Porque es urgente buscar una justificación válida, proactiva y constructiva, que motive la decisión de para asumir activamente el desafío de las elecciones municipales.

El año 2017 probablemente sea recordado en nuestra historia como el año de la consolidación del poschavismo, una fuerza sociopolítica nucleada en torno al presidente Nicolás Maduro, que ha venido construyendo esforzadamente un orden político de legitimidad neopatrimonialista y de vocación totalitaria.

En este año, mes tras mes, venezolanos, tanto del bando chavista como del opositor, buscando imponer sus ideales, participaron en luchas de diversas modalidades y distinta naturaleza. Y si bien la mayoría expresaba de manera reiterada su deseo de un cambio político democrático, las destrezas y fortalezas políticas del gobierno madurista lograron conjurar siempre un desenlace que perjudicara sus planes autoritarios. Con los resultados de las elecciones de gobernadores del 15 de octubre y el anuncio unilateral —por fuera de la Mesa de Unidad Democrática (MUD)— de los gobernadores electos del partido AD, de que acudirían voluntariamente a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa fraudulentamente mes y medio antes por el oficialismo, parece cerrarse definitivamente un ciclo de resistencia y lucha partidista unitaria por la democracia.

En este artículo busco reflexionar sobre los retos que la implosión de la MUD abre a la sociedad venezolana en el futuro inmediato. Para ello, en una primera parte describo la secuencia cronológica de las confrontaciones de poder más significativas de este año, hasta el desenlace del pasado 15 de octubre. En una segunda parte, doy cuenta de la instalación de la ANC, la convocatoria a elecciones de gobernadores y resultados de esas elecciones, así como algunas interpretaciones que se han hecho tratando de entender unos resultados asaz sorprendentes. Dibujado ese contexto, trazo tendencias y desafíos del inmediato porvenir.

La secuencia de las confrontaciones

El 2017 inició con una atmósfera de desilusión. Habiéndose suspendido el referendo revocatorio presidencial y “congeladas” las negociaciones gobierno-oposición intentadas el año anterior, la percepción de la ciudadanía era que las fuerzas opositoras, reunidas en la MUD, no habían sabido o podido rematar la faena de abrir cauce hacia la transición democrática. Pese, por una parte, a las multitudinarias manifestaciones de apoyo con la que habían contado y, por otra, a las innumerables muestras de la debilidad gubernamental en el contexto de crisis socioeconómica atroz que se padece, el gobierno de Maduro había sobrevivido sin hacer ninguna concesión relevante.

Sin embargo, pronto volvió a atizarse la lucha, tanto institucional como de calle. El gobierno anunció un nuevo obstáculo en el camino hacia las postergadas elecciones regionales. Ahora las rectoras, servidoras de los intereses gubernamentales, anunciaban la necesidad de un período de “renovación de nóminas” de los militantes de la mayoría de los partidos. Inicialmente pensado para que tal proceso durara diez semanas, se prolongó más de tres meses. De los 64 partidos que existían, el proceso los redujo a 22. Con ello el gobierno ganaba tiempo una vez más, postergando con este pretexto un anuncio de fecha para las elecciones regionales, mientras continuaba disminuyendo el derecho al pluralismo político. Mientras transcurría esta actividad, tres eventos en marzo abrieron una nueva ventana de oportunidades para la confrontación política.

El primero ocurrió a mediados del mes, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un segundo informe sobre la crisis venezolana. Allí narró el deterioro sostenido de la situación interna del país, desde su informe primero en mayo del año anterior. Señaló cómo todas las gestiones realizadas, utilizando los instrumentos contemplados en el artículo 20 de la Carta Democrática, habían fracasado en persuadir a Maduro de regresar al hilo constitucional. Sugirió a los países miembros hacerle un llamado de atención más firme a Venezuela y comenzar a evaluar la posibilidad de suspenderla de la OEA, si en 30 días no daba señales de comenzar a volver a la Constitución. Para el 28 de ese mes convocó a un Consejo Permanente, iniciativa que el gobierno venezolano rechazó y trató de cancelar sin éxito.

Mientras se daba en Washington DC la sesión de la OEA, en Caracas fueron difundidas dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictaminando el desmantelamiento definitivo de la AN. La sentencia número 155 del 28 de marzo otorgó al Ejecutivo Nacional potestad para legislar en toda materia penal y le ordenó gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica, que había declarado el año anterior, avalado por una sentencia también del TSJ. Esta sentencia iba en contravención a la Constitución (CRBV), que exige que la aprobación de un Estado de Excepción venga de la AN, la cual lo rechazó. La sentencia 155 del TSJ, además, quitó la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores, basándose en un supuesto “desacato” de la AN al máximo tribunal, por no haber formalmente retirado a los diputados de Amazonas luego de haber encontrado indicios de un supuesto fraude en las elecciones parlamentarias de 2015. La otra sentencia, la 156, interpretó el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dándole a Maduro potestad para crear empresas mixtas y realizar otras actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN. Y, aprovechó la Sala Constitucional del TSJ para decidir que ella, o quien ella dispusiera, asumiría las competencias de la AN mientras durase el supuesto desacato. Con estas sentencias, Maduro cancelaba de hecho al Poder Legislativo. Fue entonces, cuando se prendieron las alarmas de preocupación y alerta de la comunidad internacional.

El tercer evento ocurrió el viernes 31, en el marco de la presentación del informe de gestión 2016 de la Fiscalía General de la República. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, declaró que las sentencias emitidas por el TSJ constituían una “ruptura del orden democrático constitucional”. Recordó que Chávez había sido el impulsor de la Constitución de 1999 y que ese proceso había sido un “proceso abierto, popular, participativo y protagónico”. Con esta posición una autoridad de un poder público, perteneciente al Poder Ciudadano, que hasta entonces había estado subordinado a las directrices de Maduro, tomaba distancia, fisurándose el bloque de dominación.

Las reuniones de la OEA de fines de marzo mostraron una representación gubernamental venezolana desencajada y ofensiva hacia los miembros de la organización que no respaldaban sus posiciones. Esto favoreció la creciente solidaridad internacional con lo que estaba sucediéndole a la AN venezolana. Comenzaron a producirse pronunciamientos de agencias internacionales, otros parlamentos y gobiernos a favor de las fuerzas políticas opositoras. Aumentaban llamados a Maduro a detener su deriva autoritaria. El presidente de Colombia, por ejemplo, llamó a Bogotá a su embajador en Caracas al conocerse los contenidos de las dos sentencias. Este cambio de tono en el mundo exterior modificó las condiciones sociopolíticas de la lucha opositora.

