Con voz propia

Hace 60 años los venezolanos perdieron el miedo instaurado por tiranía militar del General Marcos Pérez Jiménez (MPJ). El descarrío del pavor lo marcó la Iglesia Católica con una Carta Pastoral cuya elaboración atribuyen al padre Feliciano González, futuro Obispo de Maracay, pero como Arzobispo de Caracas Monseñor Rafael Arias Blanco, ordenó su lectura en todas las Parroquias el día 1ro de mayo del 1957. En ella se analizaban problemas de la clase trabajadora.

Consecuentes son sus postulados, los partidos políticos de Oposición: Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, Copei y el Comunista, echaron a un lado diferencias ideológicas y al mes constituían una Junta Patriótica. La presidía el periodista Fabricio Ojeda (URD), quien cubría fuente de información del Palacio de Miraflores para el diario El Nacional. Y en noviembre apareció el Comité Cívico Militar, coordinado por el farmaceuta Oscar Centeno Lusinchi y el teniente (Av) José Luis Fernández.

Un teniente coronel del Ejército, Hugo Trejo, comandó la insurrección que se produjo al amanecer del 1ro de enero de 1958. Al capitán (Ej) Luis Alberto Peña, se reconoce como unificador de movimientos castrenses conspirativos. En definitiva se sublevó la Guarnición de Maracay, la Aviación bombardeó Miraflores, pero el régimen dictatorial frustró el intento.

(Con los dos líderes insurgentes, envestidos con el grado de coronel coincidimos en la defensa jurídica de los insurrectos del 4 de febrero de 1992, presos en Yare. Trejo lo fue de Francisco Arias Cárdenas; Peña, de Ronald Blanco La Cruz y el suscrito de Hugo Chávez).

Producido “El fracaso del triunfo”, tal tituló su libro el sublevado de enero 58 Capitán Luis Enrique Sucre, huyeron a Colombia 18 alzados, en el avión presidencial Vaca Sagrada, piloteada por el mayor Martín Parada. En el mismo cuatrimotor, esta vez piloteada por José Cova Rey, lo hizo MPJ, familia y allegados la madrugada del 23 de enero de 1958, rumbo a República Dominicana.

La actividad democrática de la prensa vigente desde su instauración, se manifestó el 21 de enero de 1958. Acuerdo de periodistas y editores declaró una huelga contra la dictadura que usó su fuerza para frustrarla. La Religión, El Universal, La Esfera, Ultimas Noticias, El Nacional y El Carabobeño, no circularon y parcialmente lo hizo Panorama.

La acción de los 3 factores citados en rescate de la Democracia logrado el citado 23 de Enero, debe constituir un llamado a la reflexión.

Equitativo es reconocer que la Iglesia lidera también hoy la lucha contra la neo tiranía, es decir la imperante en los nuevos tiempos, contaminada con la narcocurrupción. La crisis humanitaria jamás registrada en la historia es una situación que mundialmente preocupa. Con motivada angustia se han manifestado El Vaticano, ONU y OEA.

La Conferencia Episcopal Venezolana expresó exhortación en el reciente documento Jesucristo luz y camino para Venezuela. Tal sucedió hace 60 años, es leída en todas las Iglesias y tuvo significativa fogosidad en la procesión de la Divina Pastora, que congregó a unas 4 millones de personas en Barquisimeto. Allí en su Homilía el arzobispo Monseñor José López Castillo, acusó al sistema totalitario del denominado Socialismo, el cual nos ha conducido a la miseria y al hambre.

“Tenemos que ayudarnos unos a otros para que desaparezca el fracaso y haya progreso para todos…la mayoría de nuestro pueblo no cree en el comunismo socialista. El pueblo no tiene comida, tiene hambre y se siente molesto”.

Al MARGEN. Elecciones de gobernadores, diputados regionales y alcaldes, debe ser reivindicación del liderazgo de Oposición. Su incapacidad permitió al régimen aplazar los dos primeros comicios..

jordanalberto18@yahoo.com.

Se me ha objetado llamar “fascista” al presente régimen en vez de castro-comunista. En realidad, se trata de dos formas de referirse al mismo fenómeno: el llamado castro-comunismo es simplemente una nueva expresión de fascismo, un neo-fascismo de finales del siglo XX y de principios del XXI. Esta precisión puede parecer banal -en fin de cuentas, es menos problemático el término totalitario-, pero tiene importantes implicaciones.

Para quienes tuvimos militancia comunista el fascismo se ubicaba en nuestra antípoda, pues era cruel, represivo, inhumano y retrógrada, características enfrentadas a nuestros ideales. A esta percepción contribuyó el hecho de que la URSS emergiera de la II Guerra Mundial como parte de las fuerzas aliadas, artífices de la libertad. Más aun, la doctrina profesada explicaba que el partido era una fuerza de vanguardia, comprometido con la construcción de la sociedad comunista, en la que las injusticias sociales desaparecerían por haberse suprimido la “explotación del hombre por el hombre” y en la cual la humanidad se liberaría de sus penurias materiales.

