Las encomiables labores de muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) les han ganado la estima de la sociedad venezolana actual. Ante la destrucción de la economía y el colapso del Estado, con su consecuente incapacidad para responder a las múltiples demandas de la población, venezolanos conscientes, de gran sensibilidad social y espíritu solidario, dispuestos a ayudar al prójimo, fueron estructurando, en respuesta, organizaciones diversas.

Con sus esfuerzos en parcelas particulares del quehacer social, han ido llenando el vacío dejado por la devastación institucional. Así, en campos de la salud, educación, cultura, medios, alimentación, igualdad femenina, de los Lgtbi, derechos indígenas, vejez, seguridad personal y muchos otros, el venezolano de a pie ha podido encontrar asistencia y amparo ante sus carencias. Pero es, sobre todo, en torno a la defensa de los derechos violentados por la represión, el acoso y la desidia de los círculos más elevados de poder, donde han adquirido más significación y prestancia.

Porque sin derechos civiles y políticos elementales, el venezolano difícilmente puede luchar para hacer valer sus derechos en los demás ámbitos de su vida. Y, sintiendo su poder desafiado por este compromiso de las ONG por hacer respetar y cumplir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, instancias del chavo-madurismo han aprobado, en primera discusión de la asamblea oficialista, un proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

En el proyecto que leo en mi computadora, luego de unos primeros artículos anodinos sobre asuntos de registro, definiciones y otros aspectos administrativos, se hace conocer, a partir del artículo 7, su verdadera intención. Éste se intitula, «De la limitación de sus facultades». Deben acotarse, expresamente, a «las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos». Suena lógico. Pero con base en tal enunciado se introducen acciones de supervisión y control por parte del Ejecutivo Nacional, como las sanciones correspondientes si se transgrede la norma, sobre todo si «comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil» (numeral 3, artículo 13). Para quienes carecen de suspicacia, la transgresión anterior se hace explícita más adelante, en el artículo 15, referente a las Prohibiciones:

«Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos 2. Realizar actividades políticas 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”. (negritas mías, HGL)

Dada la plasticidad complaciente con que jueces abyectos aplican la ley, el último numeral deja en manos de la discreción autocrática las demás actividades a prohibir. Entre las sanciones, está la disolución de la ONG, incluyendo «medidas cautelares … para evitar la continuación del delito.» Y, más adelante (artículo 16), se establece que, si la ONG no notifica lo que recibe como donaciones, «será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.» (negritas mías, HGL)

Para disipar toda duda respecto a la intencionalidad de este proyecto de ley, basta leer su exposición de motivos. Parte de la existencia de una conspiración internacional que, «anclado en el derecho de asociación que está consagrado en la Constitución» (…) abusa de esta libertad a través de las ONG, «en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares.» (…) «Un análisis riguroso (¡!) de estas instituciones permite observar que dependen casi en exclusiva de la «ayuda» de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención.» Por tanto, la normativa a aprobar, «reivindica la soberanía del Estado» (OJO, no de la nación), para enfrentar esta amenaza. En palabras de Diosdado Cabello: «Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero».

La esencia de todo régimen totalitario es copar todos los espacios de poder, controlando los aspectos más básicos de la vida en sociedad, para perpetuar la posición de dominio de quienes ejercen el poder central. Esto implica, por tanto, la prohibición de la política como ejercicio soberano de quienes integran la nación venezolana.

La normativa en comento encubre este despropósito manifestando, en su artículo 3, que «facilita el derecho de asociación licita, previsto en la Constitución.” Sin embargo, el último artículo (17) aclara que: «De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos.» Reaparece, así, el adefesio comunitario, controlado desde el poder por las leyes dictadas al respecto, la versión chavista del Estado Corporativo fascista de Mussolini.

Aristóteles señaló que el ser humano es un zoon politikon (animal político). Afirmaba, así, el apremio de participar activamente en los asuntos públicos (res publica) de las ciudades-estado griegas, atributo central de su democracia. Hoy, la sociedad civil se activa en la forma de un poder ciudadano amparado en derechos individuales irrenunciables, sujetos al cumplimiento de sus deberes, que acreditan su demanda porque le sean rendido cuentas de manera transparente de la gestión pública y se le garantice justicia, conforme a los criterios contemplados en el contrato social (constitución) con base al cual se articula esa sociedad.

En Venezuela, al desmantelar el Estado de Derecho, la lucha por que sean observados los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna ha sido asumida, en sus diferentes manifestaciones, por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Y es ese ejercicio de ciudadanía, contrapeso de los abusos cometidos desde el poder, lo que la autocracia militar despótica chavo-madurista no se puede permitir. Sobre todo, aquellas ONG que denuncian sus atropellos ante los organismos defensores de los derechos humanos de la ONU y la OEA, así como ante la Corte Penal Internacional.

De ahí el acoso y persecución de activistas, su represión y encarcelamiento, la tortura de quienes luchan por la democracia, y la agresión contra medios de comunicación independientes, cuyo zarpazo más reciente ha sido el ataque, la semana pasada, contra el diario El Nacional. Ahora pretenden complementar su arsenal represivo con este instrumento jurídico para acabar con las ONG que desafían el poder autoritario de quienes se han cogido el país para ellos, militares y civiles. Para los opresores, las ONG estarían financiando actividades terroristas (¡!).

Es emblemática que esta ofensiva sea asumida por la figura más conspicua del fascismo venezolano, Diosdado Cabello. ¡Siempre habrá enemigos a vencer, a quienes no debemos dar cuartel! ¡Para eso estamos nosotros, los militares chavistas sin escrúpulos!, parece espetarnos con sus cínicas imprecaciones.

Y uno se pregunta, ¿Cómo encaja ello en el escenario de la supuesta normalización que Maduro pretende simular, de su interés por ser aceptado por la comunidad internacional y la continuidad de las negociaciones con sectores de oposición? La apelación a los primitivos esquemas represivos del chavismo y a colectivos fascistas que amedrentan la protesta no son buenos augurios.

No podía faltar, en este orden, la incesante alaraca «en defensa de la patria ante la agresión imperialista», para que sean levantadas las sanciones contra los personeros centrales del chavismo, violadores de derechos humanos, blanqueadores de dineros mal habidos y otras vagabunderías. Porque lo que en realidad se defiende, como los venezolanos estamos hartos de confirmar, es la impunidad con que los que se han apropiado del Estado han amasado inmensas fortunas, al amparo de la destrucción del ordenamiento constitucional y la democracia. Lo que queda son las ONG: ¡A defenderlas!

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

Las encomiables labores de muchas organizaciones no gubernamentales (ONGs) les han ganado la estima de la sociedad venezolana actual. Ante la destrucción de la economía y el colapso del Estado, con su consecuente incapacidad para responder a las múltiples demandas de la población, venezolanos conscientes, de gran sensibilidad social y espíritu solidario, dispuestos a ayudar al prójimo, fueron estructurando, en respuesta, organizaciones diversas.

Con sus esfuerzos en parcelas particulares del quehacer social, han ido llenando el vacío dejado por la devastación institucional. Así, en campos de la salud, educación, cultura, medios, alimentación, igualdad femenina, de los LGTBI, derechos indígenas, vejez, seguridad personal y muchos otros, el venezolano de a pie ha podido encontrar asistencia y amparo ante sus carencias. Pero es, sobre todo, en torno a la defensa de los derechos violentados por la represión, el acoso y la desidia de los círculos más elevados de poder, donde han adquirido más significación y prestancia. Porque sin derechos civiles y políticos elementales, el venezolano difícilmente puede luchar para hacer valer sus derechos en los demás ámbitos de su vida.

Y, sintiendo su poder desafiado por este compromiso de las ONGs por hacer respetar y cumplir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, instancias del chavo-madurismo han aprobado, en primera discusión de la asamblea oficialista, un proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

En el proyecto que leo en mi computadora, luego de unos primeros artículos anodinos sobre asuntos de registro, definiciones y otros aspectos administrativos, se hace conocer, a partir del artículo 7, su verdadera intención. Éste se intitula, “De la limitación de sus facultades”. Deben acotarse, expresamente, a “las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras, que estén fijadas en sus estatutos”. Suena lógico. Pero con base en tal enunciado se introducen acciones de supervisión y control por parte del Ejecutivo Nacional, como las sanciones correspondientes si se transgrede la norma, sobre todo si “comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil” (numeral 3, artículo 13). Para quienes carecen de suspicacia, la transgresión anterior se hace explícita más adelante, en el artículo 15, referente a las Prohibiciones:

“Las organizaciones no gubernamentales tendrán prohibido en todo el territorio nacional: 1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos 2. Realizar actividades políticas 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.

Dada la plasticidad complaciente con que jueces abyectos aplican la ley, el último numeral deja en manos de la discreción autocrática las demás actividades a prohibir. Entre las sanciones, está la disolución de la ONG, incluyendo “medidas cautelares … para evitar la continuación del delito.” Y, más adelante (artículo 16), se establece que, si la ONG no notifica lo que recibe como donaciones, “será castigada con la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad percibida, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar, en virtud de la legislación sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, si fuese el caso.”

Para disipar toda duda respecto a la intencionalidad de este proyecto de ley, basta leer su exposición de motivos. Parte de la existencia de una conspiración internacional que, “anclado en el derecho de asociación que está consagrado en la Constitución” (…) abusa de esta libertad a través de las ONGs, “en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares.” (…) “Un análisis riguroso (¡!) de estas instituciones permite observar que dependen casi en exclusiva de la «ayuda» de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica y que se relacionan con un marco de intervención.” Por tanto, la normativa a aprobar, “reivindica la soberanía del Estado” (OJO, no de la nación), para enfrentar esta amenaza. En palabras de Diosdado Cabello: “Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero”.