Al fin las fuerzas civiles democráticas venezolanas lograban que la comunidad internacional se preocupara por la profundidad del deterioro socioeconómico, institucional y político del país y valorara más la lucha de la MUD. Esto contribuía a favorecer internamente condiciones para que la ciudadanía volviera a las calles, pues se percibía una solidaridad internacional. En abril, al llamado de la AN, multitudes ocuparon los espacios públicos para exigir la destitución de los magistrados irregularmente nombrados en 2015 y el retorno de elecciones. Se abrió un ciclo de movilizaciones, que continuó hasta julio, confluyendo las de carácter político con las socioeconómicas incentivadas por la crisis. El resultado fue una espiral incontenible de acciones colectivas mayoritariamente pacíficas, pero confrontacionales y, en algunos casos, violentas.

El gobierno contribuyó a atizar el fuego de la protesta violenta al actuar con creciente y desproporcionada represión. Las protestas diarias eran repelidas con bombas lacrimógenas, gas pimienta, agua a presión, por parte de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Se veían armas en manos de protestantes y grupos civiles prochavistas que, en complicidad con los cuerpos de seguridad, disparaban y ejercían otras formas de violencia contra la población civil desarmada, en particular contra estudiantes y jóvenes. El gobierno cerraba estaciones del Metro de Caracas, o establecía “puntos de control” en las carreteras de acceso a esta ciudad, en un intento de evitar que los ciudadanos se incorporaran a las protestas. Los medios audiovisuales, la mayoría controlados o amedrentados por el gobierno, no informaban de estas acciones colectivas en un esfuerzo fallido por ocultar la magnitud de la movilización popular. Para julio, Provea y el Foro Penal contabilizaron 139 muertes en manifestaciones, la mayoría atribuibles a los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares armados prochavistas. Además registraron más de 11.900 detenidos, 1.260 presos de los cuales aún continúan al día de hoy más de 400; 15% de ellos han sido sometidos a tratos crueles.

El gobierno hizo esfuerzos por movilizar apoyos, con recursos y todo tipo de facilidades, seguridades y amenazas para que empleados y clientelas chavistas concurrieran a llamados del gobierno a llenar calles. Sin embargo, la participación ya no podía equipararse a los años dorados del chavismo. También, entre sus estrategias, mantenía al grupo de expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Lionel Fernández, haciendo gestiones a ver si lograban que la oposición volviera a la mesa de conversaciones. Ésta se rehusó. Así, cada vez más comprometido Maduro, el 1 de mayo, en la marcha de los trabajadores chavistas, informó de su voluntad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, según dijo, sería el instrumento para alcanzar la paz del país porque derrocaría la “guerra económica”.

La convocatoria a una ANC y el establecimiento de la fecha de elección de sus diputados para el 30 de julio, como tantas otras acciones del gobierno, violentaba el espíritu y la letra de la CRBV al no cumplir con el requerimiento de obtener previamente el consentimiento popular mediante referendo. Sobre sus bases comiciales, señaló la ONG Observatorio Electoral Venezolano lo siguiente:

“…las Bases Comiciales presentadas por el Presidente… constituyen una evidente violación de las reglas democráticas, entre ellas usurpar la soberanía popular, dividir a la ciudadanía en sectores o corporaciones arbitrariamente seleccionados, descartar el principio democrático ‘un elector, un voto de igual peso’ o proponer que cada municipio elija a un constituyentista independientemente de su significado poblacional respecto al total de la Nación. Se trata de una propuesta armada alrededor de un registro electoral amañado e imposible de auditar, que busca sobre representar el peso político del oficialismo, con el propósito de tener un escenario seguro en el que se apruebe la Constitución de acuerdo con el dibujo previo elaborado a partir del interés gubernamental” (OEV, 25 de mayo 2017).

La iniciativa fue impugnada por la MUD, que solicitó a la AN que activara el referendo popular consultivo, la cual hizo en sesión plenaria del 5 de julio, fecha conmemorativa de la independencia, en medio de un asalto violento de grupos chavistas al hemiciclo posibilitado por la complicidad de dirigentes chavistas y cuerpos de seguridad del Estado. Al no poderse contar con el CNE para que cumpliera el mandato legislativo, los partidos, el movimiento estudiantil y la sociedad civil, bajo la coordinación del equipo técnico de la MUD, se organizaron para realizarlo, fijándose la fecha del 16 de julio.

Los resultados de la Consulta Popular marcaron un hito en el arduo camino de resistencia al régimen autoritario de Maduro. De acuerdo con la Comisión de Garantes del proceso, constituido por rectores universitarios, más de siete millones y medio de ciudadanos ejercieron su derecho a exigirle al gobierno nacional desistir de su convocatoria a la ANC. Demandaron, así mismo, en otras dos preguntas formuladas en la Consulta, que la AN y la FFAA, dos instituciones clave del Estado, cumplan con sus obligaciones. Es decir, redoblen sus esfuerzos para que la nación, la sociedad y el Estado, vuelvan al cauce constitucional. Del total de votantes, contra todo pronóstico, más de 600.000 votaron en las decenas de países del exterior donde hoy vive la diáspora venezolana como resultado de las penurias actuales y escasas garantías de futuro digno que hoy tiene el país.

El 30 de julio se realizó la elección de los diputados para la ANC. Si bien conducido por el CNE, en esta ocasión careció de condiciones de pulcritud y transparencia que, como en procesos anteriores, permitían confiar razonablemente en sus resultados. De acuerdo con el OEV, el CNE eliminó del cronograma 14 auditorías previstas para generar confianza en el Sistema Automatizado de Votación, redujo el número de mesas electorales a casi la mitad, habilitó centros de contingencia, que no aseguraron el principio de “un elector, un voto” y, como ya se señaló, avaló unas bases comiciales excluyentes y discriminatorias, que no fueron sometidas a referendo consultivo. Esa noche el CNE informó de una votación por encima de los 8 millones de personas sin que, hasta la fecha, haya respaldado su cifra con números discriminados a nivel de mesas y centros de votación.

Las elecciones regionales y sus resultados

La ANC se instaló inmediatamente. De acuerdo con el presidente Maduro, su carácter era “originario”, es decir, podía contravenir la CRBV y las leyes, destituir autoridades de los Poderes Públicos, nombrar otras, convocar procesos electorales y hacer o deshacer cualquier cosa. Entre sus primeras acciones destituyó a la Fiscal General, cuyas acciones obstaculizaban los objetivos presidenciales. Sus denuncias de ruptura del hilo constitucional y sus acciones de revisar casos de corrupción le hacían daño político al gobierno en la comunidad internacional, al alinearse con las denuncias opositoras. No se atrevió, sin embargo, la ANC a cerrar la AN, dado los apoyos crecientes que venían obteniendo de la secretaría de la OEA, gobierno de EEUU, gobiernos de la región y la Comunidad Europea (CE). Así, se avinieron a convivir en la misma sede, el Capitolio Nacional, la AN y la fraudulenta ANC.

