El diálogo entre la oposición y el gobierno le ha permitido al régimen de Maduro ganar tiempo, el cual ha utilizado para afianzarse en el poder. Masacrando las protestas alimentadas por el descontento social que genera una crisis humanitaria sin precedente. Reprimiendo a la oposición política, cuyos dirigentes han sido enviados a la cárcel o forzados al exilio. Además de ello, ha logrado instalar una fraudulenta Asamblea Constituyente (ANC), elegida en una votación inflada por una autoridad electoral integrada por militantes del partido de gobierno. En consecuencia, la oposición política luce dividida ante temas tan neurálgicos como el de las elecciones regionales, las cuales serán conducidas por el mismo ente comicial, lo cual arroja dudas razonables sobre la pulcritud del evento. Diversos actores sociales como la iglesia católica venezolana, los cancilleres de los principales países de América y Europa, coinciden en que la democracia en Venezuela ha naufragado y que Maduro y sus socios han logrado implementar una dictadura en el país, para lo cual han contado de manera diligente con el ex presidente español Rodríguez Zapatero y el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández (Ver: Rodríguez R., J.E. “Diálogo fructífero… para la dictadura en ciernes. DÍgalo Ahí, n° 6, 23 de septiembre, 2017)

Según la prestigiosa revista The Economist la restauración de la democracia en Venezuela depende fundamentalmente de factores externos, debido al estado de postración de la oposición interna. En este sentido, adquieren relevancia la intervención de la comunidad internacional y la aguda escasez de divisas que puede generar una situación de insolvencia. Los Estados Unidos ha sido uno de los países más activos en la aplicación de sanciones que han ido desde sanciones individuales hasta las más recientes sanciones financieras selectivas, que buscan imposibilitar que tanto el gobierno como PDVSA, puedan obtener nuevo endeudamiento en el mercado de Nueva York. Estas sanciones han sido apoyadas por influyentes líderes republicanos como Marco Rubio y por reconocidas ONG como Human Rights Watch (HRW), quienes señalan que sin sanciones los dirigentes venezolanos no enfrentaran presiones tangibles que los hagan cambiar de conducta.

The Economist señala que algunos escépticos plantean que para que las sanciones sean efectivas deben ser multilaterales y reversibles, en caso de que el gobierno venezolano decida embarcase en negociaciones serias con la oposición. En esta perspectiva, ha sido una buena noticia la reunión del grupo de Lima donde 11 cancilleres decidieron aislar a Venezuela tanto en el tráfico de armas como en cuestiones financieras, lo cual va orientado en la misma vía de las sanciones estadounidenses. El canciller de Perú Ricardo Luna, señaló en una entrevista al diario El País, que la comunidad latinoamericana está cada vez más consciente de la necesidad de presionar a Venezuela mediante sanciones que puedan ampliarse e incorporar a los países de la Unión Europea. Estas sanciones tendrían como objetivo final, generar una crisis en el régimen y obligar a la renuncia de Maduro. Sin embargo, según la revista The Economist, los países de la región están vacilantes frente a esta posibilidad, ya que después de las sanciones aprobadas en Lima parecen estar indecisos con respecto a qué acciones tomar de ahora en adelante.

Frente a las sanciones de Estados Unidos y los países de América Latina, es previsible que Maduro busque apoyo en sus aliados autoritarios como Rusia y China. En ese sentido, es probable que recurra a ellos por fondos extras, para pagar la deuda y evitar una cesación de pagos, que lo expondría a las sanciones de sus acreedores. En este sentido, es poco probable que China corte la ayuda a un socio en problemas. Rusia anda en la búsqueda de oportunidades y en abril le prestó a Venezuela mil millones de dólares obteniendo concesiones petroleras en retorno. Venezuela solicitó recientemente la reestructuración de la deuda rusa, así lo informó el ministerio de finanzas ruso.

Es probable que en el corto plazo el régimen de Maduro logre evitar la cesación de pagos con la ayuda de sus socios autoritarios. Pero en el largo plazo la decidida posición del canciller de Perú, del Secretario General de la OEA Luis Almagro y del gobierno estadounidense, así como la larga resistencia de la disidencia venezolana, lograrán que al final la democracia prevalezca. Así lo afirma la revista The Economist, quien señala que en el largo plazo Maduro y sus aliados no lograrán implantar una dictadura al estilo cubano en Venezuela. La revista destaca las diferencias entre el régimen cubano y el venezolano. El régimen de Maduro es corrupto y poco apreciado. Venezuela no es una isla y tiene una fuerte tradición democrática.

Nota: este artículo está basado en una traducción libre del artículo “Punishing Nicolas Maduro” publicado en la revista The Economist, en el número correspondiente a septiembre 14 de este año.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

Quizá hoy se usa poco esta expresión que era popular en tiempos de mi amigo Antonio. Casquillero es una persona mal intencionada que dice algo para poner a pelear a quienes se comen el casquillo.

En nuestro medio el casquillero mayor es sin duda el presidente de facto. Declara que gobierno y oposición se han reunido varias veces y los come casquillo se tragan el cuento y arremeten en contra de los dirigentes de la MUD. El dictador sentencia que ya han llegado a varios acuerdos y los come casquillo lo creen ciegamente, se rasgan las vestiduras y tildan de colaboracionistas a nuestros representantes.

Extraña, por decir lo menos, que a sabiendas de que el bufón es un mentiroso compulsivo sin embargo se tragan estos embustes y censuran a quienes dan la cara por la democracia ¿A qué se debe que algunos acepten como verdades estas declaraciones del autócrata a pesar de que tildan de embustes todo lo demás que anuncia en sus largas peroratas? Quizá unos pocos le otorgan credibilidad en este tema para desprestigiar a algunos rivales políticos, pero estamos convencidos de que los más son ciudadanos bien intencionados pero que priva en ellos la desconfianza. Este es uno de los defectos de nuestra sociedad, el cual ha sido un freno para nuestro desarrollo.

