La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 6 dice que el gobierno de la república, en todas las entidades políticas que lo componen, son de mandatos revocables. También dice nuestra Constitución, en su artículo 70, que los referendos y revocatorias de mandatos son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. Dos artículos más adelante, en el 72, la Constitución reitera que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Es por tanto incuestionable que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de promover referendos revocatorios de funcionarios públicos electos. De cumplirse con los requisitos que la misma constitución establece, es obligación imperativa para los distintos órganos del poder público, especialmente el CNE, el que faciliten y le den curso a toda solicitud de referendo revocatorio con imparcialidad, trasparencia, celeridad, para usar las mismas características señaladas por el CNE, en sus normas para la promoción y solicitud de referendos revocatorios. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que las autoridades electorales han actuado de manera ambigua, no informando con claridad respecto a la situación en que se encuentra el proceso iniciado hace unas semanas, dejando la sensación de que no actúa como árbitro imparcial en relación a la posibilidad de llevar a cabo este evento electoral.

Por otra parte, dice también nuestra Constitución, ahora en su artículo 160, que los gobernadores de cada Estado serán elegidos por un período de cuatro años. La última elección para elegir gobernadores se realizó el 16 de diciembre de 2012. Es decir, en diciembre se cumplen cuatro años de aquella fecha y, por mandato constitucional, deben realizarse a finales de este mismo año las elecciones para elegir a los gobernadores y a los integrantes de los consejos legislativos estadales. Elegir a los gobernadores es también un derecho constitucional irrenunciable de los ciudadanos, que debe cumplirse oportunamente y debe ser garantizado por el Estado. El OEV considera que tampoco en este caso el CNE ha enviado un mensaje claro a los electores con relación a un evento electoral previsto para este año. Ha dejado que la confusión tome terreno respecto a si se harán o no, en la fecha prevista.

El artículo 293 de la Constitución instruye al CNE a que garantice la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales. Para materializar esas garantías es indispensable que los partidos políticos, organizaciones de la sociedad y electores dispongan prontamente de información básica sobre ambos procesos. Es responsabilidad del ente rector cumplir con ese mandato constitucional y dar muestras de imparcialidad y transparencia. Sobre el referendo es imperativo finalizar la constitución del grupo promotor permitiendo prontamente la verificación de identidad de los solicitantes, para fijar de una vez los puntos de recolección de manifestaciones de voluntad que, de superar el 20% del registro electoral, obligaría a la realización del referendo revocatorio. Debería el CNE hacer oficial y público el cronograma correspondiente, con sus distintas fases. Con igual urgencia el OEV, y toda la sociedad venezolana, reclama información trasparente y completa sobre las elecciones de gobernadores e integrantes de los consejos legislativos estadales: fecha, cronograma, circunscripciones, etc.

El OEV plantea la necesidad de que se tomen prontamente estas decisiones y que ellas se hagan públicas. Son aspectos básicos de cualquier evento electoral y las tardanzas en anunciar las informaciones correspondientes, no ayudan a la normalidad y, por el contrario, genera ruidos innecesarios que opacan la eventual celebración de dos eventos electorales. El CNE debe extremar la claridad en sus actuaciones como árbitro, con imparcialidad, pulcritud, celeridad, eficiencia y transparencia, ya que con ello mucho podrían contribuir a superar la crisis reinante en el país, en paz y en el marco de la constitución.

Caracas, junio 2016

Quiero comenzar recordando el escalofriante saldo de la violencia política en Latinoamérica: Colombia, luego de medio siglo y más de 200.000 muertos, está negociando la paz. Guatemala hizo lo mismo después de un genocidio que eliminó a más de 100.000 indígenas. En El Salvador, luego de 11 años de guerra y 80.000 muertos, los adversarios optaron por la paz. En Sudáfrica, lograron superar el abominable apartheid con acuerdos políticos y el extraordinario papel de Mandela, reconocido por todos. En Ruanda, 800.000 personas fueron asesinadas a machetazos pero al final víctimas y victimarios tuvieron que reconciliarse. Estados Unidos y Cuba, después de vivir casi sesenta años en un conflicto que puso al mundo al borde de una guerra atómica, decidieron hacer las paces. Vietnam derrotó al gigante EEUU en una sangrienta guerra de dos décadas, mientras las partes enfrentadas negociaban en París.

Siempre hemos creído en el valor del diálogo. La Unidad democrática venezolana quiere el diálogo, pero el verdadero. Venezuela vive un momento demasiado grave para cederle más tiempo a este régimen incompetente y corrupto. A diario mueren venezolanos por falta de medicinas, por desnutrición o en manos del hampa.