Si bien el CNE había finalmente anunciado en mayo que se harían las elecciones regionales pendientes el próximo 10 de diciembre, en agosto, la ANC decretó otra cosa y solicitó al CNE que las adelantara para octubre. Éste actuó diligentemente y el 12 de ese mismo mes, el directorio ordenó la reprogramación de la fecha. El 6 de septiembre, fijó la fecha para el 15 de octubre y el cronograma se publicó un par de días después. “Contenía ese cronograma, además de la compresión de varias de las actividades, un insólito aparte de ‘actividades previas’, detallando 17 que ya se habían realizado. Algunas para nada menores, como la postulación de candidatos y actividades relacionadas que, en el anuncio del 12 de agosto, habían sido programadas para los días domingo 13 y lunes 14 las postulaciones y las subsanaciones de recaudos correspondientes el 14 y 15. Es decir, actividades realizadas antes de la convocatoria misma de las elecciones, violando con ello nuevamente lo estipulado en la LOPRE. Las elecciones convocadas, además, ya no son las regionales. Se reducen a elecciones de gobernadores, prolongándose el ilegal diferimiento de las elecciones de los consejos legislativos” (Lander, 2017).

Para las fuerzas políticas opositoras fue un desafío saber cómo encarar esta situación tan inconstitucional. Ir podía percibirse como la aceptación de una ANC fraudulenta y reglas de juego arbitrarias. Pero, no hacerlo arriesgaba perder posiciones de poder, sin garantías de que tuviera repercusión política en pro de la meta de llegar a una transición democrática. Con importantes tensiones entre los partidos y dirigentes, y la expectativa de alcanzar un importante triunfo electoral, finalmente la mayoría concurrió. Se hicieron primarias para escoger candidatos unitarios en 19 estados y en los otros cuatro se consiguió el candidato unitario por consenso.

El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades, entre las que destacaron la reubicación a última hora de más de 700.000 electores, sin información oportuna, buscando desincentivar el voto opositor; la presencia de colectivos armados en algunos centros para amedrentar votantes opositores con igual fin; el reparto de bolsas de comida en los últimos días de campaña y el mismo día de la votación; la exigencia del llamado “carnet de la patria”, un documento sin validez legal alguno y que es una modalidad de carnet del partido oficialista, desde donde se encauzan prebendas, como becas, comida y misiones. El presidente Maduro declaraba que, gracias a ese documento, podía saber quiénes votaban, insinuando además que el secreto del voto podría violarse.

Como siempre, recursos del Estado, medios públicos y la mayoría de los privados estuvieron al servicio de los candidatos oficialistas. Dada la magnitud de los atropellos, abusos, ventajismos e, incluso, la constatación de un fraude con los votos ejercidos en el estado Bolívar, denunciado por el candidato opositor, Andrés Velásquez, no puede saberse con propiedad cuáles fueron los resultados de este proceso. Los datos oficiales, empero, proclamaron el triunfo de cinco candidatos opositores y 19 oficialistas. Las gobernaciones ganadas por candidatos de la MUD serían: Zulia, Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta.

Desde entonces, son muchas las interpretaciones que diferentes políticos, encuestólogos y analistas han dado a estos resultados. Se les percibe como asombrosos e incompatibles con lo registrado días antes por encuestas de preferencia del voto y ese día a boca de urna; con la muy alta impopularidad del gobierno y los efectos políticos de la crisis atroz que sufre la población, que presagiaba un voto castigo importante contra el gobierno. Sin embargo, dificultades de la oposición por las tensiones y fragmentaciones que visibilizaba la MUD, fatiga y desencanto del voto opositor, también pudieron haber contribuido en algunos estados a no participar, pero en general, la abstención no fue alta. Al contrario, la participación, según el CNE se colocó en 71%. No es mi objetivo desmenuzar estos análisis, muchos, sin duda, bien sustentados en lo que afirman. Una mirada panorámica de ellos induce a sospechar que, en efecto, se produjo un proceso fraudulento en todas las etapas, incluido el día de votación, una especie de trampa de alta sofisticación, planificado con anterioridad por los técnicos del gobierno, en complicidad con el CNE y ejecutado exitosamente. La oposición, los 15 países del grupo de Lima, y la UE desconocieron la legalidad o legitimidad de este evento y los resultados. El gobierno, sin embargo, celebró su triunfo y advirtió a los gobernadores opositores electos que, de no juramentarse ante la ANC, perderían sus derechos a gobernar sus entidades. Hasta un funcionario tuvo la insólita ocurrencia de decir que no jurar ante la ANC era “traicionar al pueblo”.

¿Cómo seguir? Dirección política y participación

La democracia ha venido agonizando sin prisa y sin pausa. La combinación de la dominación carismática y la construcción de grandes redes clientelares alimentados con el tesoro nacional, como los consejos comunales y, más recientemente, el control social alcanzado por el gobierno en materia electoral a través de la distribución por parte de organizaciones oficialistas de las bolsas/cajas de alimentos CLAP y el mecanismo del carnet de la patria, han establecido un sistema de desigualdad y privilegios que en nada corresponde con los principios rectores de un sistema democrático. Por otra parte, desde que Maduro asumiera el poder, la dominación carismática ha dado paso a otra de naturaleza neopatrimonial, donde se han borrado definitivamente las fronteras entre lo público y lo privado, ambos controlados ahora por el chavismo madurista. Se han transformado los familiares, amigos y colegas militares de Chávez y de Maduro en tribus políticas que controlan el aparato del Estado para su usufructo privado. Se han superpuesto los intereses personales de las tribus a los de una supuesta “revolución”. Incluso, algunas de las tribus se han venido metamorfoseando en organizaciones criminales, dada la impunidad de la que gozan para hacer sus fechorías.

Bajo este marco o contexto, nuclear las estrategias opositoras en torno al hecho electoral carece de sentido. Esta elección de gobernadores ha revelado cómo el mecanismo electoral, en control de Maduro, es ya un instrumento eficiente para avanzar en un sistema político similar al de hegemonía de partido único, que configuró y consolidó el PRI en México por varias décadas. No sin razón las habilidades de ese partido, que ancló su legitimidad en la revolución mexicana, fue muchas veces tildado de dictadura perfecta. Una versión más reciente y chabacana, pero también exitosa, ofrece Nicaragua.

La debilidad de la MUD, en mi criterio, se debe principalmente en su incapacidad de trascender el rol de plataforma electoral unitaria de los partidos y erigirse en una dirección política más compleja. En esta nueva fase de la lucha democrática que se ha abierto a partir de la derrota por vía electoral, esta incapacidad la mantiene ineficaz. Al comprobarse con los resultados de gobernadores, que el mecanismo electoral se ha engranado en una estrategia autoritaria y totalitaria, la MUD se ha visto sobrepasada y, como consecuencia, sus partidos están desorientados y más divididos que nunca. Su implosión se desenvuelva ante nuestros ojos.

