En este escrito tratamos de escudriñar lo que nos depara el año que viene en materia económica. En síntesis, la situación que enfrentamos a final del 2017 se agravará el año venidero. Hemos entrado en hiperinflación, la cual se estima oscilará entre 2.350 y 5.000%, en el mejor de los casos. Si bien los precios del petróleo mejoraran, la caída de la producción de PDVSA compensará esta mejora, provocando una contracción en los ingresos petroleros que hará muy complicado cumplir los compromisos de deuda, por lo que la posibilidad de una cesación de pagos será muy elevada. La caída de los ingresos petroleros provocará a su vez una reducción de las importaciones que se estima en 34%; como se trata de insumos para el aparato productivo, esta caída acentuará la contracción de la producción interna y la escasez. La agudización de la hiperinflación continuará destruyendo la capacidad de compra de la población. Esto conducirá a los más débiles a profundizar su dependencia del Estado a través de los diversos beneficios que conllevan el carnet de la patria o las bolsas CLAP.

Como lo señalamos en un artículo similar a finales del año pasado las empresas y consultoras, así como los organismos internacionales suelen formular sus pronósticos económicos a finales de año. Repasaremos algunas de estas proyecciones a fin de aclarar o definir el escenario que nos espera el año que viene. El vocablo escenario se utiliza en este caso para definir un futuro posible en términos económicos. Si cambia alguna variable, en nuestro caso el precio del petróleo, se abre un nuevo escenario alternativo al que estamos considerando. También pueden cambiar las variables políticas, si en República Dominicana se llega a un acuerdo sobre un CNE más independiente, ello abriría un futuro distinto al que concebiríamos si continua el actual organismo especializado en fabricar cifras electorales a conveniencia de los intereses del PSUV.

Es necesario aclarar que una de las características de la coyuntura actual, como bien lo apunta el Fondo Monetario Internacional (FMI), es la incertidumbre, la cual dificulta o incrementa la probabilidad de errar en los pronósticos que se hacen. Debido a ello, como veremos en los próximos párrafos, algunas de las empresas están optando por formular varios escenarios, uno que consideran el más probable, que algunas firmas denominan el año base, y otro escenario extremo que es menos probable pero surge como un futuro posible en términos económicos.

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un futuro más promisorio para la región latinoamericana dado el incremento del precio de las materias primas, que todavía constituye un item importante en sus exportaciones. Los países de América Latina y el Caribe experimentarán una moderada recuperación en 2018 y crecerán 2,2% el próximo año luego de anotar 1,3% promedio en 2017. La excepción a este panorama es Venezuela que aparece como el único país de la región que sufrirá una contracción económica estimada por la CEPAL en 5% del Producto Interno Bruto (PIB) que se define como el valor de la masa total de bienes y servicios producidos en una economía en un año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca en un informe reciente, la elevada incertidumbre que se ha adueñado de Venezuela, dada la crisis política que atraviesa. Ésta opera como un fardo de la actividad económica que el Fondo espera se contraiga en 5% el año próximo. La inflación según el FMI ha venido incrementándose progresivamente, en el 2016 fue de 254,4%, este año se espera llegue a 652,7% y se espera que el próximo año alcance la espeluznante cifra de 2.349,3 %.

Econométrica, una firma venezolana de consultoría económica, auspició a finales de este año un foro denominado Perspectivas 2018. En este foro, Henkel García (Director de la firma) señaló que la inflación anualizada para fines de noviembre de este año se ubica en 1.800%. La inflación mensual para noviembre la estiman en 64% y no descartan que llegue a 80%. Para esta consultora ya entramos en hiperinflación. Su estimación para el año que viene implica que el proceso inflacionario se agudizará y alcanzará, en el mejor de los casos, 5.000%. Sin embargo prevén un escenario extremo en el cual la inflación puede llegar a 29.000 %, cifra nunca vista en procesos similares en la región. Estiman una contracción del PIB de 5,5 %, pero que en un escenario extremo pude llegar a 12%.

Al igual que Econométrica, la consultora Ecoanalitica convocó a un evento al cual denominó: Foro Perspectivas 2018 ¿A dónde va Venezuela? en el que Asdrúbal Oliveros (Director de Ecoanalitica) confirmó la apreciación de la firma Econométrica y señaló que Venezuela está entrando, a finales del 2017, en una dinámica hiperinflacionaria lo cual se refleja en las elevadas cifras de inflación mensual, y en la escasez de efectivo y el comportamiento del dólar paralelo.

Alejandro Grisanti (Director de Ecoanalitica) intervino en el foro señalado y abordó el tema petrolero. Destacó que la producción petrolera ha estado cayendo, en los últimos años PDVSA ha dejado de producir 700. 000 barriles por día. Este proceso es difícil de revertir, por lo que la producción de petróleo seguirá declinando. Si bien los precios de la cesta petrolera venezolana mejorarán, la caída de la producción será más acentuada, lo que provocará una disminución de los ingresos petroleros para el año que viene. Ello provocará una contracción en las importaciones que según Grisanti pasaran de 12.760 millardos a 8.400 millardos, equivalente a una contracción del 34%. En la medida que estas importaciones suelen ser en su mayoría insumos para el aparato productivo, la contracción de las mismas terminará disminuyendo fuertemente la producción y oferta de bienes, incrementando la escasez. El gobierno seguirá aumentando salarios e imprimiendo dinero para financiarlo. Con poca oferta de bienes y mayor liquidez (dinero circulante), en manos del público el resultado es una inflación creciente. El descenso de la producción petrolera y de los ingresos en divisas arroja una elevada probabilidad de una cesación de pago de la deuda externa en el 2018. Señaló que es poco probable conseguir financiamiento para el año venidero debido a la elevada deuda con Rusia y China y las limitaciones financieras del primero.

Según Inter America Trends, un centro de análisis de políticas con base en Washington dedicada a la investigación de políticas públicas, las perspectivas de la economía venezolana profundizarán lo ocurrido en el 2017. El precio del petróleo mejorará ubicándose en una banda entre 52 a 55 dólares según el World Oil Outlook 2017 de la OPEP. La cesta venezolana mejorará entre 6 a 9 dólares adicionales al precio promedio de 2017 según un artículo de Antonio De la Cruz Director ejecutivo de Inter America Trends. En la misma línea de lo planteado por Alejandro Grisanti de Ecoanalitica, plantean que la producción de petróleo seguirá cayendo y causará, a pesar de la mejora en los precios, una caída de los ingresos por exportación de petróleo que no serán suficiente para cumplir con los compromisos financieros del país por lo que el riesgo de cesación de pagos el año venidero es muy alto. Debido a la contracción en el ingreso de divisas, estiman una reducción de las importaciones en 50%. Para el 2018 continuará el financiamiento público a PDVSA y al sector gubernamental, lo que incrementará la inflación y la subida del dólar paralelo. En el caso base se obtiene una inflación de 3.350% (35% promedio al mes) con un tipo de cambio de 360.000 Bs. por dólar, mientras que en el peor de los casos la inflación llegaría a 20.750% (60% promedio al mes) con un tipo de cambio libre de 14 millones. La hiperinflación seguirá pulverizando la capacidad de compra de los trabajadores la cual se ha venido contrayendo. Según Humberto García Larralde (Presidente de la Academia de Ciencias Económicas) la capacidad de compra del salario mínimo se ha contraído en un 27% en los últimos cuatro años. Inter America Trends plantea que este deterioro del poder de compra seguirá conduciendo a los más débiles a profundizar su dependencia del Estado a través de los diversos beneficios que conllevan el carnet de la patria o las bolsas CLAP.

