Los presidentes de izquierda de América Latina no creen conveniente la independencia de los Bancos Centrales (BCs); a pesar de ello se ha producido un consenso entre derecha e izquierda para posibilitar la autonomía de los BCs de la región, lo cual ha sido un factor clave en el control de la inflación. Venezuela aparece como uno de los casos atípicos gracias a que el chavismo convirtió al BC en un apéndice del gobierno.

Después de 7 semanas como presidente, Luiz Inacio Lula da Silva (Lula) calificó las tasas de interés de 13,75% fijadas por el Banco Central (BC) como “Vergonzosas”. Él también señaló que la independencia del BC “no tenía sentido”. El presidente podría ir más lejos y presionar por elevar la tasa de inflación que se mantiene como objetivo de la política monetaria la cual ronda el 3% anual. Para ello puede aprovechar la oportunidad que tiene, en el futuro cercano, de reemplazar a dos miembros del Consejo Nacional Monetario que es el organismo que establece la tasa de inflación que se propone como objetivo.

Lula no es el único líder latinoamericano que presiona al Banco Central a modificar los objetivos de su política. En octubre del año pasado el nuevo presidente colombiano Gustavo Petro escribió en twitter “¿Es útil elevar la tasa de interés para contener la inflación? No”. En ese mismo sentido se ha expresado el presidente mexicano Manuel López Obrador señalando que el Banco Central debería ocuparse de estimular el crecimiento económico, no de controlar la inflación.

Los optimistas piensan que esto expresa solamente la preocupación de los políticos por los efectos que podrían tener las altas tasas de interés sobre su popularidad. Los pesimistas están preocupados porque estas acciones podrían socavar los grandes logros económicos obtenidos por América Latina en las décadas recientes.

En una observación cuidadosa se observa que la mayoría de los BC de América Latina han sido ejemplares controlando la inflación. Las tasas de interés se elevaron rápidamente en la medida que la inflación se incrementó. Brasil se movió en forma temprana y agresiva elevando las tasas de interés un año antes que la Reserva Federal de los Estados Unidos (el BC estadounidense). Elevó la tasa de interés de 2% en marzo a 13,75% en la actualidad. Esta es una de las políticas monetarias más agresivas observadas en el mundo. Del mismo modo lo han hecho los BC de Chile, México y Colombia. La excepción ha sido Perú. Pero una mirada más cuidadosa revela que existen signos de tensión, los cuales responden a dos causas subyacentes. Una es que la inflación se ajusta con lentitud y requiere elevadas tasas de interés en forma sostenida para controlarla. Aunque la inflación general o global está retrocediendo en la mayoría de los países; la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como energía y alimentos, se mantiene muy elevada. Los aumentos de salarios es uno de los aspectos que podría poner presión sobre los precios. Los aumentos de salarios en México promediaron 11% en términos nominales, un agudo incremento en términos reales (descontando la inflación). Esto significa que es probable mayores penalidades en el futuro.

El otro problema es que algunos líderes parecen pensar que la independencia del BC es ahora un problema. Ellos temen que las altas tasas de interés disminuyan el crecimiento y perjudiquen a los prestamistas. La independencia del BC también complica la labor de estos políticos a la hora de estimular la economía, porque las acciones del BC van en contra de la expansión fiscal que lo estimula.

La independencia de los Bancos Centrales fue vista una vez como uno de los mayores logros de América Latina. En las décadas de 1970 y 1980 la inflación en la región se desquició después de años de dispendio gubernamental. Alcanzó 2.500% en Brasil, más de 7.500% en Perú y más de 20.000% en Bolivia. Pero en el periodo 2015-19 promedió 4% en la región. Hoy, la inflación promedio de la región está por debajo de la de la OECD, un club que reúne a los países más ricos. Ello no incluye a Venezuela y Argentina que continúan siendo casos atípicos.

La independencia de los BCs fue un factor clave para derrotar la hiperinflación. Ello se constituyó en un consenso entre la derecha y la izquierda, aun cuando los BCs de América Latina llegaron a ser independientes más tardíamente que la mayoría. De acuerdo al FMI, en los días actuales los BCs de la región alcanzan su objetivo de inflación más frecuentemente que sus contrapartes en los mercados emergentes.

La independencia de los BCs puede ser comprometida en diversas formas. Primero los políticos pueden tomar acciones en ese sentido. La autonomía de facto del BC sufrió durante la administración de Dilma Roussef quien fue presidente de Brasil entre 2011 y 2016. Su gobierno presionó al BC para relajar su política monetaria lo que llevó la inflación a 10,7 contribuyendo a una desastrosa recesión.

Los cambios de funcionarios también pueden influir. En una nota reciente el banco de inversión Golman Sachs expresó preocupación porque los cambios en el comité que decide la política monetaria en Brasil, que había vencido su periodo, podrían socavar la independencia del BC si los nuevos directivos son designados en base a criterios fundamentalmente políticos. En contraste, Gustavo Petro trató de dar confianza a los inversionistas en diciembre nominando a Olga Lucía Acosta, una ex asesora de la ONU, como miembro del directorio del BC colombiano.