La esencia de todo régimen totalitario es copar todos los espacios de poder, controlando los aspectos más básicos de la vida en sociedad, para perpetuar la posición de dominio de quienes ejercen el poder central. Esto implica, por tanto, la prohibición de la política como ejercicio soberano de quienes integran la nación venezolana. La normativa en comento encubre este despropósito manifestando, en su artículo 3, que “facilita el derecho de asociación licita, previsto en la Constitución.” Sin embargo, el último artículo (17) aclara que: “De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos.” Reaparece, así, el adefesio comunitario, controlado desde el poder por las leyes dictadas al respecto, la versión chavista del Estado Corporativo fascista de Mussolini.

Aristóteles señaló que el ser humano es un zoon politikon (animal político). Afirmaba, así, el apremio de participar activamente en los asuntos públicos (res publica) de las ciudades-estado griegas, atributo central de su democracia. Hoy, la sociedad civil se activa en la forma de un poder ciudadano amparado en derechos individuales irrenunciables, sujetos al cumplimiento de sus deberes, que acreditan su demanda porque le sean rendido cuentas de manera transparente de la gestión pública y se le garantice justicia, conforme a los criterios contemplados en el contrato social (constitución) con base al cual se articula esa sociedad.

En Venezuela, al desmantelar el Estado de Derecho, la lucha por que sean observados los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna ha sido asumida, en sus diferentes manifestaciones, por las llamadas Organizaciones No Gubernamentales. Y es ese ejercicio de ciudadanía, contrapeso de los abusos cometidos desde el poder, lo que la autocracia militar despótica chavo-madurista no se puede permitir. Sobre todo, aquellas ONGs que denuncian sus atropellos ante los organismos defensores de los derechos humanos de la ONU y la OEA, así como ante la Corte Penal Internacional.

De ahí el acoso y persecución de activistas, su represión y encarcelamiento, la tortura de quienes luchan por la democracia, y la agresión contra medios de comunicación independientes, cuyo zarpazo más reciente ha sido el ataque, la semana pasada, contra el diario El Nacional. Ahora pretenden complementar su arsenal represivo con este instrumento jurídico para acabar con las ONGs que desafían el poder autoritario de quienes se han cogido el país para ellos, militares y civiles. Para los opresores, las ONGs estarían financiando actividades terroristas (¡!).

Es emblemática que esta ofensiva sea asumida por la figura más conspicua del fascismo venezolano, Diosdado Cabello. ¡Siempre habrá enemigos a vencer, a quienes no debemos dar cuartel! ¡Para eso estamos nosotros, los militares chavistas sin escrúpulos!, parece espetarnos con sus cínicas imprecaciones. Y uno se pregunta, ¿Cómo encaja ello en el escenario de la supuesta normalización que Maduro pretende simular, de su interés por ser aceptado por la comunidad internacional y la continuidad de las negociaciones con sectores de oposición? La apelación a los primitivos esquemas represivos del chavismo y a colectivos fascistas que amedrentan la protesta no son buenos augurios.

No podía faltar, en este orden, la incesante alaraca “en defensa de la patria ante la agresión imperialista”, para que sean levantadas las sanciones contra los personeros centrales del chavismo, violadores de derechos humanos, blanqueadores de dineros mal habidos y otras vagabunderías. Porque lo que en realidad se defiende, como los venezolanos estamos hartos de confirmar, es la impunidad con que los que se han apropiado del Estado han amasado inmensas fortunas, al amparo de la destrucción del ordenamiento constitucional y la democracia. Lo que queda son las ONGs: ¡A defenderlas!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Van tres semanas desde que una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015 tomara la decisión de eliminar la Presidencia Interina (PI) ejercida por Juan Guaidó. Razones de peso habrán tenido, ya que se trata de una figura con sustento en el artículo 233 de la Constitución. En sus primeros meses, además, representó un serio desafío al gobierno de facto, contando con el apoyo de unos 60 países democráticos. Permitió abrir numerosas delegaciones de la oposición democrática –embajadores ad-hoc—en muchos de ellos, así como tener voz en la OEA, en la persona de Gustavo Tarre Briceño. Asimismo, ofreció el marco de legitimidad para amparar valiosos activos venezolanos en el extranjero de las fauces depredadoras del fascismo chavo-madurista. Tomando esto en cuenta, un analista tan importante de la región, como es el periodista Andrés Oppenheimer, se extrañó por lo que calificó como un “suicidio político” de la oposición venezolana. Desde la reunión de Davos, Suiza, Ricardo Hausmann reportó, asimismo, el desconcierto al respecto entre dirigentes de países amigos.

Sin duda se nos debe una explicación. Tan importante experiencia no puede ser, simplemente, barrida bajo la alfombra como si no hubiera pasado nada, Claro, fracasó en lograr sus objetivos: “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Pero al comienzo ello fue bandera detrás de la cual se movilizaron impacientes mayorías, esperanzadas en que se sacarían de encima la peor gestión conocida en la historia petrolera de Venezuela. La pregunta a responder es, entonces, ¿por qué fracasó, por qué se fue quedando sin fuelle?

Cabrían dos explicaciones de por qué no se plasmó el cometido expuesto: una, que fue una quimera, pues no contaba con las condiciones necesarias para que pudiera coronar; y/o, dos, que los propósitos esgrimidos fueron saboteados, conscientemente o no, por acciones que impidieron su materialización. En el extremo, se insinúa, irresponsablemente, que la experiencia obedeció a una especie de capricho personal de Juan Guaidó y de VP, como si los diputados opositores que nombraron a Guaidó presidente de la Asamblea no tuvieran que ver. Si bien deben señalarse los errores cometidos desde la PI, algunos muy comprometedores, no puede soslayarse la corresponsabilidad de muchos personeros de la Asamblea 2015, como de las alianzas forjadas en su respaldo a nivel nacional e internacional.

De ahí la pertinencia de un análisis profundo que esclarezca los desaciertos del interinato y sus aciertos, como aprendizaje valioso en la lucha por restituir la democracia. Además de ubicar responsabilidades a considerar a la hora de conformar un liderazgo democrático confiable, conectado con las aspiraciones de la gente, debe servir para calibrar mejor las causas de que Maduro y sus cómplices permanezcan en el poder. Superar una dictadura fascista no es, simplemente, “soplar y hacer botellas”.

Pero a estas alturas, las razones que llevaron al cese de la PI no han salido al conocimiento público. Tampoco la rendición de cuentas sobre su gestión que prometió Guaidó, ni las que les pidió a quienes colaboraron en ella. En vez de aclarar las cosas, parte de la dirigencia opositora decidió, como en el cuento, tirar al bebé junto al agua sucia de la tina. Su silencio –inaceptable-- sugiere explicaciones poco edificantes sobre rivalidades por el liderazgo en el seno de la alianza opositora en la Asamblea –entrarían aquí las recriminaciones de Leopoldo López-- o que la eliminación de la PI representó un gesto hacia el régimen buscando comprometerlo, en reciprocidad, con concesiones hacia el avance de una apertura democrática. De ser este el espejismo, ¿Qué han manifestado los personeros del régimen?

En estos primeros días de 2023, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, giró órdenes de captura a Julio Borges y a quienes ocupan la directiva recién nombrada de la Asamblea de 2015, Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, asilados todos en el extranjero por la persecución política en su contra. Luego Jorge Rodríguez, jefe del equipo chavo-madurista en las negociaciones reiniciadas en México, pone en suspenso los objetivos siguientes de la carta compromiso, como son la liberación de los presos políticos y lo referente a negociar condiciones electorales confiables, porque no se han entregado los $3 millardos acordados entre las partes para ayuda humanitaria. Se lanzan a la calle bandas fascistas motorizadas para amedrentar a educadores y empleados públicos en protesta por una remuneración digna y aparece la saña de Diosdado Cabello anunciando que la asamblea madurista aprobará una ley en para “controlar el financiamiento a las ONGs que conspiran contra el país”.

Convencidos de que tienen ahora la vía despejada para tratar con el gobierno de EE.UU., aumentan sus aullidos para que les sean retiradas las sanciones impuestas en su contra. Maduro, ya abandonada toda pretensión de ajustar sus alocuciones a la realidad, ofrece como razón del empobrecimiento atroz de los venezolanos --del que es el responsable principal--, una cifra sacada del aire de $232 millardos (¡!) como ingresos dejados de percibir en razón de las mismas. Y, en ese mundo al revés que proyecta todo totalitarismo, convoca a “los trabajadores” a protestar en su contra. No son, precisamente, señales auspiciadoras de una actitud favorable a acuerdos para una transición democrática.

Mientras, sigue a galope cada vez más fuerte la inflación come-salarios, continúa la flagrante violación de los derechos elementales de más de 250 compatriotas encarcelados sine die por razones políticas, se hacen crónicas las interrupciones del servicio eléctrica y del suministro de agua, y avanza el proceso de silenciamiento y acoso generalizado a periodistas y medios de comunicación.

Sorprende, salvo algunas declaraciones de Gerardo Blyde y de Juan Guaidó, la falta de respuestas claras y contundentes del liderazgo político opositor ante esta situación. Contrasta con las protestas masivas, a lo largo y ancho del país, por parte de educadores, empleados públicos y trabajadores de Guayana en contra de la funesta conducción del país a manos de Maduro y sus cómplices (a la hora de escribir estas líneas, no han ocurrido las movilizaciones convocadas en ocasión del 23 de enero).

