EL ASALTO AL TSJ

El asunto que queremos comentar hoy, desde Aragua en Red, está vinculado a la pretensión del gobierno, para designar a lo Jalisco, contraviniendo reglas legales y constitucionales, doce (12) magistrados al Tribunal Supremo de Justicia.

1.- Debemos señalar previamente que la Constitución Nacional en su artículo 270 dispone que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados del TSJ, pero que la legislatura que está por fenecer, lo constituyó en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (art. 64) como una instancia asesora de la Asamblea Nacional. Esta disposición legal es absolutamente contraria al espíritu del constituyente y ello hace que su naturaleza sea inconstitucional.

2.- Denunciamos que los plazos están vencidos para la elección de los magistrados.

Las razones están aquí: Este Comité de Postulaciones Judiciales publicó en la prensa nacional el día 8 del presente mes de diciembre los nombres de los postulados al cargo de magistrados, y de acuerdo con la Ley del TSJ a partir de esa publicación se abre un lapso de 15 días continuos para que cualquier interesado impugne con prueba fehaciente a cualquiera de los candidatos. Ese lapso entonces fenece el próximo día 23 de este mismo mes. Vencido dicho lapso, el Comité de Postulaciones Judiciales necesariamente deberá pronunciarse sobre la admisión de dichas impugnaciones y tiene para ello otro lapso, ahora de ocho (8) días continuos que concluyen el próximo día 31 de diciembre, último día del año, fecha en la cual el CPJ, a partir de allí, por razones del derecho a la defensa otorgará al afectado una audiencia, dentro de los tres (3) siguientes, que deberá notificarlo por cualquier medio, para que exponga sus alegatos y defensa. Aquí estamos hablando, por lo menos de dos días, uno para la notificación y otro para las audiencias, hablamos entonces, en el mejor de los casos, el día tres (3) de enero del 2016. En este estado, el CPJ deberá hacer una preselección de los postulados en los días siguientes para luego lo remitirá al Poder Ciudadano, con los expedientes de cada uno de los tantos postulados.

No hay duda que para hacer la preselección de los candidatos y remitirla al Poder Ciudadano, quien debe revisar los expedientes y hacer otra preselección, ya se ha instalado la nueva Asamblea Nacional, que es la encargada de designar a los magistrados del TSJ en sesión plenaria y con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros.

3.- No hay pues, plazo legal ni constitucional para que esta legislatura designe 12 nuevos magistrados que sustituyen a los que cuyo periodo está por vencerse. Se agotaron los plazos y las exigencias legales para llevar a cabo aquellas designaciones.

4.- Otro de los vicios de esta pretendida designación es el adelanto obligado de las jubilaciones y el desconocimiento de cuales cargos se van a ocupar con los nuevos nombramientos.

5.- Asunto aparte que debemos comentar, es que si bien no existe en la Ley impedimento para que un miembro del Comité de Postulaciones Judiciales pueda postularse al cargo de magistrado, resulta sin embargo, una conducta absolutamente desviada de la ley, que el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales se retire del mismo y simultáneamente se postule ante dicho Comité, pero con otro apellido y con la misma cédula de identidad y manu militari, sin que medie decisión de la Asamblea Nacional, designe un presidente encargado, y secretario del mismo, a su hijo. Estos comportamientos son contrarios a la transparencia que debe regir el procedimiento de selección a la más Alta Magistratura Judicial de la Nación.

El país ha perdido el rumbo y urge rescatarlo!

Finalmente, queremos manifestar que el talante antidemocrático de quienes nos gobiernan, se manifiesta en esa decisión de desconocer el procedimiento de nuestro ordenamiento legal y constitucional, en este caso, en el marco de los recientes resultados parlamentarios y el espacio escogido es, lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia, de quien la ciudadanía espera se saque del debate electoral y político para bien de la credibilidad de esa rama del poder público nacional.