Con el sabotaje que hizo el oficialismo a las reuniones preparatorias y separadas de República Dominicana – que no eran más que la continuación de un proceso de mediación iniciado en Caracas por los ex presidentes Zapatero, Torrijos y Fernández – quedó claro que el régimen lo que desea es ganar tiempo. Nada más.

La comunidad internacional ha expresado de diferentes maneras y por distintas vías, su profunda preocupación por la situación límite que vive Venezuela. Desde el Grupo de los 7 países más desarrollados, pasando por la Unión Europea y John Kerry, con el apoyo a la mediación de Zapatero, hasta el propio Papa, han pedido a Maduro que reconsidere su intransigente posición y dialogue. Todos esos esfuerzos son importantes y merecen el agradecimiento de los venezolanos. Para la oposición democrática expresada en la MUD, un verdadero diálogo debe tener agenda y objetivos claros y sobre todo, compromiso de ambas partes. La oposición ha colocado unos requisitos previos mínimos sobre la mesa para iniciar el diálogo: Que se escuche la voz de la mayoría de los venezolanos y se realice el Revocatorio; que se libere a todos los presos políticos y termine la persecución ilegal de dirigentes políticos, sociales y gremiales, estudiantes, periodistas y medios; que se atienda con urgencia a las víctimas de la crisis humanitaria por falta de de alimentos y medicinas y que se respete la Constitución y la Asamblea Nacional.

La respuesta del régimen hasta ahora ha sido negar todo: Representantes del poder ejecutivo y del electoral aseguran que el Revocatorio no va, es decir, privan a la mayoría de los venezolanos del derecho constitucional de revocar el mandato de un presidente que no sirve. No sólo no liberan a los presos políticos sino que aumentan la lista. No dan respuesta al desabastecimiento de comida y medicinas pero tampoco permiten la ayuda internacional que han ofrecido varios países y la propia comunidad venezolana en el exterior. Todos los días violan la Constitución Nacional e irrespetan al poder popular expresado en la Asamblea Nacional. Resulta obvio entonces que el que no quiere dialogar es el régimen.

Maduro quiere llevar a Venezuela al abismo de la violencia, donde él y la élite cívico militar que lo acompaña, tienen ventaja. O por lo menos es lo que creen. Sin embargo, olvidan que el pueblo está bravo y que ya perdió el miedo, como lo demostró en diciembre votando mayoritariamente por el cambio y más recientemente estampando su firma para solicitar el Revocatorio. Olvidan que la tropa que envían a las calles a reprimir a sus compatriotas, es pueblo. Se olvidan que los que queremos cambio somos mayoría.

A pesar de todos los obstáculos que colocan Maduro y su entorno, los demócratas debemos insistir en el diálogo. Al mismo tiempo, tenemos que ser proactivos. Elevar nuestra voz de protesta anta las injusticias y los atropellos a los derechos humanos en la calle, en las infames colas, en las instituciones públicas, en las comunidades. Con serena templanza democrática pero con persistencia y determinación. Todos los días y en todas partes. Hacer sentir el malestar que sentimos ante la incompetencia del régimen, por la impunidad que protege a delincuentes y criminales, frente a los abusos de poder, por la corrupción de la casta que desgobierna. Como lo han venido haciendo miles de venezolanos en todo el país, con perseverancia, con reciedumbre y sobre todo, sin miedo. El cambio es indetenible.

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30 de mayo de 2016

.- Las regionales son la verdadera prioridad.

Son el derecho de la gente, de las comunidades, de todos los venezolanos de a pie, a cambiar periódicamente, o mantener, los gobiernos y las legislativas regionales. Están taxativamente pautadas en la CRBV con lapso y términos fijos del período y fin de la gestión regional.

Pese a lo agudo y profundo, de la dimensión total de la crisis actual; son la real prioridad política, inmediata, de la gente; la prioridad de todos; del país; no solo de un sector, ni de las burocracias. Son el evento inmediato, a mano, en el que la voluntad de la gente de a pie, independientemente de cualquier factor de poder; puede determinar y distribuir más equitativamente la legitimidad de los resultados; incidir más determinantemente en las dinámicas concretas y nacionales de Poder.

.- Despolarización y despresidencialización para el diálogo y consensos ciudadanos.

Son la verdadera deriva de la movilización ciudadana que culminó el 6D. Las elecciones parlamentarias fueron total y perversamente polarizadas; hasta la ilegitimidad. Fueron inducidamente presidencializadas. Éstas próximas, de gobernadores y legisladores, al contrario, pueden y deben ser máximamente despolarizadas; despresidencializadas. Para que sean un evento para el debate el diálogo y los consensos de base ciudadanos. El diálogo y el consenso que todo el mundo invoca y dice querer. La ocasión para ciudadanizar la política, desde lo regional; desde la base; para despolarizarla.

.-Suspender las regionales para polarizarlas y partidizarlas.

