La casi totalidad de las divisas que ingresan a Venezuela son aportadas por las exportaciones de petróleo. El descalabro de PDVSA ha disminuido el ingreso de divisas y limitado la capacidad de pago de la nación. La deuda externa, a los precios del petróleo vigentes, es impagable. El gobierno ha optado por pagar la deuda recurriendo a las divisas requeridas para la importación de alimentos y medicinas, lo que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. La superación de la crisis humanitaria pasa por encontrar una solución al pago de la deuda, sin afectar las divisas requeridas para las importaciones esenciales. Debido a ello, el tema se ha convertido en uno de los elementos claves de la discusión reciente sobre una política económica alternativa, a la implementada por régimen.

El régimen chavista ha profundizado la dependencia del petróleo. Según Prodavinci, en un trabajo sobre la deuda titulado “Entre la iliquidez y la insolvencia”, alrededor del 96% de los ingresos por exportación de Venezuela provienen del petróleo. Las exportaciones por concepto de petróleo han venido descendiendo debido a la sostenida caída de la producción de PDVSA. Este declive en la producción es un reflejo del descalabro de la empresa, debido a que no se han realizado las inversiones necesarias para el mantenimiento y expansión de su capacidad productiva. A los precios actuales del petróleo, la empresa carece del flujo de caja (flujo de efectivo) necesario para realizar tales inversiones y la producción continuará declinando, reduciendo la disponibilidad de divisas para pagar los compromisos de deuda de la empresa y de la nación (Ver: Rodríguez R., José E. La agonía de PDVSA, Digalo Ahí Digital, n° 11, abril 29, 2017 ).

Otra herencia que el régimen chavista le dejará a un futuro gobierno, será la pesada carga de la deuda externa. Parte de esta deuda ha sido contraída en condiciones poco transparentes, durante el ciclo de elevados precios del petróleo. Los bonos emitidos han sido concedidos a amiguetes del gobierno que se han beneficiado de los elevados intereses que se han pagado por los mismos. El crecimiento de la deuda ha elevado ésta a montos superlativos, dificultando su manejo. La deuda de los gobiernos latinoamericano se ubica en promedio en un 37, 6% del PIB, según la CEPAL, incluyendo tanto la interna como la externa. La deuda venezolana es equivalente a un 97% del PIB, según estimaciones recientes de la firma Torino Capital, una cifra estrambótica que revela las irregularidades que subyacen detrás de la misma. La gran mayoría de esa deuda es externa.

En la medida que la crisis humanitaria pasa por encontrar una solución viable al pago de la deuda externa, este último tema se ha posicionado como uno de los elementos claves en la discusión reciente sobre política económica. Ello se ha traducido en la realización de foros, entrevistas y artículos, en las páginas web de diversa orientación política, como las de Prodavinci y Aporrea. En la página de Prodavinci, en el contexto del trabajo mencionado sobre la deuda, Victor Salmerón entrevistó a varios economistas a fin de escuchar sus opiniones. También el tema ha sido abordado en varias ediciones recientes del programa CNN Dinero, donde se ha entrevistado a economistas especializados en el área, a fin de poner en cuestión la capacidad de pago de Venezuela y las alternativas que se pueden manejar.

En el marco de esta discusión el diputado José Guerra ha venido insistiendo en que, a los precios del petróleo vigentes, la deuda es impagable. Así lo expresó en una entrevista realizada en una edición reciente del programa CNN Dinero. Según el diputado, ante esta situación el gobierno de Maduro ha optado por pagar la deuda utilizando las divisas requeridas para importar alimentos y medicinas, lo cual implica una solución que ha conllevado un costo social muy elevado. A juicio del economista es necesario encontrar una alternativa al pago de la deuda, que involucre un menor costo social. El diputado ha planteado, que una vez que la oposición llegue al gobierno, debe solicitar un refinanciamiento de la deuda.

Uno de los temas más neurálgicos, expuestos por los economistas entrevistados por Victor Salmerón en la página de Prodavinci, se relaciona con la necesidad de revisar las políticas económicas de controles que limitan la generación de divisas en las actividades diferentes al petróleo, lo cual permitiría compensar la alicaída oferta de moneda extranjera que provee PDVSA. Otro de los temas abordados se vincula con la necesidad de involucrar a los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI, en la búsqueda de una solución al problema de la deuda venezolana. Este es un tema polémico dada la resistencia del régimen chavista a vincularse con estos organismos.

En la página de Aporrea Carlos Carcione, plantea el tema de la legitimidad de la deuda externa y de las opacas condiciones en las cuales la misma fue contraída y sugiere la necesidad de auditar la legitimidad y legalidad de la misma.

