¿Qué tienen en común las elecciones de gobernador en Barinas y la de los egresados de la UCV?

En primer lugar, en que en ambos sitios se “venció a las sombras”

En segundo lugar, en que en ambas ocasiones hubo una operación política del régimen para “dividir” a la oposición.

En tercer lugar, que se realizó un esfuerzo colosal en movilización y empleo de recursos del Estado para tratar de ganar el desafío electoral

En cuarto lugar, que hubo una opción unitaria (que no única) que, con el discurso adecuado, logro movilizar espontáneamente el sentimiento opositor y que polarizo las fuerzas, haciendo fracasar la operación oficialista de división de la oposición.

La vida real suele darnos mejores lecciones que las teorías sociológicas y las disquisiciones de los analistas. En ambos acontecimientos, están retratadas las guías que deberían orientar a las fuerzas democráticas para hacer frente al eventual desafío electoral que podría convocarse para el año que viene. En realidad, no habría que andar buscando a Dios por los rincones.

En ambos eventos ocurrió también un hecho singular, la escogencia de los candidatos unitarios no fue el producto de ninguna operación de prestidigitación: tampoco la precedieron acuciosos procesos de discusión de plataformas, de programas que siempre suelen sugerirse como “previos” para la designación de los candidatos.

En el caso de Barinas hubo una negociación (si, una negociación) de los factores políticos que estaban representados en la tarjeta de la Unidad (la de la manito) para escoger al candidato. Como todos sabemos, de esa negociación surgió el nombre de Freddy Superlano quien ganó la elección democráticamente. El cuento ya lo conocemos, al fraude, siguió su inhabilitación y la de su esposa. En pocas horas, hubo que tomar la decisión y, sin grandes consultas, la dirección política IN SITU, tomo la decisión de postular a Sergio Garrido. Los resultados también los conocemos: sin recursos, en medio de la sorpresa del fraude, frente al más abusivo uso de recursos del estado, los factores democráticos convirtieron, aquella elección regional, en un tema nacional y en el mismísimo feudo de Chávez, se les propino una estruendosa derrota.

De la UCV y sus elecciones de egresados, se sabe un poco menos. Allí, una mayoría opositora silenciosa, seguramente liderada por dirigentes con experiencia en las lides, logro, casi que espontáneamente, montar una opción unitaria (que no única) que también derroto a una movilización y empleo de recursos desde los más altos niveles del estado.

Como se dice arriba, y queremos recalcarlo, en ninguno de los dos casos, precedió un debate sobre si las candidaturas deberían escogerse por consenso o por primarias o si antes de escoger al candidato, debería preceder un proceso de elaboración de una plataforma o de la definición de un modelo de país.

En ambas situaciones operó una misteriosa inercia que suele funcionar en los procesos políticos, de acuerdo con la cual, la lógica de los acontecimientos y el sentido común (el menos común de los sentidos) van dejando sin argumentos a los partidarios de ciertas exquisiteces.

Leyendo así las cosas, lo importante es crear las condiciones para que los próximos eventos políticos, se parezcan lo más posible a estas dos ricas experiencias y hagamos un esfuerzo para que el árbol de la creatividad no nos oculte el bosque de la necesidad.

Para salir airosos, también hay que admitir que los intereses de los grupos y personalidades en pugna existen y que existirán siempre. Que no son los llamados a “deponer esos intereses en nombre de la patria” los mensajes que serán eficaces. Lo que hay que hacer es crear el terreno en el que esos intereses (muchos de ellos legítimos y otros, no tanto) puedan convivir por el espacio de tiempo que nos interesa.

Todas las propuestas y los razonamientos que vemos y oímos, en favor y en contra de las primarias; sobre si se deben hacer una o dos vueltas de las mismas; sobre acuerdos y plataformas previas, están regularmente referidos a esos distintos intereses. Lo repetimos, no hay en ello ningún escándalo y ninguna insania. Esto hay que aceptarlo y metabolizarlo.

Afortunadamente, con todas las limitaciones y todas las carencias, las fuerzas democráticas avanzan, más homogéneamente que en otros momentos, hacia el desafío político electoral del año que viene o el 2024.

Falta mucho, pero falta menos.

Hace más de seis años denunciamos en la OEA que Venezuela padecía una crisis humanitaria, denunciamos violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el comienzo de una crisis migratoria incipiente, ejecuciones extrajudiciales, tortura, presos políticos, inhabilitación arbitraria de candidatos. Fuimos acusados de mentirosos, de radicales, de servir a espurios intereses, de actuar en contra de la unión de los pueblos latinoamericanos y un largo etcétera.

