Según la Constitución, todos somos iguales ante la ley (artículo 21) y, por ello, los jueces encargados de aplicarla no pueden caer en la inaceptable discriminación entre ciudadanos privilegiados injustamente por detentar el poder y quienes se encuentran en la acera de enfrente en legitima oposición que responde a la esencia de la democracia, sistema plural y de respeto absoluto a quienes piensan distinto.

Es asombroso, alarmante, trágico y quedará para el registro histórico de la justicia penal venezolana el trato discriminatorio que se ha dado y se da a quienes son afectos a la “revolución” o al Gobierno y a quienes son disidentes políticos. Y, lo más grave, ese trato, proviene, muchas veces, del Máximo Tribunal de la República, con lo cual solo queda el recurso a la Corte Celestial, ajena –esperamos– a las influencias partidistas y a las instancias internacionales ya consideradas por el propio tribunal como confabuladas contra nuestra soberanía.

Me referiré solo a algunos casos más notables para vergüenza de los venezolanos y, en particular, para quienes le siguen los pasos a las decisiones de los tribunales, a la espera de justicia.

Para mí, una de las más bochornosas decisiones que se han dictado en los últimos tiempos tiene que ver con la Sala Constitucional y los alcaldes elegidos por el pueblo, Ceballos y Scarano. La Sala, convertida en tribunal penal, absolutamente incompetente para conocer de la comisión de un pretendido delito, contra su propia jurisprudencia y con relación a un sedicente desacato, siendo así que se había decidido antes que en este caso se debía remitir el asunto al Ministerio Público por tratarse de un hecho punible, en una sola audiencia, sin derecho a la defensa, creó la figura de un supuesto “ilícito judicial constitucional”, para proceder, sin más, a imponerles la pena de 10 y 12 meses de prisión y destituir a quienes habían sido elegidos por el pueblo.

No menos alarmante y escandalosa es la decisión de la Sala Electoral, firmada inclusive por un magistrado que votó por sí mismo siendo diputado y que “desproclamó” a representantes del pueblo por una medida cautelar inadmisible, considerando como apariencia de buen derecho una grabación carente de todo valor y evidentemente delictiva, con lo cual se defraudó la voluntad popular en la cual descansa la soberanía, echando al pipote de los desperdicios la inmunidad parlamentaria que protege de acciones temerarias como esta.

Y ni hablar del trato judicial a los casos políticos de la oposición y a los del gobierno, en los cuales se aplican criterios absolutamente contrastantes. Si el Presidente, por ejemplo, amenaza con arrasar con los adversarios y caerles a “batazos”, se trata de las licencias permitidas en el discurso político y de expresiones que no pueden ser tomadas a la letra sino enmarcadas en la libertad de expresión, según sentencia de la Sala Plena en 2009, pero si un dirigente político llama a “rescatar la democracia”, se trata de un llamado subversivo a desconocer la ley y a fomentar la violencia; y si del derecho a la vida se trata, un discurso en el que se llama a protestar debería generar responsabilidad penal por cualquier hecho ocurrido posteriormente, en tanto que los muertos del 4-F no tienen responsable alguno, como lo dejó asentado también la sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11-7-2012.

Esta es la grave situación de la justicia en Venezuela. Tenemos un árbitro parcializado, con el veredicto prefabricado para castigar al adversario y favorecer al consecuente compañero de partido.

Si no hay justicia, no hay Constitución, ni hay Estado de Derecho, ni hay legalidad, aunque tengamos una ristra de jueces togados con carnet del partido en el bolsillo, aunque figure como anulado y carecerá de todo sentido que afirmemos que somos iguales ante la ley, cuando somos absolutamente diferentes, merecedores de castigo por el simple hecho de no compartir las consignas de una determinada corriente política.

La última decisión de la Sala Constitucional, del 1º de marzo de 2016, a la medida del Gobierno y que sencillamente desconoce las legítimas facultades de la Asamblea Nacional para revisar sus actos y controlar la Administración Pública, constituye el ejemplo más claro del sesgo del Tribunal Supremo, al servicio de los intereses de la denominada “revolución” y de espaldas a la voluntad popular.

aas@arteagasanchez.com

7 de marzo 2016. El Nacional

El gobierno de Hugo Chávez estableció el control de cambio en 2003 con el objetivo –dijo-de prevenir la huida de capitales. El resultado es que este no solo no se detuvo sino que aumentó. Expertos señalan que hasta 2012 habían salido casi 180.000 millones de dólares por este concepto y Venezuela no solo no se recuperó sino que está al borde del colapso económico y social.

