Este término, tan presente en estos días en que se rememora la pasión de Cristo, tiene gran pertinencia a la hora de abordar la situación venezolana. La acusación de traidor debe ser una de las más graves, si no la más grave, que se le puede imputar a un militar. Aquellos que, presuntamente, son entrenados para defender a la patria con su vida estarían incurriendo en el peor de los delitos al traicionarla.

Pero ¿qué cosa es la “patria”? ¿Es la bandera, el escudo, la cinta tricolor y los ritos simbólicos evocados en los ceremoniales y en la liturgia conmemorativa de fechas “patrias”? ¿Acaso la “patria” la encarna el presidente de la República o el Congreso Nacional? ¿O –en deliberado contraste-- la “patria” somos los que, compartiendo un sentido de pertenencia a un territorio –Venezuela--, creemos estar identificados con valores particulares a nuestra manera de convivir en sociedad y de vernos ante el mundo?

La primera acepción del DRAE de “patria”, es:

“Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.” Tal definición se asocia a la época moderna, cuando surgen y se consolidan los estados-nación, como los conocemos hoy. La vinculación del concepto de “patria” con el de “nación”, lleva, por tanto, a referirla al conjunto de personas que, por razones históricas y culturales, comparten un territorio acotado en términos jurídicos. ¡La patria venezolana no puede entenderse sin nosotros, los venezolanos!

Este torneo de redundancias tiene como único propósito resaltar la descomunal aberración de aquellos militares que, llenándose la boca con proclamas en defensa de la patria, sostienen al régimen de Maduro. Haber asesinado --junto a colectivos fascistas-- a centenares de manifestantes desarmados que protestaban contra su mandato; proteger a un régimen que acabó, deliberadamente, con los medios de vida de la población y con los recursos para mantener servicios públicos vitales, condenando a los venezolanos a niveles de hambre y miseria insospechados hace escasos lustros; y negar la entrada de ayuda humanitaria --y, ahora, de vacunas contra el COVID-19-- porque fueron gestionados por el liderazgo opositor, no denota, precisamente, un comportamiento en defensa de la patria.

Esta aberración, como sabemos, se explica por la corrupción deliberada de la cúpula militar, de manera de hacerla cómplice y, por ende, defensora, del régimen de expoliación en que terminó el “socialismo del siglo XXI”. Nunca está de más reiterar que el desmantelamiento del ordenamiento constitucional y el acorralamiento de las fuerzas del mercado, amparado en la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de la gestión pública, y con la impunidad otorgada por un aparato judicial –también cómplice—en manos chavistas, crearon un escenario inusitado para la prosecución desenfrenada del lucro.

Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares controlarían, para 2018, no menos del 70% de la economía venezolana[1]. Están al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento, televisoras, de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg, constituida para intermediar en los negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio), de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de las empresas básicas de esa región, de los puertos y aeropuertos, de las empresas públicas, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Hasta hace poco, Maduro mantuvo en la presidencia de PdVSA y, paralelamente, como Ministro de Petróleo y Minería, a un general sin experiencia previa en el campo[2]. La participación de los militares venezolanos en actividades económicas, como directores de empresas públicas o contratistas del Estado, como jefes de despacho de ministerios económicos, como ejecutores de medidas de política o, indirectamente, como custodios de que sean cumplidas, ha sido instrumental para afianzar su lealtad. Adicionalmente, su función de resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras los posiciona favorablemente para extorsionar a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general, que usan estos servicios. Lugar destacado en estas prácticas tiene la Guardia Nacional. Más recientemente se ha denunciado su incautación de bienes y de alimentos de hogares particulares, al hacer sus razias en barriadas populares junto a las brigadas de exterminio (FAES). Si el sueldo más alto de la FF.AA., el de General en Jefe, era de apenas USD 17 (al mes) para finales de 2020[3], puede esperarse cualquier cosa. ¡Y ese es el régimen que defienden!

Pero esta aberración tiene un ingrediente que la hace aún más perversa. La insólita labor de destruir patria, que es, en fin, su resultado, se excusa con un artificio ideológico inventado por Chávez, quien calificó a estos militares como herederos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. Y como tal, son ellos, y solamente ellos, los custodios de la patria. Mejor dicho, son sus dueños. Se la debemos. Por antonomasia, lo que hacen, así sean crímenes registrados en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Misión Independiente de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos –ambos de las Naciones Unidas--, del Consejo Interamericano de Derechos Humanos o de numerosas ONGs, ¡es labor de Patria (ahora con mayúscula)! Subordinarse a Cuba y apoyar la contracción de la economía a la cuarte parte de la de 2013, ¡también! Y, cobijados en su burbuja ideológica, para los militares tales crímenes contra la patria no existen, ¡porque son ellos la patria! Invierten la argumentación conceptual del comienzo. Si la patria se asocia con el pueblo, sólo son “Pueblo” quienes dan su anuencia a esta particular noción de patria, propiedad de militares. Así, el ochenta y tanto por ciento de los venezolanos que repudiamos a Maduro no somos “Pueblo”. En su recetario maniqueo se nos reserva la condición de “enemigos”.