Hay otros casquilleros rojos que, indirectamente, inducen a no votar en las próximas elecciones. Para ello, unos declaran que los gobernadores electos tendrán que someterse a la constituyente espuria. Otros aseveran que algunos de nuestros candidatos serán inhabilitados y no faltan quienes predican que ellos ganarán casi todas las gobernaciones, dando a entender que cuentan con un CNE parcializado y con mecanismos para amedrentar a los electores. Sin duda que todo esto lo pueden hacer, y lo harán, pero hay que ponerles la mayor cantidad de trabas posibles.

Del lado nuestro todavía hay compatriotas que fomentan la abstención. No los consideramos casquilleros, ya que son bien intencionados y tienen algunas razones válidas. Sin embargo, ya se han dado muchos argumentos de mayor peso para demostrar con contundencia que en la actual circunstancia en que somos mayoría abrumadora y contamos con gran apoyo internacional lo procedente es acudir a votar.

Hay otros grupos que han declarado que no promueven la abstención, pero tampoco llaman a votar, entre ellos los partidos que lideran los grandes luchadores María Corina y Antonio Ledezma, por quienes siento admiración. Ante un hecho cumplido de que todos los demás partidos están convocando a votar, ojalá reflexionen y se sumen a la mayoría, después de haber manifestado su desacuerdo.

También hay casquileros que no son rojos y generalmente no son políticos, sino escribidores de cuartillas que siembran la discordia tildando de antipolíticos y acusando de haber matado la democracia a quienes critican a los partidos. Los hechos evidencian que AD y Copei fueron los que se hundieron y no pudieron detener a los rojos cuando estos iniciaron sus atropellos a la Constitución. Sin embargo, hoy AD se ha reivindicado y junto con los demás partidos constituyen la única opción para salir del totalitarismo rojo. Debemos confiar en ellos y acudir a votar.

Tal día como hoy, hace 26 años, se produjo la reunificación de Alemania Hoy, el pueblo venezolano insta a sus dirigentes a que se vuelvan a unir para iniciar la reconstrucción del país. El 16 de octubre tenemos que amanecer optimistas por haber obtenido casi todas las gobernaciones. Seguramente inhabilitarán a algunos de los electos y a otros les quitarán competencias, pero esa es otra pelea que tendremos que dar contando con apoyo internacional.

Como (había) en botica: El ministro Eulogio Del Pino reconoció que Pdvsa importa grandes cantidades de gasolina debido al deterioro de nuestras refinerías. En efecto, declaró que la escasez de gasolina se debe a que las agresiones de Estados Unidos dificultan el pago a los barcos fletados. Si la refinerías estuviesen operativas estaríamos exportando gasolina como en tiempos de la Pdvsa meritocrática. La corrupción en Pdvsa data desde el 2003 y se acentuó bajo la presidencia de Rafael Ramírez y de su delfín Eulogio. Hoy los "correctos" no están enjuiciando a los corruptos. Lo que existe es un pleito entre mafias. Libertad para Vasco Da Costa, Roberto Picón, Lorent Saleh y otros presos políticos. Excelente que el 13 de este mes se instale en la OEA el TSJ en el exilio, electo legítimamente por la Asamblea Nacional. Lamentamos el fallecimiento de Luis Morales Bance, distinguido compositor y violinista.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

Con base en cosas que he leído por acá y de otras que me han explicado más allá, cuando Cristóbal Colon regresó a España después de haberse topado con la América Continental, le dirigió una carta a los Reyes Católicos donde les narraba haberse encontrado con una nueva tierra poblada por seres humanos que vivían en paz, en abundancia, en el bien y en la felicidad.

La noticia era sensacional, echaba por tierra todo lo que se había creído hasta entonces de que el hombre estaba condenado a sufrir en este valle de lágrimas y que solo sería feliz en la otra vida. De esa carta se interpretó que el hombre era bueno por naturaleza y en consecuencia, podía llegar a ser feliz en la tierra.

Esta versión antropológica formulada por Cristóbal Colon, pareciera que ha sido la base de todo el pensamiento revolucionario moderno, cuyo razonamiento es el siguiente: el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, por lo tanto, si se modifican las condiciones sociales, económicas, religiosas, culturales y políticas de una sociedad, entonces surgirá un hombre nuevo capaz de ser feliz y contribuir a la felicidad de los demás.

Pero es el caso que de las revoluciones presenciadas por la humanidad, no surgió ese hombre nuevo; por ejemplo, de la Revolución Francesa, es decir, de la madre de todas las revoluciones no se logró la generación de ese nuevo ser sino la aparición de un emperador: Napoleón Bonaparte y de otra gran revolución: la Rusa, solo se alcanzó la integración de un grupo de países en una unidad política conocida como la Unión Soviética que posteriormente fue molida por el trapiche de la historia; por ello, modificar las condiciones existenciales de un conglomerado social para que de allí aflore un nuevo hombre, no parece ser el camino.

En este orden de ideas, presuponemos que el camino pudiese ser la Revolución del Conocimiento complementada con una distribución equitativa y proporcional de la capacidad y el talento para producir riqueza en mercancías, bienes y servicios de óptima calidad.

