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Opinión

En el vocabulario de la “revolución” se ha entronizado una desconocida palabra, ahora convertida en fetiche, anatema o sacrilegio, razón de ser de la acción de del Gobierno contra la Asamblea: ¡Desacato!

Al reiterado argumento del “golpismo”, “traición a la patria”, “conspiración”, ahora se esgrime el “desacato” como último alegato que pretende cubrir cualquier arbitrariedad.

La religión “bolivarista” ha encontrado la piedra angular o el pecado original que explica la persecución, los juicios y la condena de la representación “popular”.

El problema está en que nadie se ha preguntado ni ha respondido qué se entiende por desacato, pero esto pareciera no importar ya que es el dogma supremo y misterioso que liquida el adversario.

Sin embargo, para sorpresa tal vez de muchos, hay que decir que la palabra carece del sentido que se pretende. Cabe aquí la profunda reflexión y el agudo cuestionamiento: ¿con qué se come eso?

Desacata quien no cumple una orden o un mandato o quien no sigue los dictados de las normas, pero no significa ello que todo incumplimiento pueda ser sancionado y, mucho menos, que esa sanción se concrete en la amenaza de pena del pretendido “desacato”.

Para no continuar con inútiles digresiones, se impone observar que la simple expresión de haber incurrido en desacato, salvo en circunstancias específicas, no es delito, ni ilícito administrativo y, ni siquiera, pecado.

Solo es delito y ello no parece susceptible de interpretación por parte de la Sala Constitucional -a pesar de todos los esfuerzos por torcer el derecho- aquella conducta que aparece prevista en la ley, salvo que impongamos en su lugar la máxima del nacionalsocialismo de que es delito cualquier hecho que merezca sanción por ser contrario al sano sentimiento del pueblo, interpretado por el poder.

Si lo afirmado es cierto y sobre ello no hay controversia, solo cabe considerar punible “el incumplimiento de un mandamiento de amparo”, en sentido estricto, según lo establece el artículo 31 de la Ley de Amparo, delito que la Sala Constitucional convirtió, sin más, en “ilícito judicial constitucional” para “mandar presos” y destituir a los alcaldes Scarano y Ceballos.

Aparte de este desacato que no se da ante una medida cautelar como la acordada en el caso de los diputados “desproclamados” de Amazonas –indiscutible exabrupto jurídico-, solo existe el desacato administrativo de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 122), sancionado con multa y, sin que se denomine desacato, una “falta”, no delito, de desobediencia genérica a la autoridad “competente” (Art. 483 del Código Penal), con una sanción de arresto de 5 a 30 días.

Por lo tanto, carece de todo sentido hablar de desacato de la Asamblea a la Sala Constitucional y pretender fundamentar su desconocimiento en tal exabrupto jurídico. Pero además, si se hubiese dado este resultaría excluido cuando se trate de un mandato de imposible ejecución o nulo por usurpación de autoridad (Art. 138 de la Constitución).

En definitiva, no existe desacato alguno de la Asamblea. Se trata de una invención desafortunada, de grosero error jurídico, herejía inventada para justificar un verdadero atropello a la Constitución.

Cabe aquí recordar, una vez más, que en el año 2007, la Asamblea, ante una decisión de la Sala Constitucional que modificó un artículo aprobado por el Poder Legislativo, declaró nula y sin efecto jurídico la sentencia dictada y se calificó como delictiva la conducta del tribunal por considerar que la sentencia jamás debió existir y que merecían cárcel los magistrados porque "allí había un delito”.

Finalmente, como contrapartida al desacato, llegamos al absurdo del acatamiento a decisiones judiciales carentes de todo sentido, como es el caso del CNE, abiertamente constitutivas de violaciones a los derechos políticos consagrados en la Constitución, expresiones evidentes de atropello a la ley usurpación de autoridad y abuso de funciones que hacen nulas y sin efecto alguno esos dictámenes, por los demás “cautelares” o “provisionales”, esto es, orientados a “garantizar un proceso justo” que brilla por su ausencia.

