1.-Hay un nexo entre la narrativa de Putin y la de la mayoría de los gobiernos occidentales con respecto a la invasión a Ucrania. Según esa narrativa la invasión comenzó el 24 de febrero de 2022. La versión del gobierno de Ucrania contradice, sin embargo, esa narrativa.

De acuerdo al gobierno de Ucrania, la invasión comenzó en el 2014 con la invasión a Crimea y la apropiación rusa de los territorios del Donbass.

La determinación de ese comienzo es fundamental para determinar cuál deberá ser el final histórico de la invasión. Si comenzó en 2022, el fin de la guerra de Putin tendrá lugar solo si este devuelve una parte de la nación a Ucrania. Según el gobierno ucraniano, en cambio, el fin de la guerra de Putin solo podrá tener lugar con el abandono de las tropas rusas de toda Ucrania. Desde el punto de vista del gobierno de Zelenski, Ucrania nunca será libre si tiene republiquetas rusas militarizadas (como las de Donesk y Luhannsk) enquistadas en su territorio.

A favor de la tesis ucraniana habla el hecho de que entre 2014 y 2022 hubo una guerra de baja a mediana intensidad entre las tropas rusas y la resistencia nacionalista de Ucrania. Lo que cambió en 2022 fue solo el grado de intensidad de la guerra, pero no la guerra. Que la mayoría de los países europeos hubiera intensificado durante 2014 y 2022 el acercamiento económico y la creación de lazos de dependencia con Rusia, no cambia en nada la razón ucraniana. Ese fue un problema europeo, no ucraniano.

2.-El paso de la guerra desde una baja a una alta intensidad en Ucrania es parte del proyecto histórico forjado por Putin. Ese proyecto persigue como objetivo la recuperación territorial del antiguo imperio ruso, sea en su forma zarista, sea en su forma estalinista, o mediante una combinación de ambas.

Según la lectura de Putin, Rusia comenzó a desmembrarse con la revolución bolchevique y la posterior decisión de Lenin de otorgar a Ucrania su independencia territorial y política. En Stalin, vio Putin, y con cierta razón, un proyecto de restauración de la Rusia zarista, aunque bajo otras formas de dominación ideológica. Gorbachov, en cambio, habría reconectado con Lenin, y facilitado la desarticulación del imperio. Partiendo de esa lectura, Putin se entiende a sí mismo –lo ha dicho reiteradamente– como continuador del legado de Pedro el Grande y de Stalin a la vez.

3.-De acuerdo a la lectura ucraniana, la lucha de liberación nacional del país comenzó a tomar formas durante y después de la revolución de Maidan (noviembre del 2013) en contra del plan de Viktor Yanukovich, seguidor de Putin, cuyo objetivo era convertir a Ucrania en una segunda Bielorrusia. Las multitudes congregadas en la plaza Maidan agruparon a ucranianos de todos los partidos, de todas las religiones, de todos los sectores sociales.

Según la versión de Putin, oficial en Rusia, la revolución de Maidan no fue más que un golpe de estado fascista. Pero según la lectura ucraniana, la del 2013 fue la continuación de una revolución que había comenzada en 1989 con el fin del imperio ruso, con la declaración de independencia de Ucrania en 1991, después continuada con “la revolución naranja” del 2004 y culminada en la plaza Maidan, el 2013. Por eso los patriotas ucranianos nos hablan del “mandato de Maidán”. Desde la perspectiva ucraniana, la guerra de resistencia a la invasión de Putin es una lucha de liberación nacional, democrática y popular.

4.-La invasión de Rusia a Ucrania no fue solo un acto de apropiación territorial. Fue también parte inicial de una contrarrevolución en contra del orden político mundial establecido después del derrumbamiento de la URSS.

5.-Putin intentó presentar la invasión como un levantamiento de Rusia en contra de la ampliación de la OTAN. Esa mentira fue hecha suya no solo por sectores putinistas, sino también por un pacifismo antipolítico que predomina en algunos países europeos e incluso en los EE. UU.

Una mentira no solo mentirosa. Es, además, perversa: su objetivo (consciente o inconsciente, no importa) es presentar la invasión a Ucrania como una guerra defensiva en contra del “imperialismo norteamericano” justificando así todas las masacres a la población civil de Ucrania. Pero esa mentira ha ido cayendo por sí sola.

La gran ampliación de la OTAN ocurrió en el 2009 y Putin, sabedor que ese era el precio que debía pagar por la destrucción de Chechenia y la sangrienta guerra a Georgia, no elevó, durante ese periodo, la menor protesta. Las peticiones de Ucrania, para ingresar a la OTAN hechas desde 2008, nunca fueron aceptadas por la UE. Fue también el peor error cometido por la política internacional europea.

Si Ucrania hubiera ingresado a la OTAN en el 2008, Putin, probablemente, no se habría atrevido a invadirla en el 2014 y mucho menos en el 2022.

6.-La invasión rusa a Ucrania ha intentado ser presentada por Rusia como parte de una lucha en contra de la dominación de Occidente dirigido por los EE UU, tesis hecha suya por la mayoría de los restos de la izquierda estalinista que perviven en diversos países occidentales.

Para el presidente Biden en cambio, es expresión de una contradicción fundamental, y esa es la que se da entre el mundo democrático y el mundo autocrático, cuyo eje militar es en estos momentos la Rusia de Putin y su eje económico, la China de Xi Jinping. Para el canciller alemán Scholz la de Putin es parte de una reacción internacional en contra del orden político mundial configurado después del fin de la URSS. Entre esas tres tesis no hay, sin embargo, ninguna contradicción.

Occidente es para Putin el conjunto de naciones democráticas del planeta, lo que viene a confirmar la tesis de Biden. No hay ninguna nación democrática que apoye a Putin. La de Putin puede ser vista como una reacción frente a la hegemonía de las democracias en contra de las autocracias, conquistada después del fin del comunismo. Desde esa perspectiva, la Rusia de Putin es, en este momento –hay que reiterarlo- la vanguardia militar de una contrarrevolución antidemocrática de carácter mundial.

7.-El orden político que representa y defiende Putin desde Rusia, tiene su correlato en el orden político impuesto por su autocracia al interior de Rusia.

Podemos caracterizarlo como un sistema de dominación sustentado en cuatro pilares: 1) El militar, 2) los servicios secretos directamente vinculados al dictador, 3) un aparato ideológico que en la Rusia poscomunista es representado por la ultrareaccionaria Iglesia ortodoxa y, 4) una clase social formada por capitalistas mafiosos, los llamados oligarcas, a los que está permitido todo, menos inmiscuirse en asuntos políticos.

Con algunas variantes es el mismo orden político antiliberal que defienden el católico Orban en Hungría, el musulmán Erdogan en Turquía, los siniestros ayatolas de Irán, y en América Latina, los neo estalinistas Ortega, Maduro y Díaz Canel.

8.-En Ucrania no solo está en juego Ucrania.

No se trata de un par de kilómetros cuadrados como imaginó Kissinger con la mirada todavía clavada en la “guerra fría”. Tampoco se trata de que Rusia por razones económicas va a frenar su expansión si obtiene como botín a Ucrania, como opinó sin ningún fundamento y con mucho cinismo el geoestratega John Mearsheimer (muy citado por los aparatos de propaganda rusa).

Rusia es parte de un conglomerado antidemocrático mundial y su derrota en Ucrania sería también una derrota de las fuerzas antidemocráticas del mundo.

Por el contrario, si Putin logra imponerse, todas las conquistas democráticas alcanzadas por Europa después de 1990 se vendrían al suelo. La ONU se convertiría en una inutilidad, y la ley de la selva regiría los destinos del planeta.

9.-A diferencias de autocracias y dictaduras, las naciones democráticas (también llamadas liberales), al haber incorporado el debate y la argumentación en sus discursos, aparecen a primera vista menos unidas entre sí que las naciones autocráticas.En el hecho, frente al caso Ucrania podemos distinguir dos segmentos. Uno de apoyo total a Ucrania. Otro de apoyo relativo. En el primero ubicamos a la mayoría de los países de Europa Central y del Este, más Inglaterra y los EE UU. En el segundo, a naciones cuyos gobiernos piensan más en términos económicos inmediatos que políticos, como son los de Alemania y Francia.

El gobierno de Ucrania ha aprendido a diferenciar entre esos dos segmentos. Su estrategia es confiar plenamente en el primero, pero tratando siempre de comprometer y vincular al segundo.

10.-La contradicción entre democracias y antidemocracias no solo tiene lugar en el espacio internacional. En cada país, en cada elección, dicha contradicción sobredetermina a las políticas aunque sus actores no se den plena cuenta de ello.

Cada autócrata políticamente derrotado en cualquier lugar del mundo, será una derrota de Putin y su proyecto de dominación internacional.

El conflicto de Ucrania no solo tiene lugar en Ucrania.

Twitter: @FernandoMiresOl

Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador y Cientista Político, Escritor, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la revista POLIS.

