Desde este mismo espacio expresamos hace algún tiempo nuestra opinión acerca de cual sería el desarrollo y culminación del actual ciclo de “diálogo” entre gobierno y oposición. Afirmamos que no creíamos absolutamente nada y –sin pretender pasar por videntes– constatamos ahora que teníamos razón. No era cuestión de tener dotes sensoriales especiales, sino apenas de captar lo evidente: al gobierno solo le interesa ganar tiempo y –por lo visto– lo viene logrando.

Las declaraciones de los asistentes a República Dominicana revelan el deterioro del ambiente que ha rodeado el agonizante experimento. El gobierno, por boca de su más desagradable vocero (Jorge Rodríguez) anuncia que un acuerdo está prácticamente listo y que falta apenas algún detallito de menor relevancia para anunciarlo (renovación del CNE). La oposición, por su parte, informa que no se ha llegado a nada ni se ha suscrito declaración ni documento alguno, lo cual equivale a expresar que el ciclo ha fracasado. Este columnista prefiere creerles a Julio Borges y su equipo de asesores compuesto por gente capaz y honorable con muchos de los cuales tenemos vínculos de amistad desde hace bastantes años.

Otra cosa en la que hemos venido insistiendo es en afirmar que la presión internacional no tumba gobiernos, pero que es poco probable que tal cosa pueda ocurrir si no hay esa misma presión internacional. No cabe duda de que en este momento, cuando Miraflores luce envalentonado por el nuevo aire obtenido por la trampa y el atropello, es la presión internacional la principal fuerza que empuja para que se produzcan los cambios que se requieren. Hay que conservarla.

Es precisamente en esta área internacional donde día a día se anuncian hechos que revelan que estamos en la recta final. Sanciones impuestas ya en diversos frentes, aislamiento diplomático, exclusión del circuito financiero, la gira del secretario de Estado de Estados Unidos por varios países del continente y demás cosas que vienen ocurriendo producen reacciones gubernamentales que ya lucen desesperadas. A ello agréguese la mala noticia de que la disputa por el Esequibo irá a la Corte Internacional de Justicia y pare usted de contar.

Entretanto, el venezolano común poco se entera y menos le interesan ninguno de los temas hasta aquí comentados. Este columnista, que pulsa la opinión del venezolano de a pie, constata que el comentario que ocupa toda las conversaciones no es sino la preocupación por conseguir los rubros más básicos de comida y el precio inalcanzable de la misma, sumado a la inseguridad personal, cuya incidencia alcanza a todos los estratos.

Los focos de intranquilidad social nada tienen que ver con la libertad de expresión ni la independencia de los poderes del Estado ni la acción del Tribunal Supremo de Justicia ni la agonía del Estado de Derecho. Todo eso es materia de preocupación para aquellos que se desenvuelven en el estrato del estómago satisfecho. La intranquilidad pública creciente y cada vez más combativa se centra en cerrar carreteras para detener el paso de vehículos que transportan comida para vaciarlos y en ver cómo se las arregla cada quien para conseguir una caja CLAP que en muchos casos se otorga a cambio de pisotear la dignidad de quien la recibe. Es dramático escuchar cada vez con mayor insistencia la preocupante afirmación de quienes no dejarían de agradecer el suministro de las calorías mínimas familiares así vinieran de manos de las agencias humanitarias internacionales o de los mismísimos “marines” siempre que desembarcaran trayendo comida.

Antes de concluir permítasenos un comentario final que en una o dos semanas podrá ser contrastado con la realidad. Se trata de la visita que emprenderá el lunes Mr. Tillerson a varios países del hemisferio. Se anuncia que el tema central que dominará la agenda será el de la situación venezolana. Se especula que luego de la fracasada visita del vicepresidente Pence el nuevo enviado pudiera abogar otra vez por acciones de fuerza preferiblemente colectivas para restablecer el orden democrático en Venezuela. Este columnista anticipa que en las reuniones reservadas que el secretario de Estado norteamericano pueda sostener con los líderes de países amigos, seguramente varios coincidirán con la tesis de la conveniencia de la intervención militar, ya sea colectiva o unilateral. Más que obvio resulta anticipar que ninguno, por más convencido que esté, apoyará en público semejante iniciativa, menos aún si tuviera que ayudar a pagarla. Sin embargo, en la tan denostada África eso lo han hecho varias veces con algún éxito.