El dilema de participar o no en futuras elecciones pareciera un planteamiento incorrecto, que más bien puede ayudar a ocultar el verdadero problema que hoy tienen las fuerzas sociopolíticas que pugnan por llegar a una transición democrática: la falta de una estrategia política unitaria para alcanzar tal propósito. Una estrategia que coloque el hecho electoral no como centro sino como parte de un juego mucho mayor, más complejo, y centrado en otra parte. Las elecciones debieran ser hoy sólo una pieza del rompecabezas mayor que hay que armar para acabar con una dictadura de vocación totalitaria que avanza en su consolidación. La dictadura de las tribus maduristas ha ido construyendo varios y poderosos mecanismos que necesitan ser desmantelados, deslegitimados, reventados o debilitados. Lo electoral es importante pero no es fin, sino uno de los muchos medios que deben usarse.

¿Cómo se hace esa dirección política más compleja? He ahí el dilema. No soy política y por tanto sólo puedo hacer sugerencias que sabrán ser consideradas y concretadas en acciones por los partidos y quienes tienen vocación y ejercen la política.

Para mí, salta a la vista la imperiosa necesidad de deponer ambiciones personales, en particular las presidenciales. Los Ramos Allup y Capriles Radonski de la política parecieran en tiempos recientes convencidos de un camino hacia la transición democrática que pasa por las próximas elecciones presidenciales de 2018. Andan todo el tiempo en campaña y dándose codazos, o golpes bajos peores. No comparto esta percepción, que le está haciendo un gran daño a la posibilidad de desandar el camino totalitario que llevamos.

La transición democrática se aleja de nuestro horizonte cada vez que pensamos sólo en estrategias de corto plazo: que si las regionales, que ahora las municipales, que cómo escogemos el próximo candidato presidencial… así se va alejando el objeto de nuestros deseos: ¿cómo abonamos el terreno para que las tribus maduristas se convenzan de que deben irse? ¿Cómo las obligamos? Pensemos, para terminar este artículo, en algunas respuestas a esta pregunta.

Un aspecto clave tiene que ver con los privilegios y prebendas de que goza hoy el entorno de los Maduro-Flores, sus familiares, amigos y los militares que los apoyan. Se trata de una impunidad que en Venezuela es total, lo que les ha permitido lucrarse ejerciendo todo un conjunto de actividades ilegales. ¿Cómo se revierte esto? Los crímenes de cuello blanco —tipo Odrebrecht donde están ensartados más de 20 ministros o los delitos cambiarios donde muchos más han amasado grandes fortunas— y los de sangre —los casos del vicepresidente y del ministro de Relaciones Interiores, incorporados a la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU por sus vínculos con el narcotráfico— por su cuantía no tienen paragón en la historia latinoamericana. El nepotismo es otro privilegio descarnado: las hijas de Chávez están en la Casona y/o en funciones públicas, sin tener mérito alguno, Nicolás Maduro hijo tiene múltiples cargos, escoltas y carros. Los llamados narcosobrinos, familiares que los chinos llaman “hijos de cuadro superior”, vivían como aristocracia revolucionaria. Y así, otras prebendas: las cajas CLAP, la bequita, la vivienda para los enchufados más bajos y las clientelas. ¿Cómo se enfrenta políticamente esto? ¿Qué piensan hacer los dirigentes sobre ello, además de denunciarlo discursivamente? Si hubiera que negociar en esta materia ¿qué puede negociarse y qué no?

¿Cómo se puede incentivar la vuelta a la calle de la ciudadanía democrática? En su última salida, quedaron 140 muertos, miles de detenidos y heridos, decenas torturados, todavía hay cientos de presos políticos, algunos sometidos a tribunales militares. ¿Qué están haciendo los partidos para crear condiciones menos arduas para promover protestas no violentas masivas, imprescindibles para volver a ejercer presión sobre el gobierno? ¿Sólo discursos? Los partidos necesitan fortalecer sus bases para, entre otras difíciles funciones, organizar, proteger, coordinar y conducir, junto a actores sociales, multitudes en los espacios públicos. Si no, los resultados seguirán siendo magros, la presencia en las calles, cada vez más reducida y pudiera debilitarse la actual firmeza de la comunidad internacional.

Sabemos que la MUD cuenta con equipos técnicos que discuten políticas necesarias para salir de la crisis. Sabemos que la AN también lo hace. Sin embargo, hablan poco de esto al ciudadano de a pie. Me parece que la imagen de los políticos más destacados sigue siendo la de un amateur, valiente, pero poco formado y enfocado más que nada en discursos efectistas. Si han de ser gobierno deben presentarse como capaces de serlo, deben hablar sobre sus propuestas, qué harían primero, qué después, deben proyectarse unidos y respetuosos unos de otros. Imaginarse como estadistas. ¿Cuál es el futuro que podemos esperar con ellos? Parecieran anclados en la imagen de víctimas, que es una sola de las dimensiones de su liderazgo y quizás no la principal para una población, que sufre una crisis extrema de alimentos, medicinas, y todo tipo de necesidades básicas. Necesitan dar respuestas más claras, responsables y constantes sobre esto.

Últimamente circula la idea de la necesidad de un liderazgo único para conducir a las fuerzas democráticas a las presidenciales de 2018. ¿Creen los políticos opositores, realmente, que el oficialismo va a dejarlos ganar esas elecciones? Quizás esperan más de lo que puede dar las presiones de la comunidad democrática internacional, que son limitadas y en mucho dependen de la firmeza en lo interno del país. ¿Es un liderazgo único, escogido en primarias o con consenso la solución a nuestros males? Serias dudas me asaltan sobre esta nueva estrategia que se está desarrollando. La experiencia en otros países, y aún en Venezuela, es que la dictadura se combate con una dirección política, es decir, deponiendo los intereses personales y de partidos, para crear un frente amplio de actores políticos y sociales, que concentre decisiones y coordinaciones en aras de los intereses del país, que busca salir de la oprobiosa situación mediante el esfuerzo de todas las fuerzas actuando conjuntamente. Unas elecciones primarias no van a desvanecer, como si fuera una varita mágica, las serias desavenencias que hoy carcomen a la MUD, las ciegas ambiciones de un puñado de líderes que en esta hora menguada piensan que ellos van a ser el candidato presidencial y no se resignaran a que sea otro. Necesitamos acá mejor perspectiva, saldar desacuerdos, sellar compromisos. Una mesa de negociación entre estos líderes, y entre sus partidos, en torno al diagnóstico y la estrategia unitaria que es hoy imprescindible. Y quien no esté de acuerdo con lo acordado, que forme su tienda aparte.

