En un artículo previo hemos señalado la condición de Estado fallido de Venezuela, la cual se refleja en la crisis de gobernabilidad y la elevada criminalidad que enfrenta el país. La ENCOVI 2017 ha evidenciado que la mayoría del territorio es presa de la violencia criminal. Los venezolanos vivimos con miedo y nos abstenemos de realizar compras y actividades recreativas por miedo a ser asaltados, con las correspondientes implicaciones económicas que ello tiene. Trasladarse de una ciudad a otra en transporte público es una aventura incierta. Caracas se ha transformado en la segunda ciudad más insegura del mundo. El agudo incremento de la tasa de homicidios y delitos en general se ha producido después de 1998, debido a la complicidad del régimen chavista con la narcoguerrilla colombiana y bandas criminales (Ver: Estado fallido y violencia criminal. Dígalo Ahí, N° 4, marzo 13 2018).

Amplias regiones del país y zonas de importantes ciudades se encuentran en manos de las bandas de delincuentes, que en los casos más extremos impiden la entrada de los cuerpos policiales, como es el caso de la barriada conocida como “23 de Enero” en Caracas, la cual se encuentra bajo el control de los llamados “Colectivos”, o la zona de San Vicente en Maracay, donde los cuerpos policiales deben unirse a los militares para poder hacer alguna operación en la zona.

La Gran Caracas se ha convertido en una de las zonas más inseguras del país. Caracas está catalogada como la segunda ciudad más insegura del mundo. El entorno de la capital también ha sido presa del flagelo de la violencia criminal. Los conductores de la línea que hace el transporte público entre la capital y el estado Vargas están amenazando con ir a un paro a fin de presionar al gobierno para que tome acciones contra las bandas que asaltan a las unidades de transporte en forma constante. La vía es una ruta obligada para los turistas caraqueños que se dirigen a las playas de Vargas y dinamizan la economía local, en especial los fines de semana.

Muy cercana a Caracas está la zona de Barlovento, que fue declarada “zona de paz” en un acuerdo tácito del gobierno con las bandas criminales, quedando bajo el control de las que secuestran personas en Caracas y utilizan a Barlovento como una tapadera para mantenerlas en cautiverio. Las bandas de la zona constituyen un azote de la cercana región de Higuerote, donde los apartamentos vacacionales son objeto de constantes robos y saqueos, desincentivando la actividad turística. Barlovento es una zona de tránsito hacia las playas del oriente del país y uno de los escollos que los turistas que se dirigen a esa zona deben superar, convirtiendo el viaje en una riesgosa aventura que puede finalizar en tragedia. Los agricultores y técnicos que laboran en la zona viven bajo la misma zozobra. Los productores de cacao deben realizar la cosecha con mayor frecuencia de lo necesario a fin de evitar que ésta termine en manos de los delincuentes. Uno de los agrotécnicos que labora prestando asistencia técnica en la zona, me comentaba que debía asistir a la misma en una camioneta blindada dada la peligrosidad de ésta.

Otras zonas del país han sido presa de las bandas criminales como es el caso del estado Guárico donde la banda dirigida por un sujeto llamado “El Picure” hizo de las suyas con la complicidad de funcionarios de la gobernación del estado mencionado, manteniendo en zozobra a los ganaderos y agricultores de la zona, lesionando la actividad productiva de la región. Varios ganaderos han sido asesinados, lo que ha sumergido a la sociedad local en la consternación y la impotencia ante unas bandas que merodean por la región a sus anchas. La zona de El Sombrero se transformó en una de las áreas de producción de hortalizas de mayor importancia, sin embargo en los últimos años ha vendió reduciendo su producción debido, entre otros factores, a la amenaza de las bandas de delincuentes que pululan en la zona, como la de “El Picure” y sus herederos.

Lo mismo se puede decir de la península de Paria que posee una compleja y rica gastronomía así como playas excepcionales. La zona es productora de un cacao de alta calidad. Es una de las zonas de mayor potencialidad para el turismo internacional. Sin embargo, hace varios años los carteles colombianos aterrizaron en la zona y la han utilizado como área de depósito de sus cargamentos antes de ser distribuidos en el Caribe. La delincuencia y la inseguridad han prosperado a tal nivel que los bañistas en las hermosas playas de la zona deben resguardarse temprano, al igual que los dueños de los chiringuitos que pululan en las mismas. Muchos de los turistas extranjeros que se han aventurado a visitar la zona han sido víctimas de los delincuentes, lo que ha deprimido el turismo internacional. Conozco de primera mano el caso de un alto funcionario del sector público regional que tuvo que abandonar la zona después que lo asaltaron por cuarta vez. En la última ocasión, los malandros tuvieron piedad de él por su avanzada edad. Apresuradamente recogió sus macundales y salió huyendo de la región en busca de nuevos aíres y mayor seguridad.

La inseguridad se ha transformado en una de las limitantes más importantes para la producción agrícola y el turismo. El desarrollo y recuperación de ambas actividades no puede darse sin derrotar al narcotráfico y las bandas criminales que incentivan la violencia. El país carece de los recursos para enfrentarlos pues las policías están penetradas por los facinerosos. El caso colombiano pone en evidencia que es necesario alianzas con la comunidad internacional y las organizaciones antinarcóticos para tener éxito en tal labor.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

En su esencia, el Estado es violencia institucional regida por las leyes, y que éste utiliza para proteger a los ciudadanos. Cuando algún ente despoja al Estado del monopolio de la violencia hablamos de un Estado fallido. Venezuela en estos momentos es un estado fallido, incapaz de garantizar la seguridad personal de sus ciudadanos. La ENCOVI 2017 revela que la mayoría del territorio es presa de la violencia criminal. Los venezolanos vivimos con miedo de ser asaltados en nuestras propias casas, en la calle o en el transporte público. Los ciudadanos no denuncian los delitos por la desconfianza hacia los cuerpos policiales y el gobierno. Esta situación ha surgido después de 1998 como consecuencia de la complicidad del régimen con la narcoguerrrilla colombiana y las bandas criminales. La superación de esta situación requiere de una alianza con la comunidad internacional y los organismos internacionales antinarcóticos.

El Estado en su forma más primitiva nos remonta a los monarcas o reyes de la época feudal, los cuales protegían con su ejército a los siervos o campesinos que moraban alrededor de su castillo. Ello lo hacían en retorno por los impuestos que los siervos pagaban al monarca. Si bien los Estados modernos han evolucionado incorporando otras funciones, el Estado en su esencia es violencia institucional que instrumenta un gobierno para proteger a sus ciudadanos, violencia que se lleva a cabo limitada por el marco legal vigente.

Cuando otros entes logran despojar al Estado del monopolio de la violencia, hablamos de un Estado fallido y de ingobernabilidad. Ello ocurrió en Colombia cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), en su enfrentamiento con el gobierno colombiano lograron controlar una gran parte del territorio, impidiendo o limitando el desplazamiento de los ciudadanos entre ciudades o pueblos. También las empresas sufrieron el embate de la guerrilla, como fue el caso de los atentados contra los oleoductos de las compañías petroleras o el secuestro de empresarios. En ese momento se llegó a hablar de un Estado fallido en Colombia, así como de ingobernabilidad, ya que el Estado no era capaz de responder a las demandas de los ciudadanos por su seguridad personal y estos se veían obligados a restringir sus movimientos o desplazarse a otras zonas libres de violencia, o emigrar fuera del país. Cientos de miles de colombianos abandonaron el país.

