Si pudiese argumentarse sobre el porqué del fracaso de la resurrección marxista a manos de la satrapía cubana en Hispanoamérica – que golpea otra vez con la misma piedra – de nada servirán las explicaciones hijas de la experiencia u obra de la racionalidad empírica o teórica; como las que nutren a la literatura política en vísperas y después del derrumbe de la Cortina de Hierro. Esta vez aquella se entierra bajo el excremento de la corrupción, el peculado, el narcotráfico, los crímenes de terrorismo y lesa humanidad en sus modalidades sistemáticas de secuestro, asesinatos, torturas, represiones, diluidas tras la profanación del nombre Bolívar.

¡Y es que, al paso y por lo visto, la claque de filibusteros que se posa sobre Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en la Argentina de ayer y el Brasil que desnuda Lava Jato, lo hace para capturar sus gobiernos y disponerlos como maquinarias al servicio del delito! No les basta a aquéllos el robo de los dineros públicos ni la expoliación de los bienes privados, sino que, al término, descubren, como antes lo hicieran los hermanos Castro, las ganancias jugosas y siderales del tráfico y comercio de las drogas.

Hace casi 28 años, ante el ruido pionero que ello hace internacionalmente, Fidel ordena el fusilamiento de la camarilla de sus socios: el general y “héroe de la república” Arnaldo Ochoa junto a otros 19 generales inculpados de narcotráfico, en la llamada Causa 1, para limpiarse aquél su rostro con la sangre de sus subalternos y ponerle distancia a la cuestión.

Desde entonces, sin embargo, en el mismo 1989 el mismo cocina su vuelta al ruedo como cabeza de la mafia narco-política y prepara como territorio para sus operaciones a Venezuela. No por azar, al encumbrarse Hugo Chávez – su segundo Ochoa – en el poder, le encomienda arreglarse con la vecina guerrilla colombiana. Se forja, así, un “modus vivendi” que a todos les deja dividendos en la empresa de muerte que los ata, purificada para lo sucesivo bajo una nueva e inédita modalidad: Se delinque con los votos de la democracia; se incrementan los socios en los gobiernos para ganar sus silencios; y, al cabo, se controla a los jueces para que, con sus sentencias, legalicen las violaciones de la legalidad requeridas para la prosperidad de la empresa de narcóticos cuya holding y mesa de diálogos reside en La Habana, ahora la Ginebra del Caribe.

Tengo a mano el papel que recoge las instrucciones del fallecido Comandante Eterno, quien a partir de 1999 ordena a los suyos suministrarle a las FARC “medicamentos especiales”, venderle “petróleo”, registrar sus “empresas en el área bancaria” con el nombre de Banco de los Pobres, apoyarlos con “asilo y tránsito”, garantizarles sus contactos con el “Alto Mando”, y obligándose ella, eso sí, a “no entrenar militantes venezolanos sin consentimiento del gobierno” ni realizar “en territorio venezolano” actividades ilícitas.

El saldo de esa mudanza atrabiliaria de Venezuela en un patio de criminales explica nuestra quiebra actual como nación anegada por la violencia. Que sus poderes inhabiliten a la disidente Asamblea Nacional que los observa y es disidente, era de esperarse. Revela el travestismo oficial por qué urge Chávez de la OEA, bajo el secretariado de Insulza y el concurso de muchos gobiernos cómplices, la aplicación de la Carta Democrática en el caso de la Honduras de Zelaya. Urgía salvarlo, salvando junto a él un territorio privilegiado para el negocio y tránsito obligado hacia el norte del continente. Indica lo que es vergüenza para quienes somos parte de la Venezuela decente, a saber, la colusión de los altos cargos para sostener el ferrocarril de la cocaína y demás basuras conexas, pues eso vale si se trata con ello de intoxicar al Imperio.

He allí la razón o sin razón de los costos que como víctimas ahora pagan, con luto y heridas, las muchedumbres que han decidido abandonar sus casas y no regresar a ellas hasta que renuncie la satrapía que mancha el honor patrio. He allí porqué ésta no tiene como pagar su precio de salida, que no sea inmolándose o tomando pasaje hacia las penitenciarías más cercanas.

¡Que el narcotráfico instalado en el gobierno de Venezuela anuncie su retiro de la OEA, su separación del club de los demócratas que conduce un hombre esclavo de los principios, Luis Almagro, es una nimiedad, causa hilaridad! Lo que no la causa es que aún queden gobernantes dentro de esta que se declaren neutrales al respecto, o todavía apoyen al dictador Nicolás Maduro, procónsul del Castro que sobrevive y de su cartel socialista del siglo XXI

correoaustral@gmail.com

En estos días de salvaje represión y barbarie oficialista, que han causado dolor y luto en numerosos hogares de nuestro país, mucha gente se pregunta a qué se debe tanta impiedad e insensibilidad humanas, que ya se igualan con las prácticas más aberrantes del gorilismo militarista suramericano. Pues bien, sirvan dos ejemplos, como muestra, para ilustrar por qué de tanta saña.

