Apenas diferenciamos un bolero de un joropo, por ello este artículo no es sobre las fugas musicales y mucho menos sobre las de Bach, aunque en ellas da la impresión de que hay unas voces perseguidas y otras que persiguen. La historia de la humanidad narra muchas fugas famosas. Quizá la más traumática fue la de la bella Helena, que decidió irse con Paris a escondidas de su esposo Menelao. Allí ardió Troya. Otra fuga célebre que despertaba nuestro interés de adolescente fue la del Conde de Montecristo, quien burló a sus carceleros para consumar una venganza justificada.

En esta tierra que una vez fue de Gracia, la pequeña historia reciente refiere muchos casos de fugas de presos políticos. En 1951, durante la dictadura de Pérez Jiménez, un comando logró rescatar del Puesto de Emergencia de Salas al líder de la resistencia acción democratista Alberto Carnevali, quien estaba custodiado por agentes de la Seguridad Nacional.

En la etapa democrática iniciada en 1958, hubo varios alzamientos militares y frentes de la guerrilla castro comunista. Como consecuencia, numerosos civiles y militares fueron capturados, sentenciados y encarcelados.

A continuación mencionamos algunos casos de presos que lograron escapar. En 1961, el teniente coronel Moncada Vidal y otros seis oficiales que eran trasladados de Puerto Cabello a Caracas, dominaron a sus custodios y desviaron el avión a Curazao. En 1962, se escaparon del Hospital Militar el médico Rodolfo Hernández Miliani, el mayor Manuel Azuaje y otros. En 1963, Teodoro Petkof se fugó mediante una cuerda desde el Hospital Militar. En ese mismo año, el capitán de corbeta Jesús T. Molina Villegas, Fabricio Ojeda y Luben Petkoff se escaparon de la cárcel de Trujillo y en diciembre Manuel Azuaje, el capitán de fragata Pedro Medina Silva, Germán Lairet y Gastón Carvallo se fugaron de la isla del Burro. En 1967, Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Guillermo García Ponce se escaparon del cuartel San Carlos por un túnel cavado de afuera hacia adentro. En 1975 se escaparon de dicho cuartel Carlos Betancourt y otros 22 guerrilleros, mediante túnel desde adentro. Algunos de los citados fueron recapturados. Todos fueron indultados o sobreseídos por los presidentes Leoni y Caldera. Ninguno estuvo más de cinco años preso.

Durante la dictadura totalitaria de Chávez-Maduro, el doctor Pedro Carmona, quien había asumido la presidencia provisional de la república a raíz de la masacre del 11 de abril del 2002, logró escapar del apartamento que tenía por cárcel. Del presidio militar de Ramo Verde se fugaron en el 2006, Carlos Ortega, presidente de la CTV, el coronel Jesús Farías y el capitán Rafael Farías. En el 2009, Nixon Moreno salió a escondidas de la Nunciatura Apostólica, donde estaba refugiado. Recientemente, en noviembre de 2017, el Alcalde Mayor y principal dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, logró evadir a los vigilantes que custodiaban su apartamento en el que estaba preso. Iván Simonovis escapó en mayo del 2019, después de pasar 16 años preso. Todos los casos citados en este párrafo eran presos políticos que no habían cometido ningún delito.

La semana pasada, Leopoldo López, principal dirigente de Voluntad Popular, tomó la iniciativa de buscar la libertad. En febrero del 2014 fue acusado de promover protestas. Voluntariamente se entregó a la Guardia Nacional rodeado de miles de caraqueños. Lo sentenciaron a trece años y nueve meses. Estuvo incomunicado en el presidio militar de Ramo Verde. El julio del 2017 le dieron cárcel por casa. Y desde el 30 de abril del 2019 se refugió en la embajada de España, siendo aceptado como huésped.

Todo preso político tiene derecho a fugarse, independientemente de que su causa sea o no válida. En el caso de la dictadura de Chávez-Maduro se justifica, aún más, porque los presos no han tenido derecho a la debida defensa y han sido imputados y sentenciados por fiscales y jueces que obedecen órdenes de Miraflores.

Históricamente, los contrarios a los carceleros siempre aplaudieron a los fugados. Lamentablemente, hoy en medio de un régimen totalitario, algunos que se dicen opositores menoscaban el valor de esos valientes que cayeron presos por luchar por la libertad de los venezolanos. Por ignorancia, por mala fe o por deseos de figurar, disparan twitters a diestra y siniestra, con hipótesis tendentes a descalificar. Desde luego que no pretendemos censurar la libertad de expresión, sino hacer un llamado a la sensatez. El enemigo es Maduro y sus palafreneros ¡Bravo por Leopoldo y por todos los presos políticos que se han fugado!

Como (había) en botica:

El mayor general Ovidio Delgado Ramírez anunció a la ciudadanía que el ejército no distribuye papas porque hay escasez, pero que seguirá repartiendo leña a los venezolanos. Ante la frustración por no capturar a opositores o por la fuga de alguno, el régimen detiene a familiares, amigos y relacionados. Esta vez le tocó a la señora Nubia Campos, por el delito de llevarle la comida a Leopoldo; también al vigilante de la embajada, señor Neira ¡Qué miserables!

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Esta semana se está debatiendo la regulación de la Política Agrícola Común (PAC) en el Parlamento Europeo y en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura.

La PAC es la política más cara y con más impacto de la Unión Europea. Ha tenido un coste aproximado de 363.000 millones de euros en el período 2014-2020 y afecta directamente al 40 % de la superficie terrestre de la UE.

La PAC es también responsable de la pérdida de agrobiodiversidad, ya que condiciona absolutamente la producción agrícola, intensificándola, y detrayendo recursos para otros fines (por ejemplo, la conservación). Se ha observado que los hábitats y especies vinculados a la agricultura son de los que se encuentran en peor estado de conservación y con una tendencia clara hacia el deterioro.

