La palabra “expoliación” viene de la acción de expoliar. Según la RAE, expoliar es, “despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad”. Es lo que han hecho, históricamente, los ejércitos de ocupación. Una vez derrotadas las fuerzas que se le resistían, solían tomar los activos y/o riquezas del territorio conquistado como premio o botín que compensaría, a nivel individual y corporativo, el haber arriesgado sus vidas. Si bien las “reglas de juego” que se fueron acordando en torno a la guerra intentaron ponerle coto al ejercicio desenfrenado de tales prácticas, han seguido ocurriendo. Para muestra, las atrocidades cometidas por el ejército invasor ruso en Ucrania y las que traen los cables noticiosos de numerosos conflictos locales en África y en otros sitios. Las acciones de expoliación, acompañadas muchas veces por crímenes aún mayores –violaciones, masacres civiles, destrucción de hospitales, escuelas y viviendas—manifiestan un absoluto desprecio por los habitantes del territorio ocupado. Bajo una dominación impuesta por la violencia, son pocos los derechos que pueden ser exigidos y menos los que serán respetados.

La introducción anterior viene al caso porque hemos venido insistiendo a través de los años, que la tan envanecida –en boca de sus principales beneficiarios--“revolución bolivariana” ha devenido, en realidad, en un régimen de expoliación. Las razones que lo explican son bastante evidentes: 1) el desmantelamiento del tejido institucional de derechos individuales y civiles, de la independencia, equilibrio y control mutuo entre poderes, y de la obligación de rendir cuentas de la gestión pública; y 2) el acoso y la relativización de garantías a las actividades económicas del sector privado, “legitimados” por una prédica construida con base en los clichés de la mitología comunista. La racionalidad de un mercado en competencia como determinante impersonal de la asignación de recursos y como criterio de decisión de medidas que generan un mayor producto social, fue sustituida por la lealtad hacia el líder indiscutido y su funcionalidad para con la consolidación del poder político “revolucionario”. La consigna de que la “verdad es siempre revolucionaria”, recordada por algunos, se transformaba ahora en, “lo revolucionario” –es decir, lo que dictamina el líder—“es siempre verdad”. Dio lugar a una creciente discrecionalidad en la gestión de los asuntos de Estado, que se plasmó en una estructura de incentivos que premiaba los apoyos al “proceso” y castigaba a quienes se oponían, El notorio incremento en el patrimonio de muchos dirigentes y su dispendioso tren de vida –camionetas, guardaespaldas, lujosos eventos sociales, compras de marca—eran una retribución merecida a sus esfuerzos por abrirle un futuro promisorio a los venezolanos. Los papeles se habían invertido; de eso trata una revolución, ¿no? Ahora los ricos y poderosos son ellos.

En sus comienzos, la expoliación tendía a concentrarse en torno al usufructo de la significativa renta petrolera captada por el Estado en los mercados internacionales de exportación a lo largo de la primera década de siglo, al mantenerse elevados los precios del crudo. Empresas de maletín, acceso a dólares baratos, contrataciones ficticias y apropiaciones diversas fueron dibujando una nueva oligarquía, amparada en los vientos políticos favorables que deparaba la “generosidad” con que Hugo Chávez repartía esas rentas. A ello habría que añadir los numerosos regalos a los “amigos” internacionales de la “revolución”, anillo de seguridad externo de creciente importancia.

La prédica socialista pronto convirtió también en cotos de caza a empresas y activos codiciados del sector privado. El uso desembozado de la fuerza se hacía ahora de forma abierta. Y, en la medida en que se profundizaba la crisis económica bajo la deplorable gestión de Nicolás Maduro, los detentores de los medios de violencia del Estado –junto a bandas armadas asociadas—adquirieron cada vez más protagonismo en la “reasignación revolucionaria” de recursos: confiscación de mercancías en alcabalas y puertos, extorsiones, primas de protección, cuando no asaltos directos.

Con tales prácticas, fueron asumiendo el rol de un ejército de ocupación, posicionado para expoliar las riquezas de la nación. Chávez les dio beligerancia, insuflando el ego de aquellos militares que lo seguían con la fábula de que eran herederos del Ejército Libertador. Y sus discursos patrioteros encontraron terreno abonado en las narrativas históricas de los siglos XIX y XX que proyectaban la construcción de patria, no como un proceso civil, sino de batallas. Nuestra precariedad institucional, hasta bien entrada la era petrolera, hacía de los militares ciudadanos de primera, tutores obligados para la preservación del orden de una sociedad débilmente estructurada. Chávez completó su encantamiento denunciando a poderosos enemigos, externos (el imperio) e internos (las cúpulas podridas de AD y Copei), que amenazaban los intereses nacionales y ponían en peligro los “logros” de su “revolución”. La FAN –ahora chavista, luego de sucesivas purgas y con la “B” de bolivariana añadida—se transformaba en tropa de choque contra tales amenazas. Su revolución era armada, no en términos retóricos, sino con la realidad de fusiles, tanques, aviones y demás armamentos.

Maduro, sin la ascendencia política de Chávez ni los dispendiosos ingresos petroleros con que contó aquel para promover su socialismo de reparto, se vio obligado a depender mucho más de los militares para sostenerse en el poder. Los corrompió deliberadamente, entregándoles la gestión o la custodia de áreas extensas de la economía, en un contexto carente de la transparencia, rendición de cuentas y del equilibrio de poderes, medios de comunicación libres, libertad de protesta y demás instituciones que resguardasen el uso correcto de los dineros de la nación. En la medida en que se acentuaba la ruina del país y los sueldos de los empleados públicos se hundían en la miseria, más importaban la fuerza, los contactos, privilegios y demás eslabones de la red de complicidades entre los jerarcas como medio para usufructuar las mieles del poder. Y ello no podía sino aumentar la pretensión, aupada en el discurso “revolucionario”, de que ellos son los auténticos dueños del país.

Una de las expresiones más deplorables de este estado de cosas la evidenciamos recientemente en el discurso del comandante de la Guardia Nacional, general Elio Estrada Paredes, en ocasión del aniversario de este componente de la FAN. Creyéndose dueño del circo, acusó a los opositores de levantar “falsos candidatos presidenciales” (por inhabilitados) y de desconocer a quienes designarán en el CNE, “imponiendo la normalización de la violencia para desestabilizar el país”, con fondos “de posible origen ilícito” y “vinculaciones con la delincuencia organizada”. El colmo, viniendo de uno de los soportes fundamentales del régimen expoliador chavista, fue su señalamiento del “robo” de activos externos que, hasta ahora y gracias a quienes realmente defienden los intereses de la nación, han podido mantenerse a resguardo de sus prácticas depredadoras. Y este discurso gorila ¡fue felicitado por el Gral. Padrino López! Más allá, se hace eco de estas barbaridades el gobernador del estado Trujillo, capitán Gerardo Márquez, amenazando públicamente con sacar “a coñazos” a la candidata opositora María Corina Machado. Según el periódico, La Razón, es dueño de empresas de servicios y constructoras que contratan con la gobernación de ese estado.

Estos trogloditas se han erigido en ejército de ocupación, en guerra contra los derechos y libertades constitucionales del pueblo democrático. Y justifican su apropiación excluyente del país (lo que queda de él), negándoles a quienes no son chavo-maduristas su condición venezolana. Habiendo traicionado, así, a la patria, al reprimir y condenar a la mayoría de sus compatriotas al peor descalabro conocido de sus condiciones de vida en la era petrolera se auto invisten, conforme a su imaginario fascista, ¡en sus defensores! Quienes protestan, son terroristas y conspiradores. Por tanto, con la complicidad de tribunales inmorales, se les condena a largas penas, como fue el caso de los seis sindicalistas hace dos semanas. Igual siguen presos Roland Carreño, Javier Tarazona, Roberto Franco y muchos otros injustamente retenidos.

No habrá salida mientras la oposición democrática no construya una fuerza capaz de neutralizar las pretensiones de este ejército de ocupación y acabar con su expoliación de los venezolanos.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

15 de agosto 2023

A raíz de la presentación por parte de María Corina Machado de aspectos de su programa económico a finales de junio, se ha venido discutiendo públicamente la conveniencia o no de privatizar a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la empresa estatal a la que se reserva, constitucionalmente, la explotación de nuestros hidrocarburos (artículos 302 y 303 de la CRBV). Las posturas van desde la convicción plena de su conveniencia, hasta aquellos quienes, rasgándose las vestiduras, lo conciben como un crimen de lesa patria. En la discusión se cuela, inevitablemente, su relación con la soberanía nacional. Detengámonos un momento a examinar este concepto.

El término soberanía se refiere al poder político sobre la toma de decisiones fundamentales para la nación. En democracia, como es (en teoría) el caso venezolano, reside en el pueblo,

“…quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.” (art. 5 CRBV)

Se intuye, por tanto, que el manejo de la industria petrolera representa un asunto de importancia central al ejercicio del poder político por parte de los venezolanos. ¿Por intermedio de quiénes? y ¿Para qué?

Conocemos la respuesta a la primera pregunta. Basándose en el Decreto de Minas del Libertador de 1829, firmado en Quito, se asumió que las minas debían ser propiedad del Estado. Pero, en realidad, lo que dice el mencionado decreto es que “…corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan bajo las condiciones expresadas en las leyes…” El control soberano sobre la industria petrolera no podía culminar, por tanto, sino en su estatización, incluyendo la de tres pequeñas empresas pertenecientes a venezolanos. Ello abrió necesariamente la rendija a la consideración de aspectos políticos en la conducción de Pdvsa pues, si no, ¿cómo se ejerce tal soberanía? Si bien desde los comienzos se quiso blindar el manejo de la empresa del juego político, confiando su gestión en Rafael Alfonzo Ravard y un equipo de calificados gerentes venezolanos con amplia experiencia con las compañías transnacionales del petróleo, con la crisis de los ’80 (“década perdida”) los planes de inversión de Pdvsa –exploración, producción, profundización del patrón de refinación-- tuvieron que aguardar, primero, a los requerimientos de ingreso del fisco. Bajo el gobierno de CAP II en los ’90, el Congreso aprobó la estrategia de apertura petrolera a la inversión extranjera. Se permitió a Pdvsa, además, quedarse con recursos para recuperar el terreno perdido. Dio lugar, como se recordará, a las denuncias de sectores de izquierda de que se sacrificaban ingresos fiscales, es decir, ingresos destinados al pueblo venezolano, para sostener planes de expansión ambiciosos de una empresa que operaba como un “Estado dentro del Estado”. Había que ponerle la mano a Pdvsa.

