A finales de noviembre tuvo lugar en la Ciudad de México una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. O para ser más precisos: se realizó un acto formal para dar a conocer que las partes habían llegado a un acuerdo, el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, luego de más de un año sin que se registraran mayores novedades sobre el proceso. El documento suscrito por las partes ha sido recibido con loas y cuestionamientos, dadas las múltiples pasiones e intereses que giran en torno a la terrible realidad venezolana.

En medio de este revuelo mediático, ¿qué cabe decir sobre esta noticia? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar? Conviene que cualquier consideración comience por reparar en el contexto, para poder ponderar así cuánto hay de cambio y cuánto de continuidad con respecto al pasado más reciente, que no anima precisamente al optimismo.

El “Proceso de México” es el sexto mecanismo de diálogo y negociación con facilitación foránea que ha sido desarrollado en Venezuela durante las últimas dos décadas. Esta circunstancia permite hacerse una idea de la complejidad inherente al caso venezolano, que por alguna razón ha ameritado semejante participación externa. El primero de estos mecanismos, la Mesa de Negociación y Acuerdos de 2002-2003, tuvo por facilitadores principales al secretario general de la OEA –por aquel entonces César Gaviria– y al Centro Carter, y aconteció durante el período presidencial de Hugo Chávez, quien gobernó al país durante 14 años; los cinco restantes se han desarrollado durante los ya casi 10 años en los que Nicolás Maduro ha regido a Venezuela.

Hasta ahora, solo las negociaciones de 2002-2003 habían conducido a acuerdos formales de alguna entidad, lo cual explica el escepticismo de la población venezolana ante estos mecanismos. Por ende, el acuerdo anunciado el pasado mes de noviembre implica una novedad importante. Si en 2003 se acordó que la crisis política debía canalizarse a través del referéndum revocatorio que contemplaba la Constitución, en esta ocasión se ha acordado la repatriación de varios miles de millones de dólares para que sean gastados en programas sociales, bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela. Esos fondos, vinculados a diversos activos que el Estado venezolano mantiene en el extranjero, han permanecido hasta ahora inmovilizados como consecuencia de las sanciones que Estados Unidos, Canadá y varios países europeos han impuesto al gobierno de Nicolás Maduro y a sus funcionarios por sus violaciones a los derechos humanos.

Probablemente no es fruto de la casualidad que tanto el proceso de 2002-2003 como el actual en México sean los únicos que hayan logrado conducir a acuerdos, ya que tanto en la Mesa de Negociación y Acuerdos de hace 20 años como en el actual Proceso de México la facilitación ha corrido a cargo del Reino de Noruega, por lo que se ha contado con una preparación más metódica de las negociaciones y con un mayor involucramiento internacional, disponiéndose así de una facilitación realmente profesional y cumpliendo con las etapas que dictan los cánones.

Ahora bien, mientras que con los Acuerdos de Mayo de 2003 se dieron por concluidas las negociaciones de aquel año, el acuerdo recientemente anunciado en la capital mexicana es apenas un primer paso dentro de los siete puntos contemplados en un Memorándum de Entendimiento que, en su mayor parte, está aún por desarrollar. Cabe destacar también que de los seis mecanismos que han tenido lugar en las últimas dos décadas en Venezuela, el Proceso de México es el que más se ha prolongado en el tiempo. Durante el último año, las conversaciones entre las partes fueron singularmente lentas y se produjeron en estricto sigilo, ya que el gobierno de Maduro –la parte menos interesada en un acuerdo negociado– se levantó de la mesa mexicana en octubre de 2021, en protesta porque Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, fuera deportado desde Cabo Verde a Estados Unidos.

La continuidad del Proceso de México tras un año sin avances visibles permite inferir que, a pesar de las negativas reiteradas del régimen autoritario de Nicolás Maduro, varios de los actores involucrados observan en la posibilidad de un acuerdo negociado su mejor opción para saldar la conflictiva situación actual de Venezuela.

Esta situación dista considerablemente de la que privaba hace tres o cuatro años, cuando la oposición optó por desconocer los resultados de la –a todas luces– fraudulenta elección presidencial de mayo de 2018, declarar desde la Asamblea Nacional la falta absoluta del presidente constitucional y designar al diputado Juan Guaidó como presidente interino. La medida, que contó con el respaldo de casi 60 gobiernos en todo el mundo –la mayor parte de las democracias occidentales, cabe destacar–, no fue acompañada del reconocimiento del alto mando militar venezolano, con lo que finalmente se quedó en una movida polémica y ruinosa que incrementó la ya notable asimetría de poder entre un gobierno autocrático y represivo, por un lado, y una oposición fragmentada y perseguida, por el otro.

Esa asimetría de poder –que lógicamente está haciendo valer la delegación oficialista en las negociaciones de México para imponer el ritmo y el talante de los diálogos y acuerdos– se vio incrementada durante los últimos tres años, con dos circunstancias imprevistas: la pandemia del covid-19 y la guerra en Ucrania. Si la primera le permitió al régimen de Maduro conjurar por dos años cualquier posibilidad de protesta popular, la segunda ha propiciado un giro radical en la posición del principal valedor de la oposición venezolana: el gobierno estadounidense.