Hoy en Venezuela estamos siendo testigos de un extraño fenómeno macroeconómico, y es la coexistencia de recesión con concentración del ingreso. Esta insólita presencia de aumento de la desigualdad social a medida que la economía del país decrece se explica solamente por el acceso diferencial y discriminatorio a los dólares baratos que permite el control de cambio. En la actualidad, 10% más rico del país se queda con el 32,2% del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre tiene que conformarse y subsistir con apenas 13%.

El estadístico italiano Corrado Gini desarrolló un método para medir la desigualdad económica, y es lo que se conoce como el “coeficiente de Gini”. Este índice es un número entre 0 y 1; 0 expresa la igualdad total y 1 la máxima desigualdad. Pues bien, para 2016 el índice de Gini venezolano se ubica en un altísimo 0.44, el más elevado registrado en los últimos 20 años, y ha venido creciendo sostenidamente desde 2014.

En otras palabras, en nuestro país hay un grupo que se está enriqueciendo –a paso de vencedores– a costa del empobrecimiento de la mayoría de los venezolanos. Nuestra dictadura no solo es masivamente empobrecedora sino estructuralmente injusta. Además de cruel máquina de pobres, es un instrumento de generación acelerada de injusticia y desigualdad. Y la base de esta diabólica dinámica está en que hay un pequeño grupo que vive con dólares a los cuales puede acceder y negociar, y un inmenso país que sobrevive con bolívares cada vez más devaluados e inútiles. Este lucrativo negocio debe ser resguardado y protegido, y por ello hay que reprimir con furia a quienes claman por un orden distinto.

Un segundo ejemplo tiene que ver con el negocio de las llamadas “bolsas CLAP”. Las CLAP son un mecanismo de entregar limosnas a la población a cambio del enriquecimiento grosero de algunos privilegiados. Estas cajas, contentivas de productos importados, tienen un costo de aproximadamente 14 dólares en los países donde se compra. Si le agregamos costos de embalaje, transporte y otros, este costo pudiera llegar, digamos, a 20 dólares. Los dólares para comprar estos productos se adquieren al cambio preferencial de 10 bolívares por dólar. En otras palabras, el costo para el gobierno de estas cajas de limosna es de aproximadamente 200 bolívares. Sin embargo, se las vende a un pueblo necesitado y pobre al escandaloso precio de 14.000 bolívares. ¿Quiénes son los corruptos que tienen acceso a este multimillonario negocio que consiste en enriquecerse obscenamente aprovechando el hambre y la necesidad de los venezolanos? Esta criminal corrupción solamente se explica por la existencia de mafias de poder en el alto gobierno, para quienes todo el que aspire a un cambio de esta situación es una amenaza a su lucrativo negocio, y debe ser sometido por la fuerza bruta.

En la historia de los países hay ejemplos de represiones que, aunque siempre injustificables, se llevan a cabo por razones políticas, ideológicas, religiosas o étnicas. Pero la brutal y salvaje violencia de las fuerzas represivas de la dictadura madurocabellista se hace por la más innoble de las razones: por salvaguardar un negocio.

En otras oportunidades hemos afirmado que para la clase política gobernante, Venezuela no es un país sino un botín. Por eso esta dictadura, en esencia, es un maloliente negocio. La represión que ha teñido de sangre los hogares de nuestros hermanos es la consecuencia de la crueldad y mal corazón de la putrefacta oligarquía roja. La misma que no le importa causar sufrimiento o generar dolor, si esa es la forma de mantener sus puestos, su corrupción y sus fortunas.

Con motivo de las manifestaciones, concentraciones y marchas de ciudadanos que protestan y reclaman por sus derechos, la acción del gobierno no ha sido otra que la de reprimir esa conducta con la amenaza del empleo de la fuerza que efectivamente se activa y sistemáticamente impide el avance de todo tipo de expresión pública que cuestione la arbitrariedad oficialista.

Lejos de resguardar el derecho a la protesta y garantizarlo para que se desarrolle con la mínima perturbación de la vida ciudadana, que siempre se verá afectada y no se desencadenen hechos de violencia, las instrucciones no parecen ser otras que las de reprimir, apelando a la fuerza intimidatoria de las armas y efectivamente hacer uso de estas para impedir el desarrollo de la protesta con métodos violentos, los cuales, como es bien sabido, tienen como lógica consecuencia mayor violencia y un previsible número de víctimas.