@apsalgueiro1

El Nacional

03 de febrero de 2018

El domingo 28 de enero, en horas de la tarde, asistí a la “asamblea” convocada para tratar el tema de la distribución de alimentos regulados en el supermercado (llamado por costumbre: el minimercado) José Félix Ribas; el cual está ubicado en la calle Los Jabillos, entre los sectores 3 y 5 de la urbanización del mismo nombre, parroquia Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua. Al llegar al sitio escogido para realizar el evento (entrada del módulo de salud de la UD 12, sector 9 de la Urb. Caña de Azúcar) pude notar que la gran mayoría de los vecinos no atendió al llamado; sin embargo, la asistencia era bastante numerosa si la comparamos con las de otras ocasiones, cuando la invitación había sido para tratar problemas como: la no recolección de la basura, los botes de aguas negras o el enmalezamiento de las áreas verdes.

Allí me enteré, entre otras cosas, que los convocantes a la “asamblea” fueron los miembros del CLAP del sector; y que un representante del gobierno nacional y regional sería el encargado de dar la información. Este resultó ser un circunspecto personaje (no memoricé su nombre) que participó haber tenido reuniones previas con altos funcionarios; citando entre ellos al Ministro de Alimentación, al Alto Mando de los CLAP, al jefe de la ZODI y al gobernador Marco Torres. De su discurso, especie de sermón político-evangélico, matizado de citas bíblicas y adjudicando las culpas de la tragedia que estamos padeciendo a los “pecados” que, según, él hemos cometido en nuestras vidas, pudimos saber que: en vista del despelote en las colas, el cobro de puestos y demás atropellos que venían ocurriendo en el citado expendio, el gobierno había tomado la decisión de entregar a los CLAP la responsabilidad de organizar las compras de productos regulados; que en tal sentido, habían hecho una distribución de cupos por sector y a la UD 12 del sector 9 le correspondían solamente 40; los cuales deberían ser repartidos entre los ocupantes de los 20 bloques que allí existen.

Resulta entonces, que cada uno de estos bloques tiene 4 plantas y 7 apartamentos por planta, para un total de 28 apartamentos por bloque; los cuales, multiplicados por 20 representan un mínimo de 560 familias en el sector, y si tomamos conservadoramente un promedio de 4 miembros por familia, tendremos finalmente a más de 2.000 personas disputándose el “beneficio” de los 40 cupos. Esto, sin contar que generalmente, debido a la escasez de vivienda y otros factores de la crisis, en cada apartamento habita más de una familia. La genial fórmula diseñada por el gobierno para distribuir estos cupos, permite que solo los jefes de familia de 2 apartamentos por bloque puedan comprar los alimentos el día que corresponda al terminal de su número de cédula; no pudiendo hacerlo más hasta que no se cumpla el ciclo completo. Los criterios para seleccionar a estas personas quedarían en manos de los habitantes de cada bloque, pudiendo ser escogidos por sorteo, condición social, edad, etc.

Una vez cumplido su cometido, y después de haber regañado y amenazado a todos los presentes con posibles suspensiones y arrestos de continuar su “mal comportamiento”, el funcionario-predicador se retiró de la “asamblea” con la excusa de tener que cumplir otros compromisos; no sin antes llamar a la unidad de los vecinos con los miembros del CLAP para trabajar conjuntamente; es decir, a trabajar con los militantes del PSUV que son los que exclusivamente son seleccionados para formar parte de los CLAP, y sin dejar de señalar que los miembros de esta organización son y representan a la autoridad en este caso. La “asamblea” quedó luego bajo la dirección de la concejala Amarilis Soto (PSUV), quien ratificó las palabras del personaje de marras y pidió a los vecinos firmar una solicitud dirigida a las empresas que suministran harina (Polar), pasta (Sindoni) y azúcar, para que aumenten la cantidad de estos productos enviada al supermercado JFR.

Coloco “asamblea” entre comillas, porque lo realizado no fue más que una parodia; pues, una verdadera asamblea es una instancia de participación de los ciudadanos, donde democráticamente se debaten los temas, se designan a quienes la dirigen y se toman decisiones. En el caso que comentamos, a pesar de que muchos asistentes creyeron erróneamente que allí se podía discutir y proponer soluciones al problema del abastecimiento y adquisición de productos regulados, o por lo menos estar en desacuerdo con la cantidad de cupos designados, la realidad es que estos funcionarios vinieron solamente a informar e implementar las decisiones tomadas de antemano, al más alto nivel gubernamental; sin tomar en cuenta para nada que la comunidad había electo con anterioridad sus propios voceros ante los dueños del expendio, los cuales fueron desplazados de golpe y porrazo, sin informarles siquiera, de la manera improvisada y arbitraria que caracteriza a las acciones de este régimen. Sin embargo, los vecinos no perdieron la oportunidad para expresar su descontento por las dificultades que han tenido para obtener alimentos para la comida diaria, y su malestar a causa de los atropellos que sufren por esta razón, así como su rechazo y sus reclamos a los CLAP; pero, en medio del desorden que caracterizó a la reunión, terminaron aceptando de hecho los planteamientos presentados, pues, designaron a los vecinos que deben trabajar junto con los CLAP (la mayoría de ellos fueron los mismos que habían sido electos anteriormente como voceros) y, sin haber terminado la asamblea, muchos de ellos se formaron e hicieron una cola para firmar la solicitud dirigida a las empresas.