Suspenderlas o posponerlas como se ha pretendido y aún amenaza, desde partidos tanto oficialistas como de oposición; apunta a aplacar la beligerancia y el ejercicio de la soberanía ciudadana de base y hasta de sus propias militancias; en la libre postulación y elección de gobernadores y legisladores. Para las burocracias nacionales volver a controlar y manipular el proceso, volver a polarizarlo e imponer sus candidatos, como siempre e hicieron en las elecciones parlamentarias.

Suceda lo que suceda con el revocatorio; que está en veremos, las regionales son lo concreto y seguro. Y aunque no sea evidente ni lo declaren; y a pesar de la crisis son la primera agenda de las burocracias partidista-empresariales; de ambas; que están montadas para controlarlas; mientras la gente se distrae con el revocatorio.

.- Ni revocatorio ni Estado de Excepción justifican suspenderlas.

No tenemos que esperar “a ver qué pasa”, a ver “que anuncia y hace el CNE” ni “que pretenden el PSUV y la MUD”. Las regionales son nuestro problema; no de las burocracias. Nos toca movilizamos ya; y llamar a todos sin distingos, regional y localmente, a movilizarse para exigir y garantizar que se realicen este año como es el derecho de la gente pautado un la Constitución. Ningún evento sobrevenido o en perspectiva de sobrevenir es prioritario por encima de las regionales. Ni el eventual Revocatorio ni el Estado de Excepción pueden ser pretexto para suspenderlas ni moverlas. Ni política ni procesalmente se justifica. Cuando, además; y, según; su suspensión decidida unilateralmente; o incluso consensuadamente; sí configuraría una “ruptura del hilo constitucional”. La garantía ciudadana a votar no puede ser suspendida mediante un decreto de excepción. Y en centenares de ocasiones y países se ha hecho elecciones en un estado de excepción.

La primeras elecciones nacionales luego de aprobada la CRBV, en el 2000; fueron simultáneas todas; desde la del presidente hasta la del último concejal. Si entonces fue posible aquella “mega-elección”; si entonces, ni técnico-jurídica ni procesalmente fue problema la simultaneidad; hoy con un sistema electoral máximamente automatizado, según, “el mejor del mundo”, como es el CNE-SMARTMATIC, lo es más sobradamente. En República Dominicana se terminan de hacer unas “megaelecciones” en las que se votó para renovar 14.000 cargos. En las regionales nuestras se votaría solo por unos trescientos y algo. El 2012 era de “megaelecciones”; pero Chávez, por cálculo y manipulación políticos impuso que se partieran en tres. En caso de ahora concretarse el Revocatorio, que realmente no es excluyente con las regionales; que sea simultáneo. Y de considerarse inconveniente tal simultaneidad; que se haga antes o después.

.- Un cambio cualitativo. Una nueva correlación de poder regiones-centro.

Elegir en unas jornadas no polarizadas a los nuevos gobernadores y legisladores estatales, será el mayor avance posible inmediato, concreto, frente al autoritarismo y el presidencialismo en que éstos históricamente se han sustentado.

No se trata crear falsas expectativas ni sobredimensionar la coyuntura Pues, un nuevo cuadro nacional de gobernadores y legislativos regionales; con todo y el alcance que tendrá; no es en sí mismo, la solución de la crisis nacional actual, coyuntural; ni menos de la estructural de fondo. Pero constituirá un cambio concreto en la correlación centro-regiones. El poder factico del gobierno nacional, central, desde siempre y hasta hoy concentrado, sin contrapeso ninguno; si lo tendrá con el poder de las gobernaciones y legislativos originados y legitimados por la voluntad real de la gente; por el ejercicio real de la soberanía ciudadana. Inmediatamente, será un contrapeso a Maduro en caso de seguir en Miraflores; pero igualmente si sale, lo será al próximo presidente sea quien sea. A partir de ahora; la convocatoria y operación del Consejo Federal de Gobierno no dependerá solo de la voluntad y el interés del Presidente; sino también de la mayoría de los nuevos gobernadores.

.- Por la soberanía ciudadana prevalecerá lo regional y local por sobre lo nacional y central.

En las elecciones a gobernadores y legisladores se concreta, se afirma, lo regional y local, lo ciudadano y lo comunal; lo de base sobre lo nacional y central, Se activará primera vez en la historia, la soberanía ciudadana, popular, consagrada en la CRBV; por sobre lo presidencial y cupular; por sobre lo burocrático partidista; por sobre la maquinaria y el poder financiero.

.- La gente beligerante, es el nuevo sujeto político que elije y no solo vota.