Dicen que Latinoamérica es un continente inviable y al ver su historia, un hilo de pánico hace temer que sea cierto. Quienes sostienen esto pretenden demostrarlo con la baja calidad de las universidades, el retraso científico tecnológico, la inexistencia de un tejido empresarial fuerte, el escaso flujo de inversiones, el anacronismo de los intelectuales, de una forma u otra, enemigos de la modernidad, la democracia y naturalmente colectivistas, estatistas, populistas y simpatizantes de cualquier escoria autoritaria que aparezca, incluido Pedro Castillo. Si sacamos a Uruguay, bendito mientras cuenten con la genialidad de Pepe Mujica, cuando algunos países intentan asomar la cabeza, la coalición de sabios imbéciles logra torcer la marcha y regresar al pasado. Por citar apenas dos casos, durante los 50 exportar materias primas empujaba hacia adelante, abría perspectivas de futuro, mientras Asia registraba aterradores índices de miseria, pero hoy son los países de mayor crecimiento económico y apertura, encabezados por China. Las fotografías de niñitos famélicos rodeados de moscas de las favelas brasileras, se tomaban entonces en Hong Kong, Cambodia, China.

La fatalidad mandó a Cepal a convencer a los gobiernos de posguerra que exportar café, cambures, caucho, maíz, petróleo, hierro, era una “explotación” indigna, subdesarrollante (“que culpa tiene el tomate…”). Un filibustero cósmico, el argentino Raúl Prebisch, ideó que “el modelo agroexportador” era la fuente del atraso, había que industrializar a la fuerza; y ese esquema demente no logró borrar del mapa la región en treinta años con el desastre de la deuda externa, gracias a las ambulancias del FMI. De no ser así, seríamos una especie Somalia gigante o Cuba. En el mismo período la izquierda armada, -en varios sentidos-, con su teoría de la dependencia, miraba por encima del hombro el “reformismo cepaliano” y tenía orgasmos múltiples con ver a “Fidel”, su antimperialismo, el control total de la economía y la vida social bajo una tiranía feroz. La diferencia entre uno y otro es que mientras Cepal quería muy poca y restringida inversión privada, la dependencia aspiraba fusilar a los kapitalistas. El filibustero cósmico en esta etapa fue Eduardo Galeano, autor de un desgraciado panfleto del que al final de la vida se arrepintió, aunque sus fanáticos no quisieron enterarse.
Mal síntoma que el libro más leído de ciencias sociales de la región sea semejante derrelicto. El terremoto mundial, la crisis de la deuda en los 80, enseñó a los gobiernos a cepillarse los dientes en economía, usar jabón, derrotar las hiperinflaciones, las hiperdeudas externas, las hiperdevaluaciones; que existían variables necesarias de estabilizar para crecer y enfrentar los problemas sociales ¡Ahora sí! ¡Estamos condenados a triunfar! El alto crecimiento económico trajo estabilidad democrática en Chile, Argentina, Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Centroamérica, etc. Pero la asombrosa mediocridad intrínseca de las élites, intelectuales de izquierda que no sabían ni quien era Den Xiaoping y de derecha que no tenía idea de Reagan, no entendían lo que pasaba en el mundo y nos lanzaron de nuevo al barranco por odio a la democracia, los partidos y el kapitalismo. Apenas en 2019 vi con asombro al economista Dr. Tonto, de apellido Castillo, Casas o Cuevas, reflexionar sobre la virtudes del vandalismo “benefactor,” culpa de la injusticia social, como si hablara de Haití o Nicaragua, ante la arremetida bárbara contra la democracia chilena, país que ya había ingresado al club de los desarrollados.
Reapareció la contrarrevolución y el continente dio la vuelta en U para desnucarnos durante los 2000 en experimentos iguales de peores que las revoluciones del siglo XX. Se pensaba que, a diferencia de otros países del “cambio de era”, con la revolución ciudadana Ecuador en 2007 había ganado la rifa de un gobierno autoritario, pero que se cuidaría de no afectar las reformas de los 80/90, entre ellas la dolarización. Pero comienza por levantar la raída vocinglera populista contra la “injusticia de la deuda” por “ilegitima” y había “compromisos nacionales urgentes que pondré por delante”. Ante los desconcertados y crédulos fondos de pensiones holandeses, suecos o irlandeses que tuvieron la ingenuidad de comprar “ilegítimamente” bonos ecuatorianos, el gobierno desconoció a sus acreedores por kapitalistas y declaró el impago, en un típico acto de viveza criolla, como el célebre mono que aprovecha al león dormido para darle un palo en lomo. La deuda ecuatoriana era pequeña (10 mil millones de dólares) por la correcta administración previa del Ecuador y su dolarización, pero estafar a los acreedores destruyó la confiabilidad del país, incorporado ahora a la banda de tracaleros globales, junto con el kirchnerismo y otros impresentables.
El efecto inmediato del presidente economista de “la revolución ciudadana”, los papeles financieros se devalúan y sube la calificación de riesgo. Se vendían para hacer cotillones y como buen vivote tropical, el mismo los compra con lo que “coronó” 7 mil millones y liquidó la deuda, pero también hasta el último átomo de credibilidad en el gobierno y la economía ecuatorianos. Lo extraordinario es que Correa contaba con holgados recursos y estas operaciones son solo para dejarle claro al sistema financiero internacional quien lo tenía más grande y usó los abundantes ingresos petroleros en repetir la desgastada, curtida y harapienta comedia populista. Repartir dinero a chorros para hacerse amar, lo que también como siempre produjo un crecimiento artificial del consumo y la economía, pero la condenó, como dicta la navaja populista, a la pronta desgracia. Récord mundial en velocidad de crecimiento del gasto público, derroche y corrupción de hasta cinco veces la tasa de crecimiento económico. El Estado duplicó su peso en la economía, con la perversa multiplicación de deudas y nóminas.
Durante la etapa inicial del espejismo que viven los bochinches populistas, tuvieron sus quince minutos de fama: crecimiento de las clases medias, aumento de programas sociales, reparto a manos llenas y prebendas a amigos y financistas, reducción de la pobreza, una ilusión fugaz, como siempre, hasta que se terminó la fiesta. Los extremos de la locura fueron tales que la deuda pública, que como decíamos, era de apenas 10 mil millones, creció como Hulk a 100 mil millones de dólares (diez veces) pese a haber tenido ingresos petroleros por 80 mil millones. El presidente, enemigo del sistema financiero, tuvo que entregar la mitad de las reservas de oro a Goldman Sachs para conseguir financiamiento que le permitiera por lo menos pagar a los empleados y las facturas, y después de bramar contra el FMI, terminaron pidiéndole apoyo. El sucesor, Lenin Moreno, detiene la revolución, pero termina tan catastróficamente (7% de intención) que no pudo siquiera aspirar a la reelección, por dos razones. Primero porque el mismo no entendía muy bien la economía y no tuvo precisión sobre qué hacer para superar el caos heredado, bien porque su equipo tenía las mismas insuficiencias de origen.
Tal vez él no se atrevió a asumir el cambio estructural y terminó en una tierra de nadie que se lo tragó, como a Macri y otros si no se dan cuenta (nuestro vecino de al lado). Hay que pensar en la economía y también en sus efectos políticos. Medidas que frenan la inversión y la creación de empleos, perjudican a la gente, tal como aumentar 25% los impuestos a las empresas e incrementar los aranceles a la importación, con el fin de reducir el déficit fiscal a 7%. Como es costumbre aplican ajustes a la gente y no al gobierno, con una demagógica reducción de 10% de los salarios en las altas esferas del Estado. Centró la atención en cambios políticos, que aunque necesarios, no atraen la atención de las mayorías. La Ley Orgánica de Comunicaciones, permitía a los revolucionarios regular la información con la Supercom (superintendencia de comunicaciones), según dice un paradójicamente un panfleto “para velar por el derecho de las personas a la comunicación (y) para ello, monitorea los medios de comunicación social”. Pero lo esencial de esos cambios políticos es la reforma constitucional que impide la reelección. Trágico para el prestigio de Moreno fue subir el precio de la gasolina que era prácticamente regalada y siguió siéndolo después del aumento, y después echar para atrás la decisión. Correa dejó al país en bancarrota, Moreno recuperó la democracia y el nuevo presidente, Guillermo Lazo (52.4%), ganó al exministro de Correa, Andrés Arauz (47.4%) en las elecciones de 2021.Todo está en proceso.

@CarlosRaulHer

La sociedad civil venezolana, conjuntamente con los partidos políticos, ha participado y organizado diversas consultas políticas y procesos electorales en las dos últimas décadas. Para la segunda tarea, procesos electorales, no requiere, de manera imprescindible, del apoyo y concurso de organismos oficiales, nacionales o internacionales, especializados en el tema electoral; pero qué duda cabe que contar con ese apoyo puede simplificar y hacer menos costosa esa actividad y de paso lograr una mayor participación.

Para el evento de primaria previsto a realizarse este año, la Comisión Nacional de Primaria (CP) recibió, a través del reglamento respectivo, un mandato claro y preciso: se le asignó el objetivo y misión de organizar el proceso de elección de un candidato unitario de la oposición democrática a la Presidencia de la República para la próxima elección presidencial, prevista según la Constitución vigente, en el año 2024. A esa actividad se ha dedicado de manera continua, ininterrumpida −incluso durante el período navideño− cuyo único límite son las atribuciones, funciones e “instrumentos” que le asigna el Reglamento, que le establece también límites y limitaciones para cumplir esa tarea.

De manera pues, que el mandato es claro: la tarea de la CP es hacer todo lo conducente para que se pueda realizar un proceso electoral del que surja ese candidato unitario; si de ese proceso se derivan otros resultados, igualmente importantes, como la organización y movilización de la oposición democrática, la “revelación”, descubrimiento o surgimiento de nuevos líderes opositores u otras actividades y consecuencias adicionales, serán eso: adicionales a su misión fundamental.

