Para el día después, que será el primer día de un nuevo período democrático para Venezuela, se debe tener un plan de acción para recuperar los sectores productivos del país. Uno de ellos es la agricultura, donde hay que considerar muchos aspectos, y en esta oportunidad trataremos el tema de la inseguridad personal y jurídica que afecta a la producción agrícola.

Inseguridad personal y jurídica

Éste es un problema de alcance nacional, ya que en todas las instancias de la vida del ciudadano venezolano, existe un peligro permanente de inseguridad personal y de inseguridad jurídica. Es común informarse por medio de las noticias diarias, o por medio de familiares y conocidos, los delitos que se cometen contra las personas y sus bienes. Crímenes, secuestros, robos, expoliaciones de propiedades, son sucesos cotidianos en nuestras ciudades, pero también al “campo” venezolano ha llegado esta situación de inseguridad personal y jurídica, afectando profundamente la producción agrícola.

Lo relativo a la inseguridad personal se puede presentar de diversas maneras:

1.-Riesgos en las carreteras nacionales

Las carreteras nacionales son las vías que utilizan todos los ciudadanos, en cualquier actividad, para movilizarse dentro del territorio nacional. Eso incluye, por lo tanto, la movilización por esas carreteras hacia y desde las unidades de producción agrícola ubicadas en todos los confines de nuestra geografía, o para dirigirnos hacia los centros de servicio que apoyan la actividad agrícola.

Para nadie es un secreto la cantidad de riesgos a los que estamos expuestos los ciudadanos venezolanos al transitar por las diversas autopistas, troncales y otras vías que unen las principales ciudades, pueblos, villorrios y toda clase de poblados existentes en el país. Estos riesgos son de variada naturaleza y muchos de ellos son complementarios entre sí. Es el caso de la mala calidad de la vialidad que representa escenarios favorables para los accidentes de tránsito, daños a los vehículos, daños a las personas y exposición a ser víctimas de los asaltantes de caminos que hoy abundan en forma organizada.

El problema se agrava por la escasez de vigilancia y de equipos de apoyo vial, para la protección ciudadana y para el auxilio oportuno por parte de las autoridades encargadas de la seguridad de las personas. Esto ha causado que se limiten las horas para transitar, solamente a los períodos de tiempo cuando exista luz solar suficiente y cuando haya abundancia de viajantes en las redes viales. A la mala calidad de las vías se añade el problema de la presencia de algunos obstáculos (especialmente objetos cortantes como clavos o metales puntiagudos, punzantes, enormes piedras y otros), colocados en las vías por facinerosos que abundan en las carreteras, lo cual genera accidentes, algunas veces mortales y siempre para el asalto de los afectados. Lógicamente, al no existir organismos de seguridad vial, los malhechores aprovechan para cometer sus fechorías.

Los reductores de velocidad son otro problema en las vías. Éste es el nombre que le han dado a estos obstáculos ilegales colocados en las vías en forma generalizada, abundante, y en la mayoría de los casos injustificados, que se han extendido por todo el territorio nacional. Muchos de estos puntos son aprovechados por personas que ofrecen a la venta alimentos, bebidas o cualquier objeto, causando que algunos conductores se detengan para aprovechar esta forma de mercadeo de buhoneros, obstaculizando las vías y originando retraso a otros viajeros. En horas nocturnas o de poco tránsito, buena parte de estos puntos es utilizada por rateros y asaltantes de caminos; y se presume que durante el día, algunos de estos vendedores ambulantes avisan a las bandas de irregulares acerca de posibles víctimas, fáciles de asaltar, que van detectando al paso lento e inocente de los conductores al transitar sobre estos obstáculos.

Al llegar a las fincas por esas carreteras nacionales, con todos los peligros que ofrecen a los usuarios, los agricultores y visitantes comienzan a enfrentar otros riesgos que son los que existen en esas unidades de producción; riesgos que han transformado la otrora tranquilidad del campo en sitios de inseguridad, de incertidumbre.

2.-Riesgos en las unidades de producción

El origen de estos riesgos, está nuevamente basado sobre la falta de vigilancia oficial. Dicho de otra manera, son riesgos alimentados por la ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las regiones agrícolas, o por su presencia timorata y hasta posiblemente cómplice con las bandas irregulares que hacen vida en las áreas campesinas de nuestro país.

Estos riesgos son muy variados y afectan desde la integridad de los productores y personal en general de las fincas, hasta la seguridad de la infraestructura, maquinarias, equipos, enseres y semovientes.

Las maquinarias y los equipos agrícolas están expuestos a su robo total o por partes, especialmente en la actualidad cuando hay una tremenda escasez de repuestos. Esta situación afecta notablemente la marcha de las operaciones de una finca, tanto de mantenimiento como de producción. Algunas maquinarias y equipos se pueden colocar a buen resguardo al finalizar las faenas diarias, pero otros deben permanecer en el campo como es el caso de implementos de riego instalados desde las fuentes de agua con equipos de bombeo, hasta motores, tuberías, aspersores, etc. Así mismo, la infraestructura corre peligro de pérdida y deterioro, como es el caso de cercas, portones, pequeños puentes, partes de las viviendas y otros.

Algo que se ha popularizado mucho últimamente es el robo de ganado en las fincas donde los animales no están estabulados y, en muchos casos, los matan dentro de la misma finca y las carnes son parcialmente saqueadas. Por esta razón, al menos los animales de alto valor utilizados para el mejoramiento de los rebaños tienen que mantenerse cuidadosamente protegidos.

En los hatos llaneros, es muy común encontrar osamentas de animales que han sido sacrificados en el sitio por ladrones de carne, pero es también muy frecuente el abigeato. Existen bandas que roban rebaños enteros, especialmente en los hatos muy grandes y más alejados de los grandes centros poblados. Al igual que roban ganado de cualquier especie doméstica, se roban el producto de los campos cultivados, lo cual ocurre especialmente en aquellas fincas cercanas a centros urbanos. Es común la fuga de productos en campos de hortalizas, frutales y maíz para jojotos, entre otros.

Otros peligros en las unidades de producción son los secuestros y asaltos. En nuestras zonas rurales, en la actualidad, es común el asalto a las fincas para robar, pero también se está popularizando, en estos asaltos, no respetar la vida de las personas presentes y además, utilizar estos momentos para secuestrar a los propietarios cuando éstos están presentes. Esta situación ha sido la causa de que muchos propietarios, que son las personas que toman las decisiones y realizan las inversiones para mejorar la actividad agrícola, no asistan a sus propiedades rurales por el inmenso peligro que corren. Las pocas veces que los dueños visitan sus propiedades rurales lo hacen tomando precauciones extremas. Por supuesto, esto afecta la producción agrícola porque se interfiere con la marcha normal del proceso productivo y, dependiendo de la calidad y confianza del personal que permanece en las fincas y que a la vez está expuesto a todos los peligros señalados, la producción puede ser aceptable o puede ir a la deriva con resultados negativos para el productor.