Desafortunadamente, las elecciones presidenciales no están garantizadas y sólo se darán si el gobierno se asegura antes de ganarlas. Luchar por mejores condiciones electorales debería formar parte de una estrategia más global que incluye lo electoral, pero es mucho más que eso. No tiene lógica seguir un cauce únicamente electoral, que no lleva sino a lo mismo que hemos vivido en 2016 y 2017. Una mirada más madura y consciente de la gravedad de la nueva etapa que ahora vivimos ha de convencer a políticos y ciudadanos en la necesidad de deponer intereses individuales o particulares de un partido u otro, y hacer el esfuerzo por trascender el inmediatismo. La luz al final del túnel aún no se avizora. Por el contrario, parece haberse alejado. Es clave enfriar las ambiciones y que los dirigentes se crezcan ante las dificultades, pero menos con valentía y más con inteligencia, habilidad, paciencia. Sólo así merecerán el respeto de la ciudadanía que volverá a seguirlos y redoblará sus esfuerzos para alcanzar el umbral de una transición democrática. El camino ha resultado más largo y difícil de lo pensado, pero la distancia es hoy menor a cómo se empezó.

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Referencias

Lander, Luis E. (2017): “¿Son aceptables los resultados del 15O?”, Sic, en prensa.

La noche del 15 de octubre de 2017 la presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció un resultado que sorprendió al país y al mundo entero: el desprestigiado chavismo lograba la mayoría de las gobernaciones de Venezuela con una victoria 55% a 45% de los votos a nivel nacional, desenlace totalmente opuesto a lo pronosticado por todas las encuestas y por el más mínimo sentido común.

Ninguna elección está libre de incertidumbre para los competidores, ni siquiera en un sistema autoritario, pero lograr un resultado como este en medio de la peor crisis económica y social registrada en el país demanda revisar con detenimiento todas las posibles hipótesis que puedan explicar el fenómeno.

Para ello vale la pena comenzar realizando un breve recuento de la volátil y convulsa historia electoral venezolana de los últimos 11 años.

En 2006 el chavismo obtuvo su victoria más contundente cuando Hugo Chávez derrotó a Manuel Rosales en las elecciones presidenciales 63% a 37%. La impresionante brecha fue sucedida 12 meses más tarde en diciembre de 2007, por la primera derrota electoral nacional del chavismo, al perder por estrecho margen el referéndum de reforma constitucional 51% a 49%. Catorce meses después, en febrero de 2009, el país regresaría a las urnas y el chavismo se reconciliaría con la victoria al ganar el referéndum que le permitiría a Chávez ser candidato presidencial nuevamente en 2012, al aprobar la reelección sin límites 55% a 45%. En diciembre de 2010 la convocatoria fue para elegir un nuevo parlamento. En esta oportunidad el resultado registró un país dividido en dos mitades: 48% de votos para el gobierno, 47% para la oposición.

En octubre de 2012 Chávez acudiría a su fiesta de despedida en la temprana elección presidencial en la que el punto de diferencia gobierno-oposición de 2010 se multiplicó por 10, para darle la última victoria a Chávez 55% a 45%. Tres meses después, en diciembre de 2012, se seleccionaron gobernadores en un proceso marcado por la reciente elección presidencial y la desesperanza opositora, otorgando al gobierno 20 de las 23 gobernaciones, manteniendo su ventaja con la cábala 55% a 45%. Otro trimestre pasaría para realizar una nueva elección presidencial tras la muerte de Chávez en marzo de 2013. Nuevamente el resultado se redujo a la mínima diferencia, al computar el 51% a 49% que colocó a Nicolás Maduro al frente del país. En diciembre de ese mismo año se realizaron las elecciones municipales que ampliaron la brecha a favor del chavismo 49% a 39%.

Tras una inusual pausa de dos años el país retornó una vez más a las urnas para elegir un nuevo parlamento en diciembre de 2015. En esa oportunidad la oposición obtuvo su mejor desempeño electoral al invertir el marcador y lograr la victoria 57% a 43% que le otorgó el control total del poder legislativo y la convirtió por vez primera desde la llegada del chavismo, en clara e irrefutable mayoría.

A partir de entonces la Venezuela electoral-adicta promovida por el chavismo cuando disfrutaba del apoyo popular, ingresó al centro de rehabilitación autoritario para comenzar un estricto tratamiento cuya primera etapa fue la abstinencia electoral total, entre 2016 y mediados de 2017, momento a partir del cual ha comenzado a administrarse, bajo rigurosa vigilancia, pequeñas dosis placebo-electorales.

Así cuando el gobierno aprobó la realización de las elecciones regionales vencidas desde diciembre de 2016, el país experimentó un ambivalente sentimiento de frustración y entusiasmo. Desde 2016 se pedían muchas elecciones, pero luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a finales de julio, todo sonaba mal.

Los partidos políticos opositores basando su análisis en los aplastantes resultados electorales del 2015, los distintos estudios de opinión pública y los claros indicadores del desastre económico y social, recibieron y festejaron con alegría triunfal (aunque también con una intensa tensión interna) la nueva dosis.

Los escasos dos meses que precedieron a las elecciones del 15-O, líderes opositores, al igual que expertos y analistas, discutieron sobre las consecuencias y escenarios que se abrirían frente a la inevitable derrota del chavismo. Y aunque algunos incrédulos criticaron la recaída en la adicción por parte de la oposición, alegando que los dolorosos sacrificios experimentados durante las protestas del primer semestre de 2017 no tenían como objetivo elegir gobernadores, ninguno se atrevió a dudar que los resultados favorecerían ampliamente a la oposición.

La desconcertante noche del 15 de octubre enmudeció a todos por igual. Hasta el momento ninguna explicación luce convincente nacional e internacionalmente. Se tienen retazos de una olla maloliente, pero aún no se sabe muy bien que se cocinó dentro.

Entre las casi infinitas hipótesis explicativas de lo sucedido durante la elección, cuatro se erigen con mayor fortaleza.

En primer lugar, el acostumbrado ventajismo del que gozan los candidatos del oficialismo que les permite hacer uso de los recursos públicos para sus candidaturas sin el más mínimo pudor. A esto se suma el sistemático uso de las instituciones del Estado para entorpecer y boicotear a los partidos y candidatos opositores: inhabilitaciones, cambios en la normativa electoral, desinformación y un largo etc. La más reciente y sofisticada incorporación a la lista de tropelías ha sido el cambio masivo de electores de sus centros de votación, pocos días antes de la elección, en medio de un estado de total desinformación, afectando al menos a 700 mil votantes provenientes, casualmente, de centros electorales de tradicional apoyo a la oposición.

En segundo lugar, regresa el fantasma urbano del fraude. En esta oportunidad sin embargo, pareciese que es posible proporcionar por primera vez una pistola humeante con huellas dactilares y logo del CAVIM (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares).