Cualquier ojo avizor hubiera advertido que la pretensión de imponer tal utopía inexorablemente conduciría a un régimen totalitario, pero nos obnubilaba la convicción de que este devenir se fundamentaba en la razón de la Historia (con mayúsculas), como había demostrado el análisis científico de Carlos Marx y, por tanto, era la genuina manifestación del progreso inexorable de la humanidad. No podía, por ende, sino resultar en mayores grados de libertad y justicia.

El fascismo, en contraste, era de “ultra-derecha”, un movimiento irracional que apelaba a las bajas pasiones, los mitos y las contraposiciones maniqueas para incitar al odio y justificar la violencia y la maldad contra todos aquellos que no compartían sus diatribas.

El tiempo fue mostrando que el accionar de ambos movimientos era muy similar, de vocación totalitaria. Pero quedaba la contraposición entre el supuesto fundamento científico, racional, del comunismo, con el carácter irracional y bárbaro del fascismo. Los crímenes cometidos bajo los regímenes estalinistas serían atribuibles a “errores” y/o a la crueldad de sus conductores: bastaba con la aplicación correcta de la doctrina por “revolucionarios de verdad” para que, ahora sí, las cosas salieran como profesadas. La distinción terminó por reducirse, por ende, a que el comunismo tenía una justificación doctrinaria, el fascismo no. La creencia en esa doctrina forjó un instrumento implacable de opresión en la forma de un partido de militantes abnegados, convencidos de ser portadores de la verdad (la única admisible) y, en virtud de ello, dispuestos a todo para lograr que prevaleciera, en nombre de los intereses supremos de la humanidad, los fines de la Historia. Por tanto, le asistía una razón “moral”: el fin justifica los medios.

Al quedar desmontada la pretendida fundamentación científica del marxismo (y de ese horror que se llamó marxismo-leninismo), se desnudó la naturaleza ideológica de la doctrina comunista. Se disolvía así la principal distinción que separaban al movimiento comunista del fascista. La excitación de pasiones a través de contraposiciones maniqueas construidas con base en mitos era ahora un expediente común a ambos para legitimar sus respectivas aspiraciones totalitarias.

Si entendemos a la ideología como una representación sesgada de la realidad para favorecer las aspiraciones de poder y de dominio de grupos políticos, sociales o religiosos, reconoceríamos que el fascismo (aun careciendo de doctrina) requirió también de ella para legitimarse ante los suyos y ante la sociedad. El fascismo clásico se valió de idearios patrioteros, ultra-nacionalistas, que invocaban épicas fundacionales -mitos- para justificar su accionar político como uno de batallas sucesivas contra los enemigos de la Patria o del volk.

La política se planteaba en términos excluyentes, de guerra, donde lo militar y el ejercicio de la violencia eran cruciales, porque no podía permitirse espacio alguno para fuerzas que contrariasen las verdades del líder indiscutido. Toda disidencia debía ser aplastada.

A pesar de lo repudiable que fueron sus ejecutorias, en sus momentos de auge el fascismo se bañó de un sentido de supremacía moral por sentirse, igual que los comunistas, instrumento de la providencia. Desnudados sus horrores, las primitivas elaboraciones del nacionalsocialismo alemán o de Mussolini no sirven hoy para fundamentar prácticas fascistas. Éstas se amparan, por tanto, en mixtificaciones que combinan la invocación original de pasiones patrioteras con una versión más pasable de justicia, ya no referida a la supremacía excluyente de una etnia (volk) o Nación, sino de agrupaciones sociales o religiosas específicas, dando lugar a híbridos fascio-comunistas e islamo-fascistas.

Los elementos de la doctrina comunista contribuyeron así a remozar los simbolismos maniqueos con que se construyen los imaginarios fascistas, pero con una importante contribución. Fortalecieron la visión moralista de todo movimiento populista -la voz única de un pueblo indiferenciado y homogéneo que debe imponerse [1]- con categorías discursivas que invocan la lucha de pobres contra ricos, de oprimidos contra sus opresores. El hecho de que en nombre de tales objetivos se hayan cometido las mayores injusticias y aumentado mucho más la pobreza no fue óbice para seguirlos esgrimiendo para “legitimar” sus atropellos. La “revolución” se afianzó en trincheras sectarias, mágico-religiosas -de ahí su sintonía con el islamo-fascismo- que repiten machaconamente sus verdades, no para convencer a otros sino para preparar a los suyos para el combate, para imponer su dominio.

De ahí los insólitos disparates referentes a la “guerra económica”, la reclamación de que el “pueblo” está con, no enfrentado a, Maduro, la supuesta conspiración internacional con los billetes de Bs. 100, hasta la perversa idiotez de la nueva ministra de Salud, Antonieta Caporale, quien afirmó que la “derecha” articula una campaña mediática internacional al declarar la existencia de una crisis humanitaria en el país (¡!).