A la gente corresponde decidir quiénes son sus candidatos. Y la agenda ciudadana para la gestión de los gobernadores y legisladores que resulten electos. El sujeto político en las elecciones regionales es la gente, los líderes y movimientos locales, de base. No los partidos ni los candidatos ni los factores de poder. A ellos toca decidir soberanamente a quien postula y por quién vota; ejercer integralmente el acto de elegir; en contra de solo votar como ha sido hasta ahora, por candidatos impuestos a los que con frecuencia ni siquiera conoce.

.- Picarle adelante a las burocracias partidistas-empresariales.

Le corresponde, a la gente, a todos sin distingos, estar alerta y alertar, activarse y movilizarse; inmediatamente, desde ya, no solo contra la pretensión de suspender las elecciones regionales. Sino picarle adelante a las previsibles manipulaciones y trampas clásicas leguleyéricas y burocráticas, partidistas, armadas e implementadas negociadas con el CNE contra los liderazgos grupos y partidos locales. Para anular toda iniciativa y participación independientes locales de base; que no se supedite o deje entrampar en sus franquicias partidistas y candidaturales polarizantes..

.- Unas primarias regionales abiertas con más debate que campaña.

En estas elecciones regionales vamos a rechazar que se repita lo de las parlamentarias del 2016; a impedir que las burocracias partidistas-empresariales, de la MUD y el PSUV, vuelvan a armar las planchas con ellos mismos y su gente designada a dedo y negociada. Que vuelvan a condicionar hasta financieramente, la posibilidad de libre postulación; y a negar las primarias en la mayoría de las postulaciones que fueron negociadas y/o simplemente impuestas, mediante el brete de la franquicias partidistas.

Promovemos unas primarias abiertas montadas y controladas local y regionalmente por la gente misma; en las que desde las bases ciudadanas y comunales, participe en igualdad de condiciones todo el que aspire o sea promovido como posible candidato; hasta por las burocracias mismas. En las que nada, ni político ni técnico-jurídico ni financiero; restrinja ni condicione la libertad y posibilidad de postulación y promoción de cualquier ciudadano o grupo local En las que, de acuerdo a lo establecido en la CRBV; no se acepte ningún candidato que no sea residente activo del estado y el municipio; o que sea diputado electo en las pasadas parlamentarias; y que ahora pretenda postularse regionalmente.

Serán las primeras elecciones en las que los venezolanos elijan realmente y no solo voten. En las que por primera vez, el ciudadano ejerza su soberanía. Con unas primarias en las que la gente promueva y postule a quién libremente considere; califique a quienes sean postulados; y debata sobre la agenda ciudadana, regional y local de gestión, y su disposición y capacidad para impulsarla. Unas primarias y elecciones regionales y locales en las que predomine el debate sobre la campaña; la calidad ciudadana, ética y política sobre lo financiero del poder y la maquinaria. Y en las que luego y finalmente elija y vote libremente y a voluntad.

.- Elecciones regionalizadas y ciudadanizadas. Lo humano prevaleciendo sobre lo tecnológico.

A las regionales debemos ir y realizarlas, de hecho y/o de derecho, por y con un nuevo sistema electoral. Hacer, imponer, un proceso regionalizado y localizado; ajustado y con base a lo pautado en la CRBV; pero ciudadanizado; en el que lo humano se rescate y prevalezca sobre lo tecnológico y algorítmico computarizado. En el que no haya encriptamientos ni cajas negras cajas; en el que todo está a la vista de todos los ciudadanos. Con un conteo manual hecho y controlado y totalizado por la gente, en todas las mesas de todos los centros de votación; como la garantía básica de transparencia y confiabilidad de los resultados. Y de verdadera legitimidad de quienes resulten electos.

Pese al desentendimiento de las burocracias sobre el tema: trabajamos para promover la reforma y reestructuración total legal y organizativa del Sistema Electoral Nacional. Pero desde ya e inmediatamente, sobre la marcha; en las fases previas al proceso reclamamos, vía amparo, pidamos nacionalmente desde todas las regiones, la eliminación o no-aplicación de las restricciones, inconstitucionales e ilegítimas; que restringen y niegan la representación proporcional de las minorías establecida en la CRBV; y la proporcionalidad. Nos activamos y movilizamos y llamamos a activistas, movimientos, partidos y grupos de electores locales y regionales; cuyos derechos electorales intentados de ejercer en el 2015 con las disidencias; fueron anulados absolutamente. Vamos a exigir y demandar, para este mismo proceso la derogatoria, reforma o suspensión parcial de la Ley del Poder Electoral de la Ley de Partidos y del Reglamento de Procesos Electorales; para que se suspenda la aplicación por el CNE de los mecanismos técnico-jurídicos, anticonstitucionales, excluyentes, que contienen; que niegan los derechos electorales de las minorías no vinculadas o asociadas a los factores de poder y le dan a la primera o las dos primeras votaciones todos los puestos nominales y por lista.