Una tercera manera mediante la cual la autonomía del BC puede ser erosionada es a través de cambios constitucionales. Gabriel Boric el presidente de Chile ha respetado la independencia del BC pero la constitución aprobada por una constituyente y que él respaldó, debilitaba la autonomía del BC. La constitución fue finalmente rechazada por los votantes en un referéndum. A pesar de las desoladoras expectativas por la nueva constitución, el daño se mantiene limitado. Los inversionistas no han entrado en pánico hasta el momento. Este mes Leonardo Villar gobernador del BC de Colombia declaró a la página especializada en negocios Bloomberg que la política monetaria de la región latinoamericana se mantendrá restrictiva por un tiempo.

Nota: la mayoría de este escrito proviene de una traducción libre del artículo: The Economist. 2023. Latin America´s left wing presidents risk stoking inflation. Feb 15th (disponible en: https//www.econmist.com)

Con voz propia

(IN) Memoria, en recuerdo, define la Real Academia Española (RAE), la coletilla que estampamos a nuestro artículo semanal. Lo hacemos porque el régimen que nos desgobierna acusa responsabilidad al valiente Carlos Andrés Pérez de la explosión social del 27 de febrero de 1989. A quince días de asumir la Presidencia de la República por segunda vez 1989-1993. La primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado El Caracazo, aunque se originó en Guarenas, estado Miranda, ubicada a unos 15 km de Caracas, se extendió a las principales ciudades del país.

Considerado un grito que sacudía a la nación contra la miseria, el hambre y la pobreza creada por la receta del neoliberalismo que implosionó con el aumento del precio de la gasolina. También se llamó El Paquetazo. La inflación llegó al 80%, mientras que con el narco terrorismo que desgobierna llega a la hiperinflación.

Son análisis posteriores, porque en la represión contra el pueblo participaron los militares en rebelión; mayor Felipe Acosta Carles falleció de un balazo en la Parroquia El Valle de Caracas, durante disturbios de El Caracazo, el 28 de febrero, siendo ascendido post mortem a teniente coronel.

Chávez edecán de CAP, iba a la represión del orden público, pero le dio “lechina” y se fue a su casa en San Joaquín (Carabobo).

El mandatario atribuía desordenes a la Policía Metropolitana de Caracas, que se encontraba en huelga y acusaba de saqueos. Ante el incremento de la violencia, CAP ordenó al ministro de la Defensa, GD Italo del Valle Aliegro, la aplicación del Plan Ávila con la movilización de tanques.

CAP víctima de esa acción y el teniente coronel Hugo Chávez, quien fuera su edecán, lideró un sangriento y frustrado golpe militar el 4 de febrero de 1992, al cual siguió el jefaturado por el contraalmirante Hernán Gruber Odremán.

Con justificadas esperanzas, pueblo esperaba y aspiraba beneficios sociales evidenciado en la primera presidencia de CAP, quien con la valentía democrática afrontó el juicio político que le llevó a la cárcel e impidió la terminación de su mandato constitucional y su exclusión de Acción Democrática, partido al cual dedicó treinta años de su vida.

CAP habla en una entrevista que originó el libro ¡Yo sigo acusando!, de Agustín Blanco, maracayero, doctor en ciencias sociales y profesor titular de la UCV y entre otros numerosos libros publicados resalta La rebelión de los náufragos, de la periodista Mirtha Rivero que comenta “Los náufragos fue esa gente que estaba resentida, que se juntó con los críticos al gobierno, con los adversarios legítimos al modelo económico y político propuesto por Pérez en 1989. Son los resentidos de la democracia”. Otro fundamentado texto es “Carlos Andrés Pérez” de los comunicadores Ramón Hernández y Roberto Giusti,

Hasta el Partido Comunista, nacionalmente menospreciado por el actual régimen invoca en Valencia el 34 años aniversario de El Caracazo y denuncia al paisano Nicolás Maduro de imponer ahora un paquetazo.

Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP. los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Numerosos son los cálculos de los asesinados, que para el apodado “maldado” capitán Cabello Rondón, en su programa del canal oficialista VTV, pasan de 7 mil.

Para los venezolanos "El Caracazo" o “El Sacudón” fue el día en que el pueblo "bajó de los cerros", como se les conoce a los barrios más humildes de la capital. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca. No podemos olvidar que hablamos de una Venezuela cuyo 62 por ciento de la población estaba sumida en la pobreza.

Vigente está la expresión de que entre de los difuntos, CAP es víctima y Chávez beneficiario del 27F.

«Candelita que se prende, candelita que se apaga». La instrucción que Nicolás Maduro lanzara hace casi una década para sofocar una ola de protestas que sacudía al país sigue vigente. Al menos es ese el sabor de boca que deja la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de sancionar la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, instrumento que, bajo la excusa de facilitar «la participación protagónica y la ciudadanía activa» de los alumnos, da a las autoridades la potestad de controlarlos y, con ello, a lo que ocurre en las aulas.

El instrumento, cuyo contenido íntegro se desconoce porque no ha aparecido en la Gaceta Oficial pese a haber sido promulgada por el presidente de la República el pasado 23 de febrero, ha sido aprobado en un contexto de manifestaciones en demanda de mejoras salariales por parte de los funcionarios públicos, en particular los maestros y profesores, que ha ido in crescendo desde el año pasado.

Los educadores, junto a los médicos, enfermeras y otros empleados públicos, han tomado las calles para exigir la derogación del instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), a causa del cual sus ingresos han caído hasta en un 70% debido a los recortes de primas y bonificaciones previstas en las contrataciones colectivas.

