La falta de protección al Parque Henry Pittier política revolucionaria del siglo XXI

Todos sabemos la situación que vive el país por efectos del fenómeno El Niño.

Ya se acerca la época de lluvia y existen organismos, tanto municipales como estadales que deben hacerle mantenimiento y limpieza a quebradas y ríos, y a pesar de ello, siempre hay afectaciones.

Pasadas las lluvias nadie se acuerda de nuestros cerros y montañas, las cuales son desbastadas por los incendios forestales que acaban con la fauna y la flora.

Esto sucede todos los años y no tenemos ningún organismo encargado de solucionar o prever este problema.

El Parque Nacional Henry Pittier, gran pulmón vegetal de los municipio Girardot y Mario Briceño I., sufre todos los años las consecuencias de los incendios de vegetación, la cual tras ser consumida en un gran número de hectáreas, reciben como tardío paliativo la vista de un helicóptero del estado.

Hay que recordar que hace aproximadamente año y medio se realizó una “siembra” de semillas utilizando un helicóptero, la cual hoy se perdió totalmente.

Enterado en una presentación del Dr. Luis Carlos Solórzano, coordinador de Aragua en Red, de que esa organización estaba presentando un proyecto para el manejo integral del agua en la cuenca del Lago de los Tacariguas, le hice mención a esta problemática y hoy me encuentro planteándola ante ustedes.

Es de hacer notar que en días pasados el alcalde de M.B.I., Sr. Delson Guarate, presentó a la Embajada de Suiza un proyecto en el que solicitó maquinarías e insumos para la prevención y cuidado del Parque Henry Pittier.

Hay que recordar que en M.B.I. hay aproximadamente ocho (8) encargados de atacar incendios forestales y no tiene equipos suficientes.

Pido ayuda los medios de comunicación, a los empresarios, comerciantes, gobiernos nacional, regional y municipal para que se avoquen a colaborar en el ataque de este problema.

Exconcejal y habitante del Municipio Mario Briceño I.

Así nos lo informa una pancarta marrón, con letras azules, pegada con tirro en la puerta del Instituto de Medicina Tropical, de la UCV, un centro académico de enorme importancia para el país, ocupado de realizar actividades de investigación y docencia e igualmente de prestar servicios de atención pública con relación a diversas enfermedades tropicales, tales como malaria, mal de chagas y leishmaniasis, entre otras.

“Cerrado por Robos”. Las declaraciones dadas a El Nacional por la Doctora Raiza Ruiz nos lo explican. Son dramáticas, duras de creer. Desde enero para acá, afirma, el Instituto ha sido robado 11 veces (¡¡), “pero hace 15 días la situación se puso peor. Primero entraron y destrozaron por completo el laboratorio de micología, donde se hacen pruebas de hongos y de bacteriología”. Y continúa: “Este domingo volvieron a entrar y hubo un ensañamiento terrible: destruyeron todas las puertas de seguridad e ingresaron a los laboratorios donde se hacen las pruebas de chagas y toxoplasmosis. Se llevaron todo: computadoras, microscopios, inyectadoras para tomar muestras a pacientes y regaron los reactivos” y “el lunes en la noche volvieron a meterse. Destruyeron lo poco que quedaba del laboratorio de micología”.

O sea, no solo robaron cuanto pudieron, que fue casi todo, sino que, además, lo que por alguna razón alcanzaron a llevarse, lo destrozaron. Es el hurto más allá del hurto. El robo en clave de barbarie, expresión, cabe pensar, de una sociedad en pleno desmadre.

Tendrá que pasar cierto tiempo para que pueda funcionar de nuevo. El daño ha sido muy grande y dado el menguado presupuesto universitario, el dinero disponible no alcanza para recuperarlo. En fin, ya se sabe, en el país no termina de calar la idea de que esta época de acuerdo a los códigos que se derivan de la sociedad del conocimiento. Las urgencias nos impiden ver un poco más allá de nuestras narices.