Sabemos lo que vino después. Con base en esta prédica, Chávez hizo de Pdvsa, el eje de su socialismo de reparto, obligándola a subsidiar “misiones”, a asumir tareas que nada tenían que ver con su misión corporativa y a comprar alianzas internacionales con diferimientos, rebajas y/o exenciones al cobro de la factura petrolera. Destruyó a la empresa, como evidencian la caída continuada de su capacidad de producción, su enorme endeudamiento, el deterioro de las refinerías y la progresiva “chatarrización” de sus instalaciones. ¿Se expresó, así, el control soberano de los venezolanos sobre la empresa? Persiste la idea, sin embargo, de que, al desplazar a las actuales mafias del poder, se recuperaría esta soberanía.

¿Qué significa? Viene a la mente el caso de las monarquías del Reino Unido y de España. Consumen una cantidad enorme de recursos y puede argumentarse su inutilidad. Mantenerlas implica un costo formidable para sus respectivas naciones, sacrificando recursos que pudieran asignarse a necesidades más perentorias de su población. En el caso británico, en todo caso, puede señalarse que sus actos representan un atractivo turístico central, por lo que un análisis costo beneficio pudiera concluir que la mantención de la casa real se justifica. En el caso español, tal aseveración es dudosa. Pero el asunto no es ese. Muchos españoles sentirán una gratificación particular por contar con la monarquía, una identificación de su lugar en el mundo, de su pasado histórico, costumbres y valores. Es un símbolo. A los políticos y economistas corresponde hacer explícito el costo de mantener este símbolo en una era en la que, felizmente, sus acciones no infringen el ejercicio de los derechos ciudadanos. A los republicanos, argumentar que, en términos de los recursos y las soluciones sacrificadas a diferentes problemas, no se justifica. Pero es un asunto --el costo de sostener los privilegios de la monarquía-- que debe quedar a la libre decisión (soberana) de españoles (o de británicos).

Pues las razones para justificar la posesión estatal de Pdvsa, se resumen, en última instancia, en su valoración como símbolo de soberanía. Entiendo, claro está, que su privatización abriría una discusión sobre la necesaria reforma de la Constitución que distrae la atención a problemas mucho más acuciosos referentes a cómo ejercer esta soberanía. Aun así, ¿Cuánto están los venezolanos dispuestos a sacrificar, en el marco de la actual devastación económica, en sostener una empresa quebrada, endeudada, con su capacidad productiva en el piso, como símbolo de soberanía?

El verdadero problema es otro. Venezuela es, hoy, un país fallido, incapaz, mientras se mantenga su control chavista, de responder a los requerimientos de vida digna para su población. Sin cambio, no habrá salida. Tan sencillo como eso. La recuperación sólo será posible con una sustancial inyección de recursos externos y éstos sólo vendrán si el país retorna al imperio de la ley de nuestro ordenamiento constitucional, que consagra las garantías, deberes y derechos de la población, y se acometen reformas importantes en la conducción del Estado para recuperar los servicios públicos, la infraestructura, la seguridad, el ambiente, etc. Pero ¿a cuenta de qué los multilaterales nos van a prestar esos recursos? ¿Acaso somos el único país necesitado o más “chéveres” que los demás?

El gran aval para recibir esos préstamos es nuestra capacidad para generar significativos ingresos por exportación petrolera. Supondría, desde luego, el levantamiento de sanciones al regresar el país a un régimen democrático, de garantías. Y solo será posible si logra atraer ingentes inversiones de empresas transnacionales del ramo. Pero habrá de ocurrir, además, en un contexto mundial en el que se han venido instrumentando, sobre todo en los países más avanzados, medidas para disminuir el uso de los combustibles fósiles causantes del llamado “efecto invernadero”, para detener el cambio climático. Algunos analistas sitúan el punto de inflexión a partir del cual comienza a caer la demanda por petróleo –peak demand-- para finales de esta década. Mientras, la oferta está aumentando rápidamente en Guyana –producirá más que Venezuela dentro de pocos años--, Brasil, produce hoy más de 3,2 MM de b/d y se anuncian ambiciosos planes de expansión en Irak, Kazajistán y Nigeria. Asimismo, los gigantes, EE.UU., Arabia Saudí y Rusia seguirán produciendo, cada uno, por encima de 10 MM de b/d.

La competencia de estos productores por atraer inversiones para un mercado que comenzará a decrecer pronto dependerá, entre otras cosas, de sus acciones para contener el cambio climático. También el Banco Mundial anuncia que este criterio será cada vez más importante para otorgar créditos a los países que lo solicitan. ¿Acaso la Pdvsa quebrada, “doja, dojita”, podrá competir en este plano?

Nuestra soberanía sobre el petróleo debe tener como norte la maximización de los beneficios que genera, en el tiempo, a su población. Serán escasos si sigue monopolizado por una empresa estatal convertida en instrumento político. Solo abriendo el sector a la inversión privada, con un paquete atractivo de incentivos y un plan creíble para la transición energética, se evitará que Venezuela termine como país fallido, en el sótano de América Latina y el Caribe, al lado de Haití. El pecho henchido de nacionalismo porque Pdvsa no se privatice, solo se entiende en aquella exigua minoría chavo-madurista que sigue creyendo el mito de que representan, de manera excluyente, al Pueblo (con mayúscula).

7 de agosto 2023

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El pasado 20 de julio, el antropólogo Víctor Rago asumió el cargo de Rector de la Universidad Central de Venezuela, junto a quienes forman el nuevo equipo rectoral electo el pasado 9 de junio. Enhorabuena. Si bien es ocasión de celebrar, pues la UCV llevaba unos quince años sometida a una absurda disposición aprobada por el chavismo que impedía el ejercicio de sus potestades autonómicas para renovar, con base en criterios académicos, a sus autoridades, es obligado hacer referencia, también, a los formidables desafíos a que tendrán que afrentar los recién elegidos, incluyendo decanos y demás representantes del gobierno universitario.

Destaca, en primer lugar, la terrible situación que ha resultado del acoso y de la desidia de un Estado dominado por el chavismo contra las universidades nacionales. Años de agresión física, destrozo y de robo de activos de la institución a mano de bandas forajidas identificadas con el régimen –computadoras, equipos de laboratorio, colecciones valiosas, insumos, instalaciones diversas, incluidas las estaciones experimentales, y enseres de todo tipo--, han asestado un duro golpe a las posibilidades de realizar sus elevadas funciones académicas de docencia, investigación y extensión con base en los criterios de excelencia que las deben inspirar.

Pero también hay que recordar las agresiones contra personas –estudiantes, profesores, empleados, incluso contra miembros del equipo rectoral—que buscaron sofocar, imponiendo un reino de terror, la naturaleza crítica que, por excelencia, debe poner de manifiesto toda universidad que se valore como tal.

Luego está el cercenamiento progresivo de sus potestades autonómicas con dictámenes judiciales y la confiscación por parte del Ejecutivo Nacional de manejos administrativos que son propios de toda institución autónoma. Finalmente, resalta la ignominiosa postración a la que se le ha intentado llevar mediante una asfixia presupuestaria progresiva, aplicada con saña y alevosía. El elemento más criminal de ello son los sueldos de hambre a que fueron sometidos profesores, empleados y trabajadores, con la clara intención de quebrar la dignidad y el aprecio con los que deben ejercer sus funciones. Ello no soslaya, empero, el daño causado por la falta de recursos con los cuales mantener adecuadamente las instalaciones universitarias, como por la incapacidad de reponer y ampliar su dotación de equipos científicos y administrativos.

Cabe señalar que este cúmulo de ataques no puede simplemente despacharse cómo la agresión típica de toda dictadura militar contra una institución que, por su esencia, le corresponde ser crítica ante las arbitrariedades, injusticias y escamoteos de la verdad ejercidas desde el poder. Tampoco deben relativizarse haciendo referencia a las asignaciones recientes del Ejecutivo para reparar y mantener aspectos de su infraestructura. No debe olvidarse que la Ciudad Universitaria de Caracas, obra magistral del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Mal haría un régimen que aspira romper su aislamiento internacional no mostrar su “interés” en cuidar de sus instalaciones. Pero estas escasas carantoñas no pueden esconder el terrible quebranto del acervo científico, humanístico, tecnológico y cultural de las instituciones de Educación Superior bajo la égida del régimen fascista chavo-madurista.

Un video que circula recientemente por las redes muestra los espantosos niveles de destrucción de lo que queda de la Universidad de Oriente (UDO): edificaciones, laboratorios, auditorios y campos deportivos reducidos a escombros, como si hubieran estado sometidos a bombardeos. Otras reseñas, referentes a la situación de la Universidad del Zulia (LUZ) y la de Los Andes (ULA), ponen de manifiesto también destrozos inaceptables de sus instalaciones, aunque quizás no en grados tan lamentables como los de la UDO.

Y no hay que aventurarse mucho para entender que, más allá, la víctima central de estas agresiones ha sido la nación venezolana. La generación de conocimientos, la formación de talentos y la interacción provechosa con la frontera internacional de saberes son indispensables, hoy, para un crecimiento económico sano y justo, la contención del cambio climático, el resguardo del ambiente y la dotación de condiciones de vida dignas, en lo material como en lo espiritual, a la población. Pero en Venezuela, el valiosísimo instrumento que representan las universidades de excelencia, interlocutoras imprescindibles con los avances de la humanidad y agentes ideadas para convertirlos en palancas positivas de cambio y de progreso, son arrasadas.

Tanto escuchar mencionar a la Sociedad del Conocimiento para que una oligarquía militar-civil ignorante y primitiva mantenga aplastada, precisamente, las casi únicas antenas de que dispone el país hacia tan indispensable ingrediente del bienestar: el conocimiento. En momentos en que la destrucción de lo que fue una vez una industria petrolera pujante y eficiente deja al descubierto la enorme vulnerabilidad que representó depender de ella como sostén de nuestra prosperidad, merece calificarse como crimen de lesa humanidad del régimen haber llevado a nuestras universidades al estado en que se encuentran hoy. Cómo revertir este proceso es, por tanto, el gran desafío.

