El campeonato mundial de fútbol “Qatar 2022” ha servido de escenario para dar a conocer todas las tropelías que se cometen en la búsqueda de lograr ser sede de este universal evento. El mundo entero ha podido conocer los actos deshonestos que rodearon la compra de votos, la explotación de los trabajadores que construyeron los estadios y el más grave suceso como fue, según la denuncia del periódico británico “The Guardian, la muerte de 6.500 trabajadores. A ello hay que agregarle las acciones de un despótico régimen contra las mujeres, los homosexuales y la prohibición absoluta del movimiento LGBT+.

Cabría preguntarse entonces, como es posible que esto ocurra. Y la respuesta a ello vendría en primer lugar por la complicidad de los organismos encargados de autorizar la sede del evento. Y en segundo lugar, el uso del deporte por parte de regímenes autoritarios o dictatoriales que buscan lavar su imagen. El lavado deportivo o Sportswashing es un término utilizado para describir la práctica de individuos, grupos, corporaciones, gobiernos que usan los deportes para mejorar la reputación empañada por las malas acciones.

El lavado deportivo se puede lograr organizando eventos deportivos, comprando o patrocinando equipos deportivos o participando en un deporte. A nivel internacional, se cree que el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de los malos registros en materia de Derechos Humanos, los escándalos de corrupción, la criminalización y sangrienta represión de las protestas sociales, la explotación de los trabajadores y la ideologización expresada en términos de pensamiento único. A nivel individual y corporativo, se cree que el lavado deportivo se ha utilizado para encubrir vicios, crímenes y escándalos.

El deporte lleva décadas sirviendo para que regímenes violadores de los Derechos Humanos laven su imagen represiva., Por solo citar algunos ejemplos, pensemos por un momento en los Juegos Olímpicos de 1936, organizados en Berlín, para ver las dimensiones que puede tomar este asunto. Lo de Berlín fue una gigantesca operación de propaganda nazi, y se diseñó hábilmente para distraer a eso que llamamos opinión internacional de las acusaciones que ya comenzaban a susurrarse tímidamente contra el régimen de Hitler; y todos llevamos en la retina el documental de Leni Riefensthal, esa especie de himno a la superioridad de la raza aria, así como recordamos la imagen de los deportistas negros cuya presencia en los podios le daba al nazismo –a su racismo inherente– la respuesta que no dieron las democracias del mundo.

Lo que es cierto de los juegos olímpicos lo es mucho más del fútbol de selecciones, que siempre ha sido una especie de termómetro social, de lugar de concentración de las emociones colectivas, de reflejo distorsionado, pero no impreciso del inconsciente de un país. Y por eso no puede sorprender a nadie que haya pasado también por la manipulación y la propaganda, a veces de manera abierta y otras, acaso las más, de manera soterrada. Pero uno puede hablar, por ejemplo, del mundial de 1934, que organizó Italia y ganó su selección y que le sirvió a Mussolini como inapreciable golpe de propaganda para su régimen fascista. O de la dictadura de Videla en Argentina, que, con la celebración del mundial de 1978 pretendió lavar la cara de la sangrienta dictadura militar que con sus “vuelos de la muerte y los centros de tortura” asesinó a más de 30.000 personas. O del pasado mundial en Rusia, celebrado en un país sancionado por los organismos mundiales antidopaje por tener una política de estado para el dopaje de sus atletas o causante de invasiones a otros países generando masacres en la población civil.

Los gobiernos involucrados suelen apelar a la naturaleza unificadora del deporte. Sin embargo, el trato del gobierno mexicano a los manifestantes antes de los Juegos Olímpicos de 1968 mostró de lo que son capaces las dictaduras puestas en esta posición. Cuando estudiantes y trabajadores se reunieron en Tlatelolco días antes de la ceremonia de apertura para protestar por una serie de temas sociales y políticos, y para pedir que el dinero que se gasta en los juegos se destine a proyectos sociales, la respuesta fue una masacre.

Los grupos que abogan por una variedad de causas, desde preocupaciones ambientales hasta derechos LGBT+, presionaron contra los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, mientras que los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 proporcionaron el escenario perfecto para que los grupos de campaña publicaran informes ampliamente compartidos de gobiernos y ONG sobre el trato de China a sus musulmanes uigures. Informes creíbles de campos de trabajo forzado, esterilizaciones masivas para mujeres y ejecuciones arbitrarias llevaron a los críticos a etiquetar la política como genocida, y los grupos de derechos humanos han preguntado cómo tales políticas son compatibles con la marca del Comité Olímpico Internacional COI.

