Venezuela padece desde hace varios años de una inflación entre las más altas del mundo, asociada al constante encarecimiento de la divisa. Suele atribuírsele esta inestabilidad a fuertes distorsiones económicas, cuya resolución requiere de políticas de ajuste que restablezcan los equilibrios entre los agregados macroeconómicos de demanda y de oferta para desinflar las presiones al alza en los precios. La respuesta del (des)gobierno de Maduro ha sido reducir aún más una demanda ya de por sí devastada, privar a la actividad económica de financiamiento, sobrevaluar el bolívar y acentuar la desocupación de recursos productivos. Mientras, intenta apaciguar los reclamos de mayor ingreso de los empleados públicos con bonos que no suman para sus prestaciones. Debe financiarlos, además, con emisión monetaria del BCV. Al haber destruido la base impositiva del fisco, no dispone de los ingresos para ello. Tales desaciertos han prolongado el estado de postración de la economía, con grandes costos a la población. Hacen muy cuesta arriba alcanzar condiciones de vida dignas para los venezolanos en las próximas décadas. El destrozo económico y el empobrecimiento resultante han sido demasiado.

Se afianza entre muchos la convicción de que, sin un influjo significativo de recursos externos, será muy difícil instrumentar el ajuste adecuado. Su impacto sobre la reactivación de la economía no habrá de resultar de una respuesta encadenada del aparato productivo ante un aumento súbito de la demanda. Dada la inseguridad y la falta de garantías, la inestabilidad de precios y de tipo de cambio, el deterioro de los servicios públicos, la destrucción del tejido productivo nacional, la migración de mano de obra calificada y la desconfianza e incertidumbre que provocan, tal capacidad de respuesta se encuentra, hoy día, seriamente resentida. Es inelástica. Buena parte de los recursos que logren captarse, por tanto, sólo se traducirá en mayor inflación y alzas en el precio del dólar. El impacto deseado ocurrirá, más bien, por su capacidad de aliviar las condiciones que merman la oferta doméstica.

¿Y de dónde vendrán estos recursos? Fundamentalmente de la banca multilateral y de las inversiones en la actividad petrolera. Obviamente vendrán condicionados a cambios medulares en la conducción de los asuntos económicos, en procura de asegurar los retornos esperados. Conlleva condiciones que son, precisamente, las que habrán de destrabar la oferta productiva, es decir, el propósito buscado. Por los intereses poderosos surgidos en torno a la expoliación de los recursos de la nación, no parece que sea el régimen chavo-madurista el que produzca tales cambios. En consecuencia, el meollo del problema es el de siempre: cómo concertar la voluntad política mayoritaria capaz de llevarlos a cabo.

Empecemos por lo microeconómico, señalando las trabas a la actividad productiva a nivel de empresa. Además del desincentivo que representa una demanda disminuida, salta a la vista el costo que representa el deterioro de los servicios públicos, de la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, la destrucción del tejido industrial de proveedores, industrias complementarias, demandantes y servicios especializados, y la emigración de mano de obra calificada y del talento profesional. A ello debe sumarse la virtual desaparición del crédito de la banca local, inducido por el Ejecutivo. Además, las empresas enfrentan un marco institucional de leyes y reglamentos punitivos aplicados a discreción, y el colapso de la capacidad de respuesta administrativa y de gestión del Estado en múltiples áreas, y la corrupción.

Bajo un gobierno de transición, deberán concertarse préstamos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, y/o agencias de cooperación diversas, para financiar la recuperación de servicios, de infraestructura y para la capacitación de recursos humanos. En muchos casos, ya se disponen, en sus formulaciones básicas, de proyectos elaborados por venezolanos calificados que han trabajado en estas áreas. La banca multilateral y las agencias de cooperación tienen, a su vez, amplia experiencia, tanto técnica como de gestión, en este tipo de proyectos. Estos empréstitos deben acompañarse de reformas que hagan atractiva la inversión privada complementaria, así como para inducir la participación de la banca extranjera, en asociación con la banca local, para fondear la rápida ampliación de las posibilidades de financiamiento a los emprendimientos que vayan surgiendo.

Un objetivo central de estos recursos será el saneamiento de la administración pública. Debe acabarse con las corruptelas y el desaguadero de empresas y activos improductivos que paralizan al Estado. Aquellas que serán privatizadas (o devueltas a sus legítimos dueños) deberán recuperarse y contar con un marco jurídico propicio para un retorno satisfactorio, junto a condiciones para su desenvolvimiento exitoso en manos privadas. Otras podrán requerir la supervisión de agencias autónomas, con base en un marco regulatorio diseñado para optimizar su desempeño. Preparar todo esto requerirá de un esfuerzo de auditoría y de conciliación de cuentas que contribuyan con la transparencia necesaria para tomar decisiones que sean acertadas. Debe retomarse y profundizarse, asimismo, la descentralización de la gestión pública y su rendición de cuentas. Donde sea posible, debe promoverse su cogestión con la ciudadanía organizada. El aprovechamiento pleno de plataformas tecnológicas integradas permitirá una gestión ágil, eficiente y abierta, en beneficio de la población y de la recuperación económica.

En fin, el Estado deberá concentrar sus esfuerzos en la producción adecuada de bienes públicos y en la generación de las externalidades positivas que abaraten las actividades de producción, comercialización y financiamiento de bienes y servicios. Sobre esto es mucha la información disponible en la literatura económica, por lo que no tiene sentido insistir en eso aquí. Junto a la superación de los cuellos de botella que resultará de la inyección de recursos mencionada arriba, habrá de incentivar el aprovechamiento acelerado de la enorme capacidad de producción ociosa o subutilizada, dejada por la ruina económica de Maduro. Deberá reactivar también a la inversión, como las compras intermedias y las contrataciones, generando encadenamientos diversos que profundicen y amplíen las transacciones económicas.

A nivel macroeconómico, esto se traducirá en una mayor demanda de dinero, permitiendo, en el marco de políticas fiscales, cambiarias y monetarias adecuadas, la absorción de liquidez, vaciando su presión sobre los precios, incluyendo el de la divisa. Esta remonetización de la economía, hoy en sus niveles históricos más bajos, se expresará en la proliferación del crédito y de medios de pago, esenciales para la recuperación económica. La concertación de apoyo financiero del FMI, habrá de facilitar, además, la reestructuración de nuestra agobiante deuda externa, proveyendo el respaldo para atraer inversiones y créditos de la banca internacional, así como para una mayor integración del intercambio comercial y financiero con el resto del mundo. Esto es diametralmente opuesto al ajuste empobrecedor, de Maduro.

Todo esto será posible, como se refirió al comienzo, si se logra contar con ingentes recursos externos. Su concertación, además de sujetarse al saneamiento y fortalecimiento profundo de las instituciones, deberá contar con expectativas de su eventual reembolso o utilidad, conforme a las condiciones negociadas. El único sector con la capacidad de generar ingresos suficientes como para avalar un endeudamiento como el que se estima requerirá Venezuela, es el petrolero. Por tanto, entre las condiciones básicas está el restablecimiento del ordenamiento constitucional y de las garantías para un juego democrático efectivo, lo cual redundará en el levantamiento de las sanciones que hoy lo afectan. Pero, además, requerirá de una formulación y puesta al día de una estrategia ambiciosa para la transición energética en que se ha embarcado el globo, de tal forma de hacer de la industria local competitiva en ese nuevo escenario, capaz de atraer las cuantiosas inversiones que se requerirán para aprovechar parte de los enormes recursos que yacen en nuestro subsuelo.

Lamentablemente, como en otras áreas, el (des)gobierno actual ha exhibido una negligencia criminal al respecto, además de haber saqueado a PdVSA a fondo. Publicaciones especializadas señalan que entre los países que menos han hecho en América Latina, para prepararse para aprovechar las oportunidades de una transición a fuentes energéticas menos contaminantes de carbón, está Venezuela.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Reemprender las negociaciones entre representantes del régimen venezolano y sectores de la oposición democrática con miras a acordar pacíficamente posibles salidas a la tragedia que padece el país es, sin duda, loable. Es patente que la permanencia del chavo-madurismo en el poder condena a la población a niveles aún peores de miseria, de desconocimiento sostenido de sus derechos fundamentales, de sufrir arbitrariedades y atropellos. Es el problema, no la solución. Por otro lado, las fuerzas democráticas, a causa de sus discordias y los errores cometidos, no evidencian estar en capacidad de forzar su salida y poder enrumbar Venezuela a la restitución, cuanto antes, de un Estado de Derecho. El juego, por tanto, parece trancado. Si con ayuda de la presión internacional hay posibilidad de retomar la negociación para llegar a un acuerdo que respete la voluntad mayoritaria de cambio, merece consideración.

La conferencia internacional sobre Venezuela que convocó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 25 de abril, se inscribiría en esta búsqueda. Muchos critican sus alcances modestos y su omisión del grave irrespeto a los derechos humanos y del robo de los dineros públicos, elementos centrales al “problema Venezuela”. Aun así, el acuerdo de los países participantes --Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y Las Granadinas, Sudáfrica y Turquía--, junto al Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que leyó el canciller Leyva de Colombia, podría ser auspicioso. Sujeta el levantamiento de las sanciones al régimen a que se tomen pasos concretos en la convocatoria de elecciones confiables, tomando en cuenta las condiciones señaladas por la misión de la Unión Europea que supervisó las elecciones regionales en Venezuela de 2020.

Desafortunadamente, tales augurios en absoluto se refrendan con la actitud asumida ante la conferencia por personeros oficiales. El mismo día (25/04), circuló por las redes un video de Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea nacional oficialista, anunciando condiciones totalmente desatinadas para reemprender, no una negociación, si no un “diálogo”, es decir a un intercambio que no tiene por qué llegar a acuerdo alguno. Si bien tales desvaríos pudieran explicarse por la obsesión enfermiza de vengar en los venezolanos el vil asesinato de su padre cuando era niño por parte de esbirros de la época, mucho de lo que expuso fue refrendado luego en un comunicado oficial.