Gracias a la decidida acción de la elite colombiana liderada por el presidente Uribe y el apoyo de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, la narcoguerrilla de las FARC fue derrotada, y el flagelo de la violencia se trasladó a Venezuela. Por un lado los guerrilleros de las FARC ya venían utilizando, con la complicidad del gobierno de Chávez, el territorio venezolano como desaguadero de sus actividades en el hermano país. Los guerrilleros traían en sus mochilas el envenenado contrabando de la droga, que progresivamente fue adueñándose del territorio venezolano, el cual utilizaban como vía de tránsito hacia el Caribe y los Estados Unidos. Con la complicidad del régimen chavista la droga y la violencia ligada a ella, por los conflictos en su reparto, fue tomando cuerpo en las barriadas en especial en las grandes ciudades como Caracas. El caso de los sobrinos de Cilia Flores y el uso que hicieron de la rampa presidencial para sus fechorías, es un signo revelador de lo profundo que ha penetrado el negocio de las drogas en el régimen.

La violencia criminal en Venezuela ha adquirido tal dimensión que funcionarios de organizaciones internacionales están utilizando el término Estado fallido para referirse a Venezuela. Es el caso de Manuel Orozco director del Programa de Remesas, Migración y Desarrollo de la organización Dialogo Americano quien en una entrevista en CNN Dinero el pasado 13 de febrero habló de un Estado fallido que se desmorona, con una explosión hacia afuera que se traduce en una migración hacia Colombia de 20 a 30.000 venezolanos diarios. Destacó varios aspectos de la crítica situación de Venezuela que presiona a los ciudadanos a abandonar el país como una hiperinflación de 4000% anual, un desempleo que estima en30%. Sin embargo uno de los aspectos que resaltó, del Estado fallido venezolano, fue el de la elevada tasa de homicidios que estima en 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, como una de las razones más importantes que incentiva la emigración.

Amplias zonas del país han quedado en las manos de bandas criminales. La Encuesta de Condiciones de Vida del año 2017 (ENCOVI 2107), impulsada por las principales universidades del país, revela que 90% del territorio se encuentra sometido al flagelo de la violencia criminal. También se evidencia la percepción de los ciudadanos en relación a la incapacidad del Estado para controlar el flagelo de la delincuencia y la violencia criminal. 67% de los entrevistados en la Gran Caracas y 56% en las principales ciudades afirman que la gestión de seguridad del gobierno es mala. 64% no denuncia y calla su victimización por la desconfianza en la policía que está frecuentemente penetrada por las bandas delictivas.

La gran mayoría de los habitantes de las ciudades principales (74% para ser precisos) viven con miedo de ser asaltados en su vivienda, en las calles de su vecindario o en los medios de transporte público. Una cantidad similar se inhibe de realizar compras o realizar actividades de recreación por temor a ser víctima de la delincuencia. Casi la mitad de la población en las ciudades principales manifiesta deseos de mudarse por temor a ser víctimas de la violencia, lo cual confirma que la inseguridad es uno de los elementos que más está influyendo como acicate de la emigración. Al igual que en Colombia en su peor momento, el trasladarse de una ciudad a otra utilizando el transporte público se ha convertido en una aventura incierta. La línea de conductores que hace la ruta Caracas- Vargas ha amenazado con declararse en paro a fin de presionar al gobierno para que tome acciones contra las bandas que asaltan constantemente las unidades de transporte. Esto es algo generalizado a lo largo del país.

Como reflejo de la crisis de ingobernabilidad que vivimos, los índices de criminalidad se han disparado convirtiendo a Caracas en la segunda ciudad más insegura del mundo. La ENCOVI 2017 revela que la crisis de ingobernabilidad ha sido generada por el régimen chavista, ya que en el periodo previo, los índices de criminalidad de Venezuela eran muy similares a los de otros países latinoamericanos. En el año 1998 se reportaron 20 homicidios por cada 100.000 habitantes anualmente, después de esta fecha este índice comenzó a crecer y actualmente se ubica en 89 homicidios, es decir creció más de cuatro veces en el periodo posterior a 1998.

La situación venezolana es más complicada que la colombiana, los diversos gobiernos del país vecino enfrentaron con mayor o menor entusiasmo a la guerrilla y al narcotráfico, mientras el incremento de la criminalidad en Venezuela es consecuencia de la complicidad de elementos del régimen con el narcotráfico y las bandas criminales El ejemplo colombiano nos indica que es necesario una alianza con la comunidad internacional, y en particular con los organismos antinarcóticos de Europa y Estados Unidos, para derrotar a los facinerosos.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

La política económica de Nicolás Maduro ha generado un desastre social el cual se ha reflejado en los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2017. La pobreza se ha incrementado entre al año 2014 y el 2017 e involucra ya al 87% de la población. La población en pobreza extrema representa el 62%, casi dos terceras partes de la población. En relación a la situación alimentaria ha habido un deterioro de la dieta en cantidad y calidad. Los programas de asistencia alimentaria, como las bolsas CLAP, no han tenido ninguna incidencia en esta situación. El régimen socialista de Maduro ha terminado por acentuar la desigualdad e inequidad en la alimentación, con un 80% de los hogares en situación de inseguridad alimentaria.

El primer ministro de economía del presidente Chávez, Felipe Pérez Martí, señaló que las políticas económicas de Nicolás Maduro están conduciendo a un desastre social. La palabras de Pérez Martí fueron proféticas, pues eso es lo que estamos viviendo desde hace algunos años, debido al creciente proceso inflacionario generado por las políticas económicas gubernamentales, el cual ha destruido el poder de compra de la población. A fin de caracterizar este desastre social, utilizaremos las cifras de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2017. La ENCOVI ha sido impulsada por las principales universidades del país (USB, UCV y UCAB) desde el año 2014 a fin de hacerle seguimiento a fenómenos como la pobreza y la situación alimentaria.

En cuanto a la evolución de la pobreza se refiere, se evidencia que la misma aumentó entre el año 2014 y 2017. Pasó de 48,4% en el 2014, a 87% en el 2017. En un contexto de inflación desbordada, como el que atravesamos desde el año pasado, casi toda la población venezolana está en situación de pobreza, es decir, el ingreso que perciben es insuficiente para adquirir la canasta básica de bienes y servicios que se ha vuelto inaccesible (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución de la pobreza en Venezuela

La pobreza extrema, constituida por la proporción de la población cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, se ha incrementado de 23,6% en el 2014 a 61,2% en el 2017. En otras palabras, casi las dos terceras partes de la población no obtuvieron un ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria el año pasado (ver cuadro 1).

