1. La Mesa, instancia político electoral, ha diseñado un nuevo mecanismo para tomar decisiones, mecanismo que incluye pero limita al mismo tiempo. En efecto, incorpora a más partidos en el proceso decisorio pero establece también un sistema de votos “ponderados” por el peso electoral de cada una de las organizaciones. Luce como un mecanismo políticamente sensato que aumenta la representatividad de la dirección política de la Mesa y minimiza el riesgo de la parálisis decisional.

2. La vocería se hace flexible y rotativa. Ante la ausencia de un liderazgo nítido dentro de la Mesa tal vez no quede otra cosa que hacer. Aunque se corre el riesgo de la dispersión en el mensaje, algo que ya ha creado problemas anteriormente.

3. La coordinación de la Mesa tendrá menor perfil público y adquiere un carácter exclusivamente operativo. El coordinador, se supone, no competirá con los voceros en la escena pública. Al mismo tiempo esa coordinación se fortalece con tres equipos que pueden, además, establecer “puentes” con diversos sectores. Parece un esquema razonable, desde la perspectiva de la Mesa.

4. La reestructuración de la Mesa se asocia a la creación de un “Congreso de la Sociedad Democrática”. Se trata de una organización para la consulta. No es propiamente una instancia de acción ciudadana. Tampoco es una instancia exclusivamente social pues los partidos también forman parte de ella. Con este Congreso quizás se pretenda superar la desconfianza entre partidos y sociedad civil pero, de no tenerse el cuidado necesario, las diferencias entre esos dos sectores pudieran exacerbarse. En todo caso ese Congreso no está pensado como un ente ejecutor autónomo que pueda actuar al margen de la Mesa. Es, repito, una instancia de consulta. Desde el punto de vista de la Mesa, es lo deseable.

5. La reestructuración de la Mesa no atiende, de manera contundente, a dos problemas esenciales: articular la movilización social y organizar el debate sobre la estrategia de desarrollo. Aunque, para ser justos, no es indiferente ante esos dos retos. El punto es que la lógica político electoral de la Mesa ha colocado y seguirá colocando esos temas en segundo plano. Estos temas requieren otras instancias organizativas con su propia lógica. (Cabe mencionar que la iniciativa adoptada por la AN para debatir sobre la visión de país tiene un potencial interesante, aunque el esquema adoptado parece muy tradicional).

6. La respuesta ante esos dos retos debe provenir, principalmente, de otros dos conjuntos de actores sociales con la debida legitimidad. Que no pidan permiso a la Mesa para nacer y para actuar. Pero que tampoco surjan para competir con ella sino para crear, conjuntamente, el MUD, esto es, el Movimiento de Unidad Democrática.

7. La Mesa se ha reestructurado y eso es un avance. Pero el desafío de reinventar a la oposición y de lograr una adecuada “división del trabajo” entre nosotros, los demócratas, sigue pendiente. Y los tiempos para hacerlo son cada vez más cortos.

http://prodavinci.com/blogs/la-mesa-reestructurada-y-la-oposicion-por-re...

Estos últimos días han sido de gran agitación y desorden en el recién estrenado gobierno de Donald Trump. La razón principal de esta inestabilidad tiene que ver con sus relaciones abiertas y ocultas con Putin, el zar de Rusia. Durante su campaña electoral, Trump no disimuló su simpatía con Putin, quien a su vez mostró su agrado con esta actitud, sobre todo cuando Trump logró su inesperado triunfo en noviembre de 2016.

Desde principios de enero de 2017, había rumores sobre las comunicaciones y entrevistas de Michael Flynn, consejero nacional de seguridad de Trump, con funcionarios rusos antes de que Trump tomara posesión del cargo. Estos rumores se fueron acelerando y finalmente se supo que Flynn, en una conversación telefónica que sostuvo con el embajador ruso ante Estados Unidos, había tratado el tema de las sanciones impuestas por Obama a Rusia por la demostrada intervención de esa nación en las elecciones presidenciales a favor del triunfo de Trump. Esas sanciones, aprobadas por Obama en los últimos días de diciembre de 2016, consistían, entre otras cosas, en la expulsión de 35 diplomáticos rusos y el cierre de dos centros sociales que tenían los rusos para el uso de su personal.

Sorprendentemente, Putin no contestó a esas sanciones expulsando igual número de diplomáticos estadounidenses, como son los usos en el terreno diplomático, señalando más bien que no iba a tomar ninguna represalia en busca de una mayor armonía con Estados Unidos.