¿Cómo es que no se anuncian lineamientos creíbles de un modelo alternativo, democrático y bien fundamentado económicamente, capaz de sembrar la confianza y la voluntad de cambio de tantos venezolanos hartos de su miseria? Si es verdad que la PI representaba una traba jpara avanzar en esa dirección, ¿qué les ofrece ahora el liderazgo político opositor a los venezolanos? ¿Cómo conectar las protestas con la aspiración de sacar de las primarias programadas para este año, un liderazgo democrático fuerte, reconocido, que canalice estas justas demandas de mejora hacia el cambio político tan necesitado?

Y, quizás aquí, se le encuentre sentido a la situación producida por la defenestración de la PI por parte de los partidos AD, UNT y PJ. Pone de manifiesto, a la luz de esas movilizaciones que están animando a los venezolanos, que la dirigencia política existente, con largos años al frente de sus respectivos partidos, debe abrir paso a un renacer de las fuerzas democráticas.

Muchos han dejado la piel en sus esfuerzos por lograr el retorno a la democracia, pero, a estas alturas, parecen haberse desconectado del sentir de la gente. Sus sacrificios no deben inhibir que expresemos nuestra aspiración de ver entrar aires frescos y mejor posicionados para avanzar en nuestros propósitos. Los honraría acompañar el pase de la batuta con una autocrítica sincera, a manera de rendición de cuentas a los venezolanos. De eso trata la democracia. Es demasiado lo que está en juego. Desde una perspectiva optimista, podríamos augurar un nuevo amanecer, prometedor, encarnado en un liderazgo renovado capaz de aunar voluntades a favor de ponerle fin a tan desastrosa gestión del Estado.

Venezuela se “ha arreglado” sólo para una exigua minoría, aquella que se recrea en el “Manhattan” con que retratan la urbanización de Las Mercedes en Caracas, con exhibiciones de Ferraris a la venta, fastuosos edificios de oficina y restaurantes colgantes, mientras el país se muere de hambre. Muchos hemos perdido el derecho a disfrutar de una jubilación merecida después de tantos años de servicio. A los jóvenes se les ha robado su futuro. Los más, han perdido las condiciones básicas de una existencia digna, amparada en servicios públicos eficientes, buena alimentación y libertad. ¿Hasta cuándo?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El inicio de año suele acompañarse de esperanzas de mejora, como si las trabas y malas energías que frustraron nuestras aspiraciones el año pasado se hubiesen ido con él. Quizás por razones de fe, emergen expectativas positivas: no merecemos las penurias a que nos ha condenado el chavo-madurismo. Bienvenidas sean, si ello se plasma en una disposición de lucha por superar las dificultades que agrian nuestro derecho a una vida mejor. Y este ánimo parece inaugurar el 2023; multitudinarias manifestaciones de docentes en pueblos y ciudades a lo largo de la nación y también de los Sidoristas en Guayana, protestando en contra de sus deplorables condiciones de vida y de trabajo. Pero, a juzgar por la visión edulcorada de “recuperación” que presentó Maduro la semana pasada en su Memoria y Cuenta, tales movilizaciones no tendrían razón de ser. ¿Realmente se recupera el país bajo Maduro?

La economía fue descrita como ciencia “lúgubre” (dismal) por parte del filósofo escocés del siglo XVIII, Thomas Carlyle. Aunque nos tilden de “aguafiestas”, debemos señalar que la superación de la miseria material de las mayorías venezolanas no será sin incrementos sostenidos en la productividad. Es decir, sin una aplicación cada vez más eficiente de los recursos a nuestra disposición para producir los bienes y servicios que requerimos. Y por integrar una economía globalizada, esta eficiencia debe reflejarse en ventajas competitivas en suficientes sectores como para pagar por nuestras importaciones.

Solemos obviar esta verdad básica, porque fuimos amamantados en la idea de que teníamos a mano una riqueza inagotable --la renta petrolera-- que eventualmente vendría al rescate. Las políticas de reparto dispendioso de Chávez, junto a la temporada de caza (de rentas) que abrió el desmantelamiento de las instituciones, afianzaron tal visión. Pero también destruyeron la gallina de los huevos de oro.

Incrementos en la productividad de una empresa resultan de la inversión en maquinarias y equipos mejorados, la mayor preparación de su fuerza de trabajo, la optimización de sus procesos de procura, manejo de inventarios y venta, y de una organización y una gerencia ágil y abierta. Éstos y otros aspectos engloban la incorporación, por distintas vías, del progreso tecnológico. Suelen entenderse como el ámbito de acción de la propia empresa.

Pero la instrumentación de estas mejoras está sujeta a incentivos, expectativas y posibilidades de financiamiento, amén de las condiciones del entorno que permitan su desempeño exitoso. En Venezuela este contexto es, como sabemos, muy adverso.

Además de enfatizar medidas propicias a la innovación y al fortalecimiento competitivo de empresas particulares, es menester identificar las trabas (deseconomías externas) que tanto merman el uso eficiente de los recursos existentes y que desincentivan el trabajo creativo. Si bien la liberalización de precios y del uso de divisas ha permitido iniciativas particulares alentadoras –la necesidad es la madre de la inventiva—, son apenas una sombra de las potencialidades que representa la vasta subutilización de recursos productivos, resultado de la destrucción urdida por la gestión chavo-madurista.

Un paso básico para poder aumentar rápidamente la productividad del país como un todo es lograr el mayor aprovechamiento posible de la inmensa capacidad ociosa del aparato productivo doméstico, tanto del campo como de la ciudad. Idealmente, aumentaría significativamente el producto sin tener que hacer importantes inversiones o sin incurrir en mayores costos. Lamentablemente, no es así, dado el grado de destrucción del tejido industrial, la desaparición de proveedores y de servicios especializados, la emigración de mano de obra calificada y de talento profesional, la reducidísima capacidad financiera de la banca y, desde luego, el colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física.

¿Cuánto pierden talleres, fábricas o comercios, por la caída del suministro eléctrico, del agua o del gas, o por tener que adquirir una planta eléctrica de emergencia? ¿Cuál es el costo para un negocio pequeño, de un transporte encarecido por las esperas interminables para cargar combustible? ¿Cuánto añade al precio final de la producción agrícola el mal estado de los caminos, la falta de gasolina y reponer el matraqueo de la Guardia en los peajes? ¿Cómo lidiar con los bajos salarios, las fallas de transporte, la inseguridad personal y el deterioro de los servicios de salud que tanto perjudican a los trabajadores?

En fin, la lista puede alargarse mucho más. Los empresarios, en épocas mejores, ya se referían a estas deficiencias como “el costo Venezuela”, que lastraban su competitividad. Hoy la situación es mucho peor; un país destruido y un Estado desguazado y, por tanto, incapaz de responder apropiadamente a los problemas nacionales. Además, debe sumarse las comisiones, extorsiones, robos y corruptelas que, amén de la inseguridad en general, pechan las actividades productivas. En ausencia de restricciones cambiarias y arancelarias, la existencia de este “costo Venezuela”, inflado, hace que la sobrevivencia de muchos negocios dependa de las bajas remuneraciones a sus empleados y trabajadores, muy inferiores a las de nuestros vecinos latinoamericanos. Por más eficiente que sea una empresa en sus actividades internas, su mayor productividad es anulada por estas deseconomías externas “revolucionarias”. Obvio que, en estas condiciones, no puede aspirarse a aumentos apreciables en el ingreso de la población.

Pero Maduro y sus cómplices se evaden construyendo un mundo de fantasía que hace desaparecer tales “menudencias”. Inventan una cifra descomunal de pérdidas atribuidas a las sanciones --¡232 mil millones de dólares desde 2015!— para ocultar su responsabilidad en la pauperización de los venezolanos.

Sucede que la prohibición de operaciones financieras a través de la banca de EE.UU. es de 2017, año en que Venezuela entró, de hecho, en default, por no poder servir la enorme deuda acumulada por Chávez y su pupilo. Para ese año, el BCV registró un PIB que se había reducido en más del 36% durante la gestión de Maduro en la presidencia. Y las sanciones petroleras se aprobaron en 2019. Para entonces, según cifras oficiales, la producción de crudo apenas superaba la tercera parte de la de 2012. La caída estimada del PIB –porque se dejaron de publicar cifras oficiales—rozaban el 60%. Y no se detuvo hasta 2021, cuando el valor de las actividades económicas en el país se había encogido a la cuarta parte del de 2013.

Maduro ahora alardea que el año pasado la economía creció en un 15%. Suponiendo, incluso, que esta cifra fuese creíble, implicaría recuperar sólo un 3,75% de lo que se produjo en 2013. Sabemos, además, que este incremento fue aprovechado por muy pocos. Al cerrar 2022 la inflación se había comido buena parte de los aumentos salariales de marzo, y el salario mínimo había caído a menos de siete dólares mensuales, unas 50 veces inferior al promedio latinoamericano.

El gobierno de Maduro amenaza con anunciar nuevas medidas salariales, aquellas que, sin mejoras en la productividad, se financiarán con emisión monetaria, combustible para la inflación. Porque, en ausencia de la restitución de las garantías, derechos a la propiedad, resolución ágil de disputas, financiamiento, recuperación del crédito internacional y de la capacidad del Estado --con rendición de cuentas y transparencia en su gestión--, Venezuela continuará sumida en la trampa en que la colocó el chavo-madurismo. Y no puede quedar fuera el pisoteo de los derechos humanos, con unos doscientos cincuenta presos políticos, emisoras cerradas y represión. Ello es consustancial a esa trampa, construida con las alianzas tejidas por Maduro para mantenerse en el poder, cuya base es el desmantelamiento del Estado de derecho. El régimen de expoliación instalado no es un accidente; tiene poderosos dolientes, sobre todo entre el reducido grupo de militares traidores que controlan la cúpula castrense.