“Cerrado por Robos”, indica, pues, la pancarta marrón con letras azules, dando a conocer una hecho que no ha tenido mayor repercusión. En efecto, lo que debió haber sido un escándalo de grandes proporciones, apenas tuvo eco fuera de la propia UCV. Fue tomado como un evento que forma parte de la normalidad que nos marca el paso cotidiano. Así, el país va acostumbrándose a que puede pasar cualquier cosa (el desvalijamiento de centro de investigación, por ejemplo), sin que medie un mínimo gesto de indignación o siquiera de sorpresa, y no hablemos de una protesta.

Estamos perdiendo la capacidad de asombro. No es este, para nada, un buen aviso para nosotros mismos.

HARINA DE OTRO COSTAL

Hace mucho, en el año 1620, Francis Bacon escribió que el hombre debía asumirse como dueño del universo. El influyente intelectual inglés no miraba a la naturaleza como algo sagrado, sino como una “ramera colectiva” y proponía “sacudirla hasta sus cimientos” con el fin de “expandir los límites del imperio humano hasta hacer realidad todas sus posibilidades”. De estos lodos nos vienen, así pues, los polvos que ahora respiramos, los del cambio climático y demás reclamos de madre natura, resultados de un modelo de desarrollo que se ha vuelto ecológicamente insoportable.

Bajo la inspiración de Bacon, pareciera, el Gobierno acaba de firmar un decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco (114 mil kilómetros cuadrados al sur de nuestro principal río, en los que abunda el oro, el cobre, el diamante, el coltán, el hierro, la bauxita y otros minerales), ofreciéndole a 150 empresas nacionales e internacionales (estas seguramente con la voz cantante) facilidades para su explotación

Nuestro gobierno descubre, entonces, que las transnacionales no son tan malas como venía denunciando, que el fracaso del rentismo petrolero no tiene por qué repetirse ahora a propósito de estos minerales y pone de manifiesto, además, que lo de la economía basada en la capacidad tecno científica le suena a ficción, mientras mantiene la fe en que, gracias a los astros, las “commodities” vendrán en nuestro auxilio, como siempre. Descubre, también, que, si de lo que se trata es del cuido de la naturaleza y el respeto a las comunidades indígenas ubicadas en los territorios negociados, no es tan grave pasar por encima de lo que establecen la Constitución y las leyes. Y deja entender, en fin, que la existencia del pomposo Ministerio de Eco-socialismo y Aguas es tan sólo un adorno burocrático, útil para lucir políticamente correcto en el Siglo XXI.

Pero sobre todo pone en evidencia, una vez más, que el chavismo se convirtió desde hace un largo rato en un proyecto político organizado no tanto para transformar la sociedad, como para mantenerse en el poder. Su discurso épico es, apenas, la prescindible cerecita del pastel bolivariano.

De paso, estoy seguro de que, a pesar de lo que escribió en el Plan de la Patria, el Presidente Chávez hubiese decidido lo mismo que el Presidente Maduro. Aunque seguramente le hubiese puesto otra musiquita.

El Nacional, 16 de marzo de 2016

Cuando un rio encuentra resistencia cerca de su desembocadura divide su curso en varias ramas formando un delta para llegar a su destino oceánico. En una guerra no convencional, en la que uno de los bandos dispone de mejor armamento, la lucha hay que darla en varios frentes, utilizando todas las herramientas disponibles. Estamos ante un régimen totalitario que cuenta con una cúpula militar corrupta, con grupos paramilitares asesinos y con jueces y fiscales del ministerio público inescrupulosos. Por ello, no tiene cabida la tesis de algunos de escoger una sola vía para desplazar al presidente de facto y a sus palafreneros. Desencadenar varias líneas de acción, como decidió la MUD, no es una estrategia para complacer peticiones en aras de la unidad, sino una posición realista ante la naturaleza del régimen.

Nadie debe desanimarse por las medidas del Ejecutivo a través de la Sala Constitucional para limitar las atribuciones de la Asamblea Nacional. No es nada nuevo. El Congreso Nacional electo en noviembre del 1998 contaba con 32 senadores y 117 diputados de mentalidad democrática, mientras que los incipientes totalitarios sólo tenían 19 senadores y 76 diputados. Sin embargo, la Corte Suprema permitió la convocatoria de una Asamblea Constituyente, no contemplada en la Constitución, que disolvió al Congreso y convocó nuevas elecciones de presidente, diputados, gobernadores y alcaldes.