El problema en la actuación de Flynn reside en que, según una ley poco usada pero vigente, es ilegal que una persona que no es funcionaria del gobierno se involucre en negociaciones con personal de gobiernos extranjeros. Flynn realizó esa conversación con el embajador ruso antes de ser nombrado asesor de seguridad y antes de la toma de posesión de Trump. Pero además negó siempre que hubiera tratado ese tema con el embajador, lo que hizo que varios funcionarios del gobierno de Trump, en especial el vicepresidente Pence, repitieran ante los periodistas que Flynn no había caído en esa conducta condenable.

Pero, poco a poco, se fue sabiendo la verdad completa y comprometedora. Gracias a filtraciones de los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, como la CIA y el FBI, se supo que fueron varias las personas del entorno de Trump que sostuvieron conversaciones con funcionarios de seguridad de Rusia antes de que Trump tomara posesión. Además, Trump sabía de ese hecho dos semanas antes de esta crisis, a pesar de lo cual había negado a un periodista que conociera nada sobre ese tema.

No es difícil suponer un escenario en el que el mismo Trump, que no se para ante delicadezas legales, autorizó esas conversaciones. Muy posiblemente le mandó a decir a Putin que no tomara represalias por las sanciones de Obama, porque todo se arreglaría de la mejor forma una vez que él tomara posesión de su cargo.

Aquí hay que hacer una consideración para entender esta situación. En Venezuela, sobre todo en el actual régimen, un hecho como el sucedido con Flynn no tiene la menor importancia ni consecuencia, pero en Estados Unidos constituye una falta seria contra las leyes y costumbres. Además trae consigo gran desconfianza en el responsable que mintió descaradamente en tema tan sensible.

Como era de esperarse, Flynn renunció al cargo luego de tres semanas de haberse juramentado. Mejor dicho, lo hicieron renunciar Trump y sus asesores porque estaba comprometiendo la seriedad y responsabilidad de todo el gobierno.

Pero lo que, a mi juicio, resultó más grave y sorprendente es que Trump, mediante varios twits, defendió a Flynn y acusó a los funcionarios de seguridad de Estados Unidos de estar persiguiendo a su entorno. Es decir que lo reprochable del caso no es la actuación de Flynn sino la de los funcionarios de inteligencia del país y de los periodistas del Washington Post y el New York Times que destaparon la olla.

La posición de Trump ante este caso ha sido muy criticada por los grandes medios de comunicación por lo que implica sobre la manera de concebir el ejercicio del poder. Sobre la decisión de hacer renunciar a Flynn, The Economist dice que se parece a esas amputaciones hechas con premura en el campo de batalla que dejan un tufo de posible gangrena futura.

El 16 de febrero, Trump dio una conferencia de prensa en la que señaló que ningún presidente había hecho tanto en tan poco tiempo, condenó de nuevo a los funcionarios de inteligencia y la prensa liberal por su actuación en el caso Flynn, y acusó al Washington Post, al New York Times y a otros medios como NBC y CNN de mentirosos, muy mentirosos. Para completar la faena narcisista dijo que no había podido avanzar más en los logros de su gobierno porque Obama le había dejado un desastre dentro y fuera de Estados Unidos. La típica reacción del populista irresponsable que atribuye sus fallas al gobierno anterior. A eso estamos acostumbrados en Venezuela pero es una muy mala señal para Estados Unidos.

Timothy Snyder, un prominente historiador de Europa del siglo XX, en una entrevista fascinante en el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, alertó a los norteamericanos sobre el parecido de los primeros días de Trump con los primeros días de Hitler. Aclaró que no pretende comparar ambas situaciones porque tienen muchas diferencias, pero señaló que es necesario estar alerta ante las posibles desviaciones del gobierno de Trump de los más preciados principios de la democracia de Estados Unidos. Se refirió a la frase usada por el asesor Bannon de que ahora la oposición a Trump no viene de los demócratas sino de los periódicos liberales como el New York Times y el Washington Post, o de cadenas de TV como CNN, NBC o CBS, lo que, a juicio de Snyder, es una grave desviación del sistema de gobierno norteamericano.

El Decreto 2718 del Presidente de la República, del 7-2-2017, en el marco de “la construcción del socialismo” y “la refundación de la patria venezolana”, ha creado la “Misión Justicia Socialista”. En otras palabras -sin lugar a dudas- se ha decretado oficialmente lo que ya el TSJ ha sentenciado una y otra vez: “la justicia revolucionaria”, al margen del derecho y por ello, precisamente, al margen de la justicia.

Aunque se invocan normas de la Constitución o de las leyes, se impone el Plan de la Patria y son traidores a esta todos los que no ajusten su conducta a la “ética socialista”, como lo contempla el Código Penal de Cuba que, a la letra “considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción con las normas de la moral socialista” (Artículo 72).