En cualquier país respetuoso de los derechos ciudadanos las manifestaciones se anuncian, la autoridad las resguarda, garantiza su desenvolvimiento e imparte órdenes claras y precisas a los funcionarios sobre el uso eventual de medios disuasivos en caso de que surjan enfrentamientos absolutamente incontrolables por vías de conciliación y persuasión que pongan en grave peligro la integridad de los ciudadanos o de los propios funcionarios presentes en la calle, para preservar el orden y no para fomentarlo.

Pero resulta inadmisible y delictiva la obstaculización del derecho político a la protesta bajo el simple alegato de que no se ha obtenido una formal autorización, a la cual no se puede condicionar el ejercicio de un derecho, siendo suficiente la participación que se hubiese llevado a cabo por algún medio, aunque hubiese sido informal y mucho menos se puede justificar el uso de armas para disolver manifestaciones, quedando en claro que si se utilizan medios con capacidad letal, aunque sean, per se, preventivos y se ocasionan muertes, responde penalmente quien dio la orden, si se impartió a tal efecto e, igualmente, responde quien la ejecutó, no pudiendo alegarse obediencia debida. Este es el caso del homicidio del joven Juan Pablo Pernalete, víctima de una bomba lacrimógena, arma disuasiva que fue utilizada como instrumento contundente en evidente ataque alevoso con resultado mortal.

Y no cabe hablar en todos estos casos de simple abuso de la fuerza, sino de atropello y de violencia criminal cuando se emplean armas que pueden ocasionar y han ocasionado daños graves, e incluso, la muerte.

Solo se puede hacer referencia al uso desproporcionado de la fuerza cuando hay necesidad o es imprescindible recurrir a ella. Pero cuando no hay tal necesidad, simplemente, estamos ante una conducta delictiva, ante una agresión injustificada que merece el más enérgico repudio colectivo y la calificación como grave delito contra las personas y los derechos ciudadanos.

La sociedad organizada tiene razones de sobra para alzar su voz y reclamar por la violación de sus derechos; la dirigencia que apoya estas protestas cumple con la obligación de propiciar formas de reclamo popular; y a la autoridad solo corresponde preservar y garantizar el ejercicio de la actuación ciudadana, no siendo delito la expresión colectiva de lucha cívica, que no puede dar lugar a la represión oficial por parte de funcionarios del orden o cuerpos civiles armados, bajo el amparo del poder.

aas@arteagasanchez.com

@ArteagaSanchez

1-5-2017

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/uso-desproporcionado-fuer...

La protesta cívica y pacífica no es un delito y su control no puede ser una represión desmedida. Así lo advirtió, a través de un Comunicado, el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Arzobispo Diego Padrón, quien, además, agregó que las marchas cívicas deben ser libres sin más restricciones que las que derivan del deber de respetar la vida, la propiedad y el bien común[1].

De manera categórica, la Conferencia Episcopal Venezolana recuerda que cuando el Estado o el Gobierno desconocen o irrespetan los derechos, simplemente deja de ser un Estado democrático y pierde su legitimidad en su desempeño, pues deja de cumplir su función de defender a todos los ciudadanos independientemente de su ideología política.

La represión no encontró aliado, según registra la historia, en la transición que le correspondió conducir Eleazar López Contreras, luego de la muerte de Gómez. En el libro Páginas para la Historia Militar de Venezuela, López Contreras relata que esa transición fue compleja, hubo hechos violentos que se expresaron a través de movimientos reaccionarios que en todo el país no se redujeron a pacíficas manifestaciones, sino que llegaron a hechos de inusitada violencia.

Hubo situaciones difíciles de ruptura del orden público en Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, Barcelona, Cumaná, Asunción, Valencia, San Felipe, Maturín, Acarigua, que sólo con tropas regulares, relata López Contreras, logró sostener aquellos gobiernos estadales que el pueblo quiso destituir o que pedía con violencia revolucionaria que fueran reemplazados por indeseables.

Aquella crisis también estuvo acompañada de saqueos a casas particulares, a establecimientos mercantiles, que más adelante tuvo que indemnizar la Nación. Cuenta López Contreras que hubo una manifestación cívica, presidida por hombres de ciencia, letras, comercio y estudiantado, que se esperaba fuera pacífica, pero que como efecto de un centenar de radicales exaltados, se transformó en un acto de delincuencia contra la sociedad, agravado por las características de premeditación y alevosía.

Reconoce López Contreras, que la situación militar en aquella transición fue difícil, pues en el seno del Ejército había rivalidades o aspiraciones contrarias a la unidad de mando, ello como resultado de influencias familiares y de insinuaciones de presuntos caudillos militares o políticos, que esperaban con la anarquía alcanzar sus probabilidades a la conquista del poder.

