La Alianza Nacional Constituyente, ANC, se dirige a los venezolanos y a la comunidad internacional en estos momentos de profunda crisis nacional, situación que vulnera y afecta gravemente la soberanía nacional, sus instituciones, la paz social, la gobernabilidad, la convivencia democrática y su vigencia como nación.

Nos dirigimos a todos los que anhelan vivir en un país distinto, independiente, libre, solidario, justo, participativo, desarrollado y democrático. Nos dirigimos a todos los venezolanos, pero en especial a aquellos que:

• Desean que sus estados y municipios sean verdaderamente entidades federales fuertes y descentralizadas, que constitucionalmente gocen de la autonomía y recursos suficientes, que les permitan planificar su propio desarrollo y les sean transferidas competencias, servicios y bienes que les son propias;

• A los que aspiran que la Democracia y la Libertad sean valores consagrados constitucionalmente, y no puedan ser violados por nadie y se restablezca la autonomía de los poderes, la Cámara del Senado, establecer la Doble Vuelta electoral para los principales cargos de elección popular, participación paritaria en ámbitos legislativos del sector político y sociedad civil;

• A los que quieren gozar de una Justicia y seguridad jurídica descentralizada, de personas y bienes, que respete nuestros derechos humanos, con Cortes Supremas regionales que den celeridad procesal y humanice los penales;

• A quienes aspiran la reinstitucionalización y reingeniería de las Fuerzas Armadas y que estas retomen la razón de su existencia;

• A los que aspiran una educación para el desarrollo y que todos sus niveles sean descentralizados y estén al servicio prioritariamente del desarrollo regional y nacional;

• A todos los que creen que los valores de la ética y la confianza deben ser soporte principal en los ciudadanos y en especial en la actuación de los funcionarios públicos;

• A las familias que aspiran mediante una descentralización del sector vivienda, tener mejor y fácil acceso a ella y vivir confortablemente en viviendas dignas, adecuadas y disfrutar de una mejor calidad de vida;

• A quienes creen que mediante la descentralización del servicio de salud, aportes del sector minero e hidrocarburos, dispongamos de la infraestructura, planes y programas que garanticen asistencia oportuna a todos los venezolanos;

• A los que creen que Venezuela debe redefinir su posicionamiento internacional y la defensa y resguardo de su soberanía;

• A quienes defienden el derecho al trabajo y a la propiedad privada como medio de superación personal y nacional y aspiran hoy al retorno de los compatriotas que han emigrado a otros destinos buscando mejorar su calidad de vida;

• A todos los que aspiran que el destino de Venezuela este íntimamente ligado a un nuevo Proyecto de País que garantice el desarrollo social e integral sostenible de nuestra patria, y comenzar inmediatamente a transitar por ese camino de paz y libertad con reconciliación y justicia.

Nos dirigimos a todos los compatriotas que en medio de esta dramática situación existencial, creemos en la democracia como la mejor forma de gobierno y que en estos últimos, largos y agobiantes 17 años, hemos atendido todos los llamados hechos por los factores opositores al régimen; y que en los últimos 10 meses se inician con la jornada electoral del 6 de diciembre, apoyos masivos del 1ro. de septiembre, 21 de septiembre y fechas subsiguientes, donde encarnando el clamor por la necesidad y voluntad de cambio inmediato, hemos dado muestras contundentes y civilizadas de apoyo y respaldo a las alternativas democráticas que nos han sido presentadas como solución a la crisis que sufrimos, sin que este apoyo se haya retribuido en la solución a los graves e ingentes problemas que sufrimos.

Por el contrario, dolorosamente, se han agravado dramáticamente y la confrontación y el radicalismo han aumentado, el deterioro institucional, social y económico se ha incrementado sustancialmente y la Asamblea Nacional producto de un histórico respaldo electoral, luce lamentablemente disminuida por un TSJ al servicio del Ejecutivo Nacional empeñado inconstitucionalmente de inutilizarla.

La Alianza Nacional Constituyente, ha planteando ante el país y en reiteradas oportunidades a los sectores opositores organizados alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que ante la necesidad de darnos una solución Constitucional, electoral, pacifica, incluyente, democrática, participativa y de reconciliación en justicia, se debe acudir a la fuente de la soberanía, que es el pueblo de Venezuela para convocar por iniciativa popular a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originario, en acatamiento a los artículos 5, 70, 347, 348 y 349 constitucionales.

Ya al respecto, el 8 de marzo del presente año el Coordinador General de la MUD, Lic. Jesús Torrealba en nombre de esa organización, anunciaba al país la ruta acordada para salir de la crisis, donde señalaba la renuncia de Nicolás Maduro: aprobar una Enmienda Constitucional, iniciar el proceso de Referendo Revocatorio y por último un proceso Constituyente Originario. En este sentido indicó: “Reiteramos finalmente que, de persistir el gobierno en su práctica irresponsable de intentar bloquear los mecanismos constitucionales para la solución pacífica a la crisis, no dudaríamos en activar un proceso constituyente originario, que por su misma naturaleza estaría a salvo del saboteo de los poderes constituidos.”.

Respetuosamente exigimos a los factores de la oposición el respeto a la ruta acordada y expresada públicamente por los representantes oficiales de la oposición venezolana agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros lo haremos.