En un país que importa casi todo lo que consume, lo que parecía una medida económica se convirtió en un arma política de control de la población que pasó entonces a depender de las autoridades para cubrir todas sus necesidades.

Además, las redes de delincuencia organizada que penetraron el Estado en la última década, pronto advirtieron las oportunidades que el sistema cambiario ofrecía para saquear los dineros públicos y enriquecerse rápido y sin mayor esfuerzo. A través de empresas de maletín – con la complicidad de Cadivi, sus sucesoras y del Seniat, el Servicio de Aduanas y la Guardia Nacional Bolivariana – seudo empresarios y funcionarios corruptos le robaron al país mas de 200.000 millones de dólares.

Entre Cadivi y Cencoex se liquidaron en once años (2003- 2014) más de 230 mil millones de dólares destinados a la importación de bienes y servicios, tanto de empresas públicas como privadas. Si el monto de lo defraudado se estima en un 60%, a través de empresas de maletín, sobrefacturación e importaciones que no llegaron, el saqueo cambiario -solo por esta vía- se aproxima a los 138 mil millones de dólares.

Por su parte, Ecoanalítica, estima en 125 mil millones de dólares el dinero robado a la nación ligado al manejo de divisas para obras públicas financiadas por el Fonden y el Fondo Chino, también por concepto de sobrefacturación.

A esto se suman los 25 mil millones de dólares defraudados a través del Sitme denunciados por el exministro Jorge Giordani y la ex presidenta del BCV Edmee Betancourt. También el ex ministro de relaciones interiores Miguel Rodríguez Torres reconoció que casi el 40% de las empresas que adquirieron dólares a través del sistema de control cambiario de Venezuela son empresas de papel que recibieron el dinero pero no importaron nada. Igualmente críticos han sido otros ex funcionarios ahora enfrentados a la cúpula dirigida por Maduro y Cabello.

El desastre de Cadivi y sus sucesoras incluye también los negocios ilícitos con la moneda virtual Sucre y el sobreprecio en las exportaciones a Venezuela realizadas por compañías ecuatorianas en complicidad con empresarios y funcionarios venezolanos, como es el caso del Fondo Global de Construcción, por poner un ejemplo, que suman más de 228 millones de dólares los cuales terminaron diluidos en cuentas privadas de paraísos fiscales, como detallamos en el libro El Gran Saqueo: Quienes y como se robaron el dinero de los venezolanos.

Cadivi fue eliminada por Nicolás Maduro el 15 de enero de 2014, sin conocerse un informe que revelara la verdad sobre las empresas de maletín, sus propietarios y los cómplices del gobierno que utilizaron la institución cambiaria para enriquecerse, con una altísima responsabilidad en la crisis social y económica que hoy sufre Venezuela. Sin embargo, esta medida no evitará las investigaciones. Los delitos de corrupción no prescriben, como lo establece el articulo 271 de la Constitucion Nacional.

Son muchos los responsables del saqueo cambiario pero, como quien ostenta mas poder tiene mayor responsabilidad, hay que comenzar a investigar a los altos funcionarios que estuvieron y están al frente de Cadivi, Cencoex, Sitme, BCV, Seniat, Aduanas, GNB, el ministerio de Finanzas y otros organismos públicos autorizados a importar como Pdvsa-Pdval, Bariven, CASA, Corpovex, Veximca, Suvinca, CVG, entre otras.

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Contraloría, decidió iniciar las investigaciones que sin duda arrojarán sanciones políticas contra los funcionarios responsables. Igualmente, presentara los correspondientes informes ante el Ministerio Público que, ahora o después – cuando se recobre el Estado de Derecho – tendrá que tomar acciones concretas, con nombre y apellido, sobre el saqueo cambiario que contribuyo a arruinar a Venezuela. El objetivo, además de establecer ejemplares sanciones, debe ser recuperar el dinero robado a los venezolanos y dirigirlo a lo que inicialmente estaba previsto: obras y programas para el desarrollo y el bienestar de todos.