De procederse así; es decir, revolucionar el conocimiento y distribuir equitativamente el talento para producir riqueza, entonces las probabilidades para generar un hombre nuevo que se caracterizará por ser trabajador, honesto, responsable, tolerante, solidario, amante de la libertad, defensor de los derechos humanos y practicante de la democracia, son altísimas, solo que, como dice Mario Benedetti: “De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra”.

Criterios de justicia para la distribución del producto social

Para la teoría económica neoclásica, la justicia distributiva se sustenta en criterios basados en la competencia mercantil. En un mercado de competencia perfecta,1 cada quien debe obtener una retribución a su esfuerzo productivo igual al valor de su productividad marginal. Este valor lo determina(n) quien(es) consume(n) sus servicios, al pagar por ellos en ese mercado transparente y competido.

Emerge un constructo de justicia distributiva que no depende de la imposición o apetencias de personas u organizaciones específicas, sino de un criterio impersonal, “objetivado” a través de múltiples transacciones independientes. Nadie puede imponer su voluntad. Los epígonos del libre mercado sostendrían que ello corresponde a un estado ideal al que se debe tratar de aproximar, libre de interferencias ajenas que podrían trastocar la racionalidad y eficiencia de sus mecanismos. Mercados distanciados de la competencia generarán dinámicas distributivas perversas, pero sus intentos de “corrección” a través de controles o redistribuciones alejaría aún más la solución “ideal”. Una distribución más equitativa del ingreso dependería de la promoción de la competencia y de una mejor capacitación de quienes reciben bajas remuneraciones, de manera de elevar el valor de su productividad marginal. Un marco político inclusivo (Acemoglu y Robinson, 2012) contribuiría con el logro de estos propósitos. La corrupción se asocia a la percepción de ingresos por medios enfrentados a la racionalidad mercantil y violatorios de sus preceptos legales.

Pero el capitalismo real no se apega a los patrones ideales de la competencia. Marx y otros señalaron tendencias concentradoras y centralizadoras del capital como frutos de la lucha competitiva. Ello acaba con la competencia e introduce asimetrías de poder de mercado. Es decir, los grandes capitales gozan de un margen más favorable para imponerse. En la visión de Marx, la superestructura política que emanaba de las relaciones sociales de producción imperantes contribuiría a acentuar las iniquidades al defender a los capitalistas, iniquidades que, de paso, no se derivaban de la ausencia de competencia sino de la naturaleza explotadora del sistema. Pero esta visión determinista de Marx tampoco se aviene a la realidad, pues el estado es escenario del encuentro y contraposición de múltiples intereses. Por demás, esta postura marxiana se desdice con las abundantes denuncias de los inspectores de trabajo ingleses de los cuales se valió el alemán para criticar las condiciones de trabajo capitalistas en su obra magna, El Capital. Uno de los pocos marxistas que entendió lo de la “autonomía relativa del estado” fue Nicos Poulantzas, aunque desde una visión restringida por su apego a la lucha de clases.

El estado y la justicia distributiva

Sin entrar en consideraciones sobre lo que es o no es el estado, debe ser evidente para todos que, mientras más desarrollados, extensivos e inclusivos sean los mecanismos democráticos en un país, más difícil será que quienes manejan las palancas del poder político puedan defender intereses particulares. Esto de ninguna manera pretende argumentar que el estado es neutral. Siendo un organismo complejo, no siempre coherente o consistente en sus propósitos, y entrecruzado por múltiples intereses, sus decisiones tenderán a ser permeables a la influencia de quienes detentan mayor poder. Y aquí la palabra “tenderán” es muy importante, pues hay que considerar la actitud de individuos clave en la administración de la cosa pública. Es decir, la “autonomía relativa del estado” no sólo resulta de la miríada de intereses que lo entrecruzan, sino también del libre albedrío o, en todo caso, de la influencia de valores y hábitos, de individuos en posiciones decisorias que pueden contrariar los intereses de los poderosos.

Estas disquisiciones poco rigurosas buscan simplemente enfatizar el papel de las instituciones democráticas como contrapeso a la acumulación excesiva de poder. En el plano político, la autonomía y equilibrio de poderes propuesto por Montesquieu resultó en un marco institucional capaz de contener las apetencias autocráticas del jefe del Ejecutivo e, indirectamente, la sumisión del mundo militar a la voluntad soberana. En el plano económico, un estado permeable a las demandas y aspiraciones de sus ciudadanos tiende a responder a éstas, acotando el marco ante el cual discurren las actividades económicas. Históricamente podemos hablar de conquistas sociales y políticas que han redundado en derechos civiles, laborales, de los consumidores y ambientales, ante los cuales, en países con una institucionalidad fuerte, debe inclinarse la actividad mercantil. La distinción de Acemoglu y Robinson entre instituciones inclusivas y extractivas ilustra esta relación entre lo político y lo económico.

En conclusión, no existe la competencia perfecta que redundaría en una situación de justicia o equidad correspondiente a los criterios de la economía neoclásica. Por demás, la acumulación de capital, dejado a solas, resulta en crecientes iniquidades. El capitalismo, como sistema económico, ha demostrado ser muy eficiente -lo reconoció Marx al tildar a los capitalistas de fuerza revolucionaria de transformación-, pero no asegura un usufructo equitativo del producto social. La búsqueda de la equidad (según criterios sociales predominantes) debe provenir, por ende, de fuera de la esfera mercantil, del mundo político. Esta puede tomar dos formas. La primera, respetando los mecanismos mercantiles, pero poniéndole acotaciones a partir de las cuales puedan desenvolverse. La segunda, interviniendo o -en extremo- aboliéndolos, con base en criterios distributivos político-ideológicos para generar resultados diferentes a los que resultarían del libre accionar de las fuerzas de mercado. El primero aborda el problema de las condiciones para la equidad ex ante, el segundo lo intenta procurar ex post, alterando los resultados.