En el 2000, los rojos sacaron 102 diputados y los demócratas 63. Dos años después los totalitarios quedaron con solo 86 diputados. Es decir los demócratas quedaron con apenas siete diputados menos que los rojos. Sin embargo, estos modificaron el reglamento de la Asamblea y designaron a doce nuevos magistrados del TSJ sin contar con las dos terceras partes de los votos. Además, la precaria mayoría del oficialismo saboteo la elección de un nuevo CNE, por lo que este fue designado por el TSJ.

Después del referendo revocatorio presidencial en donde el CNE se puso a las órdenes del Ejecutivo, los partidos democráticos quedaron muy disminuidos y como protesta por la parcialidad del ente comicial decidieron no participar para intentar descalificar al CNE. En las del 2010 el oficialismo perdió la mayoría calificada de dos tercios, obteniendo 98 diputados de 165, sin embargo hicieron lo que les dio la gana.

Ahora los demócratas elegimos a 112 diputados, pero la Sala Constitucional nos quitó tres y sentenció que no teníamos las dos terceras partes de los votos. Además, limitó importantes funciones y seguramente no reconocerá la Ley de Amnistía. Es decir que el voto es importante, pero como estrategia única no ha conseguido resultados que se traduzcan en el cambio deseable.

La valiente resistencia de los estudiantes y de muchos ciudadanos en las calles, y las prédicas de María Corina, Ledezma y Leopoldo, desataron una brutal represión del régimen que mereció el repudio de casi dos docenas de expresidentes de otros países. El sacrificio de Ledezma, Leopoldo y de Rosales de someterse a jueces que de antemano se sabía cumplirían órdenes de mantenerlos presos ha sido otra raya para el régimen.

Aquí la gente se cansó. Emprendamos los tres caños del delta aprobados por la MUD: presionar en la calle por la renuncia, aprobar la enmienda constitucional y convocar el revocatorio, y agreguemos la propuesta de Enrique Aristiguieta de exigir prueba de la nacionalidad de Maduro. La convocatoria a una Constituyente puede esperar. El régimen pondrá trabas, pero lograremos la salida por alguno de estos cuatro caños del delta siempre y cuando entendamos que se requiere votar, confrontar en la Asamblea aprobando votos de censura a ministros y declarando ilegal la designación de magistrados, así como protestas sin bailoterapia.

Como (había) en botica

La sentencia en contra de David Natera, Director de el Correo del Caroní, es un atropello de otro cagatintas rojo, como diría Asdrúbal Aguiar. Nuestra solidaridad con Natera y con el Carabobeño, otro gran periódico que lucha por sobrevivir. Al ¨experto¨ de la FAO Marcelo Resende, quinen felicitó al gobierno por ¨contar con el mejor sistema popular de distribución de alimentos¨, le cabe el viejo cuento del experto de la FAO que por un derrumbe de la carretera debió pasar la noche en casa de una ganadera sin pareja que solo disponía de una cama; al día siguiente el experto quiso agradecer el hospedaje aconsejándole que debía salir de tres de los cuatro toros que tenía, ya que eran muchos para sus 20 vacas, ante lo cual la señora le contestó que realmente tenía un solo toro, los demás eran ¨expertos ¨de la FAO. (con el perdón de algunos expertos que conozco, que son buenos profesionales e intelectualmente honestos). En su contundente denuncia sobre corrupción en Pdvsa, el diputado amigo Julio Montoya mencionó a un Eddy Ramírez familiar de Rafael Ramírez; aclaro que no tiene relación conmigo ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

El arte de la estrategia es de importancia vital para el país.

Es el terreno de la vida y la muerte, el camino a la seguridad o la ruina.

Sun Tzu

La terrible masacre de Tumeremo, devela conductas reiterativas de los dirigentes oficialistas, en cargos gubernamentales o en el psuv, ante los conflictos o problemas del país que pudieran generar opinión contraria en el pueblo a la gestión del gobierno autocalificado de “revolucionario”. Esto permite inferir que estamos ante un diseño estratégico, organizado para responder de manera estructurada, alineada y coherente, con la finalidad de esconder, neutralizar y/o revertir dicho sentir popular.