Las denuncias realizadas por el candidato opositor Andrés Velázquez desde el estado Bolívar de forjamiento de actas electorales pueden proporcionar las evidencias de la alteración de resultados para desconocer la voluntad de la mayoría. En la misma dirección apunta las denuncias realizadas por el Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, según las cuales hay problemas en más de 1,6 millones de huellas dactilares recogidas por el Sistema de Autenticación Integrado-SAI (captahuellas) durante la elección, pues no se sabe si esas huellas pertenecen realmente a la persona que fue autorizada para votar o si se cometió el delito de usurpación de identidad.

La tercera gran hipótesis es la abstención. La gran enemiga a vencer dentro de la campaña opositora.

La abstención contó extrañamente con aliados en ambos lados de la herradura política chavismo-oposición. Y aunque la participación se ubicó por encima del registro de la elección de gobernadores anterior (54% en 2012 vs. 61% el pasado 15-O) cuando analizamos los circuitos tradicionalmente más opositores del país, aquellos que concentran la mayoría de los votos opositores, observamos que estos presentan claramente una tasa de abstención mucho más alta que el promedio nacional. También por encima de esos mismos circuitos en elecciones anteriores.

Pero las causas de la abstención no se reducen a la campaña convergente entre radicales opositores y el chavismo. También encuentra explicación en el fuerte proceso migratorio que está padeciendo el país como consecuencia de la crisis. Adicionalmente, la participación se vio afectada por la reubicación de electores.

Entre las consecuencias de la abstención debemos mencionar dos importantes: en primer lugar ella puede explicar parcialmente la derrota opositora en estados como Miranda y Carabobo que cuentan con amplios circuitos como los descritos anteriormente. Pero más importante es el impacto de la abstención en la participación de la ciudadanía en los procesos de observación y control ciudadano del proceso de votación. Es decir, no se trata únicamente de las tasas de votación, sino muy especialmente de la participación activa en la defensa de la voluntad popular. Un ciudadano que acude a las urnas en el marco de una campaña abstencionista puede conformarse sólo con votar, pero en Venezuela eso no es suficiente.

Una prueba de esto es la realización de un escaso 56% de las auditorías ciudadanas (apertura de urnas para cotejar los resultados emitidos por el sistema automatizado) programadas. En este sentido, la abstención es el fraude. La ausencia de ciudadanos que controlen y vigilen el proceso electoral es el escenario soñado para quienes quieren manipular los resultados para torcer la voluntad del pueblo.

En cuarto y último lugar se erige la hipótesis de la construcción de un sofisticado aparato clientelar de dominación y coerción que redistribuye miedo y miseria a través del control de los mecanismos para una mínima existencia.

Según esta hipótesis el domingo 15 de octubre el gobierno, con un listado en una mano y una bolsa de alimentos (CLAP) en la otra, movilizó a la población para intercambiar su voto por una semana menos de hambre.

Para lograrlo el gobierno tendría que haber alcanzado los pensamientos más profundos de los electores hasta inocular un terror de tan alto grado de intensidad del que no es posible liberarse ni siquiera, en la soledad del recinto electoral frente a la máquina de votación.

Lo más alarmante de esta hipótesis es que habría pasado desapercibida. Ningún estudio o análisis de opinión pública lo ha reflejado y los testimonios aún no aparecen. Lo que para muchos es precisamente la prueba irrefutable del temor inoculado.

Hasta el momento ninguna de la cuatro hipótesis tiene capacidad explicativa o cuenta con evidencias suficientes para justificar el resultado electoral. Lo más probable es que la verdad se encuentre en alguna concatenación de eventos que las incluya a todas.

Lo que si aparece muy claro es que el gobierno se ha convertido en una máquina de invención de mecanismos para manipular y burlarse de los electores y que con ello intenta, desesperadamente, que la oposición deseche la vía electoral como el mecanismo de resolución de la tragedia venezolana.

@HectorBriceno

Investigador Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela

La Razón

http://www.larazon.es/internacional/el-chavismo-una-maquina-de-manipular...

Este sugerente título identificaba una publicación del Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES-UCV) editada a inicios de los años 70 del siglo pasado, que contenía una síntesis de sus investigaciones sobre rasgos del liderazgo venezolano en el contexto de los desequilibrios presentes en la vulnerable y contradictoria sociedad que aún seguimos siendo. Una de las variables sobre las cuales se centró este estudio de las élites venezolanas, fue su grado de conexión con las bases de la sociedad y los niveles de consenso y conflicto que se vislumbraban entre éstas.

Revisar algunas conclusiones de esta investigación es ahora muy pertinente después de varios años de la desaparición física del “hiperlíder” del proceso bolivariano, que dejó huérfano de conducción política a este segmento dominante del Estado. Y más en esta hora, en la que virtualmente implosiona la plataforma de encuentro de los liderazgos opositores.

El estudio enfatiza en la naturaleza de la crisis recurrente de una sociedad altamente susceptible a los vaivenes del mercado internacional del petróleo, que no logra hacer sostenible su aparato productivo ni la gobernabilidad para estabilizar su sistema político. Argumenta que Venezuela presenta la situación típica de sociedades en disociación del poder y además en conflicto creciente y sin consenso entre sus élites.

Resalta que el liderazgo “…parece no sólo estar perdiendo contacto con la masa, sino que también viene perdiendo sintonía con los problemas nacionales, en la medida en que se demuestra incapaz de percibir las nuevas constelaciones de problemas que debilitan la eficacia de las ideologías y las estrategias de desarrollo nacional…”

Tales rasgos del liderazgo nacional siguen presentes entre las actuales élites, tanto en el poder del Estado como en la oposición política. La desconexión entre dirigentes y bases de la sociedad, que se vinculan casi exclusivamente a través de medios masivos de comunicación y en campañas electorales, se agudiza en ambos conglomerados, Lo cual se exacerba en Venezuela dada la aguda, generalizada y perversa dinámica clientelar ya estructural, que ha asignado a la población un rol receptivo, pasivo y dadivoso que termina inhibiéndola para iniciativas propositivas, emprendedoras y menos decisorias en cualquier espacio de la gestión pública y política.

Nuestros liderazgos partidistas tienen algunas patologías recurrentes y comunes. Por un lado, la élite psuvista que ha construido una poderosa maquinaria para manipular la distribución de alimentos y controlar a millones de familias desesperadas por la escasez y la inflación, haciendo simulacros electorales amañados en función de consolidar una muy falsa legitimidad con respaldos cada vez más artificiales y efímeros. Una relación perversa con sus bases, marcada por el control electoral de su necesidad alimentaria, algo inédito como manipulación partidista en el país.

Por otra parte, en los factores partidistas de la oposición el divorcio élites-bases es evidente, al extremo que mayorías electorales opositoras contundentes desaparecen al cabo de poco tiempo, en parte producto de desaciertos de una dirección política que no es capaz de interpretar sus aspiraciones y los mandatos que le confiere en los eventos electorales. Como evidencia, el olímpico olvido de los resultados de la ´Consulta Popular´ del 16J y la subestimación del tema definitivo de la crisis humanitaria, nunca plenamente asumido por esa dirigencia, a pesar de su absoluto dramatismo y urgencia.

