La sociedad venezolana, en este momento histórico trágico luce confundida, desorientada y sumergida hasta el cuello en un pantano de leyendas urbanas, mitos y lugares comunes que han sustituido a la reflexión política y al análisis de los hechos y tendencias.

Me parece pertinente, en consecuencia, colocar en el debate ideas y consideraciones sencillas y archiconocidas por todos a manera de premisas sobre las cuales soportar las consideraciones que a continuación exponemos.

Por qué y para qué luchamos? Qué queremos? Y cómo alcanzar ese o esos propósitos?

Queremos libertad. Es decir un mundo en el cual tanto individual como colectivamente nos comportemos, por decisión propia, según nuestra conveniencia. Y lo que nos conviene es desenvolvernos en tanto que persona humana en función de satisfacer nuestras necesidades, motivaciones, aspiraciones, ideales y vocación sin limitaciones siempre y cuando nuestro desempeño no coarte los derechos del prójimo. Es, por otra parte, satisfacer plenamente la visión y sueño de sociedad que la ciudadanía tenga a bien definir democráticamente. Queremos democracia. Vale decir, un modelo político, económico y social surgido de un pacto social para una convivencia en santa paz. Lo cual sólo es posible en el contexto de un sistema en el cual se respeten rigurosamente los derechos humanos, civiles, económicos y políticos tanto del ciudadano como individuo como de la sociedad en general y de grupos sociales particulares. Una sociedad y un país en el cual las decisiones acerca del curso a seguir se tome por mayoría a través del diálogo y la institución del sufragio y predomine en el Estado una separación de poderes y contrapesos.

Queremos un mundo, un país, donde la justicia, y la justicia social en particular, sea una realidad. Donde todos seamos iguales ante la ley y todos tengamos las mismas oportunidades y en el cual el desarrollo de cada quien dependa de su talento, voluntad, esfuerzo y personalidad. Vale decir, una sociedad democrática, libre y sin desigualdad social.

Los venezolanos luchamos por estos objetivos porque vivimos en un sistema político y socioeconómico contrario a ellos, bajo un régimen político opresor y antidemocrático, en condiciones sociales y laborales muy cercanas al esclavismo y con los derechos fundamentales suprimidos. Por eso luchamos. Y actuamos decididamente contra una dominación criminal, corrupta e inescrupulosa, responsable de la espantosa crisis humanitaria compleja que padecemos. Desalojar del poder político a la banda que lo ostenta y responsable de esta tragedia es el objetivo estratégico de nuestro accionar político.

EL FRACASO.

Pero los “deseos no preñan”, como dice el refrán popular. Conquistar el cambio demanda la formulación de políticas, estrategias y tácticas orientadas a socavar los pilares que sustentan al régimen y a tomar el poder con el menor costo político, humano y material posible. Ubicados en ese contexto, estudiado el accionar de los actores políticos y sociales que lo han liderado y los resultados obtenidos la conclusión puede resumirse en una palabra: fracaso.

Por Celestino Aponte.

Desde el 2002 hasta nuestros días con manifestaciones pacíficas, acciones violentas, golpes de estados frustrados, referéndum revocatorio, protestas y presiones cívicas, abstencionismo y participación electoral los resultados son insatisfactorios, salvo puntuales y muy significativas victorias políticas (derrota a Chávez en el referéndum para la reforma constitucional y las elecciones parlamentarias del 2015). Una primera y aproximada explicación a éstos resultados parece estar en la ausencia de una estrategia coherente y en las carencias de las acciones tácticas promovidas por la dirección política. Éste hecho, a su vez, parece ser el efecto de la marcada discapacidad política de los partidos políticos venezolanos para el ejercicio de sus funciones. Expresión de la crisis que aqueja a éstas organizaciones cuyas principales manifestaciones son la notoria ausencia de representatividad de los mismos y unos equipos de dirección con serias carencias teóricas y en manos de meros a activistas. La “sargentería política” de la cual hablaba el historiador Manuel Alfredo Rodríguez; y una sociedad civil voluntariosa, preñada de buenas intenciones, excelente en acciones de solidaridad y reivindicativas pero sin la madurez y la experticia para afrontar en el plano político a un feroz adversario como lo es el régimen de marras.