Pareciera innecesario decir lo anterior, pero no lo es, porque dada la polémica política con la que cerramos el año 2022 y abrimos el 2023, más el nivel de angustia o de ansiedad de una parte de la oposición democrática, ha surgido en la imaginación de algunos una especie de deseo y asignación de otras tareas para la CP y se le atribuyen “poderes” o capacidades un tanto “mágicas” para solucionar en unos meses algunos problemas políticos que arrastra la política opositora, los partidos políticos, sus líderes y dirigentes, desde hace más de dos décadas.

Modestamente, de la CP aspiramos que haga bien la tarea para la que fue creada; que sea lo mejor posible, aun sabiendo que algunos estarán muy complacidos y otros a lo mejor algo decepcionados porque no todo lo que decida hacer y haga la Comisión será lo que ellos secretamente −o abiertamente− aspiraban. Será difícil complacer a todos. Ya hemos visto como no hay en la oposición democrática un solo pensamiento político, estratégico y táctico y que eso puede conducir a desencuentros y amargas controversias.

De manera que el apoyo de estas organizaciones nacionales e internacionales, especializadas en el tema, debe ser cuidadosamente evaluado pues pudieran ser necesarias para abordar algunas de las tareas que tiene por delante la Comisión y para ello es importante comenzar por disipar algunos mitos, por ejemplo, con relación al Consejo Nacional Electoral, CNE; que por cierto, en estos días ocupa las páginas de sucesos políticos ante la especulación acerca de si será “reorganizado” o si continuará el actual en sus funciones; obviamente llenando previamente la plaza vacante de la rectora original que pasó a formar filas en el TSJ.

La CP tiene entre sus funciones, atribuciones o “mandatos” reglamentarios, la posibilidad de: “Solicitar, si lo estima conveniente, el apoyo logístico o técnico de organismos nacionales o internacionales con competencia o experiencia en materia electoral… (Artículo 16.7 del Reglamento), con una sola limitación: preservar la identidad del votante y con el claro objetivo de lograr la mayor participación posible y el éxito del proceso.

Aun cuando la CP no ha decidido aún si alguna organización electoral, nacional o internacional, participará en el proceso interno de la oposición democrática, tampoco se puede desechar esa participación con base en información parcial o sesgada sobre esos organismos.

En ese sentido, se recordará que en el mes de diciembre la CP se reunió con el CNE, concretamente el 15 de diciembre, al que hizo algunas solicitudes −la utilización de los centros electorales para realizar la primaria, la actualización del Registro Electoral y la conformación de una Comisión Técnica entre el CNE y la CP− de las cuales aún no ha tenido respuesta por parte del ente comicial.

Considero innecesario explicar las razones por las cuales la CP debe evaluar la posibilidad de solicitar al CNE, o a cualquier organismo internacional, su participación en los comicios opositores. Hay abundantes explicaciones y razones al respecto, siendo la más importante la ya mencionada por el Reglamento, que la CP puede buscar la asistencia técnica, nacional e internacional, que sea necesaria para lograr la mayor participación posible y el éxito del proceso. En ese sentido, la reunión con el CNE, que es la organización qué conducirá el proceso electoral presidencial de 2024, para evaluar la conveniencia, posibilidad, modalidades y condiciones de su participación en el proceso de primaria de la oposición, es una actividad absolutamente imprescindible.

Desde luego que en algunos sectores la reunión desató alarmas, críticas, suspicacia y desconfianza y por lo tanto, si como dije más arriba, es innecesario explicar las razones de esta reunión entre ambos organismos, no es ocioso explicar porque son infundadas las alarmas, criticas, suspicacias y desconfianza de esos sectores.

El CNE siempre ha participado en los procesos de primarias más grandes y significativos organizados por la oposición y eso nunca ha supuesto ningún problema para los resultados, para preservar la identidad del votante o para la integridad y solvencia del proceso, porque lo realmente importante no es la participación del CNE, por ejemplo, sino que la CP:

- Controle y conduzca el proceso electoral y de votación el día señalado para ello

- Esté a cargo y en control de los sistemas y programas, en caso de votación electrónica, de todo el proceso, del escrutinio y la totalización de los votos

- Defina, controle y verifique la conformación de los cuadernos de votación

- Garantice el secreto del voto, la confidencialidad y la identidad de los votantes

- Decida la nucleación de los centros electorales, su ubicación y número, al igual que el número de mesas

- Decida la integración de las mesas electorales y la selección de los miembros de mesa a través de sus Juntas Regionales

- Decidida el número máximo, mínimo y la modalidad de las mesas a ser verificadas por los ciudadanos

- Acredite a los testigos de los respectivos candidatos

- Decida la duración, hora de apertura y cierre del proceso

- Controle a través de sus miembros de mesa, el proceso de escrutinio y

- por supuesto, que dé a conocer y proclame el candidato ganador.

Lo anterior con respecto al día de la votación, pero naturalmente, durante todo el proceso, será la CP y no otro organismo, la que designe las Juntas Regionales −proceso en el que está en estos momentos−; la que decida la fecha de realización del evento de votación; el Registro Electoral que se utilizará y la fecha de “corte” del mismo; la fecha de inscripción de los candidatos; las normas de la campaña electoral y la duración de la misma; la forma en que se registrarán y la modalidad de votación de los venezolanos en el exterior; procesar y resolver las denuncias o reclamos que se presenten sobre eventuales irregularidades en el proceso electoral, etc. Esos elementos se mantendrán en control de la CP y por tanto será dicha Comisión y no otro organismo, del sector oficial o partidista, el que esté al mando o en control del proceso.

Pero hay otros tres elementos importantes, sobre los que la CP tiene también un mandato reglamentario; el artículo 29 del reglamento establece entre las funciones y responsabilidades de la CP, presentar a todo aquel que se postule como candidato para participar en la primaria, tres documentos que debe comprometerse a firmar y aceptar y que implican sellar un verdadero pacto de gobernabilidad.

Los tres documentos que según el Reglamento la CP debe presentar para la firma de los candidatos que participen en la primaria son:

1) Un compromiso de respetar el Reglamento y los instructivos que establezca la CP y los resultados de la votación, que implica trabajar por la candidatura vencedora;

2) Una declaración de principios democráticos, para garantizar la gobernabilidad; y

3) Suscribir un Programa Mínimo de Gobierno

Con estos tres documentos, los factores políticos y sociales que participen en el proceso, con sus respectivos candidatos, estarán sellando un verdadero pacto de gobernabilidad, del que hoy en día se viene hablando en todas las discusiones políticas.

Pero dejaremos la profundización de este punto para una próxima entrega.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV),en atención a su CXIX Asamblea Plenaria, se refirió a la dramática y grave crisis que sufrimos el país y todos sus residentes.

Dijo: “No nos dejemos robar la esperanza”. “Es fundamental que pasemos de la lamentación a la acción”. El exhorto es a que todos, desde nuestra comunidad, empresa, liceo, universidad u oficina nos preguntemos ¿Qué puedo hacer hoy por el país y la familia?, ¿qué puedo aportar y cómo puedo pasar del yo al nosotros? Señalaron también que el régimen resalta burbujas económicas con la finalidad de confundirnos, mientras el pueblo trata de sobrevivir con salarios paupérrimos.

Nuestros Arzobispos y Obispos una vez más hacen un llamado cargado de emoción a la acción del venezolano para quitarnos de encima este régimen que destroza el país y tanto daño nos causa a todos y esa acción para que sea efectiva y produzca resultados satisfactorios cuanto antes debe ser en UNIÓN. Todos los que queremos cambio radical ya debemos superar todas las diferencias, que son absolutamente subalternas ante el interés nacional, y cómo un solo hombre emprender las acciones necesarias para superar esta inmensa crisis en la que estamos.

Ortega y Gasset afirmó que hay un momento en la historia que los extremos se encuentran y ese momento es el llamado preocupado de la Patria que pide a sus hijos UNIÓN para enfrentar con éxito el tremendo desafío que confrontamos y del que estamos obligados a salir con bien.

Este régimen no oye ni entiende de palabras ni de dialogo, hay que dirigirse a él con acciones contundentes y definitivas. Maduro y su combo no aguantan una multitudinaria manifestación pública sostenida hasta que abandonen el poder; propongámonos a organizarla en UNIÓN y presenciaremos la huida de quienes detentan el poder y la luz brillante de un nuevo amanecer que nos conduce a la felicidad, prosperidad y bienestar general.

15 de enero 2022

METAVERSO

La palabra metaverso proviene del griego y significa “después” o “más allá”, mientras que verso hace referencia al universo. Por lo tanto, se trata de un mundo más allá del que conocemos. Es un nuevo sistema virtual en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos, trabajar, jugar, estudiar y hasta realizar transacciones económicas y se utiliza principalmente para referirse a un mundo digital desarrollado en la Web que actúa como extensión de la realidad.

Este novedoso sistema nos comunica y nos distancia más. Mientras la tecnología nos intercomunica estamos más solos y somos más individuales. Se puede decir que metaverso está compuesto por entornos sintéticos donde los usuarios interactúan en el ciberespacio a través de la realidad virtual y aumentada. Pero el metaverso tiene peligros: Hackear audífonos y micrófonos, robo de datos biométricos, de datos de comportamiento, es decir, la privacidad seriamente comprometida. Las ventajas son que los usuarios pueden crear su propio contenido sin ninguna limitación y también pueden explorar e interactuar con otros usuarios.

