La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU emitió una advertencia contundente desde Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El experto Alex Neve señaló que las violaciones persisten en el territorio nacional y alertó que los abusos podrían intensificarse de manera drástica si las autoridades omiten ejecutar transformaciones estructurales profundas en el sistema político y judicial.

El informe detalla que los acontecimientos ocurridos desde el pasado tres de enero propiciaron una reducción temporal en las detenciones prolongadas por motivaciones políticas y en las denuncias sobre desapariciones forzadas.

Sin embargo, el organismo internacional constató un cambio evidente en los patrones de persecución. Las fuerzas de seguridad priorizan ahora las aprehensiones arbitrarias de corta duración y las tácticas sistemáticas de intimidación contra ciudadanos señalados como opositores, incluidos activistas que ya sufrieron encarcelamientos injustos en el pasado.

Respecto a las liberaciones registradas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la misión calcula que entre 800 y 1.000 personas recobraron su libertad. Sin embargo, Neve criticó la opacidad oficial, debido a que la falta de listas públicas y datos verificables impide dimensionar la cifra real. Asimismo, el especialista alertó que entre 325 y 450 personas continúan tras las rejas bajo condiciones infrahumanas, lo cual tipifica un delito continuado de extrema gravedad.

Las investigaciones profundizaron en los vejámenes cometidos en recintos de máxima seguridad como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. Los testimonios de exprisioneros revelaron la aplicación sistemática de torturas extremas, tales como descargas eléctricas en zonas sensibles, asfixia mecánica, aislamientos prolongados en completa oscuridad y métodos de privación sensorial conocidos como la «máquina del tiempo» o «la luciérnaga».

El organismo concluyó que la totalidad del aparato represivo estatal permanece intacto. Cuerpos policiales y de inteligencia operan sin modificaciones sustanciales en sus estructuras, lo que consolida un escenario latente de persecución institucionalizada que amenaza las garantías fundamentales de la ciudadanía.

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