Sin duda, de la época de la vigencia del Estado de Derecho, no hemos retrocedido al “ojo por ojo y diente por diente”, sino al estadio más primitivo de la venganza privada, sin derecho y sin justicia. Sin respeto a los derechos humanos y sin garantía de separación de poderes, no hay Constitución.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional. 24 de octubre 2016

 3 min


A algunos nos ha costado relacionarnos con ella. Es incómoda. Sobre todo porque su referente suele ser más básico y simple que nuestra realidad. En este continente, todavía, el término dictadura o dictador aluden a la estampa militar instalada con feroz contundencia en el siglo XX. Señala regímenes férreos, con enorme control de las libertades individuales, donde el toque de queda es una forma de cotidianidad. Donde no se puede escribir esto que escribo y publicarlo este domingo. Donde no está permitido entrar y salir tranquilamente del país. Donde es imposible ejercer un mínimo de independencia personal en el escenario político… La palabra dictadura parece tener un significado antiguo. Remite más fácilmente al pasado que al presente. Los sistemas autoritarios se han modernizado, han logrado flexibilizar algunos ámbitos de la vida social, sin perder su poder de control y dominación. Pero el lenguaje que los designa no se ha modernizado. No existe una palabra que describa con un solo trazo a las nuevas tiranías.

La palabra dictadura, también, ha sido utilizada a veces con premura y facilidad vehemente por algunos radicalismos. Sin embargo, pronunciarla debería conllevar cambios importantes. El lenguaje define, compromete. Pronunciar la dictadura, frecuentar seriamente sus sonidos, hacerla común en el habla diaria, supone un intento por dinamitar el verbo oficial, el idioma espejismo del poder, la retórica que invoca al pueblo mientras saquea al pueblo, que canta a la paz mientras ejerce la violencia, que promueve la Constitución mientras viola la Constitución. Dice Tzvetan Todorov que, en las experiencias totalitarias, el poder ejerce el lenguaje de manera particular:

“las palabras no están ahí para designar las cosas sino para esconderlas. Diciendo lo contrario de lo que se hace se gana en dos frentes: actuar con total libertad y a la vez protegerse de los efectos negativos de los propios actos”

Desde el comienzo de su gobierno, Nicolás Maduro ha pregonado que no le importa que lo llamen dictador. En el fondo, solo preparaba este momento. Ahora se presenta como una consecuencia natural de la acción de los otros. Se ha vuelto un tirano por culpa nuestra. Ahora no le queda más remedio que dar un golpe de Estado. Nos jode para salvarnos.

El 7 de diciembre del año pasado, el Presidente declaró “Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia”. A partir de ese momento, comenzó —desde el Estado y desde las instituciones— una campaña sostenida para despojar de poder y de sentido a la nueva Asamblea Nacional. Ningún Ministro del gobierno ha comparecido ante ella. El TSJ ha anulado todas sus decisiones importantes. Maduro mismo la descalificó, la saqueó, le suspendió la paga a los representantes y —diez meses después de las elecciones— acaba de burlar Constitución y la democracia, presentando el presupuesto del 2017 ante un pueblo que no tiene, ante un pueblo que él mismo se ha inventado.

La democracia sin separación de poderes, sin elecciones y sin votos, no existe, Nicolás. Eso tiene otro nombre.

El oficialismo es tan obvio que no necesita que nadie los delate. Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del partido de gobierno, denuncia que “la Asamblea Nacional se ha convertido en un poder conflictivo”. ¿Y qué más esperaba? ¡Por supuesto! Para eso la elegimos. Para eso, justamente, la mayoría de los venezolanos votamos por esos diputados. Para que fueran un poder conflictivo. Para darle problemas a la casta que dirige este país. Si los venezolanos hubiéramos querido un poder anodino y complaciente, el PSUV seguiría siendo mayoría en la Asamblea. Votamos para crearle conflicto a una élite que detiene estudiantes y periodistas, acusándolos de supuesta legitimación de capitales, pero que impide que se investigue el maletín con 800 mil dólares que Antonini Wilson intentó cruzar por el aeropuerto de Buenos Aires. Votamos para crearle conflicto a una oligarquía que vive de espaldas al pueblo, declarando que la crisis hospitalaria no existe, que la escasez es una ficción, que aquí nadie pasa hambre. Votamos para crearle conflicto a unos pillos que llevan años manejando el dinero público, pagándose y dándose el vuelto, negándose a ofrecer explicaciones. Votamos para ver si, por fin, podemos obligarlos a decirnos dónde carajo están los miles de millones de dólares que —durante todos estos años— se han desaparecido.