El paso de la dictadura gomecista a un nuevo modelo político logró ser exitoso gracias al apoyo de un Ejército, que describe López Contreras, tuvo que demostrar fuerza moral frente a la huelga de telegrafistas, de petroleros en Maracaibo y la que se realizó en Caracas en junio 1936.

López Contreras siempre calificó su gobierno como un Régimen Bolivariano y nunca dudo en expresar su admiración, respeto y compromiso con los ideales de Bolívar, pero en el desafío que significó la transición política luego de la muerte Gómez, hubo además del Ejército, su compromiso de actuar con serenidad de ánimo y firmeza de principios y de acción. Estaba consciente que la Democracia reclamaba un espíritu de comprensión, serenidad y tolerancia. Como Oficial del Ejército y como Mandatario de Venezuela, no he querido por ningún respecto ejercer ningún acto de represión, fueron palabras que dirigió López Contreras a los venezolanos un 29 de junio de 1936[2].

Años atrás, específicamente en 1928, López Contreras ere Jefe de la Guarnición en Caracas y tuvo que enfrentar lo que calificó la rebelión de los estudiantes, que vino acompañada de una huelga en respaldo y solidaridad, frente a la cual asumió una actitud, que calificó de prudente, al ordenar no disparar contra el pueblo y su estrategia fue buscar en la política una solución a la crisis, rechazando la violencia para tal fin[3]. En ese momento, 1928, reconoce López Contreras que el Ejército sirvió a los intereses del gobierno y del país, mejor que muchos otros actores.

Luego de 80 años, otro gobierno, que se califica también Bolivariano y que se esmera en vender la imagen de compromiso en las ideas bolivarianas, le abre espacio a la represión como forma de enfrentar la crisis social, política y económica que genera protestas en la población venezolana.

En este caso, otro hombre, también soldado, asume desde el Ministerio de la Defensa una postura que parece justificar la represión, argumentando que hay una supuesta manipulación de ese término y advirtiendo que no puede calificarse como represión, la acción del Estado orientada a la restitución del orden público, postura que asumió también en el 2014[4], en el marco de la crisis de guarimbas en San Cristóbal, y que nuevamente rescata en el marco de las protestas del año 2017, dejando expresamente registrada esa posición en el Comunicado Oficial del Ministerio de la Defensa del 18 de abril de 2017[5].

Vladimir Padrino López, actuando como Ministro de la Defensa, en las protestas del 2017 parece haber olvidado que tres años atrás, en la crisis de las guarimbas en San Cristóbal, mediante una declaración pública, había reconocido, como Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que participar en protestas pacíficas y sin armas era un derecho constitucional y que el Estado tenía la obligación de garantizar los derechos del pueblo.

Entre Padrino y López Contreras, no se pretende hacer comparación alguna. Si bien ambos coinciden en su cualidad de soldados, hay enormes diferencias entre uno y el otro, fundamentadas principalmente en las virtudes personales y ejemplo de vida de Eleazar López Contreras, a quien calificaron como el Soldado Ciudadano.

Una de esas diferencias tiene que ver con la intolerancia que refleja el Ministro de la Defensa, principalmente en el Comunicado Oficial del Ministerio de la Defensa del 18 de abril de 2017, en cuyo contenido deja clara su posición parcializada frente a la crisis política venezolana, reclamando que quienes supuestamente violaron inescrupulosamente la falsa democracia del pasado, hoy no pueden hablar de respeto a sus derechos.

En ese Comunicado Oficial, fija posición y acusa a algunos Diputados de estar obstaculizando la gestión del Poder Ejecutivo y ponerse de espaldas a la constitución; pero defiende un modelo político en cuyo contexto califica a la Fuerza Armada Nacional de antiimperialista, chavista, y frente al adversario afirma que ellos, los mismos de siempre, “no volverán”. Con esas expresiones, entre muchas otras, Padrino López se aleja de una posición institucional y lo coloca como un actor que genera desconfianza como garante del respeto a los derechos del pueblo, independientemente de la ideología política.

A diferencia de esa posición intolerante y parcializada, un 29 de septiembre de 1936, López Contreras, siendo Presidente, propone la necesidad de un bloque de resistencia contra todos aquellos actos contrarios a los principios republicanos democráticos, no de una parcialidad política, y reconoce que la resistencia debe ser dentro de la Ley, insistiendo ante los Venezolanos que como autoridad, siempre insistiría en recordar que no ha querido y ni quiere represiones[6].