Es conveniente recordar, que las distribuidoras de alimentos están trabajando muy por debajo de su capacidad, debido al acoso y a las políticas restriccionistas que ha implementado el mismo gobierno representado por los CLAP; por lo tanto, queda en duda la capacidad que estas tengan de aumentar su oferta si no se mejoran sus condiciones actuales. De no poder hacerlo, estas firmas seguramente serán utilizadas para endilgarles a los empresarios la culpa del desabastecimiento y acusarlos de practicar la fantasmal “guerra económica”; y de una vez, salvar las responsabilidades del CLAP y el gobierno.

Caña de Azúcar, 31 de enero 2018

Concejal MBI

Por curiosidad ojee, hace poco, algunos de los primeros números de SIC, revista fundada en 1938 por un jesuita vasco llamado Manuel Aguirre, tozudo como el que más, con mucha obra buena sobre sus espaldas. Aquellos eran otros tiempos, diría Perogrullo. Claro, el país era distinto, andaba en otras cosas, sus problemas eran diferentes, sus pretensiones también. Aprecie, en ese rápido vistazo, una revista que apostaba a descifrar al país de manera inteligente y por sobre todo honesta. Y sentí, en ese momento, que estaba ante la misma revista que leo ahora. La misma que, tanto tiempo después, tengo en la pantalla del computador, tratando de interpretar estos tiempos venezolanos tan enrevesados y conflictivos, en los que casi nada pareciera encontrarse en su sitio, en el que predomina la sensación de vivir en un país que se halla siempre en transición hacia quien sabe dónde, un país precario en donde el hambre se ha vuelto un dato de la existencia, también la difteria, y en el que la cotidianidad es, para cada quien, un acertijo. Un país, en fin, gobernado desde una narrativa revolucionaria delirante, pero que no tiene empacho en admitir la explotación del Arco Minero según los sagrados cánones del capitalismo rentístico, ni tampoco en pregonar la democracia participativa y protagónica desde un gobierno crecientemente autoritario, cuya última evidencia de ello ha sido la convocatoria extemporánea, ilegal y arbitraria a unas elecciones presidenciales, concebidas con el propósito de prolongarle el mandato al Presidente Maduro .

SIC es una publicación que he leído consecuentemente desde que tengo uso de razón ciudadana, esto es, a los diez ocho años, o algo así. Se trata de una revista que muestra, desde luego, la impronta religiosa, pero también (¿sobre todo?) la perspectiva política, en su sentido más amplio. Y no podía ser de otra manera, pues como escribió en algún lugar Thomas Mann, el responsable de esa obra maravillosa que es la Montaña Mágica “… en nuestro tiempo el destino del hombre muestra sus significados en términos políticos”, algo que los jesuitas, me parece, siempre han sabido muy bien. Dentro de ese marco aborda, hoy en día, los temas necesarios y urgentes del debate global y nacional, explorados de acuerdo a los preceptos que gobiernan el siglo XXI, del que, por cierto, Venezuela ya se comió casi una cuarta parte procurando el desarrollo de un proyecto concebido en la centuria pasada y vuelto escombros en el muro de Berlín a final de los ochentas.

En las páginas de la revista, el lector se ha encontrado, a lo largo del tiempo, con el intento de explicar lo que hemos ido siendo como sociedad, tarea que en el presente se ha vuelto ineludible, sobre todo porque ha querido ser sustituida por un relato político que procura, desde la intransigencia ideológica, re dibujar el pasado, definir el presente y trazar el porvenir a partir de un cuento simple que hipnotiza, porque elimina la necesidad de tener que desentrañar las interrogantes que plantea la realidad desde su terquedad, según escribió Hannah Arendt con relación a la experiencia de otras sociedades. En este sentido, la revista pareciera haber asumido en todo momento la idea de que “…quien renuncia al entendimiento, abdica de la ciudadanía”.