Uno de los elementos más indignantes de esta postura fascistoide es su pretensión de ejercer la supremacía moral. Así, Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, rechaza airadamente unos 12 millones de vacunas contra el Covid, gestionadas por Guaidó con el programa de COVAX de la OMS, ¡porque no va a aceptar “limosnas”! Las muertes que se hubieran podido evitar no existen en su cálculo; ya Maduro anunció remedios milagrosos y una remesa eventual de vacunas rusas. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo serán financiadas? “Detalles” irrelevantes porque, al igual que con el registro de contagios y muertes por Covid, no habrá forma de verificar esta afirmación. Total, ya la élite chavista fue vacunada.

Y ahora, para encubrir la participación de componentes de la FF.AA. en un enfrentamiento entre bandas de la guerrilla colombiana en Apure, presuntamente por el control del tráfico de drogas, se reproduce una de las peores actuaciones del ejército en el pasado –la masacre de El Amparo en 1988—, montando unos “falsos positivos” con campesinos de El Ripial, también del estado Apure. La intensidad de la acometida militar ha obligado a casi 4.000 civiles a cruzar la frontera a Colombia en busca de refugio. Denuncian, además, el robo de sus pertenencias por parte de militares venezolanos que allanan sus viviendas.

A raíz del incidente de El Amparo y a pesar del lamentable escarceo entre tribunales militares que evitó condenar a los asesinos, el Estado venezolano, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció su responsabilidad ante la masacre. ¿Cuál ha sido ahora la actitud de Padrino López?

¿Quiénes son responsables de nuestra tragedia? ¿Quiénes traicionan a la patria? ¿Con quiénes cuenta?

[1] http://impactocna.com/el-ejercito-de-ocupacion-que-opera-en-venezuela/

[2] Manuel Quevedo de la Guardia Nacional, quien estuvo al frente del Comando Regional número 5 en 2014 que desató una represión contra opositores que manifestaron en contra del presidente Maduro en Caracas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad social reportó que durante ese año fueron asesinadas 43 personas en manifestaciones de calle contra el presidente Nicolás Maduro. Se contabilizaron 973 heridos y 3 mil 306 detenidos. Fue destituido como presidente de PdVSA y ministro de Petróleo y Minería el 26 de abril de 2020.

[3] nfobae.com/america/venezuela/2020/11/09/el-regimen-de-nicolas-maduro-le-aumento-el-salario-a-los-militares-ahora-un-general-en-jefe-de-venezuela-ganara-unos-17-dolares-al-mes/

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La sed de poder y de control del Gobierno de Nicolás Maduro parece ser insaciable. Tras recuperar a la Asamblea Nacional, con lo cual ya vuelve a tener a todos los poderes del Estado bajo su puño, ahora el Ejecutivo nacional parece haber puesto su mira sobre la sociedad civil organizada, e incluso, sobre los ciudadanos de a pie. Así, lo denunció Acceso a la Justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia pública virtual que el pasado 25 de marzo concedió el organismo continental a un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas, y en la cual se analizó la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19.

«El cerco que el Gobierno de Maduro viene tendiendo a la sociedad civil organizada ya desde hace tiempo, se estrecha cada vez más (…) Pero también el cerco al ciudadano y a la sociedad civil en general», alertó Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, quien explicó a los comisionados los riesgos que suponen iniciativas gubernamentales como el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que el nuevo Parlamento oficialista ya aprobó en primera discusión.

Afirmó Laura Louza que:

«Con este modelo de Estado comunal, se “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe “autoprestar” los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que éste le indique y permita».

Agregó además lo siguiente:

«En el Estado socialista comunal, no hay límite alguno al poder, ya que se desdibuja tanto el rol del ciudadano como sujeto de derechos, y el del Estado de servir al ciudadano. Es evidente que no solo se refuerza el férreo centralismo y militarismo impuesto por el Gobierno de Maduro en el país, sino que además desaparece la libertad de la persona, así como los principios de soberanía democrática, Estado de derecho, separación e independencia de poderes, responsabilidad del Estado y sus obligaciones con los derechos humanos. También es obvio que con la implantación de un modelo de esa naturaleza, empeoraría aún más la situación de emergencia humanitaria que ya aqueja al país».

La Ley de Ciudades Comunales establece que grupos de ciudadanos organizados en consejos comunales podrán asumir la conducción de parte del territorio, y aunque se les prometen fondos, la transferencia de poderes desde la República, estados y municipios y se les da autonomía para tomar sus decisiones, lo cierto es que al menos la última oferta es totalmente falsa. ¿La razón? Los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales.