.- Una agenda ciudadana hacia salir de la crisis.

Contrariamente a como ha sido siempre; el sujeto político en estas regionales será la gente, los ciudadanos, los electores; no los candidatos, ni los partidos. Invirtiendo la relación tradicional candidatos-votantes.

La gente de la región a partir de los debates y formulaciones de las comunidades, hará la agenda ciudadana regional; base, marco, y lineamientos, expectativas, prioridades, de las gestiones de las gobernaciones y consejos legislativos a elegir para el lapso. A la inversa de como ha sido; de que los candidatos y los partidos presenten sus propuestas y promesas a los electores para ganar su voto; serán éstos, los electores quienes presenten su agenda ciudadana regional; ante la que sean aquellos quienes se definan y/o comprometan expresamente. A partir de cuyos manejo y debates, abiertos, se visualizarán las sintonías disposiciones y compromisos expresos de los diferentes postulados con ella, con las expectativas y prioridades reales del estado. Junto a que, en el otro sentido; en los debates abiertos los electores calificarán libremente a partir de las capacidades que muestren y en función del que consideran el interés y bien comunes.

El evento nacional de elección de nuevos gobernadores y legisladores de este 2016, ciudadanizado, será un verdadero debate sobre los problemas regionales y regional-nacionales; no una simple campaña vacía; un evento de retóricas y slogan. Aparte el alcance político, sociopolítico y político-institucional que lleguen a tener; que la gente sea el sujeto, no el objeto, de las elecciones regionales; apunta hacia uno de sus mayores impactos previsibles; al de la activación del ciudadano como nuevo sujeto político en la dinámica nacional.

Estas regionales manejadas y protagonizadas por la gente, despolarizadas; un nuevo sujeto político; más y antes que cualquier otro cambio político; mismo que sacar a Maduro; si serán, el inicio de la verdadera salida de la crisis en que estamos; tanto de la inmediata actual como de la de fondo bicentenaria; que tienen como determinantes primarios y principales la concentración y centralización del Poder; la polarización y el presidencialismo.

Caracas mayo del 2016.-

Creo que la frase es del humorista venezolano “Er Conde der Guacharo”, la tomamos prestada para referirnos a los primeros años del gobierno del expresidente Chávez cuando prolongó la vigencia de la Agenda Venezuela. Esta agenda se inició en 1996 en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsada por Teodoro Petkoff como Ministro de Planificación del gobierno de Rafael Caldera. El propósito central de dicha agenda fue el control de la inflación, lo cual se logró ya que este flagelo disminuyó de 80% en 1994 a 12,1% en el año 2001.

El abatimiento de la inflación fue posible mediante políticas de orientación liberal, orientadas a restringir el gasto público y controlar la masa de dinero en circulación. En este contexto se eliminó la práctica utilizada por el expresidente Caldera de recurrir a la emisión de dinero inorgánico. El otro mecanismo usado para el control de la inflación fue la estabilización del valor del dólar, lo cual se logró mediante un sistema de minidevaluaciones encausadas dentro de un rango o banda que limitaba las fluctuaciones de la divisa estadounidense. Para esto fue clave el apoyo del FMI que suministraba credibilidad a la banda otorgando los dólares necesarios para estabilizar la misma.

El control de la inflación produjo una recuperación de la capacidad adquisitiva de la clase media y de los trabajadores organizados, lo cual se evidenció en la capacidad de compra que para ese momento poseía un profesor agregado universitario, cuyo sueldo básico superaba en 9% la canasta básica del CENDAS.

A pesar de que el barril de petróleo no superaba los 20 dólares, había divisas suficientes para importar las materias primas y alimentos requeridos, cuya magnitud era limitada debido a que los niveles de producción internos no ameritaban un excesivo nivel de las mismas. La producción interna era excedentaria lo que se reflejaba en la existencia de exportaciones agroalimentarias cuya magnitud ascendía a 307 millones de dólares y contribuía a financiar la factura de las importaciones. En consecuencia la escasez era un problema insignificante lo que se reflejó en un índice de escasez de solo 5%, lo cual significa que en la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales los consumidores podían conseguir los productos básicos que requerían.

Las universidades, a pesar de sus usuales limitaciones, tenían capacidad de mantener, con relativa modestia, los requerimientos de sus laboratorios como reactivos y equipos; los cuales estaban disponibles en el mercado. Las bibliotecas podían acceder a las publicaciones internacionales con las restricciones que les imponía su presupuesto. Eran libres de establecer sus prioridades y diseñar su presupuesto de divisas, sin necesidad de involucrarse en el engorroso procedimiento que implicó luego el control de cambio.