Profesor UCV

Prominentes dirigentes del chavismo, algunos cercanos a Chávez cuando ejercía funciones de gobierno, han planteado la necesidad de discutir el tema económico y en particular lo referente a la escalada de precios que agobia a la población venezolana y ha pulverizado su poder adquisitivo. Recurrir al expediente de la guerra económica como una explicación al fenómeno hiperinflacionario ya no los convence. Ello ha desatado una polémica en el frente gubernamental, acicateada por las ambiciones personales que se perfilan, con motivo de la cercanía de las elecciones presidenciales del venidero año 2018.

El Vicepresidente de la Asamblea Constituyente (ANC) Isaías Rodríguez en un artículo publicado en el diario Ultimas Noticias, orientado a analizar los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre, expuso al final del mismo la necesidad de que la ANC se dedique a resolver problemas como el aumento constante de los precios. En la línea oficialista Pedro Carreño señaló, en respuesta a los señalamientos del constituyentista Rodríguez, que el desabastecimiento, la inflación inducida, el ataque a la moneda, son ocasionados por los ataques del imperio y de la derecha internacional. En ese sentido la solución a esos problemas no está en manos de la ANC y del gobierno venezolano, las acciones que implementa este último son para aminorar los mismos. Según Carreño empezar a endilgarle esto a la constituyente es para que digan que la ANC es un fracaso. Si lo hacen de manera deliberada es traición a la patria y si lo hacen de buena fe son unos tontos útiles.

Inquietudes similares a las de Isaías Rodríguez también fueron planteadas por el político y periodista José Vicente Rangel, durante su programa “José Vicente Hoy” que mantiene en Televen. José Vicente señaló que es injustificable que en cuestión de horas se multiplique en el mercado el precio de los alimento, al igual que el de los artículos de ferretería y los repuestos de vehículos. A su juicio lo que sucede en el país en torno a esto no tiene explicación. Señaló a continuación que es insoportable el costo de la vida y que es imposible guardar silencio ante un fenómeno que azota a todo el pueblo y que tiene a los venezolanos contra la pared. Planteó además que no hay sueldo ni salario que soporte el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. También mencionó la situación del sector salud refiriéndose específicamente a los medicamentos y la calificó de “dramática”. Finalmente agregó que las medidas que está tomando el ejecutivo son “forjadas” y ninguna convence, ni por parte del gobierno ni de los empresarios.

A esta polémica entre los dirigentes del régimen se sumó recientemente el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, quien también se desempeñó por un tiempo como jefe del equipo económico de Nicolás Maduro. Diversas fuentes le atribuyen a Ramírez aspiraciones presidenciales, por lo que sus señalamientos se inscriben en el marco del tira y encoge que se está dando en el chavismo con la mira puesta en las elecciones del año 2018. Ramírez expresó, en un artículo reciente en el portal Aporrea, que cuando el presidente Maduro lo designó jefe de su equipo económico, él tenía una idea clara de los problemas y de lo que había que hacer en el área económica, pero no hubo apoyo político para avanzar en una agenda que él había consensuado al más alto nivel. Esta agenda no pudo aplicarse por desconfianza, prejuicios y desconocimiento, lo que torpedeó su instrumentación.

Ramírez señaló en un artículo titulado “la tormenta” que el propósito fundamental del Plan que él proponía era estabilizar la economía y alcanzar los equilibrios necesarios. A tal fin se planteaba crear otro sistema cambiario que evolucionara hacia un solo valor de equilibrio, que luego fluctuaría en el marco de una banda. También se establecía una política fiscal diferente, así como una política de incentivos a la producción nacional. Esta agenda buscaba que fuera más rentable producir en el país que conseguir una divisa barata que alimentara al dólar paralelo y por ende la inflación. También se proponía una estrategia para el manejo de la deuda externa.

En el artículo mencionado Ramírez expresó su fe en que el campo bolivariano avanzaría y que el régimen chavista poseía la fuerza suficiente para derrotar a sus enemigos, pero enfatizó la necesidad de profundizar el análisis en particular del tema económico. En este contexto citó a Chávez quien señaló que “en el socialismo, la prioridad de la economía debe ser resolver las necesidades del pueblo” y su calidad de vida.

En una entrevista concedida a la BBC, Ramírez señaló que sus planteamientos fueron desechados y para mantenerlo en silencio fue enviado a un exilio dorado como embajador en la ONU. A pesar de ello continuó escribiendo exponiendo su posición y compromiso con el proceso. En la medida que el régimen de Maduro anda en una onda electoral las opiniones del ex Presidente de PDVSA fueron tomadas como parte de una campaña orientada a promocionar su figura y sus aspiraciones presidenciales, respaldado por una parte del entorno intimo de Chávez, entre ellos la familia del prócer de Sabaneta. El régimen decidió en consecuencia llevar a cabo una purga, al más puro estilo estalinista, defenestrándolo de su cargo en la ONU y sustituyendo a una numerosa parte de la plantilla profesional de PDVSA y Citgo.

Las declaraciones y opiniones de Isaías Rodríguez, Rangel y Rafael Ramírez revelan que la hiperinflación reinante y sus implicaciones sociales están generando tensiones en el régimen y avivando la discusión sobre el tema económico y en particular lo relacionado con la escalada de precios y la incapacidad del gobierno de enfrentarla con éxito. Dirigentes históricos del chavismo ya no se conforman con recurrir al fácil expediente de la guerra económica para explicar la deriva de los precios. El régimen ha desatado una cacería de brujas buscando disuadir a los críticos. La opacidad del régimen no permite estimar las repercusiones que esta polémica tiene y las repercusiones que tendrá. Sin embargo la cercanía de las elecciones presidenciales probablemente seguirá acicateando las ambiciones personales y las fricciones entre los diversos grupos en el gobierno, oxigenando la discusión sobre el tema.