El tiempo fue poniendo las cosas en su lugar. Todas las denuncias fueron refrendadas por informes posteriores de otros organismos especializados y también por el sufrimiento de las personas que debieron emigrar llevando la verdad sobre esa cruel realidad a prácticamente cada país de este hemisferio. A esta altura, en todos los países de la región hay alguien que conoce una persona venezolana que tuvo que emigrar debido a aquellas condiciones denunciadas.

Por supuesto que quienes toman la realidad como parte de una guerra de relatos quiere meter a la crisis venezolana en la misma bolsa que otras crisis, problemas o dificultades que puedan enfrentar los otros países de la región. Pero esto no es una guerra de relatos, y negar el sufrimiento de millones de personas a su vez adolece de una prácticamente absurda ignorancia o una profunda hipocresía.

No existen parámetros para querer meter en esa bolsa la mayor crisis migratoria de la historia hemisférica, de dimensión global con números semejantes a las crisis migratorias de Siria luego de años de conflicto o comparable con Ucrania, víctima de una guerra de agresión. Imposible asimilar otras situaciones regionales con una crisis humanitaria que ha sido el origen de esa crisis migratoria prácticamente incomprensible para un país de los más ricos en recursos en este hemisferio y cuyo pueblo sufre desnutrición y mortalidad infantil en números exponenciales, imposibilidad de acceder a medicamentos, a alimentación, lo cual llevó, de acuerdo con agencias especializadas, a tener 9 millones de personas con hambre o riesgo de hambre.

Imposible comparar con otras esta crisis de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que comete el régimen y que ha llevado a que por primera vez se abriera una investigación por parte de la Corte Penal internacional para un país latinoamericano.

Definitivamente todas estas variables llevan a decir que es ridículo comparar la crisis venezolana con cualquier otra crisis hemisférica ya sea en una dimensión cuantitativa como cualitativa.

No ha sido exactamente la falta de procesos de diálogo lo que ha afectado la situación política del país sumergiéndola en una crisis tan profunda, de desinstitucionalización, de falta de garantías y de libertades individuales, de ineficiencia administrativa y de capacidades productivas. Por supuesto que la acumulación de todas estas crisis puede subsumirse en una sola crisis: la superlativa crisis política en la que se impuso un régimen dictatorial en el que vive el país.

Los procesos de diálogo han sido más de 10; obviamente, ya sea la OEA o personalmente, hemos participado en algunos.

Hemos buscado soluciones desde momentos tempranos tratando de evitar llegar a este desbarrancamiento.

Los hechos no ocurren por causa de aquellos que denunciamos que eso iba a pasar y que advertimos que ese no era el camino. Siempre advertimos que no puede resolverse ninguna situación política del país con continuidad de violaciones de derechos humanos, debilitamiento extremo de las instituciones políticas y económicas que llevan además a la ineficiencia productiva.

El problema ha estado en aquellos que cobijaron ese régimen en esas diversas fases de deterioro o de crisis o de colapso o de quebrantamiento del orden constitucional que hoy el país vive.

Venezuela continúa por el sendero de destrucción, de falta garantías, de falta de opciones de vida para la gente. Todavía contamos presos políticos, torturados, ejecuciones extrajudiciales, actividades criminales como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, corrupción.

La desinstitucionalización ha llegado a extremos completamente absurdos, como por ejemplo que la institucionalidad pública de la salud es incapaz o insuficiente para resolver necesidades básicas de derecho de la salud de la población. La institucionalidad de alimentación del país es incapaz absolutamente de resolver esos problemas que todavía afligen a la población y que obligan al pueblo a seguir saliendo del país desesperadamente. La institucionalidad de seguridad pública definitivamente está muy lejos de resolver los temas de violencia y criminalidad que afectan al país, y llegamos a extremos tales como que su Ministerio de Defensa Nacional es incapaz de atender el control territorial del país y la protección de la integridad territorial del mismo, tanto que cuando se enfrentan a disidentes FARC en Apure, el Ejército bolivariano se come una paliza.

Cuando llegamos a ese punto de desinstitucionalización podemos esgrimir el argumento de la falta de capacidades existentes en la República Bolivariana de Venezuela para resolver los problemas de la población. Es claro que algo sí funciona, y eso es el aparato represivo que funciona horríficamente bien.

Debemos agregar que se ha destruido prácticamente en forma absoluta su aparato productivo, aun a pesar de la burbuja económico-financiera influida directamente por el dinero que debió regresar al país para estar (más) seguro cuando comenzaron las sanciones. Este regreso de activos del exterior donde probablemente se sintieran inseguros ha traído una lógica de exacerbación de las desigualdades entre el que no tiene qué comer y los concesionarios de autos de lujo; entre el que no tiene medicinas y los clientes de las marcas de lujo que están en Caracas hoy; entre el que sufre la violación de sus derechos humanos por parte de aquellos que en el marco de la minería ilegal explotan los recursos de su país y los clientes de los restaurantes de lujo.