Esta afirmación de la MUD hace un reconocimiento tácito a la condición supra constitucional de la iniciativa constituyente de carácter originario por iniciativa popular, haciendo de ella la solución integral a la crisis, y no la simple sustitución de un Presidente por otro, en la que se insiste mediante un mecanismo saboteado por el régimen, abogando incluso por la aplicación del Artículo 350 constitucional, referida su aplicación por el Pueblo Soberano al constituyente o al poder constituido por la extralimitación o interferencia o desacato del uno u otro, al hecho constituyente y no a los procesos refrendarios; por consiguiente se expone a la población a una confrontación con consecuencias graves e impredecibles que martirizan al pueblo y beneficia al régimen que no dudaría en activar su brutal represión y encarcelamiento de más venezolanos, situación ésta que rechazamos firmemente.

En este sentido, la Alianza Nacional Constituyente propone entonces a los venezolanos que sea el Pueblo Soberano en quien intransferiblemente reside la soberanía nacional, que sufre y padece más que nadie la crisis de la República, quien decida lo que por derecho le corresponde hacer como Depositario del Poder Originario, de darse mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Originaria, por iniciativa popular, un nuevo Pacto Social, traducido en una nueva Constitución, un nuevo ordenamiento jurídico, transformando y refundando al Estado.

Pacto Social que supere la polarización, la confrontación y priorice la reconciliación en justicia, convocado por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, realizada dentro del marco de un nuevo Proyecto País, proyecto perfectible ya a disposición y conocimiento de los más diversos sectores de la vida nacional, y que se traduzca en una nueva Constitución que recoja y traiga al presente, el futuro sentir y aspiración de los venezolanos del país que todos soñamos y aspiramos tener y disfrutar. Convocamos a todos los venezolanos miembros de Academias, Federaciones, Gremios, Universidades, Sindicatos, Militares activos y en situación de retiro, Iglesias, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Juntas Comunales y población en general a que asumamos el deber patriótico y protagónico de convocar a un Proceso Constituyente de carácter Originario, no regulado por ninguna norma vigente ni por los Poderes Constituidos, en concordancia con los artículos 5, 70, 347, 348, 349 y 350 constitucionales.

Razón por la que ante cualquier intento de desconocer o interferir la voluntad del pueblo acudiríamos sin dilación a las disposiciones contenidas en el Artículo 350 constitucional para desconocer a un régimen, legislación o autoridad que contraríe el derecho humano y político que nos asiste de darnos un nuevo Pacto Social.

En la certeza que nos asiste la razón, esta iniciativa superara ampliamente el 15% mínimo de manifestaciones de voluntad exigidas constitucionalmente para su convocatoria. Por eso hacemos un llamado respetuoso y patriótico a los venezolanos que por disposición del pueblo son los custodios de las armas de la república para la defensa de nuestra integridad territorial, la soberanía y protección del pueblo soberano, la Fuerza Armada Nacional, para que hagan respetar una vez activada, esta iniciativa soberana eminentemente constitucional, de unidad nacional, democrática, justa y participativa.

Dios y la Patria se los demandarán.

Caracas, 14 de Octubre de 2016

Coordinación Nacional de la Alianza Nacional Constituyente⁠⁠⁠⁠

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ACUERDO SOBRE EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA

Y LA CONSTITUCIÓN

CONSIDERANDO

Que no hay democracia sin la vigencia efectiva de un texto constitucional que ordene de acuerdo a la justicia, el ejercicio de los poderes públicos, así como las relaciones del poder público con los ciudadanos.

CONSIDERANDO

Que no hay democracia sin respeto de los derechos humanos, que el ejercicio de los derechos humanos es irrenunciable y que los órganos del Poder Público están obligados a velar por su efectiva vigencia.

CONSIDERANDO

Que no hay democracia sin voto y que el ejercicio del voto es el cauce democrático para exigir a las autoridades del Poder Público el cumplimiento de sus funciones en beneficio de los ciudadanos, así como el medio para garantizar la paz y que los cambios políticos anhelados por la ciudadanía se alcancen pacífica y cívicamente.

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional, en cuanto bastión republicano de la soberanía popular, tiene el deber de convocar a todos los factores de la sociedad venezolana a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la democracia y del voto.

CONSIDERANDO

Que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende ignorar la voluntad de cambio del electorado venezolano, despreciando y obstaculizando el ejercicio legítimo del voto y de los demás mecanismos de participación previstos en la Constitución, para la elección de cargos públicos regionales y referendo revocatorio de mandato del Presidente de la República, violando con ello los derechos fundamentales y haciendo frágil la paz.

CONSIDERANDO

Que ante las manifestaciones autoritarias, de concentración de poder y atropello de los derechos fundamentales, esta Asamblea Nacional debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la Constitución, de la democracia y de sus derechos.

CONSIDERANDO

Que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, pilar fundamental de la democracia, por ser la manifestación de Poder Público más plural, que garantiza la mayor participación, legitimidad y fidelidad de la voluntad general.

CONSIDERANDO

Que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis, determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional, por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios, al punto de haber declarado, incluso sus actos futuros, “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” (Sentencias de la Sala Constitucional Nro. 808 y 810 del 2 y 21 de septiembre de 2016). Que desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional implica anular la voluntad del electorado que la eligió el 6 de diciembre de 2015 y negar la soberanía popular, así como la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho.

CONSIDERANDO

Que la Sala Constitucional, en un nuevo intento de anular las atribuciones constitucionales de esta Asamblea Nacional, declaró en sentencia N° 814, de fecha 11 de octubre de 2016 que sería ante esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional, para que sea esa instancia jurisdiccional, quien ejerza el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual implica una atroz usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario.