Profesor UCV

El régimen cubano está a la deriva. La burocracia hostiga a los emprendedores e inversionistas, lo cual ha limitado la inversión extranjera. El modelo socialista restringe la capacidad productiva. El 80% de los alimentos son importados. El ingreso en divisas se ha reducido contrayendo las importaciones, y amenaza con reducirse más debido a la política de Trump. Son necesarias reformas para estimular la inversión privada y la producción interna. El régimen comunista de la Habana no puede descansar en la generosidad de sus aliados, pues esta ha colapsado, y no tiene idea que hacer. La indecisión de la dirigencia se ha agudizado debido al cambio en el liderazgo. El nuevo liderazgo parece continuar la retorica anti imperialista del antiguo.

Cuba sigue sometida a un racionamiento que obliga a los cubanos a comprar en el mercado negro, donde los alimentos como el arroz cuestan 20 veces más de lo que vale un producto similar subsidiado por el gobierno. Esto no puede ser costeado por los trabajadores que devengan un salario de 23 dólares al mes. Es necesario crear trabajos mejor remunerados, estimulando la inversión privada. Sin embargo, en agosto el régimen anunció que se detendrían las emisiones de nuevas licencias para autorizar emprendimientos en dos docenas de áreas en las cuales la actividad privada es permitida. Ello abarca la gestión de restaurants, el arrendamiento de habitaciones a los turistas, y la enseñanza de música. Sin embargo, esto no afecta a los cuentapropistas (pequeños emprendedores independientes) que ya están trabajando en áreas como restaurants, hotelería y otras actividades. Pero el gobierno no confía en ellos, ya que son emprendedores con mentalidad independiente que un día podrían convertirse en disidentes del régimen. La prosperidad de estos emprendedores provoca envidia en los cubanos más pobres. Raúl Castro los criticó por evasión de impuestos y otras irregularidades. “El gobierno lucha contra la riqueza no contra la pobreza”, se lamentó un emprendedor.

Los ataques a los embriones de capitalismo ocurren en un momento que no es conveniente, ya que Castro debe entregar el poder en febrero, lo cual finaliza 60 años de liderazgo autoritario representado por él y su hermano. Las relaciones con Estados Unidos se han enturbiado debido al cambio de política de Trump y los ataques sónicos a la embajada de Estados Unidos.

El huracán Irma causó destrozos en la isla que afectaron a las playas de los balnearios más populares para el turismo y dejó fuera de servicio al sistema eléctrico. Con un déficit público estimado en 12%, el gobierno carece de recursos para enfrentar la reconstrucción y reparación de los daños. Estos son golpes a una economía que estaba ya en una situación terrible. La estratagema favorita del régimen de extraer subsidios de sus aliados tuvo sus días al contar con la ayuda de Venezuela, que reemplazó a la Unión Soviética como el benefactor del régimen.

Sin embargo, Venezuela está en este momento en peor situación que Cuba. El trueque entre ambos países, de petróleo por servicios (médicos y otros profesionales) se ha reducido de 8 millardos de dólares en el 2012 a 2,3 el último año. Cuba ha tenido que comprar petróleo al precio normal en el mercado internacional. A pesar de un boom en el turismo, sus ingresos por servicios (que incluye turismo y servicios médicos) ha ido descendiendo desde el año 2013.

Restringida por la camisa de fuerza del socialismo, Cuba produce menos que otros países. La agricultura, por ejemplo, está restringida por el control de precios y las carencias del transporte. Cuba importa 80% de los alimentos que consume. Pagar por estos bienes luce difícil. En julio, el Ministerio de Economía informó a la Asamblea Nacional que las restricciones financieras reducirán las importaciones en 1,5 mil millones de dólares en el 2017. Lo que está disponible en los comercios depende de lo que los suplidores de Cuba están dispuestos a esperar por el pago. El Producto Interno Bruto se contrajo en 0,9% en términos reales en el año 2016. Irma y la caída de las importaciones conducirán a otro mal año en el 2017.

El gobierno no sabe qué hacer. Una posible salida es estimular a los inversionistas extranjeros, pero el gobierno insiste en ponerles trabas burocráticas a estos. Debido a ello Cuba atrajo 1,3 millardos de dólares en inversión extranjera en el año 2014, menos de un cuarto de lo que ellos aspiraban. El gobierno ha hecho algunas concesiones a los inversionistas. En el caso de algunas compañías de alimentos se les ha permitido repatriar parte de sus beneficios. Sin embargo, los pequeños y medianos emprendedores están esperando por una ley que les permita actuar como lo hacen otras compañías, pero esta ley todavía no se ha aprobado.

Otro aspecto crucial es reformar el sistema cambiario que está basado en un doble tipo de cambio. A los turistas se les permite cambiar a 24 pesos por dólar, sin embargo, en el caso de las empresas públicas el cambio es uno a uno lo que implica una elevada sobrevaluación que favorece las importaciones, pues las abarata, pero penaliza las exportaciones, al encarecerlas. Es necesario una devaluación del peso para las empresas públicas, pero ello tendría un fuerte impacto que llevaría a muchas a la quiebra, generaría desempleo e incentivaría la inflación. Los países que hacen esto normalmente recurren a la ayuda de un organismo financiero como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero Cuba está fuera de este organismo debido a la oposición de Estados Unidos. Cuba no puede recurrir al FMI o a otros organismos como el Banco Mundial.

Los cambios que son necesarios son difíciles de llevar a cabo pues Cuba está a la espera de la designación de un nuevo líder. El proceso de designación ha agudizado el enfrentamiento entre conservadores y reformistas dentro del gobierno. La beligerancia de Trump probablemente ha ayudado a los primeros. La mayoría de los analistas sobre el tema cubano han señalado a Miguel Díaz Canel como el probable sucesor. Un video reciente lo muestra en una reunión del Partido Comunista Cubano dirigiéndose a los presentes con la misma retórica anti imperialista de los Castro y arremetiendo contra los medios independientes críticos del régimen, lo cual es una mala noticia para los emprendedores.

Comentario final: para salir de su predicamento el régimen cubano necesita estimular a los emprendedores, pero por el contrario los hostiga, desestimulando la inversión, la producción interna y el ingreso de divisas. Ello está en la naturaleza del régimen y en el fondo de la crisis que enfrenta. Este “modelo” es el que los alumnos de los Castro han trasladado a Venezuela con los resultados que conocemos.