En aquel momento, en el marco de ese llamado al bloque de resistencia, plantea que frente a los comunistas, él ha tenido la facultad legal para expulsarlos, pero reconoce que esos comunistas de aquella Venezuela estaban mal guiados, mal encaminados y que volverán al camino, una vez que lleguen a oír la palabra patriótica. Para López Contreras, aquellos que eran adversarios políticos, todavía les reconocía una oportunidad para corregir y confiaba en que muchos lo harían cuando lograran experimentar que efectivamente el bloque de hombres de bien era mucho mayor en el país. Es esta una posición que expresa el respeto por las diferencias, el reconocimiento del otro como individuo.

Si Padrino López, en el ejercicio de sus funciones y con el Poder Político que detenta, asumiera esa resistencia dentro de la Ley, lejos de denunciar ligeramente a algunos diputados de dar la espalda a la Constitución y obstaculizar la gestión del Ejecutivo Nacional, como lo hace en el comunicado del 18 de abril, tendría que reclamar al TSJ las sentencias 155 y 156, y cuestionar a ese mismo TSJ de obstaculizar las funciones del poder público autónomo e independiente del Poder Legislativo.

Dos hombres, dos venezolanos, dos soldados y en consecuencia dos militares con poder político: uno logró grandes cambios políticos, dejó un ejemplo en actuación ciudadana y militar, en sus manos la legitimidad de un gobierno no se quebró, no se debilitó; el otro, se hizo cómplice de un gobierno ilegítimo, de la negación de los derechos políticos y de la ruptura del hilo constitucional.

[1] Revista SIC. Los venezolanos exigimos el respeto de nuestros derechos civiles y a todos nuestros derechos. 20 de abril de 2017. Online en: http://revistasic.gumilla.org/2017/los-venezolanos-exigimos-el-respeto-a...

[2] López Contreras, Eleazar. Respuesta al Frente de Defensa Nacional. 29 de septiembre 1936. En: Gobierno y Época del Presidente Eleazar López Contreras (1935-1941). Tomo 17. 1988

[3][3] Lopez Contreras, Eleazar. Sucecosos de los años 28 y 29. En Historia Militar. 1944. Pag 154.

[4]Minci.gob.ve. Padrino López, el termino represión está siendo manipulado por la derecha venezolana. 30 de marzo de 2014. Online en: http://minci.gob.ve/2014/03/padrino-lopez-el-termino-represion-esta-sien...

[5]Mindefensa.gob.ve. Mensaje del estado superior de la FANB con motivo de celebrarse el día de la milicia bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril. 18 de abril de 2017. Online en: http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2017/04/18/mensaje-del-estado-ma...

[6]López Contreras, Eleazar. Obra citada. No 2

Artículo escrito para PolitiKa UCAB on abril 27, 2017

https://politikaucab.net/2017/04/27/la-represion-desde-la-vision-de-dos-...

Crónicas del Olvido

I

¿Ciudadanos sin ciudad? ¿Podría resolverse esa contradicción? ¿Estamos en capacidad de ser ciudadanos pese al caos propiciado por el propio ciudadano en grandes y pequeñas ciudades? ¿Vivimos en resistencia permanente contra un modelo que propicia el libertinaje? ¿Un sistema enemigo de la gente?

Todas esas preguntas podrían servir para organizar un evento comunitario en el que los propios vecinos sean los voceros de las respuestas. Es decir, que la gente hable desde sus propias responsabilidades, toda vez que ella es parte del problema y muchas veces el problema. Un vecino irresponsable es aquel que abusa de la gente que lo rodea, que pasa por encima de las mínimas razones de convivencia. A diario somos víctimas de una ingenuidad inducida, según la cual “tengo derechos” pero se violan los derechos del otro.

La “libertad”, por ejemplo, de poner a todo volumen un aparato de sonido desequilibra la paz vecinal, pone en entredicho la ejecución de un derecho que se convierte en la violación de ordenanzas que a la larga no se cumplen porque el primer desordenado es el ente municipal. Entre ellas, otra perla, haber fallado a favor del horario de las licorerías, que ya no lo son porque se han convertido en bares de acera donde se reúne la familia, equipada con música a libar en plena calle, con las consecuencias que eso trae, tanto a los festivos como a los usuarios peatonales. Generalmente se trata de gente muy “delicada” que se cree dueña de la calzada y arremete ante cualquier queja del que tiene la razón.

II

Otra de las secuelas de este libertinaje lo sufrimos a diario con los conductores. Una mayoría bastante significativa cree que conducir un vehículo le da derechos a estacionarse en cualquier sitio, sobre todo en los lugares prohibidos. Chóferes particulares, de autobuses y taxistas han convertido la ciudad en un verdadero caos frente a la misma policía que, por creerse invisible, deja que las faltas sucedan. La desaparición de Tránsito Terrestre ha convulsionado más estas polis convertidas en campos de batalla.