Recuperar la capacidad productiva de petróleo tardará años y requerirá la inversión de decenas de millardos de dólares. Sanear el Estado y poner a funcionar los servicios públicos, requiere también de recursos mil millonarios, que sólo la banca multilateral puede dar. Y las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, apenas se asomarán, da no haber cambios fundamentales en la situación del país. Y sin ello, la productividad global de nuestra economía permanecerá en el subsuelo y, con ello, las remuneraciones de todo aquel que no esté bien enchufado.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El año que comienza encierra un formidable desafío para los venezolanos demócratas: construir una fuerza política lo suficientemente amplia, incluyente y enraizada en las aspiraciones de las amplias mayorías que asegure su confianza, requisito para forjar una victoria electoral en 2024, y poner así fin a lo que ha sido, sin duda, el peor gobierno de Venezuela desde que los proventos del petróleo permitieron la consolidación del Estado nacional.

Elemento importante habrá de ser, desde luego, la culminación exitosa del proceso de primarias entre las fuerzas opositoras para escoger un candidato unitario que pueda encarnar las esperanzas de esas mayorías. Habrá de resultar, necesariamente, de una conducción certera del liderazgo político, capaz de capitalizar las ventajas inherentes a la propuesta de cambio y reducir las vulnerabilidades que ha permitido a la dictadura prolongar su poder.

Lamentablemente, el año arranca con mal pie. Una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015, conformada por los partidos AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, acordó cesar la Presidencia Interina (PI), obviando la importancia de conservar la legitimidad constitucional frente al régimen de facto. Al violentar el ordenamiento de nuestra Carta Magna, éste se convirtió en dictadura.

Recuperar la democracia implica, por tanto, apelar a la Constitución para rescatar las instituciones que fundamentan los derechos que le dan contenido. Dado el fraude electoral de 2018, la fórmula residió, como sabemos, en su artículo 233. Establece el nombramiento provisional del presidente de la Asamblea Nacional en ese cargo ante la inexistencia de un presidente (legítimo).

Por tanto, como han reiterado meritorios juristas, el interinato que recayó en Juan Guaidó no deriva de las atribuciones de la Asamblea Nacional, sino de la Constitución. No corresponde a aquella cesarlo si aún persisten las condiciones que le dieron origen. Es inconsistente, además, que una Asamblea que argumenta legitimidad en términos similares al de la PI –alegando que la elección de la Asamblea madurista no fue válida (constitucionalmente)— ignore tal fundamentación cuando se trata de deshacerse de la PI. Peor aún, en su decisión crea un Consejo de Administración y Protección de Activos que pretende arrogarse potestades de resguardo y ejecución de activos nacionales mantenidos en el extranjero, propias del poder Ejecutivo. Al quebrantar el precepto básico de la división y autonomía de poderes, viola de nuevo la Constitución. ¿Ante quién rendirá cuentas este consejo, quién lo controlará?

Para superar de manera expedita el problema del deterioro percibido en la legitimidad política de Guaidó en la PI, los tres partidos deciden acabar con uno de los elementos decisivos que deben distinguir la opción opositora ante el gobierno de facto de Maduro: su legitimidad constitucional. No pretenden estas líneas hacer un balance del interinato. Coincido, con muchos, en que se cometieron graves errores que terminaron atrincherando más a Maduro. En retrospectiva, es relativamente fácil señalarlos.

Está el caso del pretendido alzamiento del 30 de abril de 2019 sin contar con las condiciones que asegurasen su éxito. Se entiende que una acción de esta naturaleza no puede someterse a la consulta democrática, ¿Pero fue una decisión exclusivamente personal? Porque es también fácil olvidarse, interesadamente, del entusiasmo y apoyo que, en sus comienzos, suscitaron muchas de las posturas asumidas desde la PI. Al asumirse como poder legislativo legítimo, la Asamblea electa en 2015 debía haber evaluado y controlado la acción de la PI para reducir su vulnerabilidad ante el asedio antidemocrático. Por ejemplo, los señalamientos en torno a la gestión de Monómeros –nunca bien aclarados–, no dio lugar a medidas. Se evidencia, por ende, que la pérdida de legitimidad política se extiende a la oposición en general.

Repito, es fácil, en retrospectiva, señalar yerros, más cuando se comenta desde la distancia. Pero ello no impide exigir un mínimo de consistencia cuando se tome una decisión de trascendencia política, como la tomada por los tres partidos en cuestión, en vez de echarle todo el muerto a Juan Guaidó.

Si la Asamblea electa en 2015 se considera legítima, es porque reclama el derecho a asumir las responsabilidades que conciernen al poder legislativo, a pesar del desconocimiento del gobierno de facto. Entre éstas estaría designar un nuevo presidente (de la Asamblea) y, por tanto, a quien le toca ejercer la PI, o fijar límites claros a su gestión, sujetos a la rendición adecuada de cuentas. La caída en la aceptación popular de todas las fuerzas opositoras, no obstante, el hecho de que la inmensa mayoría sigue rechazando al gobierno de facto, es señal clara de que comparten la pérdida de legitimidad política. Se perciben incapaces de conectarse con las aspiraciones y problemas reales de la gente. Inspiran poca confianza. Y menos ahora cuando su incapacidad de procesar diferencias políticas en su seno sin desestimar el orden constitucional, dejan entrever la prevalencia de intereses subalternos.

Las fuerzas democráticas enfrentan a un régimen que abdicó de su legitimidad al conculcar, con la complicidad de un tsj írrito, las potestades del Poder Legislativo electo en 2015 y al pretender perpetuarse con procesos electorales amañados que niegan la alternabilidad. Este atropello a la institucionalidad democrática fue acompañado de un despliegue de acciones represivas ante la protesta ciudadana, con saldo de muertes, torturas y persecuciones. Este irrespeto abierto a los derechos humanos ahondó aún más su ilegitimidad, ahora también en términos éticos y de justicia.

Finalmente, la ausencia de contrapesos y la anuencia de un poder judicial cómplice les allanó el camino a muchos «revolucionarios» para entrarle a saco a las arcas públicas, destruyendo los servicios básicos a la población y condenando a las mayorías a niveles de miseria impensadas en un país con los recursos petroleros de Venezuela. La «tapa del frasco» dictatorial ha sido al atropello o cierre de medios de comunicación independientes, más de 100 radiodifusoras en los últimos meses.

La violación abierta del orden constitucional por parte del régimen de facto de Maduro ha provocado su rechazo por parte de gobiernos democráticos de Europa y América. Ello se ha concretado, entre otras cosas, en sanciones a quienes han sido señalados como violadores de derechos humanos y de atentar contra la democracia, o de estar incursos en lavados de dinero o tráfico de drogas. Pero también en negarle a la actual gestión de Maduro, en atención a su ilegitimidad, el manejo de recursos de la nación ubicados en algunos de esos países. La legitimidad constitucional de una representación nacional alterna, la de la PI, ha sido factor tomado en cuenta para esta determinación.

Es obvio que los países desarrollados tienen sus propios intereses, pero también –al menos entre las democracias más importantes—que la defensa de valores y principios liberales de convivencia y respeto a los derechos humanos constituyen un activo que aprecian, pues aumenta su ascendencia (softpower) ante aquellas naciones que buscan, de ellas, liderazgo e inspiración. No siempre logran conciliar ambos aspectos, pero en el caso venezolano, el apego a la Constitución por parte de las fuerzas democráticas les facilitó asumir una postura consistente con la defensa de los activos de nuestra nación en el exterior ante la voracidad de los apetitos expoliadores de quienes controlan el poder. Limó en algo el alcance de la acusación de injerencia parcializada proferida por parte de regímenes dictatoriales amigos de Maduro.

Ahora que las circunstancias internacionales se han alterado por la invasión rusa a Ucrania y por la amenaza percibida por algunos en el empoderamiento de China, cabe preguntarse si, ante los avatares de la lucha democrática en un país de menor importancia, seguirán prevaleciendo decisiones que amparen los bienes nacionales de la voracidad chavo-madurista o se impondrán cambios en razón de otros intereses estratégicos en EE.UU. y la UE. Estamos hablando de Citgo, del oro de las reservas venezolanas custodiado por el Banco de Inglaterra y de otros activos.

No ayuda en nada reclamar soberanía sobre estos activos a partir de un ente que consume la violación del ordenamiento constitucional, como es el Consejo de Administración y Protección de Activos. Tampoco la pretensión de superar las incomodidades e insuficiencias de una PI poco presta a una gestión consensuada, recurriendo a procedimientos reminiscentes de la politiquería que tanto daño causó a nuestra democracia en el pasado. ¿Así se construye la unidad que desplazará al fascismo?

Mail: humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.

La escalada en el precio de la divisa, su presión al alza de los precios internos, y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y de quienes dependen de otras rentas fijas, pone de manifiesto el callejón sin salida a que Maduro ha conducido la economía. Quiso ganar méritos con la liberalización de precios y de la divisa, pero sin alterar la esencia del régimen de expoliación que instauró su mentor desmontando el Estado de Derecho. Un poquito de historia ayuda a poner el problema en perspectiva.

Chávez llegó al poder con una prédica populista y patriotera que prometía redimir al “Pueblo”. Su éxito requería allanar las condiciones para repartir la renta petrolera a discreción entre sus partidarios, sin restricciones de ningún tipo. Fue clave para superar las dificultades políticas que inicialmente provocó la acción de su gobierno. Por tanto, desmanteló sucesivamente aquellas instituciones que se interponían al ejercicio de su voluntad, pues ésta no era otra cosa que su “revolución”. El vacío de poder resultante lo llenó con su autoridad personal omnímoda, amparada en el carisma que arrojó su irreverencia ante normas y poderes establecidos, y la portentosa renta petrolera captada, sobre todo a partir de 2006, que alimentó el gasto populista. Desactivado el imperio de la ley, pudieron cobijarse bajo su ala protectora apetitos depredadores de toda laya. Su único compromiso era profesar lealtad a quien profesaba ser el hijo genuino del Libertador. Así Chávez pudo instrumentar su ascendencia y la prolífica renta que cayó en sus manos para forjar complicidades que consolidarían su apoyo, sobre todo entre militares corruptos.