02 de marzo de 2016

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@TablanteOficial

carlostablanteoficial@

En días recientes se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía de la UCV un foro sobre políticas públicas y políticas agrícolas promovido por la Cátedra Libre de Agroambiente y Sociedad. En dicho foro el sociólogo Juan Luis Hernández, quien es un reconocido consultor en el área agroalimentaria, presidente de INNOVA y profesor de la UCV y la ULA, hizo una presentación en el marco de la cual planteó un diagnóstico de la crisis alimentaria que enfrentamos y expuso una propuesta para superar la misma. Dada la experticia del prof. Hernández en el tema, consideramos conveniente elaborar una síntesis de dicha propuesta para su divulgación y discusión.

En la primera parte de la presentación se hace un análisis de la coyuntura caracterizada por un notorio deterioro de la situación alimentaria. Inflación creciente la cual alcanzó en el 2015 un poco más de 200%. La inflación de alimentos la duplica llegando a un poco más de 400%.

La creciente inflación ha venido acompañada de una escasez que tiende a agravarse. El índice de escasez de la mayoría de los productos alimenticios se ubica entre 50 y 80% para el año 2015, tendiendo a agravarse para el año en curso.

El consumo de alimentos se ha contraído según las cifras del INE. La cobertura de los programas de asistencia alimentaria se ha reducido. La red pública de alimentación se encuentra en franco deterioro. En el año 2006, el 28% de la población no compraba en Mercal y en el 2014 esta cifra ha ascendido a 61,5%. La crisis que enfrentaba la red de abastos Bicentenario es parte de esta situación. El cierre de los mismos fue una medida efectista. La mitad de los puntos de venta de Mercal se encuentran inactivos Los mercalitos y los PDVAL pequeños que atienden a las familias en las zonas más lejanas son los más afectados.

En los últimos años el componente importado del consumo ha tendido a crecer. Los sistemas formales de distribución de alimentos como los supermercados y abastos han decaído, mientras los sistemas informales (bachaqueros) han tendido a crecer, lo cual dificulta la estimación de los índices de inflación de alimentos. El deterioro de la red pública de alimentación ha revertido los logros en el mejoramiento en el acceso alimentario de los sectores de más bajos ingresos, alcanzados previamente.

En una segunda parte de la presentación se desarrolló una propuesta para superar la crítica situación alimentaria descrita. En el plano macroeconómico se plantea un ajuste cambiario que permita reducir el amplio diferencial cambiario (Bs 6,30-Bs 1.000) existente en la actualidad.

Sin embargó el prof. Hernández precisó que no considera conveniente una unificación cambiaria. El control cambiario debe mantenerse pues la existencia de un cambio libre propiciaría una gigantesca fuga de capitales dado, entre otras cosas, a la cantidad de beneficios que algunas multinacionales tienen represados y no han podido remitir a sus casa matrices.

En este contexto. es necesario, en el muy corto plazo, plantearse una reactivación de las importaciones como solución a la situación de escasez; se deben mantener preferencias cambiarias para los circuitos alimentario vitales como el de aves-alimentos concentrados y el del trigo. La caída de este último puede tener efectos graves. En este aspecto coincidimos plenamente con el prof. Hernández, como lo planteamos en un artículo previo sobre la dependencia alimentaria y sus implicaciones.

Se debe romper el círculo vicioso que se ha mantenido por mucho tiempo, incluso antes del presente gobierno, gracias al cual se permite el creciente desarrollo de desequilibrios macroeconómicos como la sobrevaluación de la moneda para luego preceder a fuertes y traumáticos ajustes. En relación a este aspecto es necesario seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos como Colombia en el cual se permite deslizar y ajustar gradualmente el tipo de cambio.

Corregir distorsiones en el gasto público como las relacionadas con el subsidio a las tasas de interés preferenciales para la agricultura. De mantenerse este esquema ello puede dirigir en el mediano plazo a una crisis bancaria. Adicionalmente a ello el financiamiento a tasas preferenciales no se dirige a la agricultura sino a otras actividades. Si se coteja el comportamiento negativo de la producción agrícola, este no se compadece con el crecimiento de los volúmenes de financiamiento a tasas preferenciales.