Y el Artículo 103.1 del mismo código castiga a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma;…”

Por este mismo camino se pretende que transite Venezuela, en contra de su profesión de fe democrática, avalada por una Constitución que propugna como valores superiores “la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2º).

El mencionado decreto dispone, entre los objetivos primordiales de la nueva misión “direccionar (sic) una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia, para coadyuvar en la lucha contra la impunidad” y “continuar la profundización de la igualdad en el acceso a la justicia, a través de diversas acciones”, entre ellas, “la transformación de la ética profesional” “promoviendo una transformación de la concepción de la profesión del abogado a partir de una nueva ética profesional que supere la mercantilización capitalista, para construir un verdadero referente de profesional al servicio de la justicia y la paz social…”.

A tal efecto, se crea un “Consejo Nacional Estratégico” de la misión conformado por dos representantes del TSJ, uno de la Escuela Nacional de la Magistratura, uno del Poder Popular por la Educación Universitaria y uno del Ministerio para las Comunas.

Sin duda, se trata de otro parapeto burocrático con la pretendida finalidad de contribuir a la “revolución” en el sistema de justicia, el cual se encuentra colapsado por la desidia, por las políticas erradas, por la carencia de recursos materiales y humanos y por el temor sembrado “desde arriba” en quienes desempeñan la función judicial.

La justicia en Venezuela y, en particular, la justicia penal, es lenta, abandonada a su suerte, presionada cada vez más por intereses políticos en un número creciente de casos y, en otros, absolutamente incapaz para darle una respuesta adecuada al ciudadano que la demanda.

El decreto mencionado refleja el nuevo perfil del “abogado” que cursa en la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuyo Rector, con otros ministros queda encargado de la ejecución del infausto instrumento.

A sus previsiones se acopla perfectamente el diseño de la carrera del “nuevo abogado”, -que no sé por qué oscura razón sigue llamándose abogado- siendo ese el título de la Universidad Bolivariana de Venezuela, como en la nomenclatura burguesa, por lo demás alejado del hombre digno al servicio de la justicia, sin apelativos, carrera que en la modalidad diurna puede cursarse en 4 años y en cuyo pensum, entre otras curiosidades, desaparece el derecho civil, mercantil y administrativo, encontrando la mención a “los delitos y exclusión social” en el noveno semestre y apareciendo como electiva “el penitenciarismo” en el octavo semestre, cuyas prácticas -supongo- se llevarán a cabo bajo la facilitación del “pranato” que se ha impuesto en nuestras cárceles en los años de la Revolución.

Por lo demás, ha sido grande mi asombro al ver citado en la bibliografía recomendada a Luigi Ferrajoli, padre del garantismo penal, cuyas enseñanzas son absolutamente incompatibles con un sistema totalitario y que, abierto al azar, en su “Derecho y Razón”, contiene afirmaciones como esta: “El rechazo en bloque de los principios teóricos y de todas las conquistas políticas y jurídicas de la tradición liberal y la vaga utopía de un estado bueno destinado a autodisolverse hicieron posible por el contrario eludir ab origine el problema de los límites de los poderes estatales y esto permitió a los socialismos realizados las perversiones totalitarias que todos conocemos sin siquiera la carga de tener que desmentir una inexistente teoría del derecho” (p. 891).

20 de febrero de 2017

Con voz propia

Este 20 de febrero se cumplen 158 años de la proclamación en Coro de la Federación por el comandante Tirso Salaverría, quien lideraba unos 40 jóvenes. Con la Independencia de nuestra República del dominio español, se oficializó la adopción del sistema. La Constitución Federal para los Estados de Venezuela, la primera del mundo hispano, tuvo oposición ideológica, comenzando por Simón Bolívar.

Reafirmará su criterio en la segunda Carta Magna, la aprobada y promulgada en Angostura (hoy Ciudad Bolívar), en 1819.

“Más por halagüeño que parezca, y sea en efecto este magnífico sistema federativo”, lo define pero considera inadecuado su aplicación.

También adversó el plan de las provincias de Nueva Granada de constituir la gran Federación colombiana e impuso su voluntad en la que sería nuestra tercera Ley Fundamental (la llamada Constitución de Cúcuta de 1821).

En Valencia fue sancionada en 1830 la Constitución del Estado de Venezuela, nuestra cuarta ley suprema, la primera de plena y más vigencia, que adopto la definición mixta: Federación central.

A los 27 años fue derogada por la Convención Nacional (1858) que sería la Asamblea Constituyente.