Estas respuestas sistemáticas son: 1) negar; 2) descalificar-satanizar; 3) distraer-confundir; 4) proyectar culpas; y, 5) amenazar-castigar. Estas respuestas las pueden poner en marcha en paralelo, ser simultáneas, secuenciales, y ser ejecutadas de manera parcial o todas juntas, pero ejecutadas por múltiples voceros. Revisaremos algunas de las respuestas oficialistas en la llamada “masacre” de Tumeremo, porque sirven de ejemplo.

La negación (1) se constata fácilmente en el caso de estos homicidios, hechos que tienen resonancia pública por la denuncia del Dip. Américo de Gracia, al hacerse eco de la protesta de los familiares de los desaparecidos quienes cerraron la troncal Nº 10, siendo apoyados por el paro de los comercios de esa población. Inmediatamente el parlamentario fue desmentido por el Gobernador Rangel Gómez, quien afirmó: “Es falsa la información que lamentablemente personajes de la derecha han estado diciendo”, posición la ratificó Diosdado Cabello, segundo a bordo del oficialismo, quien afirmó inicialmente que solo era “un rumor” y ratificó lo de la “masacre virtual”; acuñada por el Gobernador, negación que se repitió en dirigentes de todos los niveles de la estructura gubernamental y del psuv.

Como los familiares de los desaparecidos y el pueblo siguieron presionando, la gente de La Causa R continuó con la denuncia, y el hecho tomó más notoriedad, se hizo inocultable, el oficialismo usó la descalificación-satanización (2), afirmando el presidente del parlamento pasado que: era “politiquería barata e irresponsable” de la oposición, y un “show mediático, refiriéndose a los medios, en particular a Globovisión, con el supuesto propósito de aterrorizar a la gente de Tumeremo. Rangel Gómez afirmó que los denunciantes “se nutren financieramente de la minería ilegal y sin duda alguna la política minera impulsada por Gobierno Bolivariano les está afectando”. Mario Silva se suma a la arremetida contra De Gracia y el ex-Gobernador Andrés Velázquez, quien acompañó las denuncias, llamándolos “fascistas y traidores”. No fueron pocos los epítetos de muchos dirigentes políticos del oficialismo descalificando a los denunciantes. Una variante de la descalificación-satanización es sugerir una intención vil en los denunciantes, como cuando algunos argumentaron que el objetivo era dañar “justo en el aniversario de la siembra del comandante Chávez”.

La maniobra de distraer-confundir (3) se verifica en la declaración del Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien rechazó las denuncias en nombre de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “… y se acusa a la Fanb de ser artífices y en algunos casos cómplices de una aberración como esta”, tratando de hacer ver que fueron señaladas todas las FAN, cuando lo cierto es que se solicitó averiguar la razón por la que unos delincuentes peligrosos actuaron en un sector controlado por los militares, solo esos militares. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, puso su parte al tratar de enredar el asunto cuando afirmó que “el lamentable desenlace se produjo luego de que estas organizaciones paramilitares, con fines políticos, …”, dándole un cariz que político partidista que no tiene y, de carambola, tocar a los denunciantes. El Defensor del Pueblo pone lo suyo en esta fase de distraer- confundir (3) cuando se centró en negar, molesto, la relación de semejanza que algunos hicieron al comienzo con el caso de El Amparo, cuando lo relevante era la muerte o no de los mineros.

La proyección de culpas (4), el yo no fui, está en las palabras del Presidente Maduro cuando afirmó que hubo una "matanza en una guerra de bandas" (…) "Todo parece indicar que es un grupo paramilitar", posición ratificada por el Ministro de Defensa, por Rangel Gómez, y muchos otros oficialistas. Como si la presencia de bandas paramilitares no fuera responsabilidad del Estado que ellos copan y una acusación directa a cada uno de ellos.