Ahí el (des)gobierno de Maduro exige: 1) el levantamiento incondicional de las sanciones impuestas, no sólo financieras y a PdVSA, sino también contra los imputados por violar derechos humanos, tráfico de drogas y lavado de dinero, pues “constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo, la vida económica y social del país” (¡!). Por boca de Rodríguez, incluiría la investigación sobre la comisión de delitos de lesa humanidad iniciada por la CPI y la imputación contra personeros del régimen por parte de tribunales de EE.UU. y de otros países; 2) Que se les entreguen los activos “ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras”, en referencia a los recursos mantenidos en resguardo afuera --ingresos de CITGO, oro depositado en el Banco de Inglaterra—para evitar que formen parte del botín de la mafia gobernante. Aquí entraría el fideicomiso de $3,2 millardos, acordados en México para atender la emergencia humanitaria, bajo supervisión de la ONU; y 3) La libertad inmediata del “diplomático venezolano” (¡!) Alex Saab, preso en EE.UU., bajo acusación de lavar dinero y desviar más de $350 millones del fisco como parte de una trama de sobornos vinculada al control del tipo de cambio. Sus socios de entonces aparecen ahora involucrados en el desfalco milmillonario a PdVSA.

O sea, el chavo-madurismo exige, como condición previa para considerar las posibilidades del “diálogo”, nada más y nada menos que la impunidad total (¡!). En absoluto se asoma una disposición a examinar los excesos de los que se le acusa, de entenderse para enmendar sus conductas, elementos obligados en la búsqueda de soluciones a la tragedia nacional basado en procedimientos democráticos. Con cruel desparpajo se desentienden de lo señalado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, enviada en tres ocasiones a Venezuela por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que existen “motivos razonables” para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…”, con responsabilidad directa de los más altos niveles de mando, Éstos tenían que estar al tanto de las torturas, persecuciones, golpizas, robos y demás atropellos contra venezolanos cometidos por las fuerzas de seguridad bajo su mando o, incluso, las habrían ordenado. Igualmente, barren bajo la alfombra las más de 300 ejecuciones de quienes ejercían su derecho constitucional a la protesta durante la gestión de Maduro, por parte de militares y bandas fascistas, como aquellos que perecieron estando “en custodia” de órganos policiales.

Desprecio total, asimismo, a las 8.900 denuncias de las víctimas, como de sus familiares, elevadas ante la Corte Penal Internacional como parte de su investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. Los numerosísimos indicios de corruptelas de todo tipo, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y de colaboración con agentes del terrorismo internacional simplemente no existen. Condenar a la mayoría de la población a niveles de miseria impensables, destruyendo sus medios de vida y saqueando de forma descarada a PdVSA y otros activos públicos, ¿no es una de las expresiones más terribles de crimen de lesa humanidad? ¿Y las confiscaciones de medios de comunicación independientes, la persecución de reporteros y comunicadores?

Las exigencias demenciales del chavo-madurismo para reanudar el diálogo, imposibles de cumplir, no representan condiciones maximalistas iniciales a partir de las cuales negociar a cambio concesiones. Expresan un desdén absoluto por la suerte de los venezolanos y por las posibilidades de negociar una salida a sus tormentos. Reflejan la descomposición moral, la ausencia de escrúpulos y el cruel irrespeto de los derechos humanos, de los que se han apoderado del país. Detrás de esta postura está la tiranía cubana, temerosa de perder el control totalitario sobre los suyos. Ello obliga a plantear lo siguiente.

En primer lugar, pone a prueba la sinceridad de Petro como facilitador de un retorno a la democracia de Maduro y cía. Su silencio ante la desfachatez comentada parece darle la razón a quienes señalan que es, más bien, su cómplice, procurando el levantamiento incondicional de las sanciones. Le corresponde a Petro, como también a Lula, desmentir, con hechos, esta complicidad con el fascismo chavo-madurista.

En segundo lugar, reafirma la necesidad de la oposición democrática de aproximarse a cualquier entendimiento con el oficialismo con sumo cuidado. Es tentadora la creencia de que la buena fe de los demócratas que significarían las gestiones a favor del levantamiento de sanciones, serán reciprocadas. Pero, así por las buenas, no va a ocurrir. Sin construir la necesaria posición de fuerza ante el chavo-madurismo, va a ser muy cuesta arriba arrancarle las condiciones para una solución satisfactoria de la tragedia nacional. Es el reto fundamental de las fuerzas democráticas. Ante las primarias, deben enterrar el hacha de guerra y proyectar claramente un proyecto unitario, viable y capaz de generar la confianza necesaria para emprender la salida del abismo. Sin construir esa fuerza, despidámonos de una salida negociada. Los millones de venezolanos de la diáspora, no pueden quedar fuera de estos esfuerzos.

Por último, es menester que los actores democráticos internacionales, garantes, en última instancia, de cualquier solución satisfactoria para las aspiraciones de libertad y futura prosperidad de los venezolanos, entiendan que las sanciones, lejos de constituir un obstáculo para un acuerdo, son una herramienta de negociación imprescindible para obligar al chavo-madurismo a sentarse en la mesa. La oposición democrática debe jugar cuadro cerrado con ellos. Lamentablemente, la figura del interinato, útil para tales propósitos, fue eliminada. Pero quedan los venezolanos de la diáspora para contribuir con ello.

Tal advertencia va también para aquellos venezolanos opositores que, argumentando un necesario pragmatismo, abogan por levantar unilateralmente algunas sanciones para destrabar el juego.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

No pretendo burlarme del lector con este título. El problema es que, en política, estamos presos, infortunadamente, de las etiquetas. Nos llevan a sustituir análisis serios por posicionamientos que responden a la ubicación en el espectro político de quienes disfrutan de nuestras simpatías o, por el contrario, de nuestro rechazo. A eso viene jugando, claro está, el populismo en sus distintas expresiones, con notable éxito. Se traduce en alineamientos cuasiautomáticos alimentados por apreciaciones tendenciosas o falsas (la llamada posverdad) acerca de quienes adversan nuestras posiciones. Esta dinámica de acción-reacción empobrece el debate político, cerrando posibilidades de lograr consensos en torno a planteamientos que, vistos sin sesgos, pudieran parecernos muy razonables.

Huelga decir que lo planteado arriba ha tenido significativo impacto en la política latinoamericana de las últimas décadas, notablemente en Venezuela. Argumentamos, en estas líneas, que ello ha beneficiado la permanencia de Maduro en el poder. Comoquiera que el chavismo se autoproclama de “izquierda” y es identificada como tal, no sólo por la mayoría de los venezolanos, sino también por observadores nacionales e internacionales, la referencia más directa para muchos que quieren sacarse de encima la tragedia que representa está en asumir posturas abiertamente de “derecha”.

Así, algunos venezolanos residenciados en EE.UU. se entusiasmaron con Donald Trump en las elecciones de aquel país, hasta el punto de acompañarlo en su Gran Mentira de que había ganado. No atinaban a ver que estaban aupando –aunque con un discurso diferente— a la versión gringa de Chávez, empeñada en manipular la voluntad popular con los recursos a su disposición y la complicidad de su partido, para destruir la institucionalidad de la democracia liberal y perpetuarse en el poder. Pero, como Joe Biden era proyectado como el candidato de “izquierda”….

Esta alineación automática se reflejó también a favor de Jair Bolsonaro en la contienda electoral brasileña. En España se expresa en simpatías por VOX, siendo que es oposición al gobierno del PSOE. Por supuesto que cada quien es libre de asumir la posición política que mejor le parezca, pero, en estos casos se trata de posturas polarizadoras, extremas y excluyentes. Tienden a proyectar a sus rivales políticos como enemigos que ponen en peligro aspectos vitales del “Pueblo” o del “carácter nacional”. Como sabemos los venezolanos, estas posturas extremas han sido también sumamente dañinas cuando se han asumido desde imaginarios asociados con la “izquierda”.

Como sabemos, la denominación de “izquierda” tiene su origen en la ubicación de quienes estaban en contra del régimen monárquico en la Asamblea Nacional Constituyente formada al comienzo de la revolución francesa de 1789. Entre sus exponentes más radicales surgieron posturas moralistas que clamaban por “limpiar” de enemigos a la revolución. Llevó a constituir el Comité de Salud (Salvación) Pública bajo cuyo poder, cada vez más absoluto, se desató el reino de terror de Maximiliano Robespierre. Como señala en su enjundioso libro el historiador mexicano Enrique Krauze (Spinoza en el Parque México, Tusquets), en ésta y otras experiencias revolucionarias se cuela la aspiración milenarista de redención del oprimido, propia de nuestra tradición judeocristiana (2°advenimiento de Cristo o del Mesías) que implica, de una manera u otra, un nuevo comienzo, libre de las ataduras del pasado.

Desde la experiencia francesa se ha venido identificando a la izquierda con posiciones a favor de una mayor justicia e igualdad social, un Estado laico, la abolición de los privilegios de clase y, más recientemente, a favor de la igualdad de género, de la defensa del ambiente y de las reivindicaciones de colectivos históricamente reprimidos como el de los LGTBI. Pero, alimentado por la represión y la obstinada reacción de quienes buscaban mantener sus privilegios, tendieron a prevalecer posturas moralistas a lo “borrón y cuenta nueva”, en la lucha para lograr estos objetivos. La versión más exitosa fue la formulada por Carlos Marx, que sostenía la existencia de contradicciones antagónicas entre las clases trabajadoras y la burguesía, que hacían inevitable la revolución socialista.

Comoquiera que su teoría pretendía estar científicamente fundamentada, terminó por colonizar buena parte del imaginario de izquierda. La dotó de categorías de análisis que fortalecieron los argumentos de los incipientes movimientos laboristas que, desde la segunda mitad del siglo XIX, luchaban por el cambio social en países de la Europa occidental. Queda para los historiadores de las ideas políticas determinar si fue o no por su éxito (relativo) en tal empeño, pero en países como Inglaterra, Alemania y Francia, fueron abriéndose oportunidades para una mayor presencia de representantes de izquierda en las instancias de poder, así como para la conquista paulatina de reivindicaciones sociales cada vez más ambiciosas. Se había abierto la puerta a visiones reformistas que pregonaban (Bernstein y otros), no por destruir el sistema, sino por conquistarlo desde adentro para promover los cambios deseados. Parecía que, en la medida que se asentaban las instituciones que garantizaban los derechos civiles de la democracia liberal, se hacía más obvia que el avance de los objetivos de la izquierda debía sostenerse en posturas constructivas, de reforma, en vez de las destructivas del “borrón y cuenta nueva”. No obstante, continuaban alimentándose, en buena medida, del ideario conceptual marxista.