En este marco, algunos voceros oficiales han lanzado mensajes preocupantes. «Vamos a asumir la tarea del trabajo voluntario (…) En esa tarea de trabajo voluntario del partido y de las Juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela nos vamos a cubrir las vacantes de los profesores esta semana», afirmó el diputado Pedro Carreño a principios de mes en un acto en Trujillo.

En similares términos se pronunció días después el ministro para las Comunas, Jorge Arreaza, quien dijo a estudiantes de bachillerato lo siguiente: «Ustedes, que se están graduando, que ya se graduaron o que están en tercer año en adelante, ustedes también pueden dar clase en las escuelas si se niegan a dar clase los maestros».

Participación condicionada

De acuerdo con los borradores que han trascendido de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, aunque no se establece la posibilidad de que los estudiantes asuman el rol de sus docentes, sí abre las puertas para que el Ministerio de Educación refuerce su vigilancia sobre lo que ocurre en las aulas y en los planteles. ¿Cómo? A través de los llamados «consejos estudiantiles».

«Los consejos estudiantiles son la instancia de organización y participación de los estudiantes en los niveles de educación primaria y media pertenecientes al Subsistema de Educación Básica», señala el artículo 17 de unos de los textos que circulan por las redes sociales. Dicha norma también indica que los integrantes de esos órganos serán escogidos «a través un proceso democrático de elección» que se realizará con «la coordinación y apoyo del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación».

Lo anterior pone en duda la «plena autonomía» que el artículo 18 del instrumento les asigna a las nuevas instancias, por cuanto deja en claro que los estudiantes no podrán escoger a sus representantes de manera independiente, sino que tendrán que contar con el visto bueno del despacho gubernamental.

Las autoridades parecen querer aplicarle al alumnado la misma fórmula que a los consejos comunales, organizaciones que han pretendido desplazar a las asociaciones de vecinos, que para recibir fondos públicos y gozar de reconocimiento legal deben someterse a un proceso de registro e inscripción ante el Gobierno.

El artículo 19 incluso ordena al Ministerio de Educación a crear «una instancia para la articulación y atención permanente con los consejos estudiantiles y demás formas de organización estudiantil, a fin de promover y acompañar todos los procesos organizativos y de participación mediante consultas, encuentros, diálogos».

Las disposiciones arriba mencionadas parecen estar destinadas a convertir a los estudiantes en contralores del sistema educativo y hacen temer que la ley sancionada y promulgada busque reforzar la injerencia gubernamental en la planificación, ejecución, seguimiento, control, supervisión y evaluación dentro de las instituciones educativas del país.

Asimismo, no puede ignorarse que el texto luce como una reedición de la resolución ministerial 058 que dictó el Gobierno nacional en octubre de 2012, a través de la cual se establecieron los consejos educativos como formas de organización dentro de las escuelas.

Otros elementos preocupantes

Un aspecto llamativo del borrador que ha trascendido es que no solo garantiza a los estudiantes «el derecho» a participar en el subsistema de educación básica, sino que establece que tienen el «deber» de hacerlo, «así como de opinar en la planificación, ejecución y gestión del Subsistema de Educación Básica» para así «defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano».

La norma parece ir a contracorriente de lo previsto en el artículo 19 de la Constitución, que reconoce el derecho a la autonomía y al libre desenvolvimiento de la personalidad, así como también el derecho a la asociación previsto en el artículo 52 del texto fundamental y el derecho a una educación de calidad (artículo 103).

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el artículo 12 del texto se afirma que «los estudiantes podrán asociarse libremente, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, ecológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales o de cualquier otra índole, en el Subsistema de Educación Básica».

Acto seguido, prevé que los adolescentes pueden «constituir, inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, así como realizar los actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas»; no obstante, no se puede olvidar que se trata de menores de edad.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica corrobora las ansias de control de las autoridades venezolanas y sus deseos por aplacar la protesta y las voces disidentes. No puede ignorarse que ha sido aprobada justo cuando el Parlamento analiza otro instrumento dirigido contra las organizaciones no gubernamentales, el único ámbito que escapa de su dominio.

Asimismo, todo parece indicar que los centros estudiantiles previstos en la normativa antes comentada se enmarcan en el llamado Poder Popular, figura no prevista en la Constitución de 1999 y que persigue la construcción de un nuevo modelo de sociedad socialista, controlada completamente por el poder del Estado.

Tememos que la norma facilite una educación no plural y que impida la formación de seres libres y autónomos, afectando el libre desarrollo de la personalidad y, en consecuencia, la dignidad y el derecho a la educación de los estudiantes.

28 de enero 2023

https://accesoalajusticia.org/controlar-estudiantes-y-aulas-posible-obje...

Las elecciones son procesos ciudadanos que hacemos entre todos. En este boletín 100 compartimos algunas pistas sobre a qué debemos prestar especial atención. Así, ponemos nuestra mirada sobre los acuerdos, el registro, el árbitro, los candidatos inhabilitados, los partidos desmembrados, la opacidad y la vigilancia. Detrás de cada uno de estos asuntos hay derechos que el Estado debe garantizar y los ciudadanos, estar en su derecho de ejercerlos

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) completa, con la presente entrega, una centena de boletines periódicos. Un esfuerzo sostenido de esta organización en sus últimos años, pensado con el ánimo de propiciar una comprensión más plural y socialmente responsable de los asuntos electorales en el país, la región e incluso del mundo.