La crueldad con que se burlan del sufrimiento de los venezolanos, de quienes mueren por no conseguir los medicamentos requeridos, de los muchos que escarban la basura en busca de alimentos, de los millares que a diario se humillan aguantando horas de cola al sol en espera de alimentos que muchas veces no aparecen, del atroz número de muertos a manos del hampa, de los presos políticos que se pudren en las ergástulas del régimen sin razón alguna, expresan esa terrible “banalidad del mal” de quienes abrazan ciegamente una perspectiva totalitaria que admite solo una verdad, la suya.

Y ello da lugar a la cruel paradoja de alegar su “supremacía moral” -avalada por la Historia-, para desconectarse del espantoso sufrimiento causado por sus acciones y disolver así, toda distinción real entre bien y mal. En este cuadro, denunciarlos de castro-comunistas los enaltece, pues en el imaginario que ello les evoca, el 80% de venezolanos que repudiamos la gestión fascista de Maduro estaríamos descalificados por enemigos del (verdadero) “pueblo”, burgueses, apátridas y pro imperialistas. Lamentablemente, esta peculiar legitimación hunde sus raíces en las corrientes políticas dominantes de nuestra historia reciente, salpicadas de anti-imperialismo, “revoluciones” y profesiones socialistoides.

Al designarlos como fascistas se les quita la hoja de parra de los mitos redentores del comunismo que tanto les reconforta. El terror que les causa quedar desnudados de fascistas los lleva a lo indecible para proyectar en otros su propia naturaleza. Nada consuela más a la conciencia de los Maduro, Cabello y El Aissami que poder sacudirse de tal oprobio señalando que quien es fascista es la oposición democrática.

Dada la similitud entre ambos, la única distinción hoy entre comunismo y fascismo tendría que basarse en que el primero está avalado por leyes históricas. Pero como ello no es así, se tiene que concluir en que, o bien el comunismo es una quimera que nunca podrá existir en la realidad sino en su forma estalinista -que traicionó sus postulados- o, como argumento, es simplemente neofascismo.

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

[1] What is Populism, Jan Werner Müller, University of Pennsylvania Press.

Evo Morales, el ex dirigente cocalero boliviano, enfrentó en el año 2016 un referéndum que le permitiría ir, una vez más, a la reelección presidencial. A la hora de solicitar el apoyo de la población a sus aspiraciones de continuar en el poder, Morales no recurrió a promesas vacías, como la de de continuar la implantación del socialismo del siglo XXI o la fundación de las bases de un estado comunal. El dirigente pidió el voto en función de su obra de gobierno, como es lo tradicional en una democracia. Argumentó, en consecuencia, que durante su mandato la pobreza se había reducido sustantivamente pasando de 38% a 18% y la actividad productiva había dado un salto, lo cual se reflejaba en el incremento del Producto Interno Bruto, el cual se había cuadruplicado ascendiendo de 8.000 a 33.000 millones de dólares.

Durante su mandato, los ingresos provenientes de los impuestos a las multinacionales que producen y exportan gas se habían multiplicado, gracias al incremento de las exportaciones a Argentina y Brasil y al aumento de los impuestos a dichas multinacionales. Los ingresos fueron utilizados para fortalecer la infraestructura del país en carreteras, hospitales, escuelas. Esto se dio en un contexto en el cual se produjo un manejo prudente de la economía lo que se tradujo en tasas de inflación relativamente bajas. Jeffrey Weber un politólogo canadiense señaló que “las tasas de inflación han sido contenidas a niveles que mantendrían a Milton Friedman descansando en paz en su tumba” (Friedman fue el fundador del monetarismo, una corriente muy influyente sobre el origen de la inflación).

La habilidad y prudencia de Morales en el manejo de la economía ha sido reconocida por la prestigiosa revista The Economist, contrastándola con los despropósitos de otros dirigentes de izquierda de la región, haciendo referencia velada a los líderes venezolanos.

Diversas publicaciones internacionales hablan de un milagro económico en la pequeña nación latinoamericana y se interrogan sobre las razones del éxito del ex dirigente cocalero, reconociendo como ciertos sus logros.

Según el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal, la respuesta se encuentra en la habilidad de Morales de conformar un equipo económico, a la cabeza del cual se encuentra Luis Alberto Arce, quien se ha desempeñado durante la gestión de Morales como Ministro de Economía. Arce es un funcionario surgido de las instituciones económicas bolivianas, formado en el Banco Central de este país, donde ascendió e hizo carrera, llegando a puestos gerenciales. Arce es un hombre de izquierda, como Morales, pero en el plano económico se ha caracterizado por ser pragmático y ajustado a las pautas del liberalismo clásico en materia monetaria para el control de la inflación, flagelo este que diezmó a la economía boliviana a principios de los años 80.