Dicho en pocas palabras, siento que SIC ha llevado a cabo, a lo largo de su larga travesía, la prédica sobre la sociedad decente, aquella cuyas instituciones no humillan a las personas, que no lesionan el respeto que los ciudadanos se tienen así mismos, tal como la describió hace veinte años el filósofo Avishai Margalit.

Así las cosas, se esté o no de acuerdo con tales o cuales de sus artículos o editoriales, SIC ha sido y es una revista muy bien construida y creíble, edificada siempre conforme a una visión ética de la realidad. Una revista con presencia nacional, que el lector agradece sobre todo por estos días en los que el oficio intelectual se desempeña mayormente en formato de militancia sectaria. Una revista, en fin, que habiendo cumplido sus primeros ochenta años de existencia - un gran mérito entre nosotros, siempre más dados crear instituciones que a criarlas-, tiene muy buen pasado por delante.

HARINA DE OTRO COSTAL

En días pasados se reunió la crema y nata de la élite mundial en Davos para asistir al Foro Económico Mundial. Allí el multimillonario George Soros advirtió sobre los peligros de las redes sociales en el orden mundial. Dijo, entre otras cosas sobre las que vale la pena meditar, que “… influyen en cómo las personas piensan y se comportan sin que ellas siquiera lo sepan, con consecuencias en el funcionamiento de la democracia…”.

Las empresas de medios sociales están induciendo a las personas a renunciar a su autonomía, añadió. El poder de dar forma a la atención de las personas se concentra cada vez más en manos de unas pocas empresas. Se necesita un esfuerzo real para afirmar y defender lo que John Stuart Mill llamó “la libertad de la mente”, sin la que “…las personas pueden ser fácilmente manipuladas…”. Este peligro no se cierne solo en el futuro; “ … ya jugó un papel importante en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016…”.

Su discurso remató con la idea de que podría haber una alianza entre estados autoritarios (aludió a Rusia y a China) y estos grandes monopolios ricos en datos que ”… unirían los sistemas nacientes de vigilancia corporativa con un sistema ya desarrollado de vigilancia patrocinada por el Estado”.

Pareciera que Soros se copió de lo que hace mucho tiempo escribió George Orwell. Apenas lo exageró un poco, seguramente porque conoce el animal por dentro.

El Nacional, miércoles 31 de enero, de 2018

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Apenas llega a su fin el primer mes del año 2018 y los venezolanos tienen la sensación de que el tiempo transcurrido es muchísimo mayor, con el consecuente desgaste mental, emocional y físico que implica vivir al límite. Es como avanzar a toda velocidad para trasponer la frontera, y conocer, en primera persona, lo que viene después de lo peor.

Lo ocurrido en las últimas semanas indica que Venezuela se adentra en zonas oscuras, insondables para nuestra cultura, experiencia y entendimiento. Los relatos cotidianos terminan casi siempre con exclamaciones de asombro y hasta de horror. “¡Hasta dónde vamos a llegar!” o “¡Cuándo acabará esto!”. “Esto”, ha hecho que la caducidad de las noticias –mayormente malas– lleve un ritmo de vértigo que impide su comprensión a cabalidad, la reacción adecuada o, menos aún, la planificación.

La mezcla letal de hambre, violencia e incapacidad absoluta del Estado para cumplir un mínimo de sus responsabilidades ya se ha visto en otras regiones del mundo contemporáneo, y como alguna vez lo describió un reporte de Médicos Sin Fronteras al hablar sobre la prolongada crisis en el cuerno de África, los venezolanos se están convirtiendo, poco a poco, en “refugiados sin refugio”, sin opciones de alimentarse o curarse, en una nación con una Constitución que claramente atribuye al Estado la obligación de garantizar la satisfacción de esas necesidades primarias. Entonces, la certeza de la muerte prematura y/o violenta se presenta en la Venezuela del siglo XXI –la del “mar de la felicidad”– como una opción indeseada e indeseable para un creciente número de personas dentro del territorio. El país luce hoy como ese local con mala suerte, de cristales rotos y sucios en el que nada prospera, que afea la acera de un bulevar comercial de moda. No en balde, el FMI vaticina una caída del 15% del PIB para Venezuela este año, con un acumulado del 50% en el quinquenio transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez. Mientras, en los países vecinos la prosperidad económica se manifiesta en todos los ámbitos.