En síntesis el debate sobre la deuda externa ha implicado varios aspectos: el precario estado de PDVSA, la legalidad y legitimidad de la deuda, la capacidad de pago del gobierno, el elevado costo social de la estrategia de pago de la deuda por parte del régimen de Maduro, las políticas requeridas para impulsar la generación de divisas en áreas diferentes a las petroleras y la conveniencia de renegociar y refinanciar la misma en un eventual gobierno de la oposición.

Profesor UCV

Carta del Director

Si bien es cierto que las protestas por sí solas rara vez generan un cambio de gobierno, en el caso de Venezuela, al igual que ha sucedido en la mayoría de las transiciones, el cambio político no será posible sin protestas. Es un hecho evidente, aunque algunos parecieran pretender desconocerlo, que las protestas de las últimas semanas han tenido una incidencia significativa en la evolución del escenario político venezolano. Hoy los partidos y movimientos que se oponen al gobierno de Maduro han logrado trasladar la batalla del campo institucional, en donde solo se cuenta con el control del Legislativo, desde hace tiempo neutralizado por el resto de las instituciones estatales bajo el control hegemónico del oficialismo, a las calles del país, con un nivel de respuesta inesperado para muchos, que ha colocado el conflicto en niveles de mayor simetría con el gobierno.

Y esta simetría, que significa un careo de tú a tú entre el gobierno y la oposición, que hoy se enfrentan en condiciones de mayor igualdad, ha tenido su expresión en una serie de consecuencias que pueden considerarse como las ganancias de la protesta. Entre ellas vale la pena destacar:

• El derrumbe de los muros territoriales entre oficialismo y oposición. Hoy las manifestaciones de descontento con el gobierno no se centran en el este de Caracas, ni en las zonas de clase media y alta de las diferentes ciudades del país. Las manifestaciones se han generalizado en todos los espacios geográficos y hoy se encuentran con un objetivo: Producir el cambio.
• La toma de la iniciativa por la oposición. Hoy la ofensiva está en manos de los sectores pro-democráticos, mientras el gobierno se mantiene a la defensiva.
• El afianzamiento de la solidaridad internacional con la causa democrática en Venezuela, lo que tuvo su expresión más significativa en la evolución de la votación en la OEA, que hoy ha logrado sumar diecinueve de sus países miembros a la convocatoria de una reunión de cancilleres que colocará al gobierno venezolano en una situación muy difícil.
• Los medios nacionales e internacionales están más centrados que nunca en el proceso venezolano, con una matriz de opinión favorable a los sectores democráticos, mientras la mayoría de la gente percibe que sin cambio de gobierno no hay futuro y parecieran estar dispuestos a hacer lo que sea por lógralo.
• Se han elevado de manera exponencial los costos de represión, tanto para el gobierno nacional como para la Fuerza Armada y cuerpos policiales.
• La generación de fisuras en el oficialismo entre quienes, por miedo a pagar sus crímenes, parecieran estar dispuestos a lo que sea para no salir del poder, aunque ello implique la fantasía de crear una especie de Alepo tropical, y aquellos, más realistas, que comprenden que la mayoría de la tropa nos les seguiría en semejante aventura y preferirán negociar sus condiciones de salida y tener una transición pacífica, con costos menores para todos y con posibilidades de convivencia, como se logró en los casos de España, Sudáfrica o Brasil, entre muchos otros.

Al dejar atrás el falso dilema entre conflicto y diálogo, o entre protesta y elecciones, y comenzar a comprenderse que las estrategias blandas y duras no son excluyentes sino complementarias, la oposición aparece hoy más coordinada, al asumir cada partido y liderazgo el papel con el que se siente más cómodo y un mínimo de coherencia, que ha permitido la masificación y el sostenimiento de la protesta a los niveles que hemos vivido durante las últimas semanas.

En conclusión, retomamos la calle, y ¿ahora qué?

Los procesos de transición, como hemos dicho muchas veces, dependen principalmente del balance entre costos de represión y costos de tolerancia. En otras palabras, las transiciones políticas se producen cuando los costos de tolerar un cambio político se perciben menores que los costos de usar la represión para mantenerse por la fuerza.

Si bien es cierto que los costos de represión vienen escalando de manera exponencial durante las últimas semanas tanto para el gobierno como para las fuerzas armadas y policiales, la protesta tampoco está libre de costos para la oposición y al momento se han registrado, hasta donde conocemos, unas 29 víctimas fatales, a las que deben sumarse innumerables personas heridas o detenidas.