La administración Biden, que de por sí no se encontraba para nada cómoda con el modo en que Trump abordó la “cuestión venezolana”, y que de entrada prefería algún tipo de normalización de las relaciones con Maduro, ha encontrado en el conflicto con Rusia un incentivo adicional para flexibilizar progresivamente su postura, facilitar un levantamiento gradual de las sanciones y rebajar su respaldo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, el cual, por lo demás, ni siquiera figura como tal en el Proceso de México, donde sus representantes se presentan como miembros de la “Plataforma Unitaria”.

Apenas puede disimularse el modo en que influye sobre la posición de la Casa Blanca el lobby de actores como Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que mantenía operaciones en Venezuela tras el giro geopolítico impulsado por Chávez. De manera simultánea a la firma del acuerdo en México, Chevron obtuvo la licencia para volver a operar por seis meses en Venezuela. En teoría, dicha licencia le exime de pagar regalías al Estado venezolano, pero la posibilidad de cobrarse de este modo lo que este le adeuda es una opción envidiada por otras petroleras en situación similar.

Quizás ello explique por qué de repente vimos al presidente Macron dándole la mano a Maduro: ¿un intento de última hora de obtener un status similar para las petroleras europeas? De ser así, es probable que la reciente renovación de las sanciones individuales que la Unión Europea impone a diversos funcionarios del chavismo haya impedido que la gracia concedida a Chevron se extendiera a empresas como Total, ENI o Repsol. Por lo pronto, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, se ha encargado de afirmar que las sanciones de la UE a Venezuela se “acomodarán” a la dinámica del diálogo en México.

En definitiva, el chavismo ha logrado que los primeros acuerdos de México giren en torno a sus intereses principales: repatriación de activos y levantamiento de sanciones. Avanza así en el desmontaje progresivo del gobierno interino, vendiéndose además ante la opinión pública venezolana como el actor que ha resistido las sanciones foráneas y rescatado esos fondos de las garras del imperialismo y la oposición. Los estadounidenses, convertidos en parte negociadora, logran que su compañía petrolera satisfaga su reclamo principal y que aporte más petróleo a su mercado interno. La población venezolana, a falta de conocer la letra pequeña de los acuerdos, cruza los dedos con la esperanza de que el dinero repatriado efectivamente redunde en su beneficio. Las Naciones Unidas cobrarían un porcentaje al velar por la correcta administración de los fondos. Y a la oposición venezolana, por su parte, le toca aguardar a que los demás puntos de la agenda, tales como la liberación de presos políticos, la reparación de las víctimas de la represión estatal y la negociación de condiciones para realizar verdaderas elecciones, sean abordados más pronto que tarde. A fin de cuentas, el desarrollo y resultado de una negociación no es más que una demostración de la correlación del poder realmente existente entre las partes involucradas.

6 de diciembre 2022

Letras Libres

https://letraslibres.com/politica/martinez-meucci-venezuela-acuerdo-nego...

Uno de los graves problemas de la escuela en Venezuela es la falta de personal docente.

Desde hace más de dos décadas, Venezuela viene siendo conducida bajo las directrices del proyecto político bautizado como "Socialismo del Siglo XXI", implantado por Hugo Chávez en los primeros años de su gobierno, y continuado por Nicolás Maduro hasta el día de hoy.

Con el paso del tiempo, este modelo ideológico-político ha generado un conjunto de profundas distorsiones y desequilibrios. A partir del año 2014, el país desembocó en una "emergencia humanitaria compleja”, es decir, una emergencia que se prolonga en el tiempo y afecta considerablemente a todos los ámbitos de la vida humana.

El sistema educativo venezolano es una de las áreas prioritarias del país que ha sido afectada de manera más profunda. Uno de los principales objetivos del modelo chavista era lograr el acceso masivo de los niños y adolescentes al sistema educativo venezolano. Sin embargo, los hechos evidencian exactamente lo contrario.

Emergencia educativa

En el año 2018, la Asamblea Nacional declaró la "Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación en Venezuela, como consecuencia de la inexistencia del Estado docente, la dessalarización del trabajo pedagógico, el irrespeto a la autonomía de los gremios, la violación de los derechos laborales, la gravísima deserción escolar y la migración de docentes, la casi inexistencia de programas de asistencia al estudiante, el incumplimiento de la obligación de inclusión educativa de los pueblos indígenas, la instrumentación de prácticas de persecución y acoso laboral con trasfondo partidista, la imposición de modificaciones al currículo escolar con sesgo ideológico y la vulneración de la autonomía universitaria en todas sus expresiones”.

Esta declaratoria de emergencia educativa fue ignorada por el régimen de Nicolás Maduro, con lo cual la crisis del sistema educativo ha seguido profundizándose. La politóloga Verónica Medina, coordinadora de Investigación de Equilibrium Cende, en su estudio "Cobertura educativa en Venezuela” de julio de 2020, señala que "los objetivos educativos de universalización de la educación primaria y media, y la masificación del nivel universitario no se han cumplido y, lo que es peor, se evidencian retrocesos. A su vez, las promesas de mayor inclusión educativa hacia los grupos vulnerables tampoco se han hecho presentes, evidenciándose grandes brechas de cobertura entre los grupos más y menos favorecidos”. Las últimas investigaciones y encuestas realizadas en el país durante los últimos dos años confirman esta situación.

Un sistema poco transparente y difícil de evaluar

En la medida en que la crisis del sistema educativo venezolano fue haciéndose más evidente, el régimen optó por dejar de publicar datos oficiales para así ocultar la realidad, tal y como ha sido su práctica en otras áreas de la vida nacional. En efecto, ya son varios años, y en algunos casos más de una década, desde que el Gobierno dejó de publicar, por ejemplo, las cifras de la pobreza, deuda pública, producción petrolera, producto interno bruto y balanza de pagos.