Sin negar, por supuesto, la destreza y habilidad del régimen y sus socios internacionales para resistir y superar obstáculos, para mentir, manipular y corromper hombres e instituciones.

ELECCIONES REGIONALES.

En este cuadro general se celebró el pasado 21 de noviembre, por mandato constitucional, las elecciones de gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y ediles. Arrojando unos resultados paradójicos que han profundizado el estado de confusión antes referido y provocado una frustración colectiva adicional a la ya existente y su correlato de desesperanza y angustia. Una primera evaluación de la jornada puede resumirse así: el régimen de Nicolás Maduro sufrió una derrota política que se expresa en tres indicadores a saber. El primero, es el descenso abrupto de su votación al caer de 4.371.328 votos en las elecciones del 2017 a 3.722.656; el número de votos obtenidos por el PSUV y sus aliados el pasado 21 N es inferior al total de sufragios alcanzados por la plural oposición (3.722.656 versus 4.429.137); el conjunto de la oposición alcanzó el 54,33% de los votos válidos; el 58,2% de los electores hizo caso omiso al llamado de Maduro a votar y no sucumbió al chantaje oficialista dejando al descubierto la soledad del régimen usurpador. Más aún, el régimen pretendió mostrarse como democrático y recuperar la legitimidad perdida olvidando que elecciones locales ni legitiman y deslegitiman a un gobierno de facto de nivel nacional. Y, por si fuera poco, el informe preliminar presentado por los observadores de la Unión Europea confirmó las reiteradas denuncias de la oposición venezolana sobre las condiciones electorales.

Paradójicamente -repito- el régimen logró una victoria electoral al ganar 19 gobernaciones de estado y 205 alcaldías. Lo cual se explica por el efecto conjugado de tres factores. El ventajismo electoral manifestado en la hegemonía comunicacional impuesta por el régimen y el peculado de uso para poner los recursos del Estado al servicio de los candidatos del PSUV; el manejo irresponsable y torpe de la oposición político partidista al esencial asunto de la unión de la oposición y a la selección de los candidatos; y, como corolario, la abstención militante de una amplia franja social de la oposición que oscila entre el 18 y el 20 por ciento de los electores. Dado que históricamente el 40% de los electores venezolanos son indiferentes a las elecciones regionales y locales (abstencionistas per se) y el 21 N la abstención alcanzó a 58 % damos como un dato de la

realidad que sólo una franja inferior al 20 por ciento asumió como válida la prédica abstencionista de ciertas organizaciones políticas.

De modo que la oposición venezolana siendo mayoría perdió la mayoría( valga la redundancia) abrumadora de gobernaciones y alcaldías. Un revés que dificultará aún más la eficacia política requerida en el futuro inmediato y ahondará la desazón y la frustración.

¿CÓMO?

La alternativa democrática debe repensar, discutir y elaborar una hoja de ruta consensuada. Comenzando Por identificar lo que no debe hacer. No debe, por ejemplo, continuar la diatriba con acusaciones mutuas y repartir supuestos y reales culpabilidades; insistir machaconamente en repetir y girar en torno a mitos y clichés como “dictadura no sale con votos”, partidos “mayoritarios” (que ninguno lo es) con derecho a veto, con malandros no se negocia, cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres; no debe continuar en la práctica de sustituir a la organización y movilización ciudadana por las teclas de los teléfonos; con el eventismo (eventos por eventos sin ninguna trascendencia), la rutina aparatera y vacía de los partidos políticos sin contenidos teóricos y la crítica destructiva a cuanto líder insurja haciendo coro al G2 cubano.

Lo que hay que hacer es elaborar una política global y coherente, con una visión sistémica y no fragmentada, con sentido de la realidad y sin extraviarse de los valores y principios democráticos.

Dar concreción práctica al supuesto según el cual la solución al drama nacional antes expuesto ha de ser político, pacifico, electoral y apegado a la letra y espíritu de la Constitución Nacional. Y le agregaría un nuevo componente: salida judicial dado el curso tomado por el juicio en la Corte Penal Internacional.

Si la salida del régimen es electoral quiere decir que cualquier proceso electoral, presidencial o regional, será con instituciones controladas por él y, en consecuencia, no serán libres y lo transparente que deseamos. Elecciones libres, justas y transparentes habrá post régimen madurista. Combinar la lucha electoral con presión cívica, presión externa y negociación parece ser la regla general y cuya ejecución práctica es el problema con el cual debe lidiar una Dirección Política seria y a la altura de las circunstancias.