En base a ello podría discutirse, con argumentos circulares que no nos llevarían a ninguna parte, quién gana y quién pierde la actual batalla, para terminar en la conclusión de que gana quien se mantenga firme por más tiempo, lo cual puede ser cierto, pero con costos inmensos para ambas partes.

La respuesta racional al ¿ahora qué? no debe circunscribirse a someter a la gente a una guerra de resistencia con un final incierto, sino en desarrollar la habilidad para, simultáneamente mientras se continuar elevando los costos de represión, reducir los costos de salida de quienes prefieren soluciones negociadas.

Ello requiere el desarrollo de una estrategia inteligente de parte de la oposición que aproveche el elevamiento de los costos de represión, y las fisuras que ello genera en el bloque de gobierno y la fuerza armada, para reducir los costos de tolerancia a un cambio político de quienes estén más interesados en tener un futuro tras un proceso de transición que en evitarlo por la fuerza.

Para ello es necesario permitir la cooperación, o su salida, a ciertos de actores clave, sin los cuales el sistema es insostenible. Esta, aunque puede resultar justificadamente cuestionable por algunos, es la estrategia que ha hecho la diferencia entre países que han logrado transiciones pacíficas y los que se han sumido en una espiral de violencia muy costosa para la población. Este es el precio que países como España, Sudáfrica, Ghana, Brasil y Túnez pagaron por la democracia, la paz y un mejor futuro para todos.

Director Centro de Estudios Políticos Universidad Católica Andrés Bello

(https://politikaucab.files.wordpress.com/2017/04/editado-carta-del-direc...)

La historia narra muchos ejemplos de personas, aparentemente comunes, que tenían una relación amable con vecinos, eran solidarios con los amigos y amorosos con sus hijos, pero que no les temblaba la mano para asesinar y torturar a sus enemigos directamente, a través de terceros o bien haciéndose los desentendidos. Algo así como la doble personalidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El nazi Himler es un ejemplo muy conocido.

En Venezuela dos Tarek están sobre el tapete público. Ambos son responsables de las violaciones a los derechos humanos que ocurren diariamente. En esta oportunidad no nos referiremos a El Aissami, actual vicepresidente, y presunto otorgante de pasaportes a terroristas árabes. El otro Tarek funge de Defensor del Pueblo, aunque su proceder indica que solo defiende los intereses del régimen, incumpliendo con el mandato constitucional de los artículos 274, 275 y 280. Este último establece que ¨La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de los ciudadanos y ciudadanas¨ y el 281 especifica las atribuciones del Defensor del Pueblo, las cuales Tarek obvia, actuando como Mr. Hyde.

En 1996, Tarek Saab Williams se decía defensor de derechos humanos y en ese rol acompañó a Luis Roberto Escobar Ugas a la embajada de Costa Rica para que solicitara asilo en razón de ser perseguido político y haber sufrido supuestas torturas. Todo país democrático tiene la obligación moral de abrir las puertas de su representación diplomática a quien solicite asilo, para después estudiar el caso y determinar su procedencia. Tarek visitaba frecuentemente a Escobar Ugas hasta que salió hacia ese país centroamericano. En esa época Tarek era conocido por defender a los perseguidos y por aficionado a la poesía. Actuaba como el Dr. Jekyll.

No conocemos a Escobar, pero Google informa que ya en este período rojo creó la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos( Fungapdehca), con sede en Anzoátegui. Realizó varias denuncias de asesinatos, extorsiones y de abusos por parte de las autoridades rojas, tanto civiles como militares. En diciembre del 2012 realizó un video en el que declaró que ¨Hemos luchado a capa y espada por la revolución y solo recibimos palos¨. En el 2013, uno de sus compañeros de la Fundación informó que Escobar estaba detenido arbitrariamente y había sido torturado. Ese mismo año, Amnistía Internacional también denunció que fue torturado. Después no hemos logrado información sobre sus actividades.

Por desconocerlas, no podemos avalar las actuaciones de Escobar Ugas, pero pareciera que es un luchador social que creyó en las prédicas de los rojos y, supongo, ya no comulga con ellas. La intención de este artículo es recalcar el cambio de conducta de Tarek Saab. Ayer defendía a personas perseguidas. Hoy permanece impasible ante la brutalidad de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, de Policarabobo, de Poliaragua y de los paramilitares rojos amparados por los organismos citados, que asesinan a manifestantes desarmados. También Tarek se hace el desentendido de las denuncias de torturas en la sede del Sebin y, desde luego, avala la ruptura del hilo constitucional. Quizá es un buen padre, pero es un mal ciudadano que tiene en sus manos el poder de detener los atropellos del régimen, pero ha optado por alcahuetearlos.