Finalmente, existe el cobro de “vacunas”. Ésta es una situación a la que están expuestos todos los productores del campo, en especial aquellos que tienen grandes y eficientes unidades productivas, con lucrativos retornos de la actividad. Los autores de estas fechorías generalmente son bandas bien organizadas, que operan tanto en las ciudades como en el campo ya que sus objetivos son personas con cualquier tipo de negocios; por lo que para el caso de la agricultura no es preciso que el productor visite la finca, ya que si habita en una ciudad allí puede ser visitado por los malhechores y ser informado de sus intenciones. Operan de manera parecida a como lo hacían las famosas mafias de origen italiano en los Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX.

Estas bandas dedicadas al cobro de vacunas muchas veces son las mismas que roban, asaltan y secuestran; y son formadas por personas de los poblados vecinos, o se forman en las ciudades, o están formadas por guerrilleros venidos de los movimientos irregulares que operan en la República de Colombia o delincuentes venidos de otros países, ya que aparentemente en Venezuela hay poco control para evitar la entrada ilegal de extranjeros.

Lógicamente, esta exposición al secuestro y la extorsión causa descontrol en las unidades de producción agrícola, las cuales en ocasiones son abandonadas por ser la mejor opción que encuentran los propietarios. El efecto que todas estas acciones de inseguridad personal tienen sobre la producción agrícola es muy evidente.

En lo que respecta a la inseguridad jurídica, con este régimen se han cometido barbaridades en lo que han intentado disfrazar como una lucha contra el latifundio, cuando se han decretado expropiaciones que han sido ejecutadas con violencia, en algunos casos amenazando a las personas que se encuentran en las fincas y sacándolas de allí a la fuerza y luego haciendo verdaderas rebatiñas con los bienes de esas propiedades, especialmente repartiéndose los semovientes en las unidades ganaderas.

Hasta ahora, lo que ha comenzado como expropiaciones, que implicaría privar a los propietarios de sus bienes pero resarciéndolos con la correspondiente indemnización, no ha sido más que expoliaciones ya que dichas propiedades no han sido debidamente pagadas y, en algunos casos, han conducido a la ruina del productor cuando esa persona depende exclusivamente de la producción agrícola en su finca. Además, la utilidad pública o el bien social que conllevaría la expropiación no se ha cumplido y, por el contrario, la mayoría de estas fincas expoliadas que antes eran productivas hoy en día se han transformado en terrenos abandonados, yermos, se ha perdido superficie cultivada, los rebaños han disminuido o se han eliminado totalmente, todo lo cual incide en la caída de la producción agrícola.

La inseguridad jurídica en nuestro territorio ha sido causa de que las inversiones que generalmente se realizan en las fincas con miras a un mejoramiento de la producción, a incrementar la eficiencia de los procesos productivos y hasta a mejorar las condiciones de vida dentro de estas propiedades con más confort y con el embellecimiento de sus diferentes espacios, no se lleven a cabo y se mantenga la propiedad un poco disfrazada. Esto se hace para evitar la tentación, ya que mientras la finca sea mejor, más productiva y más moderna, es más apetecible por los entes gubernamentales o por personeros del gobierno para ser expoliada.

La inseguridad jurídica también ha invadido la agroindustria que en una u otra forma apoya a la agricultura. Es el caso de empresas que producen y suministran insumos para los cultivos, otras que procesan alimentos para preservarlos y ofrecerlos a los consumidores de manera continua a lo largo del año, otras procesadoras de materia prima para la industria de alimentos. Varias de esas empresas, que trabajaban a gran capacidad para atender a los ciudadanos en buena parte de sus necesidades alimenticias, han sido expoliadas y llevadas a niveles de producción muy por debajo de sus niveles originales. Por supuesto, esto ha afectado enormemente la oferta de alimentos a la población.

Para los diferentes casos de inseguridad personal y jurídica presentados, existen variadas soluciones posibles de implementar, algunas de ellas se presentan a continuación:

En el caso de los riesgos en las carreteras nacionales se tienen que realizar campañas para el asfaltado, reparación y mantenimiento general de las vías, para lo cual se debe retornar la responsabilidad de estas acciones a los gobiernos regionales y locales, según sea el caso.

El problema de la vigilancia y apoyo vial es crítico. Actualmente es difícil ver en nuestras carreteras algún personal de las Policías Regionales o Nacional, o de la Guardia Nacional, en funciones de vigilancia velando por la seguridad de los viajantes. Así mismo, escasean los instrumentos de apoyo vial como grúas y ambulancias, mecánicos itinerantes, que antes eran frecuentes en nuestras carreteras. Esta situación tiene que resolverse, aumentar el patrullaje de seguridad durante 24 horas al día, disponer de vehículos de apoyo oficiales y también facilitar el trabajo de particulares que generalmente han realizado estas labores de apoyo.

Con respecto a los reductores de velocidad se debe tener cuidado con su uso debido a su ilegalidad. Se consideran ilegales porque son obstáculos que se colocan en la vía, perjudicando el libre tránsito de los ciudadanos. En el caso de que se lograra obtener permisos para su uso, se deben restringir a puntos muy bien identificados y justificados, y eliminar los ventorrillos y otros usos de esos puntos que pudieran conducir a malas acciones contra la población.

En lo referente a robos, asaltos, secuestros y cobros de “vacunas”, es necesario desarrollar serios programas contra la delincuencia en general y contra la delincuencia organizada en particular, en todos los ámbitos del país. En el caso específico de las zonas agrícolas, se pudiera revisar la experiencia de los Comandos Rurales que alguna vez adelantaron el Ejército o la Guardia Nacional, o ambos, hacerlos más numerosos y eficientes; y crear otros comandos específicos que se encarguen del verdadero resguardo de las fronteras. Iniciar acciones para el control de la infiltración de cualquier tipo de guerrillas y procurar eliminar los focos existentes, tanto de guerrillas importadas como de los grupos que se han estado organizando con nuestros propios compatriotas.