Es este el trance que denunciamos desde las organizaciones ciudadanas de Aragua en Red en cuanto a que esta designación, a troche y moche de los candidatos a magistrados del TSJ, pareciera más bien un asalto a ese Alto Tribunal, que hoy más que nunca el país reclama sea garante de imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones para bien de la República y del sistema democrático.

Por ello creemos, en AenR, que hay muchas cosas que deben ser reformadas y mejoradas en la normativa venezolana, una de la más importante, el Poder Judicial, porque de su independencia y autonomía depende que exista un estado de Derecho, pues es el Poder Judicial el que garantiza el cumplimiento de los principios que lo conforman.

No sé por qué, en ese despropósito de designar sin plazos los magistrados del TSJ, se me viene a la memoria, el atentado al Congreso de 1848 por las huestes de José Tadeo Monagas.

Declaración de Aragua en Red, 21 de diciembre de 2015

Una nueva Asamblea Nacional, con la composición que ya todos conocemos y que algunos pocos tratan de desconocer, abre el camino a la política en su sentido más real, es decir, aquella que entiende la necesidad de alcanzar acuerdos que satisfagan los intereses de las mayorías, sin olvidar que en los mismos, las minorías sin importar su tamaño, tienen que participar.

El cambio de correlación política a nivel del poder legislativo obliga al ejecutivo a entender que los votantes exigen rectificación de las medidas que nos han conducido a una escasez y a una inflación que, acompañadas de una inseguridad personal que rompe records a diario, hacen invivible la realidad cotidiana en nuestro país.

Hoy están abiertas dos opciones, que cuando escogida equivocadamente condujeron a otras naciones, al horrible enfrentamiento fratricida que solo produjo muerte y desolación, para pasado un tiempo, impredecible en nuestras circunstancias, tener que sentarse a diseñar un camino hacia el reencuentro entre hermanos.

En consecuencia, seguiremos abogando por una salida política constitucional que permita un gobierno que entienda el momento que vivimos, llame a la concordia y al entendimiento entre los venezolanos, que asuma la responsabilidad de tomar las medidas que se han demostrado necesarias, sin olvidar que el desarrollo que debemos perseguir es el de la gente como un todo y no el de algún sector en particular.

El gobierno que queremos tiene que asumir, más allá de lo inmediato, que la única solución verdadera descansa en el respeto a las instituciones y que estas tienen que ser recuperadas por la vía constitucional más expedita.

Si lo hubiéramos entendido antes, nos podíamos haber ahorrado el haber llegado a lo que hemos llegado. Sentarnos a lamentarnos no conduce a nada; por lo tanto, no queda otra que hacer lo que toca, exigirle a nuestros políticos, de todos los colores, hacer política de verdad.

20 de diciembre de 2015

Es evidente que, a pesar del contundente triunfo electoral de la Mesa de la Unidad Democrática sobre el despreciado régimen, la intención, hasta ahora expresada por los halcones bolivarianos, es una clara voluntad de ignorar el mandato del soberano y, aun peor, la Constitución y leyes.

Si el régimen no es obligado a la obediencia de nuestras leyes, tendremos la gallarda situación de que, pese al entusiasmo demostrado el 6-D, el tirano y sus lacayos intentarán por todos los medios, desde los legales hasta los más viles, hacerse del patrimonio público y abusivos privilegios.

El compromiso adquirido por los recién electos diputados a nuestra Asamblea es realmente crítico. Han de enfrentar amenazas, insultos, vejaciones de aquellos representantes de la barbarie, de la fuerza. Enfrentarlos por encima de la razón y la tiranía con que actuarán aplastando la democracia. Los representantes del pueblo tendrán que sacar a relucir la valentía que llevan en su cuerpo y alma, pues no se trata de una representación sencilla de la voluntad del soberano.

La Asamblea será la voz del pueblo sufrido y cansado que aspira a retomar un rumbo para volvernos a la esperanza de un mejor futuro, la prosperidad que debía habernos dado los años de bonanza petrolera y que fueron dilapidados sin consideración por las penurias de los más débiles de nuestro pueblo.