Eso es lo que hace cualquier oposición. Para eso existe. Para crear conflictos. Para ser un poder ante el poder. Eso, camarada Héctor, se llama democracia.

Este proceso de definición de los últimos años tiene una sintomatología implacable: a medida que desciende la popularidad aumenta la represión. El oficialismo ya es un cuerpo predecible: cada voto menos produce una violencia más. Su naturaleza ha terminado irremediablemente asociada a la represión. El saboteo oficial a la Asamblea Nacional, el comportamiento sesgado del Consejo Electoral, la actuación parcializada del TSJ, el desconocimiento sistemático de la voluntad popular… solo se puede proceder de esta manera con el consentimiento y la complicidad de los militares. El sentido la democracia ha sido sustituido por el sentido de la autoridad militar. El orden no reside en el respeto a la diversidad sino en el respeto a la fuerza. Tenemos un gobierno que le encarga a los militares la gestión pública, que usa a los militares para la seguridad ciudadana con los muy cuestionables OLP, que permite a los militares reprimir manifestaciones con armas de guerra…Tenemos a un gobierno que es gobierno por su capacidad de violencia.

Basta ver y escuchar al Ministro Reverol Torres para entender la fragilidad de la democracia en Venezuela. Las acciones y las justificaciones en contra de los productores del video de Primero Justicia, o las denuncias en contra del Alcalde Ocariz, por solo poner dos ejemplos cercanos, podrían representar una secuencia perfecta de lo que fueron los gobiernos militares en latinoamérica. Si Víctor Jara viviera hoy en Venezuela, de seguro ya estaría preso. Cualquier ciudadano puede ser detenido en cualquier momento, puede ser llevado y secuestrado por los cuerpos de seguridad, puede ser encarcelado sin respetar ningún procedimiento legal… Cuando la voz del uniforme sustituye a la ley, vuelve a aparecer titilando ese término incómodo y difícil: dictadura.

Esta semana, en uno de sus editoriales, César Miguel Rondón imaginaba la palabra democracia “agujereada e inútil”. Ciertamente, los síntomas son cada vez más claros y aterradores. Y este tránsito en el lenguaje es cada vez más estrecho y frágil. Nombrar siempre es un riesgo. Nombrar también es un acto de dolorosa consciencia. Aquí está la palabra dictadura.

16 de octubre, 2016

http://prodavinci.com/blogs/la-palabra-dictadura-por-alberto-barrera-tys...

 5 min


LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos

ACUERDO PARA LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que el día 20 de Octubre del presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, decidieron sin fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho a revocar al pueblo venezolano, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación;

CONSIDERANDO

Que Venezuela ha asumido válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la democracia y de los Derechos Humanos;

CONSIDERANDO

Que está pendiente la designación de tres rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; y que el desempeño que, la mayoría de ellos, han tenido desde esa fecha conspira contra la democracia y revela una evidente parcialidad política, y que está en curso la designación de dos rectores principales con sus suplentes, cuyos períodos vencen en diciembre de este año;

CONSIDERANDO

Que en diciembre de 2015, de manera irregular y fraudulenta se designaron Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana; los cuales junto a los demás magistrado, en su desempeño han terminado de desmantelar el estado de derecho, subordinándose a las órdenes del poder ejecutivo,

CONSIDERANDO

Que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del Presidente de la República, la cual debe concluir a la brevedad; que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada, y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado las funciones constitucionales de la Presidencia de la República,

CONSIDERANDO

Que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar y defender la Constitución, en lugar de subordinarse a una parcialidad política y que la obediencia debida no los exime de responsabilidad por la violación de Derechos Humanos,

CONSIDERANDO

Que en virtud del artículo 333, todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva vigencia de la constitución.

ACUERDA

PRIMERO: Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela.

SEGUNDO: Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia.

TERCERO: Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de Referendo Revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.

CUARTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

QUINTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

SEXTO: Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia.

PTIMO: Conformar una comisión especial de alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional.

OCTAVO: Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

NOVENO: Convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el art 333 de nuestra Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del Orden Constitucional.

DÉCIMO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

HENRY RAMOS ALLUP

Presidente

ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ

Primer Vicepresidente

JOSÉ SIMÓN CALZADILLA

Segundo Vicepresidente

ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS

Secretario

JOSÉ LUIS CARTAYA

Subsecretario

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Lester L. López O.