Maduro, designado sucesor del “eterno”, no contó con el carisma de aquél ni con los montos de renta que alegremente dilapidó para granjearse apoyos. Ante la ausencia del poder personal de su mentor, optó por enfrentar el vacío institucional montando una institucionalidad paralela. La complicidad de un poder judicial corrupto le permitió violentar abiertamente el orden constitucional para desactivar un poder legislativo en manos de fuerzas democráticas y, con ello, alegar un régimen de emergencia permanente para gobernar por decreto, hacerse aprobar sus presupuestos ante el tsj abyecto y acentuar los controles sobre la economía. Y, frente las protestas, arreció con medidas de represión que dejaron centenares de muertos y consolidó un régimen implacable de terrorismo de Estado. Complementó su golpe poniendo a militares traidores al frente de responsabilidades políticas y económicas cruciales –incluida PdVSA—y trampeando el sistema electoral para instalar una supuesta asamblea constituyente y “reelegirse”. Es decir, contribuyó a “institucionalizar” el entresijo de intereses que conforman el régimen de expoliación. Con ello se llevó a la economía por delante, reduciéndola a menos de la cuarta parte de cuando llegó a la presidencia y desatando una cruel hiperinflación. Llevó a millones a la miseria, al destierro o la muerte.

La liberalización de algunos controles de precio, de la circulación del dólar y las medidas para abatir la hiperinflación –asesoradas por profesionales vinculados al expresidente ecuatoriano Rafael Correa--se montó sobre tal bagaje. Y, dada la enorme potencialidad de la economía venezolana, sofocada por años, estos respiros iniciales detuvieron la caída libre de la actividad productiva y esta empezó a crecer. A la par, la dolarización se reflejó en la proliferación de comercios de importación –los bodegones—y la revitalización de algunas construcciones en el este de Caracas. La hiperinflación cedió, al fin, al quemar divisas para retrasar el ajuste cambiario, reducir el gasto público –rebajando drásticamente los sueldos (reales) de los empleados—y secando el crédito bancario con encajes prohibitivos. Fueron los ingredientes de la tan cacareada “normalización” de la economía de la que alardeó Maduro.

Simular tal vitrina buscó tapar el colapso de los servicios públicos, incluyendo a la salud y la educación, la miseria de quienes no disponían de dólares, la destrucción de PdVSA y la escasez de gasolina, y el hecho de que la inflación todavía era de las mayores del mundo, sólo superada por la de Zimbabue. Bajo la superficie se imponía la realidad de una economía devastada, ingresos fiscales insuficientes, una corrupción desatada y una administración pública sin capacidad de respuesta.

Pero la pretensión de Maduro de cosechar réditos surfeando la ola de una promisoria liberalización incipiente se olvidó de lo más importante: sin garantías, no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión la “normalización” hace aguas. En primer lugar, porque –como hemos explicado en otras oportunidades—intentar estabilizar una economía con niveles de desempleo tan altos solo con medidas de contracción monetaria, atenta contra la recuperación económica e impide, por tanto, incrementar la recaudación fiscal. Siendo que la República está en default desde 2017 e impedida, además, de acceder al sistema financiero de EE.UU. por las sanciones, tampoco tiene acceso al financiamiento externo. Todo aumento del gasto, bien sea para atender una mejora salarial o de los servicios públicos tropieza con la falta de recursos. Se financia, por ende, con emisión monetaria (dinero “inorgánico”), combustible de la inflación y de la disparada del dólar. En segundo lugar, sin inversión no hay crecimiento de la producción y de la capacidad exportadora, del empleo y de la productividad. Recurrir al dinero de Monopolio para incrementar los salarios, resultó una burla que hoy agota la paciencia de sectores crecientes.

Las reservas internacionales están en su mínimo histórico y ya no es posible contener el alza del dólar. Desde principios de mes (diciembre), el bolívar se ha depreciado en casi un 40%. La inflación se acelera y aumenta el malestar. Los servicios públicos están cada vez peores y recrudece la escasez de gasolina. Se acabó la cuerda de la “normalización” de Maduro. Al aproximarse las elecciones presidenciales, ¿Qué va a hacer? ¿Volver a decretar aumentos salariales imprimiendo dinero, o renegar de éstas? La reversión a un proceso de hiperinflación es una posibilidad real. Zimbabue parece estar en camino.

No hay manera de estabilizar exitosamente la economía venezolana si no se crean condiciones para incentivar la inversión productiva. Pero para ello son menester las garantías y seguridades provenientes del ordenamiento constitucional, así como su observación estricta por parte de los distintos órganos del Estado. Ello es condición sine qua non, además, para concertar importantes créditos con los multilaterales y negociar la reestructuración de la cuantiosa deuda externa que agobia a la República. Pero cumplir con estas condiciones implica desmontar el régimen de expoliación, razón de ser de la “revolución” bolivariana. De ahí el callejón sin salida en que se encuentra Maduro. O restablece las garantías, arremete contra los corruptos y garantiza la realización de unas elecciones creíbles, que abran las puertas al restablecimiento pleno de los derechos ciudadanos, o se cierra tras el andamiaje del Estado de Terror y de la falta de garantías que ha erigido para capear el creciente temporal con base en la represión. El cierre reciente de unas 100 emisoras de radio de provincia no es muy alentador.

La apuesta de Maduro es lograr escapar de este desiderátum con el levantamiento de las sanciones que tanto han fastidiado la voracidad depredadora de sus cómplices. Cree que, así, podrá conservar el apoyo de éstos y lograr, a la vez, un mejor posicionamiento interno para enfrentar las elecciones con mejoras puntuales, sin hacer excesivas trampas. Ya ha confesado que, no habrá elecciones confiables si no se le concede su deseo. Y empiezan a salivar Diosdado Cabello y otros con la perspectiva de oportunidades que entrevén con la dispensa otorgada a la empresa Chevron para exportar petróleo venezolano y con los USD 3 mil millones para atender la emergencia humanitaria. Caimanes en boca de caño.

De ahí lo decisivo de una negociación sólida y coherente con los objetivos planteados. Liberar los presos políticos, recuperar las garantías básicas y garantizar unas elecciones confiables, deben ser condiciones para acceder al levantamiento progresivo –contra verificación de avances concretos—de las sanciones. Obviamente, ello dependerá de la sintonía lograda con quienes han instrumentado estas sanciones en torno a los objetivos buscados y la estrategia para logarlos. Esperemos que el liderazgo democrático esté a la altura.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Nos hemos echado el cuento tantas veces que, a estas alturas, nos creemos curados de espantos. No obstante, como es una deformación que, prácticamente, corre por nuestras venas, no está de más una nueva repasada. Y es que el rentismo está intrínsecamente implicado en la ascendencia y consolidación de la dictadura chavo-madurista. Ahora que la negociación entre el régimen y la plataforma unitaria acuerda la liberación de fondos para atender la emergencia humanitaria, es aún más pertinente.

Comencemos precisando qué se entiende por “renta”. Se refiere al beneficio extraordinario que capta el propietario de un recurso al explotarlo en condiciones en las que no priva la competencia. Se trata, por ende, de una ganancia monopólica, superior al ingreso que obtendría en mercados competidos. La acepción que nos interesa aquí deriva del usufructo exclusivo de un recurso finito de mayor productividad o rendimiento, como sucede con las tierras particularmente fértiles, afín al concepto de renta diferencial desarrollado por el economista inglés del siglo XIX, David Ricardo. Es distinta a las denominadas seudo-rentas de innovación que impulsan la competencia (monopólica) de hoy. Éstas son ganancias extraordinarias que resultan del éxito comercial de una innovación, pero que son abatidas constantemente por mejoras que, a la vez, introducen los competidores. En todo caso, como no se cansaba de enfatizar el académico Asdrúbal Baptista, la renta consiste en “un ingreso no producido”.

El Estado venezolano, propietario por disposición constitucional de un recurso del subsuelo, el petróleo, cuya extracción ha tenido, históricamente, bajos costos relativos y que, desde los años ’70, ha disfrutado de políticas de control de la oferta coordinadas a través de la OPEP, ha captado enormes rentas por su venta en el mercado internacional. Su impacto económico deriva de la forma en que se distribuye, suponiendo, claro está, que el petróleo logra extraerse. Está sujeto, por tanto, a determinaciones políticas más que económicas. Su usufructo no está acotado por imperativos de racionalidad económica, como son las llamadas “leyes de mercado”, sino por la normativa plasmada en el marco institucional que rige a la nación, su constitución y sus leyes. Felizmente, la vocación democrática de quienes dirigieron al Estado luego de la caída de Pérez Jiménez acató, mal que bien, estas limitaciones.

En ello competían AD y COPEI. Disponer de estos portentosos recursos no era pequeña cosa, sobre todo con el boom petrolero de los ‘70. A pesar de estar en el interés político de cada uno denunciar al otro si, estando en el poder, se desviaba de la norma, la tentación llevó a componendas que poco a poco fueron introduciendo, lamentablemente, márgenes crecientes de discrecionalidad en el manejo de la renta. Ello se reflejó, además, en una panoplia de incentivos y castigos diversos que alimentaron la caza de rentas, dispensadas por decisiones tomadas por alguno que otro funcionario con poder. Fue la razón de muchos negocios, desplazando a la vocación productiva, propiamente dicha. A la vez, buena parte de la población se acostumbró a exigir una variedad de derechos sin que mediara el cumplimiento de sus deberes --como ciudadanos corresponsables-- para que éstos pudieran cumplirse debidamente.