La agricultura es uno de los principales impulsores del cambio de uso del suelo y de la pérdida de biodiversidad. Aproximadamente la mitad de la superficie terrestre libre de hielo se dedica a la producción agrícola que se ha intensificado enormemente mediante la mecanización y el uso de agroquímicos, reduciendo o eliminando un sinfín de especies.

Nuestra misión es compartir el conocimiento y enriquecer el debate.

Mejorar el vínculo entre las políticas agrícolas y la conservación de la naturaleza, apoyando sistemas agrícolas sostenibles que beneficien a la naturaleza y a las personas, debería de ser una prioridad.

Dicha mejora sería imprescindible si estuviéramos verdaderamente comprometidos con el alcance de los objetivos de los acuerdos internacionales de conservación, como las Metas de Aichi para la diversidad biológica. Según estas, por parte de la agricultura sería necesario eliminar o reformar los incentivos perversos para la biodiversidad (meta 3) y alcanzar una producción de alimentos sostenible (meta 7).

Sin embargo, como hemos sabido hace poco, ninguna de las metas que nos habíamos puesto en 2010 para detener la pérdida de biodiversidad se han alcanzado en 2020.

Ayudas para unos pocos

La Política Agrícola Común se basa principalmente en pagos directos concedidos a los agricultores, para supuestamente compensarles por los bienes y servicios públicos que proporcionan a la sociedad (pilar I) y en la financiación del desarrollo rural (pilar II).

Los pagos directos son el principal gasto de la PAC (unos 40.000 millones de euros al año; el 70 % de su presupuesto total en 2019) y están basados principalmente en la superficie agrícola o en el número de cabezas de ganado en propiedad. Este instrumento no es apropiado para abordar los problemas ambientales y de cambio climático, ni es la forma más eficiente y justa de apoyar la renta de los agricultores.

En la actualidad, el 80 % de las ayudas se concentra en menos del 20 % de los potenciales beneficiarios.

Las explotaciones más grandes e intensivas y mejor ubicadas son las más beneficiadas. Como consecuencia, las más pequeñas y en zonas desfavorecidas (generalmente en regiones periféricas y de montaña) no pueden competir y son expulsadas del mercado.

El 27 % de los hábitats prioritarios de la UE son dependientes directa o indirectamente de la agricultura o la ganadería. Las medidas ambientales de la PAC, insuficientes

Actualmente, la PAC dispone de medidas de carácter ambiental que se encuentran disponibles en ambos pilares. En el primer pilar existe la denominada ecologización o greening, que consiste en la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y el establecimiento de superficies de interés ecológico.

En el segundo pilar se incluyen medidas agroambientales y climáticas que han evolucionado desde la protección de hábitats y paisajes amenazados hasta la actual provisión de servicios de los ecosistemas. Sin embargo, su objetivo pasa más por compensar la pérdida de ingresos potenciales debido a la implantación de prácticas más sostenibles.

Además, las ayudas están parcialmente condicionadas al cumplimiento de normas básicas (medio ambiente, salud y bienestar animal, etc.) y a la adopción de una serie de buenas prácticas agrícolas, en lo que se denomina condicionalidad.

Sin embargo, el greening se ha diluido hasta el punto de no tener los resultados deseados. Esto se debe a la preponderante selección de medidas de carácter productivo (por ejemplo, cultivos fijadores de nitrógeno y de cobertura) frente a medidas más efectivas ambientalmente y no productivas (árboles, setos, barbecho, etc.), a exceptuar de su adopción a la mayoría de las explotaciones y a permitir la pérdida de pastos permanentes fuera de los espacios protegidos.

Asimismo, las medidas agroambientales y climáticas han demostrado resultados diversos, generalmente limitados, mixtos (positivos y negativos) o incluso contraproducentes. Por una parte, la adopción de buenas prácticas agrícolas es limitada, al no incluir legislación europea relevante (aguas o plaguicidas). Por otra, los niveles de incumplimiento son altos (alrededor del 30 %).

Cómo diseñar una PAC más sostenible

Con el debate abierto sobre la futura PAC y si esta va por buen camino, es el momento adecuado para exigir cambios. Uno de ellos es la implementación de reglas de asignación de las ayudas basadas en criterios de sostenibilidad que beneficien a los agricultores que realmente necesiten apoyo y proporcionen beneficios públicos.

Deberían priorizarse las explotaciones que proporcionen más bienes y servicios públicos, vinculados a la acción climática y otros objetivos ambientales, como la conservación de la naturaleza.

En Europa, las explotaciones que presentan mejor desempeño ambiental y mayor biodiversidad se conocen como explotaciones o sistemas de alto valor natural (SAVN). También son muy valiosas en términos de patrimonio cultural.

Estos sistemas se han integrado en la PAC a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y se consideran un indicador. Sin embargo, su apoyo aún no se ha llevado a cabo en la práctica. Solo obtienen una priorización marginal y ninguna financiación específica.

En consecuencia, los SAVN han ido perdiendo calidad y extensión en toda la UE. Todo ello a pesar de que disponemos de métodos para su identificación y seguimiento, basados en información actualmente en manos de los gestores, y de que es posible subvencionar sus costes de conservación en conformidad con los acuerdos de agricultura de la Organización Mundial del Comercio.

Una priorización eficaz de las explotaciones agrícolas en consonancia con los objetivos ambientales de la PAC reflejaría una verdadera ambición de lograr no solo los nuevos objetivos de la PAC, sino también los acuerdos y objetivos internacionales de conservación y sostenibilidad.