La primera transformación exitosa bajo estas banderas, la bolchevique en Rusia, conducida por el celo revolucionario irreductible de Lenin, puso trágicamente de relieve el altísimo costo humano de sacrificar los derechos individuales a favor de un supuesto interés colectivo trascendente. Implicaba imponer, por los medios que fuesen, los cánones de esa nueva sociedad, siempre según los dictados del Partido Comunista, ergo, de sus dirigentes, ergo de Stalin. De manera que, con el instrumental analítico con base en el cual el pensamiento de izquierda había logrado ocupar espacios crecientes en el escenario político, se entronizaban regímenes sumamente crueles, negadores de las conquistas más importantes de la humanidad. La opresión y el atraso en nombre de los ideales que luchaban por su superación.

La gran pregunta es si ello invalida a la izquierda como opción política. La respuesta incauta de quienes nos seguimos considerando de esta inclinación, es que estos regímenes autocráticos, bajo el control absoluto de los comunistas, no son de “izquierda”. Pero difícilmente nos comprarían este argumento.

Es menester distanciarnos definitivamente de las categorías analíticas marxistas con las que se asocian y sustentar los objetivos deseados de justicia social, de lucha por la igualdad, no sólo ante la ley sino también en torno a las condiciones que permiten disfrutarla plenamente, con base en preceptos liberales. El cascarón de consignas y códigos “revolucionarios” ha pasado a justificar, hoy, despotismos militaristas calificables de fascismo. Se proclaman “antimperialistas” –contra EE.UU. se entiende— mientras aplauden la invasión de Putin a Ucrania. Y continúan las solidaridades automáticas de quienes, desde la academia, se amparan en la simbología comunistoide para reclamar la “supremacía moral” de estar del lado “correcto” de la Historia. Dejémosle su cascarón de clichés y símbolos de “Izquierda” (con mayúscula) con los que han justificado sus proyectos colectivistas, negadores de los derechos fundamentales de la humanidad, y avancemos en la formulación de propuestas liberales de izquierda, que procuran conquistar una mayor igualdad de oportunidades, lo cual significa un ejercicio democrático que acote los poderes económicos, políticos y religiosos, que atentan su contra. Para Venezuela, implica luchar por un Estado Social de Derecho, que rescate los servicios públicos y nuestros derechos civiles.

En estos días se celebra un encuentro en Bogotá, pretendidamente para promover una salida democrática para Venezuela. Lamentablemente, parecen asomarse los sesgos de quienes ubican a Maduro como víctima de una supuesta agresión gringa, para poner en el acento en el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra y no en las pruebas convincentes de que va a permitir un juego político sano, abierto, empezando por la liberación de los presos políticos. No tiene nada de izquierda la aquiescencia de Petro, Lula y otros ante los atropellos de Maduro y sus militares. Vergonzosa, además, el posicionamiento “neutral” de Lula ante la agresión de Putin contra Ucrania. Sirva la ocasión para aplaudir las posturas al respecto, asumidas por Gabriel Boric, presidente –de izquierda—de Chile.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

A la memoria de Nicolás Bianco, insigne académico, universitario cabal y amigo

Después de catorce años, la Universidad Central de Venezuela se encamina al fin a realizar, el 26 de mayo próximo, elecciones para renovar sus autoridades. Desde 2009, una absurda disposición inserta en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOA) aprobada por el chavismo ese año, eliminaba su finalidad académica, la razón de ser de nuestras universidades nacionales, estableciendo un voto “igualitario” de docentes, estudiantes, empleados, obreros y egresados. Erigía al más numeroso de estos contingentes –el de los egresados, que ya no hacen vida en la universidad—en gran elector. A sabiendas de que sus Consejos Universitarios se opondrían a convocar elecciones bajo tales condiciones, esta disposición proveía un argumento para minar su régimen autonómico. El propósito nunca fue, por tanto, “democratizar” estas instituciones, como entonces repetía el chavismo ad nauseam. Todo intento de renovar las autoridades con un peso (preponderante) del voto profesoral que asegurase la prevalencia de criterios académicos en la elección, era paralizado por cualquier militante chavista que introdujese, por encargo, amparos legales aduciendo ese artículo 34.

A ello se sumó, desde los primeros años del gobierno de Chávez, la delimitación de la autonomía universitaria a través de sucesivas decisiones que acotaban sus potestades, la represión de la protesta respectiva, destrozo de instalaciones por bandas fascistas y la progresiva asfixia presupuestaria que, cual tragavenado, fue constriñendo la capacidad de respirar de la UCV y demás universidades públicas. Los intentos por implantar un pensamiento único para afianzar una autocracia militarizada, inspirado en prédicas patrioteras y/o de un comunismo trasnochado, no podían tolerar el ambiente de pluralidad y contrastación de ideas de nuestra primera Casa de Estudios, donde se cuestionaban sus imposturas y se señalaban los desaciertos e insuficiencias de las políticas del Estado.

Si bien el espíritu universitario nunca se arredró ante la creciente agresión a las libertades académicas, no ha podido evitar los efectos nocivos del agudo empobrecimiento que ha infligido a su personal docente, administrativo y obrero la destrucción de la economía nacional y la asignación de presupuestos cada vez más exiguos. Hoy, parte importante de su planta profesoral se ha visto obligada a migrar a donde valoran sus talentos para poder sobrevivir y aquellos alumnos con posibilidades económicas, a explorar posibilidades de estudio afuera. Los empleados y personal obrero que no han migrado fuera lo han hecho al interno del país, dedicándose a actividades distintas en procura de unas bases mínimas de subsistencia que el Estado les niega como personal universitario. A eso hay que añadir la ausencia de partidas para el mantenimiento de equipos e instalaciones, los hurtos, la ausencia de reactivos e insumos para la investigación, el deterioro de las estaciones experimentales y más. Las autoridades, tanto rectorales como decanales, no han escapado de este proceso de desgaste, a pesar de su determinación de hacer valer los mejores intereses de la universidad.

Quizás confiando en que logró domar su espíritu crítico, el chavo-madurismo ha dispensado a la UCV de los desatinos de la LOA, por lo que ahora puede convocar elecciones para renovar sus autoridades. Se asoman esperanzas de que aparezcan oportunidades para empezar a enderezar la carga que se le ha impuesto, en pro de un futuro mejor para nuestra institución. Pero los candidatos que se han asomado para asumir el cargo de rector, todos de reconocida solvencia académica, compiten para conducir la institución en las condiciones adversas descritas. Más allá del valor de sus respectivos currículos y de sus experiencias académico-administrativas, se pondrá a prueba su capacidad de lidiar con los desafíos que su gestión habrá de enfrentar. A continuación, algunas inquietudes que ameritan reflexión.

El primer desafío es lograr la participación masiva de la comunidad en estas elecciones en aras de proporcionar la mayor confianza, legitimidad y apoyo al equipo que salga electo, decisivo para enfrentar los embates que habrá de confrontar la institución. Pero el reto crucial es, sin duda, el de asegurar la sobrevivencia de su razón de ser como tal, orientada a la búsqueda del saber, inspirada en “los valores trascendentales de la humanidad” (artículo 1°, Ley de Universidades) y en la excelencia académica, capaz de formar los talentos y generar los conocimientos que contribuyan con la superación de los problemas de la nación.

Tan elevada aspiración, seriamente comprometida por las agresiones sufridas, tiene que continuar siendo el norte que guie la gestión del nuevo equipo. Pero conlleva, como imperativo, enfrentar el grave deterioro del ingreso de los profesores y personal de empleados y obreros sobre los cuales descansará la posibilidad de cumplirla. Lamentablemente, la destrucción de la economía y la animadversión hacia el conocimiento, propia del fascismo, no augura expectativas de que la satisfacción de este imperativo nos lo provea el gobierno con una mayor dotación presupuestaria, acorde con tales propósitos. Ello obliga a una gerencia académica innovadora, capaz de instrumentar medidas como las siguientes:

1) Iniciar un proceso de depuración de las nóminas de docentes, empleados y obreros, basada en criterios meritocráticos sustentados en la ley, que tome en cuenta el abandono, de hecho, de muchos. No es viable la existencia de reposeros que parasitan del escaso presupuesto.

2) Gestionar acuerdos con el sector privado, instancias de gobierno y centros de investigación nacional e internacional, para afianzar la llamada “tercera misión” de la universidad, la de extensión y generación de conocimientos a terceros, que pueda proveer ingresos propios significativos. La UCV debe conectarse con el aparato productivo y con instancias del Estado como oferente de servicios y soluciones como fuente adicional de recursos.

3) Fortalecer relaciones con otras universidades nacionales y extranjeras para el desarrollo de cursos integrados de postgrado, equivalencias a nivel de pregrado, doble titulación, colaboración en proyectos conjuntos de investigación y/o extensión, etc.

4) Afianzar la vinculación con aquellos profesores de la diáspora dispuestos a contribuir, desde afuera, con las labores docentes, de investigación y extensión, lo cual obliga a fortalecer las plataformas tecnológicas que lo hagan posible y organizar, a nivel de facultad, escuela o instituto, procedimientos ágiles para que pueda rendir eficazmente sus frutos.

Iniciativas como las descritas deberán contribuir con un proceso de aggiornamento de la institución con los desafíos, exigencias y oportunidades del mundo actual. Aún con la dificilísima situación de hoy, las decisiones y medidas que tomen las autoridades deberían enmarcarse en una visión futura de universidad capaz de aprovechar cabalmente estas nuevas realidades, para bien de la institución y del país. Para ello, la UCV tiene un bagaje importante de ideas que fueron discutidas en su plan estratégico. Desde luego, éstas y otras iniciativas deben realizarse manteniendo las mejores relaciones posibles con las instancias decisorias del Estado en materias concernientes al funcionamiento de la UCV, sin que ello comprometa aspectos esenciales de su régimen autonómico. Ello pondrá a prueba los dotes “diplomáticos” y políticos, en el mejor sentido de la palabra, de quienes habrán de conducir la institución.