“La Constitución es Santa, Celestina, Divina”, definición devenida en consigna. Fue la que provocó o justificó la Guerra Larga o de Cinco Años, como indistintamente se denominó a la Federal que comentamos, porque la citada Convención negó la inclusión del vocablo Federación, que los del partido Liberal hicieron bandera.

“Si (los partidarios del Conservador) hubieran dicho Federación, nosotros hubiéramos dicho centrismo”, pregonaría después Antonio Leocadio Guzmán (aliado asesor de Ezequiel Zamora (EZ), como su hijo Antonio Guzmán lo fue de Juan Crisóstomo Falcón (JCF).

De cínica tildan historiadores la afirmación guzmancista, porque después en el Parlamento su autor, discursearía: “No se de donde han sacado que el pueblo le tenga amor a la Federación, cuando no sabe ni lo que esta palabra significa.

En los 206 años de vigencia de las 26 Constituciones de Venezuela, solo tres de limitada aplicación omitieron el vocablo. La Carta Magna de 1874 comenzó a usar la expresión: Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Desde la espuria de 1953 se usa el término República.

La Suprema Ley de 1961 consagra en su artículo 2: “La República de Venezuela es un Estado Federal, en los términos consagrados por esta Constitución”. Con agregado de Bolivariana se conservó tal definición en la actual, que amplía el concepto. Pero con la burla oficial y complicidad de los adversarios sigue omitiéndose. Una muestra está en las elecciones de las pasadas elecciones parlamentarias.

Fue en el exterior donde en una Junta Patriótica constituida por liberales exiliados, reunida en San Tomas de las Antillas, adoptó el nombre Federación. En sus respectivos programas lo adoptan Ezequiel Zamora (EZ) y Juan Crisóstomo Falcón (JCF). Los dos era hermanos políticos (EZ estaba casado con la hermana legítima JCF). Ella, con riqueza millonaria, había enviudado del farmaceuta José Benito Diez, quien había sido Gobernador de Coro, que se convirtió en primer estado de la Federación.

Al pie de los documentos emanados de federalistas se dio al inicio con la fórmula “libertad, igualdad, fraternidad”. Al guerrillero francés Enrique Morton le atribuyen la sustitución por Dios y Federación o muerte y al poco tiempo se le quitó la última palabra. A partir de 1863 se estampó en nuestro Escudo.

Al MARGEN. Tan avisado estaba el paisano Nicolás Maduro de sanción impuesta en EEUU a Tareck Zaidan El Aissami Maddah por narco tráfíco y otorgación de pasaporte, que lo pone como prevenido a la Presidencia. Juegan a lo de Panamá con el general Manuel Noriega.

jordanalberto18@yahoo.com.

Hace algunos años aparecieron unos autobuses nuevos por las calles de Caracas con unos letreros que decían, “dañados por el fascismo” y al lado, “recuperados por la revolución”. En ese momento me pareció extraño que el gobierno anunciara que dañaba autobuses recién comprados para luego “recuperarlos” y asomé como hipótesis que podía tratarse de un ejercicio de los chavistas para cuando ya no estuviesen en el poder, es decir, un entrenamiento en la generación de caos en las calles de la ciudad quemando autobuses. En fin de cuentas, uno de los máximos dirigentes de la autoproclamada “revolución”, Elías Jaua, descolló en estos saboteos a las puertas de la UCV cada jueves durante los años ’90. El hecho de que todavía circulen autobuses con esas consignas, ahora que los fascistas se ven repudiados por una inmensa mayoría que busca desalojarlos del poder, parece confirmar esta hipótesis.

Pero ahora salió una propagada todavía más enigmática. Están apareciendo vallas publicitarias en distintos lugares de la ciudad con la consigna “Venezuela indestructible”, ¡pero con la insólita foto del Gran Destructor, el propio Atila venezolano, Nicolás Maduro, sonriendo en la parte alta del afiche! Les confieso que me tiene perplejo. No he podido descifrar a que se refiere. ¿Será que el Presidente, en momentos tan aciagos para su liderazgo, quiere alardear de que todavía tiene “con qué”, burlándose cínicamente en la foto de la consigna que sostiene que el país es “indestructible”? La verdad es que no sé qué pensar, salvo que constituye una muestra inusitada de crueldad ante tanto sufrimiento urdido por él a sus compatriotas. Pero en un gobierno en que el jefe máximo de la oligarquía militar que hoy detenta el poder, el general Padrino López, le ha dado últimamente por vociferar que la Fuerza Armada es “anti-oligárquica” (¡!), cualquier cosa es posible.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

¿En qué momento se separó la política de los ciudadanos? O tal vez la pregunta debería ser, ¿en qué momento la ciudadanía se distanció tanto de la política al punto que ésta dejo de ser, literalmente hablando, la relación entre la ciudad y el hombre, como indicaba Aristóteles? En la respuesta a esa pregunta posiblemente radique en el por qué en Venezuela no existan “ciudadanos” tal y como se les conoce en otras partes, a las personas que ejercen unos derechos concebidos en términos políticos y se subroguen a unos deberes para con la ciudad donde viven y el país en general.