Desde Berlín hasta Qatar, los regímenes autoritarios han utilizado durante mucho tiempo el deporte como una forma de tratar de demostrar que se puede confiar en ellos. Invertir en eventos deportivos, ya sea comprando clubes y competiciones u organizando mega eventos, es la manera perfecta para que dichos gobiernos promuevan una imagen de confiabilidad, respetabilidad e internacionalismo. Pero las realidades de sus acciones políticas de represión, corrupción y muerte nunca coincidirán con los supuestos valores de igualdad, amabilidad y juego limpio que se supone que encarna el deporte.

En una resolución por amplia mayoría, el Parlamento Europeo declaró a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. Aunque esto no tiene consecuencias jurídicas directas, se considera una fuerte señal política.

Declarar a un país como patrocinador del terrorismo no está previsto, en principio, por la Unión Europea, ya que no existe un marco legal para ello. Para hacerlo, los iniciadores de la resolución toman como ejemplo a EE. UU., que ha incluido en su lista, entre otros, a Cuba y a Corea del Norte. En Europa, hasta ahora solo era posible poner en la lista de patrocinadores del terrorismo a organizaciones, como la palestina Hamás, o al PKK kurdo. Actualmente, 21 asociaciones están clasificadas como "terroristas” por la UE. Es decir que, con esta nueva resolución, el Parlamento Europeo abre una nueva instancia.

La resolución menciona que Rusia no solo lleva a cabo una guerra injustificada contra Ucrania, sino también ataques indiscriminados contra la población y la infraestructura civiles. Las tropas rusas, señala el documento, han asesinado a miles de civiles y han cometido en toda Ucrania actos terroristas, tomando por objetivo a viviendas, escuelas, hospitales y estaciones de metro, así como a centrales de electricidad y de agua potable. "Estos actos brutales e inhumanos provocan muerte, sufrimiento, destrucción y destierro”, resalta.

Los países de Europa del Este se adelantaron

"Con terror y muerte, el enemigo ha intentado una vez más lo que no ha podido lograr durante nueve meses, y nunca logrará”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, luego de que el Ejército ruso bombardeara un hospital en Kupyansk, en el este de Ucrania. La clasificación de las acciones de los soldados rusos contra el derecho internacional como "terrorismo” corresponde a las palabras que eligió Zelenski. La acusación consiste en que Rusia quiere compensar su derrota militar con actos terroristas contra la población civil.

Varios parlamentos de Europa del Este ya habían hecho suya esa interpretación, declarando a Rusia "patrocinador del terrorismo”, entre ellos, Polonia, los países bálticos y la República Checa. De sus filas surgió también la iniciativa de someter a votación la resolución en el Parlamento Europeo, luego de haber sido presentada por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), nacionalistas de derecha. Entre otras cosas, los eurodiputados mencionan en detalle casos hasta ahora desconocidos de tortura, violencia sexual, secuestro y ejecuciones, en referencia a numerosas investigaciones aún en curso por presuntos crímenes de guerra. En la argumentación también se denuncian violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, así como de tratados internacionales y del Derecho Internacional Humanitario. Es la suma de todas esas acusaciones la que fue presentada contra Rusia en su carácter de Estado iniciador de la guerra.

La votación se vio opacada por un ataque informático que paralizó momentáneamente toda la página del Parlamento Europeo. Según la presidenta del PE, Roberta Metsola, un grupo de piratas informáticos cercano al Kremlin se atribuyó el ciberataque.

La idea es confiscar bienes rusos

Fundamentalmente, la resolución del Parlamento Europeo no es más que una señal política, ya que, en sí, no tiene consecuencias jurídicas. La idea es preparar de ese modo el terreno para la confiscación de activos rusos, que en Europa solo están congelados hasta ahora. Además, debe servir para llevar a Vladimir Putin ante un tribunal internacional luego del fin de la guerra, así como para el congelamiento paulatino de las relaciones diplomáticas con Rusia. La confiscación de bienes rusos serviría para la reconstrucción de Ucrania, dice el iniciador de la resolución, el diputado Charlie Weimers, del partido populista de derecha sueco Demócratas de Suecia. "Hasta que Rusia no se retire de Ucrania, no será posible una paz verdadera”, añade. "Rusia debe entender que no solo hay individuos responsables de cometer crímenes de guerra, sino que también el Estado ruso debe asumir la responsabilidad por la destrucción y el terror intencional que ha desatado en Ucrania”. La resolución sería un primer paso para lograrlo.

