En 2030 todos los países del mundo deberán tener mejores condiciones para el desarrollo sostenible. Esa es la premisa bajo la cual han sido aprobados y reconocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el año 2015. Estos objetivos, divididos en 17 áreas, constituyen la referencia de gobiernos y organismos internacionales para las decisiones que deberán tomarse en los próximos años para alcanzar lo propuesto. En cada una de las áreas de objetivos se han establecidos metas, unas específicas y otras no tanto, que permiten que se haga el seguimiento.

Asumamos que todos aquellos grupos o instancias interesadas en promover el cumplimiento de los ODS se disponen a tomar las previsiones para alcanzarlos. Y para ello examinan en detalle cada una de las áreas señaladas. Lo primero que se puede notar es que los ODS están colocados en una lista (del número 1 al 17). La utilización de una lista tiene valor práctico. Indica que allí están contenidos los aspectos de mayor relevancia. La presentación de una lista también puede indicar que cada uno de los elementos tiene igual relevancia. Sin embargo, también sabemos que en una lista se colocan en primer lugar algunos elementos y otros se colocan posteriormente. De manera que no es tan cierto que todos los elementos tienen similar connotación. En otras palabras, el orden en la lista también tiene importancia.

En los primeros ocho ODS, el criterio corresponde a aquellas condiciones que deben ser mejoradas para que el desarrollo sea efectivamente sostenible y llegue a todas las personas en todos los países. El primero de los ODS es eliminar la pobreza, lo cual debe ser uno de los aspectos que cuenta con un amplio consenso. Y así sucesivamente se señalan otros ODS, entre los cuales se incluye desde la seguridad alimentaria hasta la energía para todos. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos primeros ocho ODS? Aparte del hecho relevante de que expresan demandas muy significativas en el ámbito global, el cumplimiento de cada uno de estos ocho ODS supone que la sociedad de cada uno de los países tiene los recursos necesarios y suficientes para tal fin. Lo cual, por supuesto, es altamente deseable. Pero, estar de acuerdo en la satisfacción de una demanda o necesidad no significa que la sociedad tenga los recursos para garantizarla. Se requiere que esos recursos estén disponibles. Y para que estén disponibles es fundamental que se tomen decisiones que afectan la producción de valor en cada país. Es decir, no es posible garantizar los recursos si previamente no se ha afectado la forma en la que la sociedad genera los recursos.

Este aspecto, la producción de valor, aparece en el ODS número 9, cuando se señala que se deberá promover la “industrialización sostenible” y la innovación. El lugar en el que está colocado este ODS no expresa realmente la importancia que tiene. Es decir, no se refleja en los ODS que la producción de valor sea una condición previa para la garantía de los otros ODS. De hecho, del total de 17 ODS, solo uno está relacionado con la producción de valor y el ingreso suficiente para que los otros ODS sean alcanzados. De allí que pudiera quedar la impresión, especialmente desde el ámbito de la gestión pública, que la mera concentración en el resto de los ODS será suficiente. Más bien puede pasar todo lo contrario, esto es, que los países, y especialmente, los gobiernos, no puedan asignar los recursos requeridos, fundamentalmente porque no han sido creados. La aspiración de los ODS puede terminar generando una mayor frustración.

No es lo mismo, entonces, enunciar una lista de ODS que proponer un marco de referencia en el cual se indiquen condiciones previas que deben alcanzarse. Entre estas condiciones previas, existen dos de especial consideración. La primera es el marco institucional en el cual los países toman decisiones, es decir, las reglas que permiten acordar objetivos de desarrollo. Este aspecto está involucrado en el ODS 16, pero al ser presentado dentro de una lista general no se puede apreciar cabalmente.

La segunda condición previa es la relacionada con el tipo de producción que se requiere en la casi tercera década del siglo XXI, justamente la que está asociada con la generación de tecnologías de la mayor sofisticación. Este aspecto no se encuentra desarrollado en los ODS de manera que permita asociar la creación de valor con la generación de los recursos que se requieren para satisfacer los otros ODS. En resumen, tanto los aspectos institucionales como la generación de valor son condicionantes que deber ser tomados en cuenta en esta perspectiva.

En los próximos años, la implementación de políticas para alcanzar los ODS en 2030 adquirirá mayor relevancia. Distinguir que el centro de la acción pública está fundamentalmente en la generación de un nuevo modelo de producción en el que se enfatice la creación de valor, especialmente compatible con la sociedad del conocimiento, será quizás la mayor diferencia.