La economía social de mercado

Defendemos el rol de la democracia en hacer valer reglas de juego que, de manera ex ante, acoten el ámbito en el cual se desenvuelve la iniciativa privada, de manera de asegurar el respeto a los derechos civiles, laborales, de consumidores y ambientales, conquistados por la sociedad. La distribución del producto social seguiría determinada por los mecanismos autónomos, “objetivados”, del intercambio mercantil, pero -en la medida en que se ejerce una democracia efectiva, con transparencia de la toma de decisiones políticas y rendición de cuentas- dentro de un contexto que se encuentra fuertemente condicionada por las aspiraciones de justicia de la sociedad. Aunque los grandes capitales estarían siempre pendientes de sacarle provecho a su poderío, incluyendo el uso de medios ilícitos, estarían sujetos a medidas punitivas al descubrirse sus faltas, suponiendo un estado de derecho fuerte.

Cabe señalar que aquí no se está afirmando que un marco institucional que sustente la igualdad ante la ley garantiza la igualdad de oportunidades. El campo de juego, por más democrática, abierta e inclusiva que sea la sociedad, nunca estará totalmente nivelado. Individuos poco preparados y en minusvalía para ejercer sus derechos están en desventaja ante esta igualdad de oportunidades. Y siempre habrá circunstancias en las cuales el peso de los poderosos hará que se incline a su favor. Pero de ahí, precisamente, viene el desafío democrático liberal: una lucha permanente por rebajar estos privilegios y empoderar a los relegados en beneficio del ejercicio efectivo de esa igualdad de oportunidades. No hay fórmula mágica para la equidad, solo un medio para ella, la lucha democrática en un estado liberal de derecho.

El socialismo como solución mágica

Cabe señalar que en sus análisis de coyunturas políticas (La Guerra Civil en Francia, El 18 Brumario), Marx fue bastante más abierto y crítico que sus posteriores epígonos en relación con el rol instrumental que supuestamente tenía el Estado como defensor de las clases dominantes. Pero lo que prevaleció para la acción política de la izquierda radical en el siglo XX fue la visión simplista de que representaba el Estado Mayor político de la burguesía, resultante de su dependencia, como superestructura, de la base económica -aunque fuese solo “en última instancia” (Poulantzas dixit). De acuerdo con esta visión, la única manera de conquistar la equidad sería desplazando a la burguesía del poder político para convertir al Estado en instrumento (dictadura) del proletariado. La expropiación y socialización de los medios de producción convertiría automáticamente a éstos en instrumentos de la justicia distributiva: “de cada quien según sus capacidades, a cada quien según su trabajo”. Pero ello sería sólo mientras no se llegase a la sociedad de la abundancia que, en el pregón de Marx, sería el comunismo:

“cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá inscribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!”2 (negritas mías, HGL)

El “derecho burgués” ahí referido se refiere no es otro que las reglas del intercambio mercantil. Solo que bajo el socialismo el intercambio sería equitativo por que se estarían transando bienes contentivos de iguales cantidades de trabajo (“socialmente necesario”). El problema es que, mientras no se lograba la sociedad de la abundancia habría escasez y, por ende, necesidades insatisfechas. En un plano menos abstracto, habría todavía pobreza e injusticia social. Como ello era inaceptable para la prédica revolucionaria, había que tomar atajos mientras se materializaba la anhelada jauja comunista. Esto implicaba intervenir los procesos de intercambio mercantil, sujetándolos a criterios políticos.

Como las revoluciones comunistas ocurrieron en países atrasados, donde las fuerzas productivas estaban poco desarrolladas, el imperativo de afrontar el problema de la pobreza y de la injusticia social era aún más apremiante. Se enfrentó cortando el nudo gordiano de la construcción del comunismo a-lo- Marx, instaurando desde ya el reparto según las necesidades, no según el trabajo. Se obvió la relación entre las fuerzas de mercado y el desarrollo de las fuerzas productivas, que estaban en la base del argumento marxiano. Para instrumentar estos mecanismos alternos de distribución del producto social había que desmantelar las instituciones -reglas de juego- que sustentaban el intercambio mercantil, el “derecho burgués” antes referido. Se obviaron los mecanismos “objetivados” e impersonales de distribución, sustentados en un intercambio mercantil en competencia y en el Estado de Derecho, para instaurar mecanismos políticos que no podían derivarse de otra cosa que no fuese la estructura de poder dominante. En la terminología de Acemoglu y Robinson, el control político excluyente del poder por parte de los comunistas se expresó en instituciones políticas extractivas que instrumentaron el desarrollo de instituciones económicas, también extractivas. Se tendió así la cama para todo tipo de prácticas corruptas, siempre y cuando pudiesen legitimarse ideológicamente.

El populismo

Pero estos “atajos” no eran prerrogativa exclusiva de regímenes comunistas. El populismo, por lo menos el latinoamericano, consideraba necesario intervenir los mecanismos de mercado con controles de precio y aumentos administrativos de salario. Supuestamente ello no tendría consecuencias negativas sobre el crecimiento, pues ampliaría el mercado para bienes básicos, “no sofisticados”, y estimularía la inversión doméstica, mejor posicionada para atender estas demandas. En un país petrolero como Venezuela, estas prácticas consiguieron amplio sustento financiero en la captación de formidables rentas en los mercados internacionales de crudo. En última instancia, los desajustes e insuficiencias podrían resolverse a “realazos”.