En el caso específico del sistema educativo venezolano, el Estado dejó de publicar desde el año 2015 las estadísticas oficiales básicas relativas a la cobertura escolar, presupuesto y gasto en educación, estado de la infraestructura de los planteles educativos y calidad de la educación, entre otras.

Además, y de acuerdo con lo señalado por Medina, "desde el año 1997, Venezuela no se somete a alguna evaluación internacional que permita medir y comparar el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de lectoescritura, matemática y ciencias. A su vez, el Ministerio de Educación lleva diez años sin realizar pruebas nacionales de aprendizaje, aun cuando existe el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje”.

La escasez y deficiencia de la información oficial ha sido parcialmente cubierta con estudios, investigaciones y encuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil dedicadas al monitoreo de las características y desempeño del sistema escolar venezolano.

Cobertura educativa excluyente y en continuo retroceso

Desde el año 2014, la capacidad del Estado venezolano para atender la demanda de educación de los venezolanos en edad escolar viene cayendo de forma casi ininterrumpida. De acuerdo con los resultados de la última encuesta ENCOVI, en los últimos nueve años la cobertura educativa general para los jóvenes entre 3 y 24 años cayó diez puntos porcentuales, pasando del 73 por ciento al 63 por ciento. Solo en el último año, 190 mil alumnos abandonaron el sistema educativo.

Preocupa de manera especial a los investigadores de ENCOVI la caída de la cobertura escolar en la población de 3 a 5 años. Se estima en más de 1,5 millones el número de alumnos que permanecieron fuera del sistema educativo durante el período 2021-2022. Esto significa que casi la mitad de los niños entre esas edades está fuera de la educación inicial, lo cual tendrá repercusiones importantes en el desarrollo acumulativo del aprendizaje de esos eventuales alumnos. Esta exclusión educativa afecta en mayor medida y de forma sistemática a los más pobres y vulnerables ya que la oferta pública educativa es limitada y la privada es costosa.

Los factores de la inasistencia escolar

La inasistencia escolar de los niños a la educación básica en Venezuela ha estado relacionada con la crisis humanitaria compleja que ha sufrido el país durante los últimos años, de acuerdo con los resultados de la investigación "Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela: Reporte Final”, publicado en septiembre de 2021, y elaborado por DevTech Systems con la asistencia de la Universidad Católica Andrés Bello, ANOVA y la Fundación Carvajal de Colombia.

Según la investigación de DevTech Systems, entre las principales causas de inasistencia escolar durante el período 2020-2021 destacan: la falta de comida en el hogar (78,3 por ciento), la falta de servicios básicos (56,7 por ciento), no poder adquirir los materiales y útiles escolares (55,5 por ciento), razones de salud (44,4 por ciento), necesidad de ayudar en las tareas del hogar (43,7 por ciento), el alumno no desea seguir estudiando (43,5 por ciento), el alumno no considera importante la educación (39,7 por ciento), y costo del transporte (25,9 por ciento). Más de la mitad de los estudiantes (56,9 por ciento) reportaron sufrir de vulnerabilidad alimentaria.

Por su parte, los investigadores de ENCOVI 2022 encuentran que las principales causas de abandono de los estudios de los adolescentes y jóvenes en Venezuela son la poca pertinencia de la oferta educativa y la necesidad de trabajar: 35 por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) y 22 por ciento de los jóvenes (18 a 24 años) no consideran importantes los estudios, mientras que 21 por ciento de los jóvenes necesitan trabajar.

Escasez de personal docente

Otro de los graves problemas que enfrenta el sistema educativo venezolano es la escasez del personal docente y su cualificación. Raquel Figueroa, especialista en políticas educativas y dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela, denunció el pasado mes de septiembre que el año escolar 2022-2023 iniciaría "con un déficit de 57 por ciento de profesionales de la docencia en las especialidades de matemática, física, química, biología, historia, literatura e idiomas”.

De acuerdo con datos de la Federación Venezolana de Maestros, más de cien mil docentes abandonaron el sistema educativo entre los años 2015 y 2020. Los bajos salarios, la dolarización y la migración forzada son los factores que fundamentalmente explican la deserción de los educadores. La consulta educativa realizada por FundaRedes en el año 2021 señala que "un 55 por ciento de los docentes en el país desarrollan otro tipo de actividades para poder cubrir sus necesidades básicas, ya que los salarios como profesionales de la docencia no les permite tener acceso a mejores condiciones de vida”.

Gricelda Sánchez, presidente de la organización Formación de la Dirigencia Sindical, señala que "en Venezuela, la educación dejó de ser una carrera atractiva, pues el salario actual de los profesores varía entre los 30 y los 140 dólares mensuales”, lo cual es un salario bastante menor al costo de la canasta básica familiar, que alcanza los 376 dólares al mes según los cálculos del Centro de Educación y Análisis para los Trabajadores (CENDA).

Deterioro de la infraestructura escolar y de los servicios básicos

Este lamentable cuadro del sistema educativo venezolano lo completa el progresivo deterioro que ha tenido la infraestructura escolar y los servicios básicos que le sirven de soporte. El "Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela” estima que alrededor del 69 por ciento del total de colegios de Venezuela presentan carencias o vulnerabilidades graves en más del 50 por ciento de los ítems evaluados. Las carencias más comunes de carácter agudo son servicios de salud (93,7 por ciento), internet (85,7 por ciento), salas de teatro o música (84,9 por ciento), laboratorios (79,6 por ciento), electricidad (69,9 por ciento), agua (56,6 por ciento), canchas deportivas (46,8 por ciento) y aulas de clase (17,6 por ciento).