Crecientemente, la cultura rentista sentó las bases de una perspectiva política interesada en “relativizar” las acotaciones del Estado de Derecho. Si los abundantes recursos –la renta-- estaban disponibles y las necesidades (o los dividendos políticos de distribuirlos) eran tantos, ¿por qué no saltarse de una u otra forma las restricciones para dedicarlos a la solución de los ingentes problemas del país? Y, en una sociedad amamantada en el culto al héroe –el Libertador-, este voluntarismo redentor y patriotero no tardó en fructificar en la opción populista revolucionaria que, una vez en el poder, destruyó al país.

Es menester entender que, si quien maneja la renta maneja a la nación –resuelve problemas a discreción y cosecha, en consecuencia, triunfos políticos--, ello se traduce en un sentido de apropiación del país. Venezuela le pertenece. Y ello se percibe de manera prístina en los personeros de la llamada “revolución bolivariana”: ellos no son una opción política más que compite por la conducción de las riendas del Estado, son los auténticos venezolanos, los patriotas, dueños del país. Esta apropiación ha sido abonada, tanto con el alegato de ser genuinos herederos de Bolívar, como por las posturas izquierdosas de algunos dirigentes “revolucionarios” que pregonaban romper con la “racionalidad del mercado” a fin de instaurar el socialismo. La prosecución de la justicia social dictaba que, desde el poder, se distribuyese directamente los proventos de la exportación petrolera. Para ello, había que desmantelar el Estado de Derecho burgués. El bienestar material de la gente no debía quedar restringida por legalismos o supuestas leyes de mercado, sino proseguirse directamente por voluntad “revolucionaria”.

Sabemos que tales ideas, que bien pudieran haberse creído inicialmente con sinceridad por algunos chavistas, degeneraron rápidamente ante las realidades de un poder sin transparencia, ni rendición de cuentas, y sin los contrapoderes –incluyendo los medios de comunicación libres—que contuvieran sus abusos. La impostura resultante del discurso cumplía, ahora, otra finalidad. Ya no era el ideario legitimador de un proyecto político ante las masas, en pugna con otras opciones de poder, sino un credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. El chavismo y su degradación madurista se cerró sobre sí mismo, convirtiéndose en una secta de fanáticos, para quienes los clichés que se repetían a sí mismos se transformaban en “verdades reveladas”. Se prescindió, así, de toda necesidad de entender la realidad tal cual es, para “justificar” sus ejecutorias.

La estupidez a que puede conducir esta postura es ilustrada por el reciente informe de la comisión especial de la asamblea nacional madurista para investigar crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero[1]. Sin rubor alguno, afirma como culpable a una “campaña de la neurociencia”, que convierte a la migración “en arma injerencista y desestabilizadora contra la Nación venezolana (cuyas) herramientas fundamentales fueron las emociones inducidas. A saber: el miedo, ansiedad y angustia usados como debilitadores mentales estimulantes de decisiones instintivas, son decisiones que derivan solamente por estímulo al cerebro reptiliano o reptil, el cerebro primitivo humano”. Los millones de venezolanos que migraron no lo hicieron por la gravísima crisis económica y social, o por la persecución política. Fueron “mentalmente expulsados de la patria” (¡¡!!)

Con tales argumentos autocomplacientes el chavo-madurismo aborda también los demás ámbitos de su existencia. Las fortunas amasadas por jerarcas políticos, enchufados y militares traidores no se deben a corruptelas. Obedecen al merecimiento que depara ser conductores de un proceso de redención de la patria, definido en términos de sus propios criterios. Las potestades y sinecuras que disfrutan son prueba de que la “revolución” triunfó; disponen ahora de los recursos que permiten una vida holgada. Allá quienes se autoexcluyeron o, peor aún, se dedicaron a sabotear el proceso como opositores. Todo el castigo de la “justicia revolucionaria” debe caer sobre ellos: presidio, tortura, confiscación de bienes, discriminación en el acceso a los bienes públicos y hasta la muerte por represión, si no puede evitarse.

Acaba de acordarse la cooperación entre el gobierno de facto y los representantes de la plataforma unitaria (oposición) para liberar unos USD 3.000 millones congelados en el extranjero, con el fin de atender la emergencia humanitaria de los venezolanos, fundamentalmente en salud y servicio eléctrico. Se informa que habrá de administrarse bajo supervisión de la ONU. Como incentivo a la negociación, el gobierno de EE.UU. dispensa a la Chevron para que pueda reanudar sus operaciones en Venezuela y exporte petróleo, siempre que sus proventos no ingresen a las arcas del Estado o de la PdVSA corrupta. Bien que así sea. Son los resguardos obligados de negociar con mentes dañadas, pendientes de lograr la incorporación, después de todo, a Alec Saab a su delegación, en la figura de su esposa, Camila Fabri, como triunfo. Son esas las prioridades de la secta en el poder, por si acaso no lo sabíamos.

[1]https://cronica.uno/comision-de-la-an-culpa-a-la-neurociencia-por-la-mig...

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La mayor vaina que pudo echarle la oposición democrática a Maduro fue convertirlo en paria mundial al denunciar que usurpó su cargo realizando elecciones presidenciales fraudulentas en 2018 y erigiendo, como respuesta, una presidencia interina legitimada por el artículo 233 de la constitución, en la valiente figura de Juan Guaidó. Unos 60 gobiernos democráticos desconocieron la supuesta “reelección” de Maduro y optaron por reconocer a Guaidó. Las principales democracias de América Latina, afiliadas en el Grupo de Lima, denunciaron el carácter no democrático del régimen de Maduro, execrándolo de la comunidad regional. Quedó desnudo, no sólo por tramposo, sino porque atrajo la atención acerca de su salvaje violación de derechos humanos, con centenares de muertos en protestas, torturas y desaparecidos, y por su destrucción inmisericorde de los medios de vida de la población, condenando a la gran mayoría a niveles de pobreza y miseria nunca imaginados para un país petrolero.

Lamentablemente, la dictadura fascista mostró ser, con apoyo de sus cómplices cubanos, de Putin, de la teocracia criminal de Irán y de las mafias que cultivó como sostén, mucho más resiliente de lo esperado y pudo capear el temporal. Nunca se presentó la oportunidad de convocar a elecciones presidenciales a los 30 días de haberse constituido el interinato, exigidas por el tercer párrafo del mencionado artículo.

Impacientes, las fuerzas opositoras se fueron desgastando. Primero fue el fracaso del intento de introducir una caravana de ayuda humanitaria desde Cúcuta, frustrada por fuerzas opresoras de la dictadura y, luego, de la parada tirada el 30 de abril de 2019 frente al aeropuerto de La Carlota –en retrospectiva, irresponsable, por no tener cómo asegurar su éxito—, pensando en que resquebrajaría el apoyo militar a Maduro.

En tal cuadro de ansiedad por plasmar una salida inmediata, la fanfarronería de Trump desde la presidencia de EE.UU., alardeando que “todas las opciones (para sacar a Maduro) estaban sobre la mesa” y dando a entender que el mandato estaba hecho, que sólo era un problema de oportunidad, fue muy perjudicial. Desarmó los intentos de articular una estrategia coordinada entre las fuerzas democráticas para capitalizar la debilidad de Maduro y provocar los cambios políticos anhelados.

Poco a poco se fue desinflando la energía opositora y, en su frustración, muchos echaron la culpa a Guaidó por haber incumplido su anuncio de; "cesar de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres", al aceptar su mandato. Hoy su aceptación se ha desplomado a los niveles de Maduro y los partidos de oposición han perdido la confianza de la gente, no obstante el amplio rechazo de aquél. Pero a los venezolanos nos quedaba como consuelo su ostracismo y repudio en el mundo.

¡Pero he aquí que Maduro, tan campante, se aparece en la cumbre sobre el cambio climático en Sharm el-Sheikh, a pesar de haberse ofrecido USD 15 millones por su captura, con tres aviones de partidarios por si acaso alguien intentase ponerle los ganchos --turistas “revolucionarios” que costaron a la nación unos USD 14 millones! Una vez allá, cual carrito chocón, buscó tropezar con cualquier líder despistado y sacarse una foto con él. John Kerry, Secretario de Estado bajo Obama, fue uno de los inocentes, obligando a una aclaratoria del portavoz del Departamento de Estado: “…Nicolás Maduro interrumpió lo que era una reunión en curso de la COP27 para interactuar con el enviado especial Kerry, y eso fue en gran medida una interacción no planificada”. Otro, aún más cándido, el presidente francés, Emmanuel Macron, pensó que su encuentro inesperado con Maduro le daba la oportunidad de convocar en Paris a un diálogo para la paz, en la que otros habían fracasado, entre el régimen chavomadurista y la oposición. Y hacia allá fue a reunirse, también con su cara de yo-no-fui, Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea madurista, para anunciar luego muy orondo en presencia del presidente argentino y de un representante del de Colombia, que las partes habían acordado buscar un acuerdo (¡!). ¡Muy exitosa la reunión!

Luego su hermana Delcy, vicepresidente de Maduro, quien creíamos tenía prohibida su entrada a la Unión Europea, viaja a La Haya para reunirse con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, supuestamente para contrarrestar el reclamo interpuesto ahí por Guyana sobre el territorio esequibo, pero que aprovechó para deslizar su oposición a que continuasen las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen.