El vertiginoso adelanto tecnológico continúa y lo hace a pasos de inmensa velocidad, los artefactos que hoy están de moda en muy poco tiempo son desactualizados y obsoletos por la aparición de los nuevos. Este gigantesco avance tiene, como hemos señalado, sus ventajas, pero en mi modesta opinión la gran desventaja es que nos robotiza y aísla, nos comunicamos e interactuamos con una máquina que como tal carece de sentimientos y emociones. Nos hablamos y comunicamos con una panela de hielo. La otra gran desventaja del adelanto tecnológico es que afecta negativamente la mano de obra humana porque reduce empleos que son sustituidos por máquinas.

Kodak, que tenía 140.000 empleos fue empujada a la bancarrota; Blockbuster que llegó a tener 60.000 empleados se fue a quiebra; General Motors con 618.000 empleados hoy tiene 200.000. La desaparición de empleos está aumentando de forma exponencial y son sustituidos por máquinas con escaso personal. Esto debe ser analizado en profundidad para no perjudicar al hombre y su vivencia. Seguramente vendrán tiempos de mayor convulsión en el mundo y ojalá ello nos lleve a una mayor conciencia sobre los desafíos que presenta el desempleo causado por el adelanto tecnológico y nos permita prepararnos mejor para enfrentar esta nueva realidad como personas y como países.

14 de enero de 2023

IZQUIERDA Y DERECHA

Hace algún tiempo preparé una nota sobre este tema, hoy vuelvo a escribir otra para tratarlo someramente.

Las nociones de izquierdas y derechas hoy suponen una posición política, su uso permanente ha llegado hasta darle contenido ideológico y en esas posiciones encasillamos a los partidos políticos. Ambos términos nacen en Francia en 1789, durante el inicio de la revolución francesa: se discutía en la Constituyente el veto del rey a las leyes, quienes estaban de acuerdo en otorgarle al rey tal prerrogativa se sentaron a la derecha en el parlamento y quienes no a la izquierda que propiciaban cambios políticos y sociales.

En política, la derecha es el segmento que afirma que determinado orden social es inevitable o deseable, apoyándose en la naturaleza humana, el derecho natural, la economía y la tradición. La izquierda, rechaza la estructura socio-económica subyacente del capitalismo contemporáneo y los de extrema proponen toda la economía y el mercado controlado férreamente por el Estado, descartan toda concepción espiritual del ser humano, son materialistas y establecen el partido único.

Lo político, por muy abnegado que sea, sino está acompañado de una gestión económica exitosa y de lucha permanente por el logro del Bien Común, queda relegado, casi ignorado.

En cuanto a la intervención del Estado en la economía, suscribo la afirmación de “Tanta iniciativa privada como sea posible y tanto Estado como sea necesario” que se le atribuye a Konrad Adenauer. No estamos de acuerdo en reducir al Estado a lo únicamente policial, el Estado debe intervenir para establecer la justicia, la equidad y evitar acciones contrarias a ellas, debe ser promotor e incentivar la iniciativa privada y siempre luchar por el Bien Integral Común.

Soy Social Cristiano convencido y me ubico en el centro con inclinación a la izquierda, me parece debe ser la ubicación adecuada de esta corriente del pensamiento que propugna la prioridad por los menos pudientes, por los pobres y vulnerables. Combatimos el comunismo frontalmente que reduce al hombre a la materia y también el capitalismo, los dos desconocen la dignidad de la persona humana. Modernamente se habla de “Capitalismo humano”, será otra cosa pero no capitalismo que privilegia el capital sobre el ser humano. Más adelante continuaremos con este apasionante tema.

13 de enero de 2023

LA FAMILIA

La familia es un grupo de personas vinculadas por parentescos consanguíneos o políticos. En la familia se construye la identidad de la persona, se protege su autonomía y es base desde donde se proyecta en el ámbito social. El valor de la familia reside en su capacidad de formar hogares que protegen a sus integrantes y su misión es conservar la unidad de sus miembros y es, tal vez, el único espacio donde nos sentimos inmensamente confiados y plenos, es el refugio donde nos aceptan como somos, sin importar la condición económica, cultural, intelectual o religiosa. La familia nos cobija, apoya, ama y respeta.

El Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia y sostener su honra, dignidad e intimidad que son inviolables. En la familia debe imperar el respeto por sí mismo y por los demás para convivir en paz como debe ser. La familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y progreso de sus hijos.

En la familia debemos practicar y enseñar buenos valores, orar juntos y leer y estudiar la palabra De Dios Padre Eterno. En la familia, además del respeto, debe existir mucha tolerancia y flexibilidad para poder convivir en paz en medio de nuestras diferencias, falibilidades e imperfecciones, aceptando las virtudes, defectos y características que hacen únicas a las personas.

No hay familia perfecta, ello puede ser utópico, porque está integrada por seres imperfectos y falibles, lo que sí debe ser es UNIDA y apoyarse entre si dentro de los valores que se profesan. La unidad en medio de las naturales diferencias es fundamental para que la familia se desenvuelva como Dios manda y nos enseña. Todos somos hijos del mismo Padre y por ello estamos unidos fraternalmente y esa unidad se debe cuidar, cultivar y mantener diariamente para afrontar entre todos los desafíos y retos que la vida a menudo nos presenta. Familia unida, familia feliz y triunfante.

12 de enero de 2002

El 12 de noviembre publicamos un artículo titulado ¿Y si no hay recesión en USA? Ratifico nuevamente que “predecir es muy difícil, en especial sobre el futuro,” pero hoy ciertamente pareciera que el gigante del norte va a salir tan solo ligeramente golpeado por esta crisis, pero podrá esquivar los golpes más fuertes que experimentó en el pasado reciente.

El consumo privado y el empleo siguen adelante resilientemente, el mercado inmobiliario aflojó pero no tanto y, tras la caída en el precio de los combustibles y la inflación en general, todo apunta en ese sentido. Esto le permite al gobierno norteño de turno ocuparse con más atención de ciertos aspectos internacionales.

También escribimos endenantes sobre la modificación de las sanciones, el fin del Interinato y el cambio gradual en las relaciones entre USA y Venezuela. Todo esto ya se dio. Ahora bien, qué podría significar para nosotros, los empresarios y ejecutivos, profesionales independientes, trabajadores y los ciudadanos de a pie, excluyendo aquí a los políticos, de bando y bando.

Ya zarparon los primeros 500.000 barriles de la petrolera americana. Ecopetrol de Colombia presentó ante la OFAC una solicitud formal para recibir una licencia similar a la de Chevron para operar con PDVSA y poder así importar gas; que seguro ya lo hablaron Petro y Blinken en su reunión de octubre. De igual manera, se espera que a corto plazo se otorguen sendas licencias a la italiana Eni y la española Repsol, también para participar en el sector de energía. Posiblemente sigan otras más adelante.

Todo lo cual -de concretarse- habrá de traducirse en mayor actividad económica real y a corto plazo. Vale decir, inversión para la reactivación de la principal industria del país, que implica la muy ansiada generación de empleos y la contratación de todo aquello necesario para la producción de combustibles fósiles.

La industria petrolera propiamente no es mano de obra intensiva, pero la cadena de valor que la soporta sí que lo es, en especial por el marcado deterioro actual de toda la infraestructura. Imaginen activar miles de pozos dormidos, las plataformas lacustres y marinas, cientos de kilómetros de tuberías que deben ser recuperadas o sustituidas, estaciones y subestaciones de bombeo, vehículos y materiales de todo tipo y para usted de contar.

Esto también conlleva, a mediano plazo y según se vaya dando el desmontaje de las sanciones, con otras cifras de inversión y con otros actores, a la recuperación de uno de los principales complejos refinadores del mundo, que incluye Paraguná en Falcón, El Palito en Carabobo y Jose en Anzoátegui.

Este escenario ciertamente es muy quimérico por la complejidad política del país y sin embargo pareciera ser uno que junta la probada habilidad del ejecutivo, la precariedad social nacional y las necesidades del mercado energético mundial. Negociaciones van y vienen, con propios y extraños para ir avanzando en solventar la crisis económica del país, dejando de lado la política “por ahora.” Entonces, esto lo que podría significar es una posible y paulatina recuperación de nuestra economía, nuevamente de la mano del petróleo. Ojalá.

Que nos guste o no es otro tema. Parecido por cierto a la negociación de paz en Colombia. Tuvieron que decidir dejar atrás la perversa guerra que por 6 décadas causó terribles atrocidades, sin castigar a los culpables, seguir adelante como nación tragando muy grueso y olvidando el horrible pasado. Hoy el Presidente neogranadino es un afamado exguerrillero. “Cosas veredes Sancho.

Año nuevo, vida nueva

Guillermo Mendoza Dávila

El 12 de noviembre publicamos un artículo titulado ¿Y si no hay recesión en USA? Ratifico nuevamente que “predecir es muy difícil, en especial sobre el futuro,” pero hoy ciertamente pareciera que el gigante del norte va a salir tan solo ligeramente golpeado por esta crisis, pero podrá esquivar los golpes más fuertes que experimentó en el pasado reciente.

El consumo privado y el empleo siguen adelante resilientemente, el mercado inmobiliario aflojó pero no tanto y, tras la caída en el precio de los combustibles y la inflación en general, todo apunta en ese sentido. Esto le permite al gobierno norteño de turno ocuparse con más atención de ciertos aspectos internacionales.

También escribimos endenantes sobre la modificación de las sanciones, el fin del Interinato y el cambio gradual en las relaciones entre USA y Venezuela. Todo esto ya se dio. Ahora bien, qué podría significar para nosotros, los empresarios y ejecutivos, profesionales independientes, trabajadores y los ciudadanos de a pie, excluyendo aquí a los políticos, de bando y bando.