Los problemas de inseguridad jurídica, para su solución, requieren que los ciudadanos afectados tengan un interlocutor dentro del Poder Judicial, que sea capaz de atenderlos con honestidad, a quien puedan presentar sus denuncias y adelantar juicios, con la intención de recuperar sus propiedades si éstas no hubieran sido correctamente expropiadas o procurar el cobro de sus bienes confiscados. Indudablemente, esto no es posible con un régimen donde el Poder Judicial está supeditado al Poder Ejecutivo que es el que ordena y autoriza las expoliaciones.

Quiere decir, que la solución a estos casos de inseguridad jurídica que vive la población venezolana, solamente será posible con un cambio de este régimen por un nuevo sistema de gobierno. Este régimen de corte comunista, lógicamente ha buscado durante los últimos veinte años ser el dueño de todos los bienes y recursos del país. Bajo esa consideración, es imposible solucionar esta inseguridad jurídica que amenaza permanentemente a la propiedad privada, se vive bajo una constante indefensión institucional.

Enero de 2019.

pedroraulsolorzano@yahoo.com

www.pedroraulsolorzanoperaza.blogspot.com

El comentario de la semana

Con mucha humildad, por la responsabilidad a punto de asumir, pero con mucho aplomo porque debía hacerlo frente a una multitud abrumadora de miles de personas como testigos, se juramentó como Presidente encargado de la República el diputado a la Asamblea Nacional Juan Guaidó en su condición de Presidente de la misma.

Para sorpresa de algunos, principalmente de la sociedad política, pero esperada por las mayorías venezolanas, la juramentación también sorprendió a los que verdaderamente cuentan: a los integrantes del régimen a quienes, como dice el refrán popular “los encontró fuera de base”, y apenas, al día siguiente 24E comenzaron a reaccionar manifestando, como siempre, que hubo un golpe de estado y que se violaba la constitución que ellos mismo se han cansado de violentar.

Pero era difícil que la juramentación no se realizara. Desde el pasado 12E, adoptando la forma de cabildos abiertos, el ahora Presidente encargado, convocó a la sociedad venezolana para que le diera su apoyo y conseguir legitimidad para asumir la responsabilidad que juró. La respuesta de la sociedad a estos cabildos abiertos sorprendió a propios y extraños, cada vez se hicieron más frecuentes y numerosos y lo más importante, la gente comprendió la hoja de ruta anunciada: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y transparentes. Aunque no se anunciaron periodos de tiempos para cada una de esas fases – la oposición convocante se cuidó esta vez de eso- la población también comprendió que no era cuestión de tiempo sino de acumular fuerzas para iniciarlas. Las concentraciones en cada una de las principales ciudades del país el día 23E superaron las expectativas más optimistas, lo que respondió a una incógnita que se creía difícil de determinar: el nivel de esperanza con la expectativa de cambio político, que definitivamente resultó muy elevado.

Estas dos variables, expectativas y esperanzas elevadas, es un capital político que el Presidente encargado, y la clase política que lo acompaña, deben mantener a toda costa en los días por venir para obligar al régimen a negociar su salida del poder. Pero también, de la sociedad democrática que también se comprometió, tácitamente, a acompañar al novel presidente en estas difíciles circunstancias.

El acompañamiento y reconocimiento de la comunidad internacional en los próximos días también será determinante para lograr el cambio político y este apoyo se mantendrá mientras observe a la sociedad venezolana unida en un solo bloque apoyando al nuevo presidente en sus decisiones, sin distraerse en guerras sucias que empleara el régimen usurpador para mantenerse en el poder.

En definitiva, la ruta está anunciada y nuestro compromiso es contribuir a que se concrete de la mejor manera posible.

Aragua en Red 25/01/19

¿Por qué el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, advierte del riesgo de guerra civil en Venezuela? Esta sólo es posible si hay una fractura en el mundo militar. “Estamos para evitar un enfrentamiento entre venezolanos, no es la guerra civil, no es la guerra entre hermanos la que va a solucionar los problemas de Venezuela, es el diálogo”, dijo este jueves el ministro. ¿Qué ocultan las palabras del general que sostiene a Maduro en el poder?

Pasaron casi 24 horas desde que Juan Guaidó asumiera formalmente el cargo de presidente encargado de Venezuela para que el generalato de la Fuerza Armada Nacional (FANB) renovara públicamente su respaldo a Nicolás Maduro.

Por boca del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, afirmó que para ellos el único presidente es Maduro. Calificó como reprochable y gravísimo el acto por medio del cual Guaidó asumió la Presidencia con respaldo de la Asamblea Nacional (AN) en medio de un gigantesco “cabildo abierto” en una de las principales avenidas de Caracas.

Flanqueado por los comandantes de la Aviación, el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional, la Milicia y los jefes del Ceofanb (es decir, del generalato), Padrino López acusó a la AN, sin nombrarla, de fraguar un golpe de Estado con apoyo extranjero e intentar instalar un gobierno paralelo.

Hasta allí lo previsible. Pero luego del ya trillado discurso de ocasión agregó lo novedoso:

“Los militares hemos aplaudido la opción del diálogo, porque la guerra no es nuestra opción”.

“Los que llaman a la guerra no saben lo que convocan, nosotros, los militares, estudiosos de la guerra, sabemos las consecuencias”.

“Estamos para evitar un enfrentamiento entre venezolanos, no es la guerra civil, no es la guerra entre hermanos la que va a solucionar los problemas de Venezuela, es el diálogo”.

“Agradecemos la voluntad de los gobiernos que han propiciado un diálogo. Que propician el diálogo”.

Compuesto por civiles, el movimiento antichavista nunca ha contado con grupos armados a su disposición, ni los ha intentado organizar; al contrario del chavismo que no se ha conformado con el control de la FANB y de las policías, sino que además ha organizado o patrocinado grupos paramilitares urbanos

Padrino dio la clave, el temor de los altos jefes militares venezolanos: la guerra civil. No habló de invasión sino de la guerra entre hermanos. Sin embargo, una guerra civil sólo es posible si la FANB se divide. Él lo sabe.

El temor a que un enfrentamiento dentro de la institución entre partidarios y adversarios de un gobernante derivara en una guerra civil fue lo que llevó a los presidentes-generales Isaías Medina Angarita (1945) y Marcos Pérez Jiménez (1958) a abandonar el poder.

En el caso concreto de la Venezuela actual, a los ojos del alto mando militar esa posibilidad se potencia por el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Colombia a la Asamblea Nacional y a Guaidó.

Hasta ahora prácticamente nadie ha hablado con seriedad de esa posibilidad en Venezuela. Son los altos jefes militares los que en este momento la plantean abiertamente.