La actual reforma no va por buen camino

Sorprendentemente, la propuesta de regulación para la futura PAC de la Comisión Europea sigue imponiendo a los Estados miembro el uso de los pagos directos y no ha ampliado el apoyo a ninguna forma específica de agricultura sostenible e, incluso, ha eliminado de la misma a los SAVN. Este movimiento muestra poca ambición ambiental e ilustra una falta de voluntad política para abordar los desafíos de la sostenibilidad.

Es más, los intentos por debilitar la ambición ambiental se están viendo reforzados durante las actuales negociaciones entre los diferentes actores al pretender, entre otros, que el Pacto Verde Europeo no sea tenido en cuenta en la futura PAC.

El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. Respecto de la agricultura, esta se ha integrado mediante las estrategias de la granja a la mesa y sobre biodiversidad para 2030. El objetivo es garantizar una cadena alimentaria más sostenible, por ejemplo, exigiendo que un 10 % de la superficie agrícola se destine a medidas de biodiversidad, reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas o garantizando que el 25 % de la superficie agrícola esté bajo producción ecológica.

Si bien este cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, el nuevo período de la PAC debería aprovecharse para realizar una transición suave que cambie su funcionamiento. Del pago dominante por superficie y número de cabezas de ganado al pago por la provisión de bienes y servicios públicos.

Las propuestas actuales mantienen el statu quo y, por lo tanto, solo nos conducirán irremediablemente al resultado que ya conocemos: una drástica y dramática pérdida de especies y explotaciones agrícolas, no abordar el cambio climático y un incremento de la desigualdad y la injusticia sociales.

Lastres para un cambio acuciante

El cambio no será fácil. El caso del Reino Unido nos sirve de ejemplo: se supone que iban implantar el pago por bienes públicos, pero las presiones de los sectores tradicionalmente beneficiados económicamente por esta situación están impidiendo el cambio necesario.

Se chantajea a la sociedad con la excusa de proteger a la gente del campo, pero es el esquema actual el que ha cerrado millones de explotaciones y ocasionado millones de desempleos y exacerbado el abandono rural.

Además, hoy en día el coste de las externalidades negativas del sistema alimentario supera, al menos, en un tercio su valor económico.

No queda otro camino que un cambio de raíz en las políticas agrícolas si queremos detener la pérdida de biodiversidad, así como enfrentar el cambio climático y las desigualdades sociales. Y el momento es ahora.

Investigador en conservación de la biodiversidad, Universidad de Oviedo

25 de octubre 2020

The Conversation

https://theconversation.com/sin-cambios-drasticos-la-pac-seguira-fomentando-la-perdida-de-biodiversidad-148401?utm_medium=email&utm_campaign=Novedades%20del%20da%2026%20octubre%202020%20en%20The%20Conversation%20-%201768417143&utm_content=Novedades%20del%20da%2026%20octubre%202020%20en%20The%20Conversation%20-%201768417143+CID_96e22837351cb56a082dde16fe074751&utm_source=campaign_monitor_es&utm_term=Sin%20cambios%20drsticos%20la%20PAC%20seguir%20fomentando%20la%20prdida%20de%20biodiversidad

Por un lado Venezuela ha venido superando tensiones que han causado enormes estragos en nuestra economía. La tensión entre la economía de mercado, la libre iniciativa versus la economía controlada y centralizada por el Estado ha tenido el mismo destino que el muro de Berlín, se desvaneció. Ya todos los líderes políticos de oposición y del oficialismo han entendido que la realidad es que la libre iniciativa de los ciudadanos y la libertad de emprender son la base del progreso económico de nuestra nación. Esta grave tensión entre economía controlada y estatizada versus la libre iniciativa de los ciudadanos deterioró la economía de mayor crecimiento del mundo, como fue la venezolana entre los años 1930-1970. Los controles de cambio y de precio, las expropiaciones, la corrupción y las regulaciones de todo tipo redujeron a la economía venezolana a ser la peor administrada del mundo padeciendo la mayor inflación, caída del PIB y del poder adquisitivo desde 1976 y acelerándose al precipicio desde el 2014 hasta el 2019.

Una economía sumida en controles de precios y de cambio, plagada de expropiaciones, y con corrupción, no se puede analizar con la ciencia económica sino con la forense o psiquiátrica. Sólo se puede aplicar las ciencias económicas modernas en una sociedad donde en la economía prevalece la iniciativa del ciudadano para crear empresas, para contratar, donde la innovación y los estudios forman parte de la movilidad social, donde hay mercados de valores activos, tribunales de justicia que reconocen el derecho a la propiedad, los derechos de autor y de propiedad intelectual, donde hay libertad de expresión, protección y seguridad ciudadana, donde se paga impuestos y se usan esos impuestos para construir infraestructura sin corrupción, y donde hay independencia en la política monetaria del BCV. Si falta alguna de estas instituciones mencionadas en la sociedad entonces los análisis que proveen las ciencias económicas se aplican en menor proporción. Las sociedades donde las relaciones de los ciudadanos y sus iniciativas están sometidas a una burocracia se salen del camino del progreso económico y se parecen más a cuerpos que padecen enfermedades como la gangrena.

En la actualidad desde el año 2019, nuestra sociedad ha mostrado importantísimos avances económicos con el reimpulso del mercado de valores, la libertad de precios y de cambio, y la oferta de buscar capital privado para rescatar a las moribundas empresas del Estado, la propuesta de devolver empresas expropiadas a los antiguos propietarios. No obstante, existen graves tensiones políticas que de no disminuirlas, los beneficios de las nuevas políticas de economía de mercado no generarán el reimpulso necesario para rescatar el poder adquisitivo del venezolano. El poder adquisitivo del venezolano solo se incrementa con más inversión, más empresas, más empresarios que generen un mayor número de empleos. Venezuela necesita cientos de miles de nuevas empresas y de cientos de miles de millones de dólares para rescatar y aumentar el número de empresas.

