Es el momento de tocar los temas álgidos de la política venezolana. La semana pasada abordamos el voto en el exterior, sus dificultades y posibilidades reales. Toca ahora reflexionar sobre el tema de las primarias, a lo mejor es tentar demasiado a la suerte.

Aunque no se sabe aún cómo, cuándo, ni otros detalles, la escogencia del candidato de la oposición, para las elecciones presidenciales de 2024 se llevará a cabo mediante elecciones primarias. Sin embargo, resultan bizarros −en su acepción de “raro” y “extravagante” − algunos de los aspectos que rodean la discusión de ese tema.

Las variantes

Las variables que están en juego son innumerables y discusión se decanta emparejando términos y conceptos y haciendo las combinaciones, infinitas, correspondientes. Solo por mencionar algunas, las primarias pudieran ser: con o sin CNE; con una o con doble vuelta; con participación de todos o solo algunos opositores; con votación de todos los inscritos en el registro electoral o mediante algún “filtro opositor”; votarán los venezolanos en el exterior o no votarán; participarán los inhabilitados políticos, partidos y candidatos −en abierto desafío al régimen− o no lo harán; se dará cabida a los presos políticos o se prescindirá de ellos; y por allí seguiría la lista, que como se puede ver, en una respuesta pueden entrar varias o todas esas combinaciones, juntas o por separado, lo que nos daría, aplicando la fórmula correspondiente, varios cientos de posibles opciones y combinaciones. Discutir estas opciones, para algunos es estratégico, pero para otros es simplemente una manera de exacerbar diferencias y generar más rupturas y divisiones.

Restricciones obvias de espacio me impiden tratar todas las opciones y sus combinaciones; solo me referiré a dos aspectos de la muy amplia discusión y, para empezar, resulta ineludible hablar de la más bizantina de esas discusiones −para mi gusto, claro− que es esa de si las primarias de oposición se deben hacer con o sin el CNE.

Digo que una discusión bizantina, porque se hagan o no con el CNE, eso no va a impedir que el régimen intente sabotear o influir en el proceso; bizantina