Compuesto por civiles, el movimiento antichavista nunca ha contado con grupos armados a su disposición, ni los ha intentado organizar; al contrario del chavismo que no se ha conformado con el control de la FANB y de las policías, sino que además ha organizado o patrocinado grupos paramilitares urbanos (los colectivos), aparte de la ya conocida alianza con las FARC y el ELN de Colombia.

Pero por las palabras del general Padrino se colide que eso podría cambiar. Y eso (insistimos) sólo es posible si un sector muy amplio de la institución militar (donde bulle el descontento) no está por defender a Nicolás Maduro, sino por todo lo contrario.

Y así, Padrino vuelve una vez más a recurrir a la carta de la que ya ha hecho uso para mantener alineada a la FANB desde que asumió como ministro en 2014: el diálogo.

A partir del momento en el cual culminó la intervención de Padrino, como si se tratara de un guion, el tono del discurso de los jerarcas del régimen chavomadurista cambió. Pocos minutos después el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aún leal a Maduro, Maikel Moreno, invito al Poder Legislativo a que “deponga la actitud de desacato y se incorpore con nosotros”. “Nuestras manos siguen extendidas, esperando de ustedes un entendimiento sano. Esta casa de justicia también es de ustedes”.

Un tono muy alejado del que exhibió el día anterior el presidente de la Sala Constitucional de ese Tribunal, cuando exhortó a la Fiscalía a tomar acciones contra los procedimientos de la AN y su presidente.

¿Por qué no detienen a Guaidó?

Pero el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, no ha hecho (por ahora) eso. En la intervención pública que siguió a la del TSJ remachó su apoyo a Maduro, acusó a Guaidó de golpista, pero no ordenó su captura o el inicio de un proceso penal contra quien supuestamente está dando un golpe de Estado. Eso pese a que desde el 21 de enero, el TSJ le ordenó determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los miembros del Parlamento venezolano.

¿Retrocede el régimen? ¿A qué espera? ¿Lo tiene paralizado y sorprendido la reacción internacional y la masiva protesta dentro de Venezuela? ¿Quiere ganar tiempo mientras se prepara para el contragolpe?

Pero por las palabras del general Padrino se colide que eso podría cambiar. Y eso (insistimos) sólo es posible si un sector muy amplio de la institución militar (donde bulle el descontento) no está por defender a Nicolás Maduro, sino por todo lo contrario

En cualquier caso, esta no es la reacción acostumbrada del chavismo, que suele actuar de manera implacable, y que por mucho menos de lo hecho por el presidente Juan Guaidó ha encarcelado a otros dirigentes opositores.

Por su parte Maduro trata de agarrarse del salvavidas que le lanzan gobiernos como los de Uruguay y México: “Estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo, para el acuerdo, la negociación. Hablar, oírnos y entendernos y que acudan todos los sectores de la nación”.

No es la primera vez que manifiesta esto y como en otras ocasiones es obvio que trata de ganar tiempo. Espera que sus adversarios bajen la guardia y que la presión, sobre todo interna, se desgaste con el tiempo como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Es una de sus conocidas tácticas. Pero, ¿el resto de los dirigentes civiles y militares del régimen lo acompañarán es esta ocasión?

Maduro no es sincero. Suficientes pruebas para llegar a esta conclusión ha dado en el pasado. No obstante, sí puede ser una alternativa política que con pragmatismo asuma tanto el generalato como un sector del chavismo, como los gobernadores Rafael Lacava y Héctor Rodríguez (que esperan tener un futuro político y vienen abogando por esa tesis), siempre dejando claro que cualquier negociación es a partir del punto de reconocimiento de Maduro como presidente.

Pero desde el lado de los partidos que controlan la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó y de los gobiernos del Grupo de Lima y de Estados Unidos, las cartas parecen echadas: Maduro tiene que irse y cualquier negociación es sin él.

Esa negociación es también, por cierto, la opción más razonable para otro actor del drama venezolano: Cuba, hoy sometida a una tremenda presión por parte de Estados Unidos. Sólo queda por ver cuán sincero es el planteamiento del general Padrino.

En resumidas cuentas, el diálogo es la táctica a la que Maduro va a apelar en los próximos días mientras intenta detener la escalada de presión internacional, particularmente de Estados Unidos.

Pero este jueves, mientras expresaba su voluntad de dialogar, con la otra mano sus siniestras Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) reprimían y cazaban a manifestantes que han protagonizado los disturbios de las tres últimas noches en los barrios más pobres de Caracas.

25 de enero de 2019

Al Navio

https://alnavio.com/noticia/16973/firmas/es-posible-una-fractura-en-la-f...

Estas líneas no se escriben con algún criterio o sesgo ideológico, pues su autor es solo un profesor universitario, jamás militante en algún partido, abogado constitucionalista, ex juez civil-mercantil, y convencido “demócrata” para respetar la pluralidad de ideas y de convicciones. Tampoco estas líneas se escriben en defensa de alguna potencia extranjera, llámese EEUU, Rusia, China, Cuba, etc.; pues representan más bien breves apuntes en defensa de un país (plural) posible: llamado Venezuela, que pierde –o está perdiendo- su Estado social de derecho; en su maniquea “lectura” de que ello significa socialismo. Entonces no se complace a ningún bando ni intereses; se habla para intentar digerir un complejo proceso “leyendo” la Constitución.

Para entender cómo llegamos acá, debemos subrayar concretamente en clave “evolutiva” (o más involutiva) de que esto es la consecuencia de aquello. Históricamente nuestra democracia ha carecido de una sólida institucionalidad, con amplísimos niveles de corrupción y una clara intromisión de la política partidista en el sector justicia (1958-1998); pero es a partir de los últimos tiempos cuando se agravan las cosas (1999-2019), ampliando la corrupción y politizando más al poder judicial, pero peor: usando al poder judicial para fines “políticos”, como un brazo asociativo de una ideología y un sistema dominante. En consecuencia, con esta premisa se sabe que no es mi discurso en defensa del pasado ni del presente.

Es por esa condición que me urge explicar (a los europeos) que el Diputado Juan Guaidó, en su carácter de Presidente de la Asamblea nacional (único órgano de representación popular en donde reside la soberanía y el control político del resto de los poderes del Estado) «no se autoproclamó» presidente interino del poder Ejecutivo. Es consecuencia, de graves y especiales circunstancias que superan la normalidad “política”, cuando el Parlamento actuando con las competencias constitucionales, declara la usurpación del Poder ejecutivo de parte de Nicolás Maduro, en una nueva –e inédita- situación- que el propio sistema constitucional es capaz para responder si los actores se articulan como parece. Por consiguiente, Juan Guaidó solo «asumió» como Presidente (interino) del poder Ejecutivo juramentándose (como acto formal) en una Asamblea de ciudadanos en forma “pública” para llenar tal vacío. Asume el cargo (provisionalmente) ejerciendo así una competencia “exclusiva” en su rol de Presidente del parlamento, porque ningún otro poder del Estado tiene esa facultad (de representar y acompañar al Pueblo para desconocer un régimen que ha usurpado algún poder o que pretende dejar sin efecto la Constitución por cualquier tipo de acto).