La Iglesia católica, casi la única institución en Venezuela con representantes disciplinados y alineados en cada parroquia del país –y con la más antigua experiencia en el ejercicio de la política de Estado–, ha elevado todavía más en estas primeras semanas del año el nivel de su reclamo al Gobierno. En menos de dos semanas, el Episcopado y sus miembros emitieron cinco mensajes (apertura y cierre de la CIX plenaria, la homilía en ocasión de la celebración de la Divina Pastora, el rechazo a la amenaza del Presidente de la República a los obispos y el rechazo contra la llamada masacre de El Junquito) en los que conminaron, en menor o mayor grado, a los venezolanos a reaccionar y comprender que está en la propia organización la salida de esta “peste”.

“No hay que resignarse o acostumbrase al mal que viene de las decisiones erradas, de la violencia, la injusticia o la mentira. La primera reacción ha de ser de rebeldía interior, como signo de ‘salud moral’. No es pues, Dios el que inflige daño a los hombres sino el hombre mismo cuando actúa con un corazón torcido, una inteligencia distorsionada, una voluntad seducida No hay, por tanto, que someterse, ni resignarse ni renunciar a la calidad de vida a que todos tenemos derecho”, dijo monseñor Diego Padrón en su último mensaje como presidente del Episcopado. También, el primer mensaje de la nueva directiva de la CEV, encabezada por monseñor José Luis Azuaje, planteó directamente a los venezolanos tener presente el lema de Juan Pablo II: “¡Despierta y reacciona, es el momento! (…) resuena en esta hora aciaga de la vida nacional. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo supera cualquier otro poder”. Por último, la Comisión de Justicia y Paz, con ocasión del asesinato de Oscar Pérez, llamó a los venezolanos a “no acostumbrarse, ante la multiplicación de los casos de muertes no aclaradas ni investigadas, a la barbarie…”.

De todos los mensajes de los prelados hay que destacar –por la reacción enfurecida que provocó en la cúpula del poder– la homilía de monseñor Víctor Hugo Basabe, en la 162 celebración de la Divina Pastora, cuando por cinco ocasiones señaló al Gobierno que le llegó la hora de “irse”, porque sus fracasos se traducen en miseria y crimen. Ese mismo día, una cúpula militar desconectada de la realidad, que pretendió capitalizar el fervor popular que se congrega cada enero en Barquisimeto, recibió de la multitud un mensaje, literalmente contundente, de desprecio y hartazgo. Según las versiones de la prensa local, uniformados y dispuestos en un templete con alimentos y bebidas de la que una inmensa mayoría carece, militares de alto rango debieron abandonar la tarima forzados por las mandarinas que la multitud les lanzó.

A pesar del cerco comunicacional y la propaganda oficial agobiante que pretende sembrar una visión distorsionada de la realidad, los venezolanos conocen de la omnipresencia militar en el Gobierno y de la responsabilidad que tienen en la (mala) distribución de alimentos y los identifican como el único sostén de un sistema catastróficamente fracasado, que cierra a cal y canto todas las posibles vías democráticas y pacíficas de solución. Sin embargo, aun cuando todas las señales objetivas apuntan a la consolidación de una situación totalitaria difícil de revertir, es necesario tener presente la reflexión de los obispos y su exhortación a “no resignarse”. Los venezolanos están ante el reto de buscar la articulación desde la base social para resistir, defenderse y obligar al sector político a cumplir su tarea de liderazgo para así materializar, por el cauce correcto, el mensaje de las mandarinas y que se vaya el que tiene que irse.

Editorial Politika UCAB

29 de enero de 2018

@ElviaGomezR

Con urgencia, la sociedad venezolana reclama por una unidad política que no se limite a lo estrictamente electoral y que pueda inspirar el camino hacia la restauración del orden democrático y constitucional.

En 1998, en ocasión de la conmemoración del 23 de enero, el profesor Luis Castro Leiva[1], desde el Congreso de la República, exhortó a los “ciudadanos representantes, políticos de profesión y oficio a construir un nuevo pacto político, análogo en cuanto a sus bondades de aquello que, en su momento representó para la nación el Pacto de Puntofijo”.

Castro Leiva invitaba a definir en ese pacto los consensos sobre las políticas públicas que se consideraban más importantes y relevantes a los fines de garantizar, en aquel momento, sin demagogia, el futuro de la democracia en Venezuela.