En lo inmediato, es menester encontrar la forma de mejorar, aunque sea algo, las miserables remuneraciones a las que se ha visto condenado el personal académico y de apoyo. Debería ser preocupación central del Ejecutivo, pero dada la destrucción de la economía y la inquina del fascismo hacia fuentes de conocimiento autónomas que cuestionen sus “verdades”, es dudoso esperar una mayor dotación presupuestaria para las universidades y mejores sueldos a quienes en ellas laboran. Pero hay que insistir. Podría explorarse la concertación de planes para sincerar la nómina y reducir personal redundante. El Estado no puede desentenderse de esta responsabilidad. Lamentablemente, los ambiciosos proyectos de las zonas rentales de Caracas y Maracay habrán de aguardar mejores tiempos.

Fuentes independientes de recursos, como la generación de ingresos propios por la venta de cursos de especialización (“diplomados”), asesorías y servicios especializados, como el alquiler de espacios y equipos, promoción de eventos, desarrollo de parques tecnológicos y/o de incubadoras de empresas, etc., deben promoverse donde sea posible. La flexibilización de la normativa respectiva debe ocupar la atención de las nuevas autoridades.

Más allá, es necesario profundizar los vínculos de la UCV con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, agencias de cooperación, la UDUAL y otras asociaciones universitarias, para compartir proyectos de investigación, postgrados integrales, convenios de doble titulación, etc., que extiendan el nombre y alcance de nuestra Alma Mater más allá de lo que permiten los magros recursos con las cuales se la ha dejado.

Para profundizar en este afán no hay otro camino que el de continuar y profundizar la rigurosidad y el apego a la búsqueda independiente de la verdad, con la que toda institución académica con pretensiones de excelencia debe abordar su misión. Ésta no se define, claro está, por su oposición al régimen, pero si se identifica con la prosecución de los fines más nobles de la humanidad a través de su labor creativa y la defensa de los valores de justicia, libertad e inviolabilidad de los derechos básicos del ser humano.

La Universidad Central de Venezuela exhibe un rico historial al respecto, del cual nos sentimos orgullosos los UCVistas. En tal sentido, los aportes de las universidades al enriquecimiento de la democracia, tanto en la solución de problemas diversos de la población como en su elevación espiritual y cultural, han sido muy positivos. ¡Ojalá existiesen posibilidades de llegar a acuerdos con el Estado venezolano para fortalecer estos atributos! Lamento tener que concluir que, para ello, tendría que existir otro gobierno, pues el actual ha mostrado encarnar su antítesis.

De manera que el desafío central de las nuevas autoridades de la UCV es cómo sobreponerse a este clima de penurias, adversidades y atraso al que, infortunadamente, ha provocado la oligarquía en el poder, para sostener su elevada misión académica con la mayor libertad y consecuencia posible. Confiemos en que las nuevas autoridades, con el apoyo activo de la comunidad, exhiban las convicciones, firmeza de decisiones, pero también, la requerida prudencia, para conducir exitosamente a la institución en esta dirección, en tan menguada hora para el país. Su misión se resume en seguir siendo fiel al impar lema de “la Casa que vence la sombra”. Nuestros mejores deseos porque así sea.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Las tiranías totalitarias pretenden legitimarse invocando fines trascendentes cuya prosecución habría de liberar, de una vez por todas, al Pueblo (con mayúscula). Apelan a percepciones de injusticia de quienes se sienten marginados, alimentando sus resentimientos y ansias de retaliación para comprometerlos en la conquista de los ofrecimientos reparadores de un líder carismático. En su prédica, la lucha es porque triunfe el bien, es decir, los intereses de “nosotros”, el Pueblo, contra el mal representado por los agentes políticos o sociales enemigos, es decir, los “otros”. Tal simplificación maniquea se rinde ante la fe en un eventual reino de dicha que reivindicará, como debe ser, a los agraviados. Esta creencia da lugar a una construcción teleológica, de claros tintes religiosos, que se sobrepone al dominio de la razón. Esto incluye a la prédica comunista, que alega basarse en una teoría “científica” del cambio social. No puede haber dudas sobre cómo proceder. Sea por la voluntad de un Dios todopoderoso, como sucede con el extremismo islamista de hoy y con la inquisición y las cruzadas de ayer, o por el inexorable triunfo de la justicia que proveerá el devenir de la Historia (con mayúscula), se va forjando un espíritu de secta, cerrada sobre sí misma, que no admite cuestionamientos externos. Inspiradas en verdades reveladas, son refractarios a la razón. Basta con el apasionamiento de saberse en la conquista de lo justo.

El 26 de julio, hace 70 años Fidel Castro encabezó un asalto suicida a un cuartel militar en Santiago de Cuba (Moncada) para derrocar al dictador, Fulgencio Batista. Sobrevivió. En el juicio montado en su contra, argumentó haber insurgido contra un régimen terminal, por inmoral y decrépito: “la Historia me absolverá”. Tal manifestación de fe en el devenir societario se convirtió pronto en proclama de lucha contra la opresión por parte de las distintas fuerzas enfrentadas a la dictadura. Sabemos el desarrollo posterior de los acontecimientos. Basta señalar que la épica guerrillera como eje de la Revolución, luego de eclipsar los aportes al derrocamiento del dictador por parte de la resistencia en las ciudades, adquirió visos de leyenda, contribuyendo a asentar la ascendencia de Fidel ante los cubanos. Ayudó, claro está, una fuerza militar –ahora revolucionaria—que llenaba el vacío del desmoronado ejército batistiano.

Esta absolución por las fuerzas inexorables de la Historia tiene como importante antecedente el alegato que, en su defensa, hizo Adolf Hitler, al ser enjuiciado por el llamado “putsch de la cervecería” de 1923, en Múnich. “Porque no son ustedes, caballeros, los que nos juzgan. Ese enjuiciamiento lo dictamina la eterna corte de la Historia. (...) Podrán pronunciarnos culpables mil y una veces, pero la diosa de la eterna corte de la Historia sonreirá y hará trizas el alegato del fiscal y la sentencia de esta corte. Ella nos absolverá”[1]. Norberto Fuentes, en, La autobiografía de Fidel Castro (Tomo I), señala que, entre los libros que leía Fidel previo al célebre juicio, preso en la Isla de Pinos, estaba el Mein kampf de Hitler, contentivo de la aludida aseveración.

Ambos tiranos se presentan como meras herramientas de designios superiores, trascendentes, que, con o sin su participación, habrían de imponerse irremediablemente. Proyectarse como agente de fuerzas extraordinarias, cuasi telúricas, que se sobreponen a nuestras voluntades particulares, tiene deplorables implicaciones para la construcción de referentes morales. Por un lado, confiere una supremacía moral inobjetable a quien pregona los fines que, irremisiblemente, habrán de cumplirse. Contribuir con ellos define el criterio de lo que es correcto; oponerse, de lo incorrecto. Isaac Berlin nos recuerda que, en el caso del comunismo, supone un concepto de verdad que no depende de su correspondencia con los hechos, con la realidad empírica. Es verdad –según esta visión-- lo que es funcional para con el triunfo de la Revolución, acontecimiento inexorable que marcará la culminación triunfante de la Historia. Así, no hay forma de combatir las falsedades del discurso revolucionario, ya que sus referentes no son los mismos de los que argumentan en su contra. Quien critica sus postulados es, simplemente, enemigo de la verdad y de la humanidad, condenado al basurero de la Historia.

A su vez, al proyectarse estar por encima de las nociones “engañosas” del bien y del mal con que estos “enemigos” arremeten contra la “liberación de los Pueblos”, los “revolucionarios” son tremendamente inmorales. Todo se vale, siempre y cuando contribuya con el avance y consolidación del proceso eminente de hacer realidad el reino de paz y de dicha que pondrá fin (en una eventualidad pospuesta eternamente) a las miserias humanas. No importa que este esfuerzo se haya acompañado de centenares –miles-- de muertes por desnutrición, represión o por haber desaparecido medicamentos y destruido una adecuada asistencia de salud. En alegoría a los mitos de redención de nuestro legado judeocristiano, tales sacrificios por el triunfo de un bien superior son bienvenidos. En tan pavorosa oclusión ética y moral, a los dirigentes les resbala asumir decisiones crueles que destruyan los medios de vida –y la vida misma-- de la población. Así lo atestiguan las experiencias de Cuba y Venezuela. Palidecen, en comparación, los tan denostados llamados a “apretarse el cinturón” de los ajustes neoliberales como fundamento necesario (también eventual) de la prosperidad y la justicia que otorgan las fuerzas del mercado.

Blindados por la Historia, los personeros más despreciables, carentes totalmente de escrúpulos, pontifican sobre las “virtudes” de la “revolución” mientras descalifican con descaro a luchadores democráticos. Diosdado Cabello justifica las agresiones de sus bandas fascistas contra Henrique Capriles y contra María Corina Machado, en gira cada uno ante la convocatoria a las elecciones primarias de la oposición, inventando que provienen de un “Pueblo” que reacciona contra las sanciones impuestas por EE.UU. Jorge Rodríguez despotrica de la Unión Europea luego de que la Eurocámara condenara la inhabilitación política dictada (por la contraloría de Maduro) a María Corina. Vladimir Padrino, soporte del oprobio y destructor de la FAN, denuncia la “guerra económica y mediática” y los “llamados a la violencia” que, supuestamente, promueven factores de oposición, para justificar su complicidad con la tiranía. Insólitamente, se sigue exigiendo la liberación de Alex Saab como si fuese un mártir de la “revolución” y no un delincuente preso por traficar, entre otras cosas, con el hambre de los venezolanos. Con el veneno que destilan en estas imprecaciones contra las fuerzas democráticas, amparadas en esa supuesta “supremacía moral” que creen poseer, podría suplirse una fábrica entera de suero antiofídico y contra todo tipo de alimañas tóxicas.