En medio de la crisis más aguda de su historia, Venezuela colapsa como democracia, cuando tal crisis de carácter política, social, económica, moral, cultural; se convierte en una crisis humanitaria (que golpea a todos por igual y que hace que millones de compatriotas salgan del país: incluso caminando hacia las fronteras para no morir de hambre o por falta de medicinas). Se “enseñó” a que el “pueblo” padeciera graves carencias en los derechos mínimos vitales más básicos (el discurso oficialista insistía ¡no importa que andemos desnudos; no importa que no tengamos qué comer, lo que importa es la revolución¡). Entonces la «vida digna» como categoría constitucional habría perdido “vigencia” en el tiempo. Para el gobierno, esa dignidad es tener a un pueblo haciendo “filas” para recibir bolsas de comida (racionadas); acostumbrarlo a tener que madrugar también para cobrar una simple e ínfima pensión; cobrar bajísimos salarios; dar ciertos bonos y demás subvenciones siempre improductivas; no tener medicinas, ni servicios de sanidad; dar mala educación; prestar pésimos servicios de electricidad, agua, aseo; proveerles de una “vivienda” (en su posesión pero no en propiedad) siempre que sea fiel a su ideología. Para ejercer tal control “social”, había que idear los mecanismos para suspender disimuladamente (también la Constitución que ellos mismos promovieron) y es así cuando se suspende todo concurso público para ingresar a la administración pública (para crear un sólido sistema clientelar). Esto también explica el control (por vía de la sumisión) del resto de los poderes del Estado designando no a funcionarios autónomos e independientes (de carrera); sino a “militantes” de una tendencia ideológica absolutista, excluyente, sectaria (siendo suficiente la lealtad revolucionaria).

Este bizarro sistema empezaría sin embargo hacer metástasis. El argumento del régimen para anular las competencias del Parlamento (en manos de la oposición) empieza a descubrirse. Esta no es una conjetura, como “prueba” (en cuanto a la falta de autonomía e independencia judicial) la propia afirmación del antiguo ex diputado chavista, acérrimo defensor de la revolución; que cumpliendo funciones de magistrado de la Sala Electoral (al menos usaba una toga para parecerse como tal) y que actualmente en el “imperio” yankee por protección de asilo, reconoció públicamente que él se prestó al juego del gobierno con la inefable sentencia cautelar (que él no redactó, que lo llamaron para “firmar”) donde alevosamente “suspendía” la proclamación de los diputados indígenas; evitando que la oposición política por primera vez tuviera amplio control del Parlamento con mayoría calificada de las 2/3 que le hubiere permitido remover a todos los órganos del Estado (Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Directores del Consejo Nacional Electoral con cargos vencidos y los Magistrados del TSJ. Esa “jugada” maestra (Machiavelo dixit), fue el pretexto de la Sala Constitucional (con la ya notoria falta de autonomía) para inventarse la tesis de que el Parlamento estaba en “desacato” por haber incorporado en su seno a dichos diputados (que además, ya habían sido proclamados paradójicamente días atrás por el mismo órgano electoral designado por el oficialismo). A partir de allí, ya no hay “caretas”. Según la justicia, todo acto del Parlamento no tenía efecto alguno, el parlamento no podía ni siquiera hacer control político; no podía interpelar ministros; no podía iniciar investigaciones, no podría impugnar los presupuestos que presentara el Ejecutivo; no podía oponerse a los endeudamientos del gobierno, etc.

Pero las cosas van cambiar. Ese pueblo que alguna vez fue el caudal electoral (y clientelar), había paulatinamente ejerciendo su derecho a protestar, a manifestar, a resistir para exigir cambios urgentes ante la precaria situación del drama humano. Para entender la motivación de estas protestas debe tenerse presente que son el resultado de amplio descontento, cuando se cierran todas las vías políticas de participar activa y pacíficamente (se niega referéndum revocatorio por parte de la justicia; se niega a partidos políticos a participar en ciertos eventos; se “duplican” los organismos paralelos allí donde la oposición ejerce control como sindicatos, gobernaciones y alcaldías; se persigue y encarcela a los líderes de la oposición política, se les encierra o se van al exilio). También la ciudadanía puso sus presos (que suman de miles) y sus muertos (que suman de cientos) todos por ejercer su derecho a manifestarse y protestar. Cada luto, cada lágrima sumaba de miles y se iban a multiplicar.