El caso de Tarek tiene la característica poco usual de que un hijo, con gran altura y respeto, intentó abrirle los ojos para que con los instrumentos que le otorga la Constitución contribuya a poner fin a los abusos de Maduro. Tiene la suerte de que sus hijos tengan principios y valores, así como coraje ¡Bravo por ellos! Hay muchos otros casos de funcionarios civiles, generales, guardias nacionales y policías, que también son padres, y a quienes tampoco les importa asesinar o permitir que asesinen, torturen, y encarcelen a jóvenes que podrían ser sus hijos. Ojalá consideren que el mensaje del hijo de Tarek Saab también está dirigido a ellos. Entre otros, a los generales Reverol, Padrino López, Edgar Valentín Cruz Arteaga, Antonio Benavides Torres, Gustavo González López y Fabio Zavarce, almirante Orlando Maneiro, Contralor General Manuel Galindo, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega y demás magistrados del TSJ, Tibisay Lucena y demás rectoras del CNE ¡Honor a los caídos y rogamos consuelo para sus padres! ¡Vergüenza y castigo para los culpables directos e intelectuales, así como para los alcahuetas!

Como (había) en botica: Excelente la carta de la MUD al Papa. Pompeyo Márquez, infatigable luchador llegó a los 95 años con su continuo llamado a la unidad y a seguir la lucha en contra de esta dictadura. Le hacemos llegar nuestra felicitación y admiración. Las acusaciones en contra del excelente escritor Tulio Hernández son otra canallada del régimen. Felicitamos a Leopoldo en su cumpleaños y exigimos su libertad. Lamentamos el fallecimiento de Javier Perera, distinguido comunicador social y demócrata ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Si pudiese argumentarse sobre el porqué del fracaso de la resurrección marxista a manos de la satrapía cubana en Hispanoamérica – que golpea otra vez con la misma piedra – de nada servirán las explicaciones hijas de la experiencia u obra de la racionalidad empírica o teórica; como las que nutren a la literatura política en vísperas y después del derrumbe de la Cortina de Hierro. Esta vez aquella se entierra bajo el excremento de la corrupción, el peculado, el narcotráfico, los crímenes de terrorismo y lesa humanidad en sus modalidades sistemáticas de secuestro, asesinatos, torturas, represiones, diluidas tras la profanación del nombre Bolívar.

¡Y es que, al paso y por lo visto, la claque de filibusteros que se posa sobre Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en la Argentina de ayer y el Brasil que desnuda Lava Jato, lo hace para capturar sus gobiernos y disponerlos como maquinarias al servicio del delito! No les basta a aquéllos el robo de los dineros públicos ni la expoliación de los bienes privados, sino que, al término, descubren, como antes lo hicieran los hermanos Castro, las ganancias jugosas y siderales del tráfico y comercio de las drogas.

Hace casi 28 años, ante el ruido pionero que ello hace internacionalmente, Fidel ordena el fusilamiento de la camarilla de sus socios: el general y “héroe de la república” Arnaldo Ochoa junto a otros 19 generales inculpados de narcotráfico, en la llamada Causa 1, para limpiarse aquél su rostro con la sangre de sus subalternos y ponerle distancia a la cuestión.

Desde entonces, sin embargo, en el mismo 1989 el mismo cocina su vuelta al ruedo como cabeza de la mafia narco-política y prepara como territorio para sus operaciones a Venezuela. No por azar, al encumbrarse Hugo Chávez – su segundo Ochoa – en el poder, le encomienda arreglarse con la vecina guerrilla colombiana. Se forja, así, un “modus vivendi” que a todos les deja dividendos en la empresa de muerte que los ata, purificada para lo sucesivo bajo una nueva e inédita modalidad: Se delinque con los votos de la democracia; se incrementan los socios en los gobiernos para ganar sus silencios; y, al cabo, se controla a los jueces para que, con sus sentencias, legalicen las violaciones de la legalidad requeridas para la prosperidad de la empresa de narcóticos cuya holding y mesa de diálogos reside en La Habana, ahora la Ginebra del Caribe.

Tengo a mano el papel que recoge las instrucciones del fallecido Comandante Eterno, quien a partir de 1999 ordena a los suyos suministrarle a las FARC “medicamentos especiales”, venderle “petróleo”, registrar sus “empresas en el área bancaria” con el nombre de Banco de los Pobres, apoyarlos con “asilo y tránsito”, garantizarles sus contactos con el “Alto Mando”, y obligándose ella, eso sí, a “no entrenar militantes venezolanos sin consentimiento del gobierno” ni realizar “en territorio venezolano” actividades ilícitas.