Apreciación de la situación nacional # 84

La burda maniobra inconstitucional puesta en práctica por el régimen el pasado jueves 20/10, no es más que la manifestación final de que el mismo está “echando el resto” para mantenerse en el poder a trocha y mocha, o, en otras palabras, hasta que las circunstancias, la FAN y la sociedad civil o el pueblo se lo permita. La variante, en esta ocasión, es que la iniciativa provino de algunos gobernadores apoyados en jueces provisionales de tribunales penales regionales, lo que también pudiera interpretarse como la acción de la facción más radical del chavismo, la mayoría de ellos mencionados por las autoridades norteamericanas como violadores de los DDHH, lavado de dinero y narcotráfico.

Sin embargo, especulando un poco, el fin último de la acción de facto es quitarle al jefe del régimen la espada de Damocles que para él significaba el RR y la masiva participación de la sociedad venezolana los días 26, 27 y 28 solicitando el referendo, en una mesa de negociaciones que debe iniciarse formalmente los próximos días con la presencia del enviado papal. De esta manera, el referendo ya no pesaría como condición sine qua non para iniciar el diálogo, sino como otro punto de la agenda a discutir.

En esta situación de negociación y de controversia jurídica, en el caso de que la oposición iniciara una acción de amparo o algo similar, el RR perdería la eficacia política buscada por la mayoría de los venezolanos al quedar diferida para el próximo año pero que pudiera, en el mejor de los casos, forzar la renuncia del presidente lo que igualmente dejaría, según el artículo 233 Constitucional, al vicepresidente designado para que cumpliera el periodo presidencial hasta enero del 2019. Todo esto dentro de un clima de limbo institucional y legal que se originará en las próximas horas por las acciones que ya ha anunciado la Asamblea Nacional.

Los acuerdos aprobados por la AN el domingo 23/10 conducentes a recuperar el hilo constitucional y forzar la renuncia del jefe del régimen, deben ser los fundamentos constitucionales para obligarlo a sentarse en una mesa de negociación, también apoyados con mucha presencia e intervención diplomática internacional, así como manifestaciones masivas de la sociedad muy bien planificadas y mejor ejecutadas para que tengan eficiencia política, por lo que la MUD nacional y las organizaciones civiles concurrentes en los últimos tiempos, deben hacer su mejor esfuerzo en concentrarse en estos objetivos y no en situaciones de comadreo interno de las organizaciones políticas que la integran.

Finalmente, y como advertencia a la sociedad en general, especialmente a la activada en el proceso de cambio, debe tenerse en cuenta que el estado de derecho no existe en tiempos de dictaduras como los que vienen, por lo que se deben extremar la protección de los participantes en manifestaciones públicas, cualquiera sea la naturaleza de la misma.

23 de octubre de 2016

 2 min


Las dictaduras no consultan al pueblo. Son gobiernos autocráticos no sujetos a la ley que dependen fuertemente de apoyo militar. Si convocan elecciones es porque tienen preparado el fraude o confían en que sus acciones intimidatorias les asegure el triunfo. Caso del plebiscito de Pérez Jiménez en 1957 y el de Pinochet –quien erró su cálculo- en 1988.

Toda dictadura tiene un discurso legitimador. Las dictaduras militares se proponen “salvar a la patria” o “rescatarla” del derrumbe moral (o de la corrupción) a que la ha conducido el libertinaje político. La represión es contra los enemigos que la ponen en peligro. Una vez restituido el orden y eliminada la amenaza (matando, exilando o apresando a los “revoltosos”), se convocarán nuevas elecciones, prometen. Y es que las dictaduras militares, por lo menos desde la mitad del siglo XX para acá, tienen un complejo de culpa con la democracia. Por contraste les hace ver como lo que son, por lo que de vez en cuando -siempre que crean tener todo controlado para no perder- aceptan ir a elecciones para “legitimarse”. Igual que Pinochet, Daniel Ortega sale derrotado en el sufragio de 1990.