La ciudadanía, entonces, tiende a desaparecer en manos de estos funcionarios que desde sus despachos son incapaces de idear fórmulas para aliviar los males por ellos causados. Para quienes se dicen conserjes de la ciudad, la ciudadanía no existe. Sólo para pagar impuestos. Por eso, ya nuestras comunidades dejaron de ser organizadas para transformarse en cotos particulares, como sucede con los buhoneros, venezolanos que para el régimen son una cifra de empleo conquistado. Esta manera de ver las cosas convierte a la municipalidad en transgresora de sus propias leyes y ordenanzas. ¿Cómo pretende, por ejemplo, la Alcaldía cobrarle impuestos a comercios tapiados por los informales que no los pagan, pero que muchas veces ganan más que los negocios sujetos de reglas impositivas? Nuestras ciudades dejaron de serlo, hoy son enclaves de resistencia que contribuyen con el incremento de la ilegalidad, la violencia y la corrupción.

III

Ciudades sin ciudadanos. Un tejido social sin control. Mientras tanto, los gobernantes viven felices porque no los fastidia la obligación. Dejan hacer, dejan pasar las cosas. La destrucción de la ciudadanía tiene origen en los mensajes que emergen del poder central. De esta manera, con toda mala intención, se suscitan comportamientos enfermos, como el que a diario vemos en motorizados, peatones y comerciantes. Igualmente, en urbanizaciones donde la disparidad de conductas, provocadas por desniveles sociales y culturales, dan al traste con la tranquilidad y la armonía vecinales. Y ahora mucho más con la división que ha creado el discurso excluyente de Miraflores.

Reparar este problema costará mucho. Hacerle entender a la gente que se debe protestar ante el estado municipal porque no recoge la basura, debe ser el norte de todos. Exigir fluidez en la circulación vehicular no escapa de estos derechos. Pero hace falta que las mismas víctimas dejen de ser más tarde agresores. Para el estamento oficial, la indigencia forma parte de la basura.

¿En qué momento se comienza a ser ciudadano? En el mismo instante en que la gente tiene conciencia de grupo, conciencia de comunidad. De lo contrario, de no entenderse que cada día se vive peor en las ciudades, éstas desaparecerán en medio de epidemias, confrontaciones y limitaciones que forman parte, al parecer, de una política para sacarle provecho al caos. ¿Quién se beneficia con este desastre? Para el poder, silencio pero para los incrédulos, nadie. “Por ahora” nadie, según reza el estigma. No estamos muy lejos de saber quién gobernará sobre la inmundicia.

Daniel R. Headrick, profesor de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de Roosevelt, describe el pretorianismo como un militarismo hacia el interior, propio de las naciones de orden menor, que no pretende hacer ni ganar guerras, sino mantener su influencia en el sistema político, controlar las decisiones que afecten a sus intereses o apoyar a una facción política.

Dejando de lado la frase “políticamente incorrecta” relativa a que hay naciones de orden menor, la definición aplica a lo que son o han llegado a ser las FANB en Venezuela: un ejército al servicio, no de un Estado, sino de un partido enquistado en el poder: el PSUV.

Porque definitivamente es así. Bajo la conducción del general Vladimir Padrino López, el ejército ha dejado de ser una institución defensora de la Constitución y de las Leyes. Ni siquiera es –de acuerdo al léxico marxista-leninista- un aparato represivo al servicio de una determinada clase. Es simplemente la tropa de un grupo de poder que ha roto con la Constitución. Un grupo (mafia o pandilla) que mantiene secuestrado al Estado y a sus instituciones, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Podríamos discutir si bajo una dictadura el ejército asume siempre un carácter pretoriano. Pero lo que debe quedar fuera de toda discusión es que toda dictadura, por definición, es militar. No basta por lo tanto decir que en Venezuela hay dictadura. Hay que decirlo con toda sus letras. Se trata de una dictadura militar aunque quien ocupe el gobierno sea un bailarín. El ejército venezolano es parte de la dictadura. En consecuencias, derrotar a la dictadura es derrotar al ejército.

Muy fácil decirlo, me dirán. ¿Cómo piensas tú derrotar a un ejército armado hasta los dientes? La pregunta sería imposible de responder si ciertas experiencias históricas no hubieran mostrado que derrocar a dictaduras militares, incluso a las más feroces, es perfectamente posible.

También en Venezuela –aunque nadie puede determinar con exactitud el cómo y el cuándo- la dictadura será derrocada. Tengo la impresión, incluso, de que ese momento ya está cerca. Pues ese momento ocurre no cuando una dictadura es ilegítima (todas las dictaduras lo son) sino cuando la ilegitimidad se hace presente en los propios cuarteles militares.