Morales en su gestión tuvo que superar la tentación de confiscar y expropiar empresas, tal como lo hicieron sus correligionarios venezolanos. Aconsejado por Arce, lejos de hostigar a la empresa privada la apoyó, en particular a las empresas de capital extranjero, lo cual ha favorecido la inversión extranjera en Bolivia e incentivado la presencia de compañías extrajeras de diversa índole como: Petrobras, Repsol, British Gas, Canadian Energy, Starbuck’s, Hard Rock Café, KFC, y TGI Fryday’s. .

Morales y su equipo han sido previsivos y han aprovechado el incremento en las exportaciones de gas a fin de aumentar las reservas internacionales, previendo un descenso en el precio de las exportaciones de ese país o del volumen de las mismas. Las reservas internacionales se han elevado hasta representar una cifra cercana a 50% del PIB, uno de los índices más elevados del mundo.

Como lo hemos mencionado, el éxito económico de Morales se ha sustentado en la conformación de un equipo económico competente y a su capacidad de interactuar con los miembros de mismo y escucharlos, haciendo caso omiso de las tentaciones populistas. En ese sentido ha seguido el ejemplo de Ignacio Lula Da Silva, alineándose con la concepción de política económica seguida por el gobernante brasileño y concebida por el intelectual y ex presidente Fernando Henrique Cardozo. En consecuencia los dirigentes bolivianos se han movido, en el plano económico, en la órbita de influencia de la izquierda brasileña y no en la de la izquierda bolivariana venezolana, aunque aparentemente han copiado su discurso.

A la luz de la experiencia boliviana es necesario destacar, en el caso de nuestro país, la incapacidad de Maduro y su entorno de conformar un equipo económico que permita alcanzar logros similares a los del ex dirigente cocalero boliviano. Lejos de ello, la incompetencia de su equipo económico es uno de los elementos que ha contribuido a agravar la crisis que enfrentamos los venezolanos desde hace varios años. Dicha incompetencia se reveló recientemente, en la desastrosa manera como se llevó a cabo la sustitución de los viejos billetes de 100 Bs. por los de nueva denominación,

El reto que enfrenta Bolivia en la actualidad es de naturaleza democrática, dada la decisión de Morales de aspirar a la reelección, a pesar de haber perdido el referéndum. Sin embargo, dada la positiva obra de su gobierno, el gobernante boliviano no está solo en sus aspiraciones pues un importante sector de la población lo apoya.

El reto democrático en Venezuela es mayor, dada la desastrosa obra del gobierno de Maduro que ha empobrecido a la sociedad venezolana y destruido la economía; a pesar de ello mantienen sus aspiraciones de eternizarse en el poder en contra de la voluntad de más del 80% de la población.

Profesor UCV

De conformidad con la proyección de población realizada por la Dirección General de Estadística y Censos, la pirámide poblacional 2016 nos revela una composición de grupos etarios realmente impresionante. Resulta que unos 3,200,000 salvadoreños están en el segmento de 0 a 24 años, aproximadamente 1,000,000 en el segmento de 25 a 34 años, y el resto, unos 2,300,000 son mayores de 34 años. Eso significa que una cantidad muy grande de personas, casi la mitad de la población total del país (49 % para ser exactos), no había nacido cuando terminó la guerra. Si a esa cantidad agregamos el grupo etario de 25 a 34 años, tenemos que más de cuatro millones de nuestros compatriotas (4.200.000, el 64.6 % de la población actual de El Salvador) no habían nacido o tenían menos de 10 años cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

A estos jóvenes menores de 34 años, que no vivieron en absoluto el enfrentamiento armado, o estaban demasiado pequeños para vivirlo de manera consciente y recordarlo ahora de manera más o menos lúcida y articulada, cualquiera les dice que estamos igual o peor que antes, que la paz "solo" fue la terminación de la guerra, como si eso fuera algo carente de valor o de importancia para la vida de cada uno y para la situación del país.

Tal apreciación es, sin duda, equivocada. Sin restar importancia a la violencia de pandillas que ahora abate a tanta gente, es obvio y debe establecerse claramente que la guerra y la violencia política generalizada es incomparablemente más dura y más grave que la violencia delincuencial. Una guerra afecta a todos, sin excepción. Además de los muertos -que siempre son muchos más de los que las partes reconocen y los medios registran- deja decenas de miles de lisiados y mutilados; destruye carreteras, puentes y otras infraestructuras; incendia bosques, praderas y sembrados, arrasa comunidades y caseríos, produce matanzas de pobladores atrapados en las zonas de conflicto y expulsa de sus hogares a cientos de miles de personas. La guerra no se hace con armas cortas, la gente sufre, sobre todo en el campo, con los bombardeos aéreos y el fuego de artillería. La gente sufre con los atentados y las explosiones en cualquier momento y en cualquier parte. El nivel de destrucción material y la distorsión de todos los circuitos sociales es descomunal.