La Ley Antibloqueo, así como la ANC no van ha generar los cambios necesarios para impulsar inversiones en las cantidades que se requieren. El oficialismo debe observar que sin garantizar un CNE elegido por la AN, y sin garantizar la transferencia de poder, la Ley Antibloqueo genera temor por la discrecionalidad del empleado público que tiene demasiado poder y que puede cambiar el resultado del esfuerzo de inversión y creativo para rescatar y fundar empresas por parte del ciudadano privado. Ese temor hace que los ciudadanos locales y globales no participen en la economía venezolana a fondo. Es como un jugador de béisbol que sabe que el aún si el arbitro no es imparcial no pierde su trabajo. Ese jugador de béisbol no jugará con todo su potencial y hasta se irá a otros países a jugar la pelota. Por el otro lado, la oposición también debe entender que buscando una “salida”, buscando el cambio de gobierno no por el voto pautado constitucionalmente sino forzado por marchas y sanciones , en lugar de persuadir a la población hacia el voto y hacia nuevas políticas económicas, también generan tensión que impide la inversión privada. En lugar de impulsar la continuación de las sanciones económicas a la nación, la oposición debe promover desde la AN nuevos organismos contralores con miembros internacionales en Pdvsa y en los demás organismos del Estado relevantes para frenar la corrupción del sistema financiero local y global. La oposición tiene que rectificar en sus formas de hacer oposición y buscar caminos más institucionales también.

Igualmente, los gremios empresariales deben organizar bien las iniciativas para lograr movilizar a los líderes políticos hacia la necesidad de reinstitucionalizar el país. Colocar a Venezuela entre las tensiones geopolíticas globales también aumenta las tensiones que impiden el flujo de iniciativas privadas que se requieren para reactivar la economía. Ya el conflicto por el poder ha destrozado a la economía nacional a niveles de los países más pobres del mundo. Las partes en conflicto persisten en sus estrategias demoledoras.

@alejandrojsucre

Las constituciones no nacieron por capricho de sabios, aunque ellos las hacen, sino para preservar a la gente del Leviatán hobbesiano, el poder temible del Estado. Los espartanos tenían un sistema político con dos reyes que se vigilaban el uno al otro. En Roma el Senado frenaba al emperador, y a Julio César, aunque siempre lo acató, lo asesinaron “por tirano”, simplemente porque les asustaba la fuerza de su personalidad.

Como el Senado era una oligarquía de sabios y poderosos, crearon los tribunos de la plebe, y otras instancias para que nadie se moviera de sus posiciones ni amenazara a otros. Emperadores dementes que lo hicieron, perdieron la vida. En 1015, época de Robin Wood, los señores de Inglaterra obligaron al rey Juan a acatar lo que llamaron la Carta Magna, frontera entre el monarca y los derechos ciudadanos, y un siglo después, decapitaron a Carlos I por incumplirla.

Montesquieu consagra que la única manera de vivir sin miedo es que los poderes se controlen entre sí, e impidan la tiranía. Jesuitas y dominicos de la escuela de Salamanca, establecen incluso el “derecho de magnicidio” para el rey que se pase de la raya. Las constituciones norteamericana y francesa llegan a la máxima sofisticación de la paranoia.

Por eso el Terror jacobino 1792-94 la deroga junto con la Declaración de derechos del hombre 1789, con lo que surge el primer régimen bolchevique. Las viejas sociedades aprendieron que la constitución era sagrada, hasta que aparecen los revolucionarios, Lenin, Mussolini, y Hitler con su teórico preferido, Karl Schmitt, quien “demostró” que el poder constituyente estaba en la voluntad que “el pueblo” delegaba en el führer. Perfecto complemento de la teoría leninista.

Jaula abierta, pájaro ido
Es la doctrina que basa la sentencia escrita por unos bribones para derrocar a Carlos Andrés Pérez y luego para autorizar la “constituyente”. Latinoamérica comenzaba a entender qué era la constitución cuando emerge el socialismo XXI, cuyos caudillos decidieron que “encarnaban al pueblo…contra la oligarquía”. Se libraban del freno constitucional, para hacer lo que les daba la gana.

Jellineck, uno de los grandes pensadores democráticos, había escrito “la constitución es la jaula que encierra al poder”. Por eso civiles y militares, dejan de estar obligados a obedecer a quien se sale de sus atribuciones (“el gobierno solo puede hacer lo que las leyes le mandan”) a diferencia de los ciudadanos que “pueden hacer todo lo que las leyes no le prohíban”) Es lo que se llama “la legitimidad de ejercicio”.

Si un Presidente, por ejemplo, ignora el precepto de no reelegirse, es un golpe de Estado y pierde la legitimidad (aunque la oposición venezolana emburdeló hasta ese concepto). Si convoca un referéndum inconstitucional para pedir autorización, es un golpe de Estado. Y si pierde el referéndum e igualmente se lanza, es un golpe de Estado. Y si manda a su compañerita de partido del poder electoral a detener un escrutinio, es un golpe de Estado.

Por desventura, la emergencia de lo que llaman los expertos autoritarismo plebiscitario en los 90 y la aberración del socialismo XXI, han hecho que los ciudadanos desconozcan qué es la Constitución, y muchos parecen no tener idea. Cuando Morales “manda” a suspender los escrutinios, inicia la comisión de un delito, y la fuerza pública estaba obligada a detenerlo en flagrancia.

¡Dispare primero, por favor!
¿Esperará la policía que maten a una familia para que intervenir? En el período democrático el respeto a la constitución era intuitivo en la sociedad, no así hoy cuando parte de la ciudadanía ilustrada apoya un golpista que se niega a salir del poder. Es insólito oír que “lo destituyeron porque era indio”, de quien tenía trece años gobernando, varios de ellos ilegal. Para la ley no existen indios, negros ni blancos sino ciudadanos.