Nota: este escrito, exceptuando el comentario final, es una traducción libre del artículo: “Slim Pickings. Clueless on Cuba’s economy”. The Economist. Sep 30th 2017.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

Venezuela y PDVSA vienen afrontando desde hace tiempo una situación que limita su capacidad de pago, debido a la declinación de la producción de PDVSA que es la empresa que aporta el 95% de los dólares que ingresan a la economía. El gobierno decidió utilizar los recursos requeridos para incrementar la producción reorientándolos a otros propósitos, a la espera de que los precios del petróleo se recuperaran y la empresa pudiera disponer de mayores ingresos para destinarlos a elevar la producción. Si bien los precios se han recuperado no han llegado a un nivel que permita cumplir tal propósito. La empresa debió recurrir a los entes financieros internacionales a fin de obtener nuevo endeudamiento y poder así pagar los compromisos de deuda que se vencen a finales de este año. Sin embargo los entes financieros no han sido receptivos a la solicitud de la empresa, debido a la situación del gobierno de Venezuela que ha sido acusado de violación de derechos humanos en los meses previos, lo que se ha agudizado por las sanciones financieras de la comunidad internacional (Ver artículos previos del autor en este boletín: “PDVSA al borde de la cesación de pagos” “La agonía de PDVSA”).

La situación descrita se ha agudizado en los últimos días y tanto Venezuela como PDVSA han entrado en cesación de pagos. Standart and Poor’s, una empresa estadounidense de servicios financieros que tiene entre sus propósitos calificar el riesgo de los bonos que emiten las empresas y los países en el mercado financiero, decidió esta semana que Venezuela y PDVSA entraron en cesación de pagos debido al retraso que se produjo en el pago de sus compromisos financieros. La Comisión Internacional de Swaps y Derivados (ISDA por sus siglas en ingles), que reúne a los acreedores, tomó una decisión similar por lo que se inició el proceso para pagar a los tenedores de bonos el seguro contratado para protegerlos de situaciones de impagos.

El origen del problema según Alejandro Grisanti, Director de la firma Ecoanalítica, empresa de asesoría económica, es la limitada capacidad de pago del gobierno, a pesar del aumento que se ha observado en los precios de la cesta petrolera venezolana. El incremento en los precios petroleros no ha logrado compensar el descenso que se ha producido en los últimos tres años en la producción petrolera. La producción de PDVSA ha caído en 800.000 barriles diarios, Su esto se hubiera producido este año Venezuela hubiera recibido 15 millardos de dólares. Esta cifra hubiera sido más que suficiente para haber pagado todos los compromisos de deuda con los bonistas y adicionalmente hubiera permitido triplicar las asignaciones que se vienen haciendo al sector privado para la importación de alimentos y medicinas, contribuyendo a aliviar la crisis humanitaria que enfrentamos.

Según Ecoanalítica la caída de la producción de PDVSA es ocasionada por el modelo económico que ha asumido el gobierno centrado en controles del tipo de cambio y de los precios y una política hostil a la inversión privada, lo que le ha restado operatividad a todos los entes gubernamentales, incluido PDVSA. Esta es la razón fundamental del problema y no las sanciones financieras aplicadas por los Estados Unidos, las cuales apenas están comenzando a instrumentarse.

Según las declaraciones de Grisanti a varios medios, el gobierno no tiene una estrategia clara para hacer frente a la situación de insolvencia y parece orientado a entorpecer el pago de la deuda, pago que cuando se hace se lleva a cabo con retraso, provocando que las empresas calificadoras de riesgo coloquen a Venezuela en situación de cesación de pagos. Una explicación a esta acción del gobierno la arroja el economista Maxim Ross quien señala que el gobierno parece orientado a presionar a los tenedores de bonos a fin de posponer los pagos de deuda del año que viene, que es un año electoral. De este modo el gobierno busca disponer de recursos para importar alimentos y medicinas y aliviar la crisis de desabastecimiento que enfrentamos en el año electoral que se avecina. Esta actitud del gobierno, según Grisanti, nos coloca en una condición de vulnerabilidad y a merced de los acreedores que podrían recurrir a los tribunales de Nueva York y embargar los activos de Venezuela en el exterior, complicando aun más la situación.

El Director de Ecoanalítica señala que para lograr una negociación exitosa el gobierno debe cambiar su modelo económico a fin de aumentar su capacidad de pago. Para ello debe unificar el tipo de cambio e incrementar la producción petrolera y minera. Una vez que los acreedores de Venezuela perciban que en el país se están haciendo reformas para aumentar la capacidad de pago se puede, en este ambiente, abordar un proceso exitoso de renegociación de la deuda y posponer los pagos. Si no se hacen cambios en el modelo económico cualquier proceso de renegociación que se aborde está condenado al fracaso.

Profesor UCV

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El presidente Nicolás Maduro señaló, en una intervención pública reciente, que el gobierno se abocará al refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa, estimada en 105 mil millones de dólares, un monto equivalente a diez veces las reservas internacionales del país. Para coordinar el comité que estará al frente de dicho proceso, y de las negociaciones con los tenedores de bonos y las instituciones financieras, se designó al Vicepresidente de la República Tareck El Aissami.

Francisco Rodríguez, economista jefe de la empresa Torino Capital, asesor de UNASUR y cercano al régimen chavista, señaló que el refinanciamiento no es viable porque las sanciones impuestas por los Estados Unidos impiden una nueva emisión de bonos, paso indispensable en una hipotética renegociación de la deuda. Las sanciones imponen un corsé a las instituciones financieras estadounidenses que les impide involucrarse en una nueva emisión de deuda. Si los economistas cercanos al gobierno, como Rodríguez, opinan que el refinanciamiento no es viable, ¿por qué el gobierno anuncia que procederá a iniciar un proceso en este sentido, a sabiendas de que es un callejón sin salida? La inviabilidad de la propuesta gubernamental ha provocado que diversas fuentes y portales de negocios se hayan dedicado a especular sobre la real intención de Maduro y su gobierno al anunciar el refinanciamiento de la deuda externa.

Otro factor que ha incrementado la confusión y que indica segundas intenciones en el proceder gubernamental, es que el presidente anunció un pago a los tenedores de bonos de PDVSA por el orden de 1200 millones de dólares. Este anuncio lo hizo Maduro en el mismo momento que declaraba su disposición a refinanciar la deuda. Justo un mes antes, PDVSA había pagado 842 millones de dólares a sus tenedores de bonos. Según los analistas económicos, esto no tiene lógica alguna, pues si la intención del gobierno es refinanciar la deuda, debió posponer los pagos y mantener los 2,04 millardos de dólares como una carta a su favor, a fin de dar más solidez a los compromisos de pagos que adquiriría el gobierno en el proceso de renegociación de la deuda. Este segundo aspecto es otro elemento que lleva a pensar que el gobierno no tiene intenciones de renegociar la deuda y que el anuncio esconde otros propósitos.

El tercer factor que arroja dudas sobre la intencionalidad del gobierno es el nombramiento de Tarek El Aissami como coordinador del comité que dirigirá las negociaciones con los tenedores de bono y las instituciones financieras internacionales. El Aissami ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de ser un elemento clave del tráfico de drogas a nivel internacional y estar detrás de varias empresas dedicadas al lavado de dinero; debido a lo cual ha sido uno de los miembros del gobierno sancionados por las autoridades estadounidenses. Ello coloca a este funcionario como uno de los menos idóneos para representar al gobierno venezolano en estas negociaciones y refuerza la idea de que el gobierno no tiene intenciones de renegociar la deuda y que sus propósitos reales se orientan en otro sentido.