No es, desde luego, asunto sencillo el de medir fuerzas con la desinformación, que también extiende sus tentáculos hacia lo electoral sembrando desconfianzas, reencuadrando realidades, alimentando mitos y, en suma, alejando aún más a la sociedad del desarrollo y resguardo de la democracia.

Llegamos al boletín 100 con nuestra lupa de observadores puesta en el futuro. Y lo primero que divisamos es que los venezolanos todos, junto a sus instituciones, debemos prepararnos mejor para encarar el próximo ciclo electoral: en los próximos dos años, 2024 y 2025, por mandato constitucional deberían ser renovados los 3.360 cargos de representación popular de la nación, desde la Presidencia de la República (un jefe de Estado), pasando por la Asamblea Nacional (277 diputados, tras las reformas de 2020), hasta las gobernaciones (23 gobernadores), los consejos legislativos (253 legisladores, a la fecha), las alcaldías (335 alcaldes) y los concejos municipales (2.471 concejales, según el diseño actual).

¿A qué debemos prestar atención?, ¿sobre cuáles aspectos deberíamos afinar esa mirada, para convertir el próximo ciclo electoral venezolano en una oportunidad aprovechada para un mejor futuro para el país? De seguro son más. No es menos cierto que en el camino irán apareciendo otros factores, pero, de entrada, vamos a aportar cinco elementos que vale la pena ubicar en la primera fila de los esfuerzos político-electorales necesarios en el futuro próximo.

1. Los acuerdos políticos

De lo siguiente estamos convencidos: para que las próximas elecciones en Venezuela salgan mejor, los actores políticos tienen que coincidir previamente en negociaciones para llegar a acuerdos.

Los más recientes procesos electorales pueden servir como ejemplos de cómo el acuerdo político sirve como catalizador.

Por un lado, la presidencial de 2018 y la parlamentaria de 2020 no salieron bien. La primera violó las reglas del juego democrático y derivó en un desconocimiento internacional del resultado que arrastró problemas de diversa índole. La segunda excedió la letra constitucional, al imponer un diseño arbitrario y distinto al de la legislación, y las consecuencias se evidenciaron, entre otros aspectos, en una mermada participación.

Por otro lado, la regional y municipal de 2021 detuvo el descenso de la curva de integridad electoral. Los acuerdos por una administración electoral menos desequilibrada, la habilitación de tarjetas electorales antes cooptadas y la apertura hacia una observación electoral internacional más plural despertaron una mayor participación entre actores y electores. Y ante el colofón ventajista de Barinas, la voluntad popular revalidó la viabilidad de la ruta electoral.

México es una puerta que por ningún motivo debería cerrarse. La hoja de ruta lleva rato trazada y aprobada por consenso, memorando de entendimiento incluido, con lo político y lo electoral como asuntos esenciales. En el entendido de que buena parte de las garantías y condiciones por definir se asientan, además de sobre la base de los acuerdos políticos, en el interés y la apropiación de la sociedad: las elecciones también las construye, las hace, las diseña la gente. Con sus demandas y su participación.

2. El Registro Electoral y el derecho a elegir

El más reciente corte del Registro Electoral (RE) del cual se tiene conocimiento público data del pasado 30 de septiembre. Son 21 millones 094 mil 629 electores. Pero faltan otros tantos millones.

Minimizar el amplio rezago, la creciente brecha existente entre la dinámica poblacional y migratoria con el padrón nacional de electores debe constituir una materia de primer orden porque, indefectiblemente, predispondrá el carácter de la próxima elección presidencial.

Dentro de Venezuela, una cantidad no despreciable de la población necesita actualizar su residencia y su centro de votación, mientras que el bono demográfico juvenil requiere inscribirse por primera vez. Fuera de Venezuela, los 107.878 electores que, a la fecha, aparecen registrados para votar desde el exterior no son sino una minúscula parte de los varios millones de migrantes que deben, primero, recuperar su derecho a la identidad para, entonces sí, seguir ejerciendo su derecho a elegir en esta, que continúa siendo su primera comunidad política de adscripción.

Conforme avanzan las semanas se eleva el apremio por una buena jornada especial del RE, que cumpla con los tres criterios establecidos en la legislación electoral: facilidad de acceso para los electores, presencia en sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración y garantía para todos los sectores de la población (artículo 33 de la LOPRE). El tiempo es ahora.

Desde agosto de 2022 espera discusión en el directorio del CNE un proyecto de reglamento del voto en el exterior. Una era la situación migratoria en 2009, cuando la AN aprobó la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que limita el voto migrante a aquellos con una residencia u otro régimen de legalidad de permanencia, y cuyo artículo 124 la legislatura actual debería reconsiderar. Y otra es la realidad 14 años después, cuando Naciones Unidas ha posicionado a Venezuela como uno de los países de mayores crisis migratorias del mundo.

El derecho a elegir pasa, finalmente, por el respeto al principio de calendarización: las fechas y los períodos de ley, los cronogramas electorales y el equilibrio entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos predisponen a mejores elecciones.

3. El árbitro

Lo dicen las encuestas: la imagen pública del CNE mejoró, aunque parcialmente, con la actual administración, designada en 2021 por el Legislativo, el poder público al cual le corresponde este encargo constitucional. Y esto ha sido gracias a los acuerdos políticos. Los antecedentes nos enseñan un errático camino de autoridades comiciales nombradas por el Poder Judicial desconociendo los procedimientos claramente estipulados en la Constitución.