Continuar con la ejecución de políticas en las cuales se intente mejorar las condiciones de vida sin modificar la producción de valor, será la forma de mantener, e incluso ampliar, el rezago de los países de América Latina con respecto a los países de mayor desarrollo sostenible.

Tal como era reconocido en múltiples ámbitos, el país confronta la peor crisis de gobernabilidad que se pueda imaginar. No solo es la dimensión política, evidente y de amplia presencia en todos los escenarios internacionales. Es también la grave dimensión económica y sus repercusiones sociales. Los eventos políticos no hacen sino profundizar la dinámica de la hiperinflación, ya con una duración de quince meses. No hace falta resaltar que hasta que no se controle la hiperinflación, la debacle social seguirá aumentando de intensidad.

En estas circunstancias es importante enfatizar que la solución política debe fundamentarse justamente para resolver la crisis social y económica

De allí que un día más de prolongación de la situación, influye en aumentar las restricciones y dificultades. Ahora bien, la vía para resolver esta terrible situación no puede implicar la vuelta a los trechos conocidos, con la idea de que es necesaria una fase de “normalización” para luego considerar los problemas “estructurales”.

Abogar por la “normalización” puede estar basado en la idea de que los desequilibrios económicos del país requieren medidas macroeconómicas y que por “añadidura” se retomará el bienestar que supuestamente teníamos. En esa visión, el programa de estabilización de la economía lo resolverá todo, acabar con la hiperinflación y producir más petróleo. Con esos elementos, en un tiempo prudencial volvería la “felicidad”.

Esa visión desconoce totalmente que los problemas del país, agravados inmensamente en estos veinte años, tienen su raíz en la consolidación de una economía absolutamente dependiente del petróleo, y que, para remate, no generó las capacidades para crear valor cuando teníamos las posibilidades. Es decir, cuando teníamos las personas con las competencias para producir otros bienes. Ahora, cuando millones han dejado el país y han trasladado sus competencias a otros lugares, no se puede reiterar la causa central de todo lo que ha pasado.

Es clave examinar lo que ha ocurrido en el mundo del desarrollo, para tener dimensiones del retroceso que se ha experimentado en Venezuela. Hay que afrontar esa realidad. Hay que ponerle tamaño. So pena de actuar ingenuamente. Justamente porque en la medida que hemos retrocedido, otros han avanzado, y mientras Venezuela confronta la única hiperinflación en la segunda década del siglo XXI y tiene la crisis de gobernabilidad más grande en los últimos treinta años en América Latina (por decir solo un detalle), esos países están ocupados en aumentar la capacidad de innovación, en producir nuevas tecnologías, en ensanchar el mundo del conocimiento, en enseñar a todos sus niños a pensar y ser creativos. Actualmente en Venezuela para millones de niños no está garantizada ni la comida del día.

Entre 1922 y 1985, Venezuela superaba ampliamente a Corea del Sur en PIB per cápita. En 1950 Venezuela tenía cuatro veces más PIB per cápita que Corea del Sur. Pero, además, aunque sorprenda, Venezuela en ese año superaba a Japón en PIB per cápita. Teníamos el doble de Japón. A partir de 1961 nos desplazó Japón. Y dos décadas más tarde nos superó Corea del Sur. Hoy en día Japón es, desde hace décadas, la economía más diversificada del mundo. Corea del Sur ya le llega cerca.

Entonces, el retroceso no se resuelve con volver a las fuentes tradicionales de lo que producimos. Justamente en estos veinte años se quiso llevar esta premisa al límite, esto es, vivir del petróleo. Creer, según esta orientación, que el bienestar estaba a la vuelta de la esquina y se prolongaría por siglos. La realidad de estos años indica que no era así, que no ha sido de esa forma desde hace seis décadas, al menos.

Japón y Corea del Sur son países diversificados porque ese es el acuerdo de la sociedad. Porque han avanzado en la construcción de emporios de conocimiento, en los cuales la preocupación central es innovar y contar con recursos humanos de la más alta preparación.