El enfrentamiento armado interno, igual que los conflictos internacionales, termina otorgando poderes extraordinarios a los gobiernos, incentivando la prepotencia de los ejércitos enfrentados, esgrimiendo razones de Estado para justificar toda suerte de excesos, abusos y violaciones a los derechos humanos; termina imponiendo el estado de sitio, restringiendo todas las libertades de los ciudadanos, produciendo temor e incertidumbre, generando desconfianza entre las personas, dividiendo a las familias, envenenando la convivencia y sumiendo en la desesperanza a casi toda la población.

Nosotros no olvidamos los años aciagos. Que nadie venga a decirnos ahora que terminar con la guerra y con todas las formas de violencia política no fue un hito de gran trascendencia en la historia del país. Si vivir en paz -en esta paz que "solo" es ausencia de guerra y de violencia política- no es importante, habría que preguntar si están de acuerdo con semejante ligereza a los pueblos que en los últimos 25 años, mientras nosotros vivíamos en paz, sufrieron la continuación interminable de sus conflictos internos o el estallido de guerras terribles.

Los que no valoran la paz como fin de la guerra, que vean el inmenso sufrimiento de millones de personas en zonas o países como la franja de Gaza, Afganistán, Irak, Bosnia, Georgia, Somalia, Burundi, República Democrática del Congo, Ruanda, Chechenia, Kosovo, Siria, para solo citar algunos de los conflictos más sangrientos de los últimos años; o el tremendo desasosiego en ciudades como Nueva York, Madrid, Londres, Bruselas, París, Estambul, Bali, Argel, Mumbai o Casa Blanca, que sufrieron atentados terroristas demenciales, como forma extrema del odio, la intransigencia y la violencia.

Definitivamente no tener una situación de guerra, de amenazas terroristas o cualquier otra forma de violencia política es una inmensa bendición. Por eso conmemoramos y celebramos el XXV aniversario de nuestro Acuerdo de Paz.

Por eso y por otras razones importantes, porque el Acuerdo de Paz, además del cese del enfrentamiento armado, produjo una reforma fundamental del sistema y un cambio crucial en la convivencia política. En este sentido, conviene recordar, por ejemplo, que algunas de las libertades que ahora se dan por obvias y garantizadas no existían o estaban muy restringidas, especialmente en las dos décadas anteriores al conflicto armado y, por supuesto, en la propia década del enfrentamiento. Hubo tiempos en los que se ponían cargas de dinamita en las instalaciones de imprentas, periódicos y radiodifusoras para amedrentar o suprimir la información alternativa o el pensamiento disidente. Con el mismo fin, incontables intelectuales y opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados y en muchos casos torturados, desaparecidos o asesinados. ¿Cómo no vamos a celebrar la libertad de expresión irrestricta de la que gozan ahora todas las personas y todas las corrientes políticas, aunque no siempre se haga un uso responsable de la misma?

En aquellos tiempos los militares hacían uso de las armas para determinar el curso de los acontecimientos políticos; y los insurgentes, a su manera, también. El Acuerdo de Paz zanjó esta deformación histórica y estructural del poder mediante una amplia reforma institucional del sector militar. A partir de tal reforma pudo conminar a la Fuerza Armada advirtiéndole que podía conservar las armas, pero sin intervenir en la política; y a los insurgentes, que podían participar en la política, pero debían dejar las armas. ¿Cómo no vamos a celebrar ahora el crucial atributo democrático de una Fuerza Armada profesional, apolítica, subordinada realmente al poder civil y respetuosa de la voluntad popular, hasta el punto de ser motivo de orgullo nacional?

Conmemoramos y celebramos también la renovación institucional de la Corte Suprema de Justicia emanada del Acuerdo de Paz. Tal vez haya tardado algunos años en comenzar a hacer más visibles y más relevantes los frutos de su reforma, pero es indudable que mucho de la necesaria y esperanzadora lucha que ahora libra el Estado contra la corrupción y la impunidad tiene su origen en la independencia política de la Corte Suprema, de la Fiscalía General y de otras instituciones creadas, fortalecidas o renovadas por el Acuerdo de Paz. No todos van a estar de acuerdo, por supuesto, con cada sentencia judicial. En ese sentido, será siempre lícito opinar o disentir, pero lo decisivo para la democracia, el gran salto histórico y cultural en nuestro país, es que la justicia sea independiente del poder político -a diferencia del pasado- y que los otros poderes hayan tenido que acatar sus resoluciones como manda la Constitución.

La reforma política pactada en el Acuerdo de Paz transformó también el poder electoral. Este fue un logro de incalculable valor histórico para la estabilidad y para la convivencia nacional. Volviendo a la pirámide poblacional, unos 4.950.000 salvadoreños -casi cinco millones- tienen ahora menos de 44 años. Eso significa que el 75 % de la población actual no había nacido cuando se produjo el gran fraude electoral de 1972. El fraude se repitió en 1977 y amplios sectores llegaron a la conclusión de que era imposible acceder al poder por medios pacíficos y democráticos, es decir a través de elecciones libres. En los últimos años hemos tenido errores administrativos -algunos importantes-, reclamos, denuncias y calenturas poselectorales, pero no ha estado realmente en juego -como en el pasado- la legitimidad del poder emanado de las urnas. ¿Cómo no celebrar semejante desarrollo democrático?

