El régimen oprobioso y antidemocrático que ejerce dominación sobre la sociedad venezolana, avanza sistemáticamente en su proyecto de establecer un sistema político totalitario en Venezuela. Así lo evidencia el conjunto de políticas que ha venido implantando haciendo caso omiso al rechazo de la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional. Entre ellas el proyecto de Estado Comunal; la penalización de la protesta; el asesinato, la privación ilegal de la libertad y persecución de los opositores; la hegemonía comunicacional; la censura, persecución y represión a medios de comunicación social y a periodistas; el acoso y represión a las ONGs; los sistemáticos y brutales ataques destructivos contra las universidades autónomas; el impedimento a que partidos políticos, universidades, gremios profesionales y sindicatos celebren elecciones internas para la renovación de sus autoridades, y las prácticas populistas y coercitivas de control social y chantaje a la población para inmovilizarla.
En paralelo marcha un proceso de anomia inducido por el régimen. La violencia e insurgencia ejercida por el crimen organizado es la punta del iceberg detrás del cual está la putrefacción de los cuerpos de seguridad del Estado, del Poder Judicial y la administración pública en su conjunto, entre otras manifestaciones que sería largo enumerar y describir.
En ese contexto encontramos la tragedia de la emergencia humanitaria múltiple, en toda su complejidad: la salud pública, la educación y los servicios públicos deficitarios y de una calidad deprimente, los salarios de explotación del trabajo y una situación de vida deprimente; el hambre, la pobreza, el delito y la buhonería son las únicas variables que crecen sin parar en el país.
El liderazgo políticos que conduce a la sociedad venezolana en la encomiable aspiración de conquistar un sistema de libertades pleno y democrático, así como la de superar la crisis anteriormente descrita, acusa debilidades que deben ser superadas en aras de ganar eficacia política y dar al traste con el régimen opresor y usurpador.
Estas debilidades se reflejan en los sucesos y hechos durante el año 2020 y en el primer semestre del 2021, cuando los actores políticos democráticos han exhibido un inexcusable retardo en la toma de decisiones que les impide dar respuestas oportunas y diseñar tácticas que respondan al ritmo y a la celeridad del proceso político y a las exigencias de la coyuntura; debido a ello, pecan por omisión y por formular políticas insatisfactorias.
Paralelamente, y sin negar los avances y logros de la conducción política de Juan Guaidó, es necesario reconocer que el desencanto y la desesperanza se han apoderado de la combativa sociedad civil. Las luchas cívicas han perdido vigor y el objetivo estratégico definido en el 2019 no fue alcanzado. Este conjunto de factores ha incidido de modo determinante en la pérdida de credibilidad y respeto de la mayoría de los venezolanos hacia los partidos políticos y el liderazgo político en general.
Por lo demás, no es necesario insistir ni abundar en algo tan obvio como lo es la incoherencia y la desunión a lo interno de las fuerzas democráticas, vale decir, entre las organizaciones partidistas democráticas y entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil. Visiones y enfoques distintos y enfrentados acerca del cómo afrontar la crisis política y sobre líneas estratégicas y tácticas concretas están a la vista; así como la permanente descalificación entre unos y otros. Al respecto, se aprecian posiciones que van desde el inmediatismo más ramplón, pasando por acciones de rutina intrascendentes, hasta un maximalismo estéril e inútil. Sin considerar la “novísima y revolucionaria” práctica del “quítate tu pa' ponerme yo”; una lucha por el predominio, no siempre con la gallardía y nobleza que se puede esperar de un liderazgo democrático.
Ante éste estado de cosas, urge dotar a los sectores sociales y políticos democráticos de políticas y estrategias inteligentes, coherentes y audaces. Lo cual exige un equipo dirigente unionista, con una capacidad de elaboración política tal que le permita salir de las ideas fijas, dogmáticas y pragmáticas, que les impiden actuar con objetividad ante la realidad.
