El pasado sábado 17 de agosto, la ciudad de Maracay fue testigo, nuevamente, de la violenta actuación de los cuerpos de seguridad del estado contra la ciudadanía que pacíficamente se congregaba para solicitar que el CNE publique, oficialmente, tal como lo establece la Ley, las actas que atestiguaban la victoria, por un margen muy amplio, del candidato opositor representante de la Plataforma Unitaria Democrática, el partido Un Nuevo Tiempo y el Movimiento por Venezuela. Pedir que se cumpla la ley, no es un delito.
Los cuerpos de seguridad del estado Aragua, que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, arremetieron, sin mediar palabras, y sin contemplación alguna, contra quienes se acercaban al lugar, lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes que se encontraban PACÍFICAMENTE, ENTONANDO EL HIMNO NACIONAL.
Es importante destacar que el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de los uniformados no tuvo en cuenta que había muchos locales comerciales abiertos, con ciudadanos que hacían sus compras, también habían peatones que transitaban por la zona, y feligreses que entraban y salían de la catedral, sin ninguna relación con la concentración.
Se debe destacar, especialmente, que buena parte de los manifestantes eran personas de la tercera edad, muchos de ellos con algún tipo de discapacidad física que los colocaba en minusvalía para escapar de los efectos de los gases lanzados indiscriminadamente, resultando con un saldo de más de treinta personas detenidas y muchas golpeadas. Es menester resaltar, que este tipo de acciones violentas, por parte de las fuerzas uniformadas, solo se produjo en el Estado Aragua, en vista que en el resto del país hubo concentraciones masivas, igualmente pacíficas, sin ningún incidente.
Ante tal atropello a la ciudadanía aragüeña en ese día, y ante los hechos violentos que se produjeron en la redoma del Obelisco, llamado por organizaciones defensoras de los DDHH como la “Masacre de San Jacinto”, como es el caso de PROVEA, quienes informan que 7 ciudadanos perdieron la vida, y más de sesenta fueron detenidos, solo por ejercer su derecho a la protesta, tal como lo establece el artículo 68 de la Carta Magna, expresando así su descontento ante la opacidad de los resultados electorales por parte del CNE,
Todos estos eventos constituyen un intento de toque de queda, y la suspensión, de hecho, de las garantías del derecho a la reunión, a la protesta pacífica, al libre tránsito, a la libertad del pensamiento y a la vida, establecidas en la Constitución Nacional.
Por estas razones Aragua en Red, la Alianza de Trabajadores de Aragua (ASTA), la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores (CLTA) y dirigentes sociales, esperamos se restituya la Constituciones y las Leyes, para que estas situaciones NO se produzcan nuevamente.
Aragua en Red
Alianza de los Trabajadores de Aragua (ASTA)
Coordinadora de Lucha de los Trabajadores (CLTA)