Los sufrimientos del pueblo duelen mucho. La destrucción del aparato productivo llega al extremo de que aun cuando el mundo más necesita del petróleo venezolano por la guerra de agresión a Ucrania, no tienen las capacidades de producirlo. ¡Cuán necesario es ese petróleo en la región, especialmente para los países del Caricom!

Es un pueblo que vive en un infierno con un sendero que no se bifurca nunca. Es natural concluir que el diálogo sigue siendo la única esperanza de que se bifurque el sendero. El diálogo, y no cometer los errores del pasado. El tema es que, en cada proceso de diálogo, ya sean las fuerzas opuestas al régimen como en muchos casos los propios mediadores, tenían como objetivo sacar a Maduro, lo cual como objetivo estratégico probablemente no fuera el más viable, ni realizable, ni realista. Esto, sumado a la intransigencia del negociador rodriguista y a otras condiciones de cada negociación.

Definitivamente, Maduro fue subestimado en muchos casos respecto a sus capacidades de supervivencia, de manejo político y de habilidades diplomáticas, y fue consolidando su fuerza aun desde un origen con muy poca legitimidad, la que se terminó de perder en los años siguientes. El objetivo de la salida de Maduro transformó a cada negociación en un juego de suma cero que terminaba siendo imposible: ni la salida de Maduro en una negociación ni una elección que pudiera significar su salida.

Como todavía parece ser irrealista ese objetivo de algunos, entonces una negociación en ese contexto obviamente no puede ser cómo se saca a Maduro, sino cómo sigue.

Esto implica cohabitación. La cohabitación es un ejercicio para el cual no he visto prácticamente a nadie preparado en Venezuela. Pero eso lo hace aún más necesario, en el sentido de que implica un ejercicio de diálogo político real, de institucionalidad compartida, de poderes del Estado compartidos. Compartir el Ejecutivo es complejo y muy difícil. En un esquema de tensión permanente, tiene que estar tan detalladamente regulado que la mejor fórmula sigue siendo la fórmula suiza de sistema colegiado. El ejemplo regional es la Constitución uruguaya del 52.

Compartir es contrapesar. La cohabitación sin contrapesos puede transformarse en complicidad. El esquema de cohabitación a discutir en un proceso de diálogo debe dar garantías de contrapesos para quienes cohabitan. En caso contrario será una frustración más.

Sin un esquema de compartir el poder desde su base, en el que se asegure una participación efectiva del chavismo y del madurismo, de la gente de Guaidó y otros actores, la acción conjunta y coordinada de objetivos comunes hacia el futuro, es esencialmente imposible. El oficialismo debe asumir que sin la oposición la sociedad venezolana seguirá resquebrajada, dividida, desintegrada social y geográficamente, y la oposición debe asumir que sin el chavismo y el madurismo sucedería lo mismo.

Es muy difícil ir a un proceso electoral dudoso que simplemente asegure la continuidad de lo que tenemos ahora con legitimidad inexistente o dudosa (pero que obviamente espera contar con la complacencia de muchos —el azúcar pica los dientes—).

Entre todo o nada, el régimen dice “todo”; entre mayoría o minoría, generalmente se elige mayoría, pero eso significa que hay espacios en los cuales puede normalizarse la vida institucional del país y otros en los que puede comenzar ese proceso.

De la legitimidad inexistente o dudosa se pasaría a una legitimidad posible. Eso abriría un nuevo sendero, abriría la esperanza para que el sendero se bifurque. En caso contrario, se continuará haciendo marchar a todo un pueblo por un sendero que no se bifurca nunca en el infierno de un país empobrecido, ineficiente, con violaciones de derechos humanos, con crisis migratoria, con crisis humanitaria, con crímenes de lesa humanidad, con crimen organizado.

(*) Secretario general de la OEA.

@Almagro_OEA2015

Nota: El título parafrasea negativamente el cuento de Borges “El Jardín de los senderos que se bifurcan”.

29 de julio 2022

crónicas

https://www.cronicas.com.uy/contratapa/el-infierno-del-sendero-que-jamas...

A raíz de la designación de dos Generales de División, por parte del régimen para integrar al Tribunal Supremo de Justicia, los comentarios entre los milicianos de las diferentes brigadas comunales no se hicieron esperar. Algunos se preguntaban sobre cuáles serían los argumentos para incorporar militares al máximo tribunal, si ya ese sector tiene su propia justicia y su Corte Marcial. Eso es incongruente y anticonstitucional, pensaban otros milicianos.