Tras recordarles a los comisionados que el llamado Estado comunal y el Poder Popular son figuras que no solo no están previstas en la Constitución de 1999, sino que además fueron expresamente rechazadas por los ciudadanos en el referendo sobre la reforma de la Carta Magna de 2007, Louza señaló otro motivo que hace sospechar que la iniciativa tiene como único propósito controlar aún más a la sociedad civil venezolana: El texto establece que todas las organizaciones comunales deben estar constituidas con el propósito de alcanzar una “sociedad socialista”, con lo cual se violan los principios constitucionales de la libertad de asociación, expresión y pluralismo político.

Contra las ONG

La nueva campaña contra las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que laboran en el país también fue abordada en la audiencia ante la CIDH. Al respecto, Feliciano Reyna, representante de Civilis y Acción Solidaria afirmó:

«La sociedad venezolana enfrenta un momento grave de desestructuración institucional y del Estado constitucional y democrático. Las comunidades, sectores y organizaciones civiles que reclaman derechos y entienden la necesidad de trascender el conflicto político, para buscar conseguir cambios, se encuentran amenazadas».

Tras denunciar el impedimento para registrar nuevas organizaciones o documentos ante notarías, las campañas de estigmatización, los allanamientos como el sufrido por Convite en diciembre pasado o la detención de los activistas de Azul Positivo este mismo año, Reyna expuso a la CIDH el peligro que representa para las agrupaciones civiles el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que la AN se plantea aprobar este año.

«Esta ley contraria a los estándares internacionales sobre los derechos de libertad de asociación y de expresión socavaría aún más los derechos de la población a la protección de sus derechos y permitiría la pérdida, el desvío y el uso discriminatorio de los recursos, extremadamente insuficientes, para responder a la escala masiva de la emergencia humanitaria».

El instrumento, presentado por primera vez en 2006 y luego resucitado en 2010, crea un fondo a donde deberían ir a parar los ingresos que las organizaciones de la sociedad civil reciben desde el exterior para sus proyectos y programas, y da al Gobierno la potestad de decidir sobre el uso de dichos recursos. Este texto es similar al aprobado en Rusia bajo los primeros gobiernos de Vladimir Putin.

Esta iniciativa le ha valido cuestionamientos al Gobierno de Maduro en escenarios como los exámenes periódicos universales de Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, ha sido rechazada por activistas y juristas, por considerar que viola el artículo 13 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU de 1998, el cual reza: «Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».

La COVID-19 como excusa

Las organizaciones civiles también denunciaron a la CIDH que la pandemia del coronavirus ha sido aprovechada por las autoridades venezolanas para reforzar su control sobre la ciudadanía mediante la represión a cualquier tipo de disidencia. Así, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó que de marzo a diciembre de 2020, 258 personas fueron detenidas de manera arbitraria por supuestamente violar las restricciones previstas en el Estado de Alarma.

«La aplicación del decreto de cuarentena se realiza de manera discrecional y sin respetar a los sectores más vulnerables», afirmó Marino Alvarado, quien agregó:

«La manera de proceder incluye detenciones arbitrarias, imposición de realización de ejercicios en la vía pública y de trabajo forzados por incumplir recomendaciones sanitarias, uso de los medios públicos y redes sociales bajo el Estado para promover odio contra actores sociales y políticos».

Denunció además que veintinueve sindicalistas fueron aprehendidos solamente en Caracas y que seis personas perdieron la vida durante protestas para exigir la mejora de servicios públicos desde que se impuso el estado de alarma.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Tras hacerse con el control de todos los órganos del Estado, la Fuerza Armada, los medios de comunicación y de buena parte del aparato productivo del país, la sociedad civil es uno de los últimos espacios independientes del Gobierno venezolano. La administración de Nicolás Maduro parece dispuesta a silenciar, cooptar o simplemente cerrar a las organizaciones civiles no afines, e incluso ir más allá y transformar a los simples ciudadanos de a pie en subalternos.

¿Por qué esto? Bien lo explicó Beatriz Borges, del Centro para la Justicia y la Paz (Cepaz), durante la audiencia ante la CIDH:

«El rol de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la esfera de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en términos de documentación, denuncia e incidencia ante las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela».

31 de marzo 2021

https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-en-la-cidh-maduro-bus...

El revolucionarismo socialista en pleno siglo XXI, devenido de dos golpes de Estado y hociqueado además por el cubanismo, abraza la violencia política como guerra dominante y guerra psicológica, como fundamento o guía para imponer una supuesta Liberación Nacional que termina empleando al cuerpo armado como palanca política en acciones contra un enemigo interno y otro externo. Ese revolucionarismo nada en la violencia, a la fuerza bruta e irracional, lo cual ha quedado verificado en los hasta ahora eventos del costado nor-sur-occidental, con resultados borrosos o confusos que muestran una tensión fronteriza con muertos, desaparecidos y desplazados frente a una acción del revolucionarismo venezolano fracasado.