Los militares, como el resto de los seres humanos, no son (todos) autómatas. Pueden cometer horrorosos crímenes, eso está fuera de duda. Pero muchos los cometen porque creen en razones superiores que los justifican. Hasta que aparece la duda. ¿Existen de verdad esas razones superiores? ¿No me estaré condenando al infierno si aprieto el gatillo y asesino a ese joven sin armas que nunca me ha hecho nada?

Hasta los monstruos necesitan del aura de una mínima legitimidad. Pinochet, un asesino de tomo y lomo, alguien que no vacilaba en mandar a matar a antiguos compañeros de armas, cuando fue derrotado por el plebiscito (5 de octubre de 1988) eludió su responsabilidad y solicitó al Estado Mayor que decidiera como actuar frente a esas multitudes que se agolpaban en las calles. Probablemente esperaba que sus generales optarían por un segundo golpe de estado similar al del 11 de Septiembre de 1973. Afortunadamente el general de aviación, Fernando Matthei, decidió reconocer públicamente la derrota electoral antes de que se impusiera la locura. Los votos de un pueblo políticamente organizado lograron así derrotar al ejército mejor armado del continente.

Una escena similar aparecería poco tiempo después en Berlín Este, el 9 de noviembre de 1989, cuando multitudes al grito de “nosotros somos el pueblo” avanzaron hacia ese muro que en pocas horas sería convertido en ruina arqueológica. Erich Honecker, tan desesperado como Pinochet, reunió a los dirigentes del Partido. La pregunta pudo haber sido la misma: ¿Qué hacer? El resto es conocido: Margot Honecker, la dictadora –así la llamaban “cariñosamente” los alemanes- exigía lanzar las tropas a las calles. Pero los comunistas de la RDA, al igual que los generales de Pinochet, entendieron que ya no contaban con ninguna legitimidad para embarcarse en un genocidio de gigantescas magnitudes. Entre ser juzgados por tribunales competentes o pasar a la historia como grandes asesinos, eligieron la primera alternativa. Hicieron bien. Los que todavía viven reciben todos los meses el dinero de su jubilación.

Ese día de octubre terminó una historia cuyos comienzos inmediatos tuvieron lugar en mayo de 1989 cuando grupos de disidentes organizados en “Das Neue Forum” se decidieron a protestar en las calles en contra del fraude electoral que tuvo lugar en las elecciones comunales. La consigna principal de la oposición, hasta el día de la caída del muro, fue “queremos elecciones libres”. En Marzo de 1990, cuatro meses después de la caída del muro, tuvieron efectivamente lugar esas elecciones. Ellas consagraron el fin de la dictadura y la unidad de la nación. Como en el Chile de 1988, en la RDA de 1989 los votos derrotaron a las balas.

Siempre ha sido así. La consigna central que ha llevado al fin de todas las dictaduras ha sido la de elecciones libres. Lo fue incluso en la Cuba de Batista, cuando Fidel Castro entró a La Habana (1.01.1959) a hacerse del poder abandonado por la dictadura, frente al clamor creciente por elecciones libres de una oposición organizada en cuatro partidos (Ortodoxo, Auténticos, Partido Socialista Popular (comunista) y 26 de Julio), la iglesia y los sindicatos del país.

El mismo Fidel Castro, desde su discurso titulado “La Historia me Absolverá” (1953), había insistido en dos temas: la vigencia de la Constitución de 1940 y la celebración de elecciones libres. Que Fidel Castro haya traicionado después a la revolución democrática sobre la cual se montó, es otra historia. Pero sin ese clamor general por elecciones libres, los guerrilleros nunca habrían podido hacerse del poder. Quizás habrían sido exterminados como conejos, como ocurrió a la guerrilla del Che en Bolivia, la que nunca exigió elecciones o algo parecido.

En fin, podríamos recurrir a muchos otros casos hasta completar un libro. Pero esa no es la idea. (Por cierto, también me acuerdo del Grupo de los 12, que reunía a las principales organizaciones anti-somocistas, una de cuyas exigencias centrales era la celebración de elecciones democráticas en Nicaragua).

Para decirlo en forma de síntesis: en todos los modernos procesos de democratización encontramos la misma constante histórica; y es la siguiente: la caída de las dictaduras, y por ende, la derrota de los ejércitos dictatoriales, ha ocurrido no cuando las dictaduras han perdido su fuerza militar, sino cuando han perdido su legitimidad. El deterioro de esa legitimidad, a su vez, se hace manifiesto cuando la ciudadanía comienza a luchar por derechos avalados en constituciones, incluso en aquellas impuestas por la dictadura. El principal de esos derechos -podríamos decir, el derecho de todo derecho- es el derecho a voto. En Venezuela ese derecho mantuvo su vigencia durante todo el periodo de Chávez. Si solo fue así porque Chávez se sabía ganador, carece de importancia. El hecho objetivo -lo ven incluso algunos chavistas- es que Maduro aparece, aún ante sus partidarios, traicionando al legado de Chávez.