La felicidad que disfrutamos estos años, sin saberlo, comenzó a mostrarse esquiva después del año 2004 cuando los precios del petróleo comenzaron su danza ascendente. En una época de mayor abundancia de divisas el gobierno abandonó la Agenda Venezuela e impuso un control de cambio que no se justificaba, pues estos mecanismos se implementan en épocas de escasez de divisas. La decisión fue política pues formó parte de un proyecto de control político de la sociedad siguiendo el libreto cubano. El proyecto de Chávez implicaba convertirse en el líder latinoamericano de la revolución bolivariana, amparándose en el prestigio de Fidel Castro dentro de la izquierda de América Latina. Para ello se planteó drenar el ingreso de divisas hacia Cuba y los otros socios de la alianza bolivariana de naciones. La opacidad del régimen cambiario que se impuso dio lugar a una corrupción descomunal, donde se otorgaron cientos de millardos a empresas de maletín, pertenecientes a la llamada boliburguesía.

Por otro lado la inflación hacía estragos en el bolsillo de la clase media. En la medida que el BCV comenzó la impresión de dinero para satisfacer las exigencias del mandamás de turno la inflación tomó de nuevo su camino ascendente, incrementándose de 12% en el 2001 a 68% en el año 2014. En consecuencia la capacidad de compra de la clase media se deterioró, lo que se evidenció en la proporción de la canasta básica del CENDAS que un profesor en la categoría de agregado podía adquirir, la cual descendió de 109% en el 2001 a 33% en el año 2014.

Adicionalmente el hostigamiento a la iniciativa privada, que se reflejó en la política de confiscaciones de empresas y el control de precios, obligó a muchas empresas a emigrar. Las que permanecieron debieron someterse a las exigencias gubernamentales. La escasez pasó de ser un problema insignificante a adquirir ribetes dramáticos, aumentando de 5% en el año 2001 a 28% en el año 2014.

Fuente: BCV; UCAB-UCV. Encovi, 2014; cálculos propios.

En el cuadro previo comparamos el año 2001, cuando estaba vigente la Agenda Venezuela, y el año 2014. Se puede evidenciar que, a pesar de que en el 2014 el precio del petróleo era cuatro veces mayor al del 2001, la inflación se multiplicó por cinco y el índice de escasez fue seis veces mayor. Los programas sociales y alimentarios no logaron reducir los niveles de pobreza. En otras palabras lo que ocasionó el incremento de la inflación y la escasez no fueron las dificultades relacionadas con el descenso del precio del petróleo, que se produciría después del 2014; sino las políticas gubernamentales que se implementaron después del abandono de la Agenda Venezuela y el acuerdo con el FMI. El descenso del precio del petróleo posterior al 2014 lo que hizo fue agudizar la situación, pero el mal ya estaba hecho.

Profesor UCV

El Proyecto de Ley de Hacienda Pública Estadal ha estado en la agenda legislativa desde hace muchos años, de hecho hubo un proyecto sancionado en el año 2004, que no logró ser promulgado porque el entonces Presidente Hugo Chávez lo devolvió a la Asamblea Nacional con observaciones que no fueron procesadas, quedando el proyecto de ley en el olvido.

Aquella ley sancionada fusionó ideas de la oposición y del oficialismo, recogió propuestas de la Universidad del Zulia y de la Gobernación de ese mismo Estado[1] e intentó en el año 2011 ser retomada por los gobernadores de Lara, Carabobo, Zulia, Táchira, Amazonas, Miranda, Nueva Esparta y Alcaldía Metropolitana, quienes pretendieron reimpulsar el proyecto de ley a través de la iniciativa ciudadana y no se concretó.

Ese mismo año 2011 los Presidentes de los Consejos Legislativos de los Estados Zulia y Miranda introdujeron un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitando la declaración de omisión legislativa de la Asamblea Nacional en dictar la Ley de Hacienda Pública Estadal; pasaron los años y no hubo respuesta a ese recurso, por lo tanto el proyecto de ley sancionado quedó guardado en los archivos de la Asamblea Nacional.

Desde el 6 de diciembre 2015, por primera vez desde que se aprobó la Constitución vigente, la Asamblea Nacional se convierte en un verdadero foro político nacional, en donde los problemas más urgentes y prioritarios del país encuentran espacio en la Agenda Legislativa, además de contar con voces legítimas que recuperan la función parlamentaria y el valor de la representación política.

Con el voto del pueblo y la con la voluntad política de los diputados, la Asamblea Nacional ha sido recuperada como institución política al servicio del Pueblo; el mismo Pueblo a quien años atrás le dieron la espalda y lo ignoraron al desconocer aquél mandato popular que dijo NO al modelo de Estado comunal.

La Asamblea Nacional se coloca al servicio del pueblo y también de la descentralización a través de diversos proyectos de leyes que incorporan, entres sus normas, los principios sobre los cuales descansa el modelo de Estado Federal y Descentralizado que exige la Constitución.

