sintagma se cifran entusiastas pero no siempre fundadas esperanzas. Cuánto es de desear, pues, que en su potencial semántico cohabiten en fecundo acoplamiento el atavismo sentimental del calendario lectivo y la conciencia imperiosa de la necesidad de reconquistar los espacios académicos.

... y después.

¿Qué hacer cuando se vuelva a la universidad? Es decir, cuando de verdad y todo lo plenamente que se pueda volvamos a ella? Hay una forma todavía más rotunda de formular esta pregunta: ¿para qué volver? La convicción de que la vuelta es cuestión vital está reñida con el simplismo resignadamente recuperativo, tan cargado de añoranzas retrógradas: seguir como antes expone al peligro de un conformismo hecho de rutinas aletargantes, hábitos reflejos, prácticas de dudosa fertilidad precisamente cuando los tiempos exigen lo contrario.

En el pasado prepandémico los universitarios nos fuimos acostumbrando insensiblemente a la penuria material. Y a un debilitamiento tal vez correlativo del espíritu académico. Mientras era paso a paso abandonada la noción de comunidad intelectual y su consustancial práctica dialogal y deliberativa, apenas se protestaba tenue y esporádicamente contra la aniquilación de la universidad. La convocatoria gremial encontraba muy pocos oídos hospitalarios y la infrecuente reflexión crítica sobre los riesgos en ciernes parecía no estremecer demasiadas fibras en la colectividad universitaria.

Fue dado así contemplar el surgimiento en algunos ámbitos del medio académico de una especie de vocación sacrificial. Desde entonces ha sido común exaltar la virtud del «apostolado» docente, casi siempre en un registro de dolorido júbilo amparado en la primordial e inmarcesible dignidad de la enseñanza. El logro intelectual ha podido tasarse a menudo no por su mérito intrínseco sino en relación directa a la magnitud de los oprobiosos obstáculos que han debido vencerse. Extrañamente, el inventario pormenorizado de las privaciones no ha conducido en forma clara al reconocimiento de la indigencia como estado general y es en cambio posible percibir cierta irreflexiva infatuación por el hecho de que la universidad no cerrara jamás sus puertas, por mucho que al trasponerlas se diera uno de bruces con toda clase de humillantes estrecheces.

El reinicio de la vida institucional no puede ahora consistir en una simple reanudación de actividades, como si estas hubieran sufrido una interrupción accidental por causas enteramente ajenas, inopinadas y sobrevenidas. Es cierto que así se presentó la pandemia del coronavirus en Venezuela (como en casi todas partes). Pero al menos en las universidades, tras la remisión de la covid, la «normalización» necesaria a la que todo el mundo comprensiblemente aspira carecería de sentido como mera continuidad de un cercano ayer lastrado de insuficiencias.

De un lado, esto significaría el regreso a la escasez generalizada, la prosecución voluntaria de la penuria, el consentimiento de la miseria personal e institucional, una pasmosa exhibición de mansedumbre... ¿Es que acaso tres años no proporcionan una perspectiva en la que haya podido florecer aunque fuera una débil conciencia acerca de la privación hecha política de gobierno. Del otro lado, ¿por qué sucumbir a la molicie restauradora si lo que la universidad demanda a gritos, para quien sepa oírlos, es una renovación profunda de sus estructuras y sus modos de funcionar?

En un marco que trasciende el propio mundo académico, pero con su participación, se han producido en las últimas semanas, según arriba insinuamos, activas protestas de sectores de la administración pública en defensa de derechos laborales vulnerados y reivindicaciones históricas negadas por el Ejecutivo y los poderes públicos que se le supeditan, en flagrante violación de la Constitución y las leyes. Las victorias parciales alcanzadas prestan un razonable optimismo a las luchas sociales, económicas y políticas que previsiblemente se incrementarán en los próximos meses. He allí un poderoso estímulo para que la comunidad universitaria recobre su capacidad de movilización con vistas a la preservación de la universidad pública nacional. Sobre todo para proveerla de recursos presupuestarios que le permitan el cumplimiento de sus altos fines, así como ofrecer condiciones de vida digna a quienes la integran.