-Camaradas, dijo uno de la UBCH, yo me pregunto si esos recién nombrados tienen títulos de abogados, de no ser así, esa designación tendrá una justificación política mas no jurídica.

- Quiero expresar, que durante mucho tiempo me ha llamado la atención, la deriva militarista de nuestro gobierno. El camarada presidente, siempre ha manifestado una preferencia por los representantes de las Fuerzas Armadas dejando de lado a los civiles que formamos parte activa de las organizaciones revolucionarias, señaló enfáticamente un representante del Partido Comunista.

-Un estudiante de la comuna universitaria intervino para manifestar sus inquietudes con respecto al tema. Déjenme leerles un párrafo de un escrito hecho por un profesor de Derecho Constitucional de la UCV que por casualidad llegó a mis manos:

“…El creciente papel de los militares en la economía, justicia y política venezolana ha ido a contracorriente de los objetivos de un mayor control democrático sobre los sectores de seguridad y defensa. Su creciente participación política y partidista –que incluye su desempeño como represores de protestas sociales y sus labores en el sector de inteligencia– y sus actividades empresariales han potenciado el auge del militarismo. El resultado es la desinstitucionalización, la desprofesionalización y la desconfianza social respecto de las Fuerzas Armadas y la constitución de una suerte de “socialismo militar” …

El joven estudiante tiene toda la razón, declaraban la mayoría de las personas que sentían en carne propia que la consigna chavista de la relación cívico-militar para gobernar el país devino en una gobernabilidad abiertamente autoritaria, que le otorgó al sector militar un papel central en la economía y la política.

A partir de 1999, se avanzó paulatinamente en una militarización de la sociedad. En su primera etapa, el énfasis estuvo puesto en la identificación de la Fuerza Armada como «bolivariana». En 2007, después de su reelección, Chávez privilegió la revolución «socialista» y el papel militar en su defensa. Se introdujo el lema «Patria, socialismo o muerte. Venceremos», que vulnera el artículo 328 de la vigente Constitución de 1999, que señala que la Fuerza Armada es una institución profesional y sin militancia política. El 22 de julio de 2008, por decreto, se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta norma, que fue reformada varias veces por decretos presidenciales, conllevó transformaciones no solamente en la estructura e institucionalidad, sino también en la doctrina militar. Fue en este momento cuando se incorporó el término «bolivariana», por entenderse que la Fuerza Armada pasaba a ser representante del proyecto político de una parte del país. Adicionalmente, se la definió como un cuerpo “patriótico, popular y antiimperialista”.

Esa misma ley fue la que incorporó a la Milicia Nacional Bolivariana, definida en ese momento como un complemento de la Fuerza Armada. Esta milicia dependería directamente del presidente de la República y su actuación incluiría el mantenimiento del orden interno.

-No dejen por fuera la creación del el Comando Estratégico Operacional de la Fanb, presidido por el presidente de la República, señaló un militar jubilado, con lo cual el Ministerio para la Defensa quedaba reducido a funciones básicamente administrativas. Este cambio importante profundizaba así lo que se advertía desde hace varios años: el carácter pretoriano que se iba instaurando en el país y la cada vez más difusa separación entre las áreas de defensa y seguridad pública, en el marco de una creciente militarización de la sociedad.

-Según especialistas en historia de la Fuerza Armada Nacional venezolana, se ha documentado que desde 1999 a la fecha de hoy, más de 2.500 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y/o ejercen cargos en la administración pública.

Los uniformados están en gobernaciones, alcaldías, en los ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas. Adicionalmente, con la finalidad de restar poder a las autoridades civiles, el presidente Chávez creó las Zonas de Defensa Integral (ZODI), así como las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), bajo el mando de militares activos. Profundizando el control militar sobre los poderes descentralizados, el 22 de enero de 2018 el Comando de Abastecimiento Soberano emitió un decreto que prohibía a autoridades regionales y municipales llevar a cabo acciones relacionadas con el control y la distribución de alimentos.

-Los militares han desempeñado actividades en el sector económico, como por ejemplo el Plan Bolívar 2000 para la distribución de alimentos e inclusive la presidencia de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), el control del sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero en el sur del país, así como los puertos y las aduanas. A partir de 2013, se conformaron cuatro empresas militares: el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB), un canal de televisión (TVFANB), EMILTRA para transporte de carga por aire, mar y tierra y la empresa agrícola AGROFANB. En 2016, ante la creciente crisis económica, el proceso de control del sector castrense se expandió a áreas estratégicas, como la alimentación y los recursos extractivos.