Revolucionarismo violento e incapaz distante de la polemología, la geopolítica y del arte de gobernar, se muestra casi como única en su accionar político disparatado que evidencia el colapso del chavismo-madurismo- militarista. Esa insensatez dibuja la acción del costado nor-sur-occidental llena de improvisaciones. El revolucionarismo está descubierto y arrinconado debido a una supuesta operación armada, en la cual el mando responsable se ha mostrado carente y distante del arte militar, en especial en lo atinente a la responsabilidad de mando y comando comprobando toda su descomposición y desconocimiento, más irresponsabilidad que alarma a la ciudadanía venezolana.

Insensatez, máximo desconocimiento de la ciencia militar, indefinición del objetivo en cuanto se aprecia en una maniobra que ha creado repulsa de la venezolanidad y un grave descrédito para los responsables, que ahora no aparecen. Por ello crecen las preguntas sobre la orden operaciones, el mando y los ejecutores, sólo se sabe de 12 soldados heridos que supuestamente de otros fallecidos. ¿Quién firmó la orden de operaciones? ¿Quién fue el comandante? Máximo descrédito por la irresponsabilidad del comando y a quien le correspondió definir las acciones. La nación no lo sabe y se infiere que se oculta todo cuanto fue un fracaso en el costado nor-sur-occidental.

El revolucionarismo que se observa en la República del siglo XXI reclama un cambio político que, como régimen violento se ha notado inepto y farsante, tanto así que en el costado nor-sur-occidental sólo hay confusión, rumores, especulaciones y acusaciones para que finalmente se cuenten muertos y heridos venezolanos. Esta situación obliga al revolucionarismo explique tan grave dislate. La sociedad venezolana tensa por la pandemia, está en cuenta del resquebrajamiento militar y se interroga frente a este sin sentido ¿Cómo accionara el revolucionarismo? ¿Con más violencia? El venezolano esta harto de engaños. le asquea la irresponsabilidad armada y altanería de un régimen violento, incapaz y mentiroso.

El revolucionarismo y su operación en el costado nor-sur-occidental, han estremecidos a la venezolanidad en Semana Santa, espacio para la mayoría de los cristianos que hoy tiemblan frente a una operación destrozada en el costado nor-sur-occidental que ha estremecido al país. Por ello reclama que no haya más engaño, no fintas, ni otras maniobras peligrosas y sin sentido. El cuerpo societal está en cuenta de fuerzas erráticas e irresponsables, reclama a quienes debieron informar a la opinión pública que no evadan su irresponsabilidad por estar llenos de pánico. Llenos de pánico por actuar de manera cobarde empleando la política y la sub-política, de espaldas a la Constitución sin guardar respeto a la sociedad toda por desconocimiento de la ciencia y de la polemología.

El revolucionarismo en el costado nor-sur-occidental fue un fracaso del revolucionarismo y de los mandos que por el marxismo cubano han desviado al estamento militar hasta transformarlo en un cuerpo irresoluto, disperso, sin tonicidad operativa, sin mística y desprofesionalizado para hacer la guerra. En consecuencia, la guerra como ciencia y arte es desconocida, por todo ello es responsable del revolucionarismo. El actual cuerpo armado disfrazado del militar no está familiarizado con la filosofía de la guerra, ni conoce los principios, ni sabe de operaciones tácticas y nunca ha realizado maniobras.

El revolucionarismo se sirve del cuerpo armado, por lo tanto es ignorante sobre operaciones conjuntas, menos sabe de operaciones combinadas, de cruces de ríos, de pasar de la defensa a acciones de explotación, no hay Fuerza Armada… esa es la desgraciada y grave realidad del revolucionarismo. ¡Una real regresión del estamento militar! Estamento militar que fue victorioso ente 1972-1976, cuando un movimiento subversivo guerrillero fue derrotado y pacificado al hoy cuerpo armado en regresión que ha puesto a los muertos y heridos que ya han sido enjuiciados por la historia y por la sociedad. La situación del costado la define los 12 soldados heridos y los muertos.

La operación del costado nor-sur-occidental y los 12 soldados heridos constituyen el impacto definitivo para que la mayoría de venezolanidad democrática construya las acciones políticas de un Movimiento Político de Renacimiento Nacional, que desplace la barbarie retrógrado del socialismo revolucionarismo socialista, que ha demostrado no saber gobernar pero además, en extremo desprofesionalizar al estamento militar en Venezuela.

Es original,

Director CEPPRO-CSB

@JMachillandaP

Caracas, 30 de marzo de 2021

Construir la propia imagen demanda mucho tiempo. Pero se puede destruir a una velocidad asombrosa.