Pero el retorno a los espacios académicos debe propender además a la gestación de un clima interno que, en vez de devolverlos a la monotonía institucional precedente, favorezca un vigoroso debate sobre el estado de la universidad en los últimos tiempos. Ese debate serviría no solo para que se analizaran atentamente las temibles amenazas externas, sino también para que aquella practique sin condescendencias ni narcisismos autocompasivos un sincero escrutinio de sí misma. Nada de esto será factible de no haber una incorporación de los universitarios a la institución en la mayor escala posible. Tal proceso, como deja ver la experiencia de estos años, encuentra escollos en la lucha por la supervivencia individual y familiar en el contexto de un país sumido, como múltiples veces con razón se ha dicho, en una profunda crisis sistémica.

Es de esperar, no obstante, que se vaya produciendo en forma gradual y cabe presumir que podría beneficiarse de una circunstancia hasta no hace mucho ausente por motivos bien conocidos del escenario ucevista: las elecciones para el recambio de los cuadros directivos a todos los niveles. Los episodios recientemente celebrados –elecciones estudiantiles y para representantes de egresados- pusieron de manifiesto una clara voluntad de participación de la comunidad universitaria y una revalorización de la utilidad del voto. Puede pensarse que los procesos venideros para elegir autoridades rectorales, decanales y representantes profesorales al Consejo Universitario despertarán un interés comparable o aun mayor. Esta expectativa pudiera proyectarse también a las próximas elecciones de la APUCV (6 de octubre), cuyo carácter gremial reviste sin embargo importancia considerable en el dificultoso presente universitario.

Si esta apreciación no es errónea presenciaremos muy pronto el retorno en importante medida de la comunidad universitaria a los espacios de la institución, movimiento favorecido por la cuestión electoral. Esta ha de ser entendida como un punto de alta prioridad en la agenda por confeccionarse y no solamente como un acontecimiento que se agota en el acto mismo de su celebración y cuyo efecto se reduciría a una simple operación sustitutiva de unos directivos por otros.

Porque, sin duda alguna, la pregunta de para qué volver a la universidad solo puede responderse si la formulamos conscientemente convencidos de la complejidad que encierra: inventariando las cuestiones que configuran su situación y al mismo tiempo impulsando el debate para ventilarlas públicamente con vistas a los necesarios consensos.

Desprovisto de esa convicción racional el «reinicio de actividades» corre el riesgo de no poder desembarazarse del lastre inútil para convertirse en lo que las circunstancias demandan: un nuevo inicio.

EL PENSAMIENTO. LOS BUENOS Y MALOS

Hemos afirmado que el pensamiento es de carácter personal, se produce a partir de la razón y es elaborado por la mente después de una disposición racional cuando es voluntario. El pensamiento precede a la acción. Hemos también dicho que la acción sin el pensamiento puede ser catastrófica y el pensamiento sin la acción es infecundo o estéril. Antes de actuar pensamos, quienes desean actuar en bien, piensan en bien y quienes desean actuar el mal su pensamiento está cargado de maldad. En el pensamiento se planifica la acción, cuándo y cómo lo hacemos. Quien piensa bien y actúa en consecuencia debe ser feliz, puesto que no tiene cargos de conciencia que lo martirice. Quien piensa y actúa mal carece de conciencia racional y como tal se comporta como un animal.

Podemos decir que el pensamiento es la chispa que enciende el motor de nuestras acciones, mientras más delicadas sean éstas, seguramente el tiempo en pensarlas y meditarlas será mayor. El malo planifica sus fechorías en su pensamiento obscuro y lúgubre y las realiza consumando el mal.

“Por sus obras los conoceréis”, dijo Jesus a quienes le preguntaron por los cristianos.