Una de las especulaciones que ha surgido, en las publicaciones especializadas, es que el gobierno aspira con su anuncio, provocar el desplome de los precios de los bonos venezolanos en los mercados financieros. Los gobiernos de Rusia y China, como parte de un acuerdo previo con el régimen de Maduro, procederían a comprar los bonos a precio de gallina flaca. Una vez que China y Rusia sean los propietarios de la deuda venezolana, el régimen de Maduro negociaría con estos gobiernos, que se supone son aliados ideológicos del régimen, una reestructuración de la deuda en términos más favorables para Venezuela.

Al margen de las especulaciones, lo único que quedó claro en el discurso de Maduro es su intención de responsabilizar a los Estados Unidos y a las sanciones impuestas, por las dificultades que el gobierno enfrente a la hora de renegociar la deuda. Ello lo señaló la revista The Economist en una de sus ediciones recientes, mencionando además que Maduro dedicó buena parte de su discurso a denunciar “La dictadura financiera global del imperialismo americano” y se quejó de que su gobierno está sometido a un “genuino bloqueo financiero” parodiando el discurso de sus maestros cubanos. Según la mencionada revista, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela son suaves comparadas con las impuestas a Cuba. Si bien es cierto que las transacciones financieras han sido afectadas por las sanciones, también lo es que Venezuela realiza un comercio abierto con los Estados Unidos y que le vende a este país una parte importante del petróleo que exporta.

El gobierno, como San Pablo en el camino de Damasco, fue cubierto por una luz divina y descubrió en su peregrinaje la existencia en Venezuela de una crisis humanitaria, que hasta hace poco había negado. En consecuencia, el régimen, según Maduro, tiene las intenciones de renegociar la deuda a fin de liberar divisas para importar alimentos y medicinas y aliviar la crisis humanitaria que enfrentamos los venezolanos. Si esto no se logra es por culpa de las sanciones impuestas por Trump con el apoyo de la Asamblea Nacional y de Julio Borges. Esta parece ser una nueva estratagema propagandística del gobierno pensando desde ya en las elecciones del 2018, responsabilizando al “Imperio” y a la oposición venezolana por las penurias y calamidades que enfrentamos los venezolanos diariamente para la adquisición de alimentos y medicinas.

Profesor UCV

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Los gremios agrícolas, actuando como buscadores de renta, presionan por aumentos de precios agrícolas por encima de la inflación lo cual se traduce en un encarecimiento de los alimentos que, como grupo, constituyen el ítem más importante del gasto de los consumidores pobres, que son la mayoría en un país como Venezuela. Este encarecimiento deteriora el bienestar de los consumidores al limitar su acceso a la canasta alimentaria.

La economía agrícola ha abordado el análisis de las organizaciones gremiales agrícolas como buscadores de renta (rent seekers), desarrollando un área denominada “Economía política de la protección agrícola” que se ha nutrido de diversas fuentes pero siempre considerando la economía como una de las corrientes principales de las cuales ha abrevado. En esta perspectiva, los grupos de interés como los gremios agrícolas, invierten en campañas electorales de políticos que persiguen ser elegidos como miembros del congreso o incluso como presidentes, esperando que en retorno los políticos al ser elegidos ayuden a que el cabildeo de estos grupos, en procura de subsidios o aumentos de precios sea exitoso. En esta labor, las asociaciones agrícolas se posicionan en los ministerios de agricultura y a partir de allí presionan por la aprobación de políticas favorables a sus intereses. Los gremios agrícolas europeos, por ejemplo, han logrado este posicionamiento a nivel regional, nacional y a nivel de los organismos comunitarios en Bruselas. Gracias al cabildeo político y a su posicionamiento institucional han conseguido la aprobación de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) que ha encarnado una política de protección a la agricultura y de subsidio a las exportaciones agrícolas.

Los subsidios y aumentos de precios que obtienen los gremios agrícolas al final son costeados por los consumidores, por medio de impuestos que financian al gobierno y sus políticas o al comprar alimentos. En consecuencia, los economistas califican a estos subsidios o aumentos de precios como transferencias de renta o ingreso de los consumidores a los productores. Las organizaciones gremiales agrícolas, al perseguir la aprobación de estas transferencias son vistas, como ya se ha dicho, como buscadores de renta (rent seekers). En esta perspectiva, las políticas agrícolas son el resultado del proceso de búsquedas de rentas de los gremios. La actividad de búsqueda de rentas de estas organizaciones no tiene un impacto negativo en el bienestar de los consumidores europeos pues el peso de los alimentos en el gasto de una familia es muy bajo. En contraste, en los países en donde la mayoría de los consumidores son pobres como Venezuela, la búsqueda de rentas impacta negativamente el bienestar de los consumidores y limita el acceso de estos a la canasta alimentaria pues el peso de los alimentos es el ítem más importante del gasto familiar.

Los gremios agrícolas venezolanos se organizaron electoralmente como partido y participaron en la campaña electoral de 1999 apoyando al ex presidente Chávez. Al llegar el chavismo al poder, los gremios adquirieron gran influencia, logrando introducir su concepción de la seguridad alimentaria en la Constitución de 1999. También fueron exitosos como buscadores de renta; el maíz el rubro alrededor del cual se nuclearon los buscadores de renta, logró aumentos de precios por encima de la inflación durante casi una década, a pesar de que ello contribuyó a aumentar las presiones inflacionarias, deteriorando el bienestar de los consumidores.

El profesor de la UCV Arnaldo Badillo en su libro “Política de precios agrícolas en Venezuela. Teoría y Vivencias” pronosticó que la luna de miel entre el régimen chavista y los gremios agrícolas en algún momento finiquitaría, pues era una alianza contra natura, dado los intereses contradictorios de la base electoral del chavismo (los consumidores pobres) y los gremios agrícolas como buscadores de renta. Esta cohabitación fue factible gracias a que los ingresos extraordinarios del petróleo hicieron posible una política alimentaria orientada a subsidiar a los consumidores de bajos ingresos a través del programa Mercal, el cual era abastecido fundamentalmente con importaciones realizadas con dólares preferenciales, lo que suponía un subsidio cambiario. Este programa que implicaba un sesgo con el propósito de beneficiar a los consumidores urbanos de bajos recursos, permitía proteger a estos del impacto de las políticas de precios agrícolas que buscaban satisfacer las expectativas de los buscadores de renta.