Calificar a la denuncia hecha por De Gracia y Velázquez como “terrorismo”, por parte de Mario Silva, tiene el propósito de vincularlos a las mafias y los paramilitares, hecho por Rangel Gómez y sugerido por el Ministro de Defensa, forma parte de la intención inicial de amenazar-sancionar (5), lo que parece no prosperará, solo porque las evidencias demuestran que los denunciantes tenían razón.

Todas estas estrategias se pueden verificar en cada uno de los graves problemas que ha padecido el país, como por ejemplo, en la epidemia de Chikungunya del año 2014-2015 y la falta de medicamentos en la denominada “crisis humanitaria de la salud”, en la escasez e inflación, las tribulaciones económicas de la gente, las fallas eléctricas, los presos políticos y Leopoldo López, el emblemático preso sentenciado por la interpretación de una lingüista que dijo que en el discurso del líder anaranjado no había violencia, pero el tribunal interpretó lo contrario.

Estamos al tanto de tal proceder del oficialismo. Puede servir para librarse de la crítica por parte del pueblo, pero no para solucionar sus problemas, todo lo contrario. No se la razón por la que me recuerda a Joseph Goebbels.

Es común a las autocracias en declinación, quebrantar la institucionalidad que ellas mismas han creado.

Es la Carta Democrática de la OEA, aquel documento escrito en 2001. Pocos meses atrás, aquí mismo tracé un paralelo entre la crisis peruana de los noventa y la actual de Venezuela. El Perú de Fujimori y esta Venezuela chavista exhiben rasgos similares, no importa el signo ideológico proclamado desde el poder. Así como debemos a Fujimori el concepto de “autogolpe”, Maduro bien puede reclamar derechos de autor por la noción de “golpe judicial”.

Ello por la ampliación del Tribunal Supremo de Justicia con la nomenclatura adepta, presta a invalidar las leyes emanadas de la Asamblea Nacional. Para ello cuenta con una Sala Constitucional que actúa para privar a la Asamblea de sus poderes de control político sobre el gobierno y la administración pública. Lo hace violando la propia Constitución que el chavismo escribió y aprobó, no debe olvidarse. Es común a las autocracias en declinación quebrantar la institucionalidad que ellas mismas han creado.

Por ende, el conflicto de poderes ya está instalado. Comienza a tomar forma la necesidad de aplicar la Carta, según han manifestado los expresidentes nucleados en IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. De hecho, la alteración del orden constitucional es un pedido a gritos del artículo20 de la Carta, el cual anticipa la posibilidad de convocar al Consejo

Permanente de la OEA para analizar dicha crisis y decidir sobre la misma, incluyendo el envío de una misión al país en cuestión. Sería necesario. Intervenir en Venezuela es imperioso para prevenir una profundización de la crisis política y la inminente crisis humanitaria. Téngase en cuenta, además, que el proyecto de Ley de Amnistía ha sido discutido pero todavía no ha sido aprobado. Será la madre de todas las batallas. Es la ley sin la cual la elección del 6 de diciembre pierde todo su sentido; ley con la que el oficialismo no puede coexistir ni por un minuto. Con los presos políticos en la calle, el gobierno caería como un castillo de naipes.

A sabiendas, la Sala Constitucional probablemente sentencie la inconstitucionalidad de la amnistía. Significaría una dramática reducción de las opciones de negociación pacíficas. El hilo siempre se corta por la parte más delgada. Luis Almagro lo dijo, concisamente y hasta con una cierta licencia poética: “No hacemos nada si no hacemos nuestra la prisión de cada preso político. Su prisión es prisión de nuestros derechos”.

Ello mientras espera una petición formal para invocar la Carta, menos un requisito burocrático que la necesidad de acumular capital político para sostener su aplicación en el tiempo. Es que el gobierno de Maduro continúa con apoyo en la región, sea por ideología, por petróleo aún subsidiado, o por temor al efecto dominó. Precisamente, Dilma, Lula y Maduro, acorralados los tres, no paran de elogiarse mutuamente.