Con semejantes barbaridades buscan todavía cautivar apoyo y mantener la concertación con militares, jueces y funcionarios corruptos para continuar con el saqueo a la nación. Pero su apoyo, según la última encuesta Delphos, de junio, es de sólo un 9,4%: “resteado con Maduro.” ¿Cómo llegar a acuerdos que abran posibilidades de cambio democrático con quienes insisten en refugiarse impunemente en una burbuja de falsedades? En vez de reconocer su fracaso, como haría cualquier político racional, insultan airadamente a quienes se lo señalan.

Pero están, cada vez más, venidos a menos. Conscientes de ello y desesperados por las perspectivas de una derrota segura de realizarse unas elecciones confiables, intentarán todo lo que puedan para amañarlas con inhabilitaciones, saboteando las primarias y con otras marramuncias. Su arsenal de atropellos no tiene límite alguno en el respeto a las normas de convivencia que deberían prevalecer en democracia. Persisten en su engaño de contar con la absolución (impunidad) de la Historia. Y ahí está su gran problema. Necesitados de un mayor reconocimiento internacional para poder sobrevivir en el foso en que han hundido al país, deben dar muestras de una disposición a llegar a acuerdos con las fuerzas democráticas para realizar elecciones en condiciones sanas y creíbles, es decir, respetando verdaderamente la voluntad popular. De nada sirve intentar convencer a la Unión Europea y a EE.UU. y, mucho menos a esas grandes mayorías de venezolanos desesperadas porque se les ofrezca una salida, invocando los fines supremos (existentes solo en mentes delirantes) de la Historia.

El fascismo no está, claramente, en sus mejores momentos. Es menester, por tanto, poner a un lado discrepancias y suspicacias entre fuerzas opositoras y consolidar una plataforma programática consensuada con las luchas de la población por sus derechos, a la vez que se aumenten las exigencias de que sea respetado el ordenamiento constitucional y puedan realizarse elecciones libres, sin trampas. Han de saber que la historia, la verdadera, sin mayúscula, no los absolverá. Habrá que facilitarles una salida, también, para los que ya están conscientes de ello.

[1] Ver, Schirer, William L. (1966), The Rise and Fall of the Third Reich, Vol. I., Pág. 78. (traducción e itálicas mías, HGL)

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El martes 4 de julio, Nicolás Maduro denunció intentos de la oposición de dividir a la fuerza armada. Pidió a su eterno ministro de defensa, Vladimir Padrino López, que la FAN diera respuesta “al fascismo” --calificación que define mejor que nada a su propio régimen--, “al golpismo y al imperialismo, con unión, moral, en la calle, con fuerza y que les diga claramente que con la Fuerza Armada no se metan”. Fue un ruego a estamentos de la FAN bajo su control para que siguiesen sosteniendo su dictadura. Sin este apoyo, Maduro, en marcada minoría, repudiado por la mayoría de los sectores de la vida nacional y aislado de buena parte de la comunidad internacional, no puede mantenerse en el poder. Es el uso de la violencia oficial y/o la amenaza de usarla, la que ha evitado que la voluntad popular lo haya desplazado. Por tanto, su denuncia se traduce en que los militares que lo apoyan continúen violando los preceptos constitucionales que deberían fundamentar su conducta como institución al servicio de la nación, no a su persona (Art. 328):

“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Recordemos como Chávez, luego de su separación efímera del poder en abril de 2002, se dispuso a purgar a la FAN, alineándola con su proyecto político. Le añadió el epíteto de “bolivariana” y exigió lealtad a su persona, acosando a aquellos que insistían en una conducta institucional conforme al artículo de la constitución arriba citado. Maduro acentuó esta perversión. En la Ley “orgánica” de la FANB de 2014 –ley “orgánica” aprobada por él por decreto presidencial, contrario a lo establecido en la Constitución--, identifica claramente al cuerpo militar con su régimen y le confiere un protagonismo en la conducción de asuntos del Estado y en el manejo de actividades comerciales. Pero ello es apenas el paraguas formal de la apropiación efectiva del país por parte de militares cómplices que venía adelantándose desde Chávez. Para 2018 estaban al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento y televisoras, entre otras actividades. Maduro les proveyó una Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg), para que intermediaran en negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país --oro, diamantes, coltán y vanadio. Manejaron, además, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que controla las empresas básicas de esa región, los puertos y aeropuertos, y empresas públicas como, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Actualmente, un militar es a su vez, Ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA.

Este apoderamiento militar de porciones de la economía se benefició del desmantelamiento del Estado de derecho que marcó la gestión de Chávez y de Maduro. La ausencia de contrapesos, de transparencia y de rendición pública de cuentas redundó en un ambiente favorable a todo tipo de irregularidades, muchas al margen de la ley, para capturar rentas provenientes de la exportación petrolera. El protagonismo de algunos militares inescrupulosos en estas prácticas permite señalarlos como artífices, por ende, del régimen de expoliación que, a la luz de la ausencia de controles, terminó instalándose en Venezuela al amparo de la prédica “revolucionaria”. En tal sentido, forman parte del proceso destructivo que acabó, bajo la gestión de Maduro, con los servicios públicos, la infraestructura y los medios de subsistencia de los venezolanos. Aunado a su activo protagonismo en la represión de las variadas protestas de la gente, lo anterior los convierte en actores abiertamente contrarios al interés nacional.

¿Cómo se explica que algunos militares hayan traicionado su misión, fungiendo, de hecho, como verdugos de la Patria? Obviamente el interés crematístico, facilitado por el quiebre del ordenamiento constitucional, ocupa un papel central. Hoy, su complicidad en la devastación de la nación, sometiendo a la inmensa mayoría de venezolanos a un régimen opresivo que los condena a niveles insólitos de pobreza, a pesar de los recursos petroleros de que dispone el país, se ve reforzada por los sueldos miserables que, formalmente, percibe la oficialidad castrense. Como el resto de los empleados del sector público, tal remuneración no les alcanza para vivir. Por tanto, su control de aduanas, aeropuertos, puertos y alcabalas, como su participación en la inspección o fiscalización de actividades económicas, ha hecho de la extorsión la fuente principal de sustento para muchos. Si bien tales actividades parasitarias son comunes en dictaduras militares, en Venezuela se amparan en el discurso chavista.

Desde la independencia, o gracias a ella, los militares se han arrogado la potestad de ser decisores activos de los destinos de la patria. El sacrificio de vidas y la sangre derramada constituía la credencial de honor con la cual reclamar su función tutelar sobre la sociedad. Pero la FAN de hoy nada tiene que ver con el Ejército Libertador. Tiene sus orígenes en la profesionalización de la carrera militar instituida bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, que acabó definitivamente con las montoneras que asolaban al país durante buena parte del siglo XIX. Pero Chávez, en los delirios iniciales con que arribó al poder, les dijo a los militares que eran los herederos del legado emancipador. Como tales, estaban llamados a conducir la patria hacia los destinos gloriosos que su liderazgo deparaba. Tan patriótico rol tutelar los convertía en genuinos dueños del país. Con base en el culto a Bolívar y una retórica antiimperialista que sustituía a la España de principios del siglo XVIII por EE.UU., hizo de la FAN una especia de Guardia Pretoriana a su servicio. Entre otras cosas, la llevó a apoyar a los insurgentes colombianos (FARC, ELN), permitiendo que traficaran drogas a través del territorio venezolano. De ahí surgió, como sabemos, el llamado Cartel de los Soles, en el cual se señala participación de miembros de la alta oficialidad militar. Y, con una prédica de odio contra quienes se oponían a su proyecto, fue moldeando conductas fascistoides entre los integrantes de la cúpula militar que lo apoyaban. ¡Patria, socialismo o muerte!

En este proceso, Chávez destruyó a la FAN como institución, sustituyendo el compromiso jurado de ésta con los supremos intereses de la nación, por la lealtad a su persona. Relevó de mando a quienes no asentían a esta sumisión y detuvo, con acusaciones frecuentemente inventadas, a aquellos que podían poner en peligro su ascendencia sobre el cuerpo castrense. Maduro, desprovisto de tal ascendencia, ha acentuado la represión de militares institucionalistas. Con participación de la inteligencia cubana, ha desatado, bajo la DGCIM y el SEBIN, un verdadero reino de terror en su seno. Más de la mitad de los presos políticos en Venezuela actualmente son militares, unos 150. Investigaciones de organismos defensores de los derechos humanos, de la ONU, la OEA y ONGs respetables, reportan que muchos han sido sometidos a torturas salvajes. Se registra la muerte del capitán Acosta Arévalo, Rafael Arreaza Soto y Gabriel Medina (policía), entre otros. El compromiso de integrantes de la cúpula militar con el régimen de expoliación que arruinó al país se ha traducido, además, en la feudalización de la estructura castrense en REDIs, ZODIs y ARDIs. Muchos han degenerado en “cotos de caza” repartidos a través del territorio nacional, a ser depredados por auténticas mafias.

Maduro anunció el 5 de julio, el reemplazo de los comandantes del ejército, la armada, la aviación y la milicia bolivariana, y otros cambios en la cúpula militar. No obstante, ratificó a Padrino López, quien lleva 9 años como ministro de defensa, y a Domingo Hernández Lárez en el Comando Estratégico Operacional de la FANB. Son anclas del fascismo castrense que busca consolidar. Algunos analistas señalan que estos cambios se deben al malestar e inquietud creciente dentro de la estructura militar, que no puede ser ajena a la tragedia que vive el país. A ello obedecería su denuncia sobre supuestos intentos de la oposición de dividir a la FAN. ¿Se desmorona el sostén castrense de Maduro? ¿Hasta cuándo se va a prestar el componente militar a servir de salvavidas a quienes tienen como finalidad la destrucción del país? Es lamentable que siga descomponiéndose lo que una vez fue una institución respetada.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La situación de Venezuela luce terriblemente comprometida en todos los frentes, incapaz de generar condiciones para una vida digna de sus habitantes. De no introducirse cambios drásticos en su manejo, habrá de convertirse en un país fallido. La responsabilidad de tal fracaso recae en la gestión del chavo-madurismo frente al Estado. Redujo la actividad económica en más del 75%; destruyó la moneda nacional –el bolívar—y la capacidad adquisitiva de los venezolanos, perpetuando, durante años, la inflación más alta del mundo; incrementó, aún más, la descomunal deuda externa que dejó Chávez, precipitando una situación de default que aisló al Estado de los mercados financieros internacionales; acabó con las capacidades del Estado por responder a las necesidades de la sociedad, tanto en materia de salud y educación, como con los servicios públicos de agua, luz y seguridad y la infraestructura física; achicó la banca y, con ello, su capacidad crediticia; acentuó las desigualdades sociales, haciendo de Venezuela el país más inequitativo de América Latina; logró el milagro de arruinar a PdVSA, nuestra “gallina de los huevos de oro”; y colocó la explotación de ricos recursos minerales, como de importantes decisiones estratégicas, en manos de cubanos, rusos, chinos, iraníes y de bandas criminales. Nos impuso esta tragedia haciendo un uso extensivo de la represión, disolviendo las garantías ciudadanas y los derechos humanos consagrados en la Constitución. Tal proceder sólo fue posible por la connivencia de un sector descompuesto de la FAN, traidor a la patria, y de jueces y policías corruptos. La Corte Penal Internacional investiga a Maduro y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad contra la población.