Sin embargo, al final la predicción del profesor Badillo se hizo realidad, en la medida que los precios petroleros colapsaron y los ingresos extraordinarios se desvanecieron, los programas alimentarios y sociales redujeron su cobertura, y fue imposible proteger a los consumidores de los efectos de los elevados precios que los gremios agrícolas demandaban. La política de control de precios se radicalizó reduciendo los márgenes de beneficio de los productores agrícolas, lo que aunado a la escasez de semillas y otros insumos terminó por generar una debacle en la producción de cereales y en la agricultura en general.

Nota: este escrito es una síntesis parcial de un artículo de mayor alcance del autor que aspira ser publicado en una revista especializada en el área. La versión completa del mismo está disponible en el repositorio institucional saber UCV: www.saber.ucv. El título del artículo es: “Políticas agrícolas, buscadores de renta y seguridad alimentaria en Venezuela en el periodo 1973-2012”.

Profesor UCV

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Los resultados electorales de las elecciones regionales son una ficción o fabricación. Nadie, en Venezuela o en el mundo, se tragará esos resultados según Gerardo Blyde Coordinador Electoral de la MUD. Los eventos electorales, como una ficción o fabricación, se han convertidos en cotidianos. Previamente, en el evento electoral más reciente donde se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente, se manipularon los resultados oficialistas posibilitando que los representantes gubernamentales obtuvieran 8 millones de votos, abultando los resultados por al menos un millón de votos, los cuales fueron “fabricados” en medio de una opacidad que ya es característica de este tipo de eventos.

La manipulación electoral debe haber contribuido a la derrota de la oposición, aunque no se sabe por cuánto. El cansancio de la población después de meses de marchas y protestas también. La oposición fue al proceso dividida. Los partidos pequeños se opusieron a la participación, pero los grandes se impusieron, en particular AD y Ramos Allup quienes decidieron salir adelante obligando a los demás a seguirlos. Al final no se obtuvo ni una victoria real ni moral. Hubo poco entusiasmo por participar en las elecciones, por parte de la base de los partidos de la oposición, pues la gente no logró conectar la misma con el cambio de régimen, según Félix Seijas, un estadístico de la UCV.

El régimen actuó con ventaja, haciendo todo lo posible por obstaculizar el voto opositor. Estimuló el cambio de los centros electorales que en eventos electorales previos se inclinaron por la oposición. El que escribe estas líneas votó en escasos minutos en la Unidad Educativa Simón Bolívar, en la cual había votado en eventos anteriores. A las 2 pm no había nadie haciendo cola en la mesa donde voté. Mientras que en el mismo centro, largas colas se producían en las mesas donde se habían transferido a las personas que votaban en el colegio Academus y Lucas Castillo, ubicados en zonas donde predominaba el voto opositor. La ausencia de testigos y los cortes de luz intencionados impedían el voto en estas mesas. A la misma hora, la secretaria general de AD en el estado Aragua, informaba en entrevista radial, que el evento transcurría sin mayores incidentes y que había que felicitar al pueblo venezolano por su disposición a votar. Según Carlos Ocariz, el gobierno, empleando este tipo de maniobras, logró impedir el voto opositor de un considerable número de votantes en el estado Miranda, lo que alteró el resultado final.

El régimen usó diversos mecanismos para concretar el voto oficialista. Utilizó mensajes de textos para informar a los empleados públicos donde votar y por quien. Al menos en un estado, Vargas, se repartieron bolsas de comidas a las puertas de los centros electorales. Al final el oficialismo logró obtener el 54% de los votos, lo cual contrasta con el bajo apoyo que obtiene en las encuestas de opinión, donde el gobierno logra un respaldo inferior al 30%. La elevada votación obtenida por el oficialismo es improbable de lograr sin que exista una manipulación de los votos electorales según Félix Seijas.

La oposición luce confundida y dividida. Al conocerse los resultados electorales su reacción fue el silencio ante un resultado que no esperaban. Luego se reunieron y debatieron más de una hora y señalaron que no reconocerían los resultados. Según David Smilde del centro de análisis “Washington office on Latin America”, la reacción de los dirigentes de la oposición es sorprendente, pues no se plantearon otros escenarios distintos al triunfo arrollador y mucho menos un plan alternativo, en el caso de que ese triunfo arrollador no se concretara. Pensaban que su sola participación impediría el fraude, lo cual no ocurrió. Después de ello la división de la oposición se ha profundizado, pues algunos como Carlos Ocariz señalan que hubo fraude y que acudirá a las instancias internacionales para presentar las pruebas, otros como Henry Falcón opinan que perdieron las elecciones y que es necesario aceptar los resultados aunque sean adversos. Henry Ramos Allup reaccionó con indignación a las acusaciones de fraude del secretario general la OEA Luis Almagro, en las cuales creyó ver una acusación contra los partidos que como AD, habían decidido participar en las elecciones.

Los resultados obtenidos podrían entusiasmar al gobierno a realizar las elecciones presidenciales el año que viene, aunque tienen que buscar un candidato. Héctor Rodríguez, el candidato ganador en Miranda, podría ser una alternativa. La oposición ante esta eventualidad no las tiene todas consigo. Un representante de la MUD señaló que no participarían en un evento electoral más sin contar con un órgano electoral independiente. Además, entre sus potenciales candidatos hay uno preso (Leopoldo López) y el otro está inhabilitado (Capriles). Adicionalmente a ello la población luce cansada de la política, la clase media ha emigrado y los que permanecen en el país tienen pocas esperanzas de que la situación cambie.

Mientras tanto, la Unión Europea que calificó los resultados de sorprendentes afina las sanciones que impondrá a Venezuela. El secretario general de la OEA señala que en las elecciones regionales hubo fraude. Se cimienta la idea de que una oposición fragmentada y confundida no contribuirá en modo alguno a que salgamos de este atolladero. En una eventual salida electoral el próximo año, las sanciones internacionales lucen como la única opción a fin de presionar al gobierno por unas elecciones trasparentes con acompañamiento internacional y un órgano electoral independiente.

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En estas líneas presentamos evidencias que permiten afirmar que la tercera convención colectiva, aprobada recientemente por un sindicato universitario y el gobierno, logró mejoras en el salario nominal que no se tradujeron en un aumento de la capacidad de compra de los profesores; debido a que la hiperinflación dominante ha anulado los aumentos señalados. En este sentido, se mantiene la tendencia al deterioro sostenido de la capacidad de compra de los profesores universitarios que comenzó en el año 2001.

A continuación, examinaremos varias de las conquistas logradas en la última convención colectiva y sus implicaciones en la situación económica de los docentes e investigadores universitarios. En primer lugar, el efecto del bono retroactivo que se concedió y pagó en el mes de agosto de este año. En segundo lugar, las primas que se lograron tales como la de antigüedad, y la que se pagará a los que detenten títulos de maestría y especialización. En último lugar, evaluaremos los aumentos en el ingreso nominal y su impacto en la capacidad de compra de los docentes.