Fuerte debate sobre la resolución

La resolución provocó discusiones en todos los sectores políticos. Parte de los socialdemócratas la consideran políticamente un despropósito, y temen que dificulte aún más las negociaciones con Rusia. También es un dolor de cabeza para los democristianos y para Los Verdes. La izquierda estaba en contra al principio, pero luego una gran mayoría la apoyó. El grupo Socialistas y Demócratas (S&D) dijo finalmente que votó desde el comienzo de la guerra por sanciones más duras contra Rusia. Para Pedro Marques, presidente del grupo, "no hay duda de que las atrocidades (…) son un intento de aterrorizar a la población”. Rusia quiere hacer que a la gente le sea imposible pasar el invierno, y la deja sin calefacción ni electricidad, añadió. "Eso no es nada menos que un crimen de guerra. Hay que parar a Rusia y responsabilizarla”, recalcó el socialdemócrata.

Sin embargo, la resolución no tendrá consecuencias políticas. Para que así fuera, los países miembros de la Unión Europea deberían aprobarla por unanimidad. Ni los que apoyan a Putin, como Viktor Orbán, ni el presidente francés, Emmanuel Macron, que aún se considera un negociador con Moscú, ni tampoco el gobierno alemán, que todavía no quiere descartar todas las salidas políticas, estarían de acuerdo. Entonces lo que queda es una señal de los miembros del Parlamento Europeo que, muy probablemente, se perderá en el vacío.

23.11.2022

DW

https://www.dw.com/es/qué-implica-que-el-parlamento-europeo-declare-a-rusia-promotor-del-terrorismo/a-63865619?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270352211132149&lid=2352149&pm_ln=177111

Este año se han venido produciendo una serie de decisiones que abren la posibilidad de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV), suspendidas desde hace 10 años por una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Se aprobó un reglamento electoral provisional por parte del Consejo Universitario (CU). Y se ha configurado una mayoría dentro del CU favorable a la realización del acto comicial para elegir a las Autoridades rectorales (Rector(a) y los Vicerrectores (as), representantes profesorales al CU, Decanos(as) y representantes profesorales a los Consejos de Facultad (CF) y Consejos de Escuela (CE). En el proceso electoral participarían de manera ponderada profesores, estudiantes, egresados y por primera vez empleados y obreros miembros de la Comunidad Universitaria.

La responsabilidad de la grave situación del sistema universitario en general y de la UCV en particular es del actual gobierno, que ha conculcado la autonomía universitaria cuando ha dejado a la institución virtualmente sin presupuesto. Para el año 2023 este será la mitad del año 2022; que ya acumulaba un descomunal déficit, como resultado de financiamientos reconducidos de manera consecutiva por años. Esto ha producido que el financiamiento sea una caricatura que ha conllevado a un profundo deterioro de la infraestructura física, servicios, indigencia de la dotación de todo tipo, entre ella una particularmente grave, que es la carencia de servicios de internet. Con lo que se imparte una docencia de manera precaria, financiada por los propios profesores, y se ha debilitado y hasta desaparecido en algunos ámbitos la investigación. Es decir, tenemos una Academia absolutamente menesterosa.

A esta situación se suma el hecho ominoso de que el pago de nómina ha sido asumido por el sistema Patria, con lo que se ha hundido el régimen de salarios de los profesores y demás miembros de la comunidad. A lo que se ha sumado la violación abierta y flagrante de todos los derechos laborales incluso los que se firmaron entre sindicatos gobierneros que no tienen ninguna representatividad de profesores, empleados y obreros, conocida como contratación única impuesta, para terminar, siendo violada de manera descarada, grave situación que hemos vivido los universitarios como resultado de los salvajes procesos de ajuste y devaluación vividos durante estos años. Para completar este penoso cuadro, tenemos un empobrecimiento de las familias que afecta de manera dramática las posibilidades de estudio de los jóvenes, a los cuales se les ha despojado de todos los servicios estudiantiles.

Todo este panorama de penurias, repetimos, es responsabilidad del actual gobierno. Pero también es verdad que la falta de renovación de autoridades ha generado un anquilosamiento autoritario que de larvado pasó a ser abierto, lo que fracturó las posibilidades de diálogo entre los diferentes sectores y entre los diferentes niveles de autoridades universitarias desde Rectores, Decanos y los diferentes Consejos de representación colectiva CU y CF, y los profesores, estudiantes y empleados.