Habrá que comenzar, de ello no cabe la menor duda, por asegurar la libertad para todos los presos políticos. Liberar a los valientes que se sacrificaron al manifestar su oposición y desacuerdo con la traición a la democracia que sufre nuestro país. Amnistía total para todos los perseguidos por razones políticas.

La liberación de estas personas no solo es un compromiso electoral, es una reivindicación por los años de opresión y abuso de un Poder Judicial subyugado y servil que ha castigado con estas prisiones no solo a los encerrados, sino a todo el país mediante la siembra del terror.

Lo que deben hacer ahora los defensores de la Constitución es sencillo, fácil de comprender y aceptar. Si miramos la estrategia y táctica que nos trajo este triunfo comprendemos que la mayor fuerza la encontramos en la unión, pero seamos bien conscientes de que la unión no puede quedarse en unos acuerdos para conformar listas de candidatos, sería imperdonable, la unión tiene que ser un conjunto blindado de principios, programas y organización.

Recuperar la fuerza sindical, la sabiduría de los académicos, el conocimiento de los técnicos y científicos para lograr un desarrollo armónico y justo para todos, desterrar al narcotráfico y sus oscuros lugartenientes. Reactivar las fibras de la decencia y amor patrio, defender nuestro territorio y patrimonio. La patria grande comenzará solo cuando hagamos grande nuestra patria, lo demás es un triste engaño populista.

Esta primera batalla ganada se logró por un trabajo incansable que engendró la mayor protesta popular de la historia comicial reciente, podría decirse que conformó un plebiscito solicitando un cambio de gobierno, ahora la solidaridad en la Asamblea debe llevar esa investidura como primera credencial para reclamar su autoridad ante un gobierno que produce hambre, inseguridad y representa una barbarie feroz que ha devorado la esperanza del futuro.

No hay tiempo que perder, si se dispersa la unión por mezquindades o ambiciones particulares, veremos un derrumbe rápido de los logros y el victorioso será precisamente el derrotado.

El tiempo está en contra, cada día que se deje de tener unidad, unidad y más unidad será uno más que alejará la posibilidad de corresponderle a nuestro esperanzado pueblo con el compromiso democrático.

Dijo Lenin: “La revolución no se hace, sino que se organiza”. Soportando esta máxima diría, la victoria no dura sin organización y sin compromiso.

El Nacional

18 de diciembre 2015

En Argentina y Venezuela, el gran triunfador es la idea de la alternancia

La democracia se funda y se recrea en base a la alternancia, noción según la cual el poder no es propiedad de ningún partido, grupo, familia o persona. Por el contrario, es un recurso compartido colectivamente y transferible por medio del sufragio universal. Como tal, es transitorio y regulado por un conjunto de normas constitucionales.

En los sistemas parlamentarios el gobierno puede terminar en cualquier momento. Solo es necesario un voto de no confianza para hacer efectivo el principio de la alternancia. El gobierno se disuelve y uno nuevo se forma, ya sea en el Parlamento o por medio de elecciones anticipadas. En los presidencialismos, por su parte, el tiempo en el poder y el calendario electoral son fijos. Pensado como una alternativa a la monarquía, un presidencialismo sin límites de tiempo en el poder terminaría siendo exactamente eso, un régimen monárquico y con rasgos marcadamente despóticos.

Evocar la historia sirve para entender el capricho, el cinismo, el chantaje y la arrogancia de los oficialismos derrotados hoy en Argentina y Venezuela

Las autocracias no comulgan con estos principios, pero no obstante muchas de ellas han contado con mecanismos institucionales para enfrentar el inevitable problema de la sucesión. No siendo por convicción, una cierta alternancia ocurre por imposición del almanaque—la vida de un individuo es efímera en términos del tiempo político—tanto como por la necesidad de todo sistema de gobierno de renovarse, incluso las dictaduras.