Este diagnóstico lo confirma el informe "Estudiar entre ruinas”, elaborado en julio de este año por la organización civil "Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP). Esta investigación, que abarcó nueve de los principales estados del país, revela que alrededor de 59 por ciento de los planteles encuestados "presentan graves problemas de infraestructura, originados por un desgaste natural, pero también por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Es una constante la presencia de filtraciones, techos caídos, baños inoperativos, falta de pupitres y un precario acceso a servicios públicos especialmente de agua potable, aguas servidas, gas doméstico y electricidad”.

La profunda crisis del sistema educativo venezolano tendrá lamentablemente severas consecuencias negativas en las posibilidades de desarrollo futuro del país. Corregir cuanto antes esta precaria y delicada situación es una prioridad para todos los venezolanos. (ms)

5 de diciembre 2022

DW

https://www.dw.com/es/la-crisis-del-sistema-educativo-en-venezuela/a-639...

Nada de casual tienen los encuentros del Presidente Maduro con Emmanuel Macron de Francia, John Kerry enviado de Biden a la Cumbre en Egipto o con el Presidente de Portugal. Lo mismo podemos decir de la visita del alto representante del Vaticano a CCS o las negociaciones en México.

Míster Petro ya está alineando los apoyos de Fernández, Lula y el resto de la izquierda latinoamericana para proponer y presionar por la amnistía general para "todo aquel" vinculado con el régimen y con la oposición. Una suerte de borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Modelado al estilo de las negociaciones de paz en Colombia.

Las sanciones están por caer, quizás incluso a partir de enero al terminar este disparate mal conocido como Interinato y el pichón de Leopoldo sale enlodado por las marramucias de la derecha; a pesar de haber llevado sobre sus hombros la carga y el mensaje de la oposición al mundo entero. La renuncia de un hombre probo como pocos, como lo es el Ing. Calderón Berti, no deja lugar a dudas. Pasar impoluto por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, por la Presidencia de PDVSA, de la OPEP y por la Cancillería, es más que suficiente evidencia de quien es quien.

¿Y ahora, qué? Al final del día todos queremos anticipar lo que está por venir. Por una parte quisiéramos ver la liberación inmediata de los presos políticos y la restitución del estado de derecho (buena suerte con esta); y por la otra la posibilidad más o menos cierta de que aquí la economía se estabilice y comience a crecer sostenidamente. Y rápido.

Con la caída de las sanciones, la renta petrolera debería mejorar con prontitud, en la medida en que las empresas del sector energético internacionales y domésticas comiencen a trabajar sin tantas limitaciones innecesarias e ineficientes. El rescate de los taladros y los gasoductos es quizás más fácil, para vender petróleo crudo y gas; incrementar la capacidad de refinación es más lenta.

Pero la verdadera recuperación solamente llegará a notarse cuando todo el aparato productivo tenga acceso a financiamiento suficiente. Esto implica crédito internacional para todas las áreas de servicios públicos (ya están en eso con la electricidad) y la liberación del financiamiento bancario nacional. Las políticas monetaria y cambiaria habrán de ajustarse a un modelo diferente, donde la banca pueda prestar sin que se dispare la paridad y por ende la inflación.

Eso indefectiblemente implica la generación de confianza en la economía nacional, que es quien eventualmente soporta la moneda. Esta es una de esas condiciones conocida como “necesaria y suficiente.” Hasta tanto los actores económicos en conjunto, que somos todos aquellos laboralmente activos no creamos que esto va a mejorar, pues no va a mejorar. Una profecía autocumplida.

Ahora por el contrario, si el Estado logra promover las medidas que nos hagan creer que “las cosas van a estar mejor” y por ende nos induzcan a comportarnos acorde a esa expectativa, habrá más empleo, mejores remuneraciones, mayor consumo e inversión y como dicen los franceses, voila. Más fácil decirlo que hacerlo, ciertamente, ya que implica un viraje de políticas y condiciones en general. Sin embargo, ese viraje comenzó días atrás y el acercamiento interinstitucional está encaminado. ¡Aun cuando a algunos no les guste reconocerlo!

No cantamos victoria, para nada. Todavía no hemos llegado a ningún lado y quizás estemos viendo con ansiado optimismo estos pininos, unas primeras señas de parte del Ejecutivo de que hay claros espacios de entendimiento. Ciertamente, hay mucha historia y “a quien lo picó macagua, bejuco le para el pelo.”

No obstante, si hay espacios que el empresariado ha logrado conquistar, entendiendo que la política y los negocios no se mezclan. Si bien necesitamos una gestión pública eficiente en la creación de las condiciones generales donde podamos operar, lo nuestro es enfocarnos en los hechos y no en los actores. Seguimos adelante con mucho entusiasmo, trabajando muy duro, quizás más que nunca, y dejando atrás a los agoreros de la economía. La política es otra cosa y allí, por ahora, la suerte ya está echada.

guillermomendozad@gmdconsultor.com

La de la economía y la sociedad.