Por estos y otros cambios históricos conmemoramos el XXV aniversario de una gesta casi fundacional, pero entendemos que ahora mucha gente, como en otros países, no está satisfecha, sino más bien frustrada, por lo que siente o ve como escasos dividendos de la democracia y de la paz.

El Acuerdo firmado en enero de 1992 resolvió los problemas políticos más agobiantes de ese momento, pero no podía resolver, ni siquiera imaginar, los problemas que tendríamos 25 años después. Tampoco pretendió el Acuerdo dar una solución, que tendría que haber sido casi mágica, al problema de la pobreza, o definir de antemano, de manera obligatoria para los siguientes cinco gobiernos, las políticas que debían generar el crecimiento y desarrollo económico y social. El acuerdo nos legó una reforma del sistema político acorde a ese período, unas reglas de juego democrático, unas instituciones públicas más modernas y un compromiso de todos los actores de renunciar a la violencia como recurso en la lucha por el poder o por la implantación de los modelos o idearios de cada quien.

En ese sentido, el Acuerdo nos legó un escenario nuevo para representar una obra nueva, pero no podía dejar escrita la obra, cuyos autores debían ser, a partir de ese momento, todos los salvadoreños, especialmente los intelectuales de diversas profesiones liberales, las fuerzas políticas, los líderes gremiales, los medios de comunicación y las elites económicas del país. En este desafío hemos acumulado una deuda histórica, especialmente con los más pobres y los más vulnerables; una deuda de lucidez, de solidaridad, de eficacia, de apertura al diálogo, de disposición al entendimiento y de compromiso para sacar adelante a nuestro país.

A la luz de este reconocimiento, hacemos votos para que el XXV Aniversario de la Paz nos obligue a reflexionar como nación y a recuperar el espíritu de aquella histórica negociación.

11 enero 2017

elsalvador.com

http://observador.elsalvador.com/obp/articulo.aspx/71059/11107126/por-qu...

1,- Reconocer que la Unidad e Integración del componente opositor debe fundamentarse en la inclusión y participación de todos los sectores.

2.- Que dicha integración tiene como objetivo principal al país y que este nos pertenece a todos sin excepción.

3.- Instituir y promover el Proceso de Primarias como modelo de selección de los Candidatos Unitarios para los cargos de elección popular.

4.- Organizar y promover actividades de protestas relacionadas con:

Exigencia del cronograma electoral al CNE.

Alto costo de vida

Desabastecimiento

Inflación

Inseguridad

Hambre

Presos políticos

Respeto a la institucionalidad de la Asamblea Nacional

Respeto a los acuerdos logrados o negociados en el diálogo

Desarrollar y promover activismo de calle desde el epicentro de los Centros de Votación con los integrantes del Padrón Electoral

5.-Establecer enlace directo con la Iglesia para los asuntos inherentes a la política nacional y conveniencia del país

6.-Instituir una Estructura de Análisis y Consulta que coadyuve en la toma de decisiones

7.-Establecer una Estructura de participación de las MUD Regionales con al menos tres (3) integrantes por c/u.

8.-Establecer enlaces de coordinación con los diputados y concejales estatales

9.-Restablecer Comisiones de trabajo relacionadas con:

Estrategia

Organización

Programática

DDHH

Asuntos Sociales

Asuntos Internacionales

Movilización

Descentralización

La Sociedad Civil

Electoral

Educación

Trabajadores

Deporte

Universidades

Sector Estudiantil

Ex secretario ejecutivo de la MUD Aragua, directivo de Aragua en Red y miembro de Foro Cambio Democrático.

En verdad, revestirse de una apariencia de legalidad es la tentación de quien se encuentra en el poder y, como en el mundo globalizado un número importante de países se muestra de acuerdo con la apertura democrática, los gobernantes se exhiben como respetuosos del Estado de Derecho que sirve muchas veces como disfraz de un derecho de Estado, de fuerza o de imperio, no de la ley, sino de la voluntad de un hombre.

Pero, fuera de la propaganda oficial, la garantía de los derechos humanos y el equilibrio de los poderes es la clara señal de un sistema apegado a la ley, que exige, sin más, el absoluto respeto a la representación popular plural que se refleja en el Parlamento.

Este respeto no se concreta en simples formalismos, sino que demanda la más efectiva libertad para los parlamentarios elegidos y proclamados de manera tal –a mi juicio– que el talante democrático o autoritario de un régimen queda de manifiesto por el reconocimiento a la voluntad del pueblo a través del ejercicio, sin cortapisas, de la actividad de sus representantes, expresada a través de la protección conocida bajo el nombre de “inmunidad parlamentaria”, por la cual los diputados –en nuestro caso– no pueden ser coartados, de forma alguna, a los fines del ejercicio de sus funciones.