Creo que la premisa básica de esa política debe ser asumir a plenitud la pertinencia, necesidad y conveniencia (lo que más conviene a todos) de una negociación con el régimen. No se trata de una capitulación de las fuerzas democráticas, ni de una idílica reconciliación, mucho menos de una rendición del gobierno de facto; se trata de una negociación en procura de un acuerdo político para salir de la crisis. Son respetables las opiniones de quienes adversan esta propuesta preliminar, tales como: “el régimen lo que quiere es ganar tiempo”, “con malandros no se negocia” y “negociar es legitimar al usurpador”, “dictadura no sale con elecciones”; pero un elemental sentido de la realidad no puede sino reconocer que el usurpador controla efectivamente las palancas fácticas de la dominación, nos guste o no, esa es la realidad.
La realidad es, también, que el régimen está huérfano de apoyo popular, con una precaria y débil gobernabilidad, si es que le queda algo al respecto. Como también lo es que los sectores políticos democráticos no tienen músculo para desalojar a la usurpación. Los esfuerzos de todo tipo intentados han concluido en una frustración colectiva. El juego está trancado y a todos conviene destrancarlo porque el país está al borde de la disolución. Además, no existe un plan alternativo viable; simplemente no existe, repito, y hay que pisar tierra. Y por si todo eso fuera poco, los países aliados: EEUU, Canadá y la Unión Europea, apuestan al unísono a una salida política negociada.
Una negociación, propongo, en la cual participen no sólo los actores políticos nacionales sino, además, una calificada representación de la sociedad civil y de la provincia venezolana. Esto es un problema y responsabilidad de todos. Basta de elitismo y de centralismo. Es así como en dicha negociación se debe consultar y tomar en cuenta la opinión de la iglesia católica en general y de la Conferencia Episcopal en particular. Una negociación en la cual participen países vecinos con intereses en Venezuela: Colombia, Brasil y Cuba en especial.
¿Negociar qué y para qué? Negociar un acuerdo político; lo que Juan Guaidó denomina ACUERDO DE SALVACIÓN NACIONAL. Apoyo esa propuesta que, de resultar exitosa, permitiría afrontar la emergencia humanitaria compleja, aunque sea parcialmente; garantizándole a la población el acceso a un servicio de salud y el suministro de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, y la tan ansiada vacuna contra el COVID 19. El régimen solo no puede y las fuerzas democráticas tampoco y no es humanitario sacrificar la salud y la vida de niños, ancianos y de toda la población. El sentido de realidad es claro en cuanto a que la oposición democrática no tiene, en los actuales momentos, la fuerza requerida para imponer su mejor propuesta y es evidente que el régimen necesita un respiro.
Frente a este panorama, es prioritario negociar un cronograma electoral para dirimir las diferencias entre el régimen usurpador y las fuerzas democráticas; negociar condiciones electorales competitivas para recuperar el libre albedrío, la institución del sufragio, del voto, el derecho a elegir y a ser elegido. Sin dudas que un régimen antidemocrático como el que padece Venezuela, que se niega radicalmente a la alternabilidad democrática y exhibe un pasado fraudulento en los procesos electorales, no cederá fácilmente en esta asignatura. El reto es, precisamente, obligarlo, torcerle el brazo. Un cronograma electoral que concluya con elecciones, presidencial y del parlamento nacional, en el que las partes se den mutuas concesiones para hacerlo lógico y atractivo para ambas partes.
Negociar – propongo- el desarme de los grupos irregulares que mantienen a la población en zozobra y que controlan territorios rurales y urbanos que se traduce en una pérdida de soberanía. Eso incluye a los grupos guerrilleros provenientes de Colombia, los colectivos violentos armados por los desgobiernos chavistas y las mega bandas criminales.
A estas alturas nos luce que el régimen, a pesar de su debilidad, trata de dinamitar la posibilidad de la negociación y el acuerdo; las declaraciones del oficialismo achacándole a la oposición democrática y particularmente al partido Voluntad Popular responsabilidad en los hechos criminales de la cota 905 y en el oeste de Caracas deja claro hasta donde llega la perversión política del oficialismo y la intención de bloquear el camino pacifico y político trazado por la oposición democrática.