Más aún trabajar en dirección a construir una Dirección Política unionista y supra partido capaz de organizar y conducir la nueva política.

Sobre el contenido y perfil de esa nueva política y su estrategia correspondiente trataremos en una próxima entrega.

Ciudad Guayana, 24 de noviembre de 2021.

El régimen oprobioso y antidemocrático que ejerce dominación sobre la sociedad venezolana, avanza sistemáticamente en su proyecto de establecer un sistema político totalitario en Venezuela. Así lo evidencia el conjunto de políticas que ha venido implantando haciendo caso omiso al rechazo de la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional. Entre ellas el proyecto de Estado Comunal; la penalización de la protesta; el asesinato, la privación ilegal de la libertad y persecución de los opositores; la hegemonía comunicacional; la censura, persecución y represión a medios de comunicación social y a periodistas; el acoso y represión a las ONGs; los sistemáticos y brutales ataques destructivos contra las universidades autónomas; el impedimento a que partidos políticos, universidades, gremios profesionales y sindicatos celebren elecciones internas para la renovación de sus autoridades, y las prácticas populistas y coercitivas de control social y chantaje a la población para inmovilizarla.

En paralelo marcha un proceso de anomia inducido por el régimen. La violencia e insurgencia ejercida por el crimen organizado es la punta del iceberg detrás del cual está la putrefacción de los cuerpos de seguridad del Estado, del Poder Judicial y la administración pública en su conjunto, entre otras manifestaciones que sería largo enumerar y describir.

En ese contexto encontramos la tragedia de la emergencia humanitaria múltiple, en toda su complejidad: la salud pública, la educación y los servicios públicos deficitarios y de una calidad deprimente, los salarios de explotación del trabajo y una situación de vida deprimente; el hambre, la pobreza, el delito y la buhonería son las únicas variables que crecen sin parar en el país.

El liderazgo políticos que conduce a la sociedad venezolana en la encomiable aspiración de conquistar un sistema de libertades pleno y democrático, así como la de superar la crisis anteriormente descrita, acusa debilidades que deben ser superadas en aras de ganar eficacia política y dar al traste con el régimen opresor y usurpador.

Estas debilidades se reflejan en los sucesos y hechos durante el año 2020 y en el primer semestre del 2021, cuando los actores políticos democráticos han exhibido un inexcusable retardo en la toma de decisiones que les impide dar respuestas oportunas y diseñar tácticas que respondan al ritmo y a la celeridad del proceso político y a las exigencias de la coyuntura; debido a ello, pecan por omisión y por formular políticas insatisfactorias.

Paralelamente, y sin negar los avances y logros de la conducción política de Juan Guaidó, es necesario reconocer que el desencanto y la desesperanza se han apoderado de la combativa sociedad civil. Las luchas cívicas han perdido vigor y el objetivo estratégico definido en el 2019 no fue alcanzado. Este conjunto de factores ha incidido de modo determinante en la pérdida de credibilidad y respeto de la mayoría de los venezolanos hacia los partidos políticos y el liderazgo político en general.

Por lo demás, no es necesario insistir ni abundar en algo tan obvio como lo es la incoherencia y la desunión a lo interno de las fuerzas democráticas, vale decir, entre las organizaciones partidistas democráticas y entre éstas y las organizaciones de la sociedad civil. Visiones y enfoques distintos y enfrentados acerca del cómo afrontar la crisis política y sobre líneas estratégicas y tácticas concretas están a la vista; así como la permanente descalificación entre unos y otros. Al respecto, se aprecian posiciones que van desde el inmediatismo más ramplón, pasando por acciones de rutina intrascendentes, hasta un maximalismo estéril e inútil. Sin considerar la “novísima y revolucionaria” práctica del “quítate tu pa' ponerme yo”; una lucha por el predominio, no siempre con la gallardía y nobleza que se puede esperar de un liderazgo democrático.