1. El bono retroactivo:

Se aprobó y pagó un retroactivo que en términos nominales alcanzó una cifra considerable. Sin embargo, cuando lo traducimos en términos de mercancías que comprar, su impacto fue muy limitado. Conozco el caso de un profesor que tenía pendiente la reparación del motor de su vehículo, el cual necesitaba cambio de anillos, el retroactivo apenas alcanzó para pagar tal reparación. En otros casos, el retroactivo fue utilizado para cambiar los cauchos del vehículo. En la situación de descapitalización que enfrentamos los profesores, el bono en cuestión alcanzó a duras penas para invertir en refacciones que requerían los viejos trastos en que nos desplazamos.

2. La prima de antigüedad:

Esta prima se pagaba a los obreros y empleados, pero con la tercera convención colectiva se hizo extensiva a los profesores. En la actualidad, uno de los problemas que enfrentamos los docentes, en particular los jubilados, es que desconocemos el monto de esta prima. En la Información divulgada sobre las conquistas socioeconómicas obtenidas en la III Convención Colectiva, se suministra una fórmula para el cálculo de esta prima. Aplicada esta fórmula al caso de un profesor agregado activo con diez años en la institución, se obtiene una prima que representa aproximadamente el 11% del ingreso mensual del profesor. No está claro si el pago de esta prima es mensual o anual, sin embargo, dicha prima no cambia significativamente la deprimida capacidad de compra de un profesor agregado, que como veremos más adelante, es lo que caracteriza la situación económica de los docentes en la actual coyuntura.

3. El bono doctorado se hizo extensible a los niveles de maestría y especialización.

Se extendió un porcentaje equivalente al bono doctoral a los profesores que poseen títulos de maestría y especialización. Desde hace tiempo había una presión en este sentido, y en el ambiente anti meritocrático (propio del chavismo), al fin se logró eliminar en la práctica, el incentivo que significaba el bono a los estudios de doctorado. La diferencia entre el bono doctoral y el de maestría se reduce a un insignificante dos por ciento. Se trata de un acto que tiende a la igualación salarial de los profesores, propio de un régimen que en todo momento busca la igualación por debajo. Los estudios de doctorado están estrechamente imbricados con la actividad de investigación, por lo que la eliminación de este incentivo tiene repercusiones negativas para este tipo de actividad.

4. El aumento del sueldo básico:

Tal como lo hicimos en anteriores oportunidades, esta vez utilizamos como referencia el ingreso de un profesor con categoría de agregado, por considerarlo representativo de la masa profesoral al ubicarse en un nivel intermedio. Como podemos ver, en el cuadro insertado a continuación, el ingreso mensual de un profesor agregado mejoró sustantivamente, casi se sextuplicó con respecto a septiembre del año pasado. Sin embargo, cuando estimamos la capacidad de compra del profesor, comparando este ingreso con el costo de la canasta básica (CB) del CENDAS, encontramos que representa para el mes de agosto de este año un pírrico 18,9% de dicha canasta. En otras palabras, el profesor activo debe buscar entradas en otras fuentes de ingreso diferente a la universidad, a fin de financiar más del 80% de su gasto de vida familiar. Cuando comparamos esta cifra con la de mayo y septiembre del año pasado, encontramos que la situación no ha cambiado.

Si estimamos para septiembre de este año un incremento en la canasta similar al ocurrido en los meses previos, encontramos que el aumento del 40% del ingreso que obtuvimos en septiembre no mejora la capacidad de compra de los profesores, ya que la proporción del ingreso en relación a la CB se reduce (ver cuadro 1) . La hiperinflación dominante anula los efectos sobre la capacidad de compra de los aumentos nominales, aprobados en la tercera convención colectiva, lo cual mantiene la tendencia que se venía dando en los años previos.

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El diálogo entre la oposición y el gobierno le ha permitido al régimen de Maduro ganar tiempo, el cual ha utilizado para afianzarse en el poder. Masacrando las protestas alimentadas por el descontento social que genera una crisis humanitaria sin precedente. Reprimiendo a la oposición política, cuyos dirigentes han sido enviados a la cárcel o forzados al exilio. Además de ello, ha logrado instalar una fraudulenta Asamblea Constituyente (ANC), elegida en una votación inflada por una autoridad electoral integrada por militantes del partido de gobierno. En consecuencia, la oposición política luce dividida ante temas tan neurálgicos como el de las elecciones regionales, las cuales serán conducidas por el mismo ente comicial, lo cual arroja dudas razonables sobre la pulcritud del evento. Diversos actores sociales como la iglesia católica venezolana, los cancilleres de los principales países de América y Europa, coinciden en que la democracia en Venezuela ha naufragado y que Maduro y sus socios han logrado implementar una dictadura en el país, para lo cual han contado de manera diligente con el ex presidente español Rodríguez Zapatero y el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández (Ver: Rodríguez R., J.E. “Diálogo fructífero… para la dictadura en ciernes. DÍgalo Ahí, n° 6, 23 de septiembre, 2017)

Según la prestigiosa revista The Economist la restauración de la democracia en Venezuela depende fundamentalmente de factores externos, debido al estado de postración de la oposición interna. En este sentido, adquieren relevancia la intervención de la comunidad internacional y la aguda escasez de divisas que puede generar una situación de insolvencia. Los Estados Unidos ha sido uno de los países más activos en la aplicación de sanciones que han ido desde sanciones individuales hasta las más recientes sanciones financieras selectivas, que buscan imposibilitar que tanto el gobierno como PDVSA, puedan obtener nuevo endeudamiento en el mercado de Nueva York. Estas sanciones han sido apoyadas por influyentes líderes republicanos como Marco Rubio y por reconocidas ONG como Human Rights Watch (HRW), quienes señalan que sin sanciones los dirigentes venezolanos no enfrentaran presiones tangibles que los hagan cambiar de conducta.

The Economist señala que algunos escépticos plantean que para que las sanciones sean efectivas deben ser multilaterales y reversibles, en caso de que el gobierno venezolano decida embarcase en negociaciones serias con la oposición. En esta perspectiva, ha sido una buena noticia la reunión del grupo de Lima donde 11 cancilleres decidieron aislar a Venezuela tanto en el tráfico de armas como en cuestiones financieras, lo cual va orientado en la misma vía de las sanciones estadounidenses. El canciller de Perú Ricardo Luna, señaló en una entrevista al diario El País, que la comunidad latinoamericana está cada vez más consciente de la necesidad de presionar a Venezuela mediante sanciones que puedan ampliarse e incorporar a los países de la Unión Europea. Estas sanciones tendrían como objetivo final, generar una crisis en el régimen y obligar a la renuncia de Maduro. Sin embargo, según la revista The Economist, los países de la región están vacilantes frente a esta posibilidad, ya que después de las sanciones aprobadas en Lima parecen estar indecisos con respecto a qué acciones tomar de ahora en adelante.