Elemento central de esta tragedia --pero lejos de ser el único-- es el colapso de la economía. Aunque el régimen levantó los controles de precio y liberó la tenencia de dólares, al haber arruinado la economía doméstica y destruido PdVSA, se quedó sin ingresos para financiar su gestión. Como tampoco tenía acceso a los mercados financieros internacionales, acudió a la emisión de dinero por parte del BCV, perpetuando las presiones inflacionarias que tanto han empobrecido a la gente. Y su respuesta para aplacar este flagelo ha sido la peor: 1) redujo el gasto público, aumentando la inoperancia del Estado, agravando la prestación de servicios públicos y comprimiendo los sueldos reales de los empleados del Estado; 2) elevó el encaje bancario hasta eliminar, prácticamente, su capacidad crediticia; y 3) intentó estabilizar el precio del dólar como ancla del sistema de precios, “quemando” las escasas divisas que entran al país. O sea, el chavo-madurismo cometió la barbaridad de reducir, aún más, la demanda como fórmula antiinflacionaria, en momentos en que la economía exhibe un descomunal desempleo de sus recursos productivos. Se acentuó, así, el impacto devastador de su gestión sobre la oferta de bienes y servicios, contrayendo aún más el ingreso, ya bajísimo, de los venezolanos. Se perpetúa la situación de postración en que se encuentra la economía, impidiendo la recuperación de los niveles de vida de la población. Un círculo vicioso que revela que, sin cambios significativos, Venezuela continuará entrampada en este estado de pobreza extendida, sin mayor perspectiva de alivio.

Superar esta trampa requiere de una inyección sustancial de recursos externos para sanear al Estado, rescatar los servicios públicos, atender la emergencia humanitaria y liberar a las fuerzas productivas del conjunto de trabas que las aplastan. Pero el acceso a tales recursos está condicionado a reformas que restablezcan el ordenamiento constitucional, ofrezcan garantías a los mercados internacionales, como condiciones que aseguren el reembolso eventual de tales empréstitos. Ello no coincide con el interés del chavo-madurismo de perpetuar el estado de anomia que resultó de desmantelar las instituciones y de la destrucción del Estado de derecho para continuar expoliando, sin restricciones, las riquezas del país. ¿Podrá cambiar de actitud? Se evidencia, entonces, que el entrampamiento es político.

La salida es también, obviamente, política. Del lado de muchos jerarcas del oficialismo, admitir las reformas antes mencionadas implica ceder privilegios y exponerse a ver confiscadas sus fortunas mal habidas y/o a pesar largos años en prisión por sus atropellos. Intentan blindarse erigiendo una falsa realidad a base de clichés, en la cual refugiarse. ¿Habrá otros dispuestos a negociar su salida y/o a permitir los cambios? ¿En qué condiciones? La inhabilitación política de María Corina Machado y la intervención del CNE atestiguan la intención de cerrar la vía electoral para materializar tales cambios. La represión de la protesta sindical en Guayana, como otras violaciones de derechos civiles, indican, asimismo, la continuidad de prácticas dictatoriales. ¿Qué haría falta para aumentar las posibilidades de que emergieran interlocutores oficialistas interesados en liberar al país de la actual tragedia?

La respuesta a la pregunta anterior depende mucho de lo que puedan hacer las fuerzas democráticas. Debilitadas, divididas y sin una vinculación estrecha con los diversos sectores que luchan contra la dictadura, será muy poco. Seguiríamos entrampados. El desafío crucial es, por ende, forjar la unidad requerida para construir una fuerza capaz de labrar espacios de lucha conducentes al cambio. Fundamental, en ello es saber asumir las aspiraciones de las mayorías en un proyecto claro y viable que les inspire confianza en las posibilidades de conquistar el cambio. Las movilizaciones con miras a participar en las primarias opositoras del 22 de octubre son un buen comienzo. Asimismo, la respuesta contundente de todos los candidatos ante la inhabilitación política de María Corina Machado que, junto a la impuesta a Enrique Capriles y a Freddy Superlano, violan la constitución, es también alentadora. Pero debe perpetuarse en una plataforma unitaria que conecte con las luchas sociales como imperativo para conquistar condiciones electorales confiables que abran las puertas a las posibilidades de cambio político. Persistir en la lucha por unas primarias que aúnan voluntades mayoritarias en torno a un propósito común de transformación democrática e inclusiva del país –o cualquier otro mecanismo consensuado que cumpla con tales requisitos--, por más obstáculos que interpongan los personeros del fascismo chavo-madurista, debe ser la estrategia a seguir. Tanto las inhabilitaciones, como la intervención, también inconstitucional, del CNE, revelan la vulnerabilidad de Maduro ante la perspectiva de que se concreten elecciones mínimamente confiables. Perdería de calle ante quien emergiese como candidato/a de unas primarias que cumpliesen con los propósitos arriba mencionados. Ahora es cuando las fuerzas democráticas deben afincarse en esa estrategia, sin ceder ante las vilezas que, como es su naturaleza, llegue a instrumentar el (des)gobierno para evitar medirse de verdad.

Podría objetarse que se corre el peligro de alimentar la polarización con posturas extremistas, de confrontación, que tanto han favorecido al chavo-madurismo en el pasado. Se asoma, como amenaza una respuesta similar a la instrumentada por el gánster Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Se podrá evitar que ello ocurra a través de negociaciones? Lamentablemente, no hay razones para pensar que Maduro y los suyos vayan a acordar con la oposición condiciones para un “fair play” político. No está en su naturaleza.

Ante las últimas acciones del fascismo es menester la denuncia frontal y la movilización continua de la gente por hacer valer sus derechos a manifestar abiertamente su voluntad de cambio. Sólo desde una posición de fuerza podrá eventualmente negociarse acuerdos con los que han destruido al país que abran posibilidades de una salida electoral que inspire confianza como solución. Esto implica mantenerse firme ante los atropellos con que el chavo-madurismo pretende acallar la voz popular en estos momentos.

Una vez consolidada una posición de fuerza, en concierto con los aliados democráticos a nivel internacional, podrá pensarse en concesiones que ayuden a aquellos oficialistas que se han dado cuenta de que su proyecto no tiene salida a asumir un mayor protagonismo en la concreción de acuerdos prometedores con la oposición. Llegará el momento en que, con el pañuelo en la nariz, puedan discutirse condiciones de un régimen de justicia provisional que facilite el abandono del poder por parte de los criminales que hoy lo ocupan. Con la división de las fuerzas de oposición, seguiremos entrampados.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La semana pasada, El Nacional publicó un interesante artículo de Moisés Naím titulado, “Dictadores sin salida”. El autor comenta ahí la dificultad que presenta, en comparación con el pasado, deshacerse hoy de crueles dictadores. Antes, cuando se les ponía muy fea su permanencia en el poder, solían optar por un exilio dorado, frecuentemente en un país del primer mundo, con los dineros robados. Cita varios ejemplos. Pero, con los avances en el derecho internacional y/o de los países democráticos por imputar a estos dictadores por sus violaciones de derechos humanos, rapacerías y demás delitos, se les ha ido cerrando tal salida. El costo de abandonar el poder –la posibilidad de pasar el resto de su vida en una cárcel, por ejemplo—hace que se aferren a él como sea, cometiendo los crímenes más atroces, de ser necesarios. Aunque no lo cita, Nicolás Maduro es un claro ejemplo. Más allá de los errores que haya podido cometer el liderazgo opositor, su resiliencia frente a las sanciones y para capear las numerosas protestas en su contra, apelando, sin empacho, a la represión más desmedida, pone de manifiesto que desalojarlo con las fórmulas tradicionales de lucha democrática se ha hecho bastante cuesta arriba. De ahí la inclinación de algunos hacia una especie de modus vivendi con el régimen, en espera de que –al contrario de lo que reitero Cabello—“por las buenas” se logren introducir los cambios políticos.

Entre las razones que explican la disposición de Maduro a pisotear el ordenamiento constitucional para permanecer en el poder, destaca, en primer lugar, los intereses en torno a la expoliación de las riquezas del país y de los ingresos de los venezolanos, base de la alianza entre los que lo sostienen. Se asienta, como tanto se ha repetido, en el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, en particular de la autonomía y el equilibrio de poderes (incluyendo medios de comunicación críticos e independientes), en la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas sobre su gestión al frente de las dependencias públicas y, en general, en el desconocimiento extendido de los derechos ciudadanos. Los cómplices fundamentales de esta alianza estratégica contra los venezolanos han sido los componentes de la cúpula militar que traicionaron sus juramentos y sus deberes para con la patria, para enriquecerse groseramente al amparo de la destrucción del Estado de derecho. Pero las complicidades claves van más allá.