El saldo de esa mudanza atrabiliaria de Venezuela en un patio de criminales explica nuestra quiebra actual como nación anegada por la violencia. Que sus poderes inhabiliten a la disidente Asamblea Nacional que los observa y es disidente, era de esperarse. Revela el travestismo oficial por qué urge Chávez de la OEA, bajo el secretariado de Insulza y el concurso de muchos gobiernos cómplices, la aplicación de la Carta Democrática en el caso de la Honduras de Zelaya. Urgía salvarlo, salvando junto a él un territorio privilegiado para el negocio y tránsito obligado hacia el norte del continente. Indica lo que es vergüenza para quienes somos parte de la Venezuela decente, a saber, la colusión de los altos cargos para sostener el ferrocarril de la cocaína y demás basuras conexas, pues eso vale si se trata con ello de intoxicar al Imperio.

He allí la razón o sin razón de los costos que como víctimas ahora pagan, con luto y heridas, las muchedumbres que han decidido abandonar sus casas y no regresar a ellas hasta que renuncie la satrapía que mancha el honor patrio. He allí porqué ésta no tiene como pagar su precio de salida, que no sea inmolándose o tomando pasaje hacia las penitenciarías más cercanas.

¡Que el narcotráfico instalado en el gobierno de Venezuela anuncie su retiro de la OEA, su separación del club de los demócratas que conduce un hombre esclavo de los principios, Luis Almagro, es una nimiedad, causa hilaridad! Lo que no la causa es que aún queden gobernantes dentro de esta que se declaren neutrales al respecto, o todavía apoyen al dictador Nicolás Maduro, procónsul del Castro que sobrevive y de su cartel socialista del siglo XXI

correoaustral@gmail.com

En estos días de salvaje represión y barbarie oficialista, que han causado dolor y luto en numerosos hogares de nuestro país, mucha gente se pregunta a qué se debe tanta impiedad e insensibilidad humanas, que ya se igualan con las prácticas más aberrantes del gorilismo militarista suramericano. Pues bien, sirvan dos ejemplos, como muestra, para ilustrar por qué de tanta saña.

Hoy en Venezuela estamos siendo testigos de un extraño fenómeno macroeconómico, y es la coexistencia de recesión con concentración del ingreso. Esta insólita presencia de aumento de la desigualdad social a medida que la economía del país decrece se explica solamente por el acceso diferencial y discriminatorio a los dólares baratos que permite el control de cambio. En la actualidad, 10% más rico del país se queda con el 32,2% del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre tiene que conformarse y subsistir con apenas 13%.

El estadístico italiano Corrado Gini desarrolló un método para medir la desigualdad económica, y es lo que se conoce como el “coeficiente de Gini”. Este índice es un número entre 0 y 1; 0 expresa la igualdad total y 1 la máxima desigualdad. Pues bien, para 2016 el índice de Gini venezolano se ubica en un altísimo 0.44, el más elevado registrado en los últimos 20 años, y ha venido creciendo sostenidamente desde 2014.

En otras palabras, en nuestro país hay un grupo que se está enriqueciendo –a paso de vencedores– a costa del empobrecimiento de la mayoría de los venezolanos. Nuestra dictadura no solo es masivamente empobrecedora sino estructuralmente injusta. Además de cruel máquina de pobres, es un instrumento de generación acelerada de injusticia y desigualdad. Y la base de esta diabólica dinámica está en que hay un pequeño grupo que vive con dólares a los cuales puede acceder y negociar, y un inmenso país que sobrevive con bolívares cada vez más devaluados e inútiles. Este lucrativo negocio debe ser resguardado y protegido, y por ello hay que reprimir con furia a quienes claman por un orden distinto.

Un segundo ejemplo tiene que ver con el negocio de las llamadas “bolsas CLAP”. Las CLAP son un mecanismo de entregar limosnas a la población a cambio del enriquecimiento grosero de algunos privilegiados. Estas cajas, contentivas de productos importados, tienen un costo de aproximadamente 14 dólares en los países donde se compra. Si le agregamos costos de embalaje, transporte y otros, este costo pudiera llegar, digamos, a 20 dólares. Los dólares para comprar estos productos se adquieren al cambio preferencial de 10 bolívares por dólar. En otras palabras, el costo para el gobierno de estas cajas de limosna es de aproximadamente 200 bolívares. Sin embargo, se las vende a un pueblo necesitado y pobre al escandaloso precio de 14.000 bolívares. ¿Quiénes son los corruptos que tienen acceso a este multimillonario negocio que consiste en enriquecerse obscenamente aprovechando el hambre y la necesidad de los venezolanos? Esta criminal corrupción solamente se explica por la existencia de mafias de poder en el alto gobierno, para quienes todo el que aspire a un cambio de esta situación es una amenaza a su lucrativo negocio, y debe ser sometido por la fuerza bruta.