El ex presidente Chávez instrumentó una política de protección social que involucró a los programas de asistencia alimentaria como Mercal y las llamadas misiones. Las misiones fueron de escasa cobertura y el programa Mercal fue realmente el que tuvo un impacto importante por la proporción de la población que benefició. Todos estos programas han desaparecido en los años recientes y han sido sustituidos por las llamadas bolsas CLAP. En la mayoría de los hogares y del territorio nacional, las bolsas CLAP no constituyen un complemento alimentario y nutricional de importancia pues no es recibida en forma periódica.

La gran mayoría de los entrevistados (89%) manifestaron que el ingreso familiar es insuficiente para la adquisición de alimentos dentro y fuera del hogar. Debido a la carestía de la comida y la insuficiencia de los ingresos para adquirirla, dos terceras (2/3) partes de la población manifestaron que han recortado sus comidas o se han visto obligadas a saltarse una de la tres comidas diarias. Casi dos terceras partes manifestaron que se han acostado con hambre porque no han tenido dinero suficiente para comprar alimentos. La población que ingiere 2 o menos comidas al día se incrementó de 3,5 millones en el 2015 a 8,13 millones en el 2017.

En cuanto a la calidad de la dieta, ésta se ha deteriorado sensiblemente. La harina de maíz enriquecida ha perdido su rol en la dieta y ha sido sustituida por otros alimentos de menor calidad nutricional. La dieta se centra en arroz, maíz y harina de trigo, es decir, en carbohidratos. El rol de las hortalizas se ha reducido, al igual que el de las frutas y los lácteos, lo cual ha implicado una menor ingesta de micronutrientes como el hierro y de proteínas de alto valor biológico. En consecuencia, la dieta se ha deteriorado en cantidad y calidad, y es “anémica” por la disminución de la importancia de los micronutrientes.

Es paradójico que un proyecto socialista haya terminado por acentuar la desigualdad e inequidad en la alimentación, con un 80% de los hogares en situación de inseguridad alimentaria. Entendiendo la seguridad alimentaria como la capacidad de las personas de acceder a los alimentos básicos requeridos para una alimentación adecuada, 80% de los hogares ven este acceso limitado por su precaria capacidad de compra, la cual ha sido destruida por la inflación desbordada impulsada por las políticas gubernamentales.

Profesor UCVj

josenri2@gmail.com

Los venezolanos tenemos la percepción de que la pesadilla que significa el proyecto chavista o bolivariano parece no tener fin, pero la realidad es que el movimiento bolivariano en América Latina viene sufriendo derrota tras derrota y se encuentra actualmente arrinconado en Venezuela, para nuestra desgracia.

Gracias a los ingresos petroleros, Hugo Chávez buscó construir un movimiento o alianza de países bolivarianos que se nucleara en torno a una plataforma ideológica que él y sus aliados aspiraban se consolidara como contrapeso a la influencia de los Estados Unidos en la región. La plataforma que los sustentaba era un pasticho que incluía el rescate de las ideas de Simón Bolívar, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, la ideología marxista… y pare usted de contar. Sin embargo, una vez que los ingresos petroleros extraordinarios se esfumaron, el movimiento comenzó a desmoronarse en la misma forma que lo hacían los precios del petróleo, reflejando que una de las amalgamas del movimiento era la corrupción y el manejo discrecional de los fondos públicos que hacía Chávez.

La más reciente crisis en el bolivarianismo fue la que representó la derrota de Rafael Correa en sus aspiraciones de rechazar una enmienda constitucional para eliminar la reelección indefinida. La aprobación de la enmienda imposibilita la reelección de Correa como presidente del Ecuador. Como bien lo apunta Mario Vargas Llosa en un artículo reciente “el domingo 4 de febrero no solo fue derrotado el ex presidente Rafael Correa…, sino el chavismo y su engendro ideológico, “el socialismo del siglo XXI”, del que aquel fue un entusiasta promotor. Durante los diez años que estuvo en el gobierno, el exuberante demagogo fue, al igual que el comandante Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y Fidel y Raúl Castro en Cuba, un propagandista tenaz de las políticas que destruyeron la democracia venezolana y la convirtieron en una dictadura devastada por la ruina económica, la violencia represora y la inflación”. El Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, había expresado su rechazo a las aspiraciones electorales de su anterior jefe y encabezó el movimiento a favor de la aprobación de la enmienda. Correa fue recibido con piedras y huevos en su gira por las plazas públicas ecuatorianas, como evidencia del rechazo de la población a sus aspiraciones y a su estilo intolerante de gobernar, rechazo que se materializó posteriormente en las urnas donde la enmienda fue aprobada por amplio margen.

El movimiento bolivariano sufrió otros reveses previo a la derrota de Correa. Una de las primeras en morder el polvo de la derrota fue Cristina Kirchner quien fue desplazada de la Casa Rosada argentina por Mauricio Macri, un empresario argentino que no solo la derrotó en las urnas, sino que se convirtió en uno de los aliados más radicales de los Estados Unidos y de los sectores que adversaban al bolivarianismo en la región. La Kirchner se encuentra actualmente ocupada, no en oxigenar al movimiento bolivariano, sino en defenderse de los procesos judiciales incoados en su contra por la desaforada corrupción que se desarrolló en su gobierno.

Otro de los aliados de Chávez que pronto se vieron arrinconados por los vientos en contra del bolivarianismo fue las FARC. Gracias al liderazgo del Presidente Uribe y a la alianza del gobierno colombiano con los Estados Unidos, concretada en el Plan Colombia, la guerrilla colombiana fue derrotada militarmente, y ante la disyuntiva de que sus dirigentes fueran eliminados físicamente, aceptaron negociar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Este acuerdo de paz se instrumentó con dificultades debido a la oposición de buena parte de la sociedad y de la elite colombiana. Al final, las FARC convertida en partido político decide participar en elecciones aupando a Timochenko como candidato presidencial, pero la campaña debió suspenderse debido al rechazo que el ex guerrillero encontró en las plazas públicas donde se aparecía, siendo recibido con tomates y huevos podridos lanzados en contra de su humanidad.

También la alianza que Chávez aspiró consolidar con Cuba se vino a pique en la medida que la crisis económica obligó al gobierno venezolano a restringir las ayudas que concedía al gobierno cubano. La isla es actualmente un barco a la deriva, sin un proyecto de futuro claro más allá de buscar un generoso benefactor que la ayude a sobrevivir en los términos que lo hizo el prócer de Sabaneta.

La derrota del proyecto bolivariano se evidencia en el aislamiento internacional del gobierno venezolano acosado por las sanciones internacionales tanto de Estados Unidos, como de la Unión Europea y de los países latinoamericanos. Los pormenores que han rodeado la próxima Cumbre de las Américas reflejan en extremo este aislamiento, al que se han sumado los países de mayor importancia económica de América Latina, nucleados en el llamado Grupo de Lima. La beligerante posición del Perú y su cancillería que han decidido retirar la invitación a Maduro para asistir a la Cumbre y las declaraciones de éste, amenazando con asistir a toda costa, son los últimos capítulos de este drama.