CONSIDERANDO

Que los dislates de la Sala Constitucional han llegado al punto de declarar en esa última sentencia del 11 de octubre que no procede la reconducción presupuestaria y que la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias, ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional, dispositivo excede totalmente el ámbito de sus competencias y que carece totalmente de fundamento jurídico.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Supremo de Justicia ha traicionado su razón de ser, abandonando su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, porque sus decisiones denotan falta de independencia y objetividad.

CONSIDERANDO

Que los magistrados de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no representan la autoridad de la justicia, ni de la Constitución, porque no la aplican. Que usurpan la autoridad de la justicia, por los vicios que afectan su designación y por el evidente activismo político que se desprende del contenido de cada una de sus sentencias, en particular las adoptadas a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, circunstancia que ha agudizado al extremo la crisis democrática, económica y social en nuestro país.

CONSIDERANDO

Que ante esa grosera violación de los derecho fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución, los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Electoral mantienen una actitud servil a los intereses del Ejecutivo Nacional, desatendiendo el ejercicio de sus funciones y de su deber fundamental de velar por la vigencia efectiva de la Constitución, de los derechos fundamentales y de promover la democracia.

CONSIDERANDO

Que la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional, siendo un deber esencial de todo ciudadano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y efectiva vigencia; y que ese deber corresponde con mayor responsabilidad a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015, cuerpo representativo del electorado, investido de autoridad por el voto popular.

ACUERDA

PRIMERO: Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales.

SEGUNDO: Encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

TERCERO: Exigir al Consejo Nacional Electoral proceder como Poder autónomo e independiente a disponer las condiciones favorables al ejercicio de los derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad. En concreto, se emplaza al CNE a que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, todo en el año calendario 2016.

CUARTO: Exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al Presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales.

QUINTO: Instar a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto, deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del Poder Público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución.

SEXTO: Emplazar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que, honrando la democracia representativa, permita de una vez por todas la incorporación de los diputados electos por el Estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, o que se repitan los comicios parlamentarios en esa entidad electoral.

SÉPTIMO: Conformar el Comité de Postulaciones Judiciales para proceder a designar a los Magistrados del TSJ en sustitución de los Magistrados designados de manera inconstitucional el 23 de diciembre de 2015, y cuyo acto de designación está viciado de nulidad y ha sido declarado inexistente por esta Asamblea Nacional.

OCTAVO: Crear una Comisión especial para el estudio y análisis de la designación de Rectores del CNE que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia de la Asamblea Nacional para conocer los vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad de dicho proceso.

NOVENO: Instar a las organizaciones internacionales, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda, tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

DÉCIMO: Instar a las organizaciones internacionales y parlamentos latinoamericanos, a las autoridades del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a estar vigilantes y coadyuvar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela y a exigir al Ejecutivo Nacional el respeto de los principios, valores y libertades esenciales a la democracia.

DÉCIMO PRIMERO: Dar publicidad al presente Acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional.

DÉCIMO SEGUNDO: Notificar del presente acuerdo a los demás Poderes Públicos, al cuerpo diplomático, al Nuncio de Su Santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a las universidades nacionales, a las academias nacionales, a los colegios profesionales, a las centrales sindicales y a las federaciones empresariales e industriales.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

HENRY RAMOS ALLUP

Presidente de la Asamblea Nacional

ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ JOSÉ SIMÓN CALZADILLA

Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente

ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS JOSÉ LUIS CARTAYA

Secretario Subsecretario

El pasado martes 11 del mes en curso, durante la visita que realizaron al Estado Aragua Lilian Tintori, María Corina Machado y Patricia de Ceballos, acudieron al Hospital Central de Maracay con la finalidad de donar medicinas e insumos médico-quirúrgicos, como parte del programa que la esposa de Leopoldo López ha llamado “Rescate Venezuela”. Jóvenes de sus organizaciones políticas llevaron las cajas contentivas del donativo que entregaron a las madres de los niños hospitalizados en la emergencia pediátrica. Estas últimas, acostumbradas a comprar todos lo necesario para la atención de sus hijos, agradecieron la donación a las conocidas luchadoras.

Quienes estaban en el recinto hospitalario fueron sorprendidas por una turba de hombres armados, que comenzaron a quitarles las cajas de medicinas a la fuerza, robar es una expresión más precisa, llegando a golpear a algunas de ellas, quienes hicieron resistencia protegiendo lo que ya era de sus hijos. Al ver esta irregular situación, médicos y estudiantes de medicina, la mayoría de sexo femenino, apoyaron a las madres que estaban siendo agredidas. Al final los hombres se salieron con la suya.

Una segunda sorpresa lo constituyó el que las autoridades del hospital y de CorpoSalud se apersonaron apoyando la acción de los violentos, acusando a médicos y estudiantes de ser cómplices de facilitar el ingreso de la donación, amenazándolos con botarlos del postgrado, amenaza que persiste, y a los estudiantes con sacarlos del hospital. Al retirarse estos últimos de la emergencia, fueron amenazados un buen rato por los violentos motorizados. La tercera sorpresa la constituye el teewt “@LuisLopezPSUV: Grupos violentos de la oposición ingresaron al Hospital Central de Maracay golpeando a trabajadores”.