En la historia de los países hay ejemplos de represiones que, aunque siempre injustificables, se llevan a cabo por razones políticas, ideológicas, religiosas o étnicas. Pero la brutal y salvaje violencia de las fuerzas represivas de la dictadura madurocabellista se hace por la más innoble de las razones: por salvaguardar un negocio.

En otras oportunidades hemos afirmado que para la clase política gobernante, Venezuela no es un país sino un botín. Por eso esta dictadura, en esencia, es un maloliente negocio. La represión que ha teñido de sangre los hogares de nuestros hermanos es la consecuencia de la crueldad y mal corazón de la putrefacta oligarquía roja. La misma que no le importa causar sufrimiento o generar dolor, si esa es la forma de mantener sus puestos, su corrupción y sus fortunas.

Con motivo de las manifestaciones, concentraciones y marchas de ciudadanos que protestan y reclaman por sus derechos, la acción del gobierno no ha sido otra que la de reprimir esa conducta con la amenaza del empleo de la fuerza que efectivamente se activa y sistemáticamente impide el avance de todo tipo de expresión pública que cuestione la arbitrariedad oficialista.

Lejos de resguardar el derecho a la protesta y garantizarlo para que se desarrolle con la mínima perturbación de la vida ciudadana, que siempre se verá afectada y no se desencadenen hechos de violencia, las instrucciones no parecen ser otras que las de reprimir, apelando a la fuerza intimidatoria de las armas y efectivamente hacer uso de estas para impedir el desarrollo de la protesta con métodos violentos, los cuales, como es bien sabido, tienen como lógica consecuencia mayor violencia y un previsible número de víctimas.

En cualquier país respetuoso de los derechos ciudadanos las manifestaciones se anuncian, la autoridad las resguarda, garantiza su desenvolvimiento e imparte órdenes claras y precisas a los funcionarios sobre el uso eventual de medios disuasivos en caso de que surjan enfrentamientos absolutamente incontrolables por vías de conciliación y persuasión que pongan en grave peligro la integridad de los ciudadanos o de los propios funcionarios presentes en la calle, para preservar el orden y no para fomentarlo.

Pero resulta inadmisible y delictiva la obstaculización del derecho político a la protesta bajo el simple alegato de que no se ha obtenido una formal autorización, a la cual no se puede condicionar el ejercicio de un derecho, siendo suficiente la participación que se hubiese llevado a cabo por algún medio, aunque hubiese sido informal y mucho menos se puede justificar el uso de armas para disolver manifestaciones, quedando en claro que si se utilizan medios con capacidad letal, aunque sean, per se, preventivos y se ocasionan muertes, responde penalmente quien dio la orden, si se impartió a tal efecto e, igualmente, responde quien la ejecutó, no pudiendo alegarse obediencia debida. Este es el caso del homicidio del joven Juan Pablo Pernalete, víctima de una bomba lacrimógena, arma disuasiva que fue utilizada como instrumento contundente en evidente ataque alevoso con resultado mortal.

Y no cabe hablar en todos estos casos de simple abuso de la fuerza, sino de atropello y de violencia criminal cuando se emplean armas que pueden ocasionar y han ocasionado daños graves, e incluso, la muerte.

Solo se puede hacer referencia al uso desproporcionado de la fuerza cuando hay necesidad o es imprescindible recurrir a ella. Pero cuando no hay tal necesidad, simplemente, estamos ante una conducta delictiva, ante una agresión injustificada que merece el más enérgico repudio colectivo y la calificación como grave delito contra las personas y los derechos ciudadanos.

La sociedad organizada tiene razones de sobra para alzar su voz y reclamar por la violación de sus derechos; la dirigencia que apoya estas protestas cumple con la obligación de propiciar formas de reclamo popular; y a la autoridad solo corresponde preservar y garantizar el ejercicio de la actuación ciudadana, no siendo delito la expresión colectiva de lucha cívica, que no puede dar lugar a la represión oficial por parte de funcionarios del orden o cuerpos civiles armados, bajo el amparo del poder.

aas@arteagasanchez.com

@ArteagaSanchez

1-5-2017

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/uso-desproporcionado-fuer...

La protesta cívica y pacífica no es un delito y su control no puede ser una represión desmedida. Así lo advirtió, a través de un Comunicado, el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Arzobispo Diego Padrón, quien, además, agregó que las marchas cívicas deben ser libres sin más restricciones que las que derivan del deber de respetar la vida, la propiedad y el bien común[1].