Por lo expresado, en el pasado y en el presente, al margen de los discursos de ocasión, se puede afirmar que hay plena democracia si se respeta la representación del pueblo en el Parlamento y se protege en forma amplia la inmunidad de los integrantes de la Asamblea; y no hay democracia, sino autoritarismo, cuando se desconoce la libertad plena de los parlamentarios.

Quienes hoy se desempeñan como gobernantes, no se cansan de hablar de las persecuciones y abusos de otros tiempos pero, a la vez, incurren en los peores atropellos contra cualquier disidente, por el hecho de serlo. Esto se manifiesta de manera evidente en el reconocimiento o desconocimiento de la inmunidad.

El gobierno de Betancourt, en los primeros años de la etapa democrática, en 1959, ante los ataques de factores de la izquierda radical que se asociaron con otras fuerzas para arremeter contra el sistema, trató de desconocer la inmunidad parlamentaria, inventando el artificio leguleyesco de una pretendida autonomía del delito militar, para hacer presos, sin antejuicio, por rebelión militar, a los senadores Pompeyo Marquez y Jesús Farías y a los diputados, todos adversarios políticos de “izquierda”, elegidos por el pueblo, Gustavo Machado, Simón Sáez Mérida, Domingo A. Rangel, Guillermo Garcia Ponce, Jesús María Casal, Jesús Villavicencio, Eduardo Machado y Pedro Ortega Díaz, tesis que fue descartada en 1976 por una sentencia de la Corte Suprema, en la cual, como lo relata la excelente obra de Rafael Simón Jiménez sobre la Inmunidad parlamentaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vadell Hnos. 2011), a propósito de los cargos que se le formulaban a los diputados Salom Meza Espinoza y Fortunato Herrera por la presunta colaboración en el secuestro de Williams F. Niehous, a petición del fiscal Ramón J. Medina, sentenció “que era indispensable el antejuicio no solo cuando se trata de delitos de derecho común, sino también de delitos de tipo militar”.

Ahora, lamentablemente, y no se qué dirán “amigos de la izquierda, hoy en el gobierno”, el nuevo TSJ ha limitado y degradado la inmunidad, afincándose en la literalidad de la expresión “en el ejercicio de las funciones”, haciendo caso omiso del tiempo y de su extensión desde la proclamación hasta el cese del mandato o la renuncia del mismo, y dándole a una pretendida flagrancia la fuerza que no tiene, para justificar el atropello al fuero parlamentario.

En una triste, desafortunada, oscura y retrógrada decisión, el TSJ, con los votos salvados para la historia de Levis Ignacio Zerpa, Pedro Rondón Haaz y Blanca Rosa Mármol, se ha pretendido sepultar la institución y se abrió el camino para negar una prerrogativa, no de un diputado, sino del pueblo soberano, a quien hay que devolverle el poder.

Levis Ignacio Zerpa, con absoluta claridad, como lo recoge Rafael S. Jiménez, deja constancia de contundentes e irrebatibles afirmaciones con las cuales sostiene la exigencia del antejuicio, aun en el caso de pretendida flagrancia, la necesidad de preservar el derecho a la defensa, la exclusiva competencia del TSJ para conocer de las imputaciones contra un diputado y, lo que considero de extrema importancia, el papel del máximo tribunal de la República que no tiene atribuciones, en ninguna de sus salas, para modificar o cambiar el texto de la carta magna, poder que solo corresponde al pueblo de Venezuela a través de una enmienda, reforma o Asamblea Nacional Constituyente.

Blanca Rosa Mármol y Pedro Rondón Haaz, igualmente, formularon atinadas observaciones al horrendo fallo “contra legem”. La primera se pronuncia en el mismo sentido de la exigencia del antejuicio de mérito para procesar a un parlamentario, incluso, en el caso de una supuesta flagrancia; y el segundo, con absoluta pertinencia, pone de manifiesto el error grave de la Sala al afirmar que la sorpresa infraganti supone la certeza procesal de la autoría de un delito, formula críticas por el adelantamiento de opinión sobre la inocencia o culpabilidad del procesado y, en definitiva, califica de grosera violación del debido proceso la decisión del caso sometido a la Sala.

Este debate sobre la inmunidad vuelva a estar sobre el tapete, con motivo de las amenazas contra diputados principales y suplentes y, de nuevo, el TSJ asoma su temible precedente como expresión de los juristas del horror desatado, no contra los diputados, sino contra la voluntad popular que ha querido proteger y resguardar de toda acción temeraria, interesada y antidemocrática a su legítima representación, aun a riesgo de algún caso de impunidad.

aas@arteagasanchez.com

23 de enero de 2017

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/izquierda-rebelion-inmuni...

Entre las numerosas preguntas que me han formulado últimamente, muchas insisten en saber si la familia de mi padre tiene una postura oficial sobre el traslado de sus restos para el Panteón Nacional.