Frente a las sanciones de Estados Unidos y los países de América Latina, es previsible que Maduro busque apoyo en sus aliados autoritarios como Rusia y China. En ese sentido, es probable que recurra a ellos por fondos extras, para pagar la deuda y evitar una cesación de pagos, que lo expondría a las sanciones de sus acreedores. En este sentido, es poco probable que China corte la ayuda a un socio en problemas. Rusia anda en la búsqueda de oportunidades y en abril le prestó a Venezuela mil millones de dólares obteniendo concesiones petroleras en retorno. Venezuela solicitó recientemente la reestructuración de la deuda rusa, así lo informó el ministerio de finanzas ruso.

Es probable que en el corto plazo el régimen de Maduro logre evitar la cesación de pagos con la ayuda de sus socios autoritarios. Pero en el largo plazo la decidida posición del canciller de Perú, del Secretario General de la OEA Luis Almagro y del gobierno estadounidense, así como la larga resistencia de la disidencia venezolana, lograrán que al final la democracia prevalezca. Así lo afirma la revista The Economist, quien señala que en el largo plazo Maduro y sus aliados no lograrán implantar una dictadura al estilo cubano en Venezuela. La revista destaca las diferencias entre el régimen cubano y el venezolano. El régimen de Maduro es corrupto y poco apreciado. Venezuela no es una isla y tiene una fuerte tradición democrática.

Nota: este artículo está basado en una traducción libre del artículo “Punishing Nicolas Maduro” publicado en la revista The Economist, en el número correspondiente a septiembre 14 de este año.

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El diálogo entre la oposición y el gobierno, teniendo como facilitador a Zapatero, le ha permitido al gobierno ganar tiempo, el cual ha utilizado para atornillarse en el poder. Ha reprimido sin contemplación las protestas, con un saldo de 120 fallecidos. Ha encarcelado a numerosos disidentes y obligados a otros a exiliarse. Ha instalado una fraudulenta Asamblea Constituyente (ANC) con la cual está sentando las bases legales para continuar persiguiendo y reprimiendo a los disidentes, siguiendo el ejemplo cubano. Esta visión del dialogo no es de extremistas opositores, sino que es compartida por diversos actores sociales como la iglesia católica venezolana, diplomáticos latinoamericanos y dirigentes europeos como Felipe González.

Durante la visita del Papa Francisco a Colombia, los cardenales que rigen los destinos de la iglesia católica venezolana se reunieron con él. En la reunión con el máximo jerarca de la iglesia, los cardenales le expresaron su desacuerdo con el dialogo y la cultura del encuentro que propicia el Papa como salida a la crisis venezolana. El Cardenal Jorge Urosa Savino así lo expresó a los medios de comunicación, resaltando que “En Venezuela (el diálogo) no es posible porque el gobierno no atiende razones”, a su vez expresó durante la entrevista que “no hay condiciones claras, ni garantías algunas”. Añadió a continuación que en Venezuela se implementa un sistema totalitario que no da garantía alguna para un dialogo verdadero.

En la misma línea de la iglesia católica venezolana, el canciller de Perú Ricardo Luna, en una entrevista al diario español El País, expresó que los intentos de diálogo hasta el presente solo sirvieron para que Maduro ganara tiempo. Tiempo que ha utilizado para la instauración de una dictadura. Expresó el canciller peruano que prácticamente toda la región latinoamericana dice con claridad que en Venezuela impera una dictadura. Debido a ello, 11 países de la región acordaron un aislamiento de Venezuela en cuanto al tráfico de armas y cuestiones financieras, en reunión sostenida en Lima. Dando lugar a la creación, por la vía de los hechos, de un grupo que ha dado en llamarse el “Grupo de Lima”.

El ex presidente español Felipe González también ha expresado una opinión similar a la de los actores señalados. En una entrevista a la televisora española Antena 3 señaló: “Rodríguez Zapatero logró lo contrario a lo que se quería, multiplicar por seis el número de presos políticos, desabastecimiento e inflación, y en ningún momento se ha devuelto poder a la Asamblea democráticamente elegida”. El problema con el dialogo, según González es que estuvo mal enfocado desde el principio, porque los mediadores fueron elegidos “al gusto de Maduro”. En ese sentido, los facilitadores como Zapatero, son individualidades que comparten con Maduro su visión de izquierda de viejo cuño, y han contribuido a afianzarlo en el poder.

En consecuencia, el régimen de Maduro ha sido exitoso en su propósito de arrinconar a la disidencia política y dividirla. En un artículo reciente, la revista inglesa The Economist hace un diagnóstico de la coyuntura política en la cual señala que a pesar de 3 meses de protesta y más de 120 muertos y presiones diplomáticas, Maduro ha podido superar tales eventos, imponiendo además una Asamblea Constituyente fraudulenta que ha desplazado a la Asamblea Nacional. La revista afirma que la democracia en el país ha naufragado y que Maduro está operando como un dictador. La publicación mencionada es pesimista en cuanto a la posibilidad de restaurar la democracia en el país, en el corto plazo. Argumenta que las protestas se han detenido y la oposición luce dividida ante el tema de su participación en las elecciones regionales.

En la medida que la comunidad internacional ha llegado al convencimiento de que en Venezuela impera una dictadura, se ha comenzado a forjar una agenda de sanciones para presionar al régimen a rectificar. El primero en incorporarse a esta agenda fue Estados Unidos, luego le siguió el llamado “Grupo de Lima”. En los actuales momentos países miembros de la Unión Europea estudian la aplicación de sanciones individuales siguiendo la pauta establecida por Estados Unidos. Ante esta realidad y a fin de evitar las sanciones, en particular de la Unión Europea, el gobierno de Maduro ha optado por aceptar el inicio de una nueva tanda de reuniones de diálogo con la oposición, mediada por representantes internacionales.

Ante estas reuniones para retomar el diálogo queremos ser optimistas, pero con los antecedentes señalados es difícil asumir esta postura. Hay una alta probabilidad de que el régimen de Maduro trate de utilizar las mismas para seguir fortaleciéndose. A tal fin, están planteando que la comunidad internacional reconozca a la fraudulenta Asamblea Constituyente, para lo cual contarán con el apoyo diligente de Zapatero y su amanuense el ex presidente de Republica Dominicana Leonel Fernández. Por ello es probable que estas reuniones fracasen de nuevo en el propósito de dar pasos para la restauración de la democracia en el país.

Si las negociaciones fracasan, la comunidad internacional no tendrá otra opción que seguir la ruta trazada por el canciller de Perú, quien plantea instrumentar una agenda de sanciones multilaterales apoyadas por los países de América y Europa a fin de generar una crisis en el régimen y obligar a la renuncia de Maduro.

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