No es casual, entonces, que los familiares de los presos políticos reciban buen trato en muchas legislaturas latinoamericanas pero no por parte de los Ejecutivos. Fue el caso con la canciller de México y el presidente de Paraguay, pero nadie más en el último tiempo. Las cancillerías latinoamericanas deberían recordar las palabras de Martin Luther King: “Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestro amigos”.

Hasta el propio Mauricio Macri ha dejado de hablar sobre Venezuela. Aquella nítida foto con Lilian Tintori en la noche de su elección aparece un tanto desdibujada hoy, en la nebulosa de quienes invocan la “diplomacia silenciosa”. Tal vez ignoren que la diplomacia silenciosa jamás se usa a expensas de la “diplomacia publica”, es decir, a costa de hablar de los valores permanentes, no importa a quien incomoden, ya que es la única manera de ser creíble ante la comunidad internacional.

Este escenario no es bueno para los demócratas venezolanos, obviamente, tan necesitados de apoyo internacional. La paradoja es que tampoco es bueno para el propio Macri, quien, callado, terminará dejando pasar la portunidad de construir aquel liderazgo que insinuó con su victoria y que tanta esperanza había despertado en todo el hemisferio.La solidaridad internacional no es más que hacer de la prisión de un preso político, la prisión de uno mismo, como bien dijo Almagro. En el caso venezolano, también implica hacer de la desesperación de las colas por alimentos, la propia desesperación. Y de la angustia por la falta de medicinas, la angustia propia. La Carta Democrática es el instrumento necesario para transformar esa empatía en acción.

@hectorschamis

El País, marzo 13, 2016

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/12/actualidad/1457822953_816824.html

Aragua en Red desde su constitución como una instancia de articulación de la sociedad civil aragüeña en 2011, ha contribuido a la discusión de ideas que puedan ser beneficiosas para nuestro estado, motivando la realización de foros, talleres, conversatorios, etc, resaltando la necesidad de una participación activa de la sociedad civil no solo en la toma de decisiones, sino además, en la labor contralora de la gestión pública y del cumplimiento de las promesas hechas por los funcionarios públicos electos o designados.

Con este fin, compiló durante el 2014 e hizo público en julio del mismo año, un conjunto de planteamientos recogidos en los intercambios de ideas sostenidos con organizaciones e individualidades que hacen vida en nuestro estado, con la finalidad de tener y contar, de la manera más amplia y abierta, con una visión compartida del desarrollo integral deseado para el estado Aragua.

Desde que se empezó a tratar de sistematizar la idea, el conjunto de temas y necesidades sentidas, tuvimos presente que para poder actuar en cualquier ámbito de la vida es indispensable tener una imagen de lo que se quiere alcanzar, la cual no tiene que ser definitiva, ni totalmente acabada en cuanto a detalles, entendiendo que a medida que se recorre un camino y se van cumpliendo etapas, en el horizonte siempre estará el destino deseable si hemos sido capaces de soñarlo.

Aragua enfrenta la necesidad de un verdadero cambio y así lo plasmó en el pasado proceso electoral, cuando su gente decidió otorgarle a la oposición democrática un voto de confianza, que obliga implícitamente a trabajar por una nueva alternativa razonable y viable, en la que se antepongan los intereses de la región aragüeña, del país y del bien común, al egoísmo y a la conveniencia de grupos privilegiados o al más de lo mismo que ha significado este régimen.

Lleva endosado rescatar la aragüeñidad para que todos nos sintamos orgullosos, satisfechos y deseosos de vivir en su región. En este orden, desde Aragua en Red estamos dispuesto a coadyuvar en alcanzar estas demandas de la sociedad aragüeña.

Decir que queremos un estado Aragua, de TODOS y para TODOS, implica habernos imaginado y esbozado algunos elementos importantes, los cuales pudiesen ser abordados mediante tres grandes enunciados: lo deseable, lo indispensable y lo que lo sostiene, los cuales, hilvanados en un gran párrafo, se constituyen en la Visión Aragua.