Se hace necesario recurrir a los organismo multilaterales como el FMI para una renegociación de la deuda y la obtención de dinero fresco para incrementar las importaciones y superar la escasez de alimentos. Las exigencias planteadas por estos organismos y los procesos de ajuste que proponen no son similares a los de los años noventa pues ha habido un proceso de aprendizaje, en particular de los procesos de ajuste tipo shock que agudizaron las tensiones políticas y sociales en los años noventa. El margen de negociación actual es mayor; adicionalmente al FMI no le interesa que la economía venezolana empeore.

Es necesaria una intervención del Estado más efectiva y una reducción de las regulaciones. Se hace necesaria una concertación del Estado con los actores privados que sustituya a los actuales políticas de control de precios. Esta concertación entre los actores a lo largo de la cadena alimentaria buscaría que los precios se reduzcan en términos reales y aminoren su impacto en el consumidor final.

Deben impulsarse programas de apoyo a la producción agrícola y al abastecimiento. En este sentido es útil la experiencia de Fedeagro la cual es una organización con bases reales que ha impulsado programas de mejoramiento de la productividad y de la producción a nivel local que deben servir de referencia para ser replicados a nivel nacional.

En cuanto a los programas de financiamiento, las tasas de interés preferenciales tal como están planteadas son de poca ayuda como estímulo a la producción agrícola. Estas tasas deben estar dirigidas a financiamiento para proyectos de inversión definidos.

La propuesta planteada debe ser implementada por un nuevo gobierno, sin embargo el juego político actual parece trancado, según el prof. Hernández. La única opción para superar esta situación depende de la profundización de la fractura en el chavismo y la capacidad de la disidencia de presionar al presidente Maduro para que renuncie o permita la dinamización del juego político que conduzca a un nuevo gobierno.

Un venezolano que ya está agotado de sólo recibir 2 o 3 días de agua a la semana, estar pendiente de un cronograma que generalmente no se cumple, molesto, decidió un sábado temprano, preguntarse: ¿Cómo puedo participar en el problema del agua para cooperar como vecino en mí comunidad?.

El sentido común, le lleva a buscar información en la página web de Hidrocapital, que es la empresa prestadora del servicio que le corresponde. En la página no logra identificar oferta concreta para canalizar su inquietud y decidir libremente si se motiva a participar.

Sale de esa página web, y empieza a buscar en las páginas web de los varios municipios que integran el área metropolitana de Caracas y se encuentra con el mismo vacío. Al final no logra conseguir información

Decide llamar a Hidrocapital y allí le dicen que consulte en la Oficina de Fortalecimiento del Poder Popular, pero, como es inicio de fin de semana, vuelve a la página web de Hidrocapital y busca información sobre esa Oficina[1].

La información a la que puede acceder sobre la oficina en la página web institucional de Hidrocapital, permite identificar que la participación en las comunidades se realiza a través de Mesas Técnicas de Agua y de Consejos Comunitarios del Agua. Pero también la página le informa que esa Oficina y los mecanismos de participación orientan sus acciones a promover el fortalecimiento del Poder Popular y con ello consolidar el modelo socialista que impone el gobierno Venezolano.

El ciudadano de este relato, que se autodefine apolítico, se molesta, pues recuerda que el 2 de diciembre de 2007, un Referendo popular rechazó de manera mayoritaria, legítima y constitucional, una reforma de la Constitución, en la cual se dibujaba el modelo de Estado Socialista.

Entonces entendió, que aquellas leyes dictadas en menos de 10 días, antes de concluir el año 2010 y antes de la juramentación de una nueva Asamblea Nacional para el período 2010-2015, lo que hicieron fue imponer vía legislativa, sin consulta popular, el mismo modelo socialista que años atrás se había rechazado constitucionalmente.

El ciudadano empieza a dudar si vale la pena o no participar. Pues la ausencia de agua y los problemas en la calidad de la misma nada tiene que ver con el modelo socialista o capitalista. Además, ahora ese ciudadano, se replantea si debe o no impulsar una organización comunitaria para reclamar el tema del agua, pues pareciera que ello puede generarle un conflicto adicional en el ambiente de intolerancia política que vive el país.

Recuerda ese vecino lo difícil que fue organizar un Consejo Comunal, única expresión que se puede utilizar para organizarse comunitaria, pues necesariamente el gobierno le exigió a el grupo promotor que en el documento constitutivo del mismo tenían que incluir en el objetivo de ese Consejo la búsqueda del modelo Socialista. Lo cual aun cuando era excluyente, era la única condición para registrar su Consejo Comunal y ello llevó simplemente a no conformarlo.