Finalmente, un reto insoslayable para las autoridades que salgan electas es la de mantener y fortalecer la ascendencia intelectual, moral y cultural que históricamente ha asumido la UCV ante el país (y también afuera). Venezuela necesita la orientación esclarecedora de su primera Casa de Estudios (artículo 2°, LU) para poder remontar el foso en que la han arrojado. Aún en las tan adversas condiciones actuales, el imperativo de las nuevas autoridades será continuar siendo, “La Casa que vence la Sombra”.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Lo que estamos presenciando en Venezuela en estos días todo el mundo intuía que venía. El estallido del desfalco en PdVSA desnuda la disputa de intereses entre quienes capturaron al Estado para ponerlo a su servicio. Se le abrieron las costuras al tejido de complicidades que sostenía el poder “revolucionario”. El botín, de tanto saquearlo, les quedó chiquito. Ya no podía complacer a todos.

De la larguísima lista de corruptelas que se cocinaron bajo el régimen bolivariano, empezando --recién llegado Chávez al poder-- con el Plan Bolívar 2000, destaca CADIVI. De una respuesta coyuntural a la salida de capitales que produjo la crisis política de los años 2002-3, el control cambiario se transformó en la espita central que alimentaría, hasta bien entrado el gobierno de Maduro, a todo aquel que se arrimara al poder en busca de lo suyo a cambio de muestras de lealtad y la debida anuencia cuando le era requerida. El conocido refrán, “métete con el santo, pero no con la limosna”, fue invertido por Chávez para afianzar esas lealtades: lo que te embolsillas no es asunto mío, siempre que te mantengas fiel al santo (la “revolución”, o sea, mi persona). Y lo llevaba todo anotado, para sacárselo a quien no había entendido y se le ocurría ponerse crítico. Su heredero designado encontró útil esta práctica pues, carente de la ascendencia de su mentor, debía recurrir a métodos probados para afianzar su liderazgo entre los suyos. Sin embargo, ello implicaba compartir las espitas de la corrupción con “aliados” claves, en particular, con la casta militar y con sus tutores cubanos, rusos e iraníes, a quienes debe su sostén.

Con la caída de los precios del petróleo a finales de 2014 sus cómplices se volcaron a depredar las entrañas del propio Estado para satisfacer sus apetencias. Pero, al agravarse la destrucción de los servicios y de la actividad económica en general, se profundizaron los conflictos sociales. Y sabemos cuál fue la respuesta: una represión cruel que dejó centenares de muertos entre 2014 y 2017, y llenó las cárceles de presos políticos, muchos de los cuales fueron sometidos a tortura. En condena de estas atrocidades, los principales gobiernos democráticos impusieron sanciones, primero, contra aquellos señalados de violar los derechos humanos y/o saquear a la nación y, luego, en 2017, las financieras. Al entrar en vigencia el veto impuesto por el gobierno de EE.UU. al petróleo venezolano en 2019, la respuesta de Maduro fue la típica de todo fascista: en vez de reconocer la necesidad de volver al cauce constitucional para negociar el levantamiento de estas sanciones, optó por huir adelante. Denunció que eran una agresión contra la patria (no contra su régimen), para entonces buscar cómo trampearlas. Y aquí entran en escena Tarek El Aissami y el artificio de las criptomonedas.

Una vez abandonada la comercialización de petróleo venezolano por la empresa rusa, Rosneft, para no ser objeto de las sanciones de EE.UU., las conexiones iraníes y con el Medio Oriente de El Aissami resultaron ser de gran utilidad. Aparecen intermediarios, algunos con escasa o nula experiencia en el negocio, dispuestos a “sacrificarse” desafiando la imposición estadounidense. El trasbordo de la carga en alta mar, la transacción en criptomonedas y otros giros permitirían camuflar estas operaciones. Pero tan opaco entramado no sólo lograba evadir la fiscalización gringa. A quienes participasen en la cadena se les abría las mayores oportunidades de lucro desde CADIVI. No tardaron en quedarse en el camino buena parte de los proventos del crudo. Pero los llamados al emprendimiento entre miembros de la FAN para complementar sus escasos ingresos revelaron que le habían pisado la manguera al doliente más importante del régimen expoliador, la cúpula militar. Al ser sustituido Asdrúbal Chávez por el coronel Tellechea en la presidencia de PdVSA, se detecta un faltante significativo de ingresos que lleva a auditar las transacciones comerciales. Y se encontró que el hueco, inicialmente estimado en unos $ 3.000 millones, podía llegar a ser aún mayor. La agencia Reuters reporta $21,2 millardos en cuentas por cobrar[1] y que a muchos de estos deudores se les ha perdido la pista.

Ante la agudización de la crisis económica, no había forma de ponerle sordina a este último desagüe de recursos de los venezolanos. Y cayó el grupo asociado a Tarek El Aissami, entre quienes se incluye un exministro, un alcalde, altos oficiales militares, el superintendente de criptomonedas, empresarios y otros. Al escribir estas líneas la Policía Nacional contra la Corrupción --hasta ahora desconocida-- había detenido a 19 personas. Jorge Rodríguez amenazaba, con aires de vengador justiciero, que habría más.

Voceros oficialistas –hasta ahora no implicados—alardean haberles dado un golpe decisivo a los corruptos, en defensa de los intereses del pueblo. ¿Pero, quién les cree? A pesar de haberse rasgado las vestiduras en público, son pocos los que se comen el cuento de que lo que está en juego con este incidente –de proporciones tan escandalosas-- es la lucha contra la corrupción. Todo hace pensar en un ajuste de cuentas. ¿O es que los órganos judiciales estadounidenses y voceros de la oposición no habían señalado ya a varios de los inculpados, incluido a El Aissami, Joselit Ramírez y Hugbel Roa como incursos en manejos irregulares? Pero Maduro ahora se ve obligado a asumir el término de “mafias” para referirse a quienes, hasta ayer, eran íntimos colaboradores. Y Diosdado Cabello, para no quedarse atrás en la condena del desfalco, soltó la perla de que muchos dirigentes “terminan traicionando a la propia revolución solo porque ya se han robado lo suficiente y les da para vivir en cualquier lugar del mundo”. La palabra clave aquí es “suficiente”, pues si el robo no traspasa un umbral implícito, todo queda en casa. Y, para disipar dudas sobre la farsa que se ha puesta en escena, aparece, ¡él mismo!, encabezando una marcha bajo el lema, “los honestos somos más”. ¡Por favor! Pero en ese mundo de imposturas y adefesios ideológicos en que se amparan los “revolucionarios”, aún esta muestra de cinismo puede ser superada. Y lo logró Jorge Rodríguez, desde el presidio de la asamblea oficialista. Sostuvo, sin siquiera pestañar, que, “gramo por gramo”, no había ningún presidente que había luchado tanto contra la corrupción –y aquí se acordó del guion para intercalar, “salvo Chávez”—que Nicolás Maduro (¡!) ¡“Cosas veredes, Sancho”!

El régimen que encabeza Maduro se sostiene solo en la medida en que ofrece oportunidades suficientes de lucro como mantener el apoyo de factores críticos, en primer lugar, de una cúpula militar traidora. Luego de haber rebanado la economía venezolana hasta apenas la cuarta parte de lo que era al comenzar su gestión, convertirse en objeto de investigación de la ONU y la CPI por sus notorias violaciones de derechos humanos y aliarse con regímenes forajidos para subvertir los preceptos liberales sobre los que busca asentarse la prosperidad mundial, no hay proyecto o ideal que justifique el colosal fracaso y naturaleza criminal de la “revolución bolivariana”.

En su momento, una retórica patriotera redentora y luego, la mitología comunistoide, ofrecieron argumentos para entusiasmar a muchos con la esperanza de un mundo mejor. Pero, aun cuando creyesen en ello con sinceridad, se estaba sembrando el veneno de la corrupción. De denunciar a la economía de mercado como instrumento de la opresión y a la democracia liberal, ardid de la oligarquía para sojuzgar al pueblo, la búsqueda de la añorada salvación solo le quedaba confiar en los designios del comandante supremo. La lealtad para con la “revolución” y las decisiones visionarias del líder reemplazaron a las leyes del mercado y al Estado de derecho en la asignación y el usufructo de la riqueza nacional. Ya lo alertaba Milovan Djilas por allá por los años ’50 del siglo pasado[2]: muchos dirigentes se sentían con el “derecho” a una tajada mayor del pastel por haber liderado el cambio redentor. Hablaba de la gesta comunista de Tito, en la anterior Yugoslavia. Y así emergió una nueva clase, sostenida con base en prácticas expoliadoras, cobijadas en una retórica “revolucionaria”. Su repetición ciega, desafiando toda contrastación con la realidad, no tardaría en convertirse en clave de acceso a los más altos peldaños del poder económico y político. Nació así una oligarquía novedosa que se ampara en los mitos de la izquierda para obtener la absolución del “progresismo antiimperialista” en el mundo y blindarse contra toda rebeldía social que pusiera en peligro su poder. No importa que la población se estuviese muriendo de hambre.

El régimen de expoliación se sostiene, necesariamente, en la negación de toda transparencia y de rendición de cuentas en el uso de los recursos de la nación. Simplemente, se lo apropian. Todo reclamo que desafíe esta potestad debe ser aplastado. El imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos son sustituidos por la fuerza directa y/o la judicialización de la protesta. Pero, al llegar la destrucción a los extremos vistos en Venezuela, ya no hay como satisfacer las apetencias de quienes sostienen el proceso. ¡Pero todavía pretenden cobijarse detrás de una retórica “revolucionaria”! Es muy probable que esta pelea entre mafias no termine ahí. Y uno se pregunta, ¿Hasta dónde debe llegar la putrefacción para que aquellos con un mínimo de vergüenza y decencia sustraigan definitivamente su apoyo a tan oprobioso estado de cosas? ¿Estaremos “llegando al llegadero”?

[1] https://www.reuters.com/business/energy/middlemen-have-left-venezuelas-pdvsa-with 212-billion-unpaid-bills-2023-03-21/

[2] La nueva clase, Edhasa, 1957

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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No se me quita de la cabeza la idea de que las peleas y descalificaciones entre miembros de la dirigencia opositora --cuando debería privar un espíritu unitario de cara a las eventuales elecciones de 2024--, obedecen a la convicción compartida de que el régimen de Maduro está acabado. Maduro no tiene razón de ser –lo dicen las encuestas-- y quien logre posicionarse hoy a la cabeza de la oposición será pronto presidente. A pesar de que, hasta ahora, tal supuesto no se ha cumplido, es sólo cuestión de tiempo. Ante tamaña certidumbre, las ansias de ser la persona escogida, quien habrá de bañarse de gloria por conducir –exitosamente—la transición hacia una democracia, parecen haberse salido de madre.