La imagen propia es el principal capital electoral de un político. No me refiero a la imagen como aspecto externo de una persona sino como reputación. Es la imagen en el sentido de las ideas, opiniones e impresiones que el político causa en la población. Por eso una imagen dañada frecuentemente conduce hacia un fracaso electoral.

El problema es que todo político tiene que pasar tarde o temprano por el duro examen de ser atacado. Y los ataques provocan un daño en su imagen. Mayor o menor, pero daño al fin. Un daño donde influye más lo que el público percibe que la propia realidad objetiva. Un daño que solo puede anularse o minimizarse a través de una buena defensa.

A continuación, te brindo algunos consejos para defenderte de los ataques políticos de la mejor manera:

• Sé prudente. Evita acciones o palabras que les puedan facilitar el ataque a tus adversarios.
• Imagina posibles escenarios de ataque en tu contra y diseña algunas líneas de acción para esas emergencias.
• Diagnostica con precisión el ataque recibido: quién te ataca, de qué te acusa exactamente, qué repercusión puede tener y qué daños te puede provocar.
• Ignora el ataque recibido solo cuando es muy débil, no tiene entidad ni credibilidad y no llega a tu público objetivo. En el resto de las situaciones es necesario responder.
• Antes de responder elige tu estrategia defensiva: o bien reduces tu responsabilidad en el acto del cual se te acusa, o bien reduces la negatividad misma del acto o bien reduces el ‘castigo’ a recibir corrigiendo el acto o disculpándote por el mismo.
• Responde por las mismas vías comunicacionales que se produjo el ataque. De esta manera evitas multiplicar su impacto con tu propia respuesta. Recuerda que si llevas tu respuesta a medios de comunicación que estaban ajenos al tema lo único que lograrás será expandir el ataque.
• Responde pensando más en tu público objetivo que en el rival que te atacó.
• Si estás en falta, siempre será mejor admitirlo rápidamente. Así podrás hacer un rápido control de daños.
• Considera que la respuesta la puedes brindar tú mismo o también un portavoz. Todo depende de las circunstancias y de la cultura política local.
• Evita las falsedades. Tarde o temprano se desmoronan como un castillo de naipes.
• Evita también las afirmaciones que sin ser falsas igualmente puedan dar lugar a réplicas y contraataques.
• Coloca el foco en los asuntos específicos involucrados en el ataque y en la defensa, sin abrir nuevos frentes de conflicto.
• Encuadra estrictamente toda tu defensa dentro del contexto general de tu estrategia política. Si para defenderte rompes tu estrategia le estarás dando un gran triunfo a quien te ataca.
• Brinda el máximo soporte informativo a cada una de las afirmaciones que hagas en tu defensa. Explica claramente razones y detalles de cada una de ellas.
• Tus respuestas deben ser simples y fáciles de comprender.
• Intenta siempre ser breve, lo más breve que sea posible en cada circunstancia.
• Si el ataque es complejo, debes desplegar los temas defensivos a lo largo de un cierto tiempo. Con aliento de verdadera campaña comunicacional.
• Menos es más. Defiéndete con menos argumentos pero que sean más fuertes.
• Mantén la calma. Evita que tus emociones interfieran con la claridad de tu mensaje defensivo.

Recuérdalo: te van a atacar. Es mejor que estés preparado para defenderte. Porque una buena defensa no solo disminuye los daños sino que además puede significar un gran salto adelante en tu reputación pública.

28 de marzo 2021

Maquiavelo&Freud

https://danieleskibel.com/consejos-defenderte-ataques-politicos/

Las primeras décadas del siglo XXI han estado marcadas por dos grandes crisis económicas. La primera fue en 2008, cuando la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos reventó con efectos mundiales. La segunda llegó con la pandemia en 2020 y en ella estamos actualmente.

La crisis económica norteamericana de 2008 se expandió a una velocidad sorprendente y fue de tal envergadura que no sólo puso en cuestión la ideología neoliberal imperante, sino que demostró que la solución sólo podía venir desde la política y el Estado.

Con el presidente Biden ocurre hoy algo similar, pero con una audacia cuya profundidad justifica analizarla en su impacto y alcance.

Ante el estallido de 2008, el presidente George W. Bush, dejando de lado sus convicciones, entendió que la envergadura de la crisis era tal que no bastaba tratar el tema sólo con las economías más avanzadas, agrupadas en el G-7. Debía convocarse también a las grandes economías de Asia, como China, India y Corea del Sur, así como a Sudáfrica y otros países de peso mayor, entre ellos Argentina, Brasil y México.