No olvidemos: la adhesión de las fuerzas armadas venezolanas al gobierno de Hugo Chávez provenía de tres fuentes:

1. El carisma político del caudillo

2. La pertenencia profesional de Chávez al ejército.

3. El origen constitucional de su gobierno refrendado en elecciones periódicas.

Ninguna de esas tres razones tiene valor durante la dictadura de Maduro. El presidente carece en términos absolutos de carisma. Nunca ha sido militar. Y, no por último, ha violado a la propia Constitución de Chávez, hoy hecha suya por la inmensa mayoría del pueblo venezolano.

Esas son las razones que explican por qué las reivindicaciones exigidas por la oposición -entre las que se cuentan, la liberación de los presos políticos, la soberanía de la AN, el fin de las inhabilitaciones, la aperturas de canales humanitarios, y otras – cobran sentido en la medida en que se articulan a la exigencia por elecciones libres.

Gracias a esa palabra, elecciones, todo el mundo democrático apoya hoy día al levantamiento popular, democrático y nacional que tiene lugar en Venezuela. Elecciones es la palabra que ha hecho posible a la insurrección popular en contra de Maduro. Es la que despoja a las balas asesinas de cualquiera legitimidad. Es la que llevará a la derrota del ejército dictatorial. Es, en fin, la palabra a la que no se puede renunciar.

Si esas elecciones serán de carácter regional o general, lo determinará la oposición a su debido momento según las circunstancias que se presenten en el futuro más próximo. Las regionales aparecen hoy como las más adecuadas para continuar la ruta constitucional. Pero la anticipación de elecciones generales las podría provocar el mismo régimen si continúa obstinado en usar a la tropa para masacrar a un pueblo que quiere ejercer, antes que nada, el derecho a voto. Ese mismo derecho consagrado en la constitución venezolana y en todas las constituciones democráticas de la tierra. Las elecciones, y nada más, son las fuentes de la legitimidad política de nuestro tiempo.

Venezuela no tiene por qué ser una excepción a la regla histórica. La razón política deberá imponerse mucho más temprano que tarde a la razón militar. Allí, también, como en tantos otros países, los votos derrotaran a las balas.

Abril 28, 2017

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Las marchas y concentraciones populares acaecidas el 19 de abril, nos imponen hacer ciertas reflexiones acerca de lo que está pasando y puede pasar en esta Venezuela de hoy, que se muestra, ya no aletargada, sino a la altura del nombre de la novela de don Eduardo Blanco.

Durante años recientes se oyó decir que el pueblo venezolano había perdido su virilidad, que el tiempo y las comodidades derivadas del petróleo habían destruido el valor y el arrojo que lo llevaron caminando hasta Ayacucho o que hicieron posible el cruce de los Andes y la victoria de Boyacá; nos hicieron creer –quizás con intención aviesa– que héroes y heroínas pertenecían al pasado, que mujeres como Luisa Cáceres, Eulalia Ramos, María Campos y Josefa Padrón eran seres de un lejano pasado, sin conexión con el presente, como si sus genes se hubieran mudado de planeta o mutado en el laboratorio de sus sufrimientos.

No es descabellado pensar que fuimos sometidos –intencionalmente– a un proceso de destrucción de nuestro orgullo nacional, de desvinculación con los heroísmos pasados y de distorsión de nuestra verdadera historia. Los que hacen de la tiranía oficio, deben saber que un pueblo que haya perdido la fe en sí mismo es proclive a renunciar a sus derechos y fácil presa de sus pretensiones. Por el contrario, uno como el venezolano, cuyas andanzas heroicas le hubieran dado a Homero material para escribir varias Iliadas y muchas Odiseas, es difícil de sojuzgar, por no llamar insojuzgable.

Insufla alegría al alma ver a una mujer enfrentar, retadora, a una tanqueta de la Guardia Nacional; ponen brillo en nuestros ojos los muchachos que a mano limpia devuelven las bombas lacrimógenas con que pretenden someterlos; nos ahogan de orgullo los ancianos que recobraron el paso firme de sus años mozos y que portan el bastón de la vejez con mucha más dignidad que los generales su bastón de mando.

Algo sumamente importante sucedió el 19 de abril de 2017. Ese día –al igual que el de 1810- no logramos la libertad, pero nos pusimos en el camino correcto para alcanzarla; este 19 de abril nos encontramos a nosotros mismos, sentimos bullir en nuestras venas la sangre caribe y redescubrimos que nunca dejamos de ser el pueblo de Bolívar y Sucre, de Vargas y de Convit, de Bassil y de Redman. Esta convicción nos hace invencibles y aterra a los tiranos.

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