-Frente a los graves problemas de escasez de alimentos y medicinas, así como de otros servicios básicos de salud y educación, el régimen decidió establecer en agosto de 2016 la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, bajo el mando del ministro para la Defensa, un militar activo. El 10 de febrero de 2016 se estableció la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas (camimpeg), la cual firmó varios memorandos de entendimiento con pdvsa. También se le otorgó un papel importante en el Arco Minero del Orinoco, que según el gobierno busca superar el «rentismo petrolero» y diversificar su actividad hacia la minería, entre otros, de oro, diamantes y coltán. Súmenle a todo esto las denuncias sobre narcotráfico, contrabando de gasolina y alimentos.

Todos los comentarios sobre la designación de militares en los sectores de la economía, justicia y política dejan en claro que, la militarización de los poderes solo es una expresión de un “Socialismo Militarista” o mejor dicho una “Dictadura Militar” al mejor estilo del régimen cubano.

Hace días recibí un comentario de un fiel seguidor de Instagram que reflexionaba acerca del rol de la sociedad civil. El buen amigo Luis César Febres me escribía que si nos organizamos lograremos propiciar los cambios que el país necesita. 100% de acuerdo.

Agregaba este lector que con la participación de la inmensa mayoría ciudadana conduciremos al país por el camino de la prosperidad y el bien común. También estoy acuerdo con esto. Siempre he pregonado acerca de la necesidad de dar paso a mucho más que actores políticos para el rescate de Venezuela.

El país, y así lo recogen las más prestigiosas encuestas, es mucho más que esa militancia partidista que no aglutina más de 14% de la población opositora. Y también va mucho más allá de los márgenes de aceptación que tiene el oficialismo, cifra que hace un buen rato no supera el 20%.

Venezuela tiene cerca de 70% de ciudadanos que no responde, que no se siente identificado con clase política alguna, pero que aspira a un cambio real. Reconectar con esa inmensa mayoría es el reto para los dirigentes políticos y activistas sociales que no formamos parte ni tenemos interés por la casta política tradicional.

Nos corresponde salir a la calle, ir a la Venezuela profunda, recorrer cada uno de sus rincones, presentar a los ciudadanos una propuesta seria y coherente, cuyo objetivo sea el rescate del país y pedirles el voto de confianza para que nos acompañen en esta titánica misión.

Vuelvo a las palabras del amigo Febres, organizando a la sociedad civil es mucho lo que podemos avanzar.

Abrir bien los ojos

Esto lo conecto con otra tarea clave que también reposa sobre los hombros de quienes estamos ajenos a la clase política tradicional venezolana: promover la contraloría social o contraloría ciudadana.

Esta semana, en entrevista para «En Contexto» con Carlos Peñaloza dejé claro qué hay mucho que evaluar y madurar por parte de los políticos. Como país debemos exigir a estos actores que rindan cuentas si aspiran a un cargo de elección popular. ¿De qué viven los políticos? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Qué aportan al país?

No es posible que tengamos políticos, que en su gran mayoría, no son dignos de sus cargos, que se saltan la rendición de cuentas, generando una profunda desconfianza entre la ciudadanía. Así lo veo en diversos grupos de WhatsApp y me lo dice la gente en las calles: «los políticos son ladrones, mafiosos, chulos…»; ante lo que, necesariamente, pido no generalicen.

Pero ¿cómo le pedimos a la sociedad que no generalice cuando los políticos no muestran su currículum, no rinden cuenta de sus acciones o no muestran el origen de sus patrimonios? Esto es una nefasta realidad que se replica exactamente igual en los dos bandos.

Entiendo la desesperanza de tantos venezolanos y me preocupa saber que hoy el ciudadano no sueña, no tiene motivos para vivir ni seguir adelante. Abatidos por el desaliento, millones de los nuestros han decidido cruzar las fronteras y huir hacia otros países en busca de oportunidades. ¿Cuántos han perdido la vida en carreteras internacionales, mar abierto, ríos o selvas, persiguiendo el sueño que se les negó aquí?

Sé que los responsables de esta tragedia prefieren hacer caso omiso y no pronunciarse al respecto; y si lo hacen la minimizan hasta convertirla en motivo de burla o reclamo. Sin embargo, como madre, mujer y ciudadana venezolana, pido encarecidamente a mis hermanos que no salgan de esta forma. No percatamos que, en un arrebato, arrastramos de forma irresponsable a criaturas que tienen derecho a vivir. Lo más valioso que tenemos es la vida y debemos preservarla.

Venezuela pide a gritos que se resuelvan sus problemas más inmediatos y palpables: sueldos y salarios, pensiones, alimentación, servicios básicos, salud y educación. Pero frente a esto, es vital que la sociedad civil esté alerta y activa, porque cambiar esta fotografía de país por gente honesta, decente y con propuestas, es tarea de todos.