La política en Venezuela es concebida como una actividad conducida por los partidos políticos que electoralmente buscan el Poder. No es percibida como una actividad del ciudadano, quien consciente de su vida en comunidad y de su responsabilidad cívica en las ciudades, debe buscar la mejora permanente de su calidad de vida y la de aquellos que conviven con él. En Venezuela existen personas que viven juntas en las ciudades pero no como ciudadanos, sino como habitantes. Esa es la razón fundamental por la cual la actividad política no se corresponde con una actividad ciudadana, de manera que esta se vuelque en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo hacer para lograr que los habitantes de las ciudades en Venezuela se conviertan en ciudadanos? O mejor dicho, ¿cómo construimos ciudadanía?

Una vez alcanzada la liberación del territorio que ahora lleva el nombre de Bolivia, El Libertador, consciente que el esfuerzo de la libertad era inútil sin educación, envió a su propio maestro, Don Simón Rodríguez, para organizarla en esa nueva República. Lamentablemente esta labor no pudo ser llevada a cabo, al pasarle a Simón Rodríguez lo mismo que siempre les pasa a todos aquellos que piensan muy adelantados a su tiempo: no fue comprendido.

El Maestro Rodríguez sostenía una tesis, a mi juicio muy avanzada tanto para su época como para la nuestra, según la cual es una contradicción desear Repúblicas sin republicanos. ¿Y cómo se resolvía eso, de acuerdo a Simón Rodríguez? De la única manera que hay: formándolos en las escuelas para que las Repúblicas que estaban naciendo y obteniendo su libertad de la espada de sus soldados, se pudieran sostener. De acuerdo al Maestro, la materia más importante de esa formación debía ser “la sociabilidad”. Esa materia en términos modernos se llamaría “ciudadanía”.

Decía el Maestro Rodríguez citado por Arturo Uslar Pietri: “el que nada sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra”. En las múltiples enseñanzas que Uslar Pietri nos legó, afirmaba que en esta tesis de Simón Rodríguez, “se trataba de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano” (ver Arturo Uslar Pietri, Serie en video “Simón Rodríguez” en Youtube, Partes 1, 2, y 3: https://youtu.be/uKEE7qCOox4, https://youtu.be/9AgJbztyRgY, https://youtu.be/2ExSCFfHMe4).

De acuerdo a esa enseñanza, una primera aproximación conceptual del ciudadano sería aquel que no puede ser engañado porque tiene una educación, ni tampoco puede ser comprado porque tiene una base productiva que lo impediría, basada en esa misma educación. Paradójicamente, si en el siglo XIX un planteamiento como ese pudo haber sido ambicioso y fracasar, deberíamos preguntarnos porque todavía fracasa en pleno siglo XXI.

Debemos entonces crear el sustrato necesario para que nazcan y se desarrollen aquellos que deben realmente hacer la política: los ciudadanos. Si esto no es así, quienes terminarán haciéndola serán los aventureros y los oportunistas, individuos sin arraigo alguno con la ciudad y el país, quienes buscaran alcanzar el Poder para su propio beneficio. No en vano los resultados catastróficos que hemos tenido de las gestiones de gobierno en todos los niveles: nacional, estadal y municipal, durante los casi 60 años desde 1958.

¿Se puede civilizar la política? Esto es, ¿se puede hacer que quienes hagan la política sean los ciudadanos? Yo creo que si es posible. A más de dos siglos de haber fracasado el Maestro Rodríguez en su intento de crear ciudadanos en Bolivia, aun pretendemos hacer Repúblicas sin republicanos. Salvo honrosas excepciones, quienes han ocupado las principales posiciones en Venezuela han desestimado esa preocupación del Libertador al enviar a su maestro a Bolivia.

Es imposible someter a un pueblo culto consciente de sus derechos. Por esa razón los países con indicadores altos en materia educativa disponen de gobiernos respetuosos de los derechos humanos con altos grados de desarrollo social y económico.

Si la base de nuestro Pacto Social fundamental, la Constitución, está estructurada de forma tal que sea el Estado quien distribuya (el Estado benefactor), quien decida cuanto y en qué forma darle a los ciudadanos su parte del reparto de la renta del país, conceptualmente estamos partiendo del modo equivocado. Eso nos condiciona en el Pacto a que hay alguien que da y otro que recibe, independientemente de las porciones que se repartan. Ese esquema condiciona y genera de por si la lucha por el poder de quienes buscan repartir en su propio beneficio.