Ya zarparon los primeros 500.000 barriles de la petrolera americana. Ecopetrol de Colombia presentó ante la OFAC una solicitud formal para recibir una licencia similar a la de Chevron para operar con PDVSA y poder así importar gas; que seguro ya lo hablaron Petro y Blinken en su reunión de octubre. De igual manera, se espera que a corto plazo se otorguen sendas licencias a la italiana Eni y la española Repsol, también para participar en el sector de energía. Posiblemente sigan otras más adelante.

Todo lo cual -de concretarse- habrá de traducirse en mayor actividad económica real y a corto plazo. Vale decir, inversión para la reactivación de la principal industria del país, que implica la muy ansiada generación de empleos y la contratación de todo aquello necesario para la producción de combustibles fósiles.

La industria petrolera propiamente no es mano de obra intensiva, pero la cadena de valor que la soporta sí que lo es, en especial por el marcado deterioro actual de toda la infraestructura. Imaginen activar miles de pozos dormidos, las plataformas lacustres y marinas, cientos de kilómetros de tuberías que deben ser recuperadas o sustituidas, estaciones y subestaciones de bombeo, vehículos y materiales de todo tipo y para usted de contar.

Esto también conlleva, a mediano plazo y según se vaya dando el desmontaje de las sanciones, con otras cifras de inversión y con otros actores, a la recuperación de uno de los principales complejos refinadores del mundo, que incluye Paraguná en Falcón, El Palito en Carabobo y Jose en Anzoátegui.

Este escenario ciertamente es muy quimérico por la complejidad política del país y sin embargo pareciera ser uno que junta la probada habilidad del ejecutivo, la precariedad social nacional y las necesidades del mercado energético mundial. Negociaciones van y vienen, con propios y extraños para ir avanzando en solventar la crisis económica del país, dejando de lado la política “por ahora.” Entonces, esto lo que podría significar es una posible y paulatina recuperación de nuestra economía, nuevamente de la mano del petróleo. Ojalá.

Qué nos guste o no es otro tema. Parecido por cierto a la negociación de paz en Colombia. Tuvieron que decidir dejar atrás la perversa guerra que por 6 décadas causó terribles atrocidades, sin castigar a los culpables, seguir adelante como nación tragando muy grueso y olvidando el horrible pasado. Hoy el Presidente neogranadino es un afamado exguerrillero. “Cosas veredes Sancho.

guillermomendozad@gmdconsultor.com

En las primeras semanas del nuevo año, Nicolás estaba un poco nervioso por la cercanía del Día del Educador que se celebra el 15 de enero. Caminaba de un lado a otro, tratando de ordenar sus ideas para elaborar un revolucionario discurso para ese momento. Coño, a mala hora se vino a morir el negro que siempre me ayudaba en este peo. No puedo seguir en esa vaina de recordar a Simón Rodríguez o al Árbol de las Tres Raíces, ya ni los camaradas le paran bola a esos temas.

Cilia que estaba con él, trató de calmarlo, diciéndole, vamos a tomarnos un whisky y ver qué podemos hacer. Al cabo de haber consumido ½ botella, Cilia le propone que revise todo lo que él ha ordenado hacer en el sector educativo y de manera resumida se lo presente al país, y en particular a los educadores, por la celebración de su día. Sin olvidar señalar, que lo no logrado es culpa del imperio y los oligarcas de la oposición venezolana.

-Tienes razón mi amor, déjame revisar algunos documentos y ver que logro. Luego de consumir otra ½ botella, Nicolás gritó “Listo, terminé el discurso”. Te lo voy a leer:

Yo he sido un factor clave en la utilización de la Educación como mecanismo de cohesión ideológica en torno a nuestro proyecto político orientado hacia el socialismo del siglo XXI. Trabajo que ha sido altamente fructífero en el control político de docentes, la ideologización de estudiantes, la puesta en práctica de diseños curriculares dirigidos al fortalecimiento del Pensamiento Único, el cerco presupuestario para doblegar a la universidad contrarrevolucionaria y dejar como centro de formación de profesionales a nuestra gloriosa Universidad Bolivariana, así como la creación de misiones educativas que han servido para captar adeptos a favor de nuestro gobierno revolucionario...

En materia gremial, mi trabajo ha sido insuperable. Me quité de encima el lastre sindical de estar discutiendo Contrataciones Colectivas reduciendo los movimientos salariales de los educadores a los Bonos que otorgamos. Reduje al silencio absoluto, las voces de protestas, con el impulso creativo de Federaciones y Sindicatos paralelos con dirigentes identificados con la revolución. Apliqué con todo rigor, una expresión significativa del difunto camarada Aristóbulo en esta materia: "Los educadores que no estén conforme con los bonos, mejor que se vayan del país a dar clase en otro lado" o aquella que dijo "les suspendí el pago de los aguinaldos, por los llamados a huelga y se los voy a pagar cuando me dé la gana....la revolución se respeta".

Me dejé de vainas y establecí una política revolucionaria para el ingreso, permanencia y ascenso por concursos universales que garanticen la idoneidad en el ejercicio del cargo y así mejorar la calidad de la enseñanza en nuestros planteles escolares. Este proceso, será dirigido y supervisado por las Brigadas Comunitarias Militares que ordené crear en cada uno de los Consejos Comunales del país.

Para evitar las preocupaciones y los dolores de cabeza a los estudiantes decidí implantar la exoneración en asignaturas importantes como Física, Química, Matemáticas, Biología. Ahora veo como los muchachos están gozando una bola. Alegría que la he complementado con las Canaimitas, los morrales tricolores, los zapatos a 9 bolívares y el exitazo de los muñecos del Superbigote y la Mujer Maracilia.

Así mismo, le ordené al camarada Jorge Rodríguez que se pusiera las pilas y atendiera con urgencia el reclamo o la solicitud de los educadores que reiteradamente han manifestado la necesaria reforma de la Ley Orgánica de Educación, para convertir nuestra educación en un instrumento de superación de la ignorancia, donde solo prive el conocimiento socialista y bolivariano y la democracia revolucionaria del siglo XXI. De la misma manera, la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente, la Ley del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Magisterio, la Ley del Fondo de Prestaciones Sociales, La Ley del Cesta Ticket y Medicinas para todos los pensionados y jubilados bajo el principio rector de obligatorio cumplimiento para todos: “Dentro de la revolución todo, fuera de ella nada”.

Al terminar, los aplausos de Cilia, retumbaban en la habitación. Te la comiste mi amor. Con ese discurso quedaron en pañales Andrés Bello y Luis Beltrán Prieto Figueroa. No me sorprendería que después que lo hagas público, los rectores de las universidades bolivarianas te otorguen en Doctorado Honoris Causa por el aporte científico académico de tu trabajo en pro de la educación, ¡brindemos mi amor! ¡abre otra botella!

Pero, el 15 de enero no fue de aplausos sino de una protesta a nivel nacional del magisterio, reclamando que el educador venezolano, pese a la elevada misión desempeñada en la sociedad, es el último de los ciudadanos y funcionarios de un Estado que, inmerecidamente, los ha condenado a sobrevivir con salarios de hambre, sin seguridad social ni leyes que protejan su ejercicio profesional.

Como educadores formadores de principios democráticos manifestamos que no puede existir una educación de calidad, si no se reconstruye el país; esta crisis económica, de ética y de valores democráticos han destruido las bases que edifican la dignidad, bienestar y progreso del pueblo venezolano. No queremos seguir con esta estafa de socialismo; los educadores queremos un cambio fundamental en el rumbo económico y político para que nuestra sociedad pueda disfrutar de bienestar, seguridad ciudadana, seguridad social, rescate y protección del poder adquisitivo del salario, soberanía nacional, calidad de la enseñanza.

Educar y luchar es un lema que define una conducta.

La conclusión evidente que puede extraerse del repertorio de crisis de derechos humanos que se dieron durante 2022 —desde los ataques deliberados del presidente ruso Vladimir Putin contra civiles en Ucrania, la prisión al aire libre que impuso Xi Jinping a los uigures en China hasta el riesgo de hambruna al que los talibanes han expuesto a millones de afganos— es que un poder autoritario irrestricto va dejando tras de sí una marea de sufrimiento humano. Sin embargo, 2022 también reveló un desplazamiento fundamental del poder en el mundo, que allana el camino para que todos los gobiernos preocupados por esta situación puedan actuar contra los abusos protegiendo y fortaleciendo el sistema global de derechos humanos, en especial, cuando las medidas que toman las principales potencias son escasas o problemáticas.

Hemos sido testigos de cómo los líderes mundiales se desentendieron cínicamente de sus obligaciones en materia de derechos humanos y negociaron con cinismo la rendición de cuentas por parte de quienes cometieron violaciones de derechos humanos, a cambio de presuntos beneficios políticos a corto plazo. El compromiso loable formulado por el candidato presidencial estadounidense Joe Biden de hacer de Arabia Saudita un “Estado paria” por su historia en materia de derechos humanos quedó en entredicho con un apretón de manos casi amistoso que mantuvo con Mohammed Bin Salman cuando asumió funciones y tuvo que enfrentarse al elevado precio del combustible. A su vez, el gobierno de Biden, a pesar de que en su retórica prioriza la democracia y los derechos humanos en Asia, ha moderado las críticas sobre los abusos y el creciente autoritarismo en India, Tailandia, Filipinas y en otros lugares de la región por motivos de seguridad y económicos, en vez de reconocer que todos estos problemas están relacionados.