Ello ocasionó que se fuera produciendo por parte de las autoridades un gran nivel de desinterés respecto de la problemática antes descrita, violación de la Autonomía y crisis académica. Estos cruciales asuntos desaparecieron de sus agendas, al mismo tiempo que las autoridades mismas pasaron a conformarse en el más poderoso dique de contención para cualquier posibilidad de discusión de estos temas de carácter docente y de investigación, de carácter laboral, gremial o sindical o de cualquier eventualidad de reagrupar a los diferentes sectores que hacen vida en la comunidad universitaria para discutir una agenda común de lucha por la recuperación de la Autonomía, la Academia o los derechos laborales que conforman nuestro principal modo de vida.

Hoy los reclamos universitarios no pueden acceder a los organismos de cogobierno. Además, no se cuenta con ninguna información sobre cuál es la real situación de la UCV, por ejemplo, cuál es el número real de profesores, estudiantes, empleados y obreros. En el caso de los profesores cuál es su composición por Facultad y Escuelas en términos de su categoría y dedicación, si están dando clases presenciales o por internet. No hay una evaluación confiable sobre el estado actual de funcionamiento de la universidad y sus posibilidades de recuperación a los niveles de la prepandemia. Esto incluye la falta de un informe sobre la situación de las obras de recuperación de la UCV que lleva a cabo la comisión presidencial a cargo.

Por todo lo anterior es de vital importancia presionar por la realización de las elecciones de autoridades para volver a tener una dirigencia universitaria legitimada y dispuesta a asumir la grave problemática que confronta nuestra máxima casa de estudios. Es indispensable un cuadro rectoral y decanal que devuelva la majestad secuestrada del Consejo Universitario, que le ha vuelto la espalda a la comunidad. Es hora de el CU regrese a ser el organismo de discusión de la problemática espantosa de la universidad de cara a todos los profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros, un organismo que represente la autonomía y la democracia que son los valores intrínsecos de la UCV, fundamento de la libertad de pensamiento encarnada en los más altos valores de la República.

La Patilla, 22 de noviembre de 2022

La Copa Mundial de futbol, fue inaugurada el pasado domingo en territorio árabe. Se estima que está siendo vista por cinco mil millones de personas, mujeres casi la mitad de ellas, señal de que el monopolio masculino en el balompié se erosiona notablemente. Estamos hablando, así pues, de alrededor de dos tercios de los ocho mil millones de habitantes con los que cuenta la tierra, exclusivamente pendientes de lo que ocurre en las canchas árabes, el doble de la audiencia que convocan Juegos Olímpicos.

Parodiando a Marshall McLuhan, considerado "el profeta de internet" al vaticinar con más de 20 años de anticipación la llegada de la era digital, durante un mes la vida de la mayor parte de nosotros transcurrirá en la Aldea Balón. Frente a lo anterior el escritor uruguayo Eduardo Galdeano habría dicho que el planeta se encuentra “Cerrado por Fútbol”

En estos tiempos la Patria ya no es lo que era, cierto, pero también lo es que resurge con regularidad cada cuatro años, gracias al futbol. Sin embargo, lo hace de otra manera, pues la bandera nacional que envuelve a los equipos es sostenida por jugadores de diversas razas, culturas, religiones, que coexisten bajo los mismos colores. Estamos, pues, frente a una de las paradojas de la “globalonización del planeta”.

El Mundial viaja a Quatar

La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) determino en el año 2010, que el Campeonato Mundial sería en Quatar, un país pequeño ubicado el Golfo Pérsico, con poca tradición futbolística, a pesar de ciertas mejoras en los últimos años, pero con la suerte de estar sentado sobre la tercera reserva de gas y petróleo del mundo.

Siguiendo lo que es ya una tradición institucional, la sede fue vendida, en este caso a la familia Al Thani, propietaria, literalmente hablando, del mencionado país y a resultas de la operación salieron beneficiadas, en distintas formas, todas las organizaciones que vertebran a la FIFA

Doscientos mil millones de dólares, cifra que se dice fácil, le han permitido al gobierno de Qatar echar la casa por la ventana y no me refiero sólo a los imponentes estadios, sino a la mejora notable de Doha, su capital, a través de la construcción de hoteles y edificios, además de la renovación de buena parte de su red de transporte, incluida la construcción de un nuevo sistema ferroviario de metro. En buena medida todo ello fue posible, mediante la contratación de mano de obra migrante en condiciones de esclavitud, cuyo saldo fue alrededor de 6.500 obreros fallecidos, que forman parte de un cuadro trazado por la violación de los derechos humanos, de manera prominente los de las mujeres, que ha generado numerosas críticas sobre el evento, y que la FIFA ha tratado de encarar a punta de declaraciones y de algunas medidas que escasamente califican como paliativos. En relación con lo anterior es justicia mencionar que algunos otros reparos al mundial de Qatar han sido emitidos desde la pretensión de que Occidente es el paradigma de la civilización

El futbol debería más que pensar

Por más que reviso la lista, no encuentro ningún otro deporte más sencillo y fácil de entender, de reglas más elementales y con condiciones más a la mano para poder practicarlo. Es, además, el único que se juega con los pies y que admite el empate como resultado.