No tengo porqué dudar de la sinceridad de las convicciones democráticas y libertarias de muchos que incurren en tales prácticas. Asimismo, es fácil coincidir con la premisa de que el régimen de Maduro no tiene razón de ser. En fin, es insólito que, en escasos siete años (2014-2020) y sin que mediara una guerra ni otras adversidades sobrevenidas (terremotos, huracanes), la economía venezolana, bajo su mandato, se haya reducido en unas tres cuartas partes. Cuando uno le cuenta eso a quienes, fuera del país, no están familiarizados con la tragedia venezolana, la reacción más común es la de no creer lo que se les dice: es una exageración que le resta veracidad a lo que se intenta explicar. Lamentablemente, es ésta la dimensión real de nuestra tragedia, condenando a la inmensa mayoría de los venezolanos a condiciones de hambre y miseria impensadas previamente en la era petrolera de nuestra historia.

Pero, a pesar de constituir el régimen de Maduro un contrasentido, encontrado con las responsabilidades que uno espera de todo gobierno, no por ello se desprende que, por alguna sobre determinación histórica o del deber ser democrático, su salida está dada. Media, claro está, la acción política necesaria para sacarlo. Y, ésta –hemos debido aprender dolorosamente-- no es “soplar y hacer botellas”. Si hay algo por el cual el liderazgo opositor ha debido haber reflexionado bastante y con profundidad, es acerca de las causas de la inesperada resiliencia exhibida por tan nefasto, incompetente y destructivo poder.

En primer lugar, inescapable, está el apoyo de la cúpula actual de la fuerza armada. Es menester identificar a quienes, con Padrino López a la cabeza, han convertido en traidores a la patria a estamentos de la FAN, es decir, en instrumento de quienes la destruyeron y subordinaron a intereses foráneos. ¿Cómo se conforma la estructura de complicidades sobre la cual descansa? Además de la corrupción, deben denunciarse los constructos ideológicos fascistas que terminan justificando su actuación como ejército de ocupación, sometiendo al pueblo. ¿Aspectos nunca superados del militarismo decimonónico? ¿Cómo neutralizarlos? Hay que contraponer a ello una visión de la FAN en democracia: sometida al poder civil, más reducida, altamente profesionalizada y con remuneración y dotaciones que eviten las tentaciones extorsionistas que hoy la corroen.

Hay que pensar en cómo conciliar el necesario castigo a quienes hayan protagonizado la violación de los derechos humanos de los venezolanos y/o saqueado a la nación, con la imperiosa necesidad de negociar una disminución de los costos que, para ellos, implique su abandono del poder, hasta donde sea políticamente aceptable. Entraría en juego un régimen de justicia transicional y de manejo de las sanciones impuestas a muchos, que faciliten este proceso. ¿Se ha avanzado con los criterios que permitirán avanzar en este propósito, se han identificado potenciales interlocutores que podrían interceder para que ello ocurra?

Luego está la obligada respuesta a la gravísima situación económica por la que atraviesa el país. Se ha puesto en evidencia que la supuesta “normalización” que algunos creyeron se asomaba el año pasado, no condujo a recuperación alguna. Los empleados públicos -maestros, profesores, médicos, enfermeras, policías, administrativos, prestadores de servicio y demás - están tomando las calles en protesta, con frecuencia y participación crecientes, porque el nivel de empobrecimiento a que los condena sus miserables sueldos es invivible. Hay que apoyar estas luchas en demanda de mejores remuneraciones, denunciando la criminal destrucción de los medios de vida del venezolano.

Pero hay que contraponer, necesariamente, un proyecto de país alternativo, capaz de ofrecer opciones de solución creíbles, con las que la gente pueda identificarse. Esto significa, en primer lugar, desistir de soluciones mágicas: ni va a ocurrir un aumento del precio del petróleo que venga milagrosamente al rescate, tampoco la dolarización completa nos sacará del abismo y menos aún levantarles las sanciones a PdVSA. El país, igual, no tiene dólares ni capacidad de generarlos en el corto plazo.

No hay solución que no pase por un programa de ajuste macroeconómico que devuelva la estabilidad de precios y de tipo de cambio al país. Ello difícilmente ocurrirá sin un fuerte financiamiento internacional. Y, como hemos planteado tantas veces, poder contar con este financiamiento lleva a instrumentar las reformas necesarias para que la economía se reactive y pueda reembolsar esos créditos en el tiempo. Entre otras cosas, implica restablecer las garantías a la propiedad y procesales de nuestro ordenamiento constitucional y la observación de los derechos civiles, económicos y humanos en general, base para generar la confianza y las seguridades que respaldan la inversión productiva. Será necesario enfrentar, además, los poderosos intereses que se han apoderado del Estado para expoliar al país.

Sin aumentos sostenidos y ambiciosos en la productividad laboral no habrá mejoras sostenibles en los ingresos de los venezolanos. Ello es factible porque el país cuenta con una brecha enorme de recursos no utilizados o subutilizados, a causa de la gestión chavo-madurista. El ajuste, por tanto, tiene que ser de naturaleza expansiva, liberando a la economía de la asfixia de sueldos y de otros gastos del Estado, así como del crédito bancario, instrumentadas por Maduro en su intento por contener el alza del dólar. Pero esta conexión debe enlazarse con iniciativas y proyectos concretos de la gente, involucrando, donde sea posible, propuestas de solución a nivel local, regional o sectorial, en torno a las cuales pueda verse retratada. Ello deberá poner al descubierto la naturaleza de las trabas que dificultan la superación de las terribles estrecheces que sufre hoy la población, y enfatizar la imperiosidad de cambios.

Lo dicho arriba también es condición para resolver la insufrible carencia de servicios -agua, luz, gas, seguridad, gasolina, etc,- como la imprescindible e importantísima labor de recuperar, fortalecer y desarrollar una educación y una atención de salud universales y de calidad. Se han asomado muchos proyectos concretos en estos campos que, de nuevo, requieren financiamiento internacional y que presuponen el establecimiento de un marco institucional que la haga factible. Contar con la diáspora venezolana será un importante activo en este empeño, como en lo anteriormente señalado. No obstante, dada la naturaleza del actual régimen, la conexión con el necesario cambio político es insoslayable.

En fin, son muchos los elementos que deberían tomarse en cuenta para la construcción de una alternativa de cambio real, creíble y que inspire confianza. Porque no se trata sólo de dirimir el candidato de una pregonada unidad del voto opositor. Es menester aprovechar las primarias, como las movilizaciones y planteamientos que se hagan al calor de los problemas que atormentan a la población, para forjar esa alternativa, de manera que se convierta en un proyecto para el cambio capaz de inspirar a esas mayorías -80% de la población- que claman por la salida de Maduro. En una entrevista reciente por Radio Fe y Alegría, el conocido luchador democrático Chúo Torrealba expresó su frustración con los llamados a votar siempre “en contra de”: era tiempo de convencer a la gente a votar “a favor de”. Obliga a forjar una propuesta convincente, que pueda hacer realidad los cambios.

No sólo hay que escoger el candidato, es necesario forjar el apoyo masivo que garantice su triunfo y que esté dispuesto a defenderlo ante el empeño fascista de trampear las elecciones. Todavía más decisivo, es menester que el proyecto con que se identifique la gente logre consolidar el proceso de transición democrática y de transformaciones, y neutralizar los intentos que puedan producirse para sabotearlo. Evitemos estar frente al triste espectáculo de unos borrachos peleándose por una botella vacía.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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El 24 de febrero se cumplió un año de la invasión criminal rusa a Ucrania. La tragedia infligida cruelmente al pueblo ucraniano pone de manifiesto la naturaleza del poder autocrático de Putin, enraizado en una oligarquía corrupta cuyas ramificaciones se extienden dentro y fuera de su país. Impone sus intereses con la “razón de la fuerza”, en desapego a las reglas de juego acordadas para su prosecución con la fuerza de la razón. No hay límite a sus pretensiones. Gusta imaginarse cumpliendo una misión histórica inobjetable, la de rescatar la grandiosidad de la Rusia de los zares o como eje de la todopoderosa URSS. Obsesionado por tal cometido no ha vacilado, en pleno siglo XXI, a desatar de nuevo el horror de las guerras de conquista de antaño, violando la normativa para la convivencia consensuada con paciencia luego de la II Guerra Mundial, que buscaba impedir su retorno. Obvio que, de triunfar el agresor, las posibilidades que ofrece la democracia liberal para la preservación de los derechos humanos dentro del concierto de naciones se verán seriamente amenazadas. ¿Prevalecerá la ley del más fuerte?

Las características de autocracias como esa han sido analizadas con perspicacia por Moisés Naím en su libro, La revancha de los poderosos, así como en artículos de la renombrada periodista, Anne Applebaum, entre otros. Sus mecanismos para acceder y consolidarse en el poder los resume Naím en el ejercicio de las tres “P”: Populismo, Polarización y Posverdad. Sin duda conocer de cerca la tragedia venezolana le ha sido de utilidad para arribar a tal síntesis: muchos de los atropellos desplegados hoy por Putin encuentran antecedente en estos largos años de chavo-madurismo. Más allá, identifican también a otros regímenes, conocidos por desplegar abusos parecidos, notoriamente las teocracias del medio oriente. De manera cada vez más preocupante, empero, se asoman, igualmente, en países que se creían asociados a la cultura democrática liberal de occidente. Que gobiernos como los de Turquía, Hungría, Polonia e, incluso, India, terminen deslizándose hacia la conformación de autocracias parecidas es, sin duda, objeto de preocupación para el avance de las libertades en el mundo.

Putin escenificó hace unos días la celebración de su agresión en un enorme estadio de fútbol en Moscú, acarreando un público alabancioso en autobuses, con el embeleso de tretas histriónicas como las que nos tenía acostumbrados el “eterno”. El relato es también muy similar: la convocatoria a los patriotas para defender al país contra una arremetida enemiga que le niega a Rusia el papel que le corresponde en el mundo. En esta narrativa, el país agresor es proyectado como el agredido. La OTAN, al entregar armas al gobierno de Zelenski, desató una guerra contra la Madre Rusia. El llamado, por tanto, es a defenderla a como dé lugar, así sea destruyendo vidas y las condiciones de existencia de quienes, hasta poco, identificaba como étnicamente rusos, hermanos que era menester liberar de la opresión “nazi” (¡!). Y, para completar su circo, exhibió en el escenario niños ucranianos sustraídos de las ruinas de la ciudad ucraniana de Mariúpol, destrozada y luego capturada por el bestial bombardeo ruso.