En ese sentido, y frente al debate sobre las próximas elecciones presidenciales, resulta oportuno rescatar el Compromiso Unitario para la Gobernabilidad[2] presentado por la dirigencia política de la Unidad Democrática al país el 19 de julio del 2017 y con base en su contenido preguntarnos:

¿Qué pasó con ese documento que pareciera no tuvo trascendencia entre los propios actores de la Unidad? ¿El contenido de ese documento satisface a los intereses del país en estos momentos tan difíciles y/o responde a la expectativa ciudadana de una unidad que genere confianza y credibilidad?

Con esas preguntas se podría abrir un gran debate político desde la propia Asamblea Nacional, que con la obligatoria consulta pública de ese Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, podría facilitar el camino para definir un gran Acuerdo Nacional incluyente y plural.

Precisamente, en ese sentido es oportuno recordar que este 29 de enero, la Conferencia Episcopal Venezolana públicamente exhortó a los partidos a buscar un consenso con los sectores de la sociedad civil, con el propósito de lograr unidad política y no solo para acuerdos comiciales.[3]

Pero también, el padre Ugalde, en uno de sus artículos publicados el 22 de junio de 2017, exhortó a los grupos políticos y sociales para que antes de las elecciones lograsen construir un pacto de gobernabilidad, en el cual se pueda registrar un programa básico de salvación nacional y de reconstrucción, de no menos de 10 años.[4]

Por lo tanto, la propuesta de cómo hacerlo tiene en la Asamblea Nacional un espacio natural de debate de los temas nacionales y, desde allí, el pacto tendría como respaldo la legitimidad de origen como fuente de credibilidad y confianza.

La unidad, es además de una exigencia ciudadana, un compromiso político de los dirigentes democráticos frente al país, tal y como expresamente está registrado en el Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, en cuyo contenido se reconoce que el cambio político, que se calificó como inminente, sólo sería posible en unidad.

La unidad fue presentada o definida en ese documento público como la representación política organizada de los demócratas venezolanos, comprometidos con facilitar la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad del venidero gobierno de unidad y reconstrucción nacional.

El documento reconoce la necesidad de una unidad en la que estén representadas no sólo las organizaciones políticas nacionales que forman parte de la Unidad Democrática, sino también de los sectores independientes de la sociedad venezolana.

La misión de la Unidad que plantea el Compromiso Unitario para la Gobernabilidad es garantizar la estabilidad de un futuro gobierno de unidad y reconstrucción nacional, que sea de naturaleza civil, plural, eficiente e incluyente, que levante la bandera de la justicia social, que permita al venezolano ser sujeto de su propia transformación positiva y que asuman como objetivo central a los venezolanos más desfavorecidos y vulnerables.

Ese gobierno que propone el Compromiso Unitario para la Gobernabilidad se visualizó como una coalición social y política, capaz de viabilizar medidas y políticas públicas necesarias. Esas medidas y esas políticas se concretaron en el documento de la siguiente manera:

1.-Un Plan de Atención Inmediata a la Crisis Humanitaria, con énfasis en alimentación (abastecimiento y precios) y salud (medicamentos y atención) y a la necesidad de dar respuestas concretas al legítimo descontento popular, con apropiado sentido de urgencia y prioridad.

2.- Un Plan efectivo, profesional y contundente de ataque al grave problema de la inseguridad, la violencia y la delincuencia desatadas, que incluya:

• Depuración y saneamiento de los cuerpos policiales, incluida la Guardia Nacional Bolivariana.
• Justa remuneración y equipamiento de sus efectivos.
• Desarme y desarticulación de los grupos paramilitares.
• Atención sistemática a los factores que son causantes de la violencia.

3.- Una política económica y sectorial que asuma como compromiso superior, como lineamiento permanente y estratégico la tarea de superar la pobreza, reconocida como el principal problema de la agenda política nacional.

4.- Una política de promoción de la descentralización, lo que supone el respeto y cooperación con todas las autoridades regionales y municipales electas, sin distingo de su militancia partidista u orientación política.

5.- El reconocimiento de las instancias locales de representación y participación comunitaria y de acción social, que se incorporen al proyecto de reconstrucción nacional.

6.- El respeto de los derechos políticos establecidos en la Constitución a quienes simpaticen o militen en organizaciones políticas distintas a las que conformarán el próximo gobierno de unidad nacional.

7.- Recuperación del prestigio, independencia e institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, garante de la soberanía e instrumento neutral al servicio de todos los venezolanos.

8.- Respeto e inclusión por los funcionarios públicos que hoy cumplen sus funciones responsablemente en la Administración Pública.

9.- Renuncia a la reelección por quien asuma la Presidencia en el proceso de reconstrucción del país.