Ahora el ciudadano está más preocupado, porque sin Consejo Comunal, sin Mesa Técnica de Agua, simplemente está excluido, no puede ejercer su derecho a participar en el tema del agua. Entonces acudió a ver qué ley regula la materia y se encontró con la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua y Saneamiento del 2007, en cuyo contenido vuelve a encontrarse con la Mesa Técnica de Agua como mecanismo de participación en los asuntos comunitarios del agua.

En esa misma Ley de 2007, encuentra que la Mesa Técnica de Agua cumple una función de representación de la comunidad y grupos vecinales ante los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento. En tal sentido, la Mesa puede reclamar el cumplimiento de los derechos ciudadanos y también, exigir el cumplimiento de los deberes inherentes al servicio prestado.

Como espacio de organización comunitaria, tiene la labor de orientar la participación de los suscriptores y usuarios en la tarea de desarrollo y supervisión de la prestación del servicio; lo que se complementa, con la tarea de divulgar toda información necesaria sobre la prestación del servicio, los derechos y obligaciones de los suscriptores.

Su labor que además la ley extiende a cooperar con el prestador del servicio, le permite a la Mesa orientar la participación comunitaria tanto de los suscriptores como los usuarios en el desarrollo y supervisión de la prestación del servicio. Por último, en esa labor de cooperación, la Mesa puede, legalmente, proponer a los prestadores del servicio, planes y programas que pudieran concederse a los suscriptores para el pago de la prestación del servicio que pueda ayudar a resolver deficiencias o fallas en el servicio.

El ciudadano encuentra en la Ley la respuesta de cómo participar, además identifica que esa Mesa debe ser creada mediante una regulación que a tal fin dicten los Municipios a través de una ordenanza, siguiendo los lineamientos que a tal fin cree la Superintendencia Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Su documento constitutivo y actuaciones deben someterse, advierte la Ley, a las normas del Código Civil Venezolano vigente, que en nada condiciona la existencia de esa Mesa al compromiso de crear un estado Socialista.

Entonces, el personaje de este relato, busca el reglamento, la ordenanza y cualquier guía para evaluar la viabilidad de activar la Mesa y entre tanto buscar encuentra que no hay ninguna información y menos aún consigue referencia alguna a la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento, que debió haberse creado. Pero tampoco consigue información en la página web de Hidroven, Empresa Hídrica de Venezuela, que sustituye en la práctica a la Superintendencia.

¿Cómo participa ese ciudadano si no tiene información?, ¿Cómo participar si tampoco tiene un Consejo Comunal, y el que existe, no lo incluyó en el registro comunal, por razones de intolerancia política? ¿A dónde acudir a reclamar su derecho si hasta el Juez de Paz que resolvía conflictos comunitarios lo eliminaron, se lo quitaron al Municipio, pasó a manos del Tribunal Supremo de Justicia y hasta ahora desapareció?

Preguntas sin respuestas. Ese ciudadano como muchos otros venezolanos terminan siendo habitante, vecino y residente, pero no ciudadanos. Hoy los venezolanos sienten una gran orfandad, pues participar impone como condición que el objetivo sea conformar el socialismo. La libre asociación y la libre participación quedó como letra muerta en la Constitución de 1999. Venezuela es hoy un Estado sin Ciudadanos.

Artículo escrito para IAGUA.ES y publicado el 29 de febrero 2015

[1] Hidrocapital. Poder Popular. Recuperado el 27 de febrero de 2016. Online aquí.

Trajeado al estilo de Mike Nelson “El investigador submarino” llegó el Ministro de Energía a la represa del Guri, en el Estado Bolívar. Todos, los allí presentes, quedaron boquiabiertos, al ver al funcionario con su traje de Neopreno camuflado y careta marca Cressi, guantes y chaleco marca Sea Quest, chapaletas marca Tigullio dive, cinturón de lastre Aquapro y tanques con aire enriquecido o Nitrox marca Aqua lung, cargados a 200 Bares de presión con regulador Cressi.

Además, colocó en sus muñecas sendos relojes, profundimetros y brújula marca Picasso y por último colocó en su pierna derecha un cuchillo Aqua Lung Diablo Profesional.