En el sistema soviético el comité central del partido-Estado se encargaba de la sucesión, una decisión de los jerarcas. Franco restauró la monarquía como regla sucesoria, que derivó en democracia. Pinochet lo hizo por medio de un plebiscito estipulado en la constitución que él mismo escribió. Típicamente, los regímenes militares resolvían la sucesión por medio de decisiones colegiadas de los altos mandos. En la Indonesia de Suharto existían tres partidos políticos que competían entre sí en elecciones regulares. Los tres respondían al dictador, una eficaz mímica de alternancia democrática que duró más de dos décadas.

En notable contraste, los bolivarianos, el ALBA y otros autoritarismos afines no han siquiera pensado en una regla sucesoria, una rutina para enfrentar al implacable paso del tiempo. El ejemplo de la complicada sucesión de Chávez ilustra el punto con elocuencia. El lector dirá que ello es por ser populistas, pero ese es el error de la época: usar el término populismo para todo, tanto que no significa nada.

De hecho, el populismo era más cuidadoso en estas lides. Getúlio Vargas dejó dos partidos detrás, el PSD y el PTB. El PRI respetaba la norma de no reelección presidencial. El peronismo resolvió la crisis de la muerte de su fundador creando un partido político, con elecciones internas y que ganó y también perdió elecciones nacionales. Eso desde 1983 y hasta la llegada del kirchnerismo en 2003.

Evocar la historia sirve para entender el capricho, el cinismo, el chantaje y la arrogancia de los oficialismos derrotados hoy en Argentina y Venezuela. Cristina Kirchner boicoteó la asunción de Macri, incumpliendo sus obligaciones institucionales y amenazando al gobierno entrante. Maduro acusó al pueblo de votar contra sí mismo, en una sorpresiva utilización de la noción de falsa conciencia. Vengativo, además, anunció que no va a construir las viviendas programadas, ello como represalia por el resultado electoral.

Lo notable no es solo el autoritarismo sino la degradación institucional causada por la concepción patrimonialista del poder. Kirchner, Maduro y Cabello pierden los estribos porque su generosidad paternalista recibe la ingratitud como respuesta, bajo la forma de una inconcebible derrota. Rechazan la alternancia no por poseer una elaborada ideología anti-liberal, sino porque están convencidos que el poder les pertenece por derecho. No piensan en el desafío de la sucesión política porque los bienes se heredan.

El nepotismo aquí es el orden natural de las cosas, la garantía de la estabilidad que se deriva de la concentración endogámica del poder del Estado. Por ello no son capaces de imaginar que ese poder termine en manos de otro. Si sucede, es ilegítimo. Esas manos son, necesariamente, las de un usurpador. Macri y la MUD acaban de cometer un delito: han hurtado el poder.

Más que nunca, seguirán hablando de golpes destituyentes. De otro modo deberían reconocer que perdieron en elecciones libres. Salvo que uno piense como ellos, quienes continúan repitiendo aquello del “giro a la derecha” en la región, por favor, ¡ya basta! Luego de la liberación de los presos de conciencia, pocas cosas en la política son más progresistas que la alternancia en el poder.

Twitter @hectorschamis

El País (España). 12 dic 2015

A Nicolás: Por mentiroso e inepto recibiste una zaparapanda de palos cívicos el 6D. Ciertamente tus ministros, gobernadores y alcaldes, Diosdado y Jorge Rodríguez tienen parte de culpa pero tú eres el principal responsable de la debacle. Nicolás, no te apoyaron porque fracasaste en todo al insistir en un proyecto político-económico inviable y porque atropellaste a muchos.

Nadie te compró tu invento de que la escasez de todo tipo de producto se debe a una supuesta guerra económica. ¿Cómo pretendiste que te creyeran, cuando en las fábricas y en el comercio trabajan votantes que conocen lo que sucede? En las muchas empresas de alimentos que maneja el Estado sus trabajadores saben que la producción es mínima y que operan a pérdida. En las empresas privadas sus trabajadores conocen que trabajan a máxima capacidad y que la única limitante es la escasez de insumos importados porque tú no suministraste los dólares para traerlos.