La arrogación por parte del Estado de decisiones estratégicas sobre el desarrollo, así como sobre la propiedad de industrias consideradas básicas, los controles de precio y la suspensión de las garantías económicas, dibujan un contexto institucional poco favorable al desarrollo de una economía de mercado basado en la competencia. Se asocia, más bien, a una basada en la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de funcionarios públicos, permeable a presiones y favoritismos de los poderosos. Por más que la ideología dominante de los gobiernos populistas venezolanos estuviese imbuida en la prosecución de la justicia social, las oportunidades de aquellos de torcer las reglas a su favor -dada la debilidad o plasticidad de muchas instituciones-, se traducían en resultados percibidos como injustos. Ello se torna aún más patente cuando, agotadas las posibilidades del desarrollo hacia adentro, el gobierno de Jaime Lusinchi refuerza los controles en respuesta a la crisis del sector externo y la inflación. Un mercado poco competido y sujeto a pautas que respondían a prioridades cambiantes, estimuló prácticas especulativas que premiaban, no el esfuerzo productivo, sino la astucia para sacarle provecho a estos cambios. Junto a prácticas clientelares con que se instrumentaron las políticas asistencialistas a los sectores más golpeados, se forjó un ámbito maleable al poder y a las influencias.

Paradójicamente, como lo reveló el rechazo de los intentos de corrección de estas aberraciones por parte del gobierno de CAP (II), los venezolanos se inclinaron, no por el fortalecimiento de las instituciones impersonales del Estado de Derecho y de la competencia mercantil, sino por un intervencionismo aún mayor, en la forma de un vengador justiciero que enderezaría las cargas a favor de quienes se habían sentido relegados, tanto por la crisis del modelo proteccionista anterior, como por las reformas introducidas para asignarle un papel más protagónico al mercado.

El socialismo del siglo XXI

La prevalencia del Estado como ductor de la economía encontró en las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro sus expresiones más acabadas. El gobierno de Chávez se caracterizó por articular un dispositivo macroeconómico para maximizar la disponibilidad de ingresos en manos del fisco para la prosecución de sus fines políticos, saltándose los controles sobre su usufructo y aplicación. Ello se enmarcó dentro de lo que el propio Chávez denominó “socialismo petrolero”. La formidable base financiera que se logró acumular se volcó en un gasto público discrecional, incluyendo la instrumentación de diversos mecanismos para transferir recursos a sectores de bajos ingresos a través de las misiones, que constituyeron su base política de apoyo por excelencia3. No puede negarse que durante los años de bonanza petrolera el consumo de estos sectores mejoró. Pero ello ocurrió en un marco de abatimiento de las instituciones del Estado de Derecho, en particular, las referentes a la rendición de cuentas, y a la acción contralora de poderes autónomos y de los medios de comunicación social, lo cual facilitó el usufructo de los recursos públicos en función de intereses particulares o grupales.

El desmantelamiento del Estado de Derecho se expresa en la centralización del poder y la toma de decisiones en manos de la Presidencia de la República, y la sumisión a él de los demás poderes. Se ha dado al traste con el equilibrio y autonomía de los poderes públicos, llegando al extremo de desconocer abiertamente las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y pretender suplantarla con una Asamblea Nacional Constituyente conformada con partidarios del gobierno, en violación de los mecanismos constitucionales existentes. Instrumental en este golpe de estado ha sido la actuación de un TSJ designado por la anterior Asamblea Nacional -dominada por el chavismo- para “avalar jurídicamente” el atropello al Estado de Derecho.

En el plano económico el régimen se ha arrogado la fijación de precios de los bienes y servicios, y de los canales a través de los cuales deben ser comercializados; decide quién contrata con el Estado y bajo qué modalidades, qué cosas importar y cómo, y a quiénes se les entregan dólares preferenciales. Asimismo, asume la prerrogativa exclusiva de asignar concesiones mineras y petroleras y se reserva otras a discreción, sin rendir cuentas y eximiéndose de la acción contralora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación. Más allá, un TSJ írrito “valida” que se salten los controles y resguardos que establece la Constitución en materia presupuestaria: una patente de corso para ignorar cualquier limitación a la abierta expoliación de los recursos pertenecientes a todos los venezolanos por parte de quienes están en el poder. Por si fuera poco, Maduro le da cobijo a quienes están señalados afuera como incursos en hechos delictivos, nombrándolos a altos cargos públicos. No hay restricción institucional alguna, una vez abatido el Estado de Derecho, para evitar que los dineros públicos sean apropiados para cualquier manejo irregular que puede ocurrírsele a la oligarquía que detenta actualmente el poder. El país está sujeto a su libre albedrío.

Los resultados económicos de este arreglo han sido sumamente adversos. Además de la severa caída en la actividad económica y una inflación que, por mucho, ha sido la más alta del mundo por cuatro años consecutivos, el empeño del Ejecutivo de privilegiar el pago de la deuda externa, aun con la drástica caída en los ingresos por exportación del crudo, ha significado una reducción brutal de las importaciones, agravando severamente el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y avivando aún más las alzas de precio. En consecuencia, la población ha sufrido un proceso acelerado de empobrecimiento, con graves secuelas en materia de hambre y desnutrición, muertes por no conseguir los medicamentos y/o los tratamientos requeridos, incremento en la mortalidad infantil y de madres parturientas, además de la malnutrición y la morbilidad relacionada con distintos padecimientos.

