Durante los últimos años ha ocurrido en el país un agudo deterioro de los servicios de agua potable y saneamiento. Una de las regiones donde esta situación se manifiesta con mayor gravedad es en la Región Hidrográfica del Lago Tacarigua o de Valencia, en la que habitan más de 4 millones de personas y donde la Empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro) realiza sus actividades con grandes deficiencias, suministrando agua que no es potable, sin un abastecimiento continuo y suficiente de este vital recurso.

La situación antes expuesta se está agravando por dos procesos concomitantes. Por un lado, la mayor parte de los efluentes cloacales de las poblaciones ubicadas dentro de la Región Hidrográfica se descargan directamente al lago, generando una elevación progresiva del nivel de sus aguas, que causan la inundación de zonas pobladas y sembradíos en sus riberas. Por otro lado, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para resolver la serie situación descrita, acometió en el 2007 un improvisado transvase para extraerle aguas al lago, mezcladas con los efluentes residuales de las plantas de tratamiento de La Mariposa y Los Guayos, que son conducidas hacia las cabeceras de la cuenca del río Pao, que es a su vez la principal fuente de alimentación del Acueducto Regional del Centro.

Como consecuencia de esta desacertada iniciativa del Gobierno Nacional, el embalse del río Pao, en el sitio de Cachinche, esta fuertemente eutrificado y la calidad de sus aguas, no obstante que son tratadas en las plantas Alejo Zuloaga y Lucio Baldo, mediante la adición de cantidades exageradas de cloro y sulfato de aluminio, no cumplen con los estándares de potabilización existentes.

La población está recibiendo actualmente un agua que constituye un riesgo serio para su salud, por no cumplirse con los requisitos de calidad establecidos por los organismos internacionales, ni con las normas venezolanas sobre la materia.

Además, la población que vive en las riberas del lago está bajo peligro real de inundación, ya que el improvisado transvase de aguas aludido para detener el ascenso del nivel, no ha podido lograr su fin, intentando ahora el Gobierno Nacional un ulterior aumento del caudal extraído con la construcción de obras adicionales, lo que vendrá a agravar aun mas la situación de la calidad del liquido en las fuentes de alimentación del acueducto.

Un programa para el aprovechamiento sustentable de las aguas de la región hidrográfica del lago Tacarigua o de Valencia debe ser objeto de una ley, destinada a cumplir una serie de importantes objetivos, entre los cuales destacan los siguientes:

1. Aprobar un esquema de financiamiento que asegure la provisión de los recursos necesarios para darle continuidad en el tiempo a la ejecución del programa.
2. Desarrollar un sistema de planificación y administración sustentable de las aguas de la región hidrográfica.
3. Asegurar el abastecimiento suficiente de agua potable para la población de la región hidrográfica y áreas periféricas, dentro de un horizonte de corto, mediano y largo plazo.
4. Estabilizar el nivel de las aguas del lago en una cota altitudinal predeterminada, en todo de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial y mediante la ejecución de las obras y medidas que sean necesarias.
5. Indemnizar a las familias cuyas viviendas o bienhechurías hayan sido inundadas por el lago.
6. Desarrollar un sistema de recolección, tratamiento, reciclado y reuso de las aguas servidas, que permita conservar la calidad del agua del lago y de sus afluentes, dentro de parámetros sanitarios y ecológicamente aceptables.
7. Desarrollar un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de desechos peligrosos y no peligrosos, así como de reutilización de residuos no peligrosos.
8. Asegurar el suministro de aguas tratadas para las actividades agropecuarias que se desarrollen en las tierras con vocación agrícola de la región hidrográfica.
9. Establecer un programa de conservación de los recursos de suelo, vegetación y agua de las cuencas contribuyentes al lago.
10. Fomentar las actividades de recreación, turismo y deporte que tengan como base el aprovechamiento sustentable de los recursos del lago y de los embalses del Acueducto Regional del Centro.
11. Formular un programa de estudios e investigaciones básicas a los fines de caracterizar y evaluar los recursos naturales de la región hidrográfica del lago y de la cuenca del río Pao, en el estado Cojedes, para fines de su aprovechamiento sustentable, restauración y protección.
12. Proponer planes de ordenación del territorio y reglamentos de uso de las cuencas de la región hidrográfica del lago y del río Pao, como fuentes principales de abastecimiento de agua de la región central.
    Grupo Orinoco

    Centro de estudio, reflexión y análisis sobre energía y ambiente

La elección de la nueva Asamblea Nacional cobra gran importancia en estos momentos, no sólo por el grave deterioro del gobierno, incapaz de administrar el país, sino porque, la galopante corrupción que lo corroe y la falta de contrapesos entre las distintas ramas del poder público,- todas sometidas al impúdico poder presidencial-, impide el control del gobierno que es una de las atribuciones más importantes de la representación nacional.

En una Asamblea Nacional autónoma del poder ejecutivo, sus tareas más resaltantes es legislar y controlar el funcionamiento de los poderes públicos. Esto no ocurre actualmente por la conducta cuartelaría del presidente de la A.N., que usa el reglamento interior y de debates a su perverso arbitrio, menoscabando los derechos de los diputados opositores.

Si la fuerza del poder ciudadano está en el voto, no cabe duda que el próximo 6 de diciembre, debemos acudir masivamente a ejercer ese derecho y cambiar la correlación de fuerza legislativa que permita no sólo el control constitucional del gobierno, también el ejercicio democrático de todo parlamento, que es el escenario para los grandes debates de los temas que afectan la vida de la Nación, para promover democráticamente los acuerdos que sirvan al interés nacional. Por ello, debemos ejercer la fuerza ciudadana, hoy más que nunca ante la ruina económica y fiscal de la Nación, la escasez alimentaria y la inseguridad personal, pero también para darle credibilidad al poder judicial, hoy debilitado ante los intereses del ejecutivo. La sentencia contra Leopoldo López es una muestra de la ausencia de autonomía e independencia de la judicatura.

Un primer escenario del 6D es que la votación opositora alcance el 50% más uno de los diputados. Con ello sólo podremos cambiar la directiva de la A.N., designar democráticamente las Comisiones Permanentes y reservarse las Comisiones de Contraloría, mediante la cual se controla la gestión de los funcionarios de gobierno, las Comisiones de Defensa y Política Interior; asimismo, podrá la fracción opositora interpelar a los Ministros, vale decir, revisar su gestión, que nunca ha ocurrido y modificar o reformar el Reglamento Interior y de Debates de la A.N., lo que permitirá preservar el derecho de los diputados a expresar su opinión sin amenaza alguna. Tambien, por supuesto, volverán los periodistas al recinto parlamentario para contarle al país lo que ocurre allí sin la arbitrariedad cuartelaría. Finalmente, una mayoría parlamentaria, aún simple, deberá dictar una ley de amnistía que permita la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados.

Con una mayoría simple, debemos prepararnos para la confrontación diaria. No será fácil. Hay que votar para que gane la democracia.

En el próximo número hablaremos de la mayoría calificada. Ese es el segundo escenario, que es factible si entendemos que el poder ciudadano está en el voto.