De lo anterior queremos hacer unos comentarios:

1. Quienes tienen la responsabilidad de dotar a los establecimientos hospitalarios no cumplen con sus obligaciones, razón por la que los trabajadores de la salud no pueden cumplir con su deber, lo que se ha denunciado repetidamente. Es parte de la llamada “crisis humanitaria de la salud”.
2. Por esta falta de insumos, los pacientes y sus familiares tienen que hacer gastos muy elevados, empobreciéndose, lo que parece no preocupa a las autoridades legalmente responsables.
3. Por la necesidad de apoyar a los más necesitados, abandonados por los mandamases de la salud, ha surgido la idea de donar los suministros que requieren los pacientes.
4. Resulta paradójico que se considere como un acto “violento” una donación de insumos a gente necesitada, olvidada por los que detentan el poder, mientras que sacar armas y agredir a esa gente en el recinto hospitalario es la manera “pacífica” de evitar la violencia. Extraña absurdo.
5. Peor aún es tratar de quitar a la fuerza y robar tales insumos. Ese acto no fue contra las que hicieron la donación, sino contra mujeres humildes con hijos enfermos. Por eso ni lavan ni prestan la batea y demuestran que carecen de sensibilidad humana.
6. Concluimos que su interés real es que el pueblo no sepa la terrible situación que atraviesa la atención a la salud y que intentan distorsionar con la falsa propaganda oficialista, queriendo imponer el terror para esconder una “verdad” que solo existe en su imaginación.
7. Pretender sancionar o despedir médicos por el incidente mencionado es un despropósito. Como las autoridades no son del Estado Aragua, no conocen su historia, por lo que es bueno que sepan que todos los gobiernos han sido criticados por los profesionales de la salud cuando había algo que señalar, mucho más ahora que estamos en un momento oscuro de la historia sanitaria del país.
8. Para finalizar y no por eso deja de ser muy grave, resulta muy llamativo el que las autoridades sanitarias se preocupen y movilicen para impedir que unas mujeres entren al hospital, pero no los vemos tomando las medidas necesarias para impedir una amenaza potencial real, como es el que llegue la epidemia de Difteria a nuestro estado. Tareas como esas son en las que deben centrarse.

Vocero:

Dr. Edgar Capriles Briceño

ExPresidente de CorpoSalud

Miembro de la JD de Aragua en Red

Coordinador de Aragua Sin Miedo

Rueda de prensa ofrecida el 14 de octubre de 2016 de forma conjunta por

El país se nos está yendo por los rincones. Noticias, experiencias cotidianas, anécdotas y vivencias sorprendentes, llenan de ejemplos esto que los venezolanos dan en llamar “tiempos que nunca habíamos vivido, o cosas que nunca nos habían pasado”.

Ante la magnitud del deslave social, del derrumbe de la economía, del autoritarismo ramplón y cínico con el cual el gobierno responde a una realidad que se le ha vuelto adversaria, todos necesitamos respuestas, urgentes salidas. Por ello, cuando no las escuchamos, o nos parecen que no son suficientes para dar al traste con todo esto, algunos se lanzan a la desesperanza, insultan por las redes sociales o por donde puedan expresarse, y se quejan como el pasivo de la pareja que espera que el otro resuelva.

En materia de alternativas o respuestas ante la crisis, el gobierno, obviamente, no las tiene. Su discurso divorciado del país es cada vez más para sus audiencias internas. Es un diálogo de sobreviviente, de una cúpula a la que le importa un rábano lo que puedan estar pensado de ellos el resto del país. Solo están pendientes de los poderes fácticos, esos de los que dependen, a los que están aferrados para no tener que pasar por el doble trámite de rendirle cuentas al país y pagar políticamente por ellas. Ellos llegaron a un punto de no retorno, por lo tanto el futuro está en nuestras manos.

Cuando se escriba con sosiego la historia de esta tragedia, seguramente asistamos a un ejemplo fascinante del clásico de la teoría del caos. Movimientos imperceptibles, casi irrelevantes, van acumulando consecuencias que nadie logró prever. ¿Recuerdan el aleteo de la mariposa? Resultado, una intrincada madeja que cada actor percibe desde un ángulo tan distinto que es incapaz de coordinarse con su aliado actual, o antiguo, haciendo del gobierno esa Torre de Babel que primero paraliza sus acciones y después se precipita al suelo.

Pero, mientras el gobierno se ocupa de su irresoluble acertijo, el país continúa cuesta abajo y sin freno. Difícil no prever algún tipo de choque o colapso. Acto extracotidiano donde parecerse o no a lo que dicen los especialistas (estallido, revuelta, golpe, etc.) es un detalle que solo conoceremos cuando ocurra. ¿Qué hacer mientras tanto?

Ante semejante incertidumbre quizás lo mejor sea comenzar definiendo lo que no se debe hacer, como primer paso para saber lo que habrá de hacerse. Para orientar los “no es” digamos que hay que evitar aquello que está esperando el gobierno, lo que les conviene de nuestras acciones, lo que los fortalece. Teniendo ellos la fuerza, pues todo lo que sea confrontación y enfrentamiento puro y simple, violencia o su amenaza, para ser exactos, es lo que les conviene. Adicionalmente, a la oposición le perjudica aquello que mella sus activos, es decir, el favor del pueblo.

Dicho así, en este momento, porque todo en política como en la vida puede cambiar, las salidas que apuesten por la fuerza, la insubordinación, la rebeldía en cualquiera de sus formas prácticas parece inconveniente para la oposición y por una sola razón: ellos tienen el poder de la violencia y obviarlo o desconocerlo es simplemente suicida.