La izquierda asumió la concepción schmittiana-nacionalsocialista desde el siglo pasado. Por eso apoya caudillos vitalicios e introduce sesgos corporativos en los parlamentos. Morales no entragedió al país con políticas económicas socialistas, expropiaciones, controles, acoso a empresarios y mantuvo con “el imperialismo” una relación bastante tranquila. Lo que emociona a algunos ilustrados es el “hombre fuerte”, el Fidel al que añoran pulirle la hebilla.

Si fuera “un indiecito rechazado”, como dicen sus defensores piadosos, sería también, para usar la carcomida jerga ñangarosa, un “indiecito neoliberal” que la pasaba bomba. Venezuela, Argentina y Bolivia, demuestran la ineptitud de los opositores apoyados por este gobierno norteamericano en la región. Honduras, Paraguay y otros, se salvaron porque respondieron en su momento. Nicaragua dejó a Ortega reelegirse ilegalmente.
Trump, también supuesto “hombre fuerte” resultó el sustento vociferante de estos descalabros. Y una amenaza para la democracia en su propio país. La división maniquea de la sociedad, sus agallas supra reeleccionistas y el colado desconocimiento de los resultados electorales, amenazan. No hay por qué suponer que el nuevo Presidente boliviano sea un déspota como Evo. Pero si no es duro sus fans se desengañan y lo dejan de venerar.

@CarlosRaulHer

Un antiguo dicho budista zen advierte: «No confundas la Luna con el dedo que la señala». Cuando nos centramos excesivamente en los medios, podemos perder de vista los fines. Un claro ejemplo es la ambiciosa «Operación Lanzamiento a la Luna» de Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido. Con un costo de 100 000 millones de libras esterlinas (130 000 millones de dólares), procura aumentar la capacidad de análisis y detección de la COVID-19 de 350 000 a 10 millones por día para la próxima primavera. Debido a su diseño el plan de Johnson es, en el mejor de los casos, una distracción para ocultar el fracaso actual de su gobierno en la implementación de un sistema eficaz de detección y seguimiento y, en el peor, un esfuerzo consciente para perjudicar al sector público.

Ciertamente, hace mucho se debió llevar a cabo un lanzamiento a la Luna. Los gobiernos deben adoptar sin dudas un enfoque orientado a misiones para solucionar los grandes desafíos colectivos como el cambio climático y la pandemia de la COVID-19. Un plan universal de análisis de detección bien diseñado, con un componente de detección y seguimiento sólido, es clave para abrir la economía de manera segura, así como la movilización de la producción industrial será fundamental para la recuperación económica.

Pero el plan del gobierno de Johnson es preocupante. En primer lugar, debido que se centra tanto en la cantidad de test, ignora los motivos por los que se hacen los análisis: diagnosticar a las personas, rastrear sus contactos y determinar las tasas de contagio dentro de la comunidad. Para evaluar la difusión de un virus en una zona determinada, es mucho más importante el acceso a una muestra de tamaño razonable y sin sesgos que la cantidad de test realizados.

Además, si se hacen test a todo el mundo se pueden generar falsos positivos. Como señaló el propio asesor estadístico del gobierno, David Spiegelhalter, si se hace un análisis con el 99 % de precisión a 10 millones de personas al día, habrá 100.000 diagnósticos falsos diarios, que sembrarán confusión y posiblemente desorienten a los servicios de salud. Parece que, cuando prefirieron la cantidad a la calidad, los planificadores del lanzamiento a la Luna no consultaron con el Comité Nacional de Revisión (National Screening Committee) del RU.

Un segundo problema está relacionado con la factibilidad. Según el plan, el gobierno continuará dependiendo de empresas comerciales para lograr la capacidad de análisis necesaria. Pero, ¿por qué habría que esperar que las empresas que no pudieron lidiar con un aumento en la cantidad de pruebas de 700 a 7.000 por día puedan ocuparse de 10 millones por día?

Como dijo recientemente Theodore Agnew, de la Oficina del Gabinete y el Tesoro, esa tercerización ya «infantilizó» al gobierno y dio como resultado entregas de baja calidad. De hecho, tercerizar los análisis de detección de la COVID-19 creó tantos problemas como los que solucionó. Entre ellos, un deficiente control de calidad, falta de alineamiento de los datos con los médicos de atención primaria y barreras de acceso a los pacientes (muchos de ellos deben conducir varias millas para que les hagan los análisis).

Dados estos obvios defectos, el plan de gobierno parece otra oportunidad perdida. Un enfoque mucho mejor hubiera sido otorgar contratos para realizar los análisis a las autoridades de salud pública locales y a los proveedores de atención primaria que cuenten con los conocimientos necesarios y la confianza de sus respectivas comunidades. Todos los médicos de cabecera tienen hisopos nasales a su disposición y se los podría equipar para ofrecer servicios de detección a una milla de los lugares donde vive la gente. Las enfermeras y el personal capacitado podrían obtener muestras de la comunidad vecina y usar sus servicios normales de correo para enviar los análisis a los laboratorios del Servicio Nacional de Salud (que siguen los procedimientos adecuados, a diferencia de los laboratorios a cargo de empresas de contabilidad).

Ignorando esas opciones, el gobierno recurrió a echar la culpa a otros (actualmente son «los jóvenes») cuando las cosas salen mal, aun cuando el público no hizo otra cosa que cumplir las recomendaciones oficiales. Si se informara frecuentemente a las comunidades sobre la situación del virus en sus zonas, como ocurrió en países como Corea del Sur y Noruega, es mucho más probable que adhirieran a los protocolos de seguridad y confieran en las autoridades públicas. El RU no lo hizo y tampoco aprovechó bien a las 750.000 personas que se ofrecieron como voluntarios para apoyar las tareas de rastreo de contactos a nivel local.