Ante éste estado de cosas, urge dotar a los sectores sociales y políticos democráticos de políticas y estrategias inteligentes, coherentes y audaces. Lo cual exige un equipo dirigente unionista, con una capacidad de elaboración política tal que le permita salir de las ideas fijas, dogmáticas y pragmáticas, que les impiden actuar con objetividad ante la realidad.

Creo que la premisa básica de esa política debe ser asumir a plenitud la pertinencia, necesidad y conveniencia (lo que más conviene a todos) de una negociación con el régimen. No se trata de una capitulación de las fuerzas democráticas, ni de una idílica reconciliación, mucho menos de una rendición del gobierno de facto; se trata de una negociación en procura de un acuerdo político para salir de la crisis. Son respetables las opiniones de quienes adversan esta propuesta preliminar, tales como: “el régimen lo que quiere es ganar tiempo”, “con malandros no se negocia” y “negociar es legitimar al usurpador”, “dictadura no sale con elecciones”; pero un elemental sentido de la realidad no puede sino reconocer que el usurpador controla efectivamente las palancas fácticas de la dominación, nos guste o no, esa es la realidad.

La realidad es, también, que el régimen está huérfano de apoyo popular, con una precaria y débil gobernabilidad, si es que le queda algo al respecto. Como también lo es que los sectores políticos democráticos no tienen músculo para desalojar a la usurpación. Los esfuerzos de todo tipo intentados han concluido en una frustración colectiva. El juego está trancado y a todos conviene destrancarlo porque el país está al borde de la disolución. Además, no existe un plan alternativo viable; simplemente no existe, repito, y hay que pisar tierra. Y por si todo eso fuera poco, los países aliados: EEUU, Canadá y la Unión Europea, apuestan al unísono a una salida política negociada.

Una negociación, propongo, en la cual participen no sólo los actores políticos nacionales sino, además, una calificada representación de la sociedad civil y de la provincia venezolana. Esto es un problema y responsabilidad de todos. Basta de elitismo y de centralismo. Es así como en dicha negociación se debe consultar y tomar en cuenta la opinión de la iglesia católica en general y de la Conferencia Episcopal en particular. Una negociación en la cual participen países vecinos con intereses en Venezuela: Colombia, Brasil y Cuba en especial.

¿Negociar qué y para qué? Negociar un acuerdo político; lo que Juan Guaidó denomina ACUERDO DE SALVACIÓN NACIONAL. Apoyo esa propuesta que, de resultar exitosa, permitiría afrontar la emergencia humanitaria compleja, aunque sea parcialmente; garantizándole a la población el acceso a un servicio de salud y el suministro de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, y la tan ansiada vacuna contra el COVID 19. El régimen solo no puede y las fuerzas democráticas tampoco y no es humanitario sacrificar la salud y la vida de niños, ancianos y de toda la población. El sentido de realidad es claro en cuanto a que la oposición democrática no tiene, en los actuales momentos, la fuerza requerida para imponer su mejor propuesta y es evidente que el régimen necesita un respiro.

Frente a este panorama, es prioritario negociar un cronograma electoral para dirimir las diferencias entre el régimen usurpador y las fuerzas democráticas; negociar condiciones electorales competitivas para recuperar el libre albedrío, la institución del sufragio, del voto, el derecho a elegir y a ser elegido. Sin dudas que un régimen antidemocrático como el que padece Venezuela, que se niega radicalmente a la alternabilidad democrática y exhibe un pasado fraudulento en los procesos electorales, no cederá fácilmente en esta asignatura. El reto es, precisamente, obligarlo, torcerle el brazo. Un cronograma electoral que concluya con elecciones, presidencial y del parlamento nacional, en el que las partes se den mutuas concesiones para hacerlo lógico y atractivo para ambas partes.

Negociar – propongo- el desarme de los grupos irregulares que mantienen a la población en zozobra y que controlan territorios rurales y urbanos que se traduce en una pérdida de soberanía. Eso incluye a los grupos guerrilleros provenientes de Colombia, los colectivos violentos armados por los desgobiernos chavistas y las mega bandas criminales.

A estas alturas nos luce que el régimen, a pesar de su debilidad, trata de dinamitar la posibilidad de la negociación y el acuerdo; las declaraciones del oficialismo achacándole a la oposición democrática y particularmente al partido Voluntad Popular responsabilidad en los hechos criminales de la cota 905 y en el oeste de Caracas deja claro hasta donde llega la perversión política del oficialismo y la intención de bloquear el camino pacifico y político trazado por la oposición democrática.