En términos generales la foto anterior apenas ha variado en los últimos ciento cincuenta años. Ciertamente se han modificado las estrategias del juego, la calidad de algunos de sus implementos, (balones, zapatos, vestimenta…), los métodos de entrenamiento orientados a la mejora de la condición física, así como otros aspectos, no obstante lo cual, sigue siendo básicamente el de hace siglo y medio. Pero, ojo, pues desde hace un buen rato emergen profundos cambios tecnológicos orientados cambiar medularmente el balompié, incluso como espectáculo.

El fútbol y los intelectuales no han tenido, históricamente, una relación muy cercana, y aunque hay excepciones, la mayoría de ellos se han mostrado algo displicentes (y hasta agresivos) con referencia al deporte más popular del mundo. En este sentido se ha vuelto paradigmática la frase del gran escritor Jorge Luis Borges, quien señaló que, “El Futbol es uno de los mayores crímenes de Inglaterra”, el país que lo inventó bajo el formato que hoy conocemos.

Sin embargo, desde hace unos cuantos años para acá, las ciencias sociales y humanas lo han colocado en la vitrina advirtiendo que en el fútbol no solo pasan cosas que tienen que ver con lo que ocurre en la alfombra verde, ese rectángulo por donde el balón va de un lado a otro, pateado por los jugadores, siempre con el propósito de alcanzar la portería contraria.

Pasan también, y principalmente, cosas que tienen lugar en las tribunas de los estadios y sobre todo en las miles y miles de pantallas, cada vez más sofisticadas, diseminadas por todas partes, resignificándolo como espectáculo. La importancia social, cultural, política e incluso religiosa del fútbol, deriva precisamente de estos factores que lo envuelven, a los que se suma, además la forma como se gobierna desde la FIFA, esa corporación financiera “sin fines de lucro”, con más miembros que la ONU y que con su carita de ONG, mueve un dineral y controla, a su aire este deporte en todos sus escenarios, con excepción de las “caimaneras”, lo que cabe mostrar como algo a su favor.

Aún con todos los avances que se han logrado en su comprensión, a las ciencias sociales y humanas todavía les falta afinar los disparos para descifrar el futbol. Este debería dar más que pensar, como escribió Javier Marías

Qatar(sis)

El mundo se encuentra muy enredado, pareciera que los terrícolas sufrimos un ataque universal de insensatez, que carecemos del sentido común que se requiere para vivir en esta época. En tal contexto llegamos al mayor acontecimiento del deporte.

No son pocos los que lo han evaluado desde su función como “opio del pueblo” o como “pan y circo”, considerando el campeonato como un poderoso motivo para que los humanos olviden los severos problemas por los que atraviesa el planeta, y se den a la fuga, buscando establecer una distancia con respecto a la realidad, tratando de mirar hacia el otro lado, simulando que no ocurre lo que ocurre y, así, encontrar un refugio, suerte de paréntesis que los proteja del exceso de realidad que, pido perdón por haberlo repetido unas cuantas veces, es nocivo para la salud.

En mi caso personal, meto en el bolsillo mi condición de sociólogo y dejo libre la del futbolista de a pie, la que ejerzo desde los cuatro años de edad, pues según solía decirme mi mamá o al menos así le entendí, yo nací con todo y balón, con el alma en los pies. Para mi la cancha siempre ha sido una metáfora de la vida.

Haré, pues, catarsis durante un mes. Pero sin ignorar la tarea ineludible que tenemos los terrícolas: la de redefinir la manera como se desliza nuestra vida aquí en la tierra.

El Nacional, jueves 24 de noviembre, de 2020

El pacto se aleja de compromisos políticos e irá de la mano de las conversaciones que el chavismo mantiene con Estados Unidos

El Gobierno y la oposición de Venezuela se volverán a sentar este fin de semana en Ciudad de México con un acuerdo sobre la mesa que ha sido negociado sigilosamente durante meses en Caracas. El pacto se concentra en aliviar las consecuencias sociales de la crisis humanitaria que ha azotado a Venezuela y se aleja de momento de cuestiones políticas, que siguen en discusión entre ambas partes, según ha podido saber EL PAÍS de cuatro fuentes al tanto de las negociaciones de todas las partes implicadas.