Necesario es referirse a lo que acontece hoy en Venezuela con esa muy triste y dolorosa gran paradoja que estamos viviendo, entre la inauguración de la Gran Tienda, el sinnúmero de ricos y elevados nuevos restaurantes, abastecidos, seguro de afuera o de cualquier Bodegón y, las familias que siguen “pelando”, en el “barrio” y en su casa, esperando que le llegue la bolsa CLAP, la pensión, el aumento del salario mínimo o poder comprar su bombona de gas, gracias al favor del Carnet de la Patria o del Consejo Comunal. No hace falta invocar aquí, para resaltar el enfoque académico, los últimos resultados de la encuesta ENCOVI-UCAB-UCV, o a la espera de la del INE, sobre el gran número de pobres que siguen viviendo en este país. Paradójico también lo de las principales ciudades sede del espectáculo masivo en que se ha convertido Venezuela. Cuanto artista, cantante o teatro este por ahí viene y muy bien pagado. Abierto el Poliedro está para el gran evento. Pan y Circo es la consigna.

En la política.

No menos interesante es el registro de lo acordado en Méjico, pues teníamos entendido, que era para renovar la negociación de como regresamos al sistema democrático, en el que debieron realizarse y se deben efectuar unas elecciones presidenciales y legislativas limpias, transparentes y aceptadas por todos. Las mismas que dieron origen a las sanciones aplicadas desde el 2015 hasta hoy[1].

Pero resulta que no. Que la negociación fue para llegar a un “acuerdo social” que permite liberar los fondos congelados a un gobierno no reconocido por la comunidad internacional y cuyo fin es aliviar la crisis humanitaria que ahora parece ser cierta y que se originó en el buen manejo de la economía de los últimos dos gobiernos. Una crisis que provino, para que no se olvide, de esa excelente combinación de políticas que produce hiperinflación, devaluación, contracción económica[2], desabastecimiento y escasez. También, aparentemente, el “acuerdo” incluye algún monto para financiar la recuperación del sistema eléctrico el que, como recordamos, fue muy bien manejado por CORPOELEC.

Habría que añadir que estamos en vísperas de unas elecciones primarias de la oposición para escoger un único candidato contra el del gobierno, unas que, de acuerdo con este, solo se permitirán si se eliminan las sanciones que se le fueron aplicando sucesivamente y que, según recordamos se fundaron en la defensa del ordenamiento político y los derechos humanos.

La petrolera.

A esto se agrega, y no se puede omitir, la graciosa concesión a la empresa Chevron, ganada, según parece, solo porque se sentaron a dialogar los opuestos, quiere decir que, extraña y milagrosamente, lo que se supone que era una negociación política, terminó en petrolera, tema que, por supuesto, tiene un solo beneficiario y no dos. Mientras tanto, un buen número de voceros, ven con muy buenos ojos esa conversión de las negociaciones, de elecciones libres por sanciones a sanciones por petróleo.

Un poema viene a cuento.

Frente a este muy triste panorama, se nos ocurre, por cuestiones de memoria y, quizás, de antigua participación y desilusión política, recordar el bello poema de Jacques Prevert,[3] en el cual alude a una paradoja similar en otra época, en la que varios personajes enmascarados se reúnen para celebrar y del que tomé algunas partes que dicen así:

“Los que piadosamente…
Los que copiosamente…
Los que patrioterizan…
Los que inauguran
Los que creen
Los que creen creer

Como duele profundamente lo que puede venir y no se ve una alternativa de cambio valida, apelamos a esas palabras, viendo a nuestra Venezuela en manos vitalicias, cuyas características van desde ese “socialismo confuso” que apela a las reglas de mercado, luego las revierte y son las mismas que se asociaron a la “moneda imperial y, mientras tanto promueve a la callada el Estado Comunal siguiendo la versión china o la cubana. Por esas razones el mismo poema nos ayude, quizás, a entender. Sigue así:

Los que croan croan
Los que tienen plumas
Los que meten mano
Los que andromaquean
Los que dreadnoughtean
Los que mayusculan
Los que cantan a compás
Los que cepillan para que brille
Los que tienen panza
Los que bajan los ojos
Los que saben trinchar el pollo
Los que son calvos por dentro
Los que bendicen las jaurías
Los que se hacen besar los pies
Los que corren, vuelan y nos vengan, (4)

Todos esos y otros entraban orgullosamente al palacio del Elíseo haciendo crujir la grava; todos se atropellaban, se apuraban, pues hay un banquete de cabezas y cada cual se había fabricado la que más le gustaba.”

Describe el poeta minuciosamente a todos aquellos que, disfrazados, asisten a la cena y reproducen aquella Francia paradójica en la que convivieron ricos y pobres, reyes y revolucionarios, asambleístas y Presidentes que terminaron, como todos sabemos.

Como se dice en el argot cinematográfico esta película, este poema, estas notas no representan hechos reales, ni a persona alguna. Son ficciones inventadas por el guionista y el productor.

[1] No olvidemos los pronunciamientos en cada caso. Por ejemplo: la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, aprobada por el Congreso de ese país y refrendada por el Presidente Obama impuso “sanciones a las fuerzas de seguridad venezolanas que reprimieron las protestas estudiantiles de ese año”. Posteriormente se produjeron otras, quizás la más importante, la “Ley Verdad”, pues en el año 2019 el Congreso de ese país la aprobó con el respaldo de ambos partidos y cuyo fin es el mismo.

[2] Venezuela perdió del 2013 al 2018 cerca de un 70% de su capacidad productiva (PIB) con su consecuente impacto en el empleo y la multiplicación del empobrecimiento.