Quien es malo se conoce por su conducta, obra y acciones. Si causas malestar y pérdida de nivel de vida, si prefieres mantener el nivel de pobreza y aumentarla con el propósito de manipular a la población, si provocas infelicidad, es porque eres malo. Este régimen ha desbaratado y descompuesto el país al extremo de tener a PDVSA al borde de la quiebra, después de ser la cuarta industria en importancia del mundo. Ha acabado con nuestras tierras fértiles con expropiaciones e invasiones, ha provocado la inflación más alta del mundo. Todo lo que estaba bien ahora está mal y lo que estaba mal está peor. Sembraron hambre en más del 80% de la población, empobrecieron a todo el pueblo y nos tienen viviendo con el corazón en la boca por la extrema inseguridad pública, personal y de bienes que nos constriñe y limita. Los servicios públicos se transformaron o los transformaron en calamidad. Nos transformaron en un país pobre y de pobres después de ser uno los más ricos de Latinoamérica. Acabaron con nuestro parque industrial, más del 70% de las industrias han cerrado. Es decir, éramos un país donde nos desenvolvíamos más o menos bien y ahora estamos cargados hasta la coronilla de problemas y sinsabores. Así pues, si la obra es mala, catastrófica en nuestro caso, es porque sus ejecutores son malos, perjudiciales y catastróficos.

Quien mal actúa es porque mal piensa y el que está dispuesto a ocasionar daños lo hace con premeditación, ventaja y alevosía y busca el tiempo preciso para consumar su maldad, todo parece que estos señores del régimen piensan que estamos desde hace mucho tiempo en el de dar rienda suelta a la maldad.

El mal debemos combatirlo con el bien, no con mayores males. Si respondemos al mal con más mal, en corto tiempo seremos una sociedad de malos y de males. No nacemos para ser infelices, la felicidad la logramos siendo buenos, actuando bien siempre y en función del Bien Común, particularmente el de los pobres y vulnerables que son muchos.

12 de septiembre 2020

EL PENSAMIENTO

El pensamiento es una función de carácter personal que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son elaborados y producidos por y en la mente después de una disposición racional cuando es voluntario o cuando es a través de un estímulo externo que es involuntario. El pensamiento de las personas es acumulativo y se desarrolla a lo largo del tiempo, puede ser inductivo, interrogativo, creativo, analítico, crítico, etc., etc.

La lógica que dedica casi exclusivamente a la formulación de leyes que rigen el pensamiento humano, la filosofía que le da respuesta a muchas interrogantes que se relacionan con el pensamiento, la psicología que es la ciencia que estudia la mente humana y su influencia en la conducta, la psiquiatría que se encarga de analizar los modos de pensamientos y de estudiar y tratar las enfermedades de la mente, son ciencias que tienen que ver en mucho con el pensamiento humano.

Se sabe que el ser humano es el único con capacidad para razonar, pero no es el único que puede pensar ya que los animales tienen cerebro y como tal piensan de una forma extremadamente práctica y basada en la experiencia. La diferencia con las personas está en que no poseen capacidad para saber de las causas ni de las consecuencias de sus comportamientos, pues carecen de razón, no saben discernir y por lo tanto no diferencian lo bueno de lo malo.

La forma y manera de pensar sobre situaciones tiene un valor muy importante porque puede condicionar nuestra manera de actuar, de comportarnos, de manifestar nuestras emociones y de relacionarnos con los demás. El pensamiento reflexivo permite un análisis amplio de la situación en que nos encontramos y a meditar sobre nuestras debilidades y fortalezas.

Ante la dramática situación que confronta el país y cada uno de nosotros, es bueno saber que estamos cargados de inmensas fortalezas ampliadas por la esperanza, fe y optimismo, pero muy lamentablemente no hemos logrado ponerlas en práctica. Por ejemplo, la primera fortaleza es la UNIÓN seguida de la acción organizada y coherente que debemos desplegar y sostener hasta lograr los objetivos planteados, que como sabemos empiezan por salir del desastre que tenemos. Unión, férrea voluntad y acción son tres elementos que debemos tener presentes para salir exitosos de los desafíos que nuestro tiempo nos plantea y de ellos la UNIÓN de todos quienes queremos cambio radical ya, es la fundamental. UNIÓN, UNIÓN Y MÁS UNIÓN para alcanzar cuanto antes el país que deseamo.s

11 de septiembre 2022

ENCUESTA, OTRA OPCIÓN

En nota anterior sumé el consenso, a la elección primaria, para tomarlo en cuenta en la selección del candidato de la oposición a la Presidencia de la República, ahora agrego a las encuestas que realizadas con estricto rigor científico nos indica hacia donde apunta la voluntad popular. Una encuesta es un procedimiento que consiste en la recopilación de datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información que más adelante ofrece; por supuesto se debe seleccionar muy bien el universo o la muestra a interrogar.