Obviamente, no solo las superpotencias mundiales tienen este tipo de doble criterio. Pakistán ha apoyado el seguimiento por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de los abusos en Cachemira, cuya población es mayoritariamente musulmana, pero debido a su estrecho vínculo con China, le ha dado la espalda a posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados contra uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang. La hipocresía de Pakistán es especialmente evidente si se tiene en cuenta su papel de coordinador de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que cuenta con 57 miembros.

Las crisis de derechos humanos no surgen de un momento a otro. Los gobiernos que no cumplen con sus obligaciones legales de proteger los derechos humanos en su territorio siembran las semillas del descontento, la inestabilidad y, en última instancia, las crisis. Si no se les pone freno, las acciones aberrantes de los gobiernos abusivos se incrementan, y se consolida la idea de que la corrupción, la censura, la impunidad y la violencia son los instrumentos más eficaces para el logro de sus objetivos. Hacer caso omiso de las violaciones de derechos humanos conlleva un alto costo, y no deben subestimarse los efectos en cadena.

Sin embargo, en un mundo donde el poder se desplaza, también identificamos oportunidades durante la preparación de nuestro Informe Mundial 2023, que analiza el estado de los derechos humanos en casi 100 países. Cada cuestión debe comprenderse y abordarse según sus propios méritos, y cada una requiere de liderazgo. Cualquier Estado que reconozca el poder que se adquiere trabajando con otros para generar cambios en la situación de los derechos humanos puede asumir tal liderazgo. Los gobiernos tienen más posibilidades, no menos, de dar un paso adelante y adoptar planes de acción que sean respetuosos con los derechos.

Han surgido nuevas coaliciones y voces de liderazgo que pueden configurar y potenciar esta tendencia. Sudáfrica, Namibia e Indonesia han preparado el terreno para que más gobiernos reconozcan que las autoridades israelíes están cometiendo crimen de lesa humanidad de apartheid contra los palestinos.

Las naciones de las islas del Pacífico han exigido, en bloque, reducciones más significativas de las emisiones por parte de los países que más contaminan, mientras que Vanuatu lidera una iniciativa para plantear los efectos adversos del cambio climático ante la Corte Internacional de Justicia, por su propio bien y el de otros países.

Asimismo, si bien la Corte Suprema de EE. UU. echó por tierra 50 años de protección federal de los derechos reproductivos, la “ola verde” de expansión de los derechos de aborto en América Latina —especialmente en Argentina, Colombia y México— representa una contranarrativa contundente.

Esta es la enseñanza general que puede extraerse de nuestro mundo cada vez más convulsionado: es preciso que repensemos de qué forma se ejerce el poder en el mundo, y que todos los gobiernos no solo tienen la oportunidad, sino también la responsabilidad de tomar medidas para proteger los derechos humanos dentro de sus fronteras y más allá de ellas.

Ucrania: Modelo y reprimenda

La invasión a gran escala de Vladimir Putin a Ucrania en febrero y las atrocidades que ocurrieron posteriormente no tardaron en ocupar el primer puesto en la agenda mundial de derechos humanos durante 2022. Después de que las tropas ucranianas obligaran al Ejército ruso a retirarse de Bucha, al norte de Kiev, la capital del país, la ONU determinó que al menos 70 civiles habían sido víctimas de ejecuciones ilegales, incluidas ejecuciones sumarias, que constituyen crímenes de guerra. Este patrón de atrocidades rusas se ha repetido en incontables oportunidades.

En el Teatro de Mariúpol se refugiaron cientos de residentes desplazados, y en el exterior, sobre el piso, escribieron la palabra rusa DETI (niños) tan grande que podía verse en imágenes satelitales. El objetivo de esta alerta era proteger a los civiles, muchos de ellos niños y niñas, que se resguardaban en su interior. En lugar de eso, al parecer solo sirvió como incentivo para las fuerzas rusas, que bombardearon el edificio hasta destruirlo y mataron al menos a una decena de sus ocupantes, y posiblemente más. Causar sufrimiento a la población civil, por ejemplo, atacando reiteradamente la infraestructura energética de la que dependen los ucranianos para recibir servicios de electricidad, agua y calefacción, parecer ser una parte fundamental de la estrategia del Kremlin.

La temeridad de Putin se debe, en gran medida, a que desde hace tiempo ha podido actuar libremente con impunidad. La pérdida de vidas civiles en Ucrania no causa sorpresa a los sirios, quienes han sufrido graves abusos como resultado de los ataques aéreos tras la intervención rusa en apoyo a las fuerzas sirias al mando de Bashar al-Asad en 2015. Putin reclutó a importantes comandantes militares de esa campaña para que dirigieran la acción bélica en Ucrania, con consecuencias previsibles —y devastadoras— para los civiles ucranianos. Rusia ha acompañado sus violentas acciones militares en Ucrania con una represión de los derechos humanos y de activistas en Rusia que promueven los derechos humanos y repudian la guerra, sofocando el disenso y las críticas al gobierno de Putin.

Sin embargo, un efecto positivo de las acciones rusas ha sido que activó la totalidad del sistema de derechos humanos a nivel mundial creado para lidiar con crisis como esta. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU inició rápidamente una investigación con el fin de documentar y preservar evidencias de violaciones de derechos humanos en la guerra y luego creó una relatoría especial para el seguimiento a la situación de los derechos humanos en Rusia. La Asamblea General de la ONU condenó cuatro veces —en casi todos los casos por amplia mayoría— tanto la invasión por parte de Rusia como sus violaciones de derechos humanos. La Asamblea General también suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, y mermó así su capacidad disruptiva sobre Ucrania y respecto de otras graves crisis de derechos humanos analizadas por el consejo.

Los países europeos recibieron a millones de refugiados ucranianos, una respuesta encomiable que también puso en evidencia la doble moral de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea con respecto a cómo tratan en la actualidad a innumerables ciudadanos sirios, afganos, palestinos, somalíes y otras personas que buscan asilo. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya abrió una investigación sobre Ucrania luego de que una cantidad sin precedentes de países miembros del tribunal le remitieran la situación. Diversos gobiernos también se han movilizado para debilitar la influencia y el poderío militar global de Putin; por ejemplo, la Unión Europea (UE), EE. UU., el Reino Unido, Canadá y otros países aplicaron sanciones internacionales específicas contra personas, empresas y otras entidades rusas.

Esta respuesta extraordinaria demostró lo que es posible hacer para impulsar la rendición de cuentas, proteger a los refugiados y salvaguardar los derechos humanos de algunas de las personas más vulnerables del mundo. A su vez, los ataques contra civiles y los abusos nefastos cometidos en Ucrania deben ser un recordatorio de que este apoyo consolidado, si bien es fundamental, no debe confundirse con una solución rápida.

Más bien, los gobiernos deben reflexionar sobre cuál sería la situación si la comunidad internacional hubiera actuado en forma coordinada para que Putin rindiera cuentas mucho antes, en 2014, cuando se desató la guerra en el este de Ucrania; en 2015, por los abusos en Siria; o por la agudización de las medidas represivas contra los derechos humanos dentro de Rusia en la última década. El desafío a futuro es que los gobiernos repitan lo mejor de la respuesta internacional en Ucrania y aumenten la voluntad política de abordar otras crisis que se desarrollen en todo el mundo hasta que haya mejorado genuinamente la situación de los derechos humanos.

Asegurar rendición de cuentas en Etiopía

El conflicto armado en el norte de Etiopía ha recibido apenas una pequeña parte de la atención mundial, que se ha concentrado en Ucrania, a pesar de que han transcurrido dos años de atrocidades, incluidas varias masacres perpetradas por las partes en conflicto.

En 2020, las tensiones entre el gobierno federal de Etiopía y las autoridades regionales de Tigray, el Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), culminaron en un conflicto en esa región, en el cual las fuerzas regionales de Amhara y el Ejército de Eritrea prestaron su apoyo a las fuerzas armadas etíopes. Desde entonces, el gobierno ha restringido drásticamente el acceso de investigadores de derechos y periodistas independientes a las áreas afectadas por el conflicto, por lo que resulta difícil tomar conocimiento de los abusos a medida que se producen, incluso con la expansión del conflicto a las regiones vecinas de Amhara y Afar.

La ONU y gobiernos han condenado las ejecuciones sumarias, la violencia sexual generalizada y el saqueo, pero no han hecho mucho más que eso. Como consecuencia de una campaña de limpieza étnica contra la población tigray en Tigray Occidental, se produjeron numerosas muertes, hechos de violencia sexual, detenciones masivas y el desplazamiento forzado de miles de personas. El asedio que impuso el gobierno en la región de Tigray continuó durante todo 2022 e impidió a la población civil acceder a alimentos, medicamentos y asistencia humanitaria vital, además de servicios de electricidad, bancarios y de comunicación, lo que representa una violación del derecho internacional.

Los tres miembros africanos elegidos para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU —Gabón, Ghana y Kenia— así como Rusia y China, han impedido incluso que se incluya a Etiopía en la agenda de debate formal, a pesar de que el consejo tiene como mandato mantener y restablecer la paz y la seguridad internacional.

Los gobiernos también han vacilado a la hora de adoptar sanciones específicas contra personas y entidades etíopes responsables de abusos. El escrutinio internacional ha recaído en cambio en el Consejo de Derechos Humanos, que renovó por escaso margen el mandato del mecanismo que creó en diciembre de 2021 para investigar y preservar las pruebas de abusos graves e identificar a los responsables. Sin embargo, las autoridades federales etíopes siguen empeñadas en obstaculizar su labor.