Como también ha analizado Naím en su libro, La revancha de los poderosos, Maduro no se encuentra solo en este empeño. La idea de que un dictador que transgrede los derechos humanos se aísla de la comunidad internacional y sufre el oprobio de hombres y mujeres de bien, es muy relativo. En plena guerra fría, EE.UU. amparaba a dictaduras en distintas partes del mundo para mantener a raya la amenaza comunista. La URSS hacía lo propio con regímenes de fuerza de su agrado. Desaparecida esa confrontación, emergen ahora gobiernos en distintos países en alianza heterogénea por desmontar las reglas de juego del orden internacional hegemonizado por las democracias liberales: Estados Unidos, Europa y Japón. En argumentos de la analista, Anne Applebaum (El ocaso de la democracia), conforman una especie de cofradía que adopta comportamientos similares, aprenden los unos de los otros y se prestan ayuda para superar reveses. En su arco de complicidades entran también bandas criminales, de narcotráfico y/o terroristas, igualmente enfrentadas al “imperialismo”. Frente al orden liberal, se forja una alianza antiliberal, formada por autocracias de variado signo, desde las teocracias primitivas como la de Irán, hasta las dinastías comunistas de Corea del Norte y de Cuba, pasando por dictaduras militares como las de Maduro y Ortega en América Latina, y sus similares en Asia y África. Su intención es armar un orden internacional alterno, en el cual caben acciones de fuerza si contribuyen a inclinar la correlación de fuerzas a su favor. Vladimir Putin es la cabeza más visible y agresiva de esta pandilla, como muestra su asalto cruel a Ucrania, pero quien tiene el poder para capitalizar esta alianza a su favor parece ser la China de Xi Jinping. No en balde Maduro y Padrino asumen las patrañas inventadas por Putin para justificar su bárbara e inhumana agresión a su vecino, aún ante el riesgo, cada vez más probable, de que salga derrotado. Pero, como dicen en criollo, son caimanes del mismo pozo.

Pero más allá de esta alianza entre mafias nacionales e internacionales, existe un tercer elemento que le da una inusual capacidad de resistencia a una dictadura que, en todos los ámbitos –económico, social, cultural, ambiental y apoyo político—, ha fracasado estruendosamente. Es la edificación de una falsa realidad con base en la retórica neofascista con que Chávez conquistó el poder, aderezada por slogans y mitos forjados al calor de revoluciones comunistas o de otro signo, que les sirve hoy como refugio inexpugnable a toda crítica. En el pasado, se creía que la lucha ideológica tenía como fin ganar adeptos para una causa, herramienta utilísima para conquistar el favoritismo de las masas. Sin duda que el populismo extremo de Chávez y los suyos cumplió inicialmente con estos propósitos, anteponiendo pueblo contra la “oligarquía” y hacerle creer a algunos militares –a los peores—que eran legítimos herederos del Libertador (¡!), para proceder, así, a destruir el Estado de derecho. Pero, luego de un desastre tan completo como el urdido por Maduro y sus cómplices sobre la nación, la inmensa mayoría de los venezolanos han dejado de creer en estas imposturas “revolucionarias”. Pero su ausencia de credibilidad en absoluto les molesta a quienes actualmente detentan el poder.

Lo importante ahora del discurso “revolucionario” es mantener la cohesión interna de sus partidarios. Con contraposiciones simbólicas han construido una realidad alterna que alimenta fanatismos totalmente refractarios a la racionalidad empírica para abordar los problemas del país. Su criterio de verdad no es la que, por haber salido airosa en su contrastación con la realidad, ofrece un piso sólido para avanzar en respuestas efectivas, que tengan sentido. No. La verdad es, para la cofradía de complicidades dedicadas a expoliar al país, todo lo que le sirve para fortalecer el poder dictatorial. Siempre hay enemigos al acecho, dispuestos a acabar con la “revolución”. De ahí que no viene al caso que ésta haya fracasado tan visiblemente: eso es obre de esos enemigos. ¡Hay que tener fe! De subsistir, ¡algún día podrán saborearse las mieles de la gloria! La secta, cebada con base a discursos maniqueos que alimentan el odio contra todo aquel que protesta y pide cambios, hace de semillero de bandas fascistas tan útiles para atemorizar a la población y evitar que las protestas pasen a mayores. Y, no se cofundan, es éste “El Pueblo” en beneficio del cual los jerarcas consagran sus atropellos. ¡La inmensa mayoría de venezolanos o son agentes del imperio o son unos ignorantes que se han dejado engañar por el mal!

Lo sorprendente es que, aún siendo minoritarios, todavía cerca de un 20 o un 25% de venezolanos continúen vulnerables a tales supercherías. Una manifestación de fe que, no obstante, debe alimentarse continuamente ofreciendo migajas del expolio a sus fieles y abrumándolos con un bombardeo de clichés y excusas que les echen la culpa a otros de sus infortunios. Además de la censura y persecución de los medios independientes, críticos, no se proporcionan datos sobre el desempeño económico, la gestión fiscal, los contratos o negocios celebrados con entes no públicos, nacionales o extranjeros. En fin, a la sombra de la ignorancia aumentan las posibilidades de mantenerse en el poder.

Los más cínicos y oprobiosos son los que están arriba, los que comandan esta involución al pasado. Si no fuera tan trágico, daría risa leer a cualquiera de ellos hablando de la defensa del pueblo, de los “logros”, ahora en peligro por la acechanza enemiga, de la “revolución”. En el fondo, es dudoso que crean, en verdad, sus propias sandeces. Pero están obligados a abrazarlas, pues son las “verdades” que absuelven la represión, la tortura, la violación descarada de los derechos consagrados en la Constitución y la realización de toda suerte de negocios sucios a cuenta de la “guerra económica” del imperio contra la “revolución”. No hay blindaje más efectivo que el que se construye aquel que se refugia en sus propios embustes. Al final, constituyen la única “verdad” que les es admisible. Y esta propensión a caerse a embuste la comparten con los estados forajidos y las bandas criminales con las que están aliadas. En particular, lava la conciencia de aquellos militares sin los cuales la tragedia chavo-madurista no hubiera podido materializarse. De ahí su terrible resiliencia para evadir compromisos que puedan poner en riesgo su dominio. Lo peor es que encuentran eco en la proliferación de “posverdades” con las que movimientos populistas de toda laya han aprendido a justificar sus atropellos en distintas partes del mundo. ¡Es esa la medida del desafío a enfrentar por las fuerzas democráticas en Venezuela!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

Escribo estas líneas algo consternado por la ligereza con que muchos interpretan los resultados de las elecciones del 28 de mayo en España según referentes de la situación venezolana. En sus versiones extremas, el presidente Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sería expresión de una izquierda similar a la que sostiene hoy a Maduro. Peor aún, al aliarse con nacionalistas catalanes y vascos, busca destruir a la España “única e indivisible”. Merecidamente, fue derrotado por los amantes de la libertad. De ahí la alineación automática con la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y con el partido VOX, de extrema derecha. No importa que aboguen por “aplanar” las particularidades de las distintas comunidades, limitando sus perfiles autonómicos, que nieguen la existencia de la violencia de género, desconozcan derechos de minorías, como el del colectivo LGTB+ y reivindiquen acciones propias del pasado franquista.

Tales apreciaciones, en mi opinión, malinterpretan (¿adrede?) las realidades de la política en España.

Una primera dificultad con la que tropieza un venezolano es entender la dinámica de su democracia parlamentaria, bastante disímil a la del voluntarismo presidencialista a que estamos acostumbrados, potenciado por el usufructo discrecional de una enorme renta petrolera. El Estado español vive de los impuestos y de algunas transferencias de la Unión Europea sujetas a políticas que hagan avanzar el proyecto liberal democrático compartido.

En España, además, gobiernan las mayorías parlamentarias, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas y ayuntamientos, expresión de su descentralización política. Obliga a los partidos políticos a cuidar cada escaño, a responder a los intereses particulares de sus votantes y a buscar alianzas para asegurar una mayoría. Lleva a asumir –puede pensarse— conductas que podrían calificarse de oportunistas y a privilegiar asuntos que son secundarios. Y, ciertamente, puede criticarse la ausencia de una visión de Estado en torno a problemas centrales que deberían abordarse. Pero nadie puede negar la gran estabilidad –previsibilidad, confianza-- de que disfruta la democracia española bajo este esquema.

Pedro Sánchez desplegó la habilidad política requerida para labrar una alianza mayoritaria que le permitiese conformar gobierno en España. El PSOE no goza de mayoría para gobernar sólo. Pero tuvo que hacerlo con Podemos, un partido de izquierda universitaria, rígido en sus posturas, algunos de cuyos líderes han sido señalados de haber recibido dinero de Chávez. Sánchez había aseverado que no gobernaría con ellos. Cabe recordar que su primera opción fue buscar una alianza con Ciudadanos, un partido de centro. Pero no fraguó (ese partido está en vías de desaparición). Claramente estas marchas y contramarchas le abrieron un flanco vulnerable a la artillería política de fuerzas de derecha.

Por otro lado, todavía se percola en la política de España la partición remanente de su trágica guerra civil y de la larga dictadura de Francisco Franco. Recae la lucha partidista desde líneas enfrentadas, de izquierda – derecha, que hunden sus raíces en ese pasado, dificultando la construcción de consensos nacionales en torno a problemas de Estado.

Y ello entronca con un tercer problema de enorme importancia para el futuro de España, que es el desafío que representa fortalecer la unión en la rica diversidad de sus culturas y realidades. La España “única e indivisible” es un mito que sólo existió en la retórica nacional católica con que Franco impuso su cruenta dictadura central. La progresiva unificación de una diversidad de reinos que provocó la lucha por expulsar a los moros, impulsada por la intolerancia obstinada de la iglesia católica, fue relativamente reciente. Pero se registra la existencia de una cultura vasca desde épocas romanas. Las primeras referencias de lo catalán se remontan al siglo XI de nuestra era. Asimismo, lo que es hoy Galicia existió desde hace siglos como región en la cual se encontraba Portugal.

Lamentablemente, la disputa con los nacionalismos regionales se ha convertido en pasto de prácticas populistas a ambos lados de la contienda. Los que enfatizan la subordinación a un Estado central, como Partido Popular y Vox, saben que, al arremeter contra los nacionalistas, perderán simpatías entre quienes componen ese electorado (en Cataluña, unos 5,6 millones). Pero el mito de una España única e indivisible desde los visigodos les permite cosechar una cantidad mucho mayor de votos entre el resto de la población, de unos 35 millones. Partidos catalanistas y vascos, por su parte, capitalizan el sentimiento nacionalista invocando la pretensión de los partidos “centrales” de desconocer sus particularidades. Serán minoritarios dentro del conjunto de España, pero son mayoría en sus regiones. Criminalizar el problema lo que hace es alimentar aún más esta polarización. La solución, a favor de una España unida en su diversidad, tiene que ser política. Pero que estas realidades históricas y culturales sean subsumidas en la lucha entre intereses político-partidistas, no les quita autenticidad.