Los integrantes del órgano electoral serán actores fundamentales del próximo ciclo. Decíamos en 2021, cuando juraron en el Parlamento, que después de las regionales de 2021 los actuales rectores serían los encargados de llevar a cabo los destinos, por lo menos, de la elección presidencial de 2024, así como de las votaciones parlamentarias y subnacionales del año siguiente.

Pero el directorio ha cambiado. Injustificadamente, desde abril de 2021 no se ha materializado el reemplazo para la falta absoluta de una de las rectorías principales. No solo está incompleto el directorio, sino también dos de los tres órganos subordinados del órgano rector del Poder Electoral.

Por el bien de todos, para el próximo ciclo electoral se necesita un CNE completo y con la mayor independencia institucional posible, a pesar de que el Estado haya propiciado en el pasado muchas violaciones al principio de separación de poderes. Un CNE que refuerce su capacidad sancionadora ante arbitrariedades recurrentes en campañas electorales como el uso de bienes y recursos del patrimonio público con fines electorales y la aparición de altos funcionarios públicos en ejercicio favoreciendo parcialidades partidistas.

4. La participación política y el derecho a ser elegido

Corregir tanto desnivel acumulado, tanta pendiente, en el terreno de juego electoral pasa por sincerar quiénes pueden alcanzar o recuperar el derecho constitucional a ser elegidos.

Aquí hace falta hacer valer la carta magna, la cual establece que los derechos políticos únicamente pueden ser despojados mediante sentencia judicial firme. Y no mediante inhabilitaciones administrativas de la Contraloría, avaladas por una ley de cuestionada constitucionalidad.

La inhabilitación con aparente motivación partidista ha venido superándose a sí misma en las elecciones recientes: ya no es solo la denuncia del Partido Comunista, formación disidente de la coalición gobernante, de retiro de 15 de sus candidatos en 2021 sin investigación ni decisión previa, o el caso de su candidato a gobernador de Barinas quien sí pudo inscribirse para noviembre de 2021, pero no para enero de 2022, por otra súbita inhabilitación. Es también que, en Barinas, ocurrió la inhabilitación retroactiva del candidato inicialmente ganador de esa gobernación, al igual que la de su esposa, quien de paso nunca ha ejercido cargos públicos.

No por casualidad la segunda de las recomendaciones prioritarias de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) habla de suprimir esa prerrogativa de la Contraloría de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.

A las inhabilitaciones se une el tema, también irresuelto, de la entrega de los símbolos y de las tarjetas electorales de seis partidos políticos (no solo los opositores Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Movimiento Republicano, sino los oficialistas Tupamaro y Patria Para Todos) a facciones internas minoritarias. Y, ante esto, la primera de las recomendaciones urgentes de la MOE UE: evitar que el Poder Judicial invada las competencias del Poder Electoral.

5. La desinformación y la vigilancia social

Como decíamos más arriba, la sociedad hace buena parte del ciclo electoral: desde su motivación a inscribirse o actualizar sus datos en el RE, pasando por su participación como miembros de mesa, hasta su votación misma en la jornada electoral. Para participar del ciclo electoral, sin embargo, la gente precisa de información. Solo con datos verificados, confiables, veraces y oportunos los electores podrán tomar decisiones responsables y conscientes.

Además de un ecosistema mediático disminuido, el rigor de la censura y la opacidad en el acceso a datos públicos, Venezuela también ha padecido desinformación electoral. Hablamos de toda información falsa o maliciosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto.

La lucha por el acceso a información veraz es una cruzada que requiere del concierto de todos, desde el árbitro, pasando por los actores políticos, hasta los electores. Se libra insertando políticas concretas contra la desinformación en los próximos cronogramas electorales, desde el CNE; evitando y siendo oportunamente sancionados quienes promuevan información maliciosa e intenten manipular la conversación pública, desde las candidaturas y los partidos; y haciendo mayores esfuerzos de alfabetización digital para saber con criterio más afinado qué huele a mentira, desde la sociedad.

La pluralidad de flujos comunicacionales también se fortalece permitiendo una observación electoral nacional e internacional diversa e independiente, capaz de advertir faltas con libertad, pero también de recomendar mejoras que redundan en el desarrollo y resguardo de la democracia.

La desinformación no es, sin embargo, la única nube oscura. Urge aclarar el uso del Sistema Patria y del carnet de la patria con fines electorales. Como también recomendamos desde la observación electoral en su momento, el terreno se desnivela menos si se da a conocer cuál es la institución responsable de la gestión de los datos de esta plataforma, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos y con qué fines, todo bajo el derecho constitucional de acceso a la información.

Terminamos como empezamos: enfatizando la importancia de que la sociedad exija, reclame y abrace los acuerdos políticos que deben surgir sobre las condiciones y garantías necesarias para transitar un próximo ciclo electoral lo más competitivo posible. Así como la naturaleza no da saltos, así también los procesos para lograr altos niveles de integridad electoral son graduales, incrementales. Trabajemos, con el concurso de todas las partes, con todos los venezolanos, en la construcción de una vía para avanzar en la reinstitucionalización del país hasta encontrarle puerta de salida constitucional, pacífica y democrática a la crisis que todavía determina nuestra cotidianidad.

Segunda quincena de febrero 2023

https://oevenezolano.org/2023/02/boletin-100-el-futuro-electoral-venezol...