En marzo de 2009, durante la primera reunión de este grupo y ya con Barack Obama como Presidente, el G20 se planteó como un foro de cooperación y consulta para llevar adelante políticas en favor del crecimiento y los mercados abiertos, considerando los alcances sociales y políticos de tales medidas. En materias más concretas, se autorizó el aumento de capital del Fondo Monetario Internacional, pasando de 200 mil millones de dólares a 750 mil millones. ¿Cómo se sumaron estos 500 mil millones de dólares? Pues 250 mil millones correspondieron a un aumento en el porcentaje de aportes que cada país realizaba a la institución, y los otros 250 mil millones respondieron a los llamados “derechos especiales de giro”. Esta medida, más la reducción de la tasa de interés y la inyección de 100 mil millones al Banco Mundial y a los bancos regionales –como el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Caribe– lograron regular las finanzas mundiales, algo que el mercado había sido incapaz de hacer hasta ese momento.

Once años después estamos ante una crisis de envergadura semejante, con la diferencia de que esta afecta no sólo al ámbito financiero sino especialmente a la economía real, y que ha elevado los índices de cesantía de manera inmediata. La pandemia y sus consecuencias son una lección de humildad para los seres humanos. Más de dos mil millones de personas estuvimos encerradas, rompiendo el mito de que éramos todopoderosos. Una medida que reaparece en distintas partes, como en Chile, ante la persistencia del virus mortal.

Esta crisis, por sus características, desnudó las carencias sociales que se venían acumulando a lo largo de los años y demostró la profunda vigencia de las desigualdades. La crisis económica generada por la pandemia ha revelado cómo aquellos que viven de la renta de un capital han visto acrecentar sus fondos, mientras que quienes sólo tienen como ingreso el trabajo de sus manos y servicios directos, se han tenido que quedar en sus casas, muchas veces sin trabajo ni recursos. Ante esta profunda desigualdad, ¿cómo se reactiva la economía y se saldan las deudas sociales que millones han contraído durante este tiempo?

Biden se jugó por una respuesta con el acelerador a fondo. Para enfrentar los efectos de la pandemia decidió traspasar dinero directo a las manos de los ciudadanos afectados e inyectar liquidez a la economía norteamericana. En cierta forma, algunos ven allí que Biden tomó el mismo camino elegido por el presidente Roosevelt cuando, al hacer frente a la crisis de 1930, impulsó el “New Deal”.

Esa política económica consistió en realizar un enorme plan de infraestructura para mejorar el país –que además lo necesitaba–, y que luego continuó después de ese gobierno y bajo esta misma lógica, cuando durante la II Guerra Mundial, se dejaron de producir autos para ser reemplazados por tanques y aviones militares.

El nuevo mandatario norteamericano tuvo ahora también la referencia de Obama en 2009 y su política keynesiana. Pero Biden, con audacia, fue más allá. Lanzó un plan de reactivación económica que incluye cheques directos, subsidios por desempleo y ayudas estatales y locales, siendo lo más significativo la entrega de 1.400 dólares mensuales por persona a quienes ganen menos de 75.000 dólares al año.

En este sentido, esta política de reactivación salda en algo la deuda social puesta en evidencia por la pandemia, a la vez que estimula la demanda por bienes esenciales y servicios nacionales o importados, movilizando al mercado interno. Tanto la Reserva Federal como la Secretaría del Tesoro han aprobado esta política, e incluso se han comprometido con proporcionar 2.5 trillones de dólares para que no falte liquidez ante las transferencias comprometidas. Y todo eso controlando la inflación. Una política que podría inspirar a Europa donde, el control del gasto y la austeridad, llevaron a una crisis social aún no resuelta.

Biden apostó con osadía, teniendo como referencia las enseñanzas de hace décadas y las recientes. Enfrenta la crisis con decisión, asume la desnudez social relevada por la pandemia y vuelve a vestir al desprotegido. Opta por lo único que es válido de hacer si no queremos una crisis total en la post pandemia: colocar al ser humano en el centro de las decisiones políticas.

28 de marzo 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/03/ricardo-lagos-biden-y-la-osadia...

Tradicionalmente han existido desencuentros, por decir lo menos, entre los actores políticos y los trabajadores petroleros. Por malentendidos, a veces se han comportado como agua y aceite. Por alguna razón, ha faltado el emulsificante que permita una solución homogénea que favorezca la relación entre ellos y beneficie al país. Obviamente el emulsificante requerido es la buena voluntad de las partes, que deben entender y respetar el radio de acción de cada una.

El mundo político venezolano está entendiendo que, desde antes de la estatización de los hidrocarburos, ya distinguidos petroleros venezolanos manejaban las operaciones y que, posteriormente, la condujeron con espíritu nacionalista. Además, con el desastre de la administración roja-rojita se hizo evidente que los hidrocarburos no brotan solos, ni la refinación es tan sencilla como destilar alcohol de caña de azúcar. Asimismo, que el comercio y suministro es complejo y que los controles son imprescindibles para evitar la corrupción.