¿Cómo pretendiste engañar a un pueblo que sufre por el alto costo de la vida, la escasez de alimentos, medicinas, cemento, cabillas, repuestos, inseguridad e interrupciones del servicio eléctrico? ¿Acaso pensaste que nuestra gente no está consciente de que favoreciste a empresas extranjeras de construcción e importaste alimentos que compiten deslealmente con la producción nacional? ¿No te da vergüenza declarar que ¨tengo duda en construir viviendas, porque pedí tu apoyo y no me lo diste¨?

Con respecto a tu prédica sobre nuestra empresa petrolera te sugiero leas el Informe de Mercado de la OPEP de diciembre en el que Eulogio Del Pino, presidente de Pdvsa, informó que la producción al 15 de noviembre fue de solo 2.587.000 barriles por día, es decir 680.000 barriles menos por día que lo que producía la Pdvsa meritocrática. ¿A qué crees que se deba este drástico descenso? ¿No crees que la politización de la empresa en la cual hoy abundan directores y gerentes ineptos haya tenido alguna influencia? ¿O será culpa del ¨imperio¨ y de la ¨guerra económica¨?

Nicolás, por el bien de Venezuela debes renunciar. Si decides no hacerlo, por lo menos deja de amenazar y permite que la Asamblea Nacional haga su trabajo. No instes a la Fuerza Armada a prepararse para una guerra ¨no convencional¨, que se interpreta que es contra los venezolanos que votaron en tu contra. No sigas comportándote como un malandro.

Al PSUV: La militancia del PSUV y los dirigentes honestos deben entender que su vigencia como partido dependerá de que aparten a los corruptos y acepten que el modelo económico que pretendieron imponer no es viable. El Estado no puede asumir actividades que no le competen y debe concentrarse en mejorar la educación, salud, seguridad e infraestructura. Perfectamente puede lograrse un equilibrio entre ¨tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario¨. Además, es necesario que respeten a quienes no piensan como ustedes. Ahora que son minoría no deben ser objeto de los insultos y del marginamiento a que ustedes nos sometieron. Ustedes son responsables de los problemas, pero pueden ser parte de las soluciones.

A la MUD: Más que nunca se requiere mantener la unidad. El resultado del 6D fue producto del trabajo de ustedes, pero también de la sociedad civil. Hemos llegado hasta aquí gracias a la resistencia de una sociedad que no se doblegó, que fue a un paro, marchó, protestó, divulgó por las redes sociales los atropellos del régimen. Que gracias a las manifestaciones a raíz del 12 de febrero, con su secuela de venezolanos asesinados, torturados y encarcelados, el mundo se percató de las violaciones a los derechos humanos. Que los venezolanos en el exterior contribuyeron con sus protestas en muchas ciudades del mundo. Sin las declaraciones y presencia en Venezuela de un grupo distinguido de expresidentes quizá el régimen se hubiese atrevido a dar el zarpazo.

Por ello, los instamos a proceder con amplitud. A la par del buen trabajo de los líderes de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo es necesario reconocer y valorar lo realizado por Antonio Ledezma, quien desde un inicio denunció la existencia de presos políticos y exiliados. De Leopoldo López, que tuvo la valentía de luchar contra el régimen frontalmente y de presentarse ante los tribunales a sabiendas de que sería injustamente encarcelado, pero cuya prisión tuvo un elevado costo político para el régimen. De María Corina, es imperativo que reconozcan su valentía y entrega en la lucha por la democracia, siendo objeto de golpes, insultos y amenazas de encarcelamiento.

Como en botica: El acuerdo sobre Cambio Climático, así como el grave deterioro de Pdvsa obliga a repensar nuestra industria petrolera. El grupo Coener y Gente del Petróleo tienen propuestas que deben discutirse. Quienes hacen ¨colas sabrosas¨ impidieron que Jaqueline se coleara en la Asamblea. Felicitaciones a Miguel H. Otero por el otorgamiento del premio Luca de Tena ¡Por una Amnistía que abarque los sucesos políticos desde el 2001 a la fecha!