Lo cierto es que este encajonamiento de la política española no es lo mismo que enfrenta Venezuela. Si hay diferencias de política entre derecha e izquierda, pero siempre bajo el mismo techo compartido de la Unión Europea. Pedro Sánchez, lejos de atornillarse en el poder y arremeter contra las libertades al estilo de Maduro, inmediatamente convoca a elecciones. En vez de apelar a la represión, promueve el diálogo con los nacionalistas, logrando bajar sustancialmente la tensión del conflicto. En el marco de la política común europea, ha mantenido una postura crítica con el (des)gobierno de Maduro, si bien mostrando a veces algunas flaquezas (encuentro Ábalos-Delcy Rodríguez en Barajas).

Peor aún es proyectar el enfrentamiento en Venezuela a la política de Estados Unidos, que ha llevado a algunos compatriotas a alinearse fanáticamente con Trump. Desde luego, cada quien es libre de manifestar sus preferencias políticas, pero que tengan consciencia de que, en ambos casos (España y EE.UU.), lejos de defender la democracia, pueden estar aupando posturas bastante alejadas del ideal democrático-liberal. Notoriamente, Trump busca destruir el andamiaje institucional de la democracia para instaurar un mando autoritario. Es decir, lo más parecido a Chávez. Igual la intolerancia de VOX.

Esta obnubilación de visiones políticas en torno a un enfrentamiento entre derechas libertarias e izquierdas dictatoriales encuentra alimento en la irresponsabilidad de algunas figuras emblemáticas de la izquierda (¿?) latinoamericana. La ofensiva e insultante declaración de Lula, afirmando que la crítica a Maduro por violación de derechos humanos y otros atropellos es una narrativa inventada por sus enemigos, su coqueteo reciente con el dictador, así como las posturas equívocas asumidas por Petro en su trato con él, refuerzan claramente esa idea de una izquierda proclive al totalitarismo.

Lamentablemente, aquí sí parece operar una narrativa embustera, forjada con lo que queda de la mitología comunista --incluyendo la gesta de David contra Goliat con la cual algunos todavía pretenden visualizar ese esperpento de la revolución cubana--, hace saltar resortes de solidaridad automática con quienes, por asumir posturas contra los Estados Unidos, oprimen a sus poblaciones, sometiéndolas a prácticas crueles de represión, arremeten contra la libertad de expresión, se subordinan a intereses externos, entronizan mafias que roban y extorsionan amparadas en jueces corruptos, torturan, destruyen el ambiente y condenan a las mayorías a niveles inhumanos de miseria.

Nada más alejado de la defensa de la libertad, de la prosperidad según criterios de justicia social compartidos democráticamente, del aprovechamiento de los avances de la humanidad en aras de un mayor bienestar social, de la defensa del ambiente y de la promoción de la cultura que algunos, ilusamente, habíamos pensado constituyen ser de izquierda. ¡Qué bochorno Luis Ignacio Lula da Silva!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El elemento determinante de la estrategia económica de Maduro es que no hay estrategia. Discurre a tientas, dando tumbos en lo económico, con la esperanza de que la providencia venga al rescate. Encima se encuentra entrampado, como explicaremos más abajo. No olvidemos que el socialismo que Chávez le legó a Maduro se basa en el reparto, no en la actividad productiva como expuso Carlos Marx. Nada de “liberar las fuerzas productivas”; más bien, su parasitación. Si se definiese a los detentores de este curioso “socialismo” en función de cómo se relacionan con el proceso productivo –la metodología con que Marx elaboró su teoría--, serían terratenientes. Viven (¡y cómo!) de la renta de la tierra, en este caso, de la que se capta por la venta de crudo en los mercados internacionales, así como de exacciones que, al posesionarse a la fuerza y en exclusividad del territorio (Venezuela), les imponen a sus moradores. Invocando un cambio de cara al futuro –el socialismo, en el imaginario marxiano—estos “revolucionarios” han ido consolidando un arreglo más afín al feudalismo. Para completar, la soberanía, que “reside intransferiblemente en el pueblo”, fue usurpada por el eterno con el cuento de que “Chávez es el pueblo”. Como cuando la monarquía. Pero estos émulos trasnochados de pasados señoríos se caen a embuste autocalificándose de “revolucionarios”, denunciando al imperialismo y a la oligarquía, para encubrir su depredación. Y, desde las antípodas del socialismo pregonado por Marx, asumen sus categorías discursivas y los clichés de la mitología comunista, para aparecer del lado “correcto” de la Historia.

Chávez llevó hasta el extremo la cultura rentista del país. Cosechó la convicción, asumida por muchos, de que la percepción de rentas petroleras nos hacía ricos, por lo que nuestros problemas se debían a desaciertos, ineptitudes o corruptelas de quien estuviese en el poder. Pero, a diferencia de AD y Copei, que procuraban erigir una institucionalidad en la cual la renta contribuyese a financiar una batería de incentivos a la actividad productiva para así “sembrar el petróleo”, él y su designado a dedo se avocaron a destruirla –incluida la propia PdVSA, que “ahora era de todos”--, alegando que la “oligarquía” esquilmaba al pueblo. Beneficios (y pérdidas) de actividades mercantiles amparadas por el marco legal de la democracia representativa, si bien sujetas a ciertas intervenciones del Estado, fueron superados por las posibilidades irrestrictas de lucro profesando lealtad incondicional al líder y a la “revolución”, y tocando las teclas adecuadas. Estas nuevas “reglas de juego”, cuyos premios y castigos se basan en criterios políticos que moldean la conducta de los venezolanos, fueron plasmando una institucionalidad “de facto” que terminó por socavar la institucionalidad “de jure” explicitada en la Constitución de 1999.

El desmantelamiento progresivo del Estado de derecho por parte de Chávez fue expresión de una nueva correlación de fuerzas políticas, urdida con prédicas populistas orientadas a cosechar las expectativas frustradas y las esperanzas incumplidas en 40 años de democracia. Lo que prometía ahora era adscribirse a un movimiento que profesaba su lealtad a Chávez. Sus jefes podían, a discreción, abrir puertas y garantizar la impunidad para contrataciones ilegales, sobreprecios, comisiones, extorsiones, apropiaciones indebidas y otras prácticas formalmente vedadas por el ordenamiento jurídico. Fueron sembrándose redes de complicidad a lo largo y ancho del aparato de toma de decisiones, que fraguaron en verdaderas mafias, dedicadas a expoliar la riqueza social en nombre de la “revolución”.

En contraposición a los deberes y el disfrute de derechos atinentes a la observancia de la ley y a la valoración social de facultades o competencias a través del mercado, en el ámbito del trabajo y/o por la comunidad, emergió una idea alterna del “deber ser” social basado en el imaginario que fue construyendo de sí mismo la “revolución bolivariana”. El criterio de verdad y de lo que se considera correcto y justo pasó a depender de su funcionalidad para con los intereses del poder. “Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada” como sentenciara el nuevo padrino de Chávez, Fidel Castro. De manera que el poder político se fue transfigurando en una alianza entre mafias, aunado por las oportunidades de lucro que deparaba el abatimiento del andamiaje de contrapoderes, normas y obligaciones del ordenamiento constitucional. Sin estas restricciones, el Estado deviene en instrumento para ejecutar las preferencias de quienes controlan el poder. Ello cual hace imperativo su conservación, como sea, so pena de perder tales prebendas y enfrentar las penas legales correspondientes.

A diferencia de las dictaduras clásicas, las mafias que se han apoderado de Venezuela disponen de una moralidad que ampara y legitima sus desmanes, construida con base en una falsa realidad que se nutre de las “verdades” de la mitología comunista y de la tergiversación patriotera con que Chávez construyó su ascenso al poder. No existe resguardo moral, ético o legal que restrinja sus apetencias. Su mundo ficticio es refractario a críticas externas, pues los criterios de verdad y de justicia liberal le son ajenos. Se sienten así blindadas moralmente y no tienen por qué considerar argumentos que cuestionen su proceder. Como dolorosamente hemos comprobado, esta ausencia de frenos se ha materializado en la violación extendida de derechos humanos en el país, con un balance de centenares de acribillados en manifestaciones de calle, de presos políticos, muchos de ellos torturados, y de millones de migrantes huyendo de las penurias que han resultado del régimen de expoliación que se fue instalando.

Y he aquí la trampa a que hacíamos referencia. La depredación de las alianzas mafiosas con base en las cuales se sostiene el poder que encabeza Maduro ha agravado hasta tal punto las condiciones de vida de los venezolanos que la conflictividad social amenaza con desbordarse, poniendo en peligro la sustentabilidad del régimen. Asimismo, la economía, disminuida hasta cerca de la cuarta parte de hace una década, no alcanza como botín para satisfacer las apetencias de quienes viven del poder. Si bien la liberalización de precios y de la transacción en divisas ha detenido su caída, los intereses creados y la dinámica consustancial a las instituciones de facto –“reglas de juego”-- que han venido imponiéndose impiden reformas adicionales necesarias para que rindiesen sus frutos plenamente. Ello implicaría restituir derechos y garantías, acabar con las corruptelas y eliminar las prácticas depredadoras, para así poder generar la confianza que fundamentaría la reactivación de la economía.

En un intento por contener la protesta social, Maduro anuncia aumentos salariales, ahora bonos sin incidencia en las prestaciones, para los cuales no cuenta con ingresos para pagarlos. La ruina económica y la destrucción de PdVSA lo han dejado con una base impositiva mínima y el impago de la enorme deuda, contraída alegremente hasta hace poco, junto a las sanciones que le han impuesto a su gobierno, le impiden acceso al financiamiento externo. Recurre, entonces, a la emisión monetaria –el dinero “inorgánico”—para financiar esos aumentos / bonos, lo cual, como ya ha aprendido bien el venezolano, es gasolina para la inflación. Intentar contenerla reduciendo aún más el gasto público, secando el crédito bancario y gastando divisas escasas para estabilizar su precio, lo que hace es agravar la situación de la economía: mayor deterioro de los servicios públicos, sueldos miserables y un ambiente hostil a las empresas por la ausencia de financiamiento, la inseguridad y la sobrevaluación del bolívar.