Una encuesta bien diseñada, bien elaborada, bien efectuada y con una muestra suficiente para emitir juicio, es un procedimiento científico totalmente confiable, tanto que existen algunas con un margen de error mejor del 2%. Tendrían que ponerse de acuerdo TODOS los candidatos en seleccionar dos o tres empresas encuestadoras totalmente serias y confiables y sobre todo insobornables, para realizar el estudio del país y conocer lo que piensa el pueblo en torno a quien debe ser nuestro candidato. Tendrían TODOS que jurar ante Dios y el país respetar los resultados y hacerlos propios. Ello tiene la ventaja, además de conocer lo que el pueblo piensa, que no hay proceso interno de captación de voluntades que puede sucumbir en descalificaciones absolutamente inconvenientes.

Asome el consenso y ahora las encuestas, además de la elección primaria, no con ánimo de desechar, menos aún descalificar, la consulta directa que es recurrir directamente a la fuente de la soberanía, solamente presento alternativas para el estudio y consideración que nos alejan de la controversia interna y nos permiten emplear el tiempo hacia afuera.

Las empresas encuestadoras deben ser nacionales, pero sin descartar la posibilidad de contratar a alguna o algunas extranjeras de bien ganada fama de seriedad y autenticidad.

Repito, nada más cristalino y transparente que la consulta directa al pueblo, pero apunto los riesgos de ella y asomo alternativas que de ser aceptadas por todos, no tendrían riesgos de descalificaciones ni pérdida de tiempo.

Que bueno sería que se realicen dos o tres encuestas, si es posible con sobre muestra para mayor seguridad y minimizar el error, aceptadas por todos con el compromiso de asumir como propios los resultados de las mismas. En ese momento tendríamos nuestro abanderado, que con seguridad será el próximo inmediato Presidente de la República e iniciaremos el difícil pero apasionante camino de la recuperación del país, mejorando el que nos arrebataron.

10 de septiembre 2022

PRIMARIA O CONSENSO

Tengo entendido que la dirigencia de la oposición decidió celebrar, durante el primer trimestre del inmediato próximo año, una consulta primaria general, donde todos los venezolanos mayores de 18 años tengan derecho a votar, para seleccionar nuestro candidato a la Presidencia de la Republica.

Por supuesto se mantiene como objetivo esta elección, pero considero no debe descartarse la posibilidad del consenso, que como bien se entiende debe tener la aceptación de TODAS las partes involucradas y nunca pensar que una parte se imponga a otra, ello traería muchísimos inconvenientes nada buenos para la UNIÓN opositora.

De lograrse consenso en torno a un nombre se entiende que éste guarda sintonía con el país nacional y está muy bien equipado para ejercer la Presidencia en este momento tan dramático caracterizado por una enorme crisis general y de esa manera se evita un torneo interno que por muy bien que se desarrolle puede dejar fisuras inconvenientes. Lo importante es que TODOS los nombres que se consideren para ser nuestro abanderado se sometan a la consulta y acepten su resultado haciéndolo propio.

Creo igualmente que debe garantizarse a los venezolanos mayores de 18 años en el exterior la posibilidad de votar en la consulta. No estoy informado si el Consejo Nacional Electoral (CNE) participará en la consulta primaria o si la oposición, sin la participación de éste, la adelantará.

Leí unas declaraciones atribuidas a María Corina Machado donde dice que si participa el CNE en nuestra consulta, ella no propondría su nombre y presumo resolverá sola por su lado. Esto para nada me gusta porque creo que este tema tan delicado debe resolverse con la participación de todos y lo peor que puede ocurrir y que la historia nunca perdonará es que la oposición se presente con más de un candidato a la Presidencia de la República; sería el colmo de anteponer los intereses personales ante el de la Patria y colectivo.

Una vez que desde la oposición se decida la candidatura, por primaria o por consenso, no es racional y es criminal que otro nombre decida proponerse; quien lo haga merecerá nuestro más alto desprecio y desconocimiento y quedará arraigado a la orilla del camino con una fuerte, severa y seria calificación de la historia.

Aceptamos que el interés del colectivo y del país es primero o nos dedicamos a otras cosas, pero lo que es inaceptable es vivir en un permanente torneo de intereses individuales.

9 de septiembre 2022