La gran ventaja del fascismo es que no tiene ese complejo de culpa. No necesita simular su apego a la democracia porque no cree en ella. La denuncia como farsa liberal burguesa para engañar al pueblo. El discurso legitimador del fascismo ofrece un proyecto político radicalmente distinto, fundamentado en mitos históricos y contraposiciones maniqueas en las que un líder esclarecido conduce al pueblo a la victoria para instaurar un mundo de justicia para los suyos. Como lo expresara el historiador galo, Francois Furet con relación a Hitler, éste “supo, por instinto, el más grande secreto de la política: que la peor de las tiranías necesita el consentimiento de los tiranizados y, de ser posible, su entusiasmo”. En este afán, más que reprimir a las fuerzas democráticas –que sí lo hace y con extrema virulencia-, se ejerce la violencia para encausar las transformaciones que hagan real esa utopía, aplastando a los opositores. La propaganda, como lo demostró su responsable nacional-socialista, Joseph Goebbels, es un poderosísimo instrumento para posibilitar esta violencia, pues, con el auxilio de la manipulación y la mentira, construye una falsa realidad que allana toda resistencia y relativiza el mal desatado sobre los opositores, porque son enemigos del Pueblo (o de la Nación). Asimismo, galvaniza las pasiones de los suyos en torno al combate contra éstos, legitimando su excreción del cuerpo social.

Chávez tuvo un manejo intuitivo de estas artes propagandísticas. Su discurso proyectó una cruzada redentora de quienes se sentían abandonados por la democracia “puntofijista” como pretexto para desmantelar el Estado de Derecho que se interponía a sus ansias de poder. Contó con el derrumbe de los partidos tradicionales y con sus dotes carismáticas, amén de beneficiarse de una escalada en los precios mundiales del crudo que le permitió, a realazos, ilusionar a los pobres con el reparto de la renta. Mientras alcanzaran algunas migajas para las grandes mayorías, no habría mayor resistencia al sistema de expoliación que instauró, con sus regulaciones, decisiones discrecionales y controles.

Maduro, que ni tiene el carisma ni ha contado con la bonanza petrolera de su mentor creyó, a falta de neuronas, que bastaba seguir con esta orientación para atornillarse en el poder y resguardar los poderosos intereses articulados en torno a los mecanismos de intervención del Estado, y del manejo a discreción de la empresa petrolera y del gasto público legados por Chávez. Su gran problema es que el consentimiento y, menos aún, el entusiasmo de que nos hablaba Furet en referencia al fascismo clásico, dejó de funcionar. Hoy sólo los fanáticos se excitan con los llamados al combate urdidos en torno a los embustes y tergiversaciones del discurso oficial. Pero, como quien no se ha dado cuenta de ello, el decadente fascismo Madurista intenta cobijar sus desmanes en argumentos leguleyos para aparentar su apego constitucional. Ya no le basta las triquiñuelas burocráticas de la banda de las cuatro en el CNE para retrasar (y desmontar) la amenaza que representa el RR16, en el que saben que será vapuleado. Ahora, con una diligencia digna del aplauso de Goebbels, monta una celada burda en la cual las invenciones de fraude lanzadas al aire irresponsablemente por el enfermo Rodríguez -sin elemento alguno que las sustente- dan pie a que unos jueces penales (¡!) declaren fraudulenta la activación del proceso revocatorio (firmas superiores al 1% del patrón electoral) como señal para que la aludida banda paralice la recolección del 20% de firmas la próxima semana.

Recurren a este tinglado tan precario y mentiroso ante el terror que les causa la demostración abrumadora de fuerza que sabe acudirían en su contra los días 26, 27 y 28. Pero, ¿Por qué tanta charada cuando está más que claro su disposición a pisotear la Constitución? ¡Ya lo demostraron con la insólita sentencia del tsj arrogándose la potestad de aprobar el presupuesto a espaldas de la Asamblea Nacional! No queda duda alguna de la conducta anticonstitucional del régimen, cuyas acciones por obstaculizar la soberanía popular lo sitúan completamente al margen de la ley. La ventaja ideológica del discurso fascista se les esfumó porque la inmensa mayoría de los venezolanos no creen ya en él pero, así como la naturaleza del alacrán lo llevó a suicidarse picando a la rana que había ofrecido cruzarlo al otro lado del río, el Madurismo insiste con sus montajes burdos, aunque solo logra galvanizar a la reducida fanaticada que le queda. Porque para el fascismo la política es una guerra en la que toda concesión es una derrota. Pero si patearon el tablero por el pavor ante la demostración de fuerzas opositoras que les esperaba la próxima semana, ¡hagamos precisamente eso! Vayamos a una masiva recolección de firmas, nuestra, en centros bien visibles que no deje duda alguna de la inquebrantable voluntad mayoritaria por sacar a estos forajidos del poder.