No se plantea en la Constitución que son los ciudadanos los que deben trabajar para el sostenimiento de las Instituciones del Estado. No existe la capacidad ciudadana para manejar los impuestos y la discrecionalidad política, administrativa y financiera necesaria para resolver su diario vivir y su calidad de vida.

Al no ser eso así, queda en las manos de quien reparte proveer el bienestar ciudadano, y de allí comienza la feroz lucha de los factores políticos para alcanzar las posiciones de Poder que les permitan ejercer la administración del Estado, pervirtiendo el objeto fundamental de su propia razón de ser, que no es otro que el de proveer bienestar y calidad de vida a los ciudadanos, generando corrupción y elites corruptas.

El Municipio, unidad básica y fundamental del territorio que reúne bajo su seno a las comunidades agrupadas en ciudades, en la actualidad dependen para sus necesidades más elementales del auxilio financiero del Estado. La organización que nos hemos dado a través de ese Pacto Social, desde hace varias Constituciones aún reparte la renta del país hasta en un 20% a todos los Estados y Municipios, a través de una figura jurídica denominada Situado Constitucional (Artículo 167.4 Constitucional). De ese 20%, los Municipios han recibido históricamente a su vez un 20%, quedándole al Estado regional el 80% restante de ese 20%. Es un Pacto absurdo donde los ciudadanos reciben la menor parte y solo gana quien reparte, que se queda con el 80%.

En otras palabras, el Municipio, el lugar donde viven las personas, donde desarrollan sus actividades, su trabajo, su recreación, se educan y conviven, recibe la parte más ínfima en el reparto, quedando al arbitrio de una entidad superior, “El Estado”, la buena o mala administración de la parte más grande. Los impuestos nacionales como el IVA, no se regresan a ellos en la misma proporción, así como tampoco los impuestos de transacciones inmobiliarias, y aquellos provenientes de los registros y notaría de documentos. De esta manera, en ninguna parte de Venezuela los ciudadanos disfrutan de los impuestos que ellos mismos generan, quedando estos a la discrecionalidad de quien conduzca el Estado, y de su buena o mala administración, y no de los ciudadanos que los producen. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo.

¿Puede ser ese un esquema viable? ¿Cómo pueden las personas consustanciarse con sus problemas y sus soluciones en las ciudades cuando no está en ellas el poder resolverlos? ¿Qué interés puede tener? En pocas palabras, ¿cómo puede alguien ejercer su ciudadanía, si de entrada esta cercenada su capacidad de ejercerla? El sistema que tenemos no está diseñado para hacer ciudadanos sino habitantes, o peor aún, borregos sin criterio que deben ser conducidos al matadero de quien tiene el poder.

Tenemos entonces ciudades repletas de personas -habitantes- esperando que “alguien” resuelva que las calles están rotas, que llegue el agua, que funcione el servicio eléctrico, que haya trabajo, y pare usted de contar. Con las complejidades de hoy, los problemas se han multiplicado exponencialmente y es imposible para pocas personas, aun teniendo los recursos, poder administrarlos eficiente y oportunamente para las grandes mayorías. Y cuando los recursos son escasos esa tarea es virtualmente imposible.

Entonces debemos empezar por el principio: volver al ciudadano. Plantearnos que un sistema que se base en que alguien lejos del propio ciudadano pueda resolver los problemas y necesidades mejor que aquellos que habitan en sus propias comunidades, es un sistema que debe ser sustituido por otro que efectivamente esté consustanciado con los problemas de la gente. Pero que ese nuevo sistema le entregue no solo el poder político sino también los recursos y las responsabilidades, a fin de que las comunidades puedan hacer contraloría y seguimiento cercano.

Para cambiar esa relación tóxica que tenemos en la actualidad entre el Estado y la sociedad debemos discutir de nuevo los términos de ese Pacto constitucional. No es el Estado el que debe “darle” a los ciudadanos, son los ciudadanos los que deben ejercer sus derechos al asumir a conciencia su responsabilidad de conducir el Estado en todos sus niveles. Y en ese Pacto establecer su plena autonomía para hacerlos efectivos.