Uno de esos proyectos es precisamente la Ley de Hacienda Pública Estadal, que con un nuevo proyecto, vuelve a tener espacio en el debate legislativo, pero que ahora cuenta con una Asamblea Nacional que está comprometida con impulsar los cambios políticos e institucionales necesarios para solventar las deficiencias de un modelo que por todos lados expone su fracaso.

Frente al modelo centralizado y de control político que representa el Estado Comunal, la Descentralización y el Federalismo se levantan como alternativas viables, constitucionales, que con mayor efectividad pueden enfrentar los desafíos que hoy tenemos como sociedad.

Las muy olvidadas Constituciones estadales encuentran, en el debate sobre la hacienda pública estadal, una oportunidad para recuperar su valor jurídico, pues la Ley que se promulgue en esta materia, claramente obliga a revisar esas Constituciones, pues en ellas esta materia se ve regulada bajo un título particular.

Precisamente en esas Constituciones estadales, los gobernadores y los legisladores son expresamente reconocidos como las autoridades responsables de la administración y de la regulación de la hacienda pública estadal, atendiendo por supuesto a las demás normas previstas en esta materia tanto en la Constitución como en las Leyes Nacionales.

La promulgación de este proyecto de Ley facilitará el camino para que los gobernadores y legisladores estadales recuperen su valor de actores estratégicos en el desarrollo estadal y colaboradores esenciales en la tarea de reconstruir el país.

En el marco de este debate legislativo, resulta importante valorar y replantear el rol de otro actor estadal -que hoy es poco reconocido- llamado Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP), instancia creada en la Constitución, orientada hacia el desarrollo estadal y que se destaca porque en su espacio, la gobernanza podría encontrar un lugar idóneo para el debate, la inclusión y los consensos.

Tanto el CEPLACOP, como los Consejo Locales de Planificación Pública (CLPP), en el ámbito municipal, son instancias de planificación y desarrollo que urgentemente requieren ser reformadas, a tal fin, no necesitan una reforma constitucional, basta con una reforma legislativa para que ellas se pongan al servicio de los ciudadanos y de la descentralización. Con la conformación política de la Asamblea Nacional, esa labor es perfectamente viable y oportuna.

No puede olvidarse en este comentario, al Consejo Federal de Gobierno, también creado constitucionalmente y que con una simple reforma legislativa, puede ser rescatado como espacio para el diseño de la descentralización.

Estas tres instancias mencionadas de planificación y desarrollo, diseñan un sistema en el que la coordinación, cooperación y colaboración entre los distintos niveles políticos territoriales, permiten construir los consensos necesarios para lograr un debate político e incluyente sobre las líneas estratégicas que debería contener todo acuerdo político para construir algún producto que podría llamarse Plan de Descentralización y Desarrollo, que como proyecto político permita sustituir al Plan de la Patria 2013-2019.

Fortalecer la hacienda pública estadal abre el debate sobre la hacienda pública municipal, y ello supone un gran debate político, que no puede limitarse a transformaciones legales y mucho menos, en estos momentos críticos del país, puede limitarse a un conjunto de propuestas normativas que reposan en la web de la Asamblea Nacional.

Es urgente que el ciudadano sea incluido en ese debate, y es necesario que sea acercado a esas propuestas legislativas, para que comprenda el alcance de las mismas y se empodere en su defensa. He allí la importancia de una reforma parcial del CEPLACOP y del CLPP.

Hoy la Asamblea Nacional está amenazada por el Ejecutivo y el Judicial. El ciudadano no debe perder de vista que la principal razón de esa amenaza es que tenemos como sociedad una Asamblea que logra cumplir su misión constitucional. Acompañarla y defenderla pasa por comprender su trabajo y entender el alcance que sus propuestas legislativas traen consigo en la tarea que nos impone la historia de rescatar el país, reencontrarnos con la democracia y rescatar nuestra condición de ciudadanos.

[1]FREITEZ, Jesenia. Culpa de Chávez. En: Tal Cual Digital. 01-11-2011. Online en: http://www.talcualdigital.com/Nota/62688/Culpa-De-Chavez

Politika UCAB

La nota de prensa semanal

El economista Aníbal Araque, integrante de Aragua en Red, valoró como positiva la posibilidad de liberación del dólar recientemente asomada por el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad.

“El control cambiario es como un torniquete. Un torniquete es una medida de emergencia para frenar un flujo de sangre. Usted no puede permanecer con eso 5 ó 6 días, porque obviamente ese miembro se necrosa y se pudre, hay que cortarlo. Eso pasa con el tipo de cambio controlado, no puede permanecer en el tiempo”, explicó el especialista.