[3] “Intento de descripción de una cena con máscaras en Paris” Publicado en El Porteño, Valparaiso.2/12/2021

“Donde brilla el tibio sol

con un nuevo fulgor dorando las arenas.
-Donde el aire es limpio aún
bajo la suave luz de las estrellas.

-Donde el fuego se hace amor,
el río es hablador y el monte es selva;
hoy encontré un lugar para los dos: América.

América, América, América.
Todo un inmenso jardín: eso es América.
-Cuando Dios hizo el Edén
pensó en América.

-Cada nuevo atardecer
el cielo empieza a arder y escucho al viento
que me trae con su canción
una queja de amor como un lamento.

-El perfume de una flor,
el ritmo de un tambor en las praderas y
danzas de guerra y paz de un pueblo,

que aún no ha roto sus cadenas…”

-Después de haber escuchado esta vieja y hermosa canción “América” compuesta e interpretada magistralmente por el malogrado y Joven cantante español, Nino Bravo, mi imaginación, sin pedir permiso a nadie, alzó el vuelo y mientras volaba por esos cielos y caminos de la vida, me hizo recordar lo siguiente: fuimos descubiertos por un valeroso e intrépido Almirante: Don Cristóbal Colón, que, dicho sea de paso, ignoraba hacia donde se dirigía y navegaba en Carabelas propiedad de los Reyes Católicos de la Madre Patria.

-Y desde ese día, 12 de octubre de 1492 hasta hoy lunes 05 de diciembre del 2022, han transcurrido 530 años y con el más profundo de los dolores podemos decir que la América Latina, como señala la canción de Nino Bravo: “aún no ha roto sus cadenas” del subdesarrollo socioeconómico donde se encuentra y ello, en mi opinión, es la consecuencia de la acción combinada del culto a la pobreza, del culto a la personalidad y de que provenimos de la convergencia genética e histórica de la mentalidad mágica de nuestros pueblos indígenas, del resentimiento del hombre africano por haber sido esclavizado por seres humanos iguales a él, del desafecto laboral del español de aquellos tiempos imperiales, para quien el trabajo era una actividad indigna y del complejo compulsiva de los dirigentes políticos latinoamericanos de dárselas de revolucionarios para ocultar la pena ajena que les causa la irrefutable verdad de que el pueblo estadounidense, en el mismo período histórico, fue capaz de forjar el más poderoso imperio de todos los tiempos.

-Así es pues que, de ese “paquetazo genético” que heredamos por línea directa provenimos los latinoamericanos y por eso, somos lo que somos. Por añadidura, fragmentados y divididos en Repúblicas desunidas, difícilmente saldremos de las catacumbas del subdesarrollo denigrante y deprimente, salvo que, en mi modesta opinión, sometamos a experimentación los siguientes objetivos específicos:

1), Comenzar por hacer todo lo contrario de lo que hasta hoy hemos venido haciendo en todo ese inmenso territorio poblado por gente unida por fuertes lazos históricos, lingüísticos, culturales y religiosos, e integrarlos en una sola entidad política continental que denominaremos: “Unión de Repúblicas Latinoamericanas”: (U.R.L.A)

2). Cambiar en giro copernicano la manera de pensar a través de un proyecto de país con énfasis en la educación, que promocione la capacidad de la Introspección Cognitiva Personal para modificar conductas ancestrales.

3). Ubicar la capital de la Unión en la región del istmo de Panamá donde se construirá un segundo canal en dirección atlántico-pacifico y el actual para ser utilizado en dirección pacifico-atlántico.

4). Su gobierno será democrático, colegiado, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y ético.
5). Su idioma; castellano y portugués y la unidad monetaria oficial: “El Latino”

6). Dividir el territorio comprendido entre Méjico y la Patagonia en regiones, departamentos, municipios y comunidades rurales e indígenas.

7). La Unión será irrevocablemente libre e independiente. Sus derechos serán la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación, propugnará como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, el pluralismo político y la conducta ética. Y tendrá como propósitos la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa, la promoción de la prosperidad y el bienestar de los pueblos latinoamericanos y la garantía de sus derechos y deberes como individuos.
8). Los procesos mediante los cuales se alcanzarán estos objetivos, serán: la educación eficiente, el trabajo creador y la práctica sistemática de la solidaridad.
9). La soberanía residirá en los pueblos latinoamericanos que la integran.
10).La Unión garantizará el goce de los derechos humanos, con prioridad en la educación. En este sentido se creará La Universidad Agropecuaria, Técnica e Industrial Latinoamericana, de donde egresarán los jóvenes obreros, peritos técnicos y tecnólogos que la Unión vaya necesitando en base a un instrumento de planificación ascendente que previamente haya planificado el desarrollo armónico y proporcional de la nación latinoamericana.
11).Todos los institutos, salvo la Universidad Agropecuaria, que impartan educación superior conformarán La Universidad Nacional y Autónoma Latinoamericana, la cual se proyectará a todo el territorio como universidades departamentales, municipales y comunales. Igualmente se procederá con los institutos militares, se agruparán en la Universidad Central de la Fuerza Armada Latinoamericana, de donde egresarán los jóvenes oficiales y suboficiales que se incorporarán a la Fuerza Armada en sus tres básicos Ejércitos: Ejército del Aire, de Tierra y de Mar. De la Academia Nacional de Policía, egresara el personal encargado de la seguridad y el control público.
12),Todo proyecto que se vaya a desarrollar en función del bienestar de los pueblos, será diseñado de acuerdo a la metodología de la investigación y al proceso de planificación ascendente; es decir, de la comunidad al municipio, de este al departamento y de aquí al plan general de la nación.
13). Al indígena debe considerársele como ciudadano con derechos y deberes constitucionales, no como trofeo turístico ni especie en extinción a la que hay que conservar alejada del hombre blanco.
14). Crear un modelo económico productivo basado en la cogestión de obreros, trabajadores y empresario capaz de producir bienes y mercancías en cantidades suficientes que no solo satisfagan las básicas necesidades del pueblo sino excedentes que estimulen la exportación. En este modelo, quedará proscrita la explotación del hombre por el hombre y será implementada la paridad laboral entre hombres y mujeres.