El Estado Patrimonial

Al aumentar las medidas de intervención y de control de la economía, y al asignarse los recursos del rico estado petrolero a discreción del presidente, aparecieron inusitadas oportunidades de lucro que, en ese contexto de anomia e impunidad creciente, auspició la emergencia de complicidades entre “revolucionarios” atrincherados en los nodos decisorios del estado para sacarles provecho. Al amparo de la prédica socialista, se fue destruyendo el “estado burgués” para acomodar prácticas delictivas que fueron desarrollándose, en torno a los cuales se forjaron lealtades a cambio de participación: “póngame donde haiga”. Por esta puerta entró también la gerontocracia cubana, mentora ideológica de este desastre, para apropiarse de suculentas tajadas a cambio de asesoría en represión y seguridad de estado. El socialismo de precios y de tipo de cambio controlados, de leyes punitivas, confiscaciones arbitrarias “en defensa del pueblo” y de controles de fronteras ante la “guerra económica”, resultó ser la excusa perfecta para prácticas corruptas muy lucrativas: sobrefacturación de importaciones y empresas de maletín para ponerse en los dólares a Bs. 10; “contrabando de extracción” de gasolina y de productos regulados; monopolización de importaciones de alimentos y medicinas con escandalosos sobreprecios; contrataciones y otras negociaciones turbias de PdVSA; otorgamiento de concesiones petroleras y mineras en la sombra; apoyo a la guerrilla colombiana (narcotráfico); etc., etc. Hoy estas fortunas salen a la luz por los escándalos ventilados en relación con bancos anglo-suizos (HSBC), de Andorra, España, República Dominicana, Panamá, USA y Portugal (Banco Espirito Santo).

El discurso socialista permitió a una mafia apoderarse progresivamente del aparato estatal. Quebró sus líneas de mando y de rendición de cuentas, vulnerándolas y entrecruzándolas con lealtades de grupo para conformar mafias sectorizadas. Éstas fueron fagocitando “cotos de caza” que, a veces llevaba a que se presentaran conflictos entre ellas. El liderazgo carismático de Hugo Chávez y la enorme renta que captó el estado hasta finales de 2014 por la venta internacional de crudo -porque había real para todos- disolvieron muchos de estos conflictos. Cuando no era posible, se dirimían con denuncias de corrupción que sacaban del juego al menos “enchufado”.

Se “legaliza” abiertamente un Estado Patrimonialista (Max Weber, 1978) caracterizado por la confusión del patrimonio público de la Nación, con el patrimonio privado de quienes están al frente del Estado. En nombre del socialismo fueron privatizados los bienes públicos por parte de una oligarquía que detenta el poder para la prosecución de sus fines particulares. En su defensa desató una ofensiva ideológica que procuraba legitimar ante los suyos los desmanes ocasionados, bajo el pretexto de estar enfrentado “enemigos” que están al servicio del imperialismo, culpables de desatar una “guerra económica” contra la “revolución”. Las características de la ideología en este atrincheramiento del Madurismo en el poder, afrontan los preceptos constitucionales referidos a la alternabilidad democrática y el respeto por los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales. Lamentablemente, las medidas de control y regulación sobre las que se fundamentan las acciones depredadoras de la oligarquía en el poder, así como el usufructo discrecional de la renta petrolera hecho posible por la violación de las normas establecidas en la Constitución y las leyes, se nutren de la cultura rentista a que se hizo referencia al comienzo. Por demás, la destrucción de la capacidad productiva doméstica y el rezago en el ajuste del tipo de cambio han exacerbado la dependencia del ingreso petrolero y, con ello, las apetencias por participar en su usufructo excluyente.

El Estado se arroga la potestad de determinar cómo deben abordarse las necesidades de la población, esgrimiendo un difuso proyecto “socialista” para ello. En el imaginario construido para justificarse ante los suyos, una “guerra económica” atenta contra las supuestas “conquistas” de la “revolución”, obligando al Estado a fijar precios de los bienes y servicios, y a determinar sus condiciones de distribución y comercialización. Los contratiempos y/o consecuencias negativas de este intervencionismo obligan, en el marco de este esquema, a reforzar aún más los mecanismos regulatorios y de control, y a complementarlos con medidas de expropiación o confiscación de activos privados, supuestamente para resguardar los intereses del pueblo. Desde esta perspectiva, el acoso al sector privado no sería tal, sino el resultado de su negativa a someterse a los cánones que definen el bien común, responsabilidad del Estado. Ella se ceba en la cultura paternalista y en las expectativas de muchos de que corresponde al Estado asegurar las condiciones de vida amenas demandadas, en desapego de criterios de corresponsabilidad para que éstas puedan generarse. La acción del Estado contra la empresa privada respondería, en este imaginario, a criterios de justicia social y de protección del débil. La conducta expoliadora de la oligarquía se nutre también de la precaria cultura ciudadana del venezolano, lo cual lo hace vulnerable a prédicas demagógicas que buscan someterlo a los propósitos de control de regímenes autocráticos. Como la empresa privada sólo persigue intereses subalternos, muchos de los cuales atentan contra las “conquistas” del pueblo, corresponde a los funcionarios públicos administrar directamente los asuntos económicos para ponerle coto.

Comentarios finales

No hay receta mágica para la justa distribución del producto social, pero sí mecanismos para avanzar hasta dónde sea posible en la prosecución de este fin: la promoción de la competencia en el marco de un estado social de derecho que vele por los derechos civiles, laborales, de los consumidores y ambientales. La profundización de la democracia es condición sine qua non para poder progresar en la justicia distributiva, conforme a los valores preponderantes de la sociedad. Dejar su instrumentación en manos de individuos preclaros, de sectas ideológicas que alegan ser los únicos garantes genuinos de la felicidad y la justicia humana, solo puede llevar a la autocracia y la imposición de criterios discrecionales. Estas suplantan los mecanismos objetivados e impersonales de distribución, propios de mercados competidos en el marco de un estado de derecho liberal, por mecanismos personales, vulnerables a las apetencias de intereses particulares. Los vericuetos que abren los intentos de control y regulación, así como la instrumentación de normativas punitivas, constituyen el mejor caldo de cultivo para la corrupción, sobre todo si logra ampararse de clichés “revolucionarios” para legitimarse ante quienes detentan el poder o, mejor aún, logran convertir a éstos en cómplices.