En fin, el mundo ha cambiado y las prioridades, para los poderosos, son otras. ¡Ahora el chavismo es presentable a nivel internacional, porque aquí no ha pasado nada! Como Pedro por su casa, los jerarcas tantean hasta donde pueden viajar para proyectar la “normalidad” que quieren aparentar en Venezuela. Con una desfachatez que sólo exhibe quien no tenga remordimiento alguno por los atropellos cometidos, Maduro, responsable de la devastación de la minería en Guayana, denuncia al capitalismo por las tragedias del cambio climático y Delcy reclama en La Haya que es el gobierno de EE.UU. el que viola los derechos humanos de los venezolanos, al imponer sanciones al régimen. Y así se abre de nuevo la temporada turística para que los personajes más detestables del régimen se pavoneen en los destinos internacionales de su preferencia, junto a una nutrida comparsa, con recursos de la nación.

Pero la comedia no termina ahí. Sintiéndose envalentonado por los recientes triunfos electorales de Petro y de Lula, Maduro convoca una reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas para sermonear sobre lo que debe ser una conducta de izquierda, una que jamás debe criticar su desastrosa gestión. El mayor responsable del atraso a que ha sumido el país, de los centenares de muertos en legítimas protestas, de la entrega de recursos de la nación a bandas criminales, de la destrucción de la educación, de la salud y de los servicios públicos en general, de la ruina de los venezolanos y de su sometimiento a los atropellos de militares traidores, de la violación descarada de derechos humanos, ¡pretende bañarse ahora en un aura de “progresisismo”, dictándole cátedra a quienes, presumiblemente, son de avanzada! Pero la verdadera prueba para una izquierda comprometida con la justicia y la libertad –como debe ser—, es denunciar los atropellos de Maduro. No continuar reviviendo posturas enterradas del socialismo “del siglo XXI” para justificar sus desmanes. Ahora Maduro pidió a sus congéneres desempolvar el muerto del Estado Comunal, con sus leyes disparatadas que, sin duda, terminarán por destruir, de aplicarse, lo poco logrado con la dolarización y la liberación de precios. ¡A paso de vencedores, pero para atrás!

Al vencer el oprobioso régimen del apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela le encomendó al arzobispo Desmond Tutu encabezar la Comisión para la verdad y la reconciliación, con el fin de instaurar una justicia restaurativa que, no obstante, no se basara en la revancha, sino que, más bien, dejara abierta la posibilidad de sanear heridas. La base para ello era el sincero reconocimiento y arrepentimiento por los crímenes cometidos y una profesión auténtica de enmienda. "Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón" fue la divisa del arzobispo. No fue ningún “borrón y cuenta nueva”. El resultado de su misión, admirado por todos, es fuente de esperanza para superar situaciones igualmente oprobiosas e inhumanas en otras naciones.

Sean cuales fuesen las posibilidades de avanzar en la negociación con personeros del régimen para hacer realidad unas elecciones con suficientes garantías como para abrirle las puertas al país a la tan necesitada transformación política, económica, social y cultural, el contexto de los acuerdos no puede soslayar la búsqueda de una justicia restaurativa, en la onda de la de Sudáfrica. No puede pretenderse “blanquear” al régimen, como si en el país no hubiese ocurrido nada. ¿Dónde están los propósitos de enmienda de Maduro, Padrino, Cabello y demás? ¿Sus compromisos con asumir la investigación de los crímenes cometidos y la sanción a los culpables? ¿Cómo consolidar un proceso exitoso de transición si no se terminan con los abusos de una oligarquía militar corrupta? Los crímenes de lesa humanidad no proscriben, por lo que no es aceptable una amnistía general, como tan irresponsablemente propuso el presidente Petro. Como señalara el negociador Gerardo Blyde al salir de la reunión por la paz en Venezuela, no es se puede pactar una amnistía con violadores de derechos humanos.

Economista. Profesor(j) Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Acaban de publicarse los resultados para 2022 de la valiosa Encuesta de Condiciones de Vida de la población venezolana (ENCOVI) elaborada, principalmente, por la UCAB. Es una poderosa herramienta para actualizar nuestro conocimiento de las realidades del país, en años en que el gobierno ha abandonado su responsabilidad de proveer las estadísticas correspondientes.

Entre los hallazgos más significativos, está que, de acuerdo con las mediciones presentadas, la pobreza comienza a disminuir. Sin embargo, la distribución del ingreso empeora aún más, colocando a Venezuela como el país más inequitativo de América Latina. La encuesta lo resume señalando el contraste entre la incipiente reactivación que se observa en la economía desde el año pasado y las carencias en el plano social. En particular, se menciona el deterioro de la educación de los venezolanos, según diversos indicadores, así como las insuficiencias, en algunos casos agravada, en la prestación de los servicios públicos básicos.

Tal contraste es exacerbado por el deterioro en la distribución del ingreso, antes mencionada, que resulta del impacto de la inflación –todavía muy alta—en Venezuela. Así, el incremento del salario mínimo a 130 bolívares decretado por Maduro en marzo, que en ese momento equivalía a casi $30, se redujo, para mediados de noviembre, a menos de $13. Más aún, el intercambio dolarizado no escapa de la inflación. Igual caída proporcional en sus ingresos experimentan los empleados públicos en general. Se pone de manifiesto las insuficiencias del ajuste antiinflacionario intentado por Maduro.

Lamentablemente, en esto Maduro ha pasado de un extremo a otro. Después de desatar uno de los más trágicos y prolongados episodios de hiperinflación conocidos, asesorado por un charlatán español, Alfredo Serrano Mancilla, quien sostenía que la emisión de dinero para atender el gasto “revolucionario” no causaría inflación, pasó al extremo contrario para batir al monstruo que apareció: redujo drásticamente el gasto público, deprimiendo sueldos de los empleados; anuló la capacidad crediticia de la banca, imponiéndole encajes prohibitivos; y quiso detener la depreciación del bolívar, sobrevaluándolo en detrimento de la producción nacional y quemando las pocas divisas que ingresan al país, para “anclar” los precios.

Se refugió ciegamente en la ortodoxia monetaria, pero afincándose sólo en una parte de la receta, la de la oferta monetaria, dejando de lado los factores que inciden en su demanda. En una economía caracterizada por un desempleo tan alto de sus recursos como la venezolana --resultado de años de destrucción chavo-madurista--, concentrarse sólo en la reducción drástica del circulante monetario limita al extremo las posibilidades de recuperación.

¿Y cómo se incide en el lado de la demanda monetaria? Incrementando la inversión y las transacciones productivas de todo tipo: empleo, compras, financiamiento, mantenimiento, contratación de servicios y demás gastos requeridos. Paradójicamente, a pesar de los altos niveles de inflación de la economía venezolana, sus niveles de monetización (la relación entre la magnitud de sus variables monetarias y el valor de su producto anual -PIB) no son elevadas. Y ello es así porque su actividad económica está tan deprimida que no logra absorber los aumentos (nominales) de liquidez provenientes de los desequilibrios fiscales. Crear condiciones que propicien abiertamente el empleo de tantos recursos ociosos para reactivar la economía contribuirá, por ende, a absorber productivamente la liquidez “redundante”, ampliando, además, la base impositiva que permitiría reducir la brecha del gasto.

¿De qué políticas estamos hablando para lograr tal propósito? Obviamente, en primer lugar, el restablecimiento de las garantías y seguridades que redunden en la confianza necesaria para que aumenten significativamente las inversiones, el empleo y demás transacciones productivas. En segundo lugar, es menester contratar empréstitos externos en magnitudes suficientes como para resolver, cuánto antes, las graves insuficiencias en la prestación de servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, y para sanear las funciones cruciales de la administración pública. Ello será imposible –como tercera consideración—si no se logra una reestructuración a fondo de la deuda pública externa, aliviando significativamente su servicio y creando condiciones para atraer nuevos financiamientos e inversiones. En cuarto lugar, la reactivación significativa de la producción de crudo significaría un aporte formidable de recursos, siempre y cuando se enmarque en un proceso de transición hacia energías limpias para reducir su impacto climático. Finalmente, lo referido es poco realista sin un amplio apoyo político.

Pero, ojo, lo planteado es inviable si no se desmonta el régimen de expoliación en que ha degenerado la llamada “revolución bolivariana”. Sin afectar los poderosos intereses enquistados en la maquinaria estatal que extorsionan, cobran comisiones, desfalcan, confiscan e imponen otras exacciones a la gente y a las empresas, es imposible generar la confianza recogida en la primera condición antes señalada. Las mafias son todopoderosas porque, precisamente, el chavomadurismo ha desmantelado el Estado de Derecho, es decir, el marco institucional de garantías y seguridades que las combatían.

Luego, tampoco será posible contratar las ingentes sumas de financiamiento requeridas para rescatar los servicios y sanear la administración pública, sin las garantías mencionadas. ¿Quién financia a un país que no es capaz de generar condiciones mínimas para pagar sus préstamos y cumplir con las reglas de juego de la economía mundial? Tampoco procederá la tan necesitada reestructuración de la deuda pública externa, con lo que la República continuará aislada de los mercados financieros internacionales. Asimismo, es poco atractivo invertir en un sector petrolero que acumula tantas deudas con sus socios.

Las condiciones con base en las cuales se sostiene el poder de Maduro son incompatibles con una estrategia de reactivación que aproveche las potencialidades del país, fundamentada en garantías y seguridades a la iniciativa privada. Al sostenerse en la fuerza, debe retribuir a quienes lo protegen con prebendas y oportunidades de lucro para mantenerlos contentos, a la vez que consentirles los atropellos con que hacen valer sus privilegios. Los múltiples informes sobre la violación de los derechos humanos por parte de organismos del Estado señalan inequívocamente la responsabilidad de los más altos cargos del Ejecutivo al respecto. El encausamiento de corruptos será siempre insuficiente cuando no hay transparencia ni rendición de cuentas, y se dispone de la impunidad cómplice. Las detenciones o los decomisos de droga que anuncian el fiscal Tarek o los mandos militares son apenas la punta del iceberg.