Por su parte, lo único que tiene la alternativa democrática, la oposición, es la voluntad del pueblo, su apoyo. Cuidar el activo que se tiene es la pieza más importante del rompecabezas.

Lo segundo que el gobierno no tiene son ideas, o peor aún, no tiene forma de tomar las decisiones que hacen falta. Las ideas, como algunas otras cosas, se pueden comprar. Los brutos pueden gobernar y hacer un buen gobierno, si tienen tino para escoger las ideas de otros. Pero esta más que visto que este gobierno está inhabilitado para hacer lo que corresponde, lo mínimo que dice el manual. Y aunque el país entero le adjudica a la idiotez la ausencia de respuestas del gobierno, no hay que perder de vista la parálisis de la que son víctimas, por culpa de los intereses que lo atraviesan de arriba abajo (en el sentido de estatus) y de izquierda a derecha (en el sentido ideológico).

El gobierno está atrapado y no va a soltarse, no va a enmendar justo después de tres largos años en los que no pudo hacer lo que pudo haber hecho si el gobernante hubiese tenido valor de explicarles a sus partidarios, a los poderes que lo rodean y a todos en general que el legado ya no servía, que eso medio funcionó para alimentar una ilusión mientras el barril de petróleo estaba por la estratosfera, pero que en el mundo que a él le tocaba administrar, el legado del “comandante” no servía para nada. Pero está visto, el dicho siempre se cumple ¿con qué se sienta la cucaracha, si no tiene?

Imposibilitado de levantar la más mínima esperanza, el desastre y su fin están a la vuelta de la esquina. Pero, para que ello sea cierto, la oposición tiene que ser una opción, no solo porque sabe cómo solucionar el inmenso problema en el que estamos metidos, sino que debe ser una posibilidad política para los que adversamos al régimen y, lo más importante (que nunca van a entender nuestros radicalosos), también tiene que serlo para los de la acera de enfrente.

Igual como el chavismo cavó la tumba de su inviabilidad tratando de desconocer a 30% o 40% de venezolanos atorrantes y contrarios a sus fantasías del siglo XXI, hoy tampoco será posible lograr una transición, un cambio de gobierno y un desenlace de nuestros problemas económicos y sociales, si el 30% que aún es chavista, o que “odia a la oposición” no puede ver un futuro donde ellos sobreviven y caben en el país, pensando tal y como piensan.

¿Qué significa eso? ¿Sentarnos en la acera hasta ver pasar el cadáver del gobierno? No. ¿Salir a la calle a protestar y generar un caos, hasta que alguien (que suponemos no está en la calle) le dice al gobierno que se vaya? Tampoco.

Hace falta un poco de todo, un sabaneado, un paso atrás y dos adelante, mantenerse en la senda de que las cosas cambien por el diálogo y la convocatoria a elecciones, para entonces definir el juego. Aquí nadie tiene la fuerza para imponérsele al otro. Si es cierto la terrible conseja que el señor Norberto Ceresole le metió en la cabeza al gobierno en su momento y que constituía la dupla indivisible para la gobernabilidad sin instituciones (pueblo y Fuerza Armada), pues hoy unos tienen una parte y otros la restante.

Se espera que en las próximas horas el Tribunal Supremo de Justicia dicte una sentencia que puede hacer que el juego se redefina. Puede que incluso para cuando se lean estas líneas haya tenido lugar lo que los radicales de allá creen que será su salvación. Si se les ocurre inhabilitar el referéndum revocatorio, darle un palo a la lámpara, solo se acelerarán las cosas, el gobierno habrá cometido su principal error, pero cruzando los dedos y ligando que nosotros lo emulemos, que también le demos una patada al tablero y dejemos entonces de ser la esperanza y la opción para reconstruir el país.

Vienen tiempos aún más difíciles que los que hemos vivido. Si la cordura y la sensatez democrática se mantienen de nuestro lado, como hasta ahora, ténganlo por seguro, llegaremos a buen puerto.

Fuente: http://www.el-nacional.com/luis_pedro_espana/patea-primero-tablero_0_938...

El descubrimiento de América y el del paso hacia las Indias Orientales a través del Cabo de Buena Esperanza son los dos acontecimientos más grandes y más importantes registrados en la historia del género humano.

Adam Smith (1723-1790)

Nuestros maestros y maestras de aula viven cada año el desconcierto de una fecha histórica bajo el signo de la polémica. Que si fue un “descubrimiento”, o el “día de la raza”, o más bien un “encuentro entre mundos”, o el “día de la resistencia indígena”, o la posición más radical, de quienes pregonan la tesis de los “no descubiertos”. En realidad estas categorías y términos lo que han hecho es encubrir, bajo el manto de la ideología y la propaganda política, un proceso histórico fundamental en el devenir de la historia del mundo.

1492 representa el reconocimiento mutuo de un mundo escindido hasta ese entonces. Y como bien dice Paolo Emilio Taviani (1912-2001), uno de los principales estudiosos de la gesta colombina: “el mundo sufrió un alargamiento positivo, no sólo geográfico, sino también, científico y cultural”. El mundo, la historia, sufrieron una aceleración nunca antes vista que permitió que pueblos y culturas de geografías tan diversas pudieran interactuar. Esa es la grandeza de 1492 más allá de la exaltación o demonización de un hombre como Cristóbal Colón.