eddiearamirez@hotmail.com 15/12/15 Noticiero Digital y Runrunes

Nosotros, los abajo firmantes, voceros todos del Consejo Comunal 5 de Julio, legal y legítimamente electos por la comunidad de la poligonal 1, de la UD 12, del sector 9, de la urbanización Caña de Azúcar; en vista de los procedimientos irregulares que recientemente se han venido cometiendo en nombre de este organismo, los cuales han llegado al colmo del abuso con el reparto de bolsas de comida realizado el día sábado 21 del presente mes, nos vemos en la obligación de aclarar y alertar a nuestros vecinos, sobre lo siguiente:

1. En ningún momento fuimos informados, y por tanto, no tuvimos ninguna participación en la entrega de bolsas de comida. No es cierto, tal como de manera malintencionada y malsana se dedicaron a decir los principales promotores de esta actividad, que hayamos tenido la responsabilidad de repartir números en los bloques donde vivimos. Con esto intentaron esconder la verdadera razón por la cual la mayoría de los vecinos fuimos excluidos y discriminados; que no fue otra, sino que la misma estuvo dirigida especialmente a los militantes y relacionados con el partido político representado por los voceros que la organizaron, a sus familiares y amigos personales.

2. Consideramos que la militancia, inclinaciones o simpatías políticas de cada quien, cualquiera esta sea, es un derecho que merece respeto; y que no debe ser motivo para impedir la convivencia y la coexistencia en nuestra comunidad y Consejos Comunales; Asimismo, consideramos que estos deben ser respetados en su esencia de organización popular y comunitaria, y no ser utilizados como instrumentos para los intereses propios de ninguna agrupación política, religiosa, etc. Por tales motivos creemos, que las acciones descritas no son solo una afrenta para nosotros en particular; sino que fundamentalmente constituyen un atropello para todos los que integramos esta comunidad y su Consejo Comunal.

3. Consideramos incorrecto e ilegal la utilización de estos organismos de participación democrática y sus vocerías para beneficio personal o partidista; pues todos aquellos que se puedan obtener a través de ellos constituyen un derecho humano y constitucional de todos los venezolanos; y en este caso, de toda la comunidad de la UD 12, que no puede ser secuestrado por ningún interés grupal o individual.

4. Como miembros y voceros de esta comunidad, y ante la evidencia pública de los hechos reseñados, estamos en la obligación de denunciar y exigir a sus responsables, la INMEDIATA rendición de cuentas ante la Asamblea de Ciudadanos y la publicación de las listas de personas a ser beneficiadas con pensiones, teléfonos, antenas satelitales, electrodomésticos, etc. para que demuestren ante todos, si en estos casos no han repetido las mismas prácticas excluyentes que hemos señalado. Los dineros del Estado no pueden ser utilizados para beneficio personal ni de parcialidad política alguna.

María Elizabeth. Liendo

Evelyn Vennot

Daniel Morillo

Contraloría (CC 5 de Julio)

Finanzas (CC 5 de Julio)

Alimentación (CC 5 de Julio)

Amarilis Narcise

Mayra Rincón

Luis Miguel Inojosa

Com. Electoral (CC 5 de Julio)

Com. Electoral (CC 5 de Julio)

Deporte (CC 5 de Julio)

Daniel Odo

Salud (CC 5 de Julio)

Caña de Azúcar, 1º de diciembre de 2015

El primer consenso, reconciliarnos para alcanzar la paz

Nos comprometimos hace dos semanas a dedicar este artículo al primero de los consensos que componen La Venezuela que queremos todos, proyecto de construcción de una Visión Compartida de País que viene siendo adelantado desde 2009 por organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una iniciativa inédita en Venezuela, nacida “de abajo hacia arriba”, en que las bases de la sociedad han expresado cómo es el país que quieren y grupos de académicos y expertos han respondido planteando cómo lograr los objetivos. El proceso comenzó con una primera etapa denominada “Voces de la Gente”, en la cual participaron más de 66.000 personas en diálogos de colectividades y talleres de líderes comunitarios, seguida de una segunda basada en simposios de académicos y especialistas en que tomaron parte más de 500 profesionales, y de una tercera que está concluyendo a fines de 2015 en la cual doce grupos de expertos participan en talleres en los que se plantean estrategias y políticas concretas para hacer realidad cada uno de los consensos.