El 24 de febrero se cumplió un año de la invasión criminal rusa a Ucrania. La tragedia infligida cruelmente al pueblo ucraniano pone de manifiesto la naturaleza del poder autocrático de Putin, enraizado en una oligarquía corrupta cuyas ramificaciones se extienden dentro y fuera de su país. Impone sus intereses con la “razón de la fuerza”, en desapego a las reglas de juego acordadas para su prosecución con la fuerza de la razón. No hay límite a sus pretensiones. Gusta imaginarse cumpliendo una misión histórica inobjetable, la de rescatar la grandiosidad de la Rusia de los zares o como eje de la todopoderosa URSS. Obsesionado por tal cometido no ha vacilado, en pleno siglo XXI, a desatar de nuevo el horror de las guerras de conquista de antaño, violando la normativa para la convivencia consensuada con paciencia luego de la II Guerra Mundial, que buscaba impedir su retorno. Obvio que, de triunfar el agresor, las posibilidades que ofrece la democracia liberal para la preservación de los derechos humanos dentro del concierto de naciones se verán seriamente amenazadas. ¿Prevalecerá la ley del más fuerte?

Las características de autocracias como esa han sido analizadas con perspicacia por Moisés Naím en su libro, La revancha de los poderosos, así como en artículos de la renombrada periodista, Anne Applebaum, entre otros. Sus mecanismos para acceder y consolidarse en el poder los resume Naím en el ejercicio de las tres “P”: Populismo, Polarización y Posverdad. Sin duda conocer de cerca la tragedia venezolana le ha sido de utilidad para arribar a tal síntesis: muchos de los atropellos desplegados hoy por Putin encuentran antecedente en estos largos años de chavo-madurismo. Más allá, identifican también a otros regímenes, conocidos por desplegar abusos parecidos, notoriamente las teocracias del medio oriente. De manera cada vez más preocupante, empero, se asoman, igualmente, en países que se creían asociados a la cultura democrática liberal de occidente. Que gobiernos como los de Turquía, Hungría, Polonia e, incluso, India, terminen deslizándose hacia la conformación de autocracias parecidas es, sin duda, objeto de preocupación para el avance de las libertades en el mundo.

Putin escenificó hace unos días la celebración de su agresión en un enorme estadio de fútbol en Moscú, acarreando un público alabancioso en autobuses, con el embeleso de tretas histriónicas como las que nos tenía acostumbrados el “eterno”. El relato es también muy similar: la convocatoria a los patriotas para defender al país contra una arremetida enemiga que le niega a Rusia el papel que le corresponde en el mundo. En esta narrativa, el país agresor es proyectado como el agredido. La OTAN, al entregar armas al gobierno de Zelenski, desató una guerra contra la Madre Rusia. El llamado, por tanto, es a defenderla a como dé lugar, así sea destruyendo vidas y las condiciones de existencia de quienes, hasta poco, identificaba como étnicamente rusos, hermanos que era menester liberar de la opresión “nazi” (¡!). Y, para completar su circo, exhibió en el escenario niños ucranianos sustraídos de las ruinas de la ciudad ucraniana de Mariúpol, destrozada y luego capturada por el bestial bombardeo ruso.

Putin proyecta su agresión como si se tratase de una cruzada salvadora contra la depravación del mundo occidental y obtiene, con ello, la bendición del Patriarca Kirill, máximo representante de la iglesia ortodoxa rusa. Éste no titubeó en afirmar que el sacrificio "en el cumplimiento del deber militar" en la guerra contra Ucrania “lava los pecados". En este orden, ¿qué importa destruir escuelas, hospitales, viviendas e instalaciones de generación eléctrica? Se trata de defender el orden, la moral y los valores sempiternos que Rusia ha sabido preservar. No puede sorprendernos, viniendo de donde viene, que se afirme que los ataques genocidas a la población ucraniana ¡son obra del propio gobierno de aquel país!

Los crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en Bucha, Mariúpol, Chérnigiv y otras poblaciones –centenares de muertos civiles acribillados-- no serían tal en este imaginario. En la más diabólica asunción de la neolengua orwelliana, pasarían como gajes de esta guerra santa y patriótica: “La Guerra es la Paz”. Se le atribuye a Stalin haber afirmado que la muerte de una persona es una tragedia para sus deudos; la muerte de miles, sin embargo, es una estadística. Putin, con razón, busca retratarse como si asumir el rol de tan terrible antecesor demostrase su voluntad inquebrantable de defender la Rusia eterna. Viene a la mente la imagen de Maduro en 2014, cuando se hizo filmar bailando mientras que en la calle, militares y bandas fascistas asesinaban a manifestantes desarmados.

En otro plano, se ha hecho notoria en la agresión imperialista rusa a Ucrania, el uso de tropas mercenarias bajo el mando de poderosos oligarcas amigos de Putin. El más conocido, aunque no es el único, es el Grupo Wagner, que reclutó miles de presidiarios prometiéndoles la remisión de sus penas si acudían como reclutas a pelear contra Ucrania. Este grupo ya había adquirido fama como contratistas del carnicero de Siria, Bashar al-Assad, para aplastar a la rebelión en su contra, así como por su participación en la guerra civil en Libia y en los conflictos en el centro de África por el control de la comercialización de minerales y metales preciosos. Mientras, se criminaliza, con abultadas penas de prisión, a todo ruso que proteste contra la brutal agresión conducida por su presidente contra un país vecino y se terminan por cerrar los últimos vestigios de medios de comunicación críticos. Notorio también ha sido el envenenamiento de prominentes figuras contrarias a Putin y/o su misteriosa desaparición.