Uno de los soldados, que cumplía labores de custodia, comentó en voz alta “Mi general, con esa pinta se parece a Jacques Cousteau”…

Ministro, ¿Qué va a hacer usted? Preguntó, muy nervioso, el ingeniero jefe de la central hidroeléctrica.

- Voy a revisar personalmente, in situ, los niveles de agua almacenada en esta presa, respondió secamente el funcionario.

Pero, no tiene necesidad de zambullirse en esas aguas. Con solo mirar los niveles de la cota, podrá usted, tener una idea al respecto.

-No me contradiga, me voy a margullir porque me da la gana, no se meta en mis asuntos y zuás, se lanzó al agua. Al caer, desplegó una boya de color rojo-rojito y comenzó su inmersión.

Por los equipos de radio Nautilus Life Line, se reportaba cada 3 metros de profundidad:

Payara 1 a Sardina, todo normal. Desde el centro de comunicación, inmediatamente respondían: Copiado Payara 1.

Once metros agua abajo, Payara 1, tocó fondo. Atención, Sardina, no veo ninguna novedad en el frente. Voy a iniciar mi ascenso, con todo el tiempo de descompresión necesario para no sufrir los embates del nitrógeno acumulado en mi sangre.

-Copiado.

Mientras subía, el Ministro hablaba consigo mismo. Esta oposición golpista, si jode. Yo veo agua que jode en esta represa y no es como ellos dicen que ha bajado el nivel….esas son ganas de echar vainas. Al salir llamo a Nicolás, para decirle que esté tranquilo. Hay agua y revolución pa’ rato.

Pero, cuando salió a la superficie, lo hizo en el punto exacto donde están las marcas que señalan el nivel de las aguas en el embalse y pudo constatar “in situ” que habían descendido en proporciones alarmantes…..coño, la oposición tiene razón. Debo pensar en una respuesta rápidamente, sé que al salir del agua, los periodistas que invité, me van a preguntar sobre los resultados de mi investigación submarina.

Dicho y hecho, la primera pregunta fue ¿Ministro, que encontró en el fondo?

La respuesta, de Payara 1, dejó perplejo a los periodistas “Pude constatar, que el imperio, con su guerra contra nuestra revolución socialista y bolivariana, ha enviado a un niño con la misión de provocar una sequía para reducir los niveles de agua en nuestra represa. Pero, no nos vamos a quedar de brazos cruzados…¡¡¡Ya ordené, poner en marcha el Operativo Aguas Divinas para transportar con camiones cisternas el agua necesaria para llenar la represa del Guri!!!!…..Agua o Muerte…Venceremos”

La información, le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos…la frase universal para opinar sobre esto fue “Increíble pero cierto”

Cuándo votamos ¿qué sentimos? Siempre he tenido la curiosidad de saber que impulsa a los electores a realizar el ejercicio democrático de concurrir a su mesa de votación, un domingo y sin obligación legal para ello.

Para los que lo hacemos, la obligación es el denominador común, inducida por el convencimiento o por presiones de cualquier tipo. Lo importante es que lo hacemos, y en el momento de culminar el acto sentimos, alivio por haber terminado el proceso y ¿qué más?

Es en ese “qué más” donde está la clave que debe entender todo aspirante a un cargo por elección. La gente vota por una ilusión más que por una certeza y la misma encierra toda una visión de lo que sería un futuro deseable, en primer lugar para él y su entorno inmediato, y después, para el resto.

Si en el tiempo por venir se le demuestra que su decisión fue acertada, al menos parcialmente, es posible que se mantenga respaldando la misma opción; si no, buscará en la próxima oportunidad electoral otra oferta que se asemeje a lo que está deseando.

Para que esa oferta le sea atractiva, e inclusive, para que se anime a prestarle atención, tiene que empezar por no descalificarlo por su decisión anterior. Si se siente “marcado” y de alguna manera, reducido al mundo de los conversos, lo más natural será mantenerse en lo que fue su opción fallida o pasar a integrar el universo de los escépticos.

Los candidatos tienen que hablar para todos, tanto para los que considera “suyos”, como para aquellos que no han acompañado anteriormente sus visiones y propuestas, utilizando un lenguaje claro en lo que denuncian y atractivo e inclusivo en lo que proponen, siempre teniendo en cuenta que los seres humanos estamos eternamente aspirando algo mejor, independientemente de cuales sean nuestras condiciones de vida.