En ese contexto, ¿Cómo se pueda avanzar en el desarrollo de Venezuela sin cambiar la orientación fundamental? ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de los venezolanos sin fijar un rumbo que apunte a la diversificación? ¿Cómo se puede progresar en la dirección que nos ha demostrado que no es la correcta? ¿Cómo plantear las mismas estrategias que aumentarán el retroceso? Definitivamente, los venezolanos, los de ahora y los del futuro, requieren una mejor interpretación de nuestro rol en el mundo. Un liderazgo con mayor compresión de nuestras posibilidades, un liderazgo del siglo XXI, no del pasado, un liderazgo con vocación para los altos retos

Una propuesta de futuro para los venezolanos debe colocar en el centro la aspiración de ser una sociedad de conocimientos. Con claridad, con ambición. En la cual el petróleo sea un medio, no un fin

Una alternativa con ganas. Sin complejos. Construida con el talento de los venezolanos. Esa visión tiene que plantear los retos del conocimiento para los niños que nacen hoy en cualquier sitio de Venezuela. Debe ser una plataforma para incorporarlos en la modernidad del siglo XXI. Con posibilidades para la innovación en empresas, grandes, medianas y pequeñas. También debe tener opciones para el talento que hoy se mueve en el mundo y quiere saber si puede desarrollarse en el país en el que se formaron. Esa visión debe tener respuestas para la universidad pública venezolana, hoy confrontada con la mayor pérdida de talento de toda su historia. Si esa propuesta no tiene ideas para esas inquietudes desde el primer minuto, será una respuesta para continuar en el pasado. Para mantener el retroceso.

marinojgonzalez@gmail.com

La hiperinflación de Venezuela ya tiene un año de duración. Cuando comenzó en el mes de noviembre del año pasado, algunos comentaron que al ser un proceso “autolimitado”, la hiperinflación no debería pasar de un año. Esa creencia estaba basada en la experiencia de los gobiernos que decidieron deliberadamente eliminar la hiperinflación. Pero en el caso de los países en que los gobiernos no asumen que la hiperinflación es un problema derivado de sus acciones, la duración de estos procesos puede ser tan larga como la incomprensión de su naturaleza.

Ya a finales del 2017 era bastante claro que no existe la disposición para implementar las políticas adecuadas para corregir la hiperinflación. Los resultados están a la vista.

La hiperinflación de Venezuela es la tercera en duración de América Latina (solo superada por la de Bolivia con 18 meses y la de Nicaragua con 58 meses). También es la tercera en cuanto a la máxima tasa de inflación mensual (superada por la de Nicaragua y la de Perú). Al cumplir el año, la hiperinflación de Venezuela está en el 40% de los casos de mayor duración.

Toda esta situación ha tenido un efecto terrible en los venezolanos, desde el deterioro aún mayor de las condiciones de vida, hasta la pérdida también mayor de la capacidad de transacción en la venta y compra de bienes. Venezuela es hoy una sociedad preocupada cada segundo por el precio de los bienes no por el valor de ellos. La distancia entre esas dos sociedades es el camino que habrá que recorrer para ser un país completamente diferente al que tenemos.

Todo lo anterior sería de especial preocupación. Pero esto aumenta cuando se conocen los pronósticos de los organismos especializados, dentro y fuera del país, sobre el comportamiento de la hiperinflación en 2019. Todos los análisis indican que la hiperinflación puede extenderse por todo el año próximo. Es decir que la duración podría llegar al menos, según estos pronósticos, a los dos años. La premisa subyacente en estos pronósticos es que no habrá cambios fundamentales en la política económica.

De mantenerse la hiperinflación en todo el año 2019, Venezuela ingresaría al grupo de países que han tenido las hiperinflaciones más largas (mayores a dos años). Este grupo está compuesto por: Rusia (entre 1922 y 1924, 26 meses), China (entre 1943 y 1945, 26 meses), Angola (entre 1994 y 1997, 26 meses), Ucrania (entre 1992 y 1994, 35 meses), Azerbaiyán (entre 1992 y 1994, 36 meses), Grecia (entre 1941 y 1945, 56 meses), Nicaragua (entre 1986 y 1991, 58 meses). Esta posibilidad es real. La magnitud de los desequilibrios que atraviesa Venezuela está sencillamente fuera de toda proporción.

En este escenario, hay que insistir hasta la saciedad, es urgente el cambio de la orientación económica. Venezuela está experimentando un grado superlativo de deterioro institucional vinculado a la desaparición de la moneda, tal como Keynes lo señalaba hace casualmente un siglo. Por supuesto, esto es una responsabilidad que involucra especialmente al gobierno. Pero no de manera exclusiva.

La reflexión sobre el tipo de sociedad que aspiramos supone comprender los elementos básicos del funcionamiento de una economía, y lo costoso que representa un proceso de hiperinflación, en calidad de vida y en inversión para el futuro. La responsabilidad de todos los liderazgos en identificar alternativas ante esta situación no puede ser más necesaria en las actuales circunstancias

marinojgonzalez@gmail.com

Este fin de semana se elige el nuevo gobierno de Brasil. De acuerdo con lo establecido, el presidente a elegir el domingo estará en funciones por cuatro años y podrá optar por la reelección por un solo período. De manera que los electores brasileños elegirán al gobierno que podría dirigir al país en los próximos ocho años.