En este fracaso del movimiento bolivariano como proyecto latinoamericano, Venezuela luce como el último agujero donde se han refugiado los impulsores del movimiento, antes de la debacle final. Esta debacle, caracterizada por una crisis económica y de gobernabilidad sin precedentes, ha empujado a cientos de miles de venezolanos a la frontera, a fin de salvaguardar su humanidad y sus querencias de este desastre que no sabemos cómo se resolverá. Los que hemos decidido permanecer en el país lucimos como una especie de rehenes de quienes se resisten a abandonar sus jugosos negocios y no quieren ceder al viento en contra de la historia. Estamos destinados a compartir con ellos los sinsabores de la lucha final por la preservación de un proyecto sin sentido.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

La Academia de Ciencias Económicas envió una carta al presidente de la republica Nicolás Maduro en la cual presenta un diagnóstico de la crítica situación de la economía venezolana. Para realizar el diagnostico, los economistas utilizaron las cifras del propio gobierno contenidas en un informe gubernamental enviado a la Security Exchange Commision (Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos). El informe se extiende hasta el año 2016 pero los economistas hicieron una proyección hasta el 2017 basados en otras fuentes.

De la información gubernamental se deduce que la economía está en el suelo postrada por el excesivo crecimiento de la emisión de dinero y la liquidez, una inflación fuera de control, caída en las reservas internacionales y la producción de petróleo, políticas de controles que han lesionado la producción y los servicios, contracción de la inversión y un elevado déficit fiscal.

En este contexto se ha producido, durante el gobierno de Maduro, una fuerte contracción del consumo por habitante la cual se estima en 32,1%, hay una situación de hambre creciente, problemas para conseguir alimentos y medicinas, malnutrición, es decir, el venezolano enfrenta una situación trágica. Según Humberto García Larralde, Presidente de la Academia, la intención de la carta es poner en evidencia que el gobierno y el presidente conocen la situación y no pueden argumentar que desconocen su propio diagnostico, escabullendo el problema diciendo que se trata de una guerra económica.

En torno a la economía de controles, de regulaciones y de precios diferenciales del tipo de cambio, García Larralde plantea que se han conformado poderosos intereses que están atrincherados en los nodos de decisión del Estado y no les interesa que se desmantelen las políticas de controles. Las enormes diferencias entre el tipo de cambio del Sistema de Divisas Protegidas (Dipro) y el del mercado paralelo es muy grande. Debido a ello, quienes tienen el monopolio de la importación de alimentos, los militares, enfrentan la gigantesca tentación de usar los dólares preferenciales para venderlos en el mercado paralelo.

También los militares tienen la función de custodiar la frontera donde el negocio de revender la gasolina, que en Venezuela cuesta 1 centavo de dólar y en Colombia más de 1 dólar, arroja pingues ganancias a los intermediarios. También la distribución de alimentos regulados, cuya responsabilidad está en manos de los militares y otros funcionarios, se presta a la reventa a precios de mercado que sobrepasan varias veces su precio regulado.

Todos estos negocios son amparados por la falta de transparencia y la rendición de cuentas, pues los organismos que deben cumplir esta función como la Asamblea Nacional, han sido acorralados por el gobierno, lo que le impide cumplir con su papel como contralor de la gestión gubernamental. El gobierno y el presidente están conscientes de la crítica situación que enfrenta la población, no toman decisiones pues esto afectaría los poderosos intereses de los diversos grupos que se han beneficiado de la economía de controles, en particular los militares.

Las afirmaciones de Larralde confirman lo que hemos sostenido en un artículo previo donde señalamos que el socialismo venezolano ha derivado en un capitalismo de amiguetes, al igual que el socialismo ruso. El capitalismo de amiguetes describe una economía en la cual el éxito en los negocios depende de la conexión con los funcionarios gubernamentales. Este tipo de economía se asocia fundamentalmente con gobiernos intervencionistas y autoritarios muy frecuentes en las economías petroleras. Este término fue utilizado por el afamado premio nobel de economía Paul Krugman, para describir a la Rusia de Vladimir Putin como un caso extremo de capitalismo de amiguetes, la cual constituye una cleptocracia donde los leales al régimen consiguen apropiarse de sumas en masa para su uso personal.

Krugman describe el entramado de corrupción que se desarrolló en torno a Vladimir Putin, con motivo de la contratación de la deuda externa rusa; la cual fue adquirida por entes privados que derivaron el monto del endeudamiento hacia el exterior de Rusia, invirtiéndolo en negocios inmobiliarios alrededor del planeta. Al final, el gobierno de Putin reconoció la deuda como propia y puso a los rusos a sufrir las angustias derivadas de su pago, sin haberse beneficiado en ningún momento de las inversiones asociadas a la misma (ver Capitalismo de amiguetes y crisis humanitaria. Digalo Ahí, 29 junio, 2016)).

Las bases del capitalismo de amiguetes en su versión venezolana las creó Hugo Chávez, quien, como lo ha señalado apropiadamente el historiador mexicano Enrique Krauze en su libro “El poder y el delirio”, no diferenciaba entre lo que era parte de su patrimonio personal y el del Estado venezolano. Dispuso de los bienes públicos como si se tratara de su peculio personal, creando alrededor de su figura un entramado de corrupción, que se extendió al manejo de la deuda, al sistema de control de cambio, a la importación y distribución de alimentos, al control de precios… y pare usted de contar. En este tinglado, los abnegados militares que lo acompañaron en su gesta revolucionaria ocuparon posiciones privilegiadas, dando lugar a uno de los más escandalosos procesos de corrupción que ha conocido el país.

Al lado de los militares, otros grupos se integraron con el tiempo a este tinglado de complicidad y corrupción, entre ellos comprometidos grupos de ultraizquierda como la Liga Socialista, Patria Para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, quienes han visto así recompensada su larga vigilia por los intereses de la patria.

A su fallecimiento, Hugo Chávez pasó la titularidad de la gestoría del entramado a Nicolás Maduro, quien con menos recursos que el prócer de Sabaneta ha tratado de prolongar las políticas de controles y regulación de su predecesor, sin alterar los rasgos fundamentales de la estructura que sostiene al gobierno bolivariano, en particular lo relacionado con el privilegiado rol de los militares en el mismo.

La torpe gestión de Maduro ha llevado al país a una encrucijada que demanda el desmantelamiento de las políticas de controles, sin embargo, como lo ha afirmado García Larralde, esta decisión conspiraría contra los intereses de los amiguetes del régimen que se benefician de la economía de controles, entre ellos los militares, lo cual impide una solución a la crisis económica que atravesamos desde hace varios años.

Nota: la información sobre la carta de la Academia de Ciencias Económicas y los planteamientos de García Larralde son tomados de una entrevista que le hicieran en un programa de CNN Dinero de mediados de enero de este año.

Profesor UCV

Josenri2@gmail.com

En una entrevista realizada en el programa CNN Dinero sobre la transparencia de las elecciones decretadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el economista Michael Penfold, profesor del IESA y del Global Fellow Wilson Center, expresó que es muy probable que el gobierno gane las elecciones de abril, pero aún ganando enfrentará una situación económica y de gobernabilidad muy complicada, con un agravamiento de las sanciones internacionales que hará imposible abordar la crisis económica y la emergencia social que enfrentamos.