En palabras más sencillas, los ciudadanos no necesitan que la Constitución diga, por ejemplo, que los Estados y Municipios tienen el derecho de recibir un Situado Constitucional de X porcentaje de parte de un Estado benefactor, sino que diga que sus administradores tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de cobrar los impuestos en todos los órdenes que correspondan y la obligación de administrarlos y ejecutarlos a favor de los ciudadanos en las comunidades donde se producen. Y que los ciudadanos de esas comunidades tienen el derecho y el deber de realizar la contraloría ciudadana necesaria para controlar que efectivamente eso ocurra. La vieja máxima de no dar un pescado sino enseñar a pescar. Esa es la manera más antigua y elemental de crear responsabilidad ciudadana.

Y dadas esas atribuciones constitucionales, entregarles asimismo la responsabilidad de velar por la salud, seguridad, infraestructura, etc., que hasta ahora detenta el Estado centralizadamente por construcción constitucional. Romper constitucionalmente con la forma de Estado centralizada en los hechos, entregando a los Estados y Municipios la autoridad y el derecho de administrar los recursos del país que hasta este momento detenta un solo administrador: el Poder Ejecutivo a cuya cabeza está el Presidente de la República.

El lugar por excelencia para discutir ese nuevo estado de cosas y debatir un nuevo Pacto Social constitucional, político y ciudadano se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Nos encontramos convocando ahora ese nuevo Pacto para las nuevas generaciones, y eso pasa por la redefinición del papel del ciudadano en la política y a su vez por la redefinición del papel del Estado en esta nueva ecuación social. De los ciudadanos depende cambiarlo e imponerlo como una nueva forma de cultura ciudadana de concebir la política en el país, dejando a un lado de una vez y para siempre, la separación y el enfrentamiento de la política con la ciudadanía, entre otras cosas porque al finalizar este sueño, la política será la obra perfecta de los ciudadanos.

Caracas, 18 de febrero de 2017

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana

El Presidente Maduro anuncia la Misión Justicia Socialista, a través de la cual amenaza con promover el estudio, difusión y desarrollo de un nuevo derecho, que aparentemente será el producto de procesos constituyentes populares, ello en el marco de algo que el gobierno llama constitucionalismo independentista de los pueblos. Pero, además, esa Misión también se plantea entre sus objetivos la tarea de transformar la concepción de la profesión de abogado y su ejercicio, a partir de una nueva ética profesional.

La creación de la Misión que ha cobrado titulares en todos los medios digitales no resulta novedosa, así como tampoco lo son los objetivos planteados en el Decreto que crea la Misión Justicia Socialista, publicada en Gaceta Oficial No. 41.090 del 7 de febrero de 2017.

Es útil recordar que la Universidad Bolivariana de Venezuela, a través de su programa de formación en estudios jurídicos, prepara a sus egresados para que puedan actuar en el marco de un modelo de Justicia Socialista, tal y como se puede apreciar en la información oficial que la web de la Universidad brinda sobre las áreas de desempeño de sus egresados de estudios jurídicos[1].

Desde al año 2010, cuando se graduaron los primeros abogados egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el expresidente Hugo Chávez[2], quien presidió el aquél acto de graduación, anunció la creación de la Misión Justicia Socialista y advirtió en ese momento que a través de esa Misión se transformaría la realidad socio-jurídica de cada comunidad y se promovería nuevos actores para transformar el sistema judicial.

La Misión Justicia Socialista ha encontrado su centro de operaciones en la Universidad Bolivariana de Venezuela[3], según información pública, allí se ha venido impulsando ese modelo a través de distintas actividades, una de ellas fue en 2012, en ocasión del segundo aniversario de la Misión, a través de un Foro en el que participaron egresados de estudios jurídicos de la UBV y cuyo objetivo fue sistematizar las experiencias obtenidas en cada estado, casos atendidos, consejos comunales y comunas en construcción y comunidad organizada que han recibido asesoría jurídica entre otros aspectos[4].

En 2014 otro evento se desarrolló en la Universidad Bolivariana de Venezuela, el cual se denominó 1er Congreso Nacional de Misión Justicia Socialista y en el cual participó el Tribunal Supremo de Justicia, según noticias públicas. Allí se presentaron propuestas, experiencias y retos de voceros de la Misión Justicia Socialista de cada estado del país[5].

En consecuencia, el anuncio de Nicolás Maduro no es nada novedoso, pues a lo largo de estos siete años, desde el 2010, la Universidad Bolivariana ha seguido formando jóvenes y adultos en función del denominado modelo de Justicia Socialista.

Lo que cambia en estos momentos es la creación, mediante Decreto 2.718, publicado en Gaceta Oficial No. 41.090 del 7 de febrero de 2017, de esa Misión con naturaleza fundacional, patrimonio propio, personalidad jurídica y adscrita al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que no es extraño por su relación estrecha con el programa de formación de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana.