Para examinar la relevancia de Brasil en el contexto internacional, bastan pocos indicadores. Es el quinto país en población del mundo, solo superado por China, India, Estados Unidos e Indonesia. Poco más de doscientos millones de habitantes se encuentran distribuidos en la inmensidad del territorio brasileño. También Brasil es el quinto país por extensión, con poco más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados.

En lo que respecta al tamaño de la economía, Brasil es la octava del mundo, cerca de Francia, India y el Reino Unido. La influencia internacional de Brasil, aunque ligada a la magnitud de sus proporciones, se extiende a las dimensiones culturales, deportivas, musicales. No es posible entender América Latina sin tomar en cuenta a Brasil. Sin dejar de considerar sus notables influencias en los ámbitos diplomáticos y financieros.

Las previsiones de Brasil para los próximos años no lucen compatibles con las inmensas posibilidades. Además de la inestabilidad política de los últimos años, la economía brasileña muestra signos de disminución de la capacidad de crecimiento, así como en la exportación, si se le compara con la experimentada en la década pasada y principios de la actual. También se aprecia un aumento en la proporción de población en pobreza, así como en las emisiones de dióxido de carbono. Estimaciones del Banco Mundial señalan que el ingreso per cápita se ha reducido en un tercio entre 2012 y 2017.

En la actual coyuntura de Brasil hay razones para esperar que la elección presidencial hubiera sido una excelente oportunidad para plantear alternativas para el futuro. Considerando especialmente la enorme repercusión que tienen de entrada los cambios que se produzcan en un país con las características de Brasil. Se supone que esas ideas deberían estar en los programas de los principales candidatos por la presidencia. Pero eso termina siendo mera ilusión.

Los programas de los candidatos que disputan la elección final, no son compatibles con las urgencias que confronta el país. En un caso, Haddad, se ofrece más bien una vuelta al pasado gobierno de Lula. Solo con el título se deja evidente: “Brasil feliz de nuevo”. La explicación de cómo puede volver a ser feliz de nuevo un país que tiene tal magnitud de problemas estructurales brilla por su ausencia. El programa de Bolsonaro no ofrece tampoco mayores pistas. Más allá de la libertad, respeto a la propiedad privada, apoyo a la familia, lucha contra la corrupción, no hay ideas específicas

No extraña entonces que en ninguno de los programas se mencionen temas como “sociedad del conocimiento”, “inteligencia artificial”, así como las complejas transformaciones que está experimentando el mundo al finalizar la segunda década del siglo XXI.

No queda duda entonces que cualquiera sea el resultado de la elección del domingo, Brasil estará sometido a las pugnas por el predominio de políticas públicas, sin una visión integral de la sociedad brasileña y de sus principales problemas. Es muy probable que la sorpresa sea el signo característico de las políticas de Brasil en los próximos años. Pensar antes sigue siendo una rareza para los gobiernos de América Latina.

marinojgonzalez@gmail.com

Las inmensas transformaciones tecnológicas que están ocurriendo en el mundo han configurado en las últimas décadas una nueva forma de vinculación entre países y entre áreas en los países. La forma en la cual se dan esas relaciones está basada fundamentalmente en la aproximación a la creación de conocimientos. Las sociedades con patrones de organización basados en la generación y utilización de conocimientos se encuentran en rutas de desarrollo más sostenibles y exigentes. Este fenómeno es la demostración de que la creación de riqueza no es sino la expresión de lo que las sociedades producen. Más aún, es expresión de la diversidad de lo que producen.

La creación de riqueza está en la génesis del pensamiento económico. Es por ello que la célebre publicación de Adam Smith sobre las causas de la riqueza en 1776 se convirtió en la base para la conformación de la economía moderna. El problema de Adam Smith era encontrar una explicación al hecho de que algunos países eran más ricos que otros. Y de allí que fuera necesario examinar las causas para encontrar modalidades de acción, vale decir, políticas, que promovieran entonces la riqueza. La explicación de Adam Smith es impresionantemente sencilla: la riqueza de los países depende de lo que producen, pero más aún, de la diversidad de lo que producen. Mientras más diversidad, existen mayores posibilidades de estimular la sinergia que impulse hacia nuevos niveles de riqueza. Y para que exista diversidad en la producción se debe impulsar el aumento de la “cantidad de ciencia”, esto es, la capacidad para crear nuevos conocimientos. Hay que recordar que estos postulados fueron expresados hace casi doscientos cincuenta años, en un mundo muy diferente al que tenemos hoy.