10.- La no hegemonía en el gobierno por parte de los partidos políticos.

Estos compromisos prometieron recogerlos en lo que llamaron en el documento de 19 de julio 2017: Programa Común de Unidad Nacional, cuyo contenido sería consultado a nivel nacional y cuyo desarrollo se planteó en tres fases o etapas:

(a) Una primera etapa que atienda la emergencia social;

(b) Una segunda fase de estabilización del país bajo el criterio de un nuevo modelo social y económico que procure el progreso nacional.

(c) Finalmente, la ejecución de las reformas necesarias para que el país entre en la modernidad y disponga de la base material y espiritual para alcanzar su auténtico bienestar.

La dirigencia política venezolana, en ese Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, fue reiterativa al afirmar que la unidad es indispensable y representa la condición necesaria para el logro del cambio político y para la establidad, viabilidad y gobernabilidad de los próximos gobiernos. En tal sentido, expresamente se comprometieron a reforzar la Unidad como plataforma válida e instancia de conducción y coordinación política, en la que participen partidos y distintos sectores del país.

¿Qué pasó con ese Compromiso Unitario para la Gobernabilidad?

¿La sociedad civil puede y/o debe respaldar, o bien ser considerada Parte del Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, como lo sugiere el padre Ugalde y la Conferencia Episcopal Venezolana?

¿Ese Compromiso Unitario para la Gobernabilidad podría ser visto, en el marco de un tiempo preelectoral, como una oportuna referencia para cohesionar a la sociedad democrática y reivindicar el papel de la Asamblea Nacional como el centro político del debate de los temas nacionales y servir de referencia para construir la hoja de ruta que motive, inspire y oriente el compromiso electoral de quien asuma la responsabilidad de acompañar a un pueblo en un proceso electoral complejo, difícil y decisivo en la búsqueda del cambio político que el país reclama.

El contenido está, los electores y los diputados también. El canal institucional existe, la necesidad de unidad es reconocida por todos los actores. ¿Qué es lo que hace falta entonces?

@carome31

En la pelea de las cúpulas del chavismo por el poder, los argumentos que esgrime Maduro contra Rafael Ramírez y éste contra Maduro confirman lo que hemos dicho: nos enfrentamos a un Estado delincuente. Una casta cívico-militar se apoderó de las instituciones y las empresas del Estado para enriquecerse grotescamente, al mismo tiempo que empobreció hasta la hambruna al resto del país.

Luego de casi veinte años en los más altos cargos del régimen, ahora ninguno de los que ha estado al frente de este desastre acepta tener culpa alguna. Maduro señala a la corrupción de Ramírez y su grupo, y Ramírez responsabiliza a la incapacidad y sed de poder y riqueza de Maduro.

Apuestan a la desinformación del pueblo, lograda a pulso con los ataques a la libertad de expresión y de prensa, a los periodistas y además con la ilegal compra de radios, televisoras y periódicos usando fondos del Estado, que comenzó con Chávez y que Maduro y su grupo profundizó hasta llegar al punto que solo una reducida parte de los venezolanos sabe lo que, mas o menos, sucede en el país.

El defenestrado Ramírez de hoy, amenaza con sacar a la luz los trapos sucios de la revolución, sobre la que dice tener más de 24 cajas de documentos que sin embargo no devela porque son “secretos de Estado”.

El Ramírez que ahora amenaza, pero no concreta, con denunciar la corrupción de Maduro y su entorno, pretende que el país olvide los ilícitos y desmanes cometidos en Pdvsa por él mismo y su red de familiares, amigos y asociados, colocados al frente de los cargos más importantes de la petrolera.

Ramírez como presidente de Pdvsa, y su vicepresidente Asdrúbal Chávez, tuvieron el control económico y financiero de la nación durante la mayor parte de esta mal llamada revolución y por ello tienen responsabilidad civil, política y penal en la actual calamidad que viven todos los venezolanos. No puede ahora Ramírez ofrecerse como otro “salvador de la Patria”, vendiéndose a los chavistas como el “verdadero revolucionario”, el que restaurará el “mar de a felicidad” que supuestamente existía con Chávez.