La intención es rubricar en público lo acordado en privado y así relanzar, de cara a la comunidad internacional, el diálogo. Y que todo esto sirva para poder llegar a acuerdos en materia política, es decir, garantías en la celebración de elecciones en 2024. En paralelo hay otra negociación, mucho más discreta si cabe: la que mantiene el Gobierno de Estados Unidos con el de Venezuela para volver a incorporar a Venezuela al mercado petrolero. Las fuentes consultadas dan por hecho que la Administración de Joe Biden dará una nueva licencia para que Chevron explote petróleo pesado y liviano en Venezuela. En caso de avanzar en México, Estados Unidos estudiaría rebajar las sanciones a los jerarcas del chavismo.

El Gobierno de Venezuela —con el liderazgo de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional— y la oposición mayoritaria, con Gerardo Blyde a la cabeza, iniciaron una ronda de negociaciones en México en agosto del año pasado, con la mediación de Noruega. Los contactos formales habían estado precedidos por conversaciones a decenas de bandas, más o menos secretas, que acabaron por naufragar cuando los representantes del Gobierno se levantaron de la mesa tras la extradición de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro, a EE UU. En los meses que siguieron hubo varios intentos de retomar la vía del diálogo y ciertos canales informales de comunicación permanecieron abiertos de forma intermitente.

No obstante, las conversaciones fueron “reimpulsadas”, según el término en el que coinciden varias fuentes, por Estados Unidos en marzo pasado, unos días después de que estallara la guerra de Ucrania y las preocupaciones geopolíticas de Washington se dispararan. Fue ese mismo mes cuando Maduro reconoció en un mensaje televisado que se había reunido con altos funcionarios estadounidenses en un ambiente “respetuoso, cordial y muy diplomático”. “Hemos acordado trabajar en una agenda desde el respeto y la esperanza del mundo, para así poder avanzar una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de la región”, dijo.

Relajar la tensión con Washington

En medio de las sanciones que Washington amagaba con imponer al petróleo y el gas de Rusia, se abrió también la posibilidad de normalizar las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos y poco después se anunció un canje de prisioneros. Entre los funcionarios estadounidenses que acudieron a la reunión en el Palacio de Miraflores se encontraban Juan González, asesor especial de la Casa Blanca para asuntos latinoamericanos; James Story, embajador para Venezuela, y Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes de Estados Unidos. Washington entendía que si destensaba las relaciones con la Venezuela de Maduro y buscaba vías para reincorporar a su régimen en el sistema internacional podía alejarlo del Kremlin y del Gobierno de Irán.

Las líneas rojas de la negociación quedaron claras tras el diálogo fugaz por México. Los enviados de Maduro buscaban recuperar el acceso a los activos que tenían congelados en el extranjero y que no podían usar para afrontar la crisis económica, así como la posibilidad de flexibilizar las sanciones de EE UU al petróleo venezolano y obtener nuevas licencias. La oposición quería garantías democráticas, como observadores internacionales en las elecciones, la liberación de presos y condiciones para competir con sus partidos por cargos públicos.

Las fuentes conocedoras del proceso apuntan que es evidente que Estados Unidos también está interesado en retomar los lazos comerciales para el petróleo de Venezuela, el segundo país del mundo por el volumen de reservas probadas de crudo. Según las fuentes consultadas, Estados Unidos dará una nueva licencia a Chevron para que explote crudo venezolano, una medida que se extenderá a otras multinacionales, como Repsol o Eni. La oposición ve con buenos ojos la vuelta de Venezuela al mercado internacional del petróleo y así tratar de rebajar la importancia que ahora tienen las relaciones con países como Irán, Rusia o Turquía.

Las dos negociaciones, en definitiva, corren en paralelo. Los diálogos entre los actores locales se retomaron antes del verano en una urbanización de Caracas. Ahí, decenas de veces, se fueron reuniendo los delegados de ambas partes para ir dando forma a la agenda que, bajo el auspicio de Noruega, país experto en resolución de conflictos, se había fijado.

El llamado “acuerdo social” que se presentará en México busca mandar el mensaje de que se puede avanzar en la consecución de una solución negociada. Estados Unidos también busca una admisión implícita del Gobierno de Maduro de que la crisis es real. Uno de los aspectos de ese acuerdo será la creación de un fondo de unos 3.000 millones de dólares, que será gestionado por organismos dependientes de la ONU, para facilitar el acceso a la salud, medicamentos y alimentos.