Este cuadro dantesco (¡con el perdón de Dante¡) no queda allí, porque cuando Venezuela se salió del sistema Interamericano de Derechos Humanos que reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH y en paralelo había formalizado (también) la voluntad de salir del seno de la Organización de Estaos Americanos (OEA); al no contar con un poder judicial autónomo e independiente; a ese Pueblo venezolano solo le queda su natural y más sagrado derecho: “Artículo 350 Const. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Dada la suma de tantos factores como persistentes violaciones de los derechos humanos, sin debido proceso justo, sin cárceles humanizadas; sin jueces naturales, sin respeto a la libertad de expresión, sin respeto a la manifestación y la humillación de convertir a los ciudadanos en súbditos, las cosas estaban alineadas para una extraordinaria materialización de este desconocimiento. Se desarrolla en la práctica ese binomio de Pueblo- parlamento; primeramente, en cuanto al pueblo “físicamente” mediante los distintos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos incluso algunos niños (en la calle) y, segundo, mediante el Parlamento (a través de la representación constitucional y plural de ese Pueblo, art. 201 Const) para juntos desconocer tal régimen. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Implica entonces que no puede reconocerse los efectos al evento electoral de mayo de 2019 (la mal llamada elecciones presidenciales efectuadas sin las debidas garantías; convocada por la también írrita Asamblea Nacional Constituyente y ejecutadas por un órgano de notoria parcialidad “política” que es el Consejo Nacional Electoral) existiendo nulidad absoluta por consecuencia del art. 25 Constitucional. Como el anterior período presidencial del entonces presidente en funciones venció el 09 de enero de 2019, conforme al art. 231 Constitucional el nuevo Presidente del poder Ejecutivo (en teoría: sería aquel designado en unas elecciones libres, democráticas y participativas) para iniciar el nuevo período (2019-2014) y cuyo acto de juramentación debía hacerse ante la sede del Parlamento en fecha 10 de enero de 2019. En virtud de estas circunstancias especiales, el Parlamento (donde convergen todas las fuerzas políticas, de centro, de izquierdas, de derechas, etc.) y depositario auténtico del poder soberano de ese país plural republicano (único órgano de carácter representativo conforme art. 201 CRBV que no tiene algún otro de los poderes del Estado), ha venido ejecutando una serie de acciones excepcionales pero siempre dentro del marco constitucional para garantizar (precisamente) el restablecimiento a su vaciamiento material. Ejecutando a tales fines, la activación de las vías internacionales para dejar sin efecto la decisión “gubernativa” de sacar a Venezuela del seno de la OEA (cuyos efectos se materializan dentro de los dos años siguientes a su formal solicitud “oficial”) y demás actos para mantener el hilo constitucional respecto al “ejercicio” de las competencias del Poder Ejecutivo cuya autoridad ha sido declarada usurpada. Esta situación excepcional (de la usurpación del poder Ejecutivo declarado por el Parlamento) genera un vacío de los titulares del resto de los Poderes que debe inmediatamente ser resuelta por los mecanismos del sistema. En tal modo, establece el art. 333 Constitucional: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Ante tales efectos, a Juan Guaidó le corresponde ser Presidente (interino) por aplicación del art, 333 Const., para que “cese” la usurpación declarada por el único órgano con legitimación democrática y entonces, precisamente en garantía de aquella, deba éste llevar a cabo un proceso electoral libre para restablecer la poca institucionalidad que quedaba. Entonces, no ha habido tal auto proclamación de Juan Guaidó como señalan algunos medios pro oficialistas; porque siendo que es a éste a quien corresponde «asumir» la Presidencia en los casos –como el descrito- al no haber un Presidente legítimamente electo; el Pueblo (directamente) y a través del parlamento (indirectamente) ha decidido desconocer a aquel como la misma Constitución establece. Venezuela jamás ha importado Libertadores cuando hemos necesitado enfrentar la ignominia; esos libertadores ya están en las entrañas en ese Pueblo que se merece un mejor país; un mejor destino, una vida digna (realmente) sin manipulaciones enfermizas ni extremismos trasnochados. Nuestro ADN libertario vuelve a ponerse a prueba.

1 (i) Ex Juez Civil mediante concurso de oposición (Caracas); (ii) Doctor en Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla (España), (iii) Máster en Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla (España), (iv) Especialista en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Monteávila (Venezuela); (v) Especialista en Derecho Procesal, Universidad Central de Venezuela, (vi) Investigador del programa de Doctorado en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, Universidad de Pisa (Italia); (vii) publicaciones y/o conferencias en Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Ecuador, Italia, México, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay, Vaticano, Venezuela. Correo electrónico: luispetitguerra@hotmail.com

En su reciente toma de posesión Nicolás Maduro hizo un balance de sus logros utilizando cifras manipuladas que no reflejaban la realidad del país. No abordó el tema económico. Un balance de su gestión en esta materia lo ubica como el presidente con el peor desempeño en el mundo, según la revista The Economist. Lo desastroso de su desempeño y la crisis generada han conducido a tensiones en el gobierno que pueden facilitar una transición, cosa que la gran mayoría de los venezolanos deseamos.

En su reciente toma de posesión Nicolás Maduro hizo un balance de los logros de su gestión como presidente. Este balance estuvo lleno de cifras manipuladas y no ajustadas a la realidad. Uno de los logros que mencionó fue el del aumento de la matrícula universitaria y la creación de seis nuevas universidades. Los que hacemos vida en las universidades sabemos que la realidad es otra. La matrícula de las universidades públicas ha disminuido abruptamente por la deserción estudiantil que se ha producido, entre otras razones debido a la emigración. Una elevada proporción de los estudiantes se ha incorporado a la masa de millones de venezolanos que huyen del infierno bolivariano. Se crean nuevas universidades cuando a las existentes se les asignan presupuestos insuficientes que les impide su normal funcionamiento. Los salarios de hambre que devengan los profesores los ha obligado a buscar ingresos complementarios que ha generado un ausentismo generalizado. Las renuncias de los docentes es cosa del día a día, que ha dejado cátedras y laboratorios al garete. Los robos de equipos y cables, aunado a los frecuentes cortes de luz completan un panorama que tiene a las instituciones universitarias cercanas al colapso.

En el balance de los logros de su gestión, Maduro no hizo referencia al tema económico y al desastre que ha generado su política económica. Esta tarea la emprendió la revista inglesa The Economist en uno de sus recientes números. Al analizar su desempeño en esta materia el semanario inglés califica a Maduro como el presidente con peor desempeño en el mundo. Por su incompetencia el ex sindicalista está estableciendo un record planetario. Su desempeño es peor que el del anciano Mugabe, presidente de Zimbawe, que ocasionó una de las peores crisis que enfrentó ese país pero tuvo la sensatez de corregir el camino andado, cosa que no ha hecho el mandatario local.

En el balance hecho por el semanario ingles se señala que el régimen de Maduro, para pagar la deuda externa, redujo las importaciones lo que devino en escasez y hambre. Imprimió dinero para financiar el elevado déficit presupuestario. Ambas decisiones impulsaron la inflación la cual probablemente alcance el millón por ciento en el año 2108. La asignación de dólares preferenciales para las importaciones esenciales fue discrecional favoreciendo a empresarios leales que se enriquecieron. El valor del bolívar en el mercado negro colapsó. Durante el gobierno de Maduro la producción se ha reducido abruptamente lo cual se refleja en la contracción del PIB a la mitad.

El ex sindicalista devenido en presidente, respondió a la crisis con medidas incompletas, como una inadecuada devaluación del bolívar oficial o políticas que han empeorado las cosas, como el control de precios. En la medida que las reservas internacionales colapsaron èl gobernante venezolano generó un default parcial de la deuda externa de PDVSA y la República. Evitó el default total hipotecando los campos petroleros de gas y extracción de oro a las empresas públicas de Rusia y China. En agosto del año pasado Maduro realizó una reconversión monetaria que le redujo cinco ceros a la moneda, creando una nueva moneda “el bolívar soberano”. Pero sin ninguna medida adicional que aliviara el déficit y la escasez, la nueva moneda perdió el 95% de su valor contra el dólar.