La corrupción con la importación de alimentos con divisas preferenciales expuesta por el escándalo de Pudreval, la falta de mantenimiento y los ilícitos con los seguros y reaseguros de Pdvsa, destapados por la tragedia de Amuay, los sobornos de empresarios nacionales y extranjeros a altos cargos de Pdvsa, el Fondo Chino y a su primo y testaferro Diego Salazar Carreño develados por el caso Banca Privada de Andorra, la debacle del sistema eléctrico nacional producida por la “emergencia” eléctrica que repartió grandes contratos a sus socios y amigos, las irregularidades con los contratos de exploración y explotación de la Faja del Orinoco, la contabilidad paralela en la venta del crudo pero sobre todo las milmillonarias operaciones ilícitas con el diferencial cambiario realizadas por sus operadores financieros personales en el Cadivi paralelo que montó Ramírez en la petrolera, son solo algunas de las puntas que sobresalen en el amplio horizonte de la oscura, críptica e ilegal gestión de Rafael Ramírez al frente de Pdvsa, a la que destruyó cuando la convirtió en el arma “roja-rojita” del PSUV y por lo tanto, inescrutable e intocable para el resto del Estado y la sociedad, incluyendo las instituciones responsables de controlarla y la opinión pública.

La corrupción y la impunidad se adueñaron del país. La legalidad y el Estado de Derecho fueron sustituidos por un entramado criminal, tal como lo denunciamos en nuestros libros Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela (2013) y El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2015).

Ambas investigaciones fueron enviadas en su momento, tanto a la Asamblea Nacional como al Ministerio Público e inclusive al despacho de la presidencia de la República. La plenaria de la AN debatió el informe presentado por el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Freddy Guevara (hoy perseguido y en calidad de invitado en la embajada de Chile en Caracas), el cual estableció claramente la responsabilidad política y administrativa de Rafael Ramírez, emitiendo un voto de censura en su contra, el cual por cierto, fue anulado por el actual TSJ, siguiendo instrucciones de Maduro.

Es más que evidente que la corrupción política ha empobrecido a la mayoría del país y es en gran parte la causa de nuestros males y una clara violación masiva y sistemática a los derechos humanos de todos los venezolanos.

Twitter: @TablanteOficial

Facebook: Carlos Tablante Oficial

Web: www.carlostablante.com

El perverso, ridículo, aberrado y nefasto (Pran) gendarme innecesario que nos somete a la más grave tragedia política, social y económica que jamás haya vivido en la patria venezolana en toda su rica y accidentada historia, que pretende entronizarse y eternizarse con las más absurdas promesas, las más tracaleras ofertas y el más vil de los proselitismos, nos viene ahora con un nuevo plan de la patria fundamentado en repartir mendrugos de pan, cual rebatiña pueblerina, para ponernos a competir por las migas de hambre para hoy, hambre para mañana y hambre para pasado mañana.

Da dolor y pena ajena ver cómo las pantallas se llenan de gente nariceada y alegre, gente bien entrenada para que transmita la sensación y la percepción de que hay y habrá comida cuando todo el mundo sabe que los alimentos no se advierten en ningún lugar y los pocos que aparecen, más allá de las imágenes televisivas, son inalcanzables por el grueso de la desmirriada población que ya perdió hasta la legendaria y famosa arepa que, debajo del brazo, traía cada venezolano desde su mismo nacimiento.

Los observadores nacionales y extranjeros se ríen de lo que ven sin poder ni querer hacer algo que, de una vez por todas, explique las atrocidades que se cometen en contra de la nación que es hazmerreir del planeta cuando debería dar lástima, pena, vergüenza, de cómo el gobierno juega con las necesidades y las miserias de las mayorías y las minorías intentando distribuir lo que no se produce ni se importa.

El Pran de la Patria y sus acólitos ríen a mandíbula batiente porque no sólo se meten a la gente (así se dice) en el bolsillo y someten a los dirigentes (ídem) a las más humillantes y denigrantes tropelías para, como a los borrachos (¡mis respetos!), ponerlos a pelearse por una botella vacía para después confiscarles el contenido y expropiarles el envase.

No creemos, como nunca hemos creído nada durante estos veinte años y picazo, en que otra vez el Pran de la Patria se saldrá con la suya en su afanosa búsqueda de la reelección mediante el intercambio de bonos por votos hasta sumar un mínimo de 10 millones, dice él, con el nuevo plan de la patria para consolidar la revolución feíta.

Parece mentira, pero es verdad-verdad, que Venezuela desde 1498, no ha podido entrar a ningún nuevo siglo en el momento que le corresponde, sino cuando a sus peores hijos les da su gana, más dramático este Siglo XXI, cuando sonrientes deberíamos ver a nuestros hijos y nietos crecer y correr a nuestro lado, los observamos, con lágrimas en los ojos, caminar, navegar y volar a tierras extrañas busca la calidad de vida que tuvimos aquí, en Venezuela.