Los tiempos de la negociación siguen cursos diametralmente opuestos. Las personas cercanas al proceso aseguran que Maduro no tiene prisa por firmar un acuerdo global. Estados Unidos, en cambio, tiene plazos más acotados. De hecho, varias fuentes han afirmado por separado que hubo una pausa en los diálogos por la celebración de las elecciones intermedias del pasado 8 de noviembre. La ventana que ve la Administración de Biden se extiende hasta enero, en el inicio de la nueva legislatura estadounidense y ante la llegada inminente de una mayoría republicana, de línea más dura contra el chavismo, a la Cámara baja. La aparición de varios trumpistas al frente de comités y subcomités del Congreso dificulta la posibilidad de flexibilizar las sanciones sobre el Maduro y anticipa un mayor escrutinio y rechazo a negociar. Tras el anuncio oficial de que se retomará el diálogo en México, el Gobierno y la oposición de Venezuela intentarán una vez más encontrar una salida negociada a una crisis que se ha extendido por años.

El papel de la comunidad internacional, más allá de Estados Unidos, ha sido determinante para impulsar estos diálogos. Junto a Noruega, Francia ha sido el país europeo que más ha impulsado y facilitado las conversaciones, incluso alojando a diplomáticos de Estados Unidos en la embajada en Caracas, según dos fuentes al tanto de las conversaciones. La llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia y el restablecimiento de relaciones entre Caracas y Bogotá también ha servido de impulso, unido al papel de México, que ha estado encima de todos los avances desde que se habló por primera vez de un posible diálogo.

24 de noviembre 2022

El País

https://elpais.com/internacional/2022-11-24/aliviar-la-crisis-humanitari...

«Las decisiones judiciales serán respetadas y cumplidas en los términos que ellas expresen». En el Servicio Autónomo Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) parece que nadie ha leído esta última línea del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque con su decisión de multar con 8.116 bolívares —poco más de 1.000 dólares— a una junta de condominio en Caracas, por presuntamente incumplir con sus obligaciones tributarias, contradijo el criterio sostenido por los tribunales.

El pasado 4 de noviembre el organismo recaudador sancionó a la junta de condominio del edificio Capri, ubicado en La Urbina, por no haber declarado el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde 2016 hasta 2020. La edificación no genera ningún tipo de ingresos por concepto de vallas publicitarias u otros conceptos, de acuerdo con lo afirmado por sus habitantes a los medios de comunicación.

La medida parece contradecir lo señalado por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, el cual en su sentencia n.º 0847 del 3 de junio de 2010 estableció que estas instancias no están sujetas al pago de obligaciones tributarias.

En el fallo se lee lo siguiente:

«La Junta de Condominio no tiene propiedad sobre los bienes, simplemente administra su mantenimiento por orden de los condóminos aportando las cuotas para sufragar los gastos de mantenimiento. Los condóminos son los copropietarios del inmueble y una comunidad que declara sus impuestos en cabeza de cada uno de ellos».

Además, se agrega que «La Junta de Condominio no presta servicios independientes, puesto que sufraga sus propios gastos no con ingresos sino con aportes de los condominios, por lo cual mal podría catalogarse como sujetos pasivos del impuesto al valor agregado».

El pronunciamiento lo emitió el juzgado al tramitar un recurso de nulidad que la Junta de Condominio del Centro Comercial Valencia Plaza interpuso el 2 de julio de 2008 contra el Seniat por una multa que le había impuesto dos años antes por no cumplir con las formalidades legales en la emisión de facturas y otros ilícitos formales en materia de IVA e ISLR.

No uno, sino dos

Un par de años después, el Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes al analizar un caso similar emitió un pronunciamiento en la misma línea, aunque en términos aún más duros respecto del Seniat:

«La funcionaria fiscal impuso una sanción al contribuyente, basada en el incumplimiento de deberes formales en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, según lo dispuesto en las leyes que rigen dichos tributos, sin embargo, partió de un hecho falso, como es la sujeción del sujeto investigado al cumplimiento de esas normas, toda vez que en ambos casos la actividad realizada por el Condominio del Unicentro El Ángel, no daba lugar al nacimiento de la obligación tributaria principal, por cuanto no da lugar a la verificación del hecho imponible en dichos impuestos, siendo ello así, y considerando la exhibición del Registro de Información Fiscal un deber formal accesorio inherente al ejercicio del control fiscal, es forzoso concluir que ello no es exigible a aquellos casos sujetos que en virtud de su situación en nada se vinculan al tributo».