1 Implica movilidad de factores, información completa y simétrica, productos homogéneos, inexistencia de externalidades y múltiples agentes interactuando desde la oferta y la demanda

2 Crítica del Programa de Gotha.

3 Entre otras aplicaciones de estos cuantiosos recursos está la “compra” de aliados internacionales a través de ventas de petróleo generosamente financiadas, exoneraciones de deuda y otras ayudas.

Referencias

Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012), Por qué fracasan los países. Ediciones Deusto, España.

Weber, Max (1978), Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkeley.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

La reinauguración del Hotel Maracay por parte de Nicolás Maduro, genero una fuerte discusión entre los colectivos de milicianos que hacen vida en el Psuv.

Un pequeño grupo perteneciente a la gobernación del estado, se mostraban solidarios y súper contentos con la apertura de ese tradicional hotel aragüeño. Pero, la gran mayoría de los Consejos Comunales de la región y en particular los del área del municipio Girardot, no ocultaban su malestar con el acto llevado a cabo por el camarada Nicolás.

No entiendo, expresaba furiosa una de las representantes de Paraparal, como es que se firma un convenio estratégico con la cadena imperialista Hoteles Marriott para entregarle uno de nuestros emblemas a una empresa capitalista, y para el colmo, gringa.

Comparto lo expresado por la camarada, intervino un miliciano de las Brigadas Rodilla en Tierra. Los dueños de esa cadena hotelera son la familia Marriott, que a comienzo del siglo pasado, fundaron el primer restaurante de la Costa Este de los Estados Unidos, especializado en servir a los clientes en sus automóviles, el primer motel y la primera cadena de hoteles pensando en personas que viajaban por negocios. De allí, que no entiendo ese convenio estratégico……quien coño viaja hoy en día para hacer negocios….será un hotel solo para los boliburgueses enchufaos del partido. A mi me huele a un quiquiriguique para meterse o lavar unos dólares.

La historia de esa familia Marriott es para coger palco, dijo uno de los representantes estudiantiles de la universidad bolivariana. Se han asociado y comprado grandes firmas hoteleras. Por ejemplo: En 1995 formaron parte del capital Ritz-Carlton y en el 2015 se fusionaron con la cadena Starwood propietaria para ese momento de los Hoteles Sheraton, generando un emporio cuyas ganancias anuales llegaron a superar los 12.000 millones de dólares con la administración de más de 5.700 hoteles alrededor del mundo…y ahora, vamos a aparecer los revolucionarios bolivarianos en ese guiso….esto huele a gato encerrao.

A mi, lo que me sorprende es el nombre rimbombante que le colocaron “Hotel Marriott Golf & Spa”, señaló molesto, uno de los fundadores del MBR-200. No me puedo calar, que a estas alturas del proceso revolucionario, venga el camarada Nicolás, a desconocer los principios que claramente nos dejó nuestro Líder Único, el Difunto Eterno. No olvidemos, sus orientadoras palabras que en el marco de la Lucha de Clases, definían al Golf como “Un Deporte Burgués” y que durante varios años de su gobierno, trazó políticas para acabar con ese mal llamado deporte.

Recuerdo su grito de guerra: “Los fairways, bunkers y greens de los campos de golf venezolanos, son escenarios de la batalla ideológica de la revolución socialista bolivariana contra el capitalismo y la burguesía”……y ahora, como si nada, nos vienen con el cuento chino de Maracay transformado en Marriott y el golf como deporte de la revolución….no me jodan…..este hotel, es una caricatura contrarrevolucionaria.

Al momento, de cortar la cinta, el jefe de seguridad de Nicolás, un agente del G-2 cubano, se le acercó para decirle al oído: Apúrese camarada, que allí viene una manifestación de personas afectadas por el desbordamiento del Lago de Los Tacariguas, gritando consignas: Casas Si golf No, El SPA que queremos es Spa-guetti, El Hotel es de Maracay No de Marriott.

La cinta y las tijeras quedaron en el suelo, Nicolás salió volando. Muy contrariado quedó Tareck El Aissami y su “caddy” Marcos Torres al no poder realizar la exhibición de golf que tenían programada, por la invasión del campo por parte de las personas que protestaban.

En una democracia verdadera, y valdría la pena preguntarnos si alguna vez conocimos una con ese calificativo, las leyes electorales debería incluir el voto en blanco como opción válida, contable y con igual valor decisorio que otros, es decir pudiese llegar a ser mayoría y con ella rechazarse cualquiera de las otras opciones incluidas en una consulta.

En el sistema que siempre hemos practicado, votar en blanco (no seleccionar ninguna opción) se ha hecho equivalente a un voto no válido haciéndolo igual en su valor práctico al de un voto nulo o sea, aquel producto de algún error de forma cometido por el elector voluntaria o involuntariamente, quitándole así al en blanco el importante significado de desacuerdo con todas las alternativas que se proponen.

Lo anterior, es decir valorar el voto en blanco, permitiría exigir con toda energía, que los ciudadanos entendieran y cumplieran con el precepto de que votar en un sistema democrático no solo es un derecho sino un deber y que para ser ciudadanos el hacerlo es un ejercicio de obligatorio cumplimiento.