La MUD y la mayoría democrática de la Asamblea Nacional han hecho bien en plantarse en defensa de la Constitución. No debemos pisar el peine de discutir la legalidad o pertinencia de esta decisión del CNE, que viola flagrantemente la soberanía popular consagrada en los artículos 5 de la Carta Magna, porque ello implicaría reconocer su legitimidad. Y la defensa del orden constitucional, en estos momentos, está íntimamente vinculado a la imperiosa necesidad de abrir posibilidades de cambiar al presente gobierno como única manera de superar la trágica sumisión de la población en niveles crecientes de pobreza y miseria. Es el hambre, y las muertes y enfermedades por no conseguir los medicamentos requeridos, los que obligan a la defensa activa, militante de la Constitución y de su artículo 72. Es la restitución de libertades amparadas ahí para poder discutir, sin miedo, las soluciones que deben articularse con la ayuda de todos. Es la vuelta al imperio de la ley, en el cual son castigados quienes atenten contra el patrimonio público, que es de todos los venezolanos. Es la reconquista del equilibrio de poderes que permita a la voluntad popular ejercer su soberanía a través de sus órganos de representación para vigilar que los dineros públicos y la administración del Estado en general, respondan fehacientemente a los intereses de la sociedad.

En todo esto, queda como gran interrogante la actitud de la Fuerza Armada. ¿Escogerán deslizarse por la pendiente de convalidar los atropellos a la República para resguardar los intereses de una reducida pero poderosa oligarquía que la viene esquilmado o, por el contrario, asumirán lo dispuesto en los artículos 328 y 333 de nuestra Ley Fundamental? Como Talleyrand advirtió a Napoleón, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse en ellas. Pero Maduro insiste en que sí e intenta corromper militares por diversos medios para hacerlos cómplices de sus desmanes. Pero en este afán pisotea a la Constitución y se desnuda –Almagro dixit- como uno más de una larga y oprobiosa historia de dictadorzuelos en América Latina. ¿Por qué simular tanto?

Artículo 328.

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna….

Artículo 333.

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

 6 min


Organizaciones de derechos humanos venezolanas rechazan la suspensión del proceso de referéndum revocatorio y la postergación inconstitucional de las elecciones regionales. Estas medidas constituyen una violación a los derechos políticos de los venezolanos y una evidente ausencia de independencia del Poder Judicial y del Poder Electoral, que cierra las vías hacia una solución pacífica de la crisis política y social que enfrenta Venezuela.

El 20 de octubre de 2016, tribunales penales de los estados Carabobo, Apure, Aragua y Bolívar admitieron casi en simultáneo, querellas penales contra la recolección del 1% de firmas para el referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de ya haber aprobado esta parte del proceso en el mes de abril, anunció de inmediato que “acataba” las decisiones de los tribunales y suspendió el proceso.

Estos acontecimientos fueron consecutivos a declaraciones públicas del primer vicepresidente del PSUV y diputado Diosdado Cabello, quien anunció que estaban a la espera de la “cayapa judicial”. Cabello ordenó a todos los Equipos Regionales del partido y a los jefes estadales de los aliados que fueran a los tribunales y exigieran justicia por la supuesta recolección de firmas de personas fallecidas, menores de edad y privados de libertad.

El 18 de octubre el CNE anunció igualmente la suspensión, sin motivos, de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos, que debían hacerse en el 2016, las cuales fueron aplazadas para finales del primer semestre de 2017.

Estos hechos ocurren en el marco de una profunda crisis económica y social que afecta al país, que incluye alta escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, dificultad económica para el acceso a bienes y servicios básicos y altos índices de criminalidad.

El retardo y suspensión de la consulta popular atenta gravemente contra el derecho a la participación de los venezolanos. La ausencia de procesos electorales afecta también de forma indirecta derechos económicos y sociales de los ciudadanos, al impedir una solución pacífica a los problemas comunes. Este escenario de falta de institucionalidad e independencia de poderes públicos, ausencia de consulta popular y graves violaciones de derechos humanos socava la democracia en Venezuela.

Por estas razones, exigimos:

Que el Consejo Nacional Electoral reanude de forma inmediata el proceso de recolección de firmas y haga posible llevar a cabo sin dilaciones indebidas el referéndum revocatorio así como las elecciones regionales en el tiempo constitucionalmente previsto.