Entonces, aunque el gobierno muestra una ambición adecuada, sus enfoques dejan mucho que desear. Explotando la retórica del lanzamiento a la Luna, Johnson no le hizo ningún favor a quienes trabajan duramente detrás de escena para desarrollar planes creíbles de mitigación de los peores efectos de la pandemia.

Peor aún, con su rechazo a la filosofía esencial del enfoque orientado a misiones —que busca crear capacidades dinámicas en el sector público para servir a metas comunes— el gobierno podría terminar empeorando más todavía la salud pública. Con un costo de 100.000 millones de libras esterlinas, el plan representa el 87,7 % del presupuesto total del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS England), de 114.000 millones. En vez de aprovecharlo para respaldar los esfuerzos locales, mejorar el acceso a los análisis de detección, proporcionar apoyo financiero a quienes están en cuarentena e integrar los sistemas de salud nacional y locales, esos fondos probablemente se destinen a un sistema paralelo y tercerizado, en manos de empresas consultoras inadecuadas para ese propósito.

Justo cuando más necesario es, el liderazgo de salud pública del RU quedó envuelto en la confusión cuando se abolió el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y se estableció un Instituto Nacional para la Protección de la Salud, que combina al Servicio Nacional de Salud con el servicio de Detección y Seguimiento del NHS (NHS Test and Trace) y el Centro Conjunto de Bioseguridad (Joint Biosecurity Centre). Este nuevo organismo fue dejado temporalmente a cargo de la baronesa Dido Harding, una política sin capacitación formal en salud pública.

La crónica falta de inversión pública tuvo como resultado una crisis sanitaria mucho peor de lo necesario. El RU necesita más capacidad en el sector público en vez de más tercerización. Mientras Johnson se mira el dedo, su lanzamiento a la Luna se dirige como un bólido en la dirección equivocada. La gente del RU merece un sistema de salud mejor. A esa «luna» debiéramos intentar llegar. Para lograr un alunizaje seguro y oportuno será necesaria la combinación de innovación intersectorial descentralizada y coordinación central eficaz.

19 de octubre 2020

Traducción al español por www.Ant-Translation.com

https://www.project-syndicate.org/commentary/johnson-testing-moonshot-ba...

Venezuela se encuentra devastada, incapaz de proveer condiciones de vida mínimamente satisfactorias y dignas a la inmensa mayoría de su población. Su economía ha sido destruida, su industria petrolera desvalijada y los servicios públicos despojados de los recursos para su mantenimiento. Los venezolanos pasan días enteros –si no semanas—sin agua, con cortes recurrentes de luz y ausencia de gas, con pérdidas cuantiosas para el presupuesto familiar. Estas calamidades se acrecientan por la falta de gasolina, el colapso del transporte, ingresos miserables y la terrible inseguridad personal. Y ahora, con el informe de la Comisión de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se confirma la perpetración de prácticas consideradas crímenes de lesa humanidad contra la población por parte de Maduro y su combo. Denuncias similares se venían haciendo desde hace tiempo por Foro Penal y otras ONG, y por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet.

Lo insólito y cruel es que tal tragedia ha sido urdida deliberadamente por quienes ocupan el poder. Una cúpula militar enviciada y una jerarquía política enferma han prohijado un entramado de complicidades con bandas criminales y traficantes de todo tipo para conformar un régimen de expoliación que está acabando con el país, ante la mirada alcahueta de un tribunal supremo vendido. Bajo tutoría cubana, Maduro ha logrado aglutinar en torno suyo a los personajes más perversos, lo peor de la sociedad, asociándolos a este proceso de depredación. Su estructura de poder es propia de una corporación criminal. Pero, sin tal entramado de complicidades no se explica su permanencia frente al Estado.

Los atropellos que ha cometido y la violación abierta de los procedimientos democráticos, ha suscitado el repudio de unos 60 países al régimen, entre los cuales cabe mencionar los latinoamericanos que conforman el Grupo de Lima, EE.UU., Canadá y la Unión Europea. Si bien ello se ha reflejado en sanciones crecientes contra los perpetradores de los crímenes cometidos contra Venezuela y su gente, la resistencia y/o confusión –¿deliberada? -- de algunos actores en esos países, como al frente de terceros, ha logrado paliar otras, más severas, ofreciendo cierta salvaguarda al régimen fascista. Esgrimen, con sinceridad discutible, su oposición a cualquier forma de intervención en Venezuela, la necesidad de buscar una salida negociada, la autodeterminación de los pueblos, la inviolabilidad de la soberanía y otros alegatos “políticamente correctos”. En la medida en que se trata de argumentos, en principio, loables –todo el mundo preferiría una salida pacífica, concertada entre venezolanos-- podemos designar a quienes los esgrimen, como los “buenotes”. Pero en la medida en que sus acciones ofrecen respiro a las mafias que depredan al país, se asocian objetivamente con ellos, como sus verdugos.

Sin duda hay quienes asumen estas posturas de buena fe, convencidos de que es el único camino para superar esta tragedia. En el otro extremo, asquean los que, haciéndose pasar por bien intencionados, se les distingue el cinismo a leguas. Entre éstos pueden señalarse los de la operación alacrán, ´diputados “formalmente” opositores, vendidos para usurpar la directiva de la Asamblea Nacional, y personajes como José Luis Rodríguez Zapatero, de quien no tengo dudas de estar en la nómina del fascismo madurista. Todavía más allá, se asoman los enemigos de la democracia, quienes esconden su afán de acabar con las libertades detrás de la bandera del antiimperialismo y de la defensa de los pueblos oprimidos. Aquí encontramos satrapías como la iraní y gobiernos autocráticos como el de Putin y Erdogán, sin mencionar los despotismos dinásticos de Cuba y Corea del Norte. Pero estos últimos contribuyen bastante poco a vender una imagen positiva de Maduro ante el mundo. Son caimanes del mismo pozo, cómplices abiertos de la destrucción del país. Difícilmente pueden pasar como “buenotes”.