Incluso si el precio del petróleo se incrementara es poco probable que Venezuela se beneficie. Ello ocurre porque el gobierno ha destruido a PDVSA. Por un lado PDVSA debe financiar programas sociales, adicionalmente a ello suministra gasolina a los venezolanos casi gratis. Envía petróleo con descuento a los países amigos como Cuba. La inversión y la exploración han disminuido. El deterioro de PDVSA se ha acelerado con Maduro, quien designó como presidente de la empresa a un general sin ninguna experiencia en la industria petrolera. En estos momentos cuando el país enfrenta un default parcial de su deuda, Venezuela produce menos petróleo que en la década de 1950. La producción per cápita se ubica a niveles de la década de 1920, cuando se inició la explotación petrolera.

La consecuencia de todo esto es la miseria y el deterioro de la calidad de vida. Se ha agudizado el deterioro de los servicios eléctricos y de agua potable, debido a la corrupción, la desinversión y el ausentismo de los trabajadores que no pueden vivir de sus salarios y deben rebuscarse. La violencia se ha disparado y los servicios de salud se han deteriorado bordeando el colapso. Cerca de tres millones de venezolanos han emigrado y es probable que en el futuro inmediato lo hagan cinco millones más, dependiendo de lo que suceda con el ingreso perolero y las remesas. Millones de venezolanos se preguntan en los actuales momentos si se van o permanecerán en el país. Esta decisión depende de la evolución de la situación económica del país en el futuro inmediato. Lo cual nos lleva a otra pregunta: ¿Cuánto tiempo más podrá el gobierno de Maduro resistir las presiones internas y externas?

Por un lado, el llamado Grupo de Lima se ha alineado con el presidente de la Asamblea Nacional reconociéndolo como la única autoridad legítima en el país. En este sentido Juan Guaidó se perfila como la cabeza del cambio en Venezuela según Luis Vicente León de Datanálisis. Sin embargo, según León, la mayor amenaza a la permanencia de Maduro en el poder proviene de sus propias filas. La deserción en el chavismo supone un enorme peligro. Algunos sectores del gobierno temen quedar atrapados en Venezuela cuando se produzca un repentino cambio en el poder. Ellos podrían estar tentados a negociar un acuerdo con la oposición dirigido a la creación de un gobierno de transición. Las tensiones en el gobierno entre dos fracciones, una inclinada a negociar y otra resistente a ello, puede generar una implosión en el gobierno. De ser esto verdad, es probable que en la actual coyuntura la fracción inclinada a negociar se imponga y facilite la concreción de un gobierno de transición que nos conduzca a unas elecciones libres y competitivas.

Referencia: The Economist. 2019. Maduro digs in for another six year term. Enero 10.

Profesor UCV

Durante la marcha convocada el 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró asumir “formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”.

Algunos medios han considerado que Guaidó se autoproclamó. Sin embargo, y de acuerdo a la Constitución, no es posible hablar de autoproclamación en este caso.

Así, se entiende como autoproclamación cuando una persona asume el ejercicio de determinado cargo por su propia voluntad, sin contar con la autoridad legal para actuar de esa manera. En otras palabras: cuando toma el poder por sus propias manos y no en virtud de un título jurídico legítimo.

A partir del concepto de autoproclamación, si Guaidó hubiese asumido el título de presidente encargado por voluntad propia, debería entonces hablarse de autoproclamación. Por el contrario, si obró con la autoridad legal requerida, entonces no cabría hablar de autoproclamación.

Desde el punto de vista jurídico, la proclamación de Guaidó se realiza en virtud de lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución. Así, de acuerdo con la interpretación de ese artículo, si para el momento en el cual inició el período presidencial el pasado 10 de enero no hay presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional se encarga de la Presidencia de la República hasta que se convoque a elecciones libres y transparentes.

Al haber establecido la Asamblea que el evento del 20 de mayo no puede ser reconocido como una elección libre y transparente, y que Nicolás Maduro estaba usurpando el cargo de presidente de la República desde el 10 de enero, día en el cual finalizó el período presidencial 2013-2019, e inició el nuevo período presidencial 2019-2025, no habría entonces presidente electo.

Ante esta situación, el artículo 233 de la Constitución otorga a Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, la autoridad para encargarse de la Presidencia de la República. No obstante, como la Presidencia de la República está siendo usurpada –situación no prevista en el citado artículo 233– entonces, la Asamblea Nacional debe adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional y hacer cesar lo que considera una usurpación, con fundamento en los artículos 333 y 350 de la Constitución.

En conclusión: Guaidó no se autoproclamó como presidente. Por el contrario, en su declaración del 23 de enero ratificó el cumplimiento del deber que le impone el artículo 233 de la Constitución, a saber, encargarse de la Presidencia de la República, dado que no hay en Venezuela un presidente electo. Para garantizar el ejercicio efectivo de la Presidencia, la Asamblea Nacional –como única autoridad electa en Venezuela– deberá dictar todas las medidas que aseguren el cese de la usurpación de la Presidencia.

¿Y la juramentación?

Explicado lo anterior, nos preguntamos por qué Guaidó prestó juramento en medio de una manifestación.

Como dije, el artículo 233 de la Constitución le atribuye al presidente de la Asamblea Nacional la autoridad para encargarse temporalmente de la Presidencia de la República en una situación excepcional (ausencia del presidente electo para el día inicio del período presidencial). Esa autoridad aplica de pleno Derecho, es decir, no es necesario cumplir ninguna formalidad, pues solo esto garantiza que, al menos en el plano jurídico, exista continuidad administrativa.

Luego, en estricto sentido constitucional, Guaidó es titular interino de la Presidencia de la República desde las 12 de la noche del día 11 de enero, vale decir, en el preciso instante en el que expiró el período 2013-2019.

Sin embargo, a pesar de ser titular, no se encuentra en plena posesión, pues la Asamblea Nacional considera el cargo actualmente usurpado. Es por esto que, desde el propio 10 de enero, la Asamblea Nacional asumió el compromiso de dictar todas las medidas necesarias para hacer cesar la usurpación, tal y como fue decidido en los Acuerdos del 15 y del 22 de enero.

Por todo lo anterior, la Asamblea Nacional dispuso la posibilidad de asumir progresivamente algunas de las competencias de la Presidencia, como en concreto sucede con el manejo de las relaciones internacionales, especialmente luego de que diversos Estados reconocieran a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Debe entonces concluirse que el 23 de enero, Guaidó ratificó su decisión de dar cumplimiento al mandato que le otorga el artículo 233 de la Constitución, ante un cabildo abierto –figura reconocida en el artículo 70 constitucional como mecanismo de participación ciudadana–.