Según Penfold, la decisión de la ANC de convocar elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año abortó el esfuerzo que estaba haciendo la Comunidad Internacional propiciando negociaciones entre el gobierno y la oposición, a fin de garantizar condiciones electorales transparentes y confiables para ambas partes. Con esta decisión se hace evidente que el gobierno está interesado en un proceso electoral con condiciones controladas, en abril de este año. Ello incluye un CNE sesgado, la inhabilitación de los principales líderes políticos de la oposición, el control del voto de una parte importante de la población a través de tarjetas electrónicas que permiten las transferencias sociales a la misma, una alta abstención y una oposición desarticulada. En estas condiciones es muy probable que el gobierno gane las elecciones.

Sin embargo, aun ganando las elecciones, el gobierno entraría en una etapa donde la incapacidad del Estado de responder a las demandas sociales (ingobernabilidad) seguiría exacerbada, con una crisis económica qué se seguiría profundizando (hiperinflación, contracción económica, deterioro de capacidad de compra); donde es muy probable que las sanciones de los Estados Unidos evolucionen de sanciones financieras hacia sanciones comerciales, agudizando la crisis económica, y con la Unión Europea jugando un papel más importante en las sanciones individuales.

Si no se logra un acuerdo que permita estabilizar el clima político será muy difícil abordar la crisis económica, la hiperinflación y la emergencia social tan profunda que el país sufre, con un 82% de la población en situación de pobreza y una clase media cada vez más depauperada.

De las declaraciones de Penfold se deduce que el gobierno nos ha conducido a una situación económica y social que ha ido agravándose con el tiempo y que afecta a chavistas y opositores. El probable triunfo del gobierno en las elecciones amañadas de abril nos perjudicará a todos, pues continuaremos entrampados en una hiperinflación que se seguirá agudizando y una mayor parálisis de la actividad productiva, así como un mayor deterioro de la situación social.

Nota: Como lo hemos señalado, las líneas previas constituyen una síntesis de la entrevista al economista Michael Penfold, profesor del IESA y del Fellow Wilson Center, en el programa CNN Dinero conducido por Xavier Serbiá. En el anexo exponemos con mayor detalle la entrevista.

Profesor UCV

Anexo

Xabier Serbiá: “¿en un país que enfrenta una seria crisis económica se puede confiar en que las elecciones convocadas serán transparentes y confiables?”

Michael Penfold: “esta decisión de la Asamblea Constituyente (ANC), en el marco de las negociaciones que se están dando en República Dominicana, lo que hace es profundizar más la crisis de gobernabilidad y por lo tanto la crisis económica caracterizada por una hiperinflación que se viene acelerando en los últimos tres meses. Es difícil hablar de elecciones transparentes sin un cambio en el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el mantenimiento de la inhabilitación de los líderes de la oposición, en particular de los que tienen un mayor puntaje en las encuestas, y sin la validación de las tarjetas de los principales partidos de la oposición. Esto en medio de una gran presión internacional donde el Grupo de Lima y los Estados Unidos han expresado que no reconocerán los resultados de ese proceso, en la antesala de lo que puede ser una nueva escalada de sanciones económicas e individuales”.

Serbiá: “en diciembre del 2017 Socorro Hernández, rector principal del CNE, hablando a los empleados de PDVSA les planteaba que “nos están bloqueando” y que había que redoblar los esfuerzos para romper el bloqueo. ¿Con el árbitro asumiendo posiciones partidistas, se puede confiar en elecciones transparentes y confiables?”.

Penfold: “los últimos procesos electorales en Venezuela han estado caracterizados por un sesgo y control político muy cerca del proceso de votación. Las condiciones electorales de los procesos de votación para gobernadores y alcaldes se han venido deteriorando en forma dramática. La Comunidad Internacional propició negociaciones que buscaban dar garantías electorales para ambas partes. Esto no se va a materializar, no solo porque el gobierno va a este proceso en las mimas condiciones de los últimos procesos electorales, sino porque este evento se dará en medio de una crisis económica cada vez más profunda. Para que tenga una idea en los últimos cuatro años la contracción de la economía ha sido tan profunda que el país ha perdido el 40% de su Producto Interno Bruto. Este año vamos a seguir cayendo. No hay acceso a los mercados de capitales, PDVSA está perdiendo producción de maneara acelerada”.

Serbiá: “El gobierno controla todas las instituciones, se aferra al poder, con una oposición quebrada y sin recursos, una alta abstención, una crisis económica caracterizada por una elevada inflación. Te pronostico que si las elecciones se realizaran en abril es claro que los resultados son previsibles, ganará Maduro o el candidato que nombre el partido oficialista. ¿ Qué me dices frente a esta predicción?”.

Penfold: “es evidente que el gobierno quiere ir al evento electoral de abril con unas elecciones controladas, con inhabilitaciones, con capacidad para controlar al voto a través de las transferencias sociales y las tarjetas electrónicas que las viabilizan, con un juego que no les permita a los partidos legalizar su tarjeta, con una oposición que no muestra un alto nivel de articulación. En estas condiciones es probable que el gobierno gane, pero aun ganando el gobierno enfrentará una situación económica y de gobernabilidad muy complicada. Añadiéndole a esto que es muy probable que las sanciones de Estados Unidos evolucionen de sanciones financieras a comerciales, con Europa jugando un mayor rol en materia de sanciones individuales. Si Venezuela no resuelve su problema institucional y no se aborda un proceso de reinstitucionalización y sigue sumida en un conflicto político permanente, es difícil en este contexto abordar la crisis económica y la emergencia social que caracteriza al país, con un 82% de la población en estado de pobreza, con una clase media que se pauperiza aceleradamente y una inflación que en el mes de diciembre alcanzó el 80% intermensual y que en las dos primeras semanas de este año superó esa cifra”.

Serbiá: “una situación complicada que requiere un cambio político. Si este no se da la cosa irá de mal en peor”.

La política de control de cambio y de restricción de divisas a los importadores privados ha provocado una dolarización de facto de la economía venezolana, que ha generado una crisis del transporte público. El gobierno trata de culpar a las líneas y conductores por el deterioro y el encarecimiento del servicio propiciando un enfrentamiento entre usuarios y conductores, sin embargo el único responsable es el mismo gobierno por el manejo sesgado de la política de asignación de divisas orientada a beneficiar los oscuros intereses de los amiguetes del régimen.