Más preocupante es el vasto espectro intermedio, de cuyas intenciones no siempre puede uno estar seguro, que inciden en la conformación de la opinión pública, tanto nacional como internacional. Ello es así porque sus alegatos invocan valores genéricos que tocan las fibras sensibles de muchos. Los que no estén informados de la situación nacional pueden fácilmente reprimir todo juicio crítico ante estas nociones. Muchos que se consideran “progresistas” se dejan llevar por una retórica profusa en simbolismos de izquierda para absolver atropellos que, sin duda, serían condenados si proviniese de dictaduras de derecha. El neofascismo chavista está muy consciente de ello. Alimenta un imaginario en el que es víctima del imperialismo y de las sanciones internacionales impuestas a sus personeros. Por más gastadas que estén estos clichés, es antipático aparecer convalidando acciones del imperio contra una “revolución” de un país pequeño, que lucha “en beneficio del pueblo”. La burbuja ideológica que se ha construido el Chavo-madurismo proporciona una formidable defensa detrás de la cual agazaparse, sustituyendo el mundo real por una ficción que convierte sus crímenes en logros “revolucionarios”.

Un ejemplo es la “ley constitucional” (¿?) Antibloqueo. Este esperpento jurídico, salpicado con subtítulos altisonantes referidos al “pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano”, el “desarrollo armónico de la economía nacional”, “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, la “recuperación del ahorro de los trabajadores y trabajadoras” o la “atención prioritaria de planes, programas y proyectos sociales”, constituye, en realidad, una patente de corso para que Maduro obvie el ordenamiento jurídico que regula cualquier tipo de negocios, tanto a nivel nacional como internacional, y alegue reserva y confidencialidad para no presentar cuentas. Este libertinaje normativo, el extremo opuesto al régimen asfixiante que, durante años, se quiso imponer como socialismo, no ofrece, como tampoco aquel, garantía institucional alguna para el desarrollo de la iniciativa privada. Favorece operaciones a discreción con los activos del estado, facilitando aún más, la depredación de las riquezas minerales del país que, en buena parte, terminan en los bolsillos de algún representante de las mafias.

¡Mayor cinismo en el enunciado de sus propósitos, imposible! Mientras más aislado, más se atrinchera Maduro en su mundo de embustes para continuar destruyendo al país. Se le estrecha la mente, como revela la referencia al “bloqueo”, símbolo retórico del antiimperialismo cubano. Contra toda lógica, en sus momentos más difíciles, los maduristas se vuelven más fanáticos e intratables. Este blindaje contra la realidad es propio de todo régimen fascista. Como muestra está el empeño de pasar la aplanadora de unas “elecciones” parlamentarias fraudulentas al costo que sea, que nadie, salvo los cómplices de la corporación criminal internacional que se ha apoderado de Venezuela, van a reconocer.

Difícil objetar la búsqueda de una salida pacífica negociada, aun cediendo posiciones a representantes de la mafia para que puedan escapar. Lamentablemente, la oligarquía militar – civil ha rechazado, una y otra vez, tales propuestas. Es su naturaleza. Es menester, por ende, lograr una posición de fuerza que la haga ver que no tiene otra alternativa, que su salida negociada es la única opción. Para ello debe neutralizarse las confusiones de los “buenotes”. Es menester separar el grano de la paja y hacer aún mayores esfuerzos por desnudar la impostura de los criminales que acaban con Venezuela.

En el pasado, los epígonos de Hitler y Mussolini terminaron siendo reconocidos como lo que fueron: enemigos de la humanidad, superadas las ilusiones que sembró en Munich el Primer Ministro Británico, Chamberlain. Hoy toca situar a los Rodríguez Zapatero y demás cómplices como lo que en verdad son, defensores del fascismo.

Economista, profesor(j) Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Los sorpresivos resultados electorales en Bolivia, de los que ya se ha escrito y hablado mucho, con toda razón, dan lecciones importantes y variadas. Hay diversos análisis, donde cada quien toma el aspecto que más le llama la atención, o el que más se ajusta a sus intereses personales o políticos. Como siempre, después de que pasan los acontecimientos todo el mundo los tiene claros, aunque nadie anticipó o asomó la posibilidad de lo ocurrido: el triunfo de Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, MAS, en primera vuelta.

Como toda realidad compleja no es posible atribuir lo ocurrido a un solo factor, sino a la mezcla de varios de ellos y aunque sea difícil precisar cuál fue el impacto decisivo de cada uno, veamos los más importantes:

- Uno, algunos hablan, sin explicar ni dar mayores elementos de análisis, del impacto del narcotráfico y el terrorismo, y el impacto de otros países –como Irán, por ejemplo– sobre la situación boliviana. No cabe duda que estos son factores a considerar en el caso de Bolivia, en la conformación de su gobierno, su impacto en la economía y en las organizaciones y opciones partidistas, pero ¿hasta dónde influyeron en la campaña y en la votación? Es algo que no tengo muy claro, como tampoco veo clara evidencia de que esto sea así, pero los reseño como factores que algunos mencionan.

- Dos, en ese mismo orden de ideas, otros mencionan la influencia del llamado Foro de Sao Paolo, el impacto “ordenador” de los factores de la izquierda internacional en cada país; pero, para mí, solo explica porque la izquierda se une, tiene recursos y apoyo internacional para sus campañas. Sin descartar su impacto e influencia, no soy de los que le atribuye un significado “mágico” a este factor.