En Venezuela es patente que la explotación (ilegal) del oro, coltán, diamantes y otros minerales sea disputada entre el ELN colombiano y los llamados “sindicatos mineros”, con las exacciones de rigor de militares cómplices. La existencia de mafias depredadoras en algunos ámbitos de la FAN, asociadas con bandas criminales para explotar toda suerte de ilícitos, pone de manifiesto la descomposición que corroe las instituciones de un país cuando es desmantelado el Estado de derecho.

Pero no se trata solo de similitudes o de simpatías por compartir posturas contrarias a la democracia liberal. Son los acuerdos que se han venido adelantando para colocar a Venezuela –y a otros países latinoamericanos, léase Nicaragua y Cuba—bajo la esfera de influencia rusa. Recordemos la presencia de tropas y bombarderos militares rusos hace poco en el país. Son expresión de las ambiciones de poder global de Putin, que no acepta que su país sea relegado a ser una potencia de segunda. De ahí las amenazas solapadas de su chantaje nuclear contra aquellos que se le oponen. Guardando las distancias, nos recuerda la conducta de connotados jerarcas del régimen de asomar deliberadamente la amenaza contra toda crítica, para salirse con la suya. ¡Con el mazo dando!

Es menester que la ofensiva imperialista de Putin en Ucrania sea derrotada y ese martirizado país pueda disfrutar de las posibilidades de avanzar, en democracia y en libertad, con su reconstrucción plena. El trágico error del primer ministro inglés de la época, Neville Chamberlain, junto al de Francia, Edouard Daladier, de creer que apaciguaban a Hitler cediéndole el territorio checo de los Sudetes que reclamaba, no puede repetirse hoy. Señal tan clara de que los países rivales cederían ante la amenaza de la fuerza desató, como sabemos, la peor guerra que ha conocido la humanidad. Hoy no puede cederse ante las ansias de expansión de su homólogo eslavo en Rusia. Está en juego la preservación de la democracia liberal como eje de la paz, la libertad y la convivencia del mundo actual.

Derrotar a Putin, deberá incidir también en que Maduro y sus cómplices militares entiendan que no basta ya con la “razón” de la fuerza para continuar imponiéndose. Ojalá contribuya a abrir las puertas a un acuerdo con la oposición para restituir los derechos que permitan el cambio político deseado, en paz.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

A escasos tres meses de celebrarse las elecciones universitarias, solo a través de las redes sociales el profesorado de a pie tieneal guna información de lo que se está discutiendo con relación a la elección de las nuevas autoridades rectorales en la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, trasciende que hay un movimiento de grupos de profesores que manejan nombres de aspirantes y candidatos a ocupar cargos directivos de la Universidad Central en un ritual casi masónico.

Vector político UCV, una organización que se define de “extensión para la investigación, el desarrollo y la innovación de la Universidad” distribuye una encuesta de intención para el rectorado con nombres de profesores que están supuestamente interesados en ocupar la silla rectoral.

Muchos colegas han denunciado la grave situación académica y estructural en que se encuentra nuestra universidad y si estas preocupaciones responden a un genuino interés de construir una universidad que no repita los errores del pasado, el profesorado y el estudiantado debería estar discutiendo muy seriamente el futuro próximo de nuestra institución, cuando, repito, faltan escasos tres meses para las elecciones,

Es difícil escribir sobre este asunto en estos momentos, sin dar la impresión de querer sembrar pesimismo en la comunidad académica. Nada más lejos de mi intención es pretender hacerlo, después de sesenta años de servicio en la Universidad; pero considero mi deber de viejo profesor compartir mis preocupaciones porque estoy genuinamente deseoso de que Venezuela cuente a futuro con universidades académicamente más adecuadas a las

exigencias del ahora. Y lo hago aun a sabiendas que puede no ser del agrado de algunos.

Con todo el respeto que merecen los candidatos que se están conociendo, para, por lo menos buscar solucionar algunos de los problemas que arrastra nuestra universidad no es tarea de una sola persona, o de un equipo rectoral, sino de la capacidad, el sentido común, la voluntad y el compromiso de la comunidad académica.

Nosotros hemos escogido la vía electoral democrática para seleccionar por mayoría a los colegas que van a ocupar los cargos de mayor responsabilidad de la universidad; defendemos ese principio y nos sentimos orgullosos de hacerlo, pero estamos en la obligación de respetar sus premisas. Respetarlas, significa que el profesorado activo y una representación calificada de estudiantes debe estar bien enterada de cuáles son las credenciales académicas (más allá de que tengan un título de doctor) de los candidatos, cual es el plan de trabajo que proponen para el rescate académico de la institución y, sobre todo, como llevar a cabo sus propuestas.

No me cansare de repetir que el éxito de la universidad reside en la calidad de los profesionales que forma y el conocimiento nuevo que generan sus profesores; es decir en la calidad de la docencia que imparten y la investigación que realizan sus profesores. Sin restarle la importancia coyuntural que pudieran tener, todas las demás son funciones o atribuciones colaterales.