De manera categórica, la Conferencia Episcopal Venezolana recuerda que cuando el Estado o el Gobierno desconocen o irrespetan los derechos, simplemente deja de ser un Estado democrático y pierde su legitimidad en su desempeño, pues deja de cumplir su función de defender a todos los ciudadanos independientemente de su ideología política.

La represión no encontró aliado, según registra la historia, en la transición que le correspondió conducir Eleazar López Contreras, luego de la muerte de Gómez. En el libro Páginas para la Historia Militar de Venezuela, López Contreras relata que esa transición fue compleja, hubo hechos violentos que se expresaron a través de movimientos reaccionarios que en todo el país no se redujeron a pacíficas manifestaciones, sino que llegaron a hechos de inusitada violencia.

Hubo situaciones difíciles de ruptura del orden público en Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, Barcelona, Cumaná, Asunción, Valencia, San Felipe, Maturín, Acarigua, que sólo con tropas regulares, relata López Contreras, logró sostener aquellos gobiernos estadales que el pueblo quiso destituir o que pedía con violencia revolucionaria que fueran reemplazados por indeseables.

Aquella crisis también estuvo acompañada de saqueos a casas particulares, a establecimientos mercantiles, que más adelante tuvo que indemnizar la Nación. Cuenta López Contreras que hubo una manifestación cívica, presidida por hombres de ciencia, letras, comercio y estudiantado, que se esperaba fuera pacífica, pero que como efecto de un centenar de radicales exaltados, se transformó en un acto de delincuencia contra la sociedad, agravado por las características de premeditación y alevosía.

Reconoce López Contreras, que la situación militar en aquella transición fue difícil, pues en el seno del Ejército había rivalidades o aspiraciones contrarias a la unidad de mando, ello como resultado de influencias familiares y de insinuaciones de presuntos caudillos militares o políticos, que esperaban con la anarquía alcanzar sus probabilidades a la conquista del poder.

El paso de la dictadura gomecista a un nuevo modelo político logró ser exitoso gracias al apoyo de un Ejército, que describe López Contreras, tuvo que demostrar fuerza moral frente a la huelga de telegrafistas, de petroleros en Maracaibo y la que se realizó en Caracas en junio 1936.

López Contreras siempre calificó su gobierno como un Régimen Bolivariano y nunca dudo en expresar su admiración, respeto y compromiso con los ideales de Bolívar, pero en el desafío que significó la transición política luego de la muerte Gómez, hubo además del Ejército, su compromiso de actuar con serenidad de ánimo y firmeza de principios y de acción. Estaba consciente que la Democracia reclamaba un espíritu de comprensión, serenidad y tolerancia. Como Oficial del Ejército y como Mandatario de Venezuela, no he querido por ningún respecto ejercer ningún acto de represión, fueron palabras que dirigió López Contreras a los venezolanos un 29 de junio de 1936[2].

Años atrás, específicamente en 1928, López Contreras ere Jefe de la Guarnición en Caracas y tuvo que enfrentar lo que calificó la rebelión de los estudiantes, que vino acompañada de una huelga en respaldo y solidaridad, frente a la cual asumió una actitud, que calificó de prudente, al ordenar no disparar contra el pueblo y su estrategia fue buscar en la política una solución a la crisis, rechazando la violencia para tal fin[3]. En ese momento, 1928, reconoce López Contreras que el Ejército sirvió a los intereses del gobierno y del país, mejor que muchos otros actores.

Luego de 80 años, otro gobierno, que se califica también Bolivariano y que se esmera en vender la imagen de compromiso en las ideas bolivarianas, le abre espacio a la represión como forma de enfrentar la crisis social, política y económica que genera protestas en la población venezolana.

En este caso, otro hombre, también soldado, asume desde el Ministerio de la Defensa una postura que parece justificar la represión, argumentando que hay una supuesta manipulación de ese término y advirtiendo que no puede calificarse como represión, la acción del Estado orientada a la restitución del orden público, postura que asumió también en el 2014[4], en el marco de la crisis de guarimbas en San Cristóbal, y que nuevamente rescata en el marco de las protestas del año 2017, dejando expresamente registrada esa posición en el Comunicado Oficial del Ministerio de la Defensa del 18 de abril de 2017[5].

Vladimir Padrino López, actuando como Ministro de la Defensa, en las protestas del 2017 parece haber olvidado que tres años atrás, en la crisis de las guarimbas en San Cristóbal, mediante una declaración pública, había reconocido, como Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que participar en protestas pacíficas y sin armas era un derecho constitucional y que el Estado tenía la obligación de garantizar los derechos del pueblo.