Es insuficiente admitir algunas libertades económicas –cambiarias y competencia de precios—en una situación que, por su naturaleza, obedece a otros intereses. Los anuncios para la galería desnudan el escaso compromiso real para ejecutar políticas que beneficien al país. Maduro viaja furtivamente al encuentro de la COP27 en Egipto, buscando fotografiarse con quien pueda y declara que la degradación del ambiente es culpa del capitalismo, cuando todo el mundo sabe que está comprometido con la devastación de las selvas guayanesas provocada por la minería rapaz controlada por el ELN, otras bandas criminales y sus cómplices militares, bajo el paragua del Arco Minero del Orinoco.

Este régimen parece no poder superar su intrínseca condición de impostura. Cuando reacciona ante los desastres que él mismo provoca, lo hace de manera reflexiva e incoherente, sin alterar el contexto institucional y de intereses que están en su base. De ahí que sus intentos de doblegar la inflación se reducen a la contracción de variables monetarias que agravan el desempleo de los recursos productivos, provocando los resultados que se recogen en la ENCOVI.

El ajuste expansivo que el país amerita, basado en garantías institucionales que velen por la justicia y las libertades, requiere, obviamente, de las condiciones políticas necesarias. Lo aquí planteado no debe quedarse solo en su expresión económica. De una manera u otra, debe formar parte de una plataforma de acción que demande las garantías y libertades con base en las cuales conquistar las condiciones de vida dignas de todos los venezolanos. Bagaje político necesario para la democracia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

El triunfo, por escaso margen, de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil completa lo que, para algunos, es el retorno de la “ola rosa” de gobiernos de izquierda que poblaron la América Latina en la primera década de este siglo. Ante ello se dispara un acto reflejo que evoca a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner y otros, encarnando una épica redentora alentada por los altos precios de sus materias primas y los tropiezos de la política exterior estadounidense, bajo Bush.

Bajo tal delirio, acabaron resintiendo a sus respectivas economías y conculcando libertades ciudadanas, pero con el sello de aprobación revolucionario del gran sacerdote, Fidel Castro. Salvo en Venezuela y Nicaragua, sus excesos provocaron, como reacción, la elección de gobiernos de “derecha” o “centroderecha”. Pero una vez agotado el recorrido opuesto del péndulo político, estaría regresando en la figura de Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, el dúo Fernández-Fernández en Argentina y, ahora, con los recientes triunfos de Gustavo Petro en Colombia y de Lula en Brasil, sin mencionar a López Obrador en México y el retorno del MAS de Evo Morales en Bolivia.

Desde la perspectiva de muchos venezolanos, el espectro de mandatarios regionales izquierdosos, arrojando un manto protector, de solidaridad automática, a Maduro porque, supuestamente, comparten sus designios, resulta muy preocupante. Le estarían ofreciendo oxígeno a quien desesperadamente chapotea para salir del naufragio que provocó el “socialismo del siglo XXI” de su mentor, contribuyendo con su permanencia en el poder. “Al ver bejuco, el picado de culebra se asusta”. ¿Hay razones valederas para asumir estas perspectivas agoreras? ¿La “izquierda” no es otra cosa que una dictadura comunista?

Empecemos por Gabriel Boric, quien ha rechazado las prácticas violatorias de derechos humanos del régimen de Maduro. En cuanto a Pedro Castillo, se encuentra desarmado ante sus detractores y apenas se sostiene en el poder. Más ilustrativas auguran ser las gestiones de Gustavo Petro y de Lula da Silva.

A Petro se le reprocha haber sido guerrillero vinculado al M-19, organización que condujo en 1985 el sangriento asalto al Palacio de Justicia en Bogotá. Pero en las casi cuatro décadas desde entonces, se ha sumergido en la lucha política democrática, siendo electo senador y luego alcalde de Bogotá, si bien sin desdecir de sus posturas claramente de izquierda. Su elección como presidente de Colombia exhibe, ahora, una importante dosis de realismo, que lo ha llevado a buscar apoyos más allá de sus partidarios en la centroizquierda liberal, en independientes e, incluso, en personeros identificados con el Partido Conservador, como es el caso de su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Duran. Su ministro de Hacienda, el economista José Antonio Ocampo, tiene una sólida y reconocida trayectoria en puestos de elevada responsabilidad a nivel internacional, como en altos cargos en Colombia. No es precisamente un gobierno de piromaníacos de izquierda que se retrata con los malos de la película, Maduro y Ortega.

Poco después del alborozo exhibido por Maduro ante la elección de Petro, empezaron a asomarse un contraste entre ambos mandatarios, al plantearse la apertura de fronteras entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano mostró su disgusto porque, lejos de desarrollarse un comercio binacional legal, seguía predominando el intercambio a través de trochas, dominado por mafias. Y así las llamó Petro. ¿Quiénes conforman esas mafias? Del lado venezolano, oficiales de la Guardia Nacional, funcionarios de aduanas, soldados y otros, que cobran fuertes peajes a transportistas, mientras ofrecen “garantías” para transitar los “caminos verdes” bajo su control, a cambio de una tajada por sus “servicios”.

La reunión de la semana pasada en Miraflores entre Petro y Maduro recalca el contraste referido. Ante la improvisación de su anfitrión, Petro --acompañado de parte de su equipo de gobierno-- expuso unas reflexiones meditadas con objetivos claros. Invitó a Maduro a reincorporar a Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y a regresar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, haciendo alusión a su naturaleza democrática liberal. Ambos conceptos fueron un anatema en las filas chavistas hasta hace poco. El “eterno” rompió intempestivamente con la CAN, alegando que Colombia y Perú habían firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Y todavía resuenan las imprecaciones de Chávez y del propio Maduro contra el Sistema Interamericano y la OEA, por su supuesta injerencia en los asuntos internos del país, justificando así su salida. En contra de cualquier esquema que sugiriera la influencia liberal de los EE.UU., Chávez contrapuso el ALBA, UNASUR y CELAC.

En cuanto a Lula, ganó las elecciones construyendo una alianza con fuerzas afines y con aquellas interesadas en sacar a Bolsonaro. Su gobierno enfrentará un parlamento, así como gobernaciones de estados principales, como Sao Paulo, dominados por aquél. En sus dos gobiernos anteriores, no obstante algunas veleidades pro-chavistas y –como sabemos-- con la corrupción, se exhibió como un presidente democrático. Como ahora no cuenta con altos precios de las materias primas, la agenda que tendrá que desarrollar tendrá que abrevar, aún más, en los consensos, so pena de ser depuesto por las fuerzas de Bolsonaro. Nada más alejado que servir de caja de resonancia de Maduro.

Es de esperar, por supuesto, que, a pesar de estas limitaciones, tanto Petro como Lula buscarán instrumentar políticas sociales y otras medidas identificadas con la izquierda. Petro acaba de conseguir la aprobación de una reforma impositiva que ha causado inquietud en algunos sectores. Pero estos sesgos izquierdosos parecen conducirse sin destruir la institucionalidad democrática. Tanto Petro como Lula están comprometidos con un juego muy distinto al de Maduro. El único juego que le interesa a este último es el que le permita conservar el poder, como sea. Se valió del desmantelamiento de los resguardos institucionales de la república que impulsó Chávez, para ofrecerle oportunidades de lucro a los factores más importantes de poder, sobre todo a aquellos mandos militares dispuestos a traicionar su misión. Labró, así, un régimen de expoliación sostenido por una madeja de complicidades, que aseguró instrumentando prácticas de terrorismo de Estado, de manos cubanas.

No son “errores” que se corrigen fácilmente con decisiones administrativas. Ahí están los informes de las misiones de las NN.UU. encargadas del respeto de los derechos humanos y de numerosas ONGs, como la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de continuar con la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno contra la población. Son poderosos los intereses forjados en torno a las oportunidades de extorsión y confiscación en alcabalas, fronteras, aeropuertos y puertos, así como en la sustracción de rentas a través de todo tipo de transacción con el Estado. La corrupción parece lubricar de muchas actividades en la administración pública chavo-madurista.

En la “ola rosa” primigenia, Chávez ocupó una posición de ascendencia, en buena parte por su abultada chequera petrolera. Maduro se encuentra hoy en una situación casi contraria. Al aceptar el regreso a la CAN, por ejemplo, ¿está consciente de la cantidad de requisitos con los cuales debe cumplir? ¿O piensa, como cuando anunció su interés en que viniera la inversión extranjera, que basta con expresarlo?

El empeño por entenderse con Maduro de muchos de los mandatarios de izquierda de hoy habrá de discurrir sobre bases muy distintas a las del pasado. En ello incide el fracaso del “socialismo del siglo XXI”, la caída en los precios de los commodities que exportan y otros cambios del contexto internacional. Debe interesarles que Maduro cumpla con las reglas de juego a las que ellos se ven comprometidos. Podrán combinar eso haciéndole carantoñas al Foro de Sao Paulo e, incluso, a Cuba, pero difícilmente tolerarán –por lo menos así esperamos—que se le dé una patada al tablero. Queda la interrogante de si Maduro podrá salir airoso de este juego.

Convendría a las fuerzas democráticas explorar estas determinaciones de manera de aprender cómo apalancarse ellas en para avanzar en la liberación de Venezuela de tan funesta experiencia.