15). El equilibrio de la Unión se sustentará sobre la independencia absoluta de sus poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
16). El Poder Ejecutivo será ejercido por un gobierno colegiado de tantos miembros como Repúblicas se integren a la Unión y por acuerdo entre sus miembros se designará un Presidente que permanecerá dos años en sus funciones, el resto desempeñará funciones vicepresidenciales hasta que a cada quien le llegue su turno para presidir la Unión.
17). El Poder Legislativo estará representado por el Congreso de la Unión e integrado por dos Cámaras: Diputados y Senadores.

18). Proscribir el racismo, la xenofobia y la explotación minera sin control ecológico.

19). Proyectar el Sistema de Orquesta diseñado en Venezuela por el Maestro José Antonio Abreu, a todos los pueblos que conforman la Unión.
20). Corresponderá al Poder Constituyente Originario de los pueblos integrados, redactar la Constitución que regirá los destinos de la Unión de Repúblicas Latinoamericanas.

-Finalmente, lo que no debemos hacer es tratar de integrar la América Latina bajo la asesoría y respaldo de “potencias amigas y solidarias” que solamente las mueven: ocultas intenciones para invadir espacios vitales que incrementen sus territorios; pues, dicha integración debemos realizarla los latinoamericanos. Nadie más.

Villa de Cura, lunes 05 de diciembre del 2022-

A pesar de haber perdido 1x0 frente a Camerún, la selección de fútbol de Brasil, conocida mundialmente como “La Canarinha” logró en ese partido acabar con una arraigada tradición homofóbica que desde 1930 ha estado presente en los campeonatos mundiales.

Como en Brasil el número 24 está popularmente asociado de manera peyorativa a la homosexualidad y a una supuesta falta de hombría, nadie quiere tener ese número en el dorsal de su camiseta. La Canarinha nunca ha alineado —ni convocado hasta ahora— a nadie con ese número. Eso cambió este viernes, durante el partido Brasil-Camerún, cuando el entrenador Tite anunció que, en el once abridor, estaría incluido el jugador Gleison Bremer portando el 24 en su camiseta. Este hecho, representó el debut mundialista del dorsal escondido durante casi un siglo.

La selección ha hecho a lo largo de los años todo tipo de maniobras cuando en campeonatos internacionales la Canarinha era obligada a convocar el detestado dorsal. La más habitual, colocárselo a un jugador con probabilidades remotas de disputar un solo minuto. Y a veces ha echado mano de trucos bien burdos. En la última Copa América, celebrada en Brasil, el equipo anfitrión saltaba del 23 al 25 mientras el resto de las selecciones respetaba la numeración. Esta aversión al 24 tiene su origen en una lotería brasileña, tan popular como ilegal, llamada jogo do bicho, el juego de los animales, en la que ese número corresponde al venado, que en portugués se dice veado y suena como viado, que viene a ser el equivalente del insulto marica. Aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que lo relacionaron porque los ciervos, a imagen de “Bambi”, se consideran animales afeminados.

Ese prejuicio homófobo es el motivo por el que Brasil, la única selección del mundo que ha jugado todas las ediciones del Mundial desde la inaugural en 1930, hasta Qatar 2022, nunca haya tenido un futbolista con el 24.

Algunos brasileños llevan su aversión al 24 fuera de las canchas. Evitan el asiento 24 en el autobús, el cine o el teatro, incluso vivir en ese piso o dicen que tienen 23+1 años, explicaba hace unos meses a France Presse, el jugador de Futsal y activista LGTB+ Bernardo Gonsales al ser preguntado sobre su edad.

Lamentablemente, la derrota frente a Camerun, opacó la importancia del hecho de romper o dejar de lado definitivamente un tradicional prejuicio homofóbico. Sin embargo, se abre un camino para ver de ahora en adelante una mayor presencia del número 24 en el dorsal de los jugadores participantes en la liga de futbol de Brasil.

Para los habitantes de Brasil, esto será algo realmente novedoso porque incluso en la principal liga de futbol local, solo cuatro de los 20 equipos lo incluyeron esta temporada en la numeración: el Corinthians de São Paulo, el América-MG de Belo Horizonte, el Internacional de Porto Alegre y el Santos, cuna deportiva de Neymar y el equipo de toda la vida de Pelé. Progresivamente se van dando los pasos para romper definitivamente con la asociación despectiva del número 24 con la homosexualidad y acabar con la polémica homofóbica.

«Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público». Pese a que esto señala el artículo 131 de la Constitución, en la práctica las autoridades se encargan de dejar en claro que hay quienes están por encima de la ley y no están obligados a cumplirlas, una de ellas parece ser Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Al menos este es el sabor de boca que dejan las informaciones que aseguran que la empresa estatal suscribió en mayo pasado un acuerdo con la Empresa Nacional Iraní de Refinación de Petróleo y Distribución (Niordc, por sus siglas en inglés; IRNA, en español) para la reparación y expansión de la refinería de El Palito, ubicada en el estado Carabobo y la cual tiene una capacidad para procesar 140.000 barriles diarios.