En noviembre, un proceso de paz de 10 días impulsado por la Unión Africana (UA) culminó con una tregua entre el gobierno federal etíope y las autoridades de Tigray. Esto ofrece una oportunidad para que otros estados asuman un papel de liderazgo en apoyo a soluciones que puedan interrumpir los ciclos letales de violencia e impunidad. Dado que los medios para lograr la rendición de cuentas interna son esquivos, se precisa de monitoreo internacional, así como de esfuerzos creíbles para conseguir que los responsables de abusos cometidos en tiempos de guerra respondan por sus actos.

Los principales partidarios del acuerdo y los observadores, entre ellos, la UA, la ONU y EE. UU., deberían dar una señal y mantener la presión para lograr que las organizaciones de investigación independientes puedan acceder a las áreas en conflicto y documentar y preservar las evidencias. Es necesario que la rendición de cuentas por estos delitos siga siendo una prioridad, a fin de que las víctimas y sus familias puedan obtener algún grado de justicia y reparación.

Mayor foco en Beijing

En octubre, el presidente chino Xi Jinping se aseguró un tercer mandato sin precedentes como líder del Partido Comunista Chino, constituyéndose así en “líder de por vida” y asegurando que continúe la hostilidad incesante del gobierno hacia las garantías de derechos humanos. Xi se ha rodeado de adeptos y redoblado las acciones para crear un estado de seguridad, profundizando las violaciones de derechos en todo el país.

En la región de Xinjiang, la detención masiva que ha llevado adelante Beijing de alrededor de un millón de uigures y otros musulmanes túrquicos —que son objeto de torturas, adoctrinamiento político y trabajos forzados— y las severas restricciones a los derechos de la población general a la libertad religiosa, la libertad de expresión y la cultura, se destacan por su gravedad, magnitud y crueldad. La ONU concluyó que las violaciones en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que coincide con los hallazgos de Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos.

El informe riguroso que elaboró la entonces Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, basado en años de investigación y en documentos internos, leyes, políticas y declaraciones sobre políticas del gobierno chino, generó un importantísimo punto de referencia común a partir del cual deberían actuar los gobiernos. El hecho de que el informe se publicara solo en los últimos minutos del mandato de Bachelet es indicativo de la intensa presión ejercida por Beijing para que no viera la luz.

El informe propició una considerable movilización diplomática. Se presentó una resolución para abrir un debate sobre el informe ante el Consejo de Derechos Humanos, que no fue aceptada por apenas dos votos. Ese resultado fue el reflejo de la presión de Beijing sobre gobiernos como Indonesia —que manifestó que “no debemos cerrar nuestros ojos” al calvario que atraviesan los uigures y luego votó por “no”— así como su influencia sobre las acciones de aquellos Estados que se abstuvieron, como Argentina, India, México y Brasil. Sin embargo, los votos positivos de Somalia, Honduras y Paraguay, y el apoyo copatrocinado de Turquía y Albania, junto con 24 países mayormente occidentales, demuestra el potencial de forjar alianzas entre regiones y nuevas coaliciones para unirse y contrarrestar las expectativas de impunidad del gobierno chino.

La atención colectiva se ha enfocado en la precaria situación de Xinjiang en materia de derechos humanos, y esto ha llevado a Beijing a adoptar una postura defensiva. El gobierno chino está intensamente abocado a buscar pretextos para explicar su atroz comportamiento. El resultado alcanzado en Ginebra acentúa la responsabilidad de los líderes de la ONU de apoyar el informe y seguir monitoreando, documentando e informando acerca de la situación en Xinjiang y, más ampliamente, en China. Adoptar medidas menos significativas implicaría renunciar a un pilar fundamental de los derechos humanos que es la responsabilidad del sistema de la ONU de proteger a los musulmanes túrquicos en Xinjiang.

A su vez, a medida que crece el sentimiento de incomodidad por el ánimo represivo del gobierno chino, diversos gobiernos, incluidos Australia, Japón, Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos, han procurado forjar alianzas en materia de comercio y seguridad con India, resguardándose tras su marca de “mayor democracia del mundo”. No obstante, el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata al que pertenece el primer ministro Narendra Modi ha emulado muchos de los mismos abusos que permitieron al Estado chino, a través de la represión, afianzar su poder, y que incluyen la discriminación sistemática contra minorías religiosas, la represión del disenso pacífico y el uso de las tecnologías para suprimir la libre expresión.

Las concesiones aparentemente a la ligera que realizan los líderes mundiales en materia de derechos humanos, y que se plantean como el costo necesario de hacer negocios, no tienen en cuenta las implicaciones a largo plazo. Profundizar los lazos con el gobierno de Modi y soslayar su preocupante historial en materia de derechos humanos implica desperdiciar una posición de ventaja que permitiría proteger el valorado, pero cada vez más amenazado espacio cívico en el que se basa la democracia en la India.

El respeto por los derechos como fórmula para la estabilidad

Los autócratas se benefician proyectando una imagen ilusoria que los hace ver como actores indispensables para el mantenimiento de la estabilidad; lo cual, a su vez, parece justificar la opresión que ejercen y las violaciones generalizadas de derechos humanos que cometen para lograr ese objetivo.

Sin embargo, esta “estabilidad”, impulsada por la inagotable avidez de poder y control, infecta y erosiona todas las bases que se precisan para que una sociedad funcione bajo el Estado de derecho. El resultado es, a menudo, la corrupción, una economía quebrada y un poder judicial irremediablemente asociado a la política partidaria. Se desarticula completamente el espacio cívico esencial, con activistas y periodistas independientes encarcelados, ocultos o a merced de posibles represalias.

Las protestas que se prolongaron varios meses en Irán durante 2022 ponen de manifiesto las graves implicancias de cuando las autocracias creen que la represión puede ser un atajo para alcanzar la estabilidad. Surgieron protestas en todo el país como reacción tras la muerte en septiembre de Mahsa (Jina) Amini, una mujer iraní de origen kurdo, de 22 años, que había sido detenida por la “policía de la moral” por usar un “hiyab inadecuado”. No obstante, la protesta contra el uso obligatorio del hiyab es apenas el símbolo más visible de la represión. La nueva generación de manifestantes en todo el país hace eco de las frustraciones de generaciones pasadas: personas cansadas de vivir sin derechos fundamentales y de ser gobernadas por quienes desprecian insensiblemente el bienestar de su pueblo.

El reclamo de igualdad impulsado por mujeres y colegialas se ha transformado en un movimiento nacional popular contra un gobierno que les ha negado sistemáticamente sus derechos, ha llevado una mala administración económica y ha empujado a la población a la pobreza. Este reclamo evolucionó en protestas generalizadas contra el gobierno de Irán, el cual respondió en forma despiadada reprimiendo con fuerza excesiva y letal, a lo cual siguieron procesos judiciales que no son más que una farsa y condenas a muerte para quienes se atrevan a cuestionar la autoridad gubernamental. Las señales de que las autoridades podrían desarticular a la policía de la moral están muy lejos de la exigencia de que sean abolidas las leyes sobre el uso obligatorio del hiyab, y mucho menos de las reformas estructurales fundamentales que los manifestantes están exigiendo para que haya más rendición de cuentas por parte del gobierno.

La relación entre la impunidad por abusos y una gobernanza deficiente también se pone de manifiesto en otros ámbitos. La escasez de combustibles, alimentos y otros artículos esenciales, incluidos medicamentos, dieron lugar a protestas masivas en Sri Lanka, que obligaron a renunciar al primer ministro Mahinda Rajapaksa, y luego a su hermano, el presidente Gotabaya Rajapaksa. Lamentablemente, el hombre a quien el Parlamento eligió para reemplazarlos, Ranil Wickremasinghe, se ha desentendido de los compromisos con la justicia y la rendición de cuentas por violaciones aberrantes cometidas durante la guerra civil que atravesó el país, que se extendió durante 26 años y finalizó en 2009. El presidente Wickremasinghe, en lugar de centrarse en la crisis económica y asegurar la justicia social, reprimió las protestas, e incluso recurrió para esto a la tristemente célebre Ley de Prevención del Terrorismo con el fin de detener a activistas estudiantiles.

También se han producido grietas en las bases de países que parecían impenetrables. En noviembre, la frustración cada vez mayor por las estrictas medidas de confinamiento que se instrumentaron en Beijing como parte de su estrategia de “cero Covid”, se trasladó a las calles, y manifestantes de ciudades de todo el país repudiaron las medidas draconianas del Partido Comunista y, en algunos casos, el gobierno de Xi. Estas notables muestras de resistencia, encarnadas principalmente por personas jóvenes y mujeres jóvenes, demuestran que la aspiración de gozar de derechos humanos no puede eliminarse pese a los enormes recursos que el gobierno chino ha destinado a reprimirlos.

Es fácil celebrar la actitud de los manifestantes que llevan a las calles la lucha por los derechos humanos. Pero no podemos esperar que los manifestantes diagnostiquen los problemas —algo que hacen exponiéndose a un gran riesgo para sí y para sus familias— y que, por sí solos, hagan que rindan cuentas los responsables de las privaciones que han sufrido. Los gobiernos que respetan los derechos deben poner a disposición su fortaleza política y su atención para asegurar que se materialice el cambio —tan necesario— en el ámbito de los derechos humanos. Los gobiernos deben estar a la altura de sus responsabilidades globales en materia de derechos humanos, no limitarse a ponderarlas y adoptar una postura al respecto.