Otra tentación persistente, es la de reducir el año de 1492 a una celebración interesada por parte de algunos conglomerados nacionales. Los desfiles en torno al triunfo de la “civilización” sobre la “barbarie”, o de la cultura sobre la ignorancia. La gran Europa civilizando a una América en condición de nimiedad. Cuando en realidad, como dice J. H. Elliot (1930), ambos continentes se influyeron, aunque esto no haya significado una relación fundada en el entendimiento y la complementariedad. Para un botón hay que señalar que toda la plata y el oro americano que fue extraído violentamente hacía Europa, permitió financiar el capitalismo europeo y la aparición de las grandes potencias mundiales como Holanda, Francia, España, Portugal e Inglaterra.

También representa una media verdad los intentos por reducir 1492 a una fecha oprobiosa bajo los condicionantes de la conquista, saqueo, genocidio y colonización. Lamentablemente la historia humana, en su vertiente negativa, representa tanto al horror como a la infamia, y en el “descubrimiento” de América, todas estas anomalías se padecieron. Algo que de paso lamentamos por las víctimas pero que es recurrente entre todos los pueblos y culturas. El sólo pensar que los autóctonos de América, antes de la llegada del europeo, vivían ausentes de conflictos, guerras, esclavitudes y actos inhumanos, es un acto de ingenuidad e ignorancia.

Este tratamiento maniqueo e interesado, acerca de 1492, ha puesto sobre tan crucial fecha histórica, un manto de incomprensión que ya es necesario atajar, sin que ello implique dejar de ventilar sus más diversas consecuencias e implicaciones.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

@lombardiboscan

Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/133616/la-grandeza-de-1492

Hay a mi juicio dos errores que he venido señalando en recientes publicaciones con respecto a las posiciones asumidas por algunos miembros de la oposición en Venezuela. El primero dice que la acción política depende de la definición del régimen. El segundo afirma que la MUD está obligada a tener un plan B en el caso de que fracase el RR16.
Comencemos, como es natural, por el primero. Si definimos al régimen como dictadura, afirman no pocos, será necesario pasar a la resistencia y a la desobediencia civil. Solo si no es dictadura hay que asumir una línea institucional y democrática. Desde el punto de vista de la lógica formal, un razonamiento correcto. El problema es que la lógica de la política no es formal.
El curso de la política depende no tanto de definiciones “duras” sino de caracterizaciones periódicas (otros las llaman, análisis de coyuntura). La diferencia entre una definición y una caracterización es en este caso importante. Una definición, determina. Una caracterización, describe.
Y bien, a diferencia de la física mecánica, la política depende más de descripciones que de determinaciones. Más todavía si se tiene en cuenta que en todo el mundo han aparecido regímenes autoritarios que no son dictaduras totales (como fueron las militares sudamericanas del siglo XX) ni totalitarias (como eran las dictaduras comunistas o como son hoy las de Cuba y Corea del Norte). El régimen chavista o madurista está lejos, como creen muchos venezolanos, de ser un fenómeno demasiado original.
Ahora bien, en dictaduras totales y totalitarias no hay espacios democráticos. Tampoco es posible la existencia de una oposición políticamente organizada, como sucede en Venezuela. Espacios y oposiciones que por supuesto no son un regalo del régimen. Dichos espacios han sido conquistados por la oposición. En la realidad venezolana, negar esos espacios sería lo mismo que negar las conquistas alcanzadas por la oposición.
Habría que ser muy obtuso para negar que la oposición ha arrebatado espacios al régimen. La oposición, cada vez más grande, ha impedido que Venezuela sea, como es el propósito del régimen chavista, otra Cuba.
En Venezuela, además de poseer alcaldías, gobernaciones, la AN y otros reductos, la oposición es mayoría hegemónica. Esa hegemonía si bien no es ejercida (todavía) en el Estado, sí lo es dentro del marco que los sociólogos llaman “sociedad civil”, es decir, en esa suma de múltiples organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, sectores religiosos y representantes del mundo de la cultura.
No por último, así lo demostró el 1-S, las calles de las grandes ciudades pertenecen a la oposición. Y por si fuera poco, gracias al nombramiento de Baltazar Porras como Cardenal (la deuda política de los demócratas con el Papa Francisco es grande en ese punto) el cristianismo opositor ejerce su hegemonía dentro del pueblo cristiano, rasgo que acerca aún más a Venezuela a la experiencia vivida durante la Polonia de Solidarnosc.
Las tareas que ahora corresponden a la oposición tienen que ver, evidentemente, con la extensión de su hegemonía desde la sociedad civil hacia el aparato del Estado, incluyendo al estamento militar. Y bien, ese es justamente el sentido del RR16: desarrollar un movimiento político y social cuya culminación debe ser la conquista de un orden político plenamente democrático. Pero a la vez -así lo han formulado los principales dirigentes de la MUD- es imposible alcanzar ese nuevo orden utilizando formas de luchas no democráticas. Por eso la ruta ya ha sido trazada: es constitucional, es democrática, es pacífica y es electoral. Podría agregarse también: es social y es popular.
¿Y si mediante el uso los aparatos judiciales y militares que controla, el régimen logra de todas maneras obstruir (o destruir) el camino hacia el RR16? ¿Tiene la MUD un plan B?
El famoso Plan B. Ese es el segundo error. Un error que como muchos, parte de una premisa errada. Esa premisa es la siguiente: la de que el RR16 corresponde a un plan. Lo que no siempre se tiene en cuenta es que la acción política no está sujeta a planes diseñados por arquitectos encerrados en sus oficinas. La realidad ha mostrado permanentemente lo contrario. Nunca los grandes acontecimientos históricos han ocurrido de acuerdo a un plan.
El RR16 no solo no es un plan. El RR16 es un movimiento social y político configurado alrededor de un medio y un objetivo de lucha surgido desde el interior de la MUD como resultado de largas (quizás demasiado largas) discusiones.
El RR16 es un movimiento en cuyo interior coexisten muchos planes los que se van haciendo y deshaciendo –cometiendo errores y rectificando, como debe ser- en la medida en que los acontecimientos se van desencadenando.
¿Quiere decir entonces que si el régimen logra destruir la alternativa revocatoria destruiría al movimiento revocatorio? Así sucedería si las luchas democráticas terminaran en el RR. Por eso no está de más repetir que el RR16 surgió no solo como un fin sino también como un medio: un medio para alcanzar la democracia. Eso supone que, aún sin el RR16, la lucha asumiría otras fases y otras formas que solo pueden ser entendidas y continuadas a partir del éxito o “asesinato” del RR16. Tal vez hay que explicar ese último punto; es fundamental.
Cualquier medio, cualquiera maniobra o trampa que use el régimen para impedir el RR16 es inconstitucional. Visto así, la lucha por el RR16, en caso de que el régimen rompa definitivamente de modo explícito, abierto y público con la Constitución, se transformaría de inmediato en una lucha por la defensa, no solo del RR, sino de toda la Constitución. A partir de ese momento las luchas democráticas alcanzarían una nueva cualidad: además de democráticas, serían constitucionalistas. No se trata de un simple detalle.
Cualquier historiador puede demostrar sin esfuerzo que los grandes movimientos de transformación política habidos en América Latina, desde la Revolución Mexicana, pasando por la Revolución Cubana –antes de que los Castros entregaran el país al imperio soviético- hasta llegar al plebiscito chileno, han sido en sus orígenes movimientos constitucionales y/o constitucionalistas.
En cierto sentido el RR16 es para el régimen un puñal de doble filo: si acepta el RR16 “puede perder” acatando el mandato constitucional (salida honrosa). Si no acepta el RR16 “debe perder” (salida deshonrosa), pues así se habrá convertido, no frente a la oposición sino que ante sí mismo, en una dictadura total.
¿Habrá llegado entonces la hora de la desobediencia civil? Depende de lo que entendamos por ese término.
Cuando la ciudadanía lucha por el restablecimiento de la Constitución frente a un régimen que la viola, la lucha ciudadana asume una nivel que puede ser calificado como de desobediencia. En ese sentido, toda la lucha que viene librando la MUD junto a amplios sectores de la ciudadanía a favor del RR16, es y ha sido desde el comienzo, desobediente y civil. Hablar de desobediencia civil como otra fase diferente de lucha sería en este caso una simple redundancia. El RR16 es desobediencia civil.
Ahora, con respecto al tema de las formas concretas que deberán asumir en el futuro inmediato las luchas democráticas venezolanas, nadie puede predecirlas de antemano. Mucho menos desde la distancia. Es por eso que en este artículo solo me he limitado a precisar algunos términos de uso corriente en la teoría y en la práctica política, aplicadas al ejemplo venezolano. Es solo una forma modesta de colaborar con una causa legítima, legal y justa.

