En junio de este año 2017, mi esposa y yo, que estábamos para ese momento en Tampa, Florida, decidimos venir por un tiempo a España aprovechando mi pasaporte francés. La situación en Venezuela estaba tan mal, con tendencia a ponerse peor tal y como ha sucedido, que los amigos consultados en esa ocasión fueron unánimes en recomendarnos que no volviéramos a Venezuela. En ese momento estaba en plena efervescencia el enfrentamiento de los estudiantes con las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro que culminaban todos los días en muertos, heridos y cientos de detenidos.

Lo que no nos imaginámos nunca es que íbamos a encontrar, al poco tiempo de nuestro arribo a Asturias, una situación de tanta inestabilidad política y de tanta importancia para toda España como es la decisión de unos políticos catalanes de declarar a Cataluña como un estado independiente de España, lo que fue culminado por el Parlament de esa entidad autonómica el 27 de octubre.

No se trata de cualquier episodio difícil y complejo de los que suceden en todos los paises de vez en cuando, sino de uno que fue clasificado por Felipe González, expresidente del gobierno español por 12 años, como el más complicado y peligroso que haya enfrentado España en sus 40 años de régimen democrático a partir de la aprobación de la constitución de 1978.

La conducta de los líderes de los independentistas catalanes me ha recordado un poco a la de Maduro y su mafia en su decisión de seguir siempre adelante en su empeño de mantener a toda costa sus objetivos, ignorando que no representan más del 48% de la población catalana según se ha visto en las votaciones de los últimos 18 años, que su decisión era ilegal y anticonstitucional y que las consecuencias económicas serían impactantes. . Decidieron convocar un referendum el 1 de octubre que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional del país y lo llevaron a cabo contra viento y marea. Según ellos lograron más de dos millones de votos de los cuales el 90% votó a favor de declarar la independencia. Después de dudas y vacilaciones de Puigdemont, el presidente de la Generalitat, que desechó la solución deseada por muchos de convocar a eleciones autonómicas, el Parlament catalán. con una muy leve mayoría de votos independentistas, dió el paso final el 27 de octubre.

El gobierno de Rajoy trató torpemente de impedir el referendum a toda costa hasta el punto de cometer la insensatez de permitir que la guardia civil actuara violentamente en el referendum del 1 de octubre, lo que fue reflejado de inmediato en todos los periódicos internacionales dando la idea de que en España se persigue a la gente por sus ideas. Ha debido permitir el referendum en paz y luego no reconocerlo porque ya estaba declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Para mí es evidente que España no puede permitir que una de sus regiones autonómicas, sobre todo de la importancia económica de Cataluña, se declare independiente, atentando expresamente contra todo lo consagrado en la constitución de 1978 bajo la cual España ha vivido sus mejores 40 años. Sin embargo, los líderes de JxSi y de la CUP desde las votaciones autonómicas del 25 de septiembre de 2015, en las que obtuvieron el 48% de los votos a pesar de haberle dado un caracter plebiscitario sobre la independencia, han venido siguiendo un plan para declararla en 18 meses. Así lo han proclamado por las televisoras y periódicos de Cataluña a pesar de que todas sus acciones han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional. El 6 y 7 de septiembre, los independentistas usando su escuálida mayoría de apenas 3 votos aprobaron la ley del referendum del 1 de octubre y una ley de transitoriedad que contenía los primeros pasos a tomar después de declarar la independencia. En esa ocasión ignoraron olímpicamente a los diputados de la oposición a los que ni siquiera se les dejó hablar

Como era de esperarse, el gobierno de Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la constitución española que autoriza al gobierno a intervenir en cualquier región autonómica donde se cometan faltas graves contra la constitución, como último recurso para preservar la legalidad y la existencia misma de la nación española.

Se destituyó a los miembros del gobierno catalán y se convocó a elecciones autonómicas el 21 de diciembre con lo cual quedó disuelto el Parlament. Además los miembros del gobierno catalán han sido querellados ante la Audiencia Nacional y los miembros de la Mesa del Parlament ante el Tribunal Supremo. Los primeros han sido enviados a la cárcel por la jueza Carmen Lamela y los segundos esperaron una semana más para ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Ante esta acción de la justicia española se han rasgado las vestiduras, han puesto el grito en el cielo, aduciendo que son sanciones injustas y desproporcionadas, diciendo que ahora en la España autoritaria de Rajoy hay presos políticos. No les importó anunciar con bombos y platillos que habían decidido despreciar todos los llamados a volver a la legalidad, se rieron de la Constitución española que Cataluña aprobó en 1978 con el 90% de los votos a favor y ahora asumen el papel de víctimas ante la actuación de la justicia.

Por otro lado, ignoraron adrede las consecuencias económicas de su acción. Hasta el momento más de 2000 empresas importantes de Cataluña han decidido cambiar su sede social a otras zonas del país. Los primeros en hacerlo han sido CaixaBank y Sabadell, grandes bancos incluso a nivel nacional. El cambio de sede social no parece muy grave pero a la larga va a traer efectos perjudiciales a la economía de Cataluña. Algunas de estas empresas han cambiado también su sede fiscal lo que sí es un golpe directo a las finanzas catalanas.

Puigdemont y cinco de sus consejeros se fueron a Bélgica para huir de la justicia española. Han montado un show de víctimas del estado español al que califican de antidemocrático y hasta franquista. Se fueron a Bélgica porque este es un país donde también hay un problema de sececionismo latente entre flamencos y valones. Además es uno de los miembros de la Unión Europea más renuente a conceder la extradición de cualquier ciudadano europeo. Sin embargo, Puigdemont desea encabezar una lista única para las eleciones autonómicas del 21 de diciembre y uno no entiende cómo va a hacer campaña electoral desde un país extranjero.

Mientras tanto las autoridades de la Unión Europea, que por cierto tienen su sede en Bruselas, han apoyado al estado español todo el tiempo y con toda claridad, porque saben que Cataluña independiente es un muy mal ejemplo para una gran cantidad de regiones europeas que desearían también la independencia o un mayor grado de autonomía.

Mi opinión personal, por lo que he ido viendo y sintiendo desde que llegué a España, es que este es un problema nada fácil, que no se va a resolver por la vía judicial y que va a renacer constantemente hasta que se le busque una salida política a largo plazo si es que realmente existe esa solución. Quizás acepten una autonomía aún mayor que la que disfrutan actualmente, pero ese no parece ser el deseo de muchos catalanes que quieren independizarse a toda costa. Veremos qué sucede en las elecciones del 21 de diciembre pero todo el mundo se pregunta qué pasará si vuelven a ser mayoría los independentistas en el número de escaños en el parlamento catalán.

Estaba a punto de terminar este artículo cuando me he enterado de que Carme Forcadell y otros cuatro miembros de la mesa del Parlament catalán en su aparición ante el Tribunal Supremo han aceptado la aplicación del artículo 155 por el gobierno de Rajoy y han dicho que la declaración de independencia del 27 de octubre fue solo simbólica. Es decir, han abjurado de todo el proceso que los llevó hasta aquí. Se ve que la presencia de un juez dispuesto a actuar de acuerdo a la ley asusta al más valiente. Esto va a ser un fuerte golpe contra el independentismo y contra el show montado por Puigdemont en Bruselas.

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