Según el Decreto del 7 de febrero de 2017, esa Misión tendrá como objetivo el promover procesos de investigación-acción dirigidos a conformar un nuevo tejido institucional comunitario a fin de consolidar un nuevo sistema de administración de justicia. Ese nuevo modelo propuesto desde el ámbito comunitario, aspira lograrse según el Decreto, a través de las siguientes acciones:

1.- Apoyo jurídico al Poder Popular y grupos vulnerables, a través de una red primaria de atención jurídica gratuita en las comunidades y a los consejos populares creados en el marco del poder popular.

Es oportuno señalar que en el año 2014 ya se anunciaba la conformación de esas redes primarias, que serían impulsadas por los docentes, estudiantes y egresados de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana[6].

2.- Fortalecimiento de la democracia participativa desde el campo político-económico y socio-jurídico, a través de dos figuras:

La primera es la Justicia de Paz Comunal creada en la Ley del Poder Popular del 2010 y en la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, publicada el 2 de mayo de 2012.

Ha pasado 5 años desde que la Justicia de Paz fue arrebatada al Poder Público Municipal y ahora que está en manos del Poder Judicial la llamada Justicia de Paz Comunal, las comunidades se han quedado sin legítimos conciliadores y/o mediadores que logren garantizar la mejor convivencia armónica en esas comunidades.

La segunda es la figura de la contraloría social sobre el sistema de justicia venezolano.

3.- La defensa popular de la soberanía e integración de los pueblos, a través del estudio, difusión y desarrollo de un nuevo derecho, producto de lo que ha llamado el Decreto “procesos constituyentes populares que han fortalecido el constitucionalismo independentista de los pueblos.”

4.- La formación e investigación socio-jurídica.

5.- La transformación de la ética profesional, buscando transformar la concepción de la profesión de abogado y su ejercicio, a partir de una nueva ética profesional que supere la mercantilización capitalista.

Esas acciones las aspira desarrollar la Misión Justicia Socialista a través de una estructura claramente centralizada, presidida por un Consejo Nacional Estratégico, impulsada por unos coordinadores estratégicos regionales y finalmente, persigue conformar una base operativa que denomina: núcleos de investigación y acción, que según nota de prensa del año 2014, son las mismas redes primarias de atención jurídica.

Según nota de prensa, el vicepresidente Tareck El Aisammi será el coordinador de la Misión Justicia Socialista, lo que quiere decir que será quien presida ese Consejo Nacional Estratégico mencionado previamente[7], con lo cual el gobierno empieza a tener mayor control político en cuanto al desarrollo de esa figura.

Es claro para todos, que la Misión Justicia Socialista busca darle contenido y tema para que el denominado poder popular se active y organice, en momentos previos a un proceso electoral, así como ocurrió con el Plan Comuna o Nada.

Por cierto, es importante no olvidar, que en el Plan de la Patria 2013-2019 no se hace mención, en ninguna de sus líneas, a la Justicia Socialista; más si plantea la necesidad de una revolución en el sistema de administración de justicia y expresamente hace referencia a la Justicia de Paz Comunal.

[1]Universidad Bolivariana de Venezuela. Áreas de Acción Programa de Formación de Estudios Jurídicos. Recuperado el 14 de febrero de 2017. Online en: http://www.ubv.edu.ve/content/estudios-jur%C3%ADdicos

[2]Romero, Carlos. Justicia Socialista, Justicia Comunal vs Justicia de Paz. 13 de octubre 2010. En: Estado Ley Democracia.blogspot.com. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2010/10/justicia-socialista-ju...

[3] Romero, Carlos. Misión Justicia Socialista. 13 de octubre de 2010. En: Estado-Ley-Democracia.blogspot.com. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2010/10/la-mision-justicia-soc...

[4]Noticias24.com UBV promueve la justicia popular communal y socialista en la construcción de las leyes. 16 de enero 2012, Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/75705/ubv-promueve-la-justic...

[5] TSJ. TSJ participa en el 1er Congreso Nacional de la Misión Justicia Socialista. 17 de enero 2014. Online en: http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-participa-en-el-1er-congreso-nacional-de-la-...

[6] Misión Justicia Socialista Táchira. De la mano de Misión Justicia Socialista comunidades contarán con red de atención socio-jurídica. 28 de octubre 2014. Recuperado el 13 de febrero de 2017. Online en:https://mjstachira.blogspot.com/2014/10/de-la-mano-de-mision-justicia_28...

[7]El Universal. El Aissami cordinará órgano superior de Gran Misión JUSTICIA Socialista. 15 de febrero 2017. Online en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aissami-coordinara-organo-s...

17 de febrero de 2017

https://politikaucab.net/2017/02/17/la-justicia-socialista-nuevamente-ap...