Por su parte, los técnicos petroleros deben aceptar que las políticas del sector las deciden los políticos con el debido asesoramiento. También, que los presidentes de Pdvsa los designa el accionista y que no necesariamente deben ser conocedores de las operaciones. Así, hemos tenido buenos presidentes como Rafael Alfonzo Ravard, Andrés Sosa Pietri, Gustavo Roosen y Guaicaipuro Lameda, con buenas credenciales gerenciales, que se asesoraron con los técnicos para la toma de decisiones. Los petroleros deben entender que no importa la mayor o menor cercanía de los presidentes y directores de Pdvsa con el presidente de la república, sino sus méritos profesionales y ciudadanos.

La excepción se presentó cuando el presidente Hugo Chávez se propuso “tomar esa colina”, para lo cual designó presidentes y directores sin méritos para el cargo. El presidente interino Juan Guaidó designó inicialmente a Luis Pacheco y después a Horacio Medina al frente de Pdvsa ad hoc, y en Citgo a Carlos Jordá, tres profesionales con méritos inobjetables.

Para un entendimiento entre políticos y petroleros, ambas partes deben respetar sus respectivas atribuciones. Además, los petroleros tienen que aceptar que no todos los nombramientos deben provenir de sus filas. A su vez, los políticos deben percatarse que es imprescindible que las designaciones inspiren respeto entre los técnicos, por lo cual el mérito debe ser el factor principal a considerar. Afortunadamente, los recientes intercambios entre la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional legítima electa en el 2015, y destacados expertos petroleros, nos permiten ser optimistas.

En reciente foro, los diputados Elías Matta, presidente de la citada Comisión, y Luis Stefanelli, coincidieron en los puntos más importantes con Horacio Medina y Francisco Monaldi, conocedores a profundidad de la industria de los hidrocarburos. Cabe destacar los siguientes puntos:

Futuro: 1- En un plazo más o menos cercano se impondrán las energías no contaminantes, pero el petróleo seguirá siendo importante por varios años. 2- Este recurso es el que tenemos disponible a corto plazo para la recuperación del país. 3- Hay que superar la mentalidad rentista y entender que el Estado no tendrá recursos para subsidios indiscriminados, ni para mantener empresas públicas. 4-El gas no tiene la importancia del petróleo, pero es necesario intensificar su desarrollo.

Disponibilidad de recursos: 1- El próximo gobierno no dispondrá de los recursos financieros para recuperar la deteriorada industria petrolera, ya que los mismos serán destinados a salud, educación, electricidad, agua potable e infraestructura en general. 2- Esos recursos tampoco estarán disponibles en los organismos internacionales, los cuales sí aportarán para la recuperación de otros sectores. 3- La única opción es la inversión del sector privado nacional e internacional. 4-La deuda externa del país ronda los 140.000 millones de dólares. Además, tenemos pendientes muchas demandas por las expropiaciones arbitrarias de Chávez-Maduro, por lo que habrá que llegar a acuerdos con los acreedores.

Requisitos: 1- Es imprescindible un nuevo marco legal para permitir y dar confianza a la inversión privada, para lo cual se trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos 2- Es necesario flexibilizar el marco impositivo y considerar la tasa aplicable a cada proyecto.3- Se requiere un nuevo ente planificador, administrador y regulador de los hidrocarburos.

Pdvsa: 1- No podrá ser la de antes. Tendrá que ser redimensionada y, al menos por un tiempo, seguirá operando. Después podría o no desaparecer. Algunos piensan que es conveniente mantener una petrolera estatal. Otros creen que no lo es. 2-Hay que contar con el personal operativo calificado que actualmente labora en Pdvsa, pero en algunas áreas hay escasez de técnicos y de obreros especializados. 3- El personal de la empresa está desmotivado por sueldos y salarios que no cubren las necesidades básicas, por lo precario de la asistencia médica y de la seguridad industrial. 4- Hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores y hacer justica con los despedidos ilegalmente. 5- Llegar a acuerdos con los sindicatos y 6- Revisar los convenios internacionales.

Quien esto escribe, que no es petrolero sino devenido por las circunstancias en divulgador de esta actividad, considera que desde ya hay que pensar en qué hacer con la investigación, con la enseñanza y con la responsabilidad social, llevadas a cabo en el pasado con éxito por el Intevep, Cied y Palmaven. Una posible vía podría ser apoyarse básicamente en las universidades y lograr financiamiento mediante un pote administrado por el ente regulador propuesto, al que aporten las petroleras de acuerdo con sus proyectos. El tiempo apremia, ya que somos optimistas de que el régimen terminará de derrumbarse antes de lo que algunos piensan.