Una de las razones que puede contribuir a explicar el extravío generado por la desconexión señalada, es la tozuda aspiración presidencial que anida obsesivamente, sobre todo en el liderazgo opositor, el cual experimenta desde hace décadas una frenética lucha por la hegemonía en ese universo del país. Más que discusión sobre programas de cambio o sobre estrategias políticas, la competencia se centra en las figuras políticas. Tales figuras más que refrendarse ante las bases de la sociedad, lo hacen al interior de sus aparatos partidistas y en la relación entre éstos, en una suerte de vida intrauterina con limitada conexión con la cotidianidad de la población. Todo lo cual reitera la dramática persistencia en nuestro sistema social del extremo personalismo como elemento definitorio de nuestra dinámica política.

En el mundo psuvista, el “hiperliderazgo” lo condujo a la deriva dictatorial en la que ha desembocado. Hoy carente del ´timonel´ que imponía sin disputas su voluntad y dirigido por una élite militar y civil que conduce un vaciado aparato partidista carente de debate y participación de las bases. Y unos herederos del “Comandante Supremo” investidos como líderes del “proceso” por la voluntad de un líder agónico que los impuso con su última palabra como testamento político.

En fin, las élites que hoy dirigen y se disputan la hegemonía en la dirección de la sociedad venezolana, en su gran mayoría se encuentran tan al margen de las muy deterioradas condiciones de nuestra economía y nuestra población, que el debate público que generan no se centra en programas y políticas para superar tales cuadros, sino están centradas en las figuras políticas que aspiran la dirección del Estado. Aún persiste la creencia que un líder mesiánico podrá resolver los graves problemas de la sociedad como en siglos anteriores. Toda una evidencia que las décadas pasan pero El Fracaso de las Élites persiste.

30/10/17

Al sur del río Orinoco, en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados (mayor que el territorio de Bulgaria, Liberia o Cuba) en el estado Bolívar, yacen las riquezas minerales más grandes de Venezuela y una de las más importantes del mundo. Oro, diamante y coltán reposan en las entrañas del Macizo Guayanés desde hace millones de años.

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó ese territorio como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, una idea que Hugo Chávez, su predecesor en el cargo, había anunciado al país en 2011.

La iniciativa de Maduro surge como un intento desesperado por llenar las arcas de la nación y remontar la caída de los precios del petróleo. La riqueza insuficientemente explorada de los yacimientos de minerales es el aliciente ofrecido a inversionistas nacionales y extranjeros, que se apresuraron a constituir empresas de maletín para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado. Para el financiamiento del proyecto de minería a gran escala el gobierno venezolano aseguró haber convocado a 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero apenas 16 han formalizado convenios y se han creado cuatro empresas mixtas, de las cuales solo una tiene presencia visible en la zona oriental del Arco Minero del Orinoco.

Los más directamente afectados son los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales ocupan el territorio intervenido, así como los ecosistemas de interés mundial, pues el Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia. El proyecto avanza sin que se hayan elaborado los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Pero el intento de Maduro de sustituir la renta petrolera por la renta minera para paliar la profunda crisis económica y social que sufre Venezuela tiene un primer gran obstáculo: el tiempo. Transcurrido año y medio después de la creación del Arco Minero del Orinoco, los ingresos adicionales que el gobierno espera obtener de las minas siguen enterrados en el subsuelo. Y, mientras tanto, la industria petrolera se ha derrumbado el extremo de que la producción en 2017 disminuirá casi 10% en relación con el año anterior y se ubicará en niveles de hace 23 años, según cálculos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tres años de recesión sin precedentes han contraído la economía en 10%. Una inflación descontrolada (la más alta del mundo según algunas empresas consultoras) golpea a los venezolanos. La gente hace cola no sólo para comprar comida, sino para encontrarla en la basura. Los medicamentos esenciales escasean. El descontento popular se manifestó en las calles en un proceso insurreccional que sumó 121 muertos en un lapso de cuatro meses. La respuesta del Estado se concentra en la represión y en un cambio de las reglas del juego democrático a través de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que persiste en anular los contrapesos institucionales.

Los reporteros visitaron el Arco Minero del Orinoco y constataron que, en vez de prosperidad, se ha incrementado el delito. La autoridad del Estado venezolano ha sido sustituida por la crueldad extrema de los grupos de delincuencia organizada -o pranes- enquistados en la zona, los cuales se benefician de la minería ilegal e imponen sus reglas a sangre y fuego. La deforestación y el uso del mercurio en la actividad minera que se continúa desarrollando caóticamente causan estragos ambientales y violan el derecho a la tierra de 198 comunidades indígenas, algunas de las cuales han rechazado rotundamente el cianuro como alternativa supuestamente ecológica promovida por el gobierno.

Al día de hoy, el Arco Minero del Orinoco quedó reducido a una inviable promesa gubernamental de reinvertir la renta minera en beneficios para los sectores más empobrecidos de la población.

Lea el trabajo completo mediante el enlace http://www.arcominerodelorinoco.com/. gracias a la sugerencia de la Red de Defensores de la Democracia

El fraude rojo propinó una derrota a los demócratas el 15-O, pero la misma fue matizada por los demócratas del mundo que descalificaron a los tramposos. Más daño causó la juramentación de cuatro gobernadores ante la espuria constituyente. La recuperación no será fácil, pero boxeadores que han estado al borde del nocaut toman un segundo aire y logran vencer al oponente.

Los cuatro gobernadores pasaron por la humillación de juramentarse ante una instancia inexistente lo cual, teóricamente, es problema de ellos. Sin embargo, obviaron las consecuencias de esa juramentación. El mundo democrático no reconoce a esa constituyente y al dictador le hubiese sido más difícil desconocer a cinco gobernadores que a uno solo. El costo político para él hubiese sido grande, ante la censura mundial y las protestas de los ciudadanos en esos estados.

El rechazo a esa decisión ha sido general. Fue un gran error político de Acción Democrática. Ya hecho el daño corresponde pensar si el mismo es irreparable y si sus autores deben ser execrados. Como la herida es reciente, muchos se inclinan por llevarlos a la hoguera, mientras que unos pocos los defienden a capa y espada. Quizá el punto a dilucidar es si lo hicieron por temor, por pragmatismo iluso o por colaboracionistas.

Es probable que el factor miedo haya tenido cierta influencia. Ir donde “toda incomodidad tiene su asiento” no es agradable. Aterra el trato que reciben nuestros presos políticos por parte de los esbirros en las ergástulas del régimen. Salir al exilio es también muy duro. En este sentido aplaudimos al valiente gobernador Juan Carlos Guanipa, quien antes que humillarse prefirió subir al cadalso.