El sistema de control de cambio funcionó relativamente bien hasta el año 2014 cuando los elevados precios del petróleo y el endeudamiento posibilitaron una abundante oferta de divisas por parte del gobierno, lo que permitía satisfacer las demandas planteadas por el sector privado y estabilizar el tipo de cambio paralelo, el cual tenía una influencia limitada en la economía. Posterior al 2014 el descenso de los precios del petróleo generó una escasez de divisas, en el marco de la cual el gobierno decidió privilegiar el pago de la deuda y la entrega de dólares a los oscuros negocios de los amiguetes del régimen, dejando de lado la demanda planteada por los empresarios del sector privado; estos debieron recurrir al dólar paralelo generando una danza ascendente del billete verde. En este contexto el economista José Guerra señala que se ha producido una dolarización de facto de la economía, que en lugar de tener a las tasas de cambio oficiales como referentes tienen al dólar paralelo. En consecuencia el dólar paralelo tiene un doble impacto, uno sobre el precio de los productos importados como textiles, calzados, electrodomésticos, y repuestos automotrices y el otro sobre los costos de reposición de los inventarios.

La no asignación de divisas a los importadores privados ha generado una escasez de repuestos e insumos que mantiene a buena parte de la flota de buses paralizada por la carencia de baterías, cauchos o alguna refacción. Aunado a ello la dolarización ha generado un encarecimiento de los repuestos e insumos utilizados en el transporte público y privado que refuerza la situación anterior pues el costo de reparación de los buses a veces es tan alto que no justifica su recuperación. El deterioro del transporte público que se genera está ralentizando la vida institucional y productiva del país. Al iniciar sus actividades en el mes de enero pasado el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes se vio obligado, según el rector del mismo Mario Rossi, a discutir un nuevo horario de trabajo debido a los problemas de movilización que planteaba el deteriorado transporte público a los miembros de esa comunidad. El deterioro del transporte público se debe, según el rector, a la gran cantidad de unidades de transporte inoperantes por la falta de repuestos.

En nuestro estado Aragua la carestía de repuestos e insumos como aceite, baterías y cauchos ha obligado a las líneas de propietarios de los buses de pasajeros a exigir a las autoridades gubernamentales un aumento de 1.000 a 3.000 bolívares lo cual ha sido rechazado por las mismas, generándose un paro de transporte como mecanismo de presión por parte de los conductores de buses. El paro ha obligado a los usuarios a trasladarse a sus sitios de trabajo en camiones como si fueran ganado o mercancía de carga. Esta situación ha forzado a las instituciones educativas universitarias a instrumentar un horario especial de trabajo, como lo hizo el núcleo Táchira de la ULA, ralentizando las actividades de las instituciones, las cuales deben alterar su normal funcionamiento para permitir que los trabajadores y los estudiantes acudan a las mismas.

La semiparálisis del transporte público operado por líneas de conductores privados no ha podido ser compensada por el transporte público operado por organismos del Estado, pues este padece de problemas similares. En Caracas la prensa reporta que 305 unidades del Sistema Metrobus están en los estacionamientos del sistema convertidos en chatarra. La escasez de buses ha generado la cancelación de rutas y las que están operativas trabajan a la mitad de su capacidad. Debido a ello el sistema Metrobus opera con retraso, generándose largas colas y congestionamiento de pasajeros. Según un grupo llamado Familia Metro, en el deterioro de los buses han incidido la carestía y escasez de mano de obra calificada y la escasez de repuestos.

Los que nos movilizamos en automóviles de paseo también sufrimos los embates de los elevados costos de los repuestos y los insumos para el mantenimiento de los vehículos. A mediados del mes de enero estimamos, con la ayuda de un colega de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el costo de mantenimiento de un vehículo de paseo a los precios vigentes en ese momento; incluimos el cambio de un caucho cada año, una batería, un cambio de aceite anual y una reparación menor. Todo ello generó un costo de 21 millones al año que prorrateado entre 12 meses nos dio un poco menos de dos millones de bolívares mensuales, equivalente al ingreso mensual de un profesor con categoría de agregado, En otras palabras el profesor tenía que dedicar todo su ingreso al mantenimiento del vehículo. La conclusión es obvia, la baja capacidad adquisitiva de los profesores no les permite mantener su vehículo lo cual explica que muchos deban aparcar los mismos debido a que no pueden sufragar el costo de las refacciones necesarias o un simple cambio de aceite, que en estos momentos asciende a siete millones de bolívares. .

Como lo hemos planteado en párrafos previos la política cambiaria instrumentada por el gobierno después del 2014, orientada a la entrega de dólares preferenciales a los amiguetes del régimen, ha generado una dolarización de facto de la economía que ha agudizado los problemas de movilización de los trabajadores, ralentizando el funcionamiento de las instituciones públicas como las Universidades lo cual, inferimos, es extensible al resto de la administración pública.

Las autoridades gubernamentales tratan de culpar a las líneas y conductores por el mal servicio y el encarecimiento del transporte propiciando el enfrentamiento entre usuarios y conductores de buses; pero como bien apunta Mario Rossi, rector de la ULA Táchira, no se puede responsabilizar a las líneas y conductores por el deterioro del servicio de transporte, el único culpable es el gobierno por el mal manejo de las políticas públicas. Habría que añadir a los señalamientos del rector que en este mal manejo de las políticas públicas inciden los grupos de interés que se han beneficiado del tráfico de los dólares preferenciales, y bloquean cualquier intento de reformar la agenda gubernamental.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

Estas líneas están basadas en los planteamientos de Colette Capriles, expuestos en una entrevista que le realizara recientemente Alonso Moleiro, en una sección del periódico Tal Cual denominada Tal Cual Debates. La entrevista se centró sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana. En la entrevista Capriles destacó el rol clave que está desempeñando la comunidad internacional en las negociaciones, que son más que una negociación entre el gobierno y la oposición, una negociación entre el gobierno y la comunidad internacional. Destacó el interés del gobierno en que le levanten las sanciones, lo cual podría llevar a un acuerdo en materia electoral, que es uno de los temas relevantes para la oposición.

Después del triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del año 2015, el gobierno decidió implementar medidas para torcer la voluntad de cambio de la sociedad venezolana. En consecuencia decidió convertir los eventos electorales en una farsa. Agudizó la represión contra la oposición política, cuyos dirigentes fueron enviados a prisión o forzados al exilio. Ante esta situación la comunidad internacional ha optado por la aplicación de sanciones a fin de presionar al gobierno de Maduro a retornar al camino democrático. En esta línea de acción ha sido clave la acción de la comunidad latinoamericana a través de la creación del “grupo de Lima”, el cual ha decidido unirse a las sanciones internacionales a fin de presionar al gobierno venezolano a un cambio de conducta.

En este contexto se inscriben, según Colette Capriles, las negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana. Según la escritora y analista político estas negociaciones difieren de las anteriores en un aspecto fundamental; se ha abierto una nueva etapa en la cual las negociaciones se han internacionalizado con la comunidad internacional asumiendo un rol clave en las mismas. En este sentido las negociaciones en Republica Dominicana no son una negociación entre el gobierno y la oposición, sino entre el gobierno y la comunidad internacional. Ello se refleja en la metodología adoptada según la cual el gobierno y la oposición exponen sus reparos y exigencias, pero al final el borrador de acuerdo que se discute es elaborado por los representantes de la comunidad internacional. Si bien esta iniciativa responde fundamentalmente a la iniciativa de los países latinoamericanos, los Estados Unidos están actuando en coherencia con estos representantes y han ofrecido desmontar las sanciones si se alcanza un acuerdo.