Twitter: @griseldareyesq

griseldareyes@gmail.com

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Grisela Reyes es empresaria. Miembro verificado de Mujeres Líderes de las Américas.

El progreso es una categoría de la teoría social forjada en el Renacimiento, pulida en la Ilustración y hoy cuestionada: consiste en que la “sociedad mundo” mejora inevitablemente al paso de la historia. Para los determinismos de los últimos siglos, el progreso es irreversible, mientras para posmodernos y reaccionarios teóricos, no existe, es una auto justificación capitalista. Para aquellos la evolución obedece a “leyes objetivas, inevitables, naturales”, y los hombres son barquitos de papel en el oleaje. “La rueda de la historia” va, según Hegel al triunfo de la razón, para Marx al comunismo, y según Comte a la sociedad positiva, tres futuros bañados por “ríos de leche y miel”. El Manifiesto comunista es una oda al progreso “burgués”, en vías al inexorable destino. Dadaístas, surrealistas, neogóticos, posmodernos, hippies y demás antisistema ultras, rechazan la modernidad, el “consumismo”, su corrupción y aman las comunidades tradicionales.

El Romanticismo rousseauniano desde el siglo XVIII, con ramalazos en los siguientes, plantea una revolución reaccionaria, antiprogresista, contra la modernidad, el conocimiento científico y la Ilustración. La ciudad es la nueva Babilonia, corrupción, maldad, perversión que inficiona “la pureza” del pueblo. Defienden las tradiciones, la poesía, el arte, la mitología, y Wagner se dedica a restaurarlos. Para el progresismo crítico, racional, el progreso no es una ley natural, no es indetenible, ni irreversible, sino producto de la acción y la voluntad humanas, aleatorio, que se crea y también se destruye. Los imperios egipcio, persa, mongol, chino, romano, musulmán, sacro-romano, español, británico, ruso-soviético, norteamericano, que dominan el mundo en períodos, decaen y desaparecen.

El progreso es desigual, combinado, no es a perpetuidad sino a plazo fijo. El medioevo sucede al imperio romano hasta el Renacimiento, se perdieron los conocimiento científicos y tecnológicos, la infraestructura de carreteras, acueductos, teatros, que todas conducían a Roma. En el siglo I Roma tenía un millón de habitantes, solo igualados por Londres en 1800. En el siglo XX, caído el imperio soviético, resurge la revolución reaccionaria, ahora posmodernidad, pos-estructuralismo, marxismo cultural, ultra izquierda identitaria con tesis maoístas, camboyanas y africanas, de regresar a los orígenes, ahora con el progreso de rehén, porque lo niegan, pero con astucia se denominan progresistas. Desprecian a “occidente”, se arman del diferencialismo cultural, racial, religioso, sexual con la tesis de “oprimidos contra opresores”.

En la sociedad abierta, lesbianas, heterosexuales, homosexuales, a diferencia del fundamentalismo, y ahora del trumpismo, hacen con su cuerpo lo que les viene en gana, pero para la reacción que usurpa el progresismo, eso no basta. Para Judith Butler “esa es una tesis liberal, no revolucionaria”. Una revolución, que la gente choque y se odie por su sexualidad, religión, color de piel y que el Estado decida tales sexo y odio entre ellos. Sus maestros, Beauvoir, Foucault, Sartre, Lyotard, Deleuze, Millet, Singer, Firestone y muchos más, exaltan la pedofilia, el incesto, la necrofilia. No importa la amputación de clítoris a niñas musulmanas, ni que las casen con ancianos: hay que comprender “las culturas oprimidas” y “la política de género” (sic) calla. El feminismo real logró que las mujeres recuperen indeteniblemente liderazgo en las democracias, pero eso molesta a los identitarios. Las mujeres son directivas en 80% de las mil empresas de punta mundiales, pero los identitarios proponen leyes monstruosas contra el Estado de Derecho. Yo si te creo, Amber Heard.

El culto a las “culturas oprimidas”, localismos, nacionalismos, justificó el terror de ETA, Ira, Sendero Luminoso y del islamismo, ecofundamentalismo y bioterrorismo. La ruptura marxista es ahora más radical porque pretende destruir los valores de la cultura y blande la utopía arcaica. Ante la duda tienen la batería de ridículos insultos “islamofóbico”, “misóginos”, “transfóbicos” y otras lenguaradas de ignorancia, confusión o mala fe. “Cancelan” las grandes teorías de la historia, los “macro relatos”, “narrativas”, según la nueva latiniparla ideológica, pero lo que se hundió realmente fueron los “relatos” colectivistas, no de la democracia ni la economía abierta, ni la libertad y pretenden cubrir el cadáver con un sudario colectivo.