- Tres, la situación económica parece que sí jugó un papel importante en este proceso electoral. Luis Arce es considerado un exitoso ministro durante el gobierno de Evo Morales, que tuvo a su cargo las finanzas de un país que creció durante varios años por encima del 5%, que elevó su PIB de 9 mil millones de dólares a más de 40 mil millones, que casi triplicó el ingreso per cápita y que se anota haber reducido la pobreza en casi un 25%. Mientras que durante el gobierno de transición el país ha vivido una crisis económica que ha agravado la pobreza, incrementado el desempleo, aumentado la informalidad y el cierre de empresas y se estima una recesión económica para el 2020 cercana al 6%, según el Banco Mundial. Para junio ya la economía había caído un 8%. Por supuesto esto no es solo responsabilidad del gobierno de transición de Jeanine Añez, en buena parte se debe a la pandemia de la Covid 19, pero el pueblo tiene para comparar lo que está ocurriendo desde hace un año, con lo que vivió en años recientes.

- Y cuatro, por supuesto, la explicación favorita de muchos: fue la falta de unidad de la oposición democrática lo que produjo la debacle. Siete partidos y alianzas se enfrentaron al MAS, que no es propiamente un partido, sino una organización que algunos asemejan al APRA de Haya de la Torre en Perú o al PRI, histórico, de México, que alberga en su seno una amalgama de intereses, etnias –más del 40% de la población boliviana es indígena–, grupos obreros y campesinos, sindicatos e ideologías y que tenía un solo propósito: volver al poder, ante el cual sacrificó sus diferencias internas, que las tienen y muchas y que serán las que veremos ahora, que ya han comenzado a manifestarse, en torno a la oposición de algunos –la juventud del MAS– al regreso de Evo Morales.

En la oposición las “ambiciones personales” y “grupales”, dicen, nos pueden explicar su división; ciertamente es así, ambiciones personales impiden alianzas y unidad y seguro la falta de esta última tuvo impacto en lo ocurrido en Bolivia; sin embargo, por lo pronto, hay un hecho incontestable, que resiste cualquier cálculo matemático acomodaticio o cualquier desestimación matemática de ese resultado: Luis Arce ganó en primera vuelta con casi el 54% de los votos, lo que significa que todos los demás, unidos, llegarían como máximo al 46%; a partir de allí, solo nos quedaría desechar esas cifras y especular:¿Qué hubiera pasado si la oposición hubiera presentado un solo candidato? ¿El “efecto demostración” de esa unidad hubiera bastado para sumarle votos a ese candidato y quitárselos a Arce? Eso ya nunca lo sabremos, como dije, solo nos queda especular. Creo que lo ocurrido en Bolivia no se explica simplemente por “ambiciones personales” o “división opositora”, pensar eso puede ser una simplificación del problema.

La falta de unidad es algo adicional, no creo que sea la causa principal, hay que sumarle el impacto de otros factores, porque si no, corremos el peligro de quedarnos en el esquema –a superar– que la "inteligencia" está de este lado, y del otro lado lo que hay es un pueblo ignorante, que le gusta estar sometido, que añora las dictaduras, que quiere las cosas fáciles, que le den todo, etc. Muchas veces ese hilo de razonamiento lleva a ese punto y no nos permite profundizar en otras causas.

La falta de unidad es la lección fácil que todos quisiéramos aprender de lo ocurrido en Bolivia, pero puede ser la respuesta más simple y la excusa que siempre tenemos para no profundizar en el tema. Mi punto de reflexión es que puede ser una simplificación pensar siempre que las cosas nos pasan porque vamos divididos, porque no nos unimos y eso nos impide encarar el verdadero problema de fondo: Que no tenemos una propuesta política, económica, social que pueda entusiasmar al pueblo y contrarrestar las propuestas populistas de los sectores izquierdistas.

Creo que lo correcto, por ejemplo en el caso boliviano, es: Arce tenía una propuesta –cierta o no– que se ajustaba más a los intereses del pueblo, que recordaba su éxito y el crecimiento de la economía cuando fue ministro de Economía y Finanzas; ¿cuánto del éxito de Arce como ministro se debió a su gestión y no a la coyuntura económica internacional?; pero eso no es lo que estaba en discusión. Frente al recordado éxito –merecido o no– de Arce, estaba la pobre gestión de un gobierno de transición que después de un año y de posponer varias veces las elecciones, tenía poco que mostrar y tenía encima los efectos de una pandemia que lo castigaron fuertemente.

Pero la pregunta clave, la que nunca queremos responder y sobre la cual quiero centrar mi reflexión y las lecciones de este proceso boliviano es: ¿cómo explicar que los populistas, en este caso en Bolivia, saquen más del 50% de los votos? ¿Cómo es que la oposición democrática –desde la izquierda, centro izquierda, centro y derecha– y después de un año, no pudo producir en Bolivia una propuesta alternativa al populismo, que entusiasmará a la gente?; más aún: ¿Será que el pueblo solo se moverá por rencor, en contra de, para protestar y no en favor de una opción política? Hay que empezar a reflexionar sobre esto, saliéndonos de los lugares comunes.

Para aclarar más el punto, no descarto la división de la oposición como factor en las derrotas políticas y electorales, solo lo descarto como el factor determinante. Para mí lo determinante es que en cualquier parte del mundo, en cualquier proceso electoral que pretenda un cambio político, para salir de una dictadura o de un populismo de izquierda, si del lado democrático no hay una propuesta económica y social alternativa tendremos siempre un resultado similar. Ir divididos solo agrava el problema. Construir esa propuesta es la tarea impostergable en Venezuela; una propuesta que entre por la cabeza, pero que se aloje en el corazón del pueblo.

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