Fernando Mires
Fuente: http://polisfmires.blogspot.com/2016/10/fernando-mires-venezuela-dos-err...

Es sumamente preocupante la situación por la que viene atravesando la economía venezolana durante los últimos tres años. Numerosos economistas han venido alertando sobre las consecuencias adversas de las políticas vigentes, planteando la necesidad de modificarlas. El cúmulo de desaciertos ha acarreado un aumento abrupto de la pobreza, una caída del producto, mayor desempleo, desabastecimiento, malnutrición y muertes que podrían evitarse si se dispusiera de medicamentos y equipos médicos apropiados. Lamentablemente, el Gobierno Nacional no ha tomado en cuenta las observaciones de los profesionales de la economía y se niega a rectificar sus políticas.

Concernidos por el deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), en unión de calificados economistas provenientes de otras instituciones y áreas de trabajo profesional, ha propiciado un interesante intercambio de ideas sobre cómo superar esta situación y generar condiciones que redunden en un crecimiento sostenido con equidad. Esta discusión ha forjado consensos básicos en torno a la naturaleza de los problemas a afrontar y respecto a los lineamientos principales de un programa para la reconstrucción de la economía venezolana. En particular, hay coincidencia en la necesidad de derrotar cuanto antes la inflación y reactivar el aparato productivo para poder abastecer al mercado doméstico, sustituir importaciones y generar empleos bien remunerados. Los objetivos generales de política para ello son bastante claras al respecto:

1. Sanear las cuentas fiscales, reduciendo drásticamente los déficits y, con ello, su financiamiento monetario, para abatir la inflación;
2. Unificar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio real y en condiciones que permitan la libre transacción de divisas con el fin de superar la severa restricción externa que tiene ahogada la economía doméstica;
3. Contratar importantes magnitudes de financiamiento externo para solventar la insuficiencia de divisas por la caída en los precios internacionales del petróleo, y poder cubrir la brecha de importaciones y cumplir con los compromisos externos de la nación;
4. Desmantelar el cúmulo de controles y regulaciones que han asfixiado a la actividad económica interna, posibilitando la liberación y aprovechamiento cabal de sus capacidades productivas, fuertemente menoscabadas actualmente;
5. Consolidar un marco institucional que afiance los derechos de propiedad, permita la oportuna y eficaz resolución de controversias, promueva la competencia interna, asegure los derechos laborales y de los consumidores e instaure un clima de confianza que haga a la economía venezolana un ámbito favorable al emprendimiento y la inversión.