No puedo hablar por mi familia pero postura oficial no hay, pues aparte de la coincidencia de considerar que sin duda se trata de un gran honor, como en todo grupo existen discrepancias que no vienen al caso mencionar aquí. Respeto mucho la opinión de cada pariente y si la decisión de la mayoría en el núcleo más cercano es aceptar que se exhumen nuevamente los restos de Fabricio Ojeda, esta vez para llevarlo al Panteón, pues la acato aunque no esté de acuerdo. Eso no tiene por qué fracturar la unión familiar en los demás aspectos de la vida.

Pero lo que sí tengo –como padre, periodista y como venezolano- es el deber de fijar mi posición personal, que es de absoluto rechazo a la utilización de la memoria y los restos de mi papá para hacerle propaganda a un gobierno que con sus políticas totalitarias, arbitrarias y equivocadas, ha puesto al pueblo a pasar hambre, a morir por falta de medicinas, a empobrecerse cada día más, y se niega a aceptar ayuda humanitaria para no admitir que en Venezuela la inmensa mayoría de la población sufre carencias elementales como nunca antes había ocurrido.

No estoy de acuerdo, no porque crea que no es una gran honra el hecho de que los huesos de mi viejo vayan a reposar a la tumba de los héroes, si no porque quien imparte ese honor, es el mismo sepulturero que ha despilfarrado nuestra enorme riqueza y enterrado al país en la más grave crisis de su historia, en tiempos que según el eufemismo debemos llamar “de paz”.

Un “honor” que no sé cómo lo hubiese tomado mi padre, ya que tras su injusta muerte, no podemos pedir su opinión. Sí, es cierto. En 1966 lo asesinaron esbirros similares a los de ahora, pero el dolor y la rabia que eso pudo haberme causado no deben servirme de pretexto para volcar resentimientos contra toda una nación.

No me atrevo a hablar por mi progenitor -y esto lo deberían hacer muchos- pero tengo dudas de que mi papá se hubiera dejado homenajear por un gobierno que ha roto todos los records perpetrando aquellas cosas contra las que él en sus tiempos luchó: corrupción, autoritarismo, falta de democracia, violación de los derechos humanos, injusticia, discriminación, persecución, desigualdad.

Para nadie es un secreto que la corrupción oficial en Venezuela se ha extendido y excedido tanto, que ya se siente en el plato vacío sobre la mesa. No es justo que en los últimos 17 años hayan ingresado al país más recursos que en el resto de su historia, y los hospitales estén peor que nunca, los servicios públicos no funcionen, los niños se desmayen de hambre en las escuelas, miles de obras estén inconclusas, la delincuencia mande en las calles, la inflación alcance la estratosfera y los salarios no alcancen para comer, mientras un pequeño grupo en el poder y sus familias exhiben, ostentan, nos restriegan en la cara –desfachatadamente- una vida llena de viajes, lujos y derroche, mientras pregonan el “socialismo”.

El 23 de enero se cumplen 59 años de la caída de la dictadura perezjimenista, violadora de los derechos humanos, por cuyo derrocamiento mi padre arriesgó su vida. Es curioso –o al menos hipócrita- que se elija esta fecha para hacer el traslado y la respectiva marcha hacia el Panteón, por un régimen cuyo “líder eterno” no solo mostró pública admiración hacia Marcos Pérez Jiménez y su modo de mandar, sino además le pidió personalmente consejos en Madrid.

Es irónico que quien organiza el acto sea el mismo gobierno antidemocrático que ha secuestrado a los poderes públicos; eliminado la soberanía popular -al desconocer a la Asamblea Nacional electa por voto directo y secreto en diciembre de 2015- y le ha arrebatado al pueblo el derecho que le otorga la Constitución de revocar a sus gobernantes. El mismo gobierno que persigue y encarcela opositores, que reprime violentamente protestas callejeras y los cuerpos de seguridad cometen ejecuciones extrajudiciales. El mismo cuyos principales líderes aseguran que en Venezuela ya no habrá más elecciones, pues ellos se quedarán para siempre, así el pueblo pase penurias y no los quiera.

Yo, que tengo sus genes y conozco su historia, no creo que si estuviera vivo mi padre apoyaría a un gobierno como este, pero con el traslado de sus restos al Panteón se pretende afirmar lo contrario. Homenajes así, en vez de enaltecer, mancillan.

Por mi parte, preferiría que sus despojos se quedaran ahí, en el Cementerio General del Sur, junto al pueblo por el que luchó y que todavía no ha visto el fruto de su sacrificio. O, al menos, que lo lleve al Panteón un gobierno decente, con moral para pontificar sobre moral.

Que lo dejaran en la modesta tumba que comparte con los sagrados huesos de mi madre. Que no los separen nuevamente, después de tantos años reposando juntos y en paz.

Notiminuto

http://www.notiminuto.com/noticia/el-panteon/#