En cuanto a la posición del TSJ sobre el tema, en 2011 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó firme el criterio del juzgado de la Región Central al desechar la apelación presentada por el fisco nacional por no cumplirse la cuantía mínima para recurrir ante el TSJ establecida en el Código Orgánico Tributario vigente para la época, por lo que no puede hablarse de una posición definitiva del máximo Tribunal sobre este tema.

Aprovechando el vacío

Si en más de una ocasión el Poder Judicial a través de juzgados de instancia, le indicó al Seniat que las juntas de condominio no son contribuyentes formales, pues no ejecutan ningún acto que se considere como un hecho imponible, ¿por qué la sanción? Una explicación podría estar en el hecho de que ni el decreto-ley del ISLR ni el del IVA establecen expresamente que estas instancias están exentas del pago de este impuesto.

En virtud de esta laguna legal, los condominios deben declarar anualmente el ISLR para evitar cualquier multa o sanción.

Este vacío hace que las juntas de condominio, instancias que han sido muy golpeadas por la grave crisis económica que viene atravesando el país, estén en una situación de indefensión e incertidumbre y abre las puertas a que sean objeto de sanciones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Miles de comunidades se encuentran hoy en ascuas y temerosas de recibir la visita del Seniat y ser objeto de multas que golpeen sus ya exiguas cuentas, por supuestamente incumplir obligaciones tributarias. Esta situación se presenta gracias al vacío legal existente y al hecho de que no existe un criterio jurisprudencial sólido proveniente del TSJ sobre la materia que sostenga que estas instancias civiles no están obligadas a pagar impuestos.

La actuación del Seniat parece enmarcarse en las acciones que el Estado viene tomando para golpear y subyugar a las organizaciones de la sociedad civil que no están bajo su control. No se puede olvidar que en lo que va del año el TSJ ha intervenido a un Colegio de Abogados y a la Federación Campesina de Venezuela, así como ha interferido en las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Por su parte, los ataques y hostigamiento de funcionarios contra activistas de derechos humanos han continuado.

noviembre 22, 2022

https://accesoalajusticia.org/seniat-ignora-criterios-juzgados-tributari...

Después de siete años de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Naciones Unidas, la propuesta tiene amplia difusión en el contexto global. Múltiples instituciones han incorporado dentro sus planes de actividades la idea central de los ODS, esto es, que para el año 2030 en todos los países se deben alcanzar metas específicas en 17 áreas del desarrollo humano, desde la reducción de la pobreza hasta enfrentar exitosamente los efectos del cambio climático. De hecho, existen acuerdos entre empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, en los cuales se han incorporado los ODS como guía para la acción en los próximos años.

Se podría imaginar que, dada la naturaleza del rol que tienen los gobiernos en el cumplimiento de los ODS, los planes de desarrollo de los países deberían estar centrados en ellos. Lamentablemente, el análisis de estos planes indica que no es así.

Gracias al Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de la Cepal, es posible contar con los planes de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Si se concentra el análisis en los países de América Latina, se encuentra que los planes de desarrollo más recientes son los de Bolivia, Ecuador, y Nicaragua, todos publicados en 2021.

En los planes de desarrollo de Bolivia y Ecuador, no existen menciones específicas a los ODS, y mucho menos están adaptadas las metas a la situación específica de estos dos países. En el plan de Nicaragua, se señala de manera general los ODS, y de manera específica solamente los ODS 2 (hambre cero), y 6 (agua y saneamiento). Sin embargo, en ninguno de estos dos casos se indican compromisos detallados.

Estas circunstancias, esto es, que los planes de desarrollo no contengan mención sobre los ODS, deben llevar a una reflexión detallada sobre lo que esto significa para los ciudadanos de los países. Si los ODS constituyen un compromiso acordado a escala global, ¿cómo puede entenderse que los planes de los países no los estén incorporando? Si la guía de las políticas públicas (los planes de desarrollo) no incluyen los ODS, ¿cómo puede asegurarse que las inversiones requeridas se llevarán a cabo? ¿cuáles serán los efectos de esta ausencia en las condiciones de vida concreta de los ciudadanos?

A los efectos prácticos, es bastante obvio que no están operando los mecanismos institucionales que convierten acuerdos globales en decisiones efectivas en los países. Lo cual es otra forma de expresar las grandes restricciones en el diseño e implementación de políticas públicas, con sus terribles consecuencias para el bienestar de las personas. En el fondo está la gran limitación de que la región no parece contar con los líderes políticos que combinen la visión con acciones concretas. De no producirse cambios en estos patrones, lamentablemente el desencanto y la frustración se incrementarán en América Latina.

Twitter: @marinojgonzalez

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).