Según Marcuse la lucha de clases ya no movilizaba las masas “opulentas” y para Michel Foucault hay que minar los “micropoderes”. La familia, la empresa, la escuela, la iglesia, el trabajo, las parejas tradicionales, la oficina, debían implosionarse desde dentro. Felix Guatarí plantea la táctica la “revolución molecular disipada”, descomponer la sociedad a partir de sus células básicas opresoras y burguesas. Ante el vacío conceptual de los partidos democráticos, las ideas de la ultraizquierda sesenta-setentosa hoy disfrazadas cautivan desprevenidos. Como siempre el progresismo progresista consiste en defender el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la no injerencia del Estado en la privacidad.

@CarlosRaulHer

Para nada es cierto que “el país se arregló”, sin lugar a duda, como tampoco lo es que las únicas mejoras están circunscritas a los muy bien surtidos bodegones de las Mercedes en Caracas.

Por una parte no parece sensato hablar de arreglos, luego de haber perdido en pocos años el 80% de nuestra producción de bienes y servicios (PIB), que pasó de unos US$330 MMM a escasos US$65 MMM, mediante la caída de más dos tercios de la producción diaria de petróleo, junto a un marcado deterioro en la capacidad refinadora. Presenciamos un descalabro en la generación y transmisión de energía, se paralizó la industria y la construcción, mientras que el agro, el comercio, la banca y demás servicios apenas sobreviven y hemos presenciado un desarreglo social de impensable envergadura que se puede medir por unos 5 millones de migrantes pobres que salieron del país más rico de la américa latina. El país no se arregló.

Tampoco podemos esconder que hay un repunte en la actividad económica que surgió de la mano de la dolarización, del respiro en las condiciones de operación del sector privado, una efímera salida de la pandemia y mejores precios petroleros, que se juntaron y sirvieron para presenciar una demostración inequívoca de la vocación y la resiliencia del sector productivo nacional. Con seguridad podremos alcanzar un 10% de crecimiento del PIB este año, lo cual es muy bueno en vacío pero absolutamente insuficiente en el contexto nacional. Además, hay que cuidar que medidas como el IGTF o las inmensas penurias energéticas no dañen lo poco que hemos logrado recientemente.

Si hay todavía muy numerosas y sabidas contrariedades que no es necesario repetir aquí. Tampoco el crecimiento ha llegado a todos los sectores y la construcción es quizás el mejor ejemplo. Para el sector privado la falta de financiamiento es una barrera monumental. Las carencias socioeconómicas de la población son abrumadoras y el mayor compromiso de todos, pero en especial de las autoridades. Y sin embargo, hoy hay crecimiento en el agro, en la industria y en el comercio. En el primer semestre del 2022 la Bolsa de Valores de Caracas listó emisiones por US$16 MM, cuatro veces la cifra alcanzada en el mismo período del 2021. Esto incluye por cierto varios emisores nuevos, algunos pequeños y medianos. Claro que aún es muy poco, pero es mucho mejor.

Que nadie diga que no hay un LIGERO repunte, que no se pretenda borrar con teorías conspiratorias y estilo agorero lo que los empresarios han alcanzado con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación, sobreponiéndose cada día a situaciones contrarias para alcanzar estos pírricos resultados. Sólo nos podremos arreglar si logramos alcanzar ese 10%+ de crecimiento anual por muchos años consecutivos y eso si las autoridades así lo permiten mediante las condiciones pertinentes, pero que nadie diga que no estamos trabajando con mucho ahínco y ya algo hemos logrado.

Diario de Los Andes

25/07/2022

https://diariodelosandes.com/site/venezuela-por-el-camino-que-vamos-por-...

Al igual que otros movimientos populistas en Latinoamérica el chavismo ha estado, desde sus inicios, integrado por fracciones de signos opuestos. En los primeros años se impone una fracción democrática pro mercado y se instrumentan políticas que favorecen la equidad. Sin embargo progresivamente el movimiento involuciona imponiéndose una tendencia fascistoide, acompañada de políticas anti mercado que lo han alejado de sus banderas fundacionales.

El populismo en América Latina no ha sido un movimiento coherente. Un ejemplo de ello es el peronismo argentino que ha estado integrado, a lo largo de su existencia, por fracciones de signo ideológico distinto. En algún momento se ha impuesto una fracción pro mercado, mientras en otro, las políticas instrumentadas han sido anti mercado. El peronismo argentino todavía se debate en este conflicto que ha complicado la gestión de políticas económicas en el país austral.