Dejar de exigirlo como lo permite la legislación vigente es, lejos de una muestra de respeto a la libertad individual, un estímulo subliminal a que se diluya la universalidad de la participación y las decisiones queden en manos, a veces muy pocas, de grupos de electores motivados por muy diferentes estímulos, no siempre coincidentes con el bien común.

Esta posición, lejos de apoyar la indiferencia, tiene como orientación la necesidad de pensar lo que se le ofrece a los electores, quitarle a las elecciones el carácter de feria con circo incluido, y recuperar para los momentos electorales la importancia que tienen que tener las oportunidades en las que se nos consulta lo que nos concierne a todos.

En la Venezuela actual hablar de perfeccionar los mecanismos democráticos choca con la contundente realidad política nacional, por lo que para que discusiones como la que proponemos puedan tener una oportunidad de concretarse es indispensable un gran cambio, que hemos venido trabajando entre todos y que el 15 de octubre próximo tendrá un nuevo escenario de lucha y resistencia cívica.

En las elecciones para gobernadores 2017, nuestra concurrencia es indispensable y votar en contra del candidato oficialista debe ser vista como una obligación para con nosotros mismos, más allá de cualquier otra consideración por racional que esta pueda parecer, ya que si no aprovechamos para derrotar a este gobierno en cada oportunidad que se nos presente, alcanzar el país que queremos se nos hará cada vez más difícil y a un costo social mucho mayor.

En el libro de Dominique Lapierre y Larry Collins «O te vestiré de luto», que es una mirada a la España de post guerra civil a través de la figura mítica del gran torero Manuel Benítez «El Cordobés», se cuenta que una periodista, impresionada por la temeridad del matador, le preguntó: ¿Acaso no le duelen las cornadas de los toros?, a lo que respondió el entrevistado: «Duelen más las cornadas del hambre».

Pocas veces se han descrito tan acertadamente las urgencias que producen el hambre, la escasez generalizada y la incapacidad económica para obtener bienes de absoluta necesidad; quien fuera un golfillo mil veces apaleado por un cabo de la Guardia Civil, trastocado en próspero banquero a fuerza de regar con su sangre las plazas de toro de España, bien podría instruir a los políticos criollos que corren la arruga para proteger sus egoísmos, acerca de lo lejos que está «mañana» para el famélico, para el enfermo al que se le escapa la vida por la falta de medicamentos o para el niño que se adentra en el horror del cretinismo, al no recibir adecuada alimentación.

Para la gente de Venezuela, mañana puede ser demasiado tarde. El problema, de origen eminentemente político, es de tal magnitud que se ha convertido en una catástrofe humanitaria que requiere la inmediata intervención del mundo entero. La pregunta no es sobre del rumbo político del País y -mucho menos- acerca de candidatos y candidaturas; menester es indagar acerca de cuántos niños se acostarán esta noche sin haber probado alimentos durante todo el día, o cuántos accidentes cardiovasculares (ACV) acabarán la vida de los hipertensos que han tenido que sustituir sus inasibles medicamentos por cabezas de ajo, que muy pronto tampoco podrán comprar.

Hoy y aquí, millares de enfermos que podrían llevar una existencia normal con los debidos tratamientos médicos, sienten que el tiempo se les está acabando y en la tristeza de sus noches sin sueño, oyen cada vez más cercas las pisadas de la muerte y la sombra de su guadaña.

Desde hace tiempo el problema venezolano dejó de ser político, para ser humano. No son doctrinas ni teorías las que están en juego ni intereses internacionales los urgentemente comprometidos; son las vidas de decenas de millones de seres humanos las que peligran para el exclusivo beneficio de la tiranía cubana y de su sucursal criolla, el narco tráfico internacional y lejanos y absurdos intereses religiosos. Es gente de carne y hueso la que siente que la vida se le está poniendo estrecha, aplastada entre los muros de una oposición falsa y la perversión de un gobierno extranjero e invasor.

La historia indica que los pueblos crean sus problemas y paren sus soluciones, pero en estas horas venezolanas en que las máscaras se caen a montones y la verdad empieza a prevalecer sobre el engaño, la mentira y la traición, debemos reconocer la importancia de la ayuda internacional y reclamarla en nombre de la humanidad, pues nuestro problemas no es de origen doméstico, ya que fue modelado en tierras lejanas y ejecutado por apátridas que faltaron a la fe ofrecida en su juramento militar.

Estados Unidos de Norteamérica ha puesto sobre el tapete la posibilidad de una intervención militar para poner coto a este desastre, que a decir del presidente Trump y del vicepresidente Pence, involucra la seguridad de Estados Unidos. Evidentemente, una intervención militar extranjera no es buena y nos gustaría que no fuese necesaria, pero este criterio no debe ser ladinamente aplicado a una eventual acción de los marines estadounidenses, mientras se esquiva la realidad de las invasiones cubana, iraní, china, del narcotráfico internacional y de las FARC colombianas.

El asunto real consiste en que en Venezuela se desarrollan simultáneamente varias guerras de corte foráneo, que han convertido a las ciudades sobre un territorio de casi un millón de kilómetros cuadrados, en ghettos similares a los de Varsovia y –si seguimos por donde vamos– en campos de extermino como los de Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Dachau.

Parece ser cierto que los Estados no tienen amigos, sino intereses. Pero la heroica lucha del venezolano contra la tiranía que lo oprime, ha incitado la admiración y la solidaridad del mundo y puesto a prueba la subordinación de los gobiernos a los pueblos que los eligieron.

La ayuda a los venezolanos en su duro camino hacia la libertad es una obligación ética y moral para todos los seres de este mundo que tengan a honra llamarse humanos. Es hora de que muestren su disposición de impedir –a cualquier precio– un nuevo y horrendo holocausto: el holocausto del siglo XXI.

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