Contribuir a construir entre todos una visión de futuro y ser capaces de dibujarla, ofreciéndose para trabajar en pro de su realización, es la obligación de todo aquel que aspire alcanzar la representación de la gente.

No solo las promesas materiales ganan adeptos, los sueños siempre han sido el impulso fundamental para el trabajo y la lucha, independientemente de la posición socioeconómica que nos identifique en la sociedad.

6 de marzo, 2016

La ruta para el cambio democrático

El pasado viernes 04 de marzo Aragua en Red organizó un foro con la presencia y participación de Jesús “Chuo” Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD nacional, para que expusiera su visión de la situación política del país y la posición de la MUD para lograr el cambio del régimen, varias veces anunciada y pospuesta, pero que finalmente informó se anunciaría el próximo lunes 07 del presente mes.

Inició Torrealba su disertación exhortando a los presentes a cambiar su perspectiva a una visión optimista y de triunfo frente al régimen, por una razón muy sencilla, el régimen, electoralmente, está derrotado y difícilmente ganará nuevas elecciones en el futuro próximo, por lo que no hay que andar con sentimiento pesimistas al respecto a pesar del agobio económico, de inseguridad ciudadana e incertidumbre que nos embarga.

La aptitud de optimismo, y de ganadores, es fundamental para las acciones que se adoptaran para cambiar el régimen y todas pasan por la vía electoral que es la vía donde, precisamente, el gobierno está perdido; la vía pacífica, constitucional y concertada entre los factores políticos es la que puede garantizar no solo el cambio del régimen, sino la gobernabilidad para el próximo gobierno que recibirá un país completamente devastado por la revolución chavista, donde se tendrán que tomar medidas económicas y políticas que solo tendrán éxito con un acuerdo político de unidad nacional.

Cualquier escenario de cambio por la vía de fuerza o insurreccional ha demostrado, históricamente, que no solo no ha mejorado la situación sino la ha empeorado para los principales dolientes, que es la sociedad en general.

Explicó que el ansiado método constitucional, pacífico, democrático y electoral, anunciado varias veces, ha debido ser suspendido por las acciones inconstitucionales y de saboteo que está realizando el TSJ y sus diferentes salas para obstaculizar las acciones de la Asamblea Nacional, por lo que estos métodos deben ser bien meditados antes de hacerlos públicos.

Según sus propias declaraciones, en la mañana del mismo viernes del foro realizado, la MUD nacional acordó considerar más que un método para lograr el cambio, lo conveniente es diseñar una hoja de ruta para el mismo, incluyendo diferentes acciones simultáneas y secuenciales que hagan posible lograr el cambio del régimen, minimizando las acciones y obstáculos que le saldrán al paso por parte del gobierno y sus poderes públicos aliados para impedirlo.

La última opción de esta hoja de ruta para el cambio, sería la convocatoria al poder constituyente originario que cambiaría ya no solo al gobierno, sino a la Constitución y al Estado; se deja de última esta opción, porque la situación de crisis generalizada obliga a buscar opciones más inmediatas para salir de la crisis y el proceso constituyente llevaría más tiempo en completarse.

Seguidamente llamó la atención de que lo único que si está previsto este año, y el gobierno no puede ir contra eso, son las elecciones para gobernadores y diputados regionales en diciembre; esas elecciones hay que atenderlas y asegurarlas porque es el mejor escenario para la unidad democrática, y eventualmente se podrían ganar la totalidad de las gobernaciones, lo que comprometería, aún más, la precaria gobernabilidad del régimen si para la fecha aún están gobernando, vista la magnitud de la crisis económica que tan grande que él piensa que el gobierno no tiene dinero suficiente para llegar al fin del año.

Finalmente, y enfatizando en este punto, manifestó que la selección de los candidatos a gobernadores de la unidad nacional será por el método de primarias, tal como quedó concertado en documento público el año pasado, cuando se acordó la tarjeta única para las elecciones parlamentarias.

Como contribución a esta apreciación de la situación política de la semana debo agregar: Señor “Chuo” Torrealba, gracias por su aporte y que su palabra vaya “por delante”, por el bien del país.

05 de marzo, 2016