Putin proyecta su agresión como si se tratase de una cruzada salvadora contra la depravación del mundo occidental y obtiene, con ello, la bendición del Patriarca Kirill, máximo representante de la iglesia ortodoxa rusa. Éste no titubeó en afirmar que el sacrificio "en el cumplimiento del deber militar" en la guerra contra Ucrania “lava los pecados". En este orden, ¿qué importa destruir escuelas, hospitales, viviendas e instalaciones de generación eléctrica? Se trata de defender el orden, la moral y los valores sempiternos que Rusia ha sabido preservar. No puede sorprendernos, viniendo de donde viene, que se afirme que los ataques genocidas a la población ucraniana ¡son obra del propio gobierno de aquel país!

Los crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en Bucha, Mariúpol, Chérnigiv y otras poblaciones –centenares de muertos civiles acribillados-- no serían tal en este imaginario. En la más diabólica asunción de la neolengua orwelliana, pasarían como gajes de esta guerra santa y patriótica: “La Guerra es la Paz”. Se le atribuye a Stalin haber afirmado que la muerte de una persona es una tragedia para sus deudos; la muerte de miles, sin embargo, es una estadística. Putin, con razón, busca retratarse como si asumir el rol de tan terrible antecesor demostrase su voluntad inquebrantable de defender la Rusia eterna. Viene a la mente la imagen de Maduro en 2014, cuando se hizo filmar bailando mientras que en la calle, militares y bandas fascistas asesinaban a manifestantes desarmados.

En otro plano, se ha hecho notoria en la agresión imperialista rusa a Ucrania, el uso de tropas mercenarias bajo el mando de poderosos oligarcas amigos de Putin. El más conocido, aunque no es el único, es el Grupo Wagner, que reclutó miles de presidiarios prometiéndoles la remisión de sus penas si acudían como reclutas a pelear contra Ucrania. Este grupo ya había adquirido fama como contratistas del carnicero de Siria, Bashar al-Assad, para aplastar a la rebelión en su contra, así como por su participación en la guerra civil en Libia y en los conflictos en el centro de África por el control de la comercialización de minerales y metales preciosos. Mientras, se criminaliza, con abultadas penas de prisión, a todo ruso que proteste contra la brutal agresión conducida por su presidente contra un país vecino y se terminan por cerrar los últimos vestigios de medios de comunicación críticos. Notorio también ha sido el envenenamiento de prominentes figuras contrarias a Putin y/o su misteriosa desaparición.

En Venezuela es patente que la explotación (ilegal) del oro, coltán, diamantes y otros minerales sea disputada entre el ELN colombiano y los llamados “sindicatos mineros”, con las exacciones de rigor de militares cómplices. La existencia de mafias depredadoras en algunos ámbitos de la FAN, asociadas con bandas criminales para explotar toda suerte de ilícitos, pone de manifiesto la descomposición que corroe las instituciones de un país cuando es desmantelado el Estado de derecho.

Pero no se trata solo de similitudes o de simpatías por compartir posturas contrarias a la democracia liberal. Son los acuerdos que se han venido adelantando para colocar a Venezuela –y a otros países latinoamericanos, léase Nicaragua y Cuba—bajo la esfera de influencia rusa. Recordemos la presencia de tropas y bombarderos militares rusos hace poco en el país. Son expresión de las ambiciones de poder global de Putin, que no acepta que su país sea relegado a ser una potencia de segunda. De ahí las amenazas solapadas de su chantaje nuclear contra aquellos que se le oponen. Guardando las distancias, nos recuerda la conducta de connotados jerarcas del régimen de asomar deliberadamente la amenaza contra toda crítica, para salirse con la suya. ¡Con el mazo dando!

Es menester que la ofensiva imperialista de Putin en Ucrania sea derrotada y ese martirizado país pueda disfrutar de las posibilidades de avanzar, en democracia y en libertad, con su reconstrucción plena. El trágico error del primer ministro inglés de la época, Neville Chamberlain, junto al de Francia, Edouard Daladier, de creer que apaciguaban a Hitler cediéndole el territorio checo de los Sudetes que reclamaba, no puede repetirse hoy. Señal tan clara de que los países rivales cederían ante la amenaza de la fuerza desató, como sabemos, la peor guerra que ha conocido la humanidad. Hoy no puede cederse ante las ansias de expansión de su homólogo eslavo en Rusia. Está en juego la preservación de la democracia liberal como eje de la paz, la libertad y la convivencia del mundo actual.

Derrotar a Putin, deberá incidir también en que Maduro y sus cómplices militares entiendan que no basta ya con la “razón” de la fuerza para continuar imponiéndose. Ojalá contribuya a abrir las puertas a un acuerdo con la oposición para restituir los derechos que permitan el cambio político deseado, en paz.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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La “normalización” pregonada por Maduro hace aguas. El alza incontenible en el precio de la divisa, como de muchos bienes y servicios, amenaza con desatar, de nuevo, el diablo de la hiperinflación. La población sale a protestar hastiada, demandando remuneraciones dignas. Las encuestas más recientes confirman que el deterioro de sus sueldos y salarios, ya de por sí miserables, constituye su problema más inquietante. Responder a tal angustia debe ocupar un puesto central en la prédica del liderazgo opositor si quiere aunar voluntades mayoritarias para el cambio democrático. Pero las mismas encuestas suministran otro dato, muy desconcertante: la población está decepcionada en alto grado de los políticos, incluidos los que componen el liderazgo opositor. Dependiendo del dirigente, el nivel de desconfianza llega a superar aún el que se expresa por Maduro. Sin embargo, más de un 80% de los encuestados se muestra a favor de la necesidad de un cambio político. ¿Cómo abordar esta incongruencia?

La conexión del liderazgo político con los problemas de sobrevivencia del venezolano de a pie requiere de una narrativa que sea creíble. Las bajas remuneraciones no resultan simplemente de una voluntad perversa que se niega a aumentarlas. Es resultado de una voluntad perversa, sí, pero que destruyó la economía de tal forma que su productividad se vino al suelo. Aun queriendo, no puede mejorarse el poder adquisitivo de los salarios. Cayó, además, la producción petrolera y, con ello, el ingreso externo. Ya no puede financiar aumentos administrativos de salario como antaño. En 2022, la producción apenas superó los 700 mil b/d. Su venta requirió de fuertes descuentos, pagando peajes diversos: habrá facturado menos de $15 millardos. Además, PdVSA ha tenido que importar productos refinados –incluyendo gasolina— para atender la demanda interna y crudo liviano para mejorar el crudo pesado de la faja. También ha contratado, con los iraníes, trabajos de recuperación de algunas refinerías del país. Por tanto, el remanente que aún queda para responder a las múltiples necesidades de la población es mínimo. Contrasta con el dispendio del último gobierno de Chávez, cuando se produjo a diario más de 3 millones de barriles que trajeron, como ingreso de exportación, una media de $75 millardos cada año.

Pero, además, la capacidad del aparato administrativo del Estado para atender los requerimientos de los venezolanos está seriamente disminuida. No es sólo el deterioro de los servicios públicos. Son también las deficiencias que resultan de la fuga de talento, dados los pésimos salarios de los empleados públicos; lo engorroso de muchos trámites; la discrecionalidad con que se autorizan; los peajes para “habilitarlos”; la opacidad e incertidumbre sobre sus resultados; las corruptelas y tantas otras trabas burocráticas. Lejos de ser fuente de soluciones, el Estado venezolano es, en buena parte, el problema.

Rescatar la capacidad de respuesta del Estado a los problemas del país requiere su reforma a fondo. Debe desprenderse de empresas deficitarias y demás activos que lastran su presupuesto; sanear y conciliar sus cuentas; reestructurar sus deudas; sincerar las tasas que cobra; avanzar en un proceso de reingeniería de procesos que simplifique su gestión, acompañado de las reformas correspondientes en su ordenamiento legal y reglamentario; actualizar e integrar la plataforma tecnológica con base en la cual presta sus servicios; restituir la carrera pública, con una estructura de remuneraciones basada en la meritocracia, libre de condicionamientos partidistas y personales; capacitar el personal y ajustar la nómina en aras de un Estado ágil, versátil y eficaz; e invertir en los equipos e instalaciones que requiere para ello. Debe enmarcarse en la reactivación y profundización del proceso de descentralización de la gestión pública, de manera de hacerla más transparente, abierta y asequible a la ciudadanía.

Adelantar tales reformas plantea un serio problema de financiamiento. Como fue destruida la industria petrolera, se debe acudir a la banca multilateral. Pero ésta impone condiciones al país solicitante de fondos para asegurar el crecimiento económico y el pago de sus deudas, como la atención a sus repercusiones sociales para evitar protestas que pudiesen desbarrancar su implementación. En el corto plazo, lo anterior se resume en el programa de estabilización macroeconómica de que tanto hablan los economistas y, hacia plazos más largos, en la instrumentación de reformas estructurales que eliminen las trabas al desarrollo y permitan oportunidades equitativas para acceder, en libertad, a sus frutos.

Pero no se trata de dar clases de economía a la población. Basta señalar, por ahora, que: 1) el ajuste económico deberá ser de naturaleza expansiva, dado el abismal desempleo de recursos productivos en el país. Tiene que apartarse claramente del ajuste contractivo, empobrecedor e inviable --por no poder estabilizar el tipo de cambio-- aplicado por Maduro. El aspecto clave está en la calidad del gasto, en mejoras en los servicios y en la gestión pública en general --externalidades positivas—, para reducir los costos de transacción e incentivar la inversión y el emprendimiento; y 2) tal ajuste expansivo requiere de financiamiento internacional, ergo, del cumplimiento de las condiciones arriba referidas, incluyendo una reestructuración a fondo de la deuda externa venezolana.