Entre Padrino y López Contreras, no se pretende hacer comparación alguna. Si bien ambos coinciden en su cualidad de soldados, hay enormes diferencias entre uno y el otro, fundamentadas principalmente en las virtudes personales y ejemplo de vida de Eleazar López Contreras, a quien calificaron como el Soldado Ciudadano.

Una de esas diferencias tiene que ver con la intolerancia que refleja el Ministro de la Defensa, principalmente en el Comunicado Oficial del Ministerio de la Defensa del 18 de abril de 2017, en cuyo contenido deja clara su posición parcializada frente a la crisis política venezolana, reclamando que quienes supuestamente violaron inescrupulosamente la falsa democracia del pasado, hoy no pueden hablar de respeto a sus derechos.

En ese Comunicado Oficial, fija posición y acusa a algunos Diputados de estar obstaculizando la gestión del Poder Ejecutivo y ponerse de espaldas a la constitución; pero defiende un modelo político en cuyo contexto califica a la Fuerza Armada Nacional de antiimperialista, chavista, y frente al adversario afirma que ellos, los mismos de siempre, “no volverán”. Con esas expresiones, entre muchas otras, Padrino López se aleja de una posición institucional y lo coloca como un actor que genera desconfianza como garante del respeto a los derechos del pueblo, independientemente de la ideología política.

A diferencia de esa posición intolerante y parcializada, un 29 de septiembre de 1936, López Contreras, siendo Presidente, propone la necesidad de un bloque de resistencia contra todos aquellos actos contrarios a los principios republicanos democráticos, no de una parcialidad política, y reconoce que la resistencia debe ser dentro de la Ley, insistiendo ante los Venezolanos que como autoridad, siempre insistiría en recordar que no ha querido y ni quiere represiones[6].

En aquel momento, en el marco de ese llamado al bloque de resistencia, plantea que frente a los comunistas, él ha tenido la facultad legal para expulsarlos, pero reconoce que esos comunistas de aquella Venezuela estaban mal guiados, mal encaminados y que volverán al camino, una vez que lleguen a oír la palabra patriótica. Para López Contreras, aquellos que eran adversarios políticos, todavía les reconocía una oportunidad para corregir y confiaba en que muchos lo harían cuando lograran experimentar que efectivamente el bloque de hombres de bien era mucho mayor en el país. Es esta una posición que expresa el respeto por las diferencias, el reconocimiento del otro como individuo.

Si Padrino López, en el ejercicio de sus funciones y con el Poder Político que detenta, asumiera esa resistencia dentro de la Ley, lejos de denunciar ligeramente a algunos diputados de dar la espalda a la Constitución y obstaculizar la gestión del Ejecutivo Nacional, como lo hace en el comunicado del 18 de abril, tendría que reclamar al TSJ las sentencias 155 y 156, y cuestionar a ese mismo TSJ de obstaculizar las funciones del poder público autónomo e independiente del Poder Legislativo.

Dos hombres, dos venezolanos, dos soldados y en consecuencia dos militares con poder político: uno logró grandes cambios políticos, dejó un ejemplo en actuación ciudadana y militar, en sus manos la legitimidad de un gobierno no se quebró, no se debilitó; el otro, se hizo cómplice de un gobierno ilegítimo, de la negación de los derechos políticos y de la ruptura del hilo constitucional.

[1] Revista SIC. Los venezolanos exigimos el respeto de nuestros derechos civiles y a todos nuestros derechos. 20 de abril de 2017. Online en: http://revistasic.gumilla.org/2017/los-venezolanos-exigimos-el-respeto-a...

[2] López Contreras, Eleazar. Respuesta al Frente de Defensa Nacional. 29 de septiembre 1936. En: Gobierno y Época del Presidente Eleazar López Contreras (1935-1941). Tomo 17. 1988

[3][3] Lopez Contreras, Eleazar. Sucecosos de los años 28 y 29. En Historia Militar. 1944. Pag 154.

[4]Minci.gob.ve. Padrino López, el termino represión está siendo manipulado por la derecha venezolana. 30 de marzo de 2014. Online en: http://minci.gob.ve/2014/03/padrino-lopez-el-termino-represion-esta-sien...

[5]Mindefensa.gob.ve. Mensaje del estado superior de la FANB con motivo de celebrarse el día de la milicia bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril. 18 de abril de 2017. Online en: http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2017/04/18/mensaje-del-estado-ma...

[6]López Contreras, Eleazar. Obra citada. No 2

Artículo escrito para PolitiKa UCAB on abril 27, 2017

https://politikaucab.net/2017/04/27/la-represion-desde-la-vision-de-dos-...