Pero al abordar tales lineamientos, quedan interrogantes en torno a una variada gama de aspectos por no contar con información oficial al día, en virtud de la irresponsable decisión del Banco Central de Venezuela y de otros organismos estatales proveedores de datos estadísticos de no publicarla. Ello mantiene a la población en ascuas respecto a qué pueden esperar hacia el futuro, dificulta el análisis profesional de estas perspectivas y enturbia las posibilidades del cálculo económico acertado para la toma correcta de decisiones por parte de actores públicos y privados.

En lo atinente a la rectificación del conjunto actual de políticas, la falta de información oficial dificulta conocer la magnitud de las brechas y de los problemas a superar, la capacidad de respuesta que pueda tener la industria petrolera y otros sectores productivos ante un programa coherente para la transición económica, y los problemas específicos que confronta la gestión pública, que son menester aclarar para recomendar los instrumentos de política adecuados y entender la naturaleza de sus encadenamientos y secuencias, la estrategia para liberar y estabilizar el tipo de cambio, y los mecanismos de compensación social más eficaces, entre muchos otros aspectos.

En atención a lo señalado, el grupo de economistas que nos hemos estado reuniendo se ha abocado a recabar la mejor información disponible, evaluarla en términos de la consistencia de los datos y con la trayectoria reciente de la economía, y realizar los ejercicios de rigor para que puedan sustentar propuestas de política. Dado el deterioro acelerado de la situación, tanto en lo económico como en lo político, es imperativo tener preparados los aspectos fundamentales de un programa de transición, una vez se viabilice políticamente su instrumentación. Un nuevo gobierno no puede darse el lujo de improvisar medidas para recuperar la economía: debe tener lista una visión lo más clara posible de las políticas a aplicar y sobre cómo mejor aplicarlas. En particular, la necesidad de recurrir al financiamiento internacional para aliviar la restricción externa que hoy asfixia a la actividad económica y estabilizar un tipo de cambio que refleje su productividad relativa, hace obligatorio disponer de un plan creíble, basado en información precisa, que respalde tal solicitud. La confianza de los inversionistas en las perspectivas de mejora futura del país depende de ello, junto a la aplicación de reglas de juego claras y atractivas. Estamos trabajando, precisamente, para contribuir con la elaboración de un plan que cumpla con tales objetivos.

Un elemento central a la viabilidad de un programa de transición está en la capacidad de incorporar la participación de los actores principales en su puesta en acción. En atención a ello, nos interesa dar a conocer a los sectores protagónicos del acontecer económico y político nacional nuestras ideas, para someterlas a sus opiniones, vivencias y expectativas. En particular, queremos evaluar nuestras propuestas a la luz de las observaciones que puedan hacer las universidades, otras academias nacionales, los gremios empresariales y sindicales, la prensa especializada, dirigentes políticos y sociales y, progresivamente, el público en general.

En este orden de ideas estamos comenzando a publicar en la página web de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE –www.ance.org.ve) –actualmente en reconstrucción- documentos que recogen nuestras discusiones y a remitirlos a distintas instituciones a través del correo electrónico. En nuestra agenda también está la realización de distintos tipos de eventos, conjuntamente con otras instituciones y actores, para la discusión de propuestas de política. Esta interacción no sólo permitirá una mayor precisión de muchas de nuestras propuestas sino que arrojará información referente a la economía política del proceso de transición, es decir, a la manera como habrán de expresarse los diferentes intereses en juego y sus posibles impactos en la instrumentación de las políticas en cuestión. Esto es particularmente importante si se toma en cuenta la renuencia del Ejecutivo de atender las numerosas observaciones hechas por economistas y otros profesionales respecto a la inviabilidad y consecuencias negativas de sus políticas, y que hacen imperativo su rectificación perentoria. Cómo superar los poderosos intereses coaligados en torno al sistema de controles y regulaciones que viene destruyendo la economía, requiere sumar el compromiso de todos.

Por último, es menester conectar las políticas para la transición con las reformas estructurales necesarias para impulsar un modelo económico que supere las limitaciones del rentismo petrolero. Debe entenderse que la mejora sostenida del bienestar de los venezolanos no puede descansar en la perspectiva de un aumento continuado de los ingresos externos provenientes de la exportación de petróleo. El mercado petrolero internacional está experimentando una transformación estructural con la aparición de nuevas tecnologías de extracción y con los compromisos asumidos para reducir hacia futuro el consumo de combustibles fósiles por razones ambientales, lo cual hace poco previsible precios del crudo como los evidenciados entre 2004 y 2014 para los próximos años. Una economía pujante solo será posible desarrollando capacidades competitivas en otras áreas que permitan reemplazar progresivamente al petróleo como fuente principal de ingresos externos. Cómo utilizar la renta petrolera para facilitar esa transición, cuáles son los instrumentos de política más apropiados, las reformas estructurales que se deben adelantar y cómo se entrelazan con las medidas para la transición, forman obligatoriamente parte de nuestras reflexiones. Vislumbrar hacia dónde queremos que se desarrolle la economía, el proyecto de país al que aspiramos y el marco institucional que lo hará factible, y lograr los consensos necesarios para su viabilidad política, social y económica, es un desiderátum de las generaciones presentes de venezolanos para con el futuro del país.

Presidente Academia Nacional de Ciencias Económicas

humgarl@gmail.com