Que el Poder Judicial se abstenga de obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de los venezolanos y se ajuste a parámetros de autonomía, independencia e imparcialidad en el estricto marco de su competencia

Que el Poder Ejecutivo facilite el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de todas las personas, no establezca obstáculos para los mismos y posibilite una solución pacífica de la crisis política, institucional, económica y social de Venezuela.

El gobierno nacional debe garantizar plenamente los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y a la reunión o asamblea de todas las personas que quieran manifestar su inconformidad con estas decisiones.

A las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región a instar a sus gobiernos a que desarrollen acciones que contribuyan a una solución constitucional y pacífica a la grave crisis venezolana.

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2016.

Organizaciones que suscriben:

Acción Ciudadana Contra el SIDA

Acción Solidaria

Aragua en Red

Aragua sin Miedo

Asociación Civil fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)

Centro de Acción y defensa por los DDHH ( CADEF)

Centro de Derechos Humanos de la UNIMET

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

Civilis Derechos Humanos

Codhez (Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia)

Comisión Episcopal Justicia y Paz

Convite AC

Espacio Público

EXCUBITUSdhe

Gente del Deporte

Movimiento Vino Tinto A.C.

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Observatorio Venezolano de Prisiones

Oficina de DDHH de Amazonas

Provea (Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos)

Sinergia

StopVIH

Transparencia Venezuela

Un Mundo Sin Mordaza

Una Ventana a la Libertad⁠⁠⁠

 3 min


Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -FEDECÁMARAS-, exhorta a los poderes públicos de la nación a mantenerse apegados a la Constitución de la República de Venezuela y a garantizar las salidas constitucionales que demanda el país.

Desde el gremio empresarial ratificamos que la solución a la crisis institucional, social y económica de Venezuela, pasa por resolver la crisis política de nuestro país, de lo contrario seguirá siendo afectada la calidad de vida de todos los venezolanos. Reiteramos que la realización del referéndum revocatorio presidencial en los plazos establecidos por la Constitución venezolana, es la vía que permitirá aliviar las tensiones que vivimos.

Manipular o bloquear los mecanismos democráticos para la expresión popular, son contraproducentes para cualquier país. Si transitamos por esta ruta, no podremos evitar que se profundicen los procesos de anarquía ya presentes en la sociedad venezolana.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes y a la FANB, con el único fin de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar libremente, en este proceso electoral de recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio, en un ambiente de paz y de respeto, los días 26, 27 y 28 de octubre, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral.

El periodo establecido por el poder electoral corresponde a días y horas laborables, por ello, exhortamos al empresariado en general a organizarse junto a sus trabajadores, y así poder garantizar la participación ciudadana sin que esto afecte la productividad de las empresas.

El país necesita una estabilidad política para poder ejecutar un modelo económico que garantice retomar la senda de progreso, bienestar y desarrollo sostenible, que tanto requiere la población. Venezuela necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en los poderes públicos. Lo que nos estamos jugando es su democracia y el estado de Derecho. Evitemos aumentar la inestabilidad política y con ella la crisis económica y social. Debemos comenzar a darle respuestas a un pueblo que demanda soluciones inmediatas.

Los poderes públicos, en todos sus niveles, y la FANB, deben ser garantes de las salidas políticas y constitucionales de las necesidades del país. Sus actuaciones deben procurar evitar las confrontaciones y siempre mantenerse apegadas al estado de derecho y a la Constitución. Deben estar al servicio del país y nunca a una parcialidad política. Las instituciones deben reconocer la pluralidad de la sociedad venezolana y el respeto de las mayorías como el máximo principio democrático, alejarse del camino constitucional nos llevará a transitar por la vía de un sistema de dominación de grupos minoritarios que intentan someter a las mayorías.

Mantenemos nuestro llamado al diálogo como única vía para superar los problemas del país. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar por Venezuela, dentro de un clima de confianza que permita ejercer de manera plena los derechos políticos, económicos y sociales establecidos en nuestra Carta Magna.

FEDECAMARAS es una Asociación Civil sin fines de lucro formada por entidades económicas gremiales privadas integradas por empresarios, personas naturales o jurídicas que conjunta o separadamente, ejerzan la representación de actividades e intereses económicos.

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