Lo deseable

Un estado desarrollado por y para los ciudadanos, gestionado mediante el ejercicio transparente de la política, dotado de unos poderes públicos descentralizados e independientes, en el que están garantizadas la seguridad jurídica y personal, con una fuerza armada democrática no deliberante y unos medios de comunicación social al servicio de la comunidad,

Lo indispensable

para el cual es fundamental una educación gratuita y de la más alta calidad, un sistema de salud integrado y centrado en la prevención, garantías para el desenvolvimiento físico y creativo de la gente, un ambiente natural utilizado racionalmente, y con oportunidades para la generación y utilización del conocimiento,

Lo que lo sostiene

todo ello sostenido por actividades productivas cónsonas con las posibilidades y potencialidades existentes en las diferentes regiones que conforman la geografía de Aragua.

La conjunción de los tres enunciados conforma una imagen de futuro que postulamos como contribución para la discusión y al acuerdo en torno a un programa de acción para cambiar.

Con profundo dolor hay que registrar la triste realidad de un Tribunal Supremo de Justicia, árbitro de la legalidad, cuya Sala Constitucional, garante de la Carta Magna, se coloca al servicio de intereses ajenos a la justicia para respaldar y afianzar las órdenes emanadas del Ejecutivo.

Pero, lo más grave, es que las decisiones que se toman pretenden revestirse de la apariencia del apego estricto a la ley y a las más autorizadas orientaciones doctrinarias, siendo así que, en forma flagrante, violan el ordenamiento jurídico y se apartan de las enseñanzas de los maestros que se citan en forma parcial y fuera de contexto.

La sentencia 09 del 1º de marzo de 2016 que desconoció, entre otras cosas, las facultades de la Asamblea para revisar sus propios actos y excluyó de su control a determinados funcionarios públicos, contra el mandato de la Constitución, en su artículo 223, desaplicando por una pretendida violación de derechos la sanción penal por desacato al Parlamento, contenida en la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos ante la Asamblea, merece la más severa crítica y la censura pública. Pero, independientemente del rechazo, en razón de los alegatos jurídicos, se impone una consideración de orden ético que hace moralmente condenable el pronunciamiento de la Sala Constitucional.

Los magistrados que firmaron la decisión se atrevieron a citar, en el texto del infausto documento, al Profesor Luigi Ferrajoli, padre del garantismo penal y maestro en la doctrina del respeto absoluto a los derechos humanos y de la transparencia en la administración de justicia, en particular, en el ámbito penal.

Como bien sabemos, 3 de los 7 magistrados de la Sala Constitucional que fueron designados en Diciembre de 2015 en franca violación del debido proceso, sin publicidad, con jubilaciones forzadas y con manifiesto interés personal en la decisión que precisamente afectaba su condición de magistrados, en lugar de inhibirse, como se lo imponía la ética y el derecho, optaron por no firmar la decisión por supuestos motivos justificados -aunque firmaron otras el mismo día-, afectando su validez, pero fundamentalmente, poniendo de manifiesto una burda maniobra o “marramucia leguleyesca” que revela la grave falta moral cometida.

Si un asunto concierne al juez o este tiene interés en su resultado, debe inhibirse. Como lo apunta Ferrajoli, en cita que debían conocer los magistrados de la Sala Constitucional y que ignoraron, se aplica la doctrina, según la cual, en materia penal y en la actividad jurisdiccional en general: “Esta imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos para las partes debe ser tanto personal como institucional. Es necesario, en primer lugar, que el juez no tenga ningún interés privado o personal en el resultado de la causa: “nadie debe ser juez o árbitro en propia causa” y por ello -son palabras de Hobbes - “nadie debe ser árbitro si para él resulta un mayor provecho material o espiritual, de la victoria de una parte que de la de la otra” (Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón pág. 581).

Los jueces o magistrados que no se inhibieron y los restantes miembros de la Sala que convalidaron la situación y avalaron la maniobra de la excusa de no firmar por supuesta causa justificada incurrieron en una falta grave que merece el más severo reproche moral y jurídico, resultando afectada la validez y eficacia de la sedicente sentencia.

Quienes deben dar ejemplo de imparcialidad, transparencia, idoneidad y probidad a toda prueba, han quedado expuestos ante la colectividad como “jueces que merecen ser juzgados”.

aas@arteagasanchez.com

14 de marzo 2016. El Nacional