Una estrategia, entonces, que tiene dos elementos básicos pero que no son suficientes. Lo que impone desarrollar una extendida e intensa presión cívica sobre el régimen que rete, cara a cara, a la política de terrorismo de Estado en la cual es eficiente el gobierno de facto. Las necesidades y problemas que afectan a toda la población se hacen sentir a diario en protestas aisladas que, lejos de afectar al régimen, mantiene a la gente ocupada en acciones que no prosperan y generan desesperanza. Se trata de darles direccionalidad política, que se traduzcan en un costo político para el régimen y que apuntale la negociación política y haga retroceder a la arrogante e inescrupulosa cúpula del gobierno de facto. Las protestas cívicas deben formar parte fundamental de la estrategia democrática.
En este contexto general demandamos de los actores políticos una definición clara acerca de cómo abordar las elecciones regionales y locales convocadas para el 21 de noviembre de este año. El mutismo y la incertidumbre sobre éste asunto es pasmoso y presagian una derrota política de las fuerzas democráticas, a pesar de que son mayoría. A nuestro juicio hay que participar. La tesis maximalista según la cual primero hay que salir de la usurpación, reedificar el país que queremos y luego convocar elecciones libres y pulcra no es más que una buena intención pero sin asidero práctico, sin factibilidad en el corto y mediano plazo.
Las elecciones regionales en condiciones no ideales pero competitivas, pueden ser la oportunidad de dotar a la ciudadanía de liderazgos locales y regionales, que permita articular las luchas por las condiciones de vida, denunciando al Estado fallido, con el plano político nacional donde reside la sustancialidad de la institucionalidad legítima del poder. Capaces de orientar a sus comunidades en las luchas contra el proyecto totalitario: un liderazgo legitimado y expresión de la voluntad soberana del pueblo. Ganar ese liderazgo político institucional es un objetivo de primer orden, si recordamos que en la primera semana de enero del 2022 concluye, definitivamente, el período de la Asamblea Nacional elegida el 2015 y que Guaidó dejará de ser presidente interino.
La alianza política que dirige Guaidó y los partidos políticos que conforman el G 4, deben tomar una decisión urgente en esta materia; y debe abrirse a una política-electoral con todos los sectores que adversan al régimen, independientemente de las diferencias que los separan; lo contrario es un suicidio colectivo en primavera. Una coalición política electoral que no sea un reparto burocrático entre enmohecidos aparatos partidistas. Un gran acuerdo que reconozca los liderazgos regionales y locales; acuerdo que valore la idoneidad de los postulados, la representatividad y demostrada honradez y honorabilidad de ellos. Sería absolutamente erróneo que al gravísimo error que significa el retardo del liderazgo partidista para decidir oportunamente se presenten a ultima hora con un acuerdo cupular, es decir con candidaturas locales y regionales surgidas de laboratorios y a espaldas de la sociedad civil y desconociendo liderazgos reales y bien posicionados. Un reparto burocrático y de cuotas conduciría a las sectores democráticos a una derrota política sin precedentes. En Guayana la clave del éxito reside en la noción de movimiento en vez de conciliación de intereses de cúpulas. Exigimos al liderazgos partidista sindéresis y sentido de la realidad. En Guayana el candidato de la democracia a la gobernación del Estado debe seleccionarse en elecciones primarias abiertas. Igual los candidatos a la jefatura del Poder Público Municipal.
Por otra parte un componente de la estrategia de los sectores democráticos debe ser presionar al régimen para un adelanto de la elección presidencial; lo cual obliga a trazar una política orientada a la celebración de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. El éxito de esta propuesta va a depender de los resultados electorales del 21 de noviembre del presente año. Sólo con gobernadores y alcaldes resteados contra el gobierno de facto será posible éste importante objetivo intermedio, preludio de una elección presidencial. Seguir atado al mantra del 2019 (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) es un sueño. Primero elección presidencial, de claro efecto plebiscitario, porque es allí donde están las soluciones de fondo a la tragedia nacional, también es verdad, pero para llegar allá primero hay que conquistar objetivos intermedios que permitan una aproximación al objetivo final; de lo contrario el sueño se hará pesadilla.