De acuerdo con lo reportado por Reuters y Crónica Uno, el contrato también incluiría una segunda fase, a través de la cual la empresa persa se encargaría de modernizar el Complejo Refinador de Paraguaná, la mayor instalación de su tipo en el país y hasta no hace mucho considerada una de las más grandes del mundo.

El acuerdo, valorado en 110 millones de dólares estadounidenses, forma parte de un memorando de entendimiento que ambos gobiernos suscribieron al margen de la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, por sus siglas en inglés), en Doha, Qatar. En dicho escrito, Irán acordó ayudar a Venezuela a revisar y renovar su sistema de refinación y plantas de procesamiento de gas.

Pese a la importancia financiera del pacto, no hay constancia de que el mismo haya pasado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 para ser analizado, tal y como manda el artículo 150 de la carta magna.

«La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías».

Las condiciones y términos del acuerdo bilateral no han trascendido ni han sido informados debidamente por las autoridades. Desde tiempos de Hugo Chávez el Gobierno venezolano mantiene estrechas relaciones con Irán, esto a pesar de que el llamado régimen de los ayatolás es objeto de sanciones internacionales por su programa nuclear y por la represión a su población.

No es la primera vez

Este tipo de omisiones no son de nueva data y se pusieron muy en boga con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante la anterior legislatura, en la que la oposición tuvo la mayoría del Parlamento.

En su sentencia n.º 618 de 2016, la Sala Constitucional autorizó al Banco Central de Venezuela (BCV) a solicitar al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) un préstamo por un millardo de dólares para fortalecer las maltrechas arcas públicas, sin necesidad de la aprobación de los diputados.

¿El argumento? La instancia consideró, entre otras razones, que esto no era un nuevo contrato de interés público nacional, sino la ejecución de un acuerdo suscrito hace más de dos décadas y, por lo tanto, «no está sujeto a la autorización de la Asamblea Nacional, ni requiere la consulta a la Procuraduría General de la República, órgano asesor del Ejecutivo Nacional».

Un año después, en su sentencia n.º 156 del 29 de marzo, la Sala autorizó a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) a conformar, junto a la empresa holandesa Stichting Inversiones Petroleras Iberoamericanas, la empresa mixta Petrosur, que se encargaría de producir en la Faja Petrolífera del Orinoco.

En este caso, la instancia admitió que el asunto debía pasar por los diputados, pero en virtud de la situación de desacato en la que se encontraban, por su negativa de cumplir las resoluciones del TSJ sobre los diputados de Amazonas, consideró que estaban inhabilitados para «ejercer sus atribuciones» y, por ello, se arrogó esta potestad.

Dos años después, en noviembre de 2019, a través de su sentencia n.º 384, la instancia esgrimió el mismo argumento para autorizar a Petrosur a endeudarse por 400 millones de dólares, por supuesto, sin necesidad de la aprobación de la AN.

Es llamativo que PDVSA evada someterse al actual Parlamento, que está ampliamente dominado por el chavismo y donde las posibilidades reales de control y supervisión son escasas.

¿Y la Ley Antibloqueo?

Uno de los argumentos del chavismo para omitir el control parlamentario a la hora de suscribir contratos de interés público nacional es la inconstitucional Ley de Antibloqueo aprobada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2020. Como se recordará, este instrumento busca establecer un «marco normativo especial y temporal» que facilite al gobierno de Nicolás Maduro «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria» las sanciones dictadas por varios países contra el Estado venezolano.

En el artículo 24 del texto se autoriza al Ejecutivo nacional a celebrar todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para la protección del patrimonio, con

«el objeto de impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas».

Dicho de otra manera, la llamada Ley Antibloqueo abre las puertas a la desaplicación del ordenamiento jurídico existente en el país, en particular la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela. En este caso, la posibilidad de celebrar todo tipo de contratos o acuerdos sin el cumplimiento de los controles de la AN, así como de los demás requisitos y condiciones legales, constitucionales e incluso convencionales, permitiendo que las autoridades manejen los recursos del país a su libre antojo.

Como ya hemos advertido, el instrumento es inconstitucional, pues elude la rendición de cuentas que todo poder público debe dar a los ciudadanos, así como es contraria a todos los tratados internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, suscritos por el país.

Adicionalmente, contraría uno de los elementos clave del Estado de derecho: la separación de poderes, ya que concentra el poder en el Ejecutivo y elude los pesos y contrapesos indispensables para que no haya abuso de poder.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El irrespeto de las normas constitucionales y legales ha favorecido los actos de corrupción que le han costado miles de millones de dólares a PDVSA y, por lo tanto, a los venezolanos.

Pero si lo anterior fuera poca cosa, la interferencia del Gobierno en la gestión diaria de la empresa petrolera ha facilitado que ella haya puesto en peligro algunas de sus propiedades ante tribunales extranjeros, como la demanda que interpuso la transnacional Crystallex International Corporation ante la Corte Distrital de Delaware (Estados Unidos), en la que la justicia estadounidense declaró que entre la República y PDVSA no había una clara separación, que la empresa no tenía autonomía para realizar sus funciones económicas y no era sino un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela.

1 de diciembre de 2022

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