En la perspectiva señalada el chavismo, como movimiento populista, ha sido desde su inicio un movimiento constituido por fracciones de signos contrapuestos. En sus primeros años, desde la campaña electoral hasta el 2002, se impone la fracción democrática dirigida por Luis Miquilena. En estos años, el chavismo es un movimiento democrático pro mercado que busca fortalecer las instituciones para profundizar la democracia y luchar contra la corrupción como quedó plasmado en la Constitución de 1999, cuya elaboración fue dirigida por el veterano líder de izquierda. Continuó la política antiinflacionaria concebida por Teodoro Petkoff, adhiriéndose a la Agenda Venezuela. El Banco Central de Venezuela (BCV) continuó controlando la emisión de dinero en forma autónoma y el dólar siguió desplazándose en una banda. La inflación en consecuencia tendió a descender y la capacidad adquisitiva de los trabajadores y la clase media mejoró.

Después del año 2002 se inicia una segunda fase en la cual la fracción democrática es desplazada y el régimen implementó una agenda de orientación antiliberal orientada a expandir la acción del Estado, hostigando la iniciativa individual tanto en el campo económico como en el cultural, así como la disidencia política. Se impone una hegemonía comunicacional y un régimen absolutista y personalista en el marco del cual se desarrolló uno de los mayores escándalos de corrupción en el cual el jefe del ejecutivo y su entorno no diferenciaban entre el patrimonio público y el personal. Esta agenda se lleva a cabo en el contexto de una alianza con Cuba, en lo que dio en llamarse el Socialismo del Siglo XXI. Con la asesoría cubana se instrumentan políticas inclusivas orientadas a ampliar su base electoral. La lucha contra la corrupción se aparca y se privilegia la equidad. Se trata de proteger el ingreso de los más pobres recurriendo a los programas sociales como el programa Mercal, de subsidio al consumo, para protegerlos de los efectos de la inflación; fenómeno que se agudiza gracias a que el ejecutivo utilizó al Banco Central como su caja chica. A pesar de ello los programas sociales logran compensar el efecto de la inflación y se logra mejorar la distribución del ingreso y la capacidad adquisitiva de los sectores de menor ingreso.

Las políticas anti mercado que se implementan en esta segunda etapa lo hacen en un forcejeo con los restos de la fracción democrática que sobrevive. El impacto de las políticas anti mercado es moderado por la presión de esta fracción y los ingresos extraordinarios del petróleo, que impiden el colapso de la industria petrolera y contribuyen a ralentizar la creciente inflación. Se designan gerentes competentes en la industria petrolera, como Guaicaipuro Lameda, que moderan el colapso de la industria. Una vez que Chávez muere y se desploman los precios del petróleo se inicia una tercera fase donde se impone en forma hegemónica la fracción pro cubana y se profundiza el perfil fascistoide y la represión.

En esta tercera fase, que se inicia, en el 2014 surge un Estado fallido como consecuencia del colapso de la industria petrolera y de los precios. La industria petrolera colapsa por la huida del personal y el nombramiento de militares leales para gestionarla, uno de los cuales destruyó un millón de barriles de capacidad productiva durante su gestión. La principal característica del Estado fallido es la desaforada inflación que se impone ante la ausencia de un programa de ajuste como la Agenda Venezuela sugerida por el ex ministro de Chávez, Rodrigo Cabezas. La condición de Estado fallido se refleja también en la perdida de gobernabilidad en amplias zonas del territorio, así como en la crisis eléctrica y de los servicios públicos. La destrucción de las capacidades productivas se profundiza hasta ubicarse a niveles de 1950. Se impone una dolarización de facto que da lugar a una sociedad profundamente desigual.

En síntesis el chavismo involuciona de un proyecto democrático, en sus inicios, hasta convertirse en un movimiento donde privan tendencias fascitoides. A lo largo de esta involución el movimiento se ha alejado de sus banderas fundacionales: el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción y una sociedad más equitativa. En estos tiempos de negociaciones, el chavismo debe reencontrarse y recoger sus viejas banderas, en particular las que tienen que ver con la equidad y la protección del ingreso de los más pobres, lo cual no se puede hacer sin que se produzca el control de la inflación como lo ha planteado Rodrigo Cabezas, ex ministro de Chávez.

El control de la inflación requiere un programa de ajuste similar a la Agenda Venezuela. Esto implica darle autonomía al Banco Central de Venezuela (BCV) y colocar al frente del mismo gente competente que sepa de políticas monetarias y dejar a un lado la política de colocar en estos cargos a gente leal que no tiene formación para el cargo. Es necesario también un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y mejorar las relaciones con los Estados Unidos y la comunidad internacional. Todo ello se llevó a cabo en los primeros años del régimen chavista y la inflación se redujo hasta llegar al 12 por ciento mejorando el ingreso de los trabajadores y de la clase media. La dolarización es una salida para unos pocos y no es la respuesta para los más pobres que optaron por el chavismo en sus inicios.

Profesor UCV