El problema señalado por Adam Smith implicaba medir esa diversidad de producción. Las estadísticas de la época no estaban suficientemente ordenadas para llevar el registro detallado de lo que se producía. Tampoco el mundo era tan cercano como lo es ahora. No es sino hasta hace poco más de una década que se empezó a sistematizar la información que permitiera medir la diversidad destacada por Adam Smith. De allí surgió el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard y el Observatorio de Complejidad Económica del MIT. Ambas iniciativas permiten estimar la complejidad como expresión de la diversidad. A más complejidad, los países alcanzan mayores niveles de riquezas. En otra medida, la complejidad se convierte en un predictor del crecimiento, que a su vez lleva a nuevos niveles de riqueza.

En la última medición del Atlas de Complejidad Económica (para el año 2016), los diez países con mayores niveles de complejidad son, en orden decreciente, Japón, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Singapur, Austria, República Checa, Suecia, Finlandia y Estados Unidos. La diferencia de estos países con respecto a otras regiones del mundo es notable.

Podría decirse que esta brecha de complejidad es la expresión de un rezago en la institucionalidad de los países para asumir los retos que implica construir sociedades del conocimiento. Tal parece que la complejidad está generando una exclusión que aumenta todos los días, en la medida que el ritmo de creación y utilización de conocimientos no hace sino crecer.

Enfrentar esta brecha con políticas efectivas es quizás el desafío más significativo en el mundo de esta primera parte del siglo XXI.

marinojgonzalez@gmail.com

No hay ninguna duda de que en Venezuela el respeto a la vida ha desaparecido como práctica de las responsabilidades del gobierno. Para empezar, el hecho de que la mayoría de los venezolanos no cuente con los recursos para comprar los alimentos del día, lo cual trae como consecuencia los riesgos de muerte y desnutrición, especialmente para aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad, ya deja bastante claro que la preservación de la vida no es la guía de la acción pública. A ello debe agregarse que también la mayoría de la población no tiene acceso a los medicamentos para afecciones de todo tipo, y que por la falta de ellos muchas personas están en peligro real de morir. El grado de desprotección ante la violencia, que ha condicionado que la gran mayoría de la población se sienta con temor incluso en su propia vivienda, ha llegado hasta el punto de que el país es considerado en este momento el más peligroso en el mundo. Ya todo eso bastaría para tener la máxima preocupación.

A todo lo anterior hay que agregar el clima de zozobra que ha experimentado el país ante los sucesos ocurridos en El Junquito la semana pasada. Especial mención deben recibir dos hechos absolutamente sorprendentes que requieren ser aclarados en las investigaciones por venir. En primer lugar, el lamentable resultado en vidas humanas cuando aparentemente había disposición de entregarse ante las autoridades. Y en segundo lugar, las acciones de los organismos oficiales para disponer de los cuerpos de los fallecidos sin tomar en consideración la voluntad de sus familias. Estas acciones, por parte de los organismos responsables, indican que no existió mayor miramiento por los sentimientos y decisiones de los familiares.

En las actuales circunstancias del país, en las que cada día que pasa agrega multitud de situaciones que reflejan el malestar y rechazo de los ciudadanos, estos hechos son completamente inauditos. Son expresión de rasgos inequívocos de una gran descomposición institucional. El respeto por la vida y la muerte deben ser signos característicos de las sociedades.

"Cuando se irrespeta la vida y la muerte, especialmente por la valoración que hacen las familias del dolor que significa perder seres queridos, es imperativa la reflexión sobre los valores que esa sociedad comparte o ha dejado de compartir"

Es un llamado muy directo a la conciencia de los actores políticos y sociales que participan. Es una alerta colectiva sobre el tipo de conductas que están caracterizando la vida de la sociedad.

Es indudable que la situación general del país no puede ser más dramática. En todos los frentes. En el plano político por las grandes dificultades para encontrar espacios de acuerdo. En lo económico por las tremendas repercusiones que tiene la hiperinflación, con su estela de destrucción en todos los espacios. En lo social por el sufrimiento de millones de familias en su cotidiana lucha por la subsistencia. Y como si no fuera suficiente, ahora en la vulneración del respeto a la vida y la muerte. Si no es el punto más bajo en la incertidumbre por el destino del país, se le debe parecer bastante.