Agregó que sería igual de perjudicial hacer una inmediata apertura económica total, por lo que saludó que comiencen a darse pasos para una unificación cambiaria paulatina, en la que el mercado dicte las pautas. Acotó, sin embargo, que actualmente el Estado venezolano no está en condiciones para garantizar la disponibilidad de divisas necesarias para este proceso.

Agregó que la centralización de las ventas de alimentos atenta contra el principio primordial de libertad y genera graves distorsiones en el curso económico del país, pues se impone un patrón de consumo universal sin miramientos a las particularidades.

KM
Foto JA

Al momento de escribir estas líneas, no tengo idea alguna sobre el resultado concreto que obtendrá la comunicación del secretario general de la OEA sobre la situación de Venezuela en el concierto interamericano de las naciones y el acatamiento de las normas que rigen la convivencia democrática. Creo que tampoco a él le importa, ya que lo que interesa es dejar constancia del deber cumplido.

El documento de Luis Almagro puede ser suscrito por el Bloque Constitucional de Venezuela, por las facultades de derecho del país, por los colegios de abogados, por los activistas de derechos humanos y por todo ciudadano que profese la democracia.

Se trata de un diagnóstico crudo y objetivo de la realidad venezolana que pone el dedo en la llaga de la tragedia que estamos viviendo y que se encarna en el dolor y en las carencias de los más desposeídos, que hoy apenas reciben mendrugos que caen de la mesa del gobierno.

Sencillamente, todas las reglas que simbólica o realmente se aplicaban entre nosotros han cesado en su vigencia efectiva.

Las naciones tienen su declaración de principios y su marco normativo que las rige en su carta fundamental, carta magna o Constitución.

En un Estado social y democrático de Derecho son dos los principios básicos: el respeto absoluto a los derechos humanos y la separación de los poderes.

El documento de Almagro, sencillamente, deja al descubierto nuestra realidad: no tenemos Constitución, a pesar de tener un texto escrito de 1999 con grandilocuentes declaraciones y disposiciones, cuya letra y espíritu, aunque sea evidente y no deje, por ello, lugar a dudas, queda al arbitrio de una Sala Constitucional que acomoda el articulado a las exigencias y necesidades del gobierno.

Las carencias de alimentos, de medicinas y de seguridad agobian al ciudadano. Los enfermos mueren de mengua; los niños pasan hambre y extrema necesidad; la violencia nos acogota; y solo hay sanción efectiva y enérgica para quien se atreve a disentir del régimen, amenaza, por ello, para el estatus y pretendido factor de desestabilización.

Nos hemos convertido en un país de salida; las familias se encuentran dispersas por el mundo; el crimen organizado a modo de “pranato” ha extendido su radio de influencia a todos los ámbitos de la vida societaria; y, en definitiva, nos movemos en un territorio sin ley y sin justicia, en franca regresión a las etapas más primitivas de la venganza privada y del imperio del terror.

Almagro, en su comunicación, retrata el drama de Venezuela y, en lugar de ver hacia otro lado y regodearse en fórmulas vacías de la diplomacia o negociar con oscuros o abiertos intereses que terminan diciendo algo que no dice nada, asume su responsabilidad como secretario de una organización que tiene como encomienda velar por la democracia en América.

En mi opinión, ha sido acertado en sus apreciaciones y va a la esencia del problema.

Nuestro país, nuestro pobre país, rico “en reservas petroleras”, privilegiado y dotado abundantemente por Dios y la naturaleza, padece lo que la propia Sala Constitucional ha calificado de “anomia” para atribuirlo a la propuesta legislativa de renuncia del Estado al castigo injusto de quienes han cometido el delito de opinar y expresar sus ideas.

Sin poderes contralores, el Ejecutivo, aferrado al mando de una nave que marcha hacia el abismo, sin ánimo alguno de rectificar, pretendiendo engañar a propios y extraños, ha conducido al pueblo hacia los vericuetos de la desesperanza, del miedo y de la impotencia.

Por lo expresado, por las consideraciones principistas que atañen a la democracia, por el estado de desamparo y sufrimiento del pueblo, ante las evidencias de violaciones flagrantes de los derechos humanos y la ausencia de árbitros imparciales o de jueces que resuelvan los conflictos sociales, se impone un llamado inequívoco a restablecer el orden constitucional, a respetar al Poder Legislativo, representación legítima y plural del pueblo, a garantizar el respeto a los derechos humanos, a dejar sin efecto la persecución a los adversarios políticos y –algo que responde a la esencia de un sistema que se dice participativo y de protagonismo popular– a consultar a todos sobre la revocación del mandato presidencial.

Lo que dice Almagro no puede dejar de ser suscrito por quien comparta las reglas mínimas de la democracia. Sin duda, nos ha impartido una lección de civismo y nos ha dado una clase práctica de derecho.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional. 7 de junio 2016