La percepción de Capriles es que el interés del gobierno en sentarse a la mesa de negociaciones, es porque necesita dinero para activar su base electoral a través de mecanismos perversos como los ligados al carnet de la patria. Para ello necesita plata, pero las sanciones han trabado toda operación financiera que tenga relación con Venezuela, lo cual ha agravado la crisis financiera que el gobierno padece. Por ello necesita que las sanciones se levanten y le den un respiro a fin de obtener dinero fresco que le permita aumentar el gasto público y activar su base electoral. Creen que si ello se logra pueden ganar en un evento electoral donde se den condiciones competitivas a la oposición.

El interés de la oposición es que se normalicen los eventos electorales y retornemos a elecciones competitivas. Por otro lado estamos ante una emergencia social y hay que buscar una salida. Las negociaciones son una puerta, abren la posibilidad de una salida y hay que explorarla. Las otras opciones han probado no ser una salida. Hemos visto los resultados de la calle como alternativa. También las elecciones, que han demostrado ser una farsa.

Hay sectores del gobierno que están interesados en que las negociaciones fracasen. No tienen problema en que entremos en una etapa similar al periodo especial cubano con todos los costos sociales que ello implica. Se están planteando permanecer seis años más en el poder en base a la represión y triquiñuelas electorales. Esta posición es el enemigo a combatir. Si estos sectores se imponen y las negociaciones fracasan, que el gobierno asuma los costos de esta decisión ante la comunidad internacional, a la cual no le quedará otra opción que agudizar las sanciones a Venezuela. El régimen debe asumir los costos de esta decisión de sobrevivir como un estado paria, si es que lo hace.

Hay antecedentes en los cuales se han utilizado las sanciones internacionales para abrirle la puerta a procesos de democratización. El caso más emblemático quizás sea el de Sudáfrica que posibilitó elecciones competitivas con la participación de la población negra, permitiendo el acceso de Mandela al poder, lo cual abrió una nueva etapa en la sociedad sudafricana.

Nota: Colette Capriles es escritora y analista político y forma parte del equipo técnico que ha estado presente en las negociaciones de la República Dominicana.

Profesor UCV

En los últimos meses se ha agudizado la debacle de la capacidad de compra de los profesores universitarios. El salario de un profesor agregado representaba, en septiembre del año pasado, un 17,8% de la canasta básica del CENDAS. Dicha cifra se redujo a 6,58% el 1 de enero de este año a pesar del aumento decretado por el gobierno. En otras palabras, en los primeros días del año que se inicia, el profesor universitario debe ingeniárselas para obtener de otras fuentes el ingreso necesario para costear el 93% de su gasto familiar. La hiperinflación ha pulverizado la capacidad de compra del salario universitario.

Hemos venido haciéndole seguimiento a la evolución del salario de los profesores universitarios, a fin de determinar como la capacidad de compra de los docentes ha sido afectada por el proceso de inflación que agobia a los venezolanos. En artículos previos hemos detectado una tendencia al deterioro de la capacidad de compra de los profesores que se inició en el año 2001, cuando el salario básico de un profesor con categoría de agregado era superior al valor de la canasta básica (CB). A partir de allí la capacidad de compra de los profesores ha venido cayendo hasta los años recientes cuando el salario de un profesor agregado llegó a representar un monto cercano al 20% de la canasta básica. En otras palabras un profesor universitario activo debía recurrir a otras fuentes de ingreso para poder cubrir el 80% de su gasto familiar (Ver: Rodríguez Rojas José E. El deterioro del salario universitario continúa. Dígalo Ahí, 9-10-2017).

A finales del año pasado la inflación tomó nuevos bríos, lo cual nos ha llevado a recorrer los caminos de la hiperinflación, entendiendo como tal una inflación analizada superior al 1.000%; algunas empresas consultoras como Ecoanalitica la ubican en 2.735%. En los últimos meses del año la inflación dio un salto, cuando anualizamos la inflación de noviembre y diciembre encontramos que la misma se ubicó por encima del 1.000%. Ello fue motivado por un lado por el crecimiento desmedido de la masa de dinero que circula en la economía, que creció por encima del 1.000% entre enero y diciembre del 2017. La producción no creció al mismo ritmo del dinero, trabada por el hostigamiento gubernamental a los empresarios. Una masa de dinero en manos del público que creció sin control frente a una producción rezagada, explica buena parte del crecimiento de los precios. Un segundo factor ha sido la danza imparable del dólar paralelo, al cual los venezolanos recurren desesperados para proteger su dinero de la inflación. También influye que una proporción importante de las importaciones privadas se han hecho con el llamado dólar libre.

En lugar de modificar su política económica el gobierno de Maduro mantiene su huida hacia adelante, empecinado en continuar los aumentos compulsivos del salario mínimo; a pesar de que ya es una percepción popular que dichos aumentos lo que hacen es atizar aun más la presión sobre los precios. El pasado 31 de diciembre decidió aumentar en un 40% el salario mínimo, aumento que hizo extensivo a toda la administración pública incluido los profesores y otros miembros de la comunidad universitaria. A fin de evaluar el impacto de dicho aumento sobre la capacidad adquisitiva de los profesores, hicimos una estimación del comportamiento de la capacidad de compra de un profesor agregado hasta el 1 de enero de este año, la cual presentamos en el cuadro 1. La Federación de Trabajadores Universitarios (FTUV) hizo una estimación reciente de los nuevos salarios de los profesores considerando el último aumento, la cual tomamos como base de nuestros cálculos. La data de la canasta básica (CB) proviene del CENDAS, un organismo de la Federación Venezolana de Maestros; la CB de diciembre que extendimos hasta el 1 de enero de este año, es una estimación del autor de estas líneas.

Como se evidencia en el cuadro 1 el salario de un profesor agregado (incluyendo el bono alimentario) se mantuvo en un nivel cercano al 20% de la CB hasta septiembre de este año. En la medida que el proceso de hiperinflación tomó cuerpo esta cifra descendió a 8,46% en noviembre y descendió aun más en diciembre cuando llegó a representar un poco menos del 5% de la CB. Las bonificaciones y el aguinaldo, que se pagaron en noviembre y diciembre, amortiguaron el impacto de esta debacle de la capacidad de compra del salario en la situación económica de los profesores. Sin embargo la realidad será otra en enero de este año cuando no hay pagos complementarios al salario. Como podemos ver en el cuadro citado el aumento decretado por Maduro incrementó el salario hasta representar un poco menos del 7% de la CB el 1 de enero del presente año. En otras palabras, al inicio del año el profesor debe ingeniárselas para obtener ingresos alternativos que le permitan costear el 93% de su gasto familiar. Es necesario acotar que la situación actual es peor que la descrita, pues no se ha considerado en los cálculos la inflación de enero. Es evidente que la hiperinflación ha destruido la capacidad de compra del salario llevándola a niveles insignificantes.

Cuadro 1. Evolución de la capacidad de compra del salario de un profesor agregado entre septiembre del 2017 y el 1 de enero del 2018.