Nunca fue un acierto decir que hay que llegar al poder y después hacer los cambios, como me dijo una vez un colega y ahora lo es menos que menos. La pasividad y el desánimo del profesorado universitario es palpable y la sostenibilidad de la institución está comprometida por lo que llegar a ocupar la silla de Vargas significa en estos momentos un enorme compromiso más que un privilegio que puede alcanzar un profesor.

Son tiempos difíciles los que tenemos que enfrentar. Sabemos que cualquier cambio en la universidad debe vencer la inquina que le tiene el gobierno, pero, aun así, es necesario comenzar desde adentro a abrir caminos propicios para construir la universidad necesaria para el futuro. Para lograrlo es indispensable que quienes lleguen a ocupar cargos de dirección en la universidad cuenten con la participación activa de los integrantes de la comunidad académica que quiera y pueda ayudar a alcanzar ese logro.

Cargamos sobre los hombros el peso de la llamada política universitaria que ha permanecido enquistada en la universidad durante más de medio siglo que la comunidad académica debe repensar porque ha sido nociva para la institución. Puede parecer muy difícil lograrlo, habrá que cambiar el gobierno dirán algunos, aunque pueda haber parte de razón en ese argumento, hay que tener el valor de comenzar a propiciar cambios a través de la confrontación de planteamientos y de ideas que giren en torno a los valores sustanciales de la universidad y también de aceptar que los conciliábulos para seleccionar candidatos deben dar paso a la convocatoria de la comunidad académica para discutir programas de trabajo que permitan construir conjuntamente el futuro que queremos para nuestra universidad.

@cbifano

Profesor Titular de la UCV

Individuo de Numero de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales

Nueva Universalia. Defensa de los valores de la Academia

26 de febrero 2023 2023

Una profecía autocumplida es el proceso por el cual determinadas expectativas conducen a su propia confirmación. Una creencia sobre un evento futuro que lleva a las personas a actuar de una cierta manera, lo que en última instancia hace que se produzca el resultado anticipado. El término formal proviene del sociólogo norteamericano Robert K. Merton, pero ya antes Henry Ford lo había enunciado, “tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón”.

En economía, es la noción de que las creencias colectivas y las expectativas de los consumidores, las empresas y los inversionistas pueden influir significativamente en los resultados económicos de un país, al impactar en la conducta y en la toma de decisiones de los individuos.

Cuando dichas expectativas son optimistas, es muy probable que los consumidores y las empresas actúen acorde, invirtiendo y gastando más dinero, lo que de inmediato impulsa el crecimiento económico. Por el contrario, cuando las expectativas son pesimistas, la actividad económica se reciente y el crecimiento se desacelera.

El gobierno juega un importante papel en este proceso. Cuando las políticas públicas se consideran beneficiosas para el desarrollo de la economía, ello conduce a un aumento del gasto de los consumidores y de las empresas, lo que a su vez conduce a un mayor crecimiento económico. Lo contrario produce un efecto desfavorable. Lo mismo se puede decir de la percepción del desempeño del Banco Central.

De igual manera, los medios de comunicación juegan un rol crucial en la formación de expectativas de la población. Si las noticias económicas se difunden de manera positiva, pueden generar un mayor gasto de los consumidores y las empresas. Compleja labor si no hay noticias positivas que difundir, pero debemos cuidarnos mucho de las fake news.

En la Venezuela contemporánea, el ligero crecimiento económico de finales del 2021 y el primer semestre del 2022 se alimentó considerable de la susodicha profecía, ya que en general se respiraba un cierto aire de mejoría. El mercado como colectivo incrementó su consumo, las empresas mejoraron su contratación y remuneración, los emisores e inversionistas regresaron a la bolsa de valores, surgieron algunos nuevos negocios. Las expectativas ayudaron al resurgir del sector comercial, que vivió una tenue mejoría de la mano del gasto particular.

Pero luego nos pegó la modificación del IGTF sobre la dolarización, la debacle monetaria de agosto y la caída de la renta petrolera por la pérdida del aliado ruso para la colocación del crudo, y muy pronto el sentimiento colectivo cambió. Las esperanzas de mejoría se desvanecieron de la mano del resurgir de la inflación y la depreciación sostenida de la moneda. Expectativas negativas autocumplidas.

Hoy día, aun cuando los economistas todavía predecimos un repunte del PIB para el 2023, el saber popular está muy desanimado y las velas están arriadas. El consumo agregado ha bajado, las empresas están agazapadas, las ventas y la cobranza maltrechas, y el arribo de unas aburridas primarias no ayudan en nada. Dichas expectativas negativas conducen a un mayor deterioro del desempeño económico nacional.

Como colectivo, lo que necesitamos con urgencia es renovar el ánimo. Empero, recuperar nuestro entusiasmo no es tarea fácil, ya que hace falta crear un ambiente positivo en lo económico y en lo político, y ambos planos están seriamente comprometidos por ahora.

Quizás una mayor apertura petrolera junto al incremento del comercio bilateral con Colombia y Brasil, más el necesario acuerdo tripartito para mejorar el salario público nos traigan renovadas esperanzas económicas. Quizás algún sorprendente pacto electoral motive al desilusionado pueblo a sonreír nuevamente.

Quisiera pensar también en un certero viraje de las políticas públicas, pero ni en el famoso sueño de Martin Luther King había tanta esperanza. A corto plazo necesitamos unirnos para apoyar y generar expectativas francamente positivas, a partir de escenarios creíbles. De esas que según la embrujada profecía, se puedan autocumplir.

guillermomendozad@gmdconsultor.com