Como (había) en botica:

El régimen protegió a la guerrilla colombiana y, al parecer, ahora se parcializa por una de sus facciones. Los perjudicados son los habitantes de varias localidades de Apure y nuestros militares y civiles fallecidos. Los organismos internacionales de derechos humanos deben investigar esa situación confusa Lamentamos el fallecimiento de Nicola Paglione, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

La agricultura venezolana, para poder mantenerse y evolucionar, permanentemente ha tenido que luchar contra muy variados obstáculos. Recuerdo desde los años sesenta, cuando me inicié en el mundo del agro culminando mis estudios de agronomía y posiblemente hasta hoy, que los productores han tenido serios problemas para vender sus cosechas de cereales y otros rubros a las industrias procesadoras. Se prefería importar y favorecer con sistemas impositivos las materias primas, y alimentos en general, producidos en el extranjero, porque en las arcas de la nación se atiborraban las divisas provenientes del petróleo. Popularmente esto se ha identificado como agricultura de puertos. Hemos estado enfermos, nos hemos contagiado con la enfermedad holandesa derivada de nuestra economía rentista basada en la exportación petrolera. En algunos momentos esto se manejó contingentando las importaciones para favorecer la venta de los productos nacionales. Esta política fue seriamente criticada por algunos economistas, pero funcionó aunque también fue muy fugaz.

Quizás desde los años ochenta en adelante, la infraestructura de apoyo a la agricultura ha venido deteriorándose, y como ejemplo podemos citar el caso de los sistemas de riego. En lo personal opino que quizás el obstáculo más limitante es la inseguridad personal y jurídica que perturba el comportamiento de los productores, y limita sus inversiones para mejorar la producción y la productividad. Más recientemente se menciona la escasez y obsolescencia de maquinaria e implementos agrícolas, y como noticia que rompe el celofán en las redes, un tremendo obstáculo es la falta casi absoluta de combustible, de diésel para la operación de la maquinaria y de otros equipos requeridos en las unidades de producción.

Desde el año 2010, con la expoliación de la empresa Agroisleña, C.A., la falta de un suministro variado, suficiente y oportuno de los insumos agrícolas básicos, se ha convertido en uno de los mayores obstáculos que tiene nuestra agricultura. Posiblemente, esta complicación para adquirir los insumos básicos ha traído como consecuencia la aparición de diversos obstáculos ocultos para la agricultura nacional. Son ocultos porque se establecen y manejan a la sombra de la ilegalidad.

Un ejemplo de esto ha sido la venta de semillas de pobre calidad, no solo en su pureza y vigor, sino en su identificación fraudulenta. En mis vivencias estudiantiles, el profesor de olericultura mencionaba que las semillas deben ser “verdaderas al nombre”, en lo cual hacía mucho énfasis para las semillas de hortalizas. Por supuesto, esto se refería a que la semilla tenía que ser del genotipo correspondiente a su identificación. En años recientes, posteriormente al uso de algunas semillas de diversos cultivos, se ha detectado que no correspondían al genotipo identificado en las etiquetas, e incluso se ha llegado a vender variedades por híbridos.

Insecticidas y herbicidas también han sido, en algunas oportunidades, obstáculos ocultos, ya que se han adulterado diluyéndolos o mezclándolos con otras sustancias, y por supuesto han perdido su capacidad para combatir insectos plaga y malezas. Algunas conclusiones por el uso de estos productos, son referidas a que tanto los insectos como las malas hierbas han desarrollado resistencia a los ingredientes activos de dichos plaguicidas, desprestigiándolos.

Actualmente ha aparecido otro obstáculo oculto, con la distribución en diversas regiones agrícolas del país de fertilizantes que aparentemente no tienen la calidad química indicada en la etiqueta, ni tienen la calidad física de la resistencia de sus gránulos. Esto se ha estado detectando por las quejas de algunos productores, quienes se sorprenden porque los rendimientos logrados en sus cosechas están muy por debajo de lo esperado, y por los problemas que se han presentado en el manejo de estos productos por disgregación de los gránulos y su apelmazamiento en los equipos de abonamiento. Por supuesto, si la concentración de nutrientes de productos de este tipo es mucho menor que lo indicado en la etiqueta, el agricultor está aplicando dosis inferiores a las requeridas y, consecuentemente, la calidad de su cosecha y los rendimientos van a ser muy pobres.

Estos obstáculos ocultos y la piratería que se realiza con ellos, se pueden evitar si el productor se dirige a distribuidores de tradición y confianza. Por supuesto, estos distribuidores tienen que esforzarse por disponer de una variada gama de insumos, en cantidad suficiente y de manera oportuna para que el productor los pueda utilizar en los momentos mejor indicados. Recordemos que toda práctica agrícola, para que sea eficiente, tiene que ser aplicada oportunamente.

Pedro Raúl Solórzano Peraza

Marzo de 2021.