Maduro aspira a contar con mayores ingresos para superar este atolladero consiguiendo que le levanten las sanciones a la comercialización del petróleo venezolano y que restringen su acceso a dinero fresco afuera. Para ello tiene que acceder a la convocatoria de elecciones confiables, requisito exigido por los gobiernos de EE.UU. y de la U.E. Pero sabe que no puede cumplir, pues, salvo que la oposición se haga un harakiri acudiendo dividida, perdería inexorablemente. El régimen de expoliación, con sus instituciones de facto que amparan la depredación, sería desmantelado para poder restaurar el ordenamiento constitucional y el imperio de la ley. Inadmisible para las alianzas mafiosas que sostienen a Maduro. En la medida en que se le achican sus opciones, arremete contra los eslabones más vulnerables en la cadena de complicidades –aquellos asociados a Tarek El Aissami--, con la ilusión de recuperar espacio de maniobra. ¿Cuántos eslabones más tendrá que desmontar, sin que ello termine desestabilizando su mando? Porque las reformas para restablecer las garantías y poder contar con las inversiones y el financiamiento internacional requerido, no parecen entrar en su agenda.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La Universidad Central de Venezuela ha sido instrumento indispensable de la modernización del país, tanto por la formación de profesionales capacitados requeridos en múltiples áreas, la generación de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos para abordar los múltiples problemas nacionales --y para posicionarnos como interlocutores con los avances de la humanidad en el mundo--, como en la defensa de la libertad de opinión y de la contrastación de ideas en la búsqueda desinteresada del saber. Ha sido portavoz de los valores más avanzados de justicia y de la ética de convivencia en democracia. Inevitablemente, la ha enfrentado con el afán dictatorial de quienes hoy controlan al Estado, empeñados en acallar toda disidencia o crítica que cuestione su poder. Ideas distintas de las “verdades reveladas” por sus líderes, subvierten la realidad ficticia que han construido para legitimarse. No es de sorprender, por tanto, su acoso a las universidades nacionales, ninguneándoles presupuesto y condenando a sus académicos y empleados a subsistir con remuneraciones miserables. El desafío que enfrenta la UCV hoy es, por tanto, cómo continuar y fortalecer sus capacidades para cumplir con su elevada misión.

Tuve el privilegio de coordinar el Plan Estratégico de la UCV entre 2007 y 2013. Ahí conocí aportes muy valiosos de calificados académicos sobre el quehacer universitario en distintas áreas. Me permiten ofrecer algunas pinceladas de una visión futura de la institución que, incluso en las circunstancias terribles que le toca vivir hoy, debe servir de norte a quienes resulten elegidos como sus autoridades. Y es que la búsqueda de la excelencia, inspiración de su misión académica, descansa, entre otras cosas, en un uso más racional de sus recursos, lo que ayudará a enfrentar las limitaciones actuales.

Diversidad y flexibilidad en sus planes de estudio

La UCV ofrecerá en el futuro una mayor variedad de carreras y de certificados/titulaciones, gracias a una mayor flexibilización en sus programas curriculares y a la certificación de salidas intermedias donde ello sea factible. Permitirá al educando confeccionar su carrera a la medida de sus expectativas y de las competencias que aspira adquirir, cumpliendo con una sólida formación medular básica, según sea su carrera, complementada con opciones que enriquecerán su formación profesional y cultural, como la de ciudadano venezolano y del mundo. El pregrado se hará, salvo contadas excepciones, en cuatro años, transfiriendo asignaturas de mayor especialización y/o profundidad teórica al cuarto nivel. Reducir esta “frondosidad curricular” contribuirá a una mejor formación promedio de los educandos del pregrado, al focalizar su atención en los aspectos básicos, medulares, de la carrera. Los más aventajados podrán proseguir en el postgrado una formación más especializada y/o de mayor profundización teórica.

Se ofrecerán variadas modalidades de estudio –presencial, semi-presencial, a distancia, promoviéndose la inter, trans y multidisciplinariedad de la enseñanza. Donde sea factible, se combinará con asignaturas aplicadas –“de campo”- o pasantías, para la adquisición de experiencias y aprendizaje en la solución de problemas reales. Así, el estudiante tendrá la oportunidad de compartir con alumnos de otras disciplinas y de familiarizarse con las particularidades del entorno social, cultural y ambiental en que habrá de desarrollar sus actividades de trabajo, lo cual deberá ampliar su perspectiva como futuro profesional.

La flexibilidad curricular llevará, asimismo, a ampliar y profundizar acuerdos de equivalencia y titulación doble con múltiples universidades de prestigio, tanto nacionales como extranjeras, permitiendo a estudiantes cursar etapas de su carrera en estas instituciones y obtener la titulación correspondiente luego de cumplir los requisitos exigidos, similar al programa Erasmo en la UE. Esta integración habrá de extenderse también a los cursos de especialización, maestría y doctorado, en colaboración con otras universidades, para acceder a una masa crítica de académicos de alto nivel que difícilmente podría concentrarse en una sola. Acuerdos de intercambio versátiles habrán de mejorar la calidad y el prestigio del cuarto nivel de la UCV, permitiendo que se posicione competitivamente, también, en la provisión de cursos de actualización de alta calidad, en una variada gama de áreas de conocimiento.

Una estructura académica más sencilla y consistente

El usufructo exclusivo de edificios, laboratorios, aulas, y recursos administrativos por parte de escuelas y facultades, dará paso a su compartición por Áreas de Conocimiento, y a una departamentalización creciente del profesorado. Facilitará una mayor racionalidad y movilidad de recursos de todo tipo, en aras de la eficiencia, eficacia y sinergia en su aplicación. Favorecerá la consistencia y cobertura de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pudiendo lograr atender, incluso, aumentos de matrícula. Los Departamentos, agrupados por áreas temáticas, asumirán la gestión de la carrera docente, coordinando su asignación entre escuelas según las demandas de cada período. Serán espacios para la formulación, coordinación y desarrollo de proyectos de investigación. Las escuelas podrán, así, focalizar su atención en la permanente adecuación de su respectivo currículum, incluyendo una mayor integración con otras disciplinas y con el postgrado, como su proyección hacia la comunidad, desembarazándose de engorrosos procesos administrativos. Facilitará, asimismo, la mayor movilidad estudiantil y profesoral.

La producción y gestión de conocimiento

La mayor “redificación” (de red) de la investigación se potenciará con una rica interacción con usuarios o demandantes externos del conocimiento, así como con otros centros de investigación en el país o en el extranjero. La producción de saberes será el resultado del intercambio de conocimientos en múltiples direcciones, en el que los actores externos a la universidad aportarán criterios, experiencias y/o investigaciones propias, para enriquecer y/o complementar la labor de los equipos intramuros. La dinámica así generada será fuente de innovaciones que respondan directamente a las expectativas y requerimientos de los actores involucrados, tanto internos como externos. Fortalecerá la capacidad para proveer de soluciones a distintos actores de la sociedad –empresas, gobiernos locales, organizaciones sociales, instituciones del Estado, comunidades-, ampliando las fuentes de financiamiento de la UCV, en resguardo de asignaciones presupuestarias insuficientes por parte del Estado. Una oficina de Interfaz con la sociedad, ágil y eficaz en la detección de oportunidades para la provisión de soluciones a problemas particulares con base en las competencias en diversos campos y/o proyectos específicos, que ofrece la UCV, dispondrá de una asesoría jurídica calificada que resguarde la propiedad intelectual de la institución y del (los) profesor(es) involucrado(s), y vele por las mejores condiciones contractuales para la prestación de estos servicios. Esta oficina desembarazará al investigador de tener que apartar tiempo para actividades de naturaleza comercial que no son su especialidad y para las cuales no suele estar bien preparado, quitándole su dedicación a sus labores académicas.

Una misión sustentable, a tono con el siglo XXI

Las discusiones a propósito del Plan Estratégico de la UCV ofrecen muchos más elementos para adecuar la institución a las oportunidades y desafíos del siglo XXI. Debe instrumentarse, entre otras cosas, la automatización plena de los procesos administrativos para agilizar la contratación y ascensos de profesores y empleados (y su pago oportuno), las inscripciones estudiantiles, las compras, etc., reservando el Consejo Universitario (CU) su rol central como formulador de políticas académicas. Podría auxiliarse con un Consejo Consultivo, integrado por exrectores y representantes externos calificados, quienes proveerán perspectivas de análisis sobre tendencias particulares del país y del mundo como insumo para la optimización de tales políticas académicas. No existirá Vicerrector Administrativo. Un profesional calificado, con amplia experiencia, contratado por concurso como Gerente General de la institución, rendirá cuentas periódicas al CU, siendo removible sólo con el voto calificado de este organismo. Permitirá contar con políticas administrativas de mayor permanencia para afianzar las actividades académicas de la UCV.

Éstas y otras transformaciones se constituirán en ejercicio central de las potestades autonómicas de las que debe desfrutar la universidad. Sin autonomía, se degrada la institución, sometiéndola a intereses políticos bastardos y minando la necesaria libertad de cátedra como fundamento de su misión. En este orden, es menester que, las discusiones de un Plan Estratégico para la institución contribuyan a la formulación de una propuesta de Ley de Universidades que responda a los desafíos y oportunidades de la Venezuela de hoy y ponga a las instituciones de educación superior a tono con las exigencias en el avance de la frontera del conocimiento, proveyéndoles, además, bases sólidas para su financiamiento.

Dicho lo anterior, y obviando otras consideraciones que alargarían excesivamente este escrito, deseo manifestar mi apoyo a la candidatura de mi tocayo, el profesor Humberto Rojas de la Facultad de Ciencias, para Rector de la UCV. Soy amigo de otros de los candidatos en liza y no tengo porque negar sus respectivos atributos para asumir el cargo. Pero encuentro en el profesor Rojas una robusta y sólida carrera como investigador y docente, y una rica experiencia en la asunción de responsabilidades académico-administrativas, como en la defensa del profesorado, que atestiguan de sus capacidades y compromisos con los mejores intereses de la institución y de país. Creo que habrá de mostrar la capacidad de tomar firmemente las decisiones que nuestra querida Alma Mater requerirá para sortear estos momentos tan difíciles, de manera realista y con sentido de lo posible.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com