Una estrategia, entonces, que tiene dos elementos básicos pero que no son suficientes. Lo que impone desarrollar una extendida e intensa presión cívica sobre el régimen que rete, cara a cara, a la política de terrorismo de Estado en la cual es eficiente el gobierno de facto. Las necesidades y problemas que afectan a toda la población se hacen sentir a diario en protestas aisladas que, lejos de afectar al régimen, mantiene a la gente ocupada en acciones que no prosperan y generan desesperanza. Se trata de darles direccionalidad política, que se traduzcan en un costo político para el régimen y que apuntale la negociación política y haga retroceder a la arrogante e inescrupulosa cúpula del gobierno de facto. Las protestas cívicas deben formar parte fundamental de la estrategia democrática.

En este contexto general demandamos de los actores políticos una definición clara acerca de cómo abordar las elecciones regionales y locales convocadas para el 21 de noviembre de este año. El mutismo y la incertidumbre sobre éste asunto es pasmoso y presagian una derrota política de las fuerzas democráticas, a pesar de que son mayoría. A nuestro juicio hay que participar. La tesis maximalista según la cual primero hay que salir de la usurpación, reedificar el país que queremos y luego convocar elecciones libres y pulcra no es más que una buena intención pero sin asidero práctico, sin factibilidad en el corto y mediano plazo.

Las elecciones regionales en condiciones no ideales pero competitivas, pueden ser la oportunidad de dotar a la ciudadanía de liderazgos locales y regionales, que permita articular las luchas por las condiciones de vida, denunciando al Estado fallido, con el plano político nacional donde reside la sustancialidad de la institucionalidad legítima del poder. Capaces de orientar a sus comunidades en las luchas contra el proyecto totalitario: un liderazgo legitimado y expresión de la voluntad soberana del pueblo. Ganar ese liderazgo político institucional es un objetivo de primer orden, si recordamos que en la primera semana de enero del 2022 concluye, definitivamente, el período de la Asamblea Nacional elegida el 2015 y que Guaidó dejará de ser presidente interino.

La alianza política que dirige Guaidó y los partidos políticos que conforman el G 4, deben tomar una decisión urgente en esta materia; y debe abrirse a una política-electoral con todos los sectores que adversan al régimen, independientemente de las diferencias que los separan; lo contrario es un suicidio colectivo en primavera. Una coalición política electoral que no sea un reparto burocrático entre enmohecidos aparatos partidistas. Un gran acuerdo que reconozca los liderazgos regionales y locales; acuerdo que valore la idoneidad de los postulados, la representatividad y demostrada honradez y honorabilidad de ellos. Sería absolutamente erróneo que al gravísimo error que significa el retardo del liderazgo partidista para decidir oportunamente se presenten a ultima hora con un acuerdo cupular, es decir con candidaturas locales y regionales surgidas de laboratorios y a espaldas de la sociedad civil y desconociendo liderazgos reales y bien posicionados. Un reparto burocrático y de cuotas conduciría a las sectores democráticos a una derrota política sin precedentes. En Guayana la clave del éxito reside en la noción de movimiento en vez de conciliación de intereses de cúpulas. Exigimos al liderazgos partidista sindéresis y sentido de la realidad. En Guayana el candidato de la democracia a la gobernación del Estado debe seleccionarse en elecciones primarias abiertas. Igual los candidatos a la jefatura del Poder Público Municipal.

Por otra parte un componente de la estrategia de los sectores democráticos debe ser presionar al régimen para un adelanto de la elección presidencial; lo cual obliga a trazar una política orientada a la celebración de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. El éxito de esta propuesta va a depender de los resultados electorales del 21 de noviembre del presente año. Sólo con gobernadores y alcaldes resteados contra el gobierno de facto será posible éste importante objetivo intermedio, preludio de una elección presidencial. Seguir atado al mantra del 2019 (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) es un sueño. Primero elección presidencial, de claro efecto plebiscitario, porque es allí donde están las soluciones de fondo a la tragedia nacional, también es verdad, pero para llegar allá primero hay que conquistar objetivos intermedios que permitan una aproximación al objetivo final; de lo contrario el sueño se hará pesadilla.