Los rasgos de mayor coincidencia con los que la gente narra la Venezuela que queremos todos incluyen tener paz y convivir sin confrontaciones; sentirnos seguros y no expuestos a la violencia de otros y a los atropellos de quienes representan al Estado. En esto, y en la voluntad de encontrar caminos para la reconciliación, consiste el primer consenso, un conjunto de expectativas y aspiraciones que afloró en los talleres de líderes y activistas y en los diálogos de comunidades que fueron realizados por la Iniciativa en su primera etapa de Voces de la Gente.

Las propuestas estratégicas para promover la reconciliación

Nuestra reconciliación, por mucho que la deseemos no se producirá espontáneamente ni bastará para ponerla en marcha que desaparezcan los estímulos provocados desde el Estado para enfrentarnos; hará falta un esfuerzo consciente y sistemático de las instituciones en varias direcciones complementarias. Si la paz es un fin fundamental para nuestra sociedad y si ella considera que la reconciliación es indispensable para lograrla, entonces sus liderazgos y las organizaciones civiles tendrán que comprometerse en su implementación, que no será fácil pero merece la pena, y presionar al Estado para que se ponga efectivamente a su servicio.

La propuesta sobre la reconciliación plantea tres objetivos estratégicos, cada uno de ellos asociado a una serie de lineamientos de acción. No se trata de tres propuestas, ni de la búsqueda de tres clases de armonía o de logros de paz en tres ámbitos distintos, sino de apoyar con diversas acciones un proceso único de reconciliación que requiere de las tres estrategias para salir adelante.

El primero de los objetivos estratégicos es favorecer la despolarización política y la cooperación social; el segundo es contribuir a reducir la violencia en las comunidades; y el tercero consiste en promover un compromiso efectivo de la sociedad y sus instituciones con los derechos humanos y la erradicación de la violencia ilegítima de Estado.

Propiciar conductas de despolarización política y cooperación social

La propuesta para favorecer la despolarización y la cooperación social plantea tres líneas de quehacer concreto, no solo discurso sobre una cultura sino construcción de una realidad de convivencia y solidaridad.

La primera línea se basa en un acuerdo de despolarización entre los liderazgos políticos y entre estos y los medios de comunicación que proscribiría las campañas y mensajes que siembran el odio y la confrontación extrema; promovería diálogos en las bases partidistas acerca de visiones compartidas del país; y activaría conductas anti-sectarias e incluyentes de las organizaciones en los períodos de transiciones políticas y cambios de gobierno.

La segunda se instrumenta en proyectos de cooperación al interior de las colectividades, que incorporen sin sectarismos a toda la comunidad para perseguir logros que la beneficien en común, en materia de servicios, equipamientos, recreación, salud y seguridad ciudadana, entre otros, en proyectos que serían vehículos para la concientización y la discusión respetuosa, e instrumentos concretos para la capacitación de las comunidades en normas de convivencia y en mecanismos para la participación y el diálogo plural.

La tercera línea ambiciona ser vehículo para la cooperación solidaria entre grupos sociales. Comprende trabajo conjunto entre grupos de clase media y colectividades populares, tendentes al reconocimiento mutuo y a restablecer lazos de confianza, en proyectos dirigidos a fortalecer a los individuos y las organizaciones de las comunidades populares, para que ellos mismos eleven su capacidad de agencia. Esta línea implica lograr acuerdos entre universidades, fundaciones de responsabilidad social empresarial, colegios y gremios, para que ellos promuevan la participación activa de sus miembros.

Contribuir a la reducción de la violencia social

Para contribuir a reducir la violencia que ha llegado a ser vista como parte normal de la cotidianidad, la propuesta plantea tres líneas de acción, la primera de las cuales consiste en intervenciones y reformas del sistema judicial a nivel nacional, y las otras dos a cargo de comunidades y gobiernos locales, cuyo éxito dependerá de los logros que la población aprecie en la primera.