Pero insisto: eso no significa que Guaidó se autoproclamó o se autojuramentó. En realidad, el presidente de la Asamblea Nacional ratificó expresamente su voluntad de cumplir lo que la Constitución de Venezuela le impone, a saber, asumir la titularidad del cargo de presidente encargado, siempre de acuerdo con las decisiones que dicte la Asamblea Nacional para asegurar el cese de la usurpación.

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó con la sentencia n.° 4 de 2019 la inconstitucionalidad de las actuaciones del Poder Legislativo Nacional, ya declarada en múltiples sentencias desde 2016. Además, acusó a la Asamblea Nacional (AN) de usurpación de funciones del Ejecutivo al nombrar a un representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y declaró nuevamente su desacato, exhortando como ya lo hizo en su sentencia n.° 3, al Ministerio Público (MP) para que proceda, “de manera inmediata”, a determinar su responsabilidad penal.

Al respecto, aclaramos que la SC se pronunció nuevamente de oficio, como ya lo hizo en su tercera sentencia del año, en la que desconoció a la directiva de la AN, sus actos y remitió la sentencia al MP para que estableciera su responsabilidad penal por el “acto de fuerza” en el que incurrió, constituido por el acuerdo de usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro.

Sobre ambas sentencias hay que advertir que la Constitución en su artículo 334 establece que “en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente”, es decir, está claro que para que pueda haber una actuación de oficio del juez debe haber una causa (juicio o proceso) abierta, por tanto, la causa no puede ser iniciada por el propio juez, como hizo en cambio la SC en los casos de las sentencias 3 y 4.

Esto es así porque el juez por la naturaleza de sus funciones, como se desprende de los principios de independencia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (ver especialmente el capítulo sobre Independencia judicial y sus artículos 3 y 5), no puede conocer de un caso, sino “una cuestión que le haya sido sometida”, ya que ello da pie a la politización de la justicia y a desvirtuar su rol esencial, que es el de dirimir un conflicto entre partes y controlar el poder.

No obstante esto, el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), señala que el máximo tribunal del país puede actuar aun de oficio (sin aclarar que es en el marco de un juicio, lo que lo hace inconstitucional). Sin embargo, incluso según esa norma, el TSJ actuaría de tal manera sólo conforme a lo previsto en la ley, y en este sentido, el artículo 25 numeral 6 regula esta actuación, pero en un supuesto que nada tiene que ver con el de las sentencias arriba citadas.

Así pues, incluso en esas normas legales inconstitucionales, el legislador prevé que la actuación de oficio sea algo excepcional y esté debidamente reglada.

La reciente decisión de la SC resulta cuestionable, no sólo porque el juez actúa sin tener la competencia legal para ello, incluso conforme a una ley como LOTSJ, que como Acceso a la Justicia ha explicado es inconstitucional en gran medida, lo que demuestra su carácter politizado, sino también porque desde un punto de vista jurídico formal incumple con la estructura mínima de una sentencia de acuerdo al artículo 243 del Código de Procedimiento Civil (narrativa, motiva y dispositiva), por las siguientes razones:

1. Carece de narrativa (el recuento de los hechos que dieron lugar a la apertura del proceso y la descripción de este), pues omite los hechos ocurridos –lo que es obvio porque no los hubo–, y de allí el pronunciamiento de oficio, ya que no hubo demanda, ni contradictorio, ni juicio alguno.

2. La parte motiva (explicación de las razones por las cuales se toma la decisión) sólo queda expresada por el reenvío que hace respecto a otros fallos de la SC contra la AN.

3. La parte dispositiva (la decisión sobre el caso) resulta incongruente, porque no define cuál es el problema que se discute pero que, según la SC, ha resuelto al declarar la nulidad de los actos del órgano legislativo, ordenando al MP que realice las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal de los miembros de la AN por violación al texto constitucional y por la ruptura de la forma de gobierno y de Estado constitucionales.

A partir de lo antes expuesto y la evidente ilegitimidad e ilegalidad con la que actúa el TSJ desde hace tiempo, en especial desde diciembre de 2015, sólo resta calificar a la sentencia como un acto carente de validez jurídica absoluta.

En cuanto al tema de fondo de la sentencia, que consiste en declarar nulo el acuerdo de la AN por la usurpación de las funciones del Ejecutivo Nacional al nombrar a un “representante especial” ante la Organización de Estados Americanos (OEA), siendo que el presidente de la República es quien, según la Constitución, puede designar a diplomáticos, está claro que Maduro en la actualidad no es presidente ya que nunca fue electo, aunque el TSJ se empeñe en decir que sí, al no haber habido una elección en la fecha constitucionalmente establecida, ni haberse dado luego (en mayo de 2018) con las mínimas condiciones conforme a la ley de la materia.

Sin embargo, debe señalarse que, ante la situación de ilegitimidad en la que se encuentra el Poder Ejecutivo a través del gobierno de facto de Nicolás Maduro, resulta falaz la tesis del TSJ de la “usurpación de funciones” por parte de la AN, cuando existe una ausencia absoluta de los presupuestos jurídicos básicos para que pueda configurarse este vicio o irregularidad constitucional, por carecer de investidura pública la persona que actúa como tal, es decir, como funcionario del Estado.

Por ello, mal puede argüir la SC la comisión de la usurpación de funciones por parte del órgano parlamentario, sobre todo cuando es el órgano a quien le corresponde constitucionalmente rescatar la ruptura del hilo constitucional y democrático del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la Carta venezolana.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La última sentencia de la SC deriva de su afán de seguir manteniendo el maquillaje democrático que dice tener su laboriosa función judicial, pero para defender un régimen inconstitucional, que además ahora es completamente ilegítimo, ya que todos sus poderes, salvo el legislativo, lo son.

La sentencia n.° 4 pretende invalidar una vez más a la AN por medio de actos que quiere hacer parecer como sentencias, pero que no cumplen ni con los requisitos mínimos de un acto de tal importancia jurídica, y sobre la base del caduco argumento del “desacato”, clave para la profundización de la grave crisis institucional que vive el país al eliminar todo control que en una democracia debe tener el Poder Ejecutivo, y transformarlo en un poder absoluto, de hecho y autoritario. Ello ha llevado al país a un quiebre institucional sin precedentes, que ha dejado a la población sin siquiera un mínimo acceso a la justicia, sin medios para hacer efectivos sus derechos, hoy en día vulnerados o anulados por el poder.

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