Los cuatro que optaron por no exponerse a la guillotina alegan que fueron electos para resolver los problemas de la gente. ¿Excusa o de verdad creen ingenuamente que el régimen les suministrará los medios que les corresponden? ¿Piensan que no serán destituidos por la constituyente por cualquier motivo baladí? ¿Acaso aceptaron la humillación para poder “alimentar a su tropa? Es decir a todas esas personas que aspiran a un cargo o a un contrato legal para poder subsistir. O sea por interés pragmático. De ilusión también se vive.

La tercera opción es que son colaboracionistas a quienes no les importa apuntalar la dictadura. Si este es el caso, desde luego deben ser execrados, tanto ellos como su mentor. Sin embargo, todos tienen un historial de lucha que no se puede desconocer. Por ello, consideramos que el factor “dar de comer a la tropa” fue determinante. Demasiada gente depende del presupuesto de las gobernaciones. Un nuevo gobierno debe corregir esta anomalía y disminuir el tamaño del sector público. El paso en falso dado por los cuatro gobernadores tiene dividida a la oposición y hará más difícil la lucha para salir de Maduro.

Todo indica que la decisión de marras fue una línea del partido. Muchos se preguntan qué pasó con la aguerrida AD que realizó una heroica lucha en contra de la dictadura de Pérez Jiménez y enfrentó con decisión a la guerrilla castro-comunista, aunque posteriormente cometió muchos errores que nos trajeron a los rojos. Ramos Allup ha tenido intervenciones puntuales que han entusiasmado, pero en general ha jugado al apaciguamiento. Los distinguidos ex miembros del CEN de AD, Paulina Gamus, Clarisa Sanoja, Lilian Arvelo, Canache Mata y Humberto Celli lo han cuestionado y Alfredo Coronil escribió un fuerte artículo.

El régimen profundizará su desastrosa revolución y seguirá violando los derechos de quienes disienten. Por ello es necesario conformar un frente común en el que participen los partidos políticos, representantes de la sociedad civil y disidentes del chavismo; elaborar un decálogo de lo que se ofrece y llegar a acuerdos mínimos sobre cómo relacionarse con el régimen, designar un nuevo CNE y fijar posición ante los próximos eventos electorales. Un factor importante para el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez fue que Betancourt y Caldera se habían reconciliado después de las diferencias causadas por el 24 de noviembre de 1948.

La crisis amerita desprendimiento y mesura de los dirigentes, casi ninguno de los cuales está exento de algún grado de culpa por la situación actual. Un gesto que podría tener una repercusión favorable sería que declinen aspiraciones legítimas y postulen un candidato independiente lo cual, junto con nuevo CNE, podría enderezar entuertos. La candidatura independiente no debe interpretarse como antipolítica, sino lo contrario. Si no se rectifica los rojos pueden eternizarse en el poder.

Como (había) en botica:

Muchas gracias a Canadá y en especial a su ministra Chrystia Freeland y al honorable Irwin Cutler, así como al grupo de Lima, por su condena a la dictadura de Maduro en reciente reunión en Toronto. La Fiscal Luisa Ortega ofreció información para ampliar el expediente ante la Corte Penal Internacional. Tamara Suju y Carlos Vecchio hicieron excelente exposición en esa ciudad y Lilian y Mitzi participaron por skype. Un experto canadiense señaló que solo un 9% de gobiernos dictatoriales han salido por protestas, los restantes fueron por disidencias internas.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Formo parte de esa oposición que critica a la MUD, clama por una unidad distinta y mejor estructurada en cuanto a representación, pero que sin embargo ha acatado, no solo con disciplina no obligada sino con total consciencia, las decisiones asumidas por una dirección partidista supuestamente plural que pareciera estar acostumbrándose a equivocarse y poder continuar haciéndolo sin rendir cuentas.

Quizás las diferencias estriban en que nos planteamos la unidad mucho más allá de los momentos electorales y nos atrevemos a pensar que en verdad en posible un país distinto, en el que quepamos todos, regido por principios, conducido con absoluta transparencia y para el cual hay que construir una propuesta consensuada.

Confieso que todavía trato de entender el argumento de un reconocido político quién en un artículo reciente, descalificaba una determinada posición electoral por haber sido asumida “usando argumentos puramente éticos y precariamente políticos”. No pretendo emitir juicio de valor sobre el opinante, pero destaco que asumir posiciones puramente políticas precariamente soportadas en lo ético es lo que nos ha conducido a lo que tanto hemos criticado y que pareciésemos destinados a seguir enfrentando.

Decir que los que decidimos por convencimiento acompañar las candidaturas de oposición lo hicimos más por criterios políticos que éticos, es de alguna manera aceptar que la ética privó mucho más en los que decidieron no votar el 15 O, lo que los haría merecedores, a nuestro juicio, de reconocimiento y no de crítica, obligándonos a reconsiderar posiciones propias.

Votar o no votar es una decisión política y a la vez un dilema que enfrentamos los ciudadanos en cada oportunidad electoral, máxime cuando el ordenamiento legal venezolano, diríamos que equivocadamente, concede como derecho ciudadano el abstenerse de concurrir a los llamados comiciales, cuando responder a ellos debería ser un deber que contemplase como opción vinculante el votar por ninguna de las opciones en consulta.

No existiendo actualmente esa posibilidad, cuando el peso de lo que son nuestros principios se inclina en contra de apoyar algo en lo que no creemos, por muy político que sea el disfraz, la alternativa de abstenernos es tan democrática como la que hemos practicado repetidamente hasta ahora, máxime si lo que se plantea como alternativa es mera repetición.

Darle contenido ético a la política, declarar lo que en realidad pensamos, comprometernos a mantener comportamientos distintos a los que decimos adversar y reclamar el cumplimiento de ofertas electorales es una posición que estamos dispuestos a continuar sosteniendo y si para ello hay que dejar de votar en alguna ocasión, como ya lo han hecho antes otros ciudadanos, esa será a partir de ahora otra opción democrática a considerar.

Que alguien sea candidato, sin pararse en cómo llegar a serlo y querer ser votado por solo decir que es contrario al régimen, cuando sus actuaciones previas, abiertas o encubiertas, no lo avalan, es tener una opinión muy pobre de la gente. Hay que ponerle contenido a la política y practicarla todo el tiempo; pretender hacerlo solo en tiempos electorales seguirá conduciéndonos a nuevas derrotas que continuaremos pagando todos menos los que se dicen dirigentes.

Estamos a tiempo, es necesario que prive la racionalidad sobre los intereses pequeños, en el país existen personas dispuestas a poner sus capacidades a favor de causas comunes, la transición como proceso requiere del concurso de TODOS y tenemos que aceptar que sin la participación de distintas formas de pensar el país, el que queremos será imposible de concretar.