La línea de intervenciones y reformas nacionales plantea la combinación de varias acciones en el poder judicial: una política de “tolerancia cero”; designar jueces, fiscales y funcionarios policiales comprometidos con los derechos humanos que sean ética y profesionalmente idóneos; mejorar notablemente en celeridad procesal; fortalecer la investigación judicial; y avanzar una reforma del sistema penitenciario que humanice la realidad de las cárceles y la futura reinserción de los ex reclusos en la sociedad.

Entre las metas concretas que esta línea se plantea en el muy corto plazo el desmantelamiento de redes de narcotráfico y de secuestros gestionadas desde cárceles en complicidad con grupos policiales; la conducción de planes de desarme de colectividades; y el reinicio del patrullaje policial en zonas urbanas que fueron dejadas fuera del control de las instituciones apuntando a objetivos políticos espurios.

En cuanto al control de factores de riesgo por familias y colectividades se propone armonizar, en colectividades que sufren de alta exposición a la violencia, la formación ciudadana y la atención a las familias y comunidades para la recuperación y el uso comunitario de espacios seguros; el despliegue de programas de extensión escolar para jóvenes entre los 13 y los 19 años dirigidos a prevenir la delincuencia y disuadir su participación en pandillas; y la mejora progresiva de las vías de acceso que permita incrementar el patrullaje policial.

La estrategia para promover una cultura ciudadana de respeto a la Ley, no impunidad y resolución pacífica de conflictos persigue el rechazo al modelo del individuo violador de reglas que se impone por la violencia; la valoración de que es útil respetar la y resolver conflictos mediante la negociación; y el desarrollo de una estima mutua entre las comunidades y los agentes del Estado que deben protegerlas. Implementar esta línea implica un enorme esfuerzo inicial porque se parte de una realidad actual muy adversa, un sistema judicial y unos cuerpos policiales degradados que no inspiran reconocimiento, y una cultura de lo público en que aquellos valores son muy débiles o incluso han sido sustituidos por anti-valores en muchas comunidades.

Un compromiso real con los derechos humanos y la erradicación de la violencia ilegítima de Estado

Las dos vertientes de acción que completan la propuesta se refieren a los derechos humanos. La primera consiste en internalizar el respeto a esos derechos en la cultura pública del venezolano, y la segunda, denominada de “reconciliación con justicia”, atiende al hecho de que la violencia ilegítima del Estado ha generado muchas violaciones de derechos humanos que han sido sistemáticas y extremas, tanto en gravedad como en número de víctimas, abriendo heridas que solo restañarán y dejarán el camino abierto a la reconciliación si se hace justicia.

Internalizar el respeto a los derechos humanos en la cultura pública implica en términos prácticos incorporar los valores y las reglas de la institucionalidad existente a la conducta ciudadana.

Un primer programa en esta línea consiste en fortalecer y dar a conocer los mecanismos ordinarios de la justicia referidos a los derechos humanos; educar y concientizar de manera sistemática y permanente a las comunidades (geográficas, laborales, educacionales) y a los funcionarios del Estado en todos sus niveles sobre el respeto y la protección de los DDHH en sus prácticas cotidianas, y concientizar a toda la sociedad sobre su derecho a realizar contraloría social y sobre los dispositivos de la justicia aplicables a los violadores.

Un segundo programa busca fortalecer a las ONGs dedicadas permanentemente a la defensa de los derechos humanos, promoviendo que el poder judicial y los otros órganos del Estado, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, les brinden reconocimiento, soporte y protección a sus actividades de monitoreo, denuncia y capacitación.

Por último, la reconciliación con justicia contribuye a cimentar el proceso de reconciliación sobre bases y mecanismos que aseguren la no impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos y de comisión de crímenes internacionales, partiendo de determinar la verdad y las circunstancias en que ellos se produjeron, y definiendo un sistema de sanciones y penas que permita la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la vez que la transición hacia una paz estable y duradera.