Como ejemplo, se puede señalar el caso de Sudán, cuya revolución popular, entre 2018 y 2019, cuestionó la estructura de poder abusiva que reprimió al país durante décadas. El gobierno cívico-militar de transición que condujo al país durante dos años fue saboteado por un golpe militar a fines de 2021, y puso el futuro del país en manos de autócratas y jefes militares sudaneses implicados en graves abusos, algunos de los cuales están volviendo a cometer actos de este tipo.

No obstante, en un contexto de represión brutal, persisten los comités de resistencia sudaneses, grupos civiles de carácter vecinal que promueven la democracia y que se formaron a partir de la revolución de 2018. Estos grupos insisten en que se lleve adelante una transición de carácter exclusivamente civil y pretenden que los responsables de abusos rindan cuentas por sus actos. En diciembre, varios actores políticos alcanzaron un acuerdo preliminar con los cabecillas del golpe militar, y pospusieron los debates sobre reformas en los sectores de justicia y seguridad hasta una etapa ulterior, pero manifestantes y grupos de víctimas han rechazado el acuerdo.

Para que Sudán avance hacia un futuro con mayor respeto por los derechos, las demandas de estos grupos, incluidos los reclamos de que haya justicia y termine la impunidad de quienes gobiernan, deben ser una prioridad para Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y los socios regionales al interactuar con los líderes militares de Sudán. Quienes perpetraron un golpe de Estado para acceder al poder no renunciarán a él si no hay factores de disuasión o costos económicos.

Del mismo modo, poner foco en las demandas de los millones de personas que ejercen presión para que se reconozcan los derechos humanos y haya un gobierno civil democrático en Myanmar sigue siendo fundamental para abordar la crisis persistente. En febrero de 2021, los militares en Myanmar llevaron a cabo un golpe de Estado y, desde ese momento, han reprimido con brutalidad la oposición generalizada. Durante dos años, la junta militar ha perpetrado abusos sistemáticos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) elaboró un “Consenso de Cinco Puntos”, negociado entre el bloque y la junta de Myanmar, para abordar la crisis que atraviesa el país. La iniciativa ha fracasado, y varios países de la ASEAN —entre los cuales se incluyen Malasia, Indonesia y Singapur— han reconocido la negativa de la junta a cumplir. Desde que se produjo el golpe, la ASEAN no ha permitido que representantes de la junta de Myanmar participen en las reuniones de alto nivel del bloque. Más allá de eso, la ASEAN ha ejercido una presión mínima sobre Myanmar, mientras otros gobiernos poderosos, incluidos los de Estados Unidos y el Reino Unido, se escudan en la deferencia regional para justificar sus propias acciones limitadas.

A fin de lograr un resultado diferente, la ASEAN debe adoptar un enfoque distinto. En septiembre, quien entonces era ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, fue el primer funcionario de la ASEAN que se reunió abiertamente con representantes del Gobierno de Unidad Nacional de la oposición de Myanmar, formado por legisladores electos, representantes de minorías étnicas y activistas de la sociedad civil después del golpe. El bloque debería acompañar esta acción e incorporar en la interacción a representantes de la sociedad civil.

La ASEAN también debería intensificar la presión sobre Myanmar alineándose con los esfuerzos internacionales que buscan interrumpir los ingresos en divisas y la compra de armas por parte de la junta, lo cual, en última instancia, debilitaría a los militares de Myanmar. Como presidente de la ASEAN en 2023, Indonesia debería llevar adelante una revisión de los antecedentes de derechos humanos de la junta y su incumplimiento del Consenso de Cinco Puntos y considerar la posibilidad de suspender a Myanmar para reivindicar el compromiso del bloque con una “ASEAN orientada a las personas y centrada en ellas”.

Los derechos humanos pueden definir —y configurar— el rumbo a futuro

Un año más de reducción del espacio cívico real y virtual en todo el mundo obliga a reconocer que los ataques contra el sistema de derechos humanos se deben, en parte, a su eficacia, puesto que, al exponer los abusos y dar resonancia a las voces de sobrevivientes y de personas que están en riesgo, el movimiento por los derechos humanos hace que a los gobiernos abusivos les resulte más difícil conseguir sus objetivos.

En 2022, a seis semanas de la invasión a gran escala de Ucrania, las autoridades rusas cerraron de manera abrupta la oficina de Human Rights Watch en Moscú después de 30 años de operación continua, junto con las de más de una decena de organizaciones no gubernamentales extranjeras. Los cierres se concretaron tras una década de leyes y medidas represivas que el gobierno ruso adoptó para diezmar a la sociedad civil y forzar a cientos de activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y otros críticos a exiliarse. El Kremlin ha llegado a medidas de ese calibre con el fin de aniquilar el disenso, ya que el disenso representa una amenaza. Y allí radica una verdad fundamental: quienes se empeñan en reprimir los derechos humanos muestran su debilidad, no su fortaleza.

Una y otra vez, los derechos humanos son una óptica poderosa a través de la cual podemos contemplar las amenazas más apremiantes que enfrentamos, como el cambio climático. Desde Pakistán hasta Nigeria, pasando por Australia, cada rincón del mundo enfrenta un ciclo casi ininterrumpido de eventos climáticos catastróficos que se intensificará debido al cambio climático, combinados con cambios más paulatinos, como el aumento del nivel del mar. Para expresarlo en términos simples, tenemos frente a nosotros el costo de la inacción de los gobiernos, el asedio constante de quienes más contaminan y el efecto que esto tiene sobre las comunidades, en las cuales quienes ya se encontraban en situaciones de marginación enfrentan las peores consecuencias.

El vínculo inquebrantable entre las personas y la naturaleza ha sido reconocido por la Asamblea General de la ONU, que el año pasado confirmó la universalidad del derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Los efectos destructivos del cambio climático se intensifican en todo el mundo, y los funcionarios gubernamentales tienen el imperativo legal y moral de regular las industrias cuyos modelos de negocios son incompatibles con la protección de derechos básicos.

Para evitar los peores efectos del cambio climático y abordar el impacto que tiene sobre los derechos humanos en todas las etapas de sus operaciones, los gobiernos deben trabajar de manera urgente para implementar una transición justa orientada a eliminar gradualmente los combustibles fósiles y prevenir que los agronegocios continúen arrasando los bosques del mundo. Al mismo tiempo, los gobiernos deben actuar con premura defendiendo los derechos humanos en sus respuestas a condiciones climáticas extremas y cambios más paulatinos que ya son inevitables, protegiendo a las poblaciones que están expuestas a mayores riesgos, como pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza.

Muchas de estas comunidades también están encabezando las acciones para proteger sus modos de vida y sus hogares contra las extracciones de carbón, petróleo y gas que contaminan el agua que necesitan para cocinar, limpiar y consumir, y que dan como resultado el aumento del nivel del mar en torno a los territorios donde viven. Dar un papel preponderante a las comunidades y a los defensores ambientales que están en la primera línea es una de las maneras más potentes de oponer resistencia a las actividades corporativas y gubernamentales que dañan el medioambiente y proteger los ecosistemas de vital importancia que se necesitan para lidiar con la crisis climática.

Los defensores indígenas de la selva tienen un papel clave para la protección de la amazonia brasileña, un ecosistema que resulta esencial para ralentizar el avance del cambio climático mediante el almacenamiento de carbono. En lugar de brindarles apoyo, la administración del entonces presidente Jair Bolsonaro permitió la deforestación ilegal y debilitó la protección de los derechos de las comunidades indígenas. La destrucción ambiental masiva que tuvo lugar durante su mandato de cuatro años se dio en forma simultánea con graves violaciones de derechos, incluidos actos de violencia e intimidación contra las personas que intentaron detenerla.

El presidente recientemente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha comprometido a reducir a cero la deforestación de la Amazonía y a defender los derechos de los pueblos indígenas. Durante sus dos mandatos anteriores, que se extendieron desde 2003 hasta 2010, la deforestación se redujo notablemente, pero su gobierno también promovió represas y otros proyectos de infraestructura con altos impactos ambientales y sociales en la Amazonía. La capacidad que demuestre el Presidente Lula para cumplir sus compromisos en materia climática y de derechos humanos resulta clave para Brasil y para el mundo.

Una renovada adhesión internacional a los derechos humanos

La magnitud, escala y frecuencia de las crisis de derechos humanos en todo el mundo señalan la urgencia con que se debe establecer una nueva configuración y modelo de acción. Analizar a través de la óptica de los derechos humanos los mayores desafíos y amenazas que se ciernen sobre el mundo moderno no solo revela las causas profundas de los trastornos, sino que también ofrece orientación sobre cómo abordarlas.

Todos los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos humanos y promover que sean respetados. Después de años de esfuerzos fragmentados y, a menudo, tibios, en favor de la población civil que se encuentra amenazada en lugares como Yemen, Afganistán y Sudán del Sur, la movilización mundial en torno a Ucrania nos lleva a reflexionar sobre el extraordinario potencial que se materializa cuando los gobiernos toman conciencia de sus responsabilidades de derechos humanos a escala mundial. Todos los gobiernos deberían abordar con el mismo espíritu de solidaridad la multiplicidad de crisis de derechos humanos que se manifiestan en todo el mundo, y no sólo cuando la situación esté alineada con sus intereses.

Directora Ejecutiva en Funciones

https://www.hrw.org/es/world-report/2023?story=keynote

En INFORME MUNDIAL 2023. Nuestro análisis anual sobre los derechos humanos en el mundo. Human Rights Watch