Fuentes: Rodríguez Rojas José E.. El deterioro del salario universitario continúa. Dígalo Ahí, 9-10-2017; FTUV. Tabla con los salarios vigentes (enero 2018); Cendas. Costo de la canasta básica. ( obtenido de información de prensa); Cálculos propios. Nota: Las cifras sobre el salario (S) incluyen el bono alimentario. Las cifras de la canasta básica de diciembre 2017 son el resultado de una estimación asumiendo que la CB de este mes se incrementó en un 80% con respecto al mes de noviembre. Este supuesto se basa en las estimaciones de la empresa Ecoanalitica que estima la inflación de diciembre en 81%.

Hemos venido insistiendo en que el deterioro de la capacidad de compra del profesor no se resuelve en una mesa de negociaciones, donde los sindicatos y el gobierno se sientan a discutir las clausulas de la contratación colectiva que ampara a los trabajadores. Las cifras presentadas son la evidencia de que la III Convención Colectiva, que fue el último intento en este sentido, fue un fracaso en términos de proteger la capacidad de compra de los profesores universitarios y de los trabajadores. La III Convención Colectiva fue una argucia del gobierno y de los sindicatos afectos al mismo, a fin de crear una ilusión de mejora en la situación económica de los trabajadores aprobando extravagancias como “el bono hallaquero” y otras bonificaciones. Mientras el gobierno mantenga su política económica y continúe metiéndole fuego a la inflación, el resultado será un mayor deterioro de la capacidad de compra de los trabajadores, independientemente de los supuestos logros que se alcancen entre el gobierno y los sindicatos alcahuetes que le hacen el juego.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

En este artículo buscamos analizar el marco de las negociaciones que rodearon la entrega de PDVSA a los militares y las implicaciones de esta decisión. Estas negociaciones son parte de una recomposición de fuerzas que aparentemente pone fin al movimiento al que hemos llamado chavismo y da nacimiento a otro integrado por los actores políticos fieles al actual presidente, que algunos analistas denominan madurismo. Oswaldo Ramírez, politólogo y miembro de la consultora ORC, entrevistado por CNN Dinero, señala que en el chavismo se venía gestando un movimiento liderado por Rafael Ramírez quien había sido previamente marginado y enviado a un exilio dorado al exterior. Este movimiento estaba orientado a reclutar a todos los huérfanos y viudos de Hugo Chávez, que no fueron incorporados por Maduro en posiciones de poder. El ex presidente de PDVSA estaba en el proceso de lanzamiento de éste nuevo movimiento chavista, lo que no agradó al que en este momento cuenta con la aprobación del conglomerado chavista. En sus actividades Ramírez buscaba además posicionarse como candidato en las venideras elecciones presidenciales. Ante las iniciativas y aspiraciones del antiguo hombre de confianza de Chávez, el régimen de Maduro optó por ordenar a la fiscalía una investigación en su contra con el propósito de destruirlo políticamente.

Paralelamente al plan de cerrarle el paso al movimiento liderado por Rafael Ramírez, el régimen se concentró en un proceso de construcción de nuevas lealtades conformando las bases de una corriente que podríamos llamar “madurismo”. Con ese propósito, el régimen procedió a reforzar en el frente gubernamental a aquellos actores políticos que han mostrado mayor fidelidad a Maduro como Delsy Rodriguez, designándola al frente de la Asamblea Constituyente (ANC), Tareck El Aissami como Vicepresidente y Jorge Rodríguez como Ministro de Comunicaciones y responsable de las negociaciones en la República Dominicana.

Apunta Oswaldo Ramírez que en este contexto el régimen decide adelantar las elecciones presidenciales con miras a realizarlas en el primer cuatrimestre del próximo año, lanzando a Nicolás Maduro como candidato. Se busca así evitar que el evento electoral se lleve a cabo en el segundo semestre del año, cuando la mayoría de los analistas económicos prevén un default o cesación de pagos de la deuda externa, con todas sus traumáticas implicaciones para el gobierno y el país. En la actualidad el régimen realiza gestiones para obtener entre 2500 y 3500 millardos de dólares a fin de incrementar el gasto público, aumentar la frecuencia de llegada de los CLAP y ampliar los beneficios de las llamadas Misiones; dándole así a los operadores políticos la capacidad de generar incentivos, a través de los diversos beneficios que genera el carnet de la patria, a fin de que la población vuelva a afiliarse con Maduro.

Con el propósito de garantizar el apoyo de Diosdado Cabello a la candidatura de Maduro, se le entrega PDVSA a militares afectos a él y de este modo el régimen integra a Cabello al entorno de los fieles a la figura presidencial, superando el antagonismo entre ambos, que ha señalado entre otros, Henrique Capriles. Ello implicó la designación del General Manuel Quevedo al frente de PDVSA, lo cual fue acompañado por la decisión de sustituir a 60 ejecutivos de la empresa estatal por militares. Quevedo y los militares que lo acompañan no tienen ningún conocimiento de petróleo, ni formación en el área gerencial o de negocios.

Como lo señaló Eddie Ramírez en un artículo sobre el tema, desde su creación PDVSA ha sido dirigida en algunos periodos por militares que han mostrado competencia y buen desempeño, pero eran profesionales que poseían formación gerencial y experiencia. Este no es el caso de Quevedo cuyo único background es su fidelidad al régimen y su desempeño reprimiendo las manifestaciones de la oposición a sangre y fuego.

La impericia de los militares designados agravará la crítica situación de la empresa petrolera estatal según Francisco Monaldi, experto petrolero de la Universidad Rice de Texas. Señala Monaldi que existe preocupación entre los socios de PDVSA por los nombramientos señalados y sus repercusiones sobre la empresa, que viene desde hace años declinando su producción. Esta preocupación la comparten sectores cercanos al gobierno como la firma Torino Capital, asesora de UNASUR y del gobierno de Maduro, la cual expresa en un informe reciente que “observamos un riesgo considerable de que la reestructuración y toma de PDVSA por sectores menos profesionalizados perpetuará la caída de la producción…”. Adicionalmente a ello, apunta Monaldi, las sanciones de los Estados Unidos contribuirán a complicar el desempeño de la empresa y agudizar su deterioro.

Los analistas económicos prevén que la empresa estatal continuará el declive de su producción en el año 2018. La firma Torino Capital señala que la producción se reducirá de 1,83 millones de barriles diarios en noviembre del 2017 a 1,39 millones de barriles diarios en diciembre del 2018, lo cual implicará un descenso de 442.000 barriles diarios. Esto provocará una reducción de los ingresos en divisas, lo que disminuirá las importaciones en un 34%, según algunas consultoras, agudizando la escasez de productos que agobia a la población y hará imposible cumplir con los compromisos financieros en el segundo semestre de 2018, aumentando las posibilidades de un default o cesación de pagos.

Con la decisión de militarizar la dirección de PDVSA, el régimen demuestra que tiene poco interés en el declive productivo de la empresa y las implicaciones que ello pueda tener en los ingresos del país y el bienestar de la población. Subordina todo a su decisión de atornillarse en el poder.

Profesor UCV

Josenri2@gmail.com