El proceso de primarias para elegir el candidato opositor en las elecciones de 2024 debe aprovecharse para forjar ideas-fuerza en torno a estos planteamientos, capaces de generar confianza en la superación del funesto modelo chavista. Chávez capitalizó el descontento de los ’90 con una idea simple, sin mayor definición: la “refundación” de la Patria. Implicaba desmontar las trabas que impedían al pueblo disfrutar de las posibilidades que debería ofrecer un país rico como Venezuela. Llevó al reparto discrecional “socialista”, basado en el desmantelamiento de las garantías y la imposición de controles de todo tipo. Acabó con la iniciativa privada y permitió el saqueo de PdVSA y de los recursos públicos en general. Es decir, acabó con las fuentes de riqueza cuya compartición solventaría los problemas de los venezolanos.

Ante la destrucción de riqueza inherente al desempeño chavo-madurista, la oposición democrática debe contraponer, como solución clara y única posible, la creación de riqueza. Se trata de cambiar a fondo el arreglo prevaleciente, no de administrarlo mejor o más pulcramente. Implica una narrativa ajena a la de la competencia populista que se cultivó, tantos años, con el usufructo dispendioso de la renta petrolera. Fue la base del socialismo expoliador que es menester superar, para bien de la población.

¿Cómo crear riqueza? Implica fomentar condiciones para que prosperen negocios que compitan en calidad y precios. Significa promover y facilitar el emprendimiento, con acceso a capital de riesgo y normativas que reduzcan la incertidumbre. Es garantizar los derechos laborales para fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores ante la empresa o el Estado, así como los derechos de propiedad de activos productivos y personales. Son las garantías necesarias para generar confianza, estimular inversiones y promover el empleo productivo. Obliga a extirpar las extorsiones y “mordidas” de funcionarios y Guardias Nacionales corruptos. Exige transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Requiere de servicios públicos eficientes, y tener acceso a una educación y a una asistencia sanitaria de calidad. Supone el libre acceso a la información y a las opiniones de interés para la toma de decisiones acertadas para un emprendimiento o para salvaguardar el bienestar familiar.

Es la respuesta a las angustias y aspiraciones que mueven al venezolano en su día a día. El ejercicio pleno de los derechos constitucionales y la participación ciudadana activa a nivel local, regional y central es condición para aprovechar a cabalidad el enorme potencial para crear riqueza de los venezolanos tanto de adentro como de afuera. De ello dependerán, asimismo, los apoyos internacionales necesarios.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

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Al final de una larga entrevista, el historiador argentino, Federico Finchelstein, especializado en el estudio del fascismo, tanto en sus expresiones clásicas como en las contemporáneas, y autor de varios libros sobre el tema, descarta el término, “fascismo de izquierda”, para referirse a regímenes como el de Maduro[1]. Siendo su ideología inherentemente de derecha, un fascismo de izquierda no tendría sentido.

Esta opinión contrasta con la de muchos otros analistas para quienes el fascismo --comoquiera que lo definamos-- no posee una ideología distintiva. Recordemos para empezar a Umberto Eco. Consideraba al fascismo como un fenómeno propio de la Italia de Mussolini, sin doctrina específica, sino guiado por un pragmatismo ecléctico. No existía ninguna “ideología fascista” que inspirase movimientos parecidos en otros países. Estas similitudes las englobó en su escrito, bajo la fórmula de “Ur-fascismo”[2]. Diversos movimientos “proto-fascistas” responderían a resentimientos particulares, enraizados en experiencias de sociedades distintas. No obedecerían a una doctrina única, común, como en el caso del comunismo. Sin embargo, compartieron construcciones simbólicas análogas para canalizar a su favor, políticamente, este resentimiento.

Ello permite a otros autores[3] hablar de un “fascismo genérico”, caracterizado por un conjunto de elementos comunes que aparecen, bajo formas distintas, en estos movimientos. Ha perdurado, empero, la definición estalinista del fascismo como enemigo antagónico del comunismo, a pesar de sus afinidades totalitarias, por lo que –también para Finchelstein-- no podía ser de izquierda.

¿Y a qué vienen estas disquisiciones teóricas? La perspectiva de un “fascismo genérico” contribuye mucho a entender el fenómeno chavista, aún cobijado de “izquierda”. Permite, a su vez, elaborar un argumento crítico sobre la actitud de algunos gobiernos de izquierda –hoy en auge en la región-- con respecto a su relación con los gobiernos de Maduro y de Daniel Ortega. Asimismo, un examen serio de este tema rescata al fascismo como categoría de análisis, que ha sido tan banalizado por la izquierda estalinista como simple epíteto descalificador de quienes esgrimiesen posiciones contrarias.

El liderazgo carismático de Chávez encaja claramente con la definición de fascismo genérico. Invocó la épica emancipadora para exacerbar fibras chauvinistas, cebando su discurso en la denuncia populista de las élites gobernantes --la oligarquía criolla-- que habían traicionado los sueños de Bolívar. Eran enemigos de Venezuela, al servicio del imperialismo de ayer y de hoy. Como heredero autoproclamado del Libertador, encabezaría la lucha redentora del Pueblo noble y patriota contra estos apátridas.

Su política tomó la forma de una guerra, salpicada de términos militares y de un lenguaje de odio para atizar la violencia contra aquellos por parte de sus bandas de choque camisa-roja. Buscó legitimar, ante sus partidarios, la discriminación, desde el Estado, de quienes no comulgaban con su prédica visionaria: al enfrentarse a Chávez, no podían ser Pueblo. Como en el fascismo clásico, su prédica se condimentó con el culto a la muerte, “patria, socialismo o muerte”, y propició la supremacía de lo militar. La obsecuencia y lealtad absoluta a su persona fue exigido como criterio sine qua non para participar en el destino glorioso que depararía su lucha –la construcción del Hombre Nuevo. Ello habría de eliminar toda manifestación ciudadana autónoma para subsumirla en una masa uniformemente “revolucionaria”.

La deriva de la prédica chavista hacia cánones comunistas, bajo la tutela de Fidel Castro, ejemplifica cómo discursos que pregonan “verdades” muy distintas a las del fascismo clásico --en este caso, la mitología comunista, pero también de inspiración religiosa o atávica—pueden alimentar fanatismos que desatan prácticas políticas muy parecidas. El neofascismo admite, por tanto, el concepto de “fascismo de izquierda” (la discusión de sí Chávez, en realidad, fue comunista, tendrá que esperar otro momento).

Un aspecto a destacar del fascismo es su necesidad de mantener la tensión del combate para galvanizar a sus partidarios en su lucha. La lucha es su razón de ser. Nunca el enemigo es totalmente derrotado; emergerán otras amenazas; no se puede bajar la guardia ni confiar en “los otros”, etc., etc. Esta vocación, por destructiva, es inherentemente revolucionaria. Le sirvió muy bien a Chávez para desmantelar la institucionalidad del Estado de derecho que constreñían su ambición de poder. Llenó el vacío resultante con su poder personal, omnímodo y discrecional, que no admitía disidencia alguna. La revolución era él.

Al ocupar la presidencia Maduro, continuó con la labor destructiva de su mentor. Se afincó en violentar el ordenamiento constitucional para anular a la Asamblea Nacional, en manos opositoras. A diferencia de aquél, empero, no gozaba ni del carisma ni de la ascendencia política (ni militar) para sustituirlo con su poder personal. Acudió a aquellos estamentos militares quienes, encandilados por el discurso patriotero de Chávez, habían adquirido creciente coprotagonismo en lo que resultó, en realidad, un proceso de traición a la patria. Terminaron por ocupar el poder. Pero como ya no les movían fantasías redentoras, bastante desprestigiadas, se fueron adueñando de importantes puestos sobre la economía. Los llevó a consolidar una institucionalidad paralela, afianzada en las jerarquías y estructuras castrenses, que proporcionase ciertas seguridades a sus empeños. Y, junto a los enchufados civiles, cual mafias de película, coincidían en la conveniencia de contar con un marco de “normalización” que permitiese lavar sus fortunas mal habidas. Fueron inclinándose hacia posiciones propias de las dictaduras militares tradicionales, interesadas en evitar zozobras que pudieran afectar su dominio. No obstante, al carecer de las garantías de un Estado de derecho capaz de generar confianza, estabilizar los precios, atraer inversiones y generar empleo productivo, el “arreglo” económico fue haciendo agua. Hoy estamos, de nuevo, a las puertas de un proceso hiperinflacionario, con terribles consecuencias para la población.

Emerge, entonces, un equilibrio precario de poder entre quienes les interesa cierta estabilidad, con la esencia propiamente disruptiva del fascismo, en cuyo vértice intenta balancearse Maduro. Diosdado Cabello excita adrede reflejos fascistoides con el proyecto de ley en contra de las ONGs, para pescar en río revuelto ante la coyuntura presentada. Aparece una “Misión de Verdad” (¡!) para estigmatizarlas por no comulgar con la única verdad aceptable. Desde el Ejecutivo se acentúa la arremetida en contra de los medios de comunicación. Reaparecen bandas fascistas para amenazar a quienes salen a la calle exigiendo un salario digno porque no aguantan más. Y Maduro, tratando de complacer a todos, vuelve a denunciar a las sanciones impuestas por EE.UU. como escapatoria. El desbarajuste de las fuerzas opositoras, notoria luego de la defenestración --sin estrategia alternativa-- de la presidencia interina, le tiende la cama a quienes piensan que es el momento propicio para “aniquilar al enemigo”.

La idea de la política como una guerra contrasta con la estabilidad procurada por quienes buscan salvaguardar sus intereses. Estas contradicciones deben ayudar a asentar una estrategia más efectiva para la recuperación de la democracia. De reactivarse la negociación en México, ¿Podrá aspirarse a que surjan posturas más abiertas al retorno al ordenamiento constitucional dentro del oficialismo? ¿Qué hace falta para que ocurriese? Suponiendo el interés de un chavismo no fascista en estabilizar su situación, ¿Estaría dispuesto a acompañar a la oposición en la restitución de la institucionalidad democrática? ¿Cómo combinar ello con las aspiraciones de mejora y de justicia de las mayorías?

Finalmente, es menester denunciar que, detrás de ese antiimperialismo pleno de clichés revolucionarios, se ampara una dictadura primitiva que, en reacción a las conquistas de la democracia liberal en el mundo de hoy, busca aliarse con despotismos criminales, negadores de derechos humanos fundamentales, como los de Putin, Cuba e Irán. No es posible que algunos gobiernos de la región que se consideran de izquierda continúen alcahueteando regímenes represivos y torturadores, verdugos de la libertad.

[1] Los populismos de extrema derecha, ¿una vuelta al fascismo? https://gatopardo.com/noticias-actuales/federico-finchelstein/

[2] ECO, Umberto, “Ur-fascismo”, New York Review of Books, June 22, 1995

[3] PAYNE, Stanley (1997), A History of Fascism 1914-45, Routledge, London and New York; PAXTON, Robert O. (2005), Anatomía del fascismo, Ediciones Península, Barcelona, España.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El Banco Central de Venezuela (BCV) no publica cifras sobre la producción (PIB) en Venezuela desde el primer trimestre de 2019, ni sobre su balanza de pagos con el exterior. Los últimos datos oficiales dados a conocer sobre la gestión fiscal son del informe de 2017 a la Security and Exchange Commission (SEC) de EE.UU. Corresponden al año 2016. Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre fuerza laboral y comercio, llegan hasta el primer semestre de 2018. Los últimos informes sobre la gestión de PdVSA son del año 2016. Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE) no salió después de 2014.

O sea, estamos en una situación de inopia informativa oficial en cuanto a estadísticas sobre la economía. Tal opacidad disimula la corrupción y acentúa la inseguridad para inversionistas, ya mosqueados a causa de la disparatada conducción de la economía durante la gestión de Maduro. No obstante, este blackout informativo cumple un propósito. Como émulo del ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, le ha permitido inventar una falsa “realidad” en la que las sanciones económicas de los EE.UU. contra el Estado venezolano constituyen la razón del empobrecimiento brutal de la población, escamoteando, así, su criminal responsabilidad en ello. Pero, aún incompleta, la información oficial existente, junto con alguna otra fuente y estimaciones confiables, desmontan tal pretensión. Que me perdonen mis lectores, entonces, por someterlos a una pesada relación de datos estadísticos a continuación.

Maduro hereda una economía hinchada por la exportación de crudo durante la última presidencia de Chávez. El precio promedio del crudo exportado durante esos seis años fue de $80,89 y el valor de estas exportaciones promedió $75 millardos anuales. Financió importaciones (promedias), cada año, de $50 millardos. En comparación, las cifras correspondientes a los cinco años del gobierno de Rafael Caldera (1994-1998) fueron (promedios anuales): $14,67 el precio del barril de crudo; $14,82 millardos de exportaciones de petróleo; y 12,38 millardos de importaciones. Claramente la fortuna le sonrió a Chávez.

Pero, no satisfecho con aquello, aumentó la deuda pública externa desde $26 millardos en 2006 a más de $113 millardos al finalizar su mandato. Al sumar los ingresos domésticos (deuda, impuestos, tasas, etc.), pasaron por las arcas del Estado en cada año de su período, una magnitud (promedia) de recursos por habitante 3,4 veces superior a la del último año (1998) de Rafael Caldera. El gasto público promedió más de 35% del PIB, llevando al déficit fiscal a más de 10% de tal variable. Por otro lado, en nombre del “socialismo del siglo XXI” arrasó con expropiaciones, impuso controles de precio y de tipo de cambio, así como regulaciones diversas, provocando una fuga de capitales de $75 millardos. Al finalizar su gestión (2012), su socialismo de reparto había incrementado el consumo privado por habitante en un 55% con respecto a 1998. Recordamos a Jorge Giordani, su ministro de planificación para entonces, confesar que, como 2012 era año electoral, había que “botar la casa por la ventana”.

Al asumir su gobierno, Maduro habría pensado que tenía el traje hecho. Durante sus primeros dos años de gobierno, además, los precios del crudo venezolano de exportación se mantuvieron muy altos, promediando $98,08 en 2013 y $88,42 en 2014. No obstante, al continuar con las regulaciones y controles impuestas por su mentor, la economía se estancó y comenzó a contraerse. El designado quiso seguir, empero, con el derroche de aquél. El gasto público se elevó a 43% del PIB. A pesar de exprimir todavía más a Pdvsa y aumentar la deuda pública externa para financiarlo, la brecha fiscal se ensanchó, dado el encogimiento de los ingresos tributarios por la reducción de la actividad económica interna y por el desplome los precios internacionales del crudo a finales de 2014 (promediaron $44,65 por barril, en 2015 y $35,15 en 2016). El déficit del gobierno central llegó al 23,7% del PIB en 2016, acentuando gravemente las presiones al alza de los precios de los bienes y servicios.

La inflación, de 20,1% a finales del gobierno de Chávez, fue escalando hasta llegar a 274,4% para 2016 (cifras del BCV). Pretendiendo defender el poder adquisitivo de los trabajadores, Maduro decretó sucesivas alzas del salario mínimo (incluyendo bono de alimentación), 7 veces hasta finales de 2016. Pero, ante la caída de los ingresos fiscales y su empeño en privilegiar el pago creciente del servicio de la deuda pública, tuvo que recurrir a financiar estos aumentos con emisión monetaria del BCV, es decir, con dinero sin respaldo. La base monetaria se fue expandiendo, llegando a ser, para finales de 2016, 19 veces el monto de 2012, combustible para la inflación. Peor aún, durante esos años mantuvo el control de cambio, racionando al dólar oficial a precios ridículamente bajos, cuando los del mercado negro eran centenares de veces superiores. Ello dio lugar a la corruptela más masiva de nuestra historia, con miles de millones de dólares birlados a través de distintos ardides, que fueron a engrosar cuentas privadas en el extranjero. Las reservas internacionales, que habían llegado a superar los $43 millardos en diciembre de 2008, estaban a menos de $11 millardos para 2016.

Lo comentado ocurrió antes del 25 de agosto de 2017, cuando el gobierno de EE.UU., impuso las primeras sanciones económicas al Estado venezolano. Fueron en respuesta a la elección fraudulenta de una asamblea constituyente para usurpar potestades de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Estas sanciones prohíben que entes públicos venezolanos, incluyendo a Pdvsa, operen a través del sistema financiero de EE.UU. Cabe señalar, empero, que, para noviembre, el Estado había entrado en una situación de default de hecho de sus bonos Pdvsa, impago que luego se extendió a otras deudas. Fue resultado de un cronograma de pagos de su enorme deuda concentrado entre 2017 y 2027, que montaban a cerca de $10 millardos anuales, cuando las exportaciones petroleras, alcanzaban, desde 2015, unos $30 millardos. Por ende, el Estado venezolano hubiera quedado fuera de los mercados financieros internacionales de todas formas, independientemente de las sanciones.

Para finales de 2017 y luego de cuatro años continuados de contracción económica, el ingreso per cápita del país era más de un 34% inferior a cuando Maduro entró la presidencia. Pero, además, su disparatada conducción de la economía había generado desequilibrios inmanejables, que hicieron que se desatara un proceso hiperinflacionario, con terribles consecuencias para el venezolano de a pie. Cifras del BCV indican que el PIB siguió su caída el año siguiente (2018), de manera que, aún antes de que el gobierno de EE.UU hubiese prohibido a empresas con negocios en ese país transar con petróleo venezolano, el ingreso por habitante había caído aún más, en un 44%. Tal cifra representa un promedio; el deterioro entre los asalariados fue todavía mayor. Recordemos, además, la terrible escasez de artículos de consumo que enfrentaban y el colapso en la prestación de servicios públicos.

Al imponerse las sanciones petroleras a Venezuela a comienzos de 2019, ya la producción de crudo se había reducido a sólo 1,43 millones de b/d (cifras oficiales), una caída de más del 50% desde finales de 2012. Cabe señalar que, desde la reducción de sus precios internacionales a finales de 2014, el país miembro de la OPEP que registraba la peor caída de su ingreso per cápita (real) fue Venezuela (se excluye Libia, por estar en guerra). Salvo Guinea Ecuatorial y, en menor medida, Angola, los demás países crecieron o permanecieron igual[1]. El haber terminado de entregar Pdvsa a militares que no tenían experiencia alguna en su manejo, designando al general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo como su presidente, incidió, sin duda, en este balance tan negativo.

A partir de 2018, estimaciones confiables señalan que siguió contrayéndose nuestra economía hasta finales de 2021. Hay consenso en que el PIB llegó a tener un tamaño de aproximadamente entre el 25% y el 30% del de 2013.

Lo reseñado me permite las siguientes respuestas como conclusión:

1. ¿Son las sanciones la razón del grave deterioro en el bienestar material de los venezolanos? No. Pero eso no cambiará el discurso del Goebbels criollo ni hará que su hijo deje de hacer el ridículo alabando su manejo de la economía. En realidad, la suerte de sus compatriotas los tiene sin cuidado.
2. ¿Las sanciones redujeron los ingresos por exportación? Es posible. Una proyección lineal de la caída en la producción de petróleo desde comienzos del período de Maduro arrojaría un nivel de unos 1,1 millones de b/d para finales de 2021. Pero resultó menor (0,87 millones de b/d, según cifras oficiales). No obstante, esta mayor disminución tiene también explicación en el saqueo y pésimo manejo a que fue sometida Pdvsa. La reducción causada en el ingreso se debe más a los descuentos a que se ha tenido que vender el petróleo venezolano para evadir las sanciones.
3. ¿De no existir las sanciones, la situación (promedia) del venezolano sería mejor? Es discutible. No debe pasarse por alto que lo que se ha asentado en Venezuela es un régimen de expoliación. Impide que ingresos mayores redunden en beneficio de las mayorías. Tampoco la relación es simétrica. De haberse reducido los ingresos por exportación por las sanciones, no significa necesariamente que levantarlas permitirá recuperarlos. La destrucción de Pdvsa ha sido muy alta, difícilmente reversible.
4. Es preocupante que muchos voceros opositores hayan asumido posiciones cada vez más parecidas a las de Maduro, exigiendo el levantamiento de las sanciones, como si nada. Si bien su aplicación no ha resultado en el desplazamiento de la dictadura, no implica que deban levantarse sin exigir nada a cambio. De hecho, les afecta y por algo piden su eliminación. Por tanto, constituyen una poderosa carta para negociar condiciones que permitan el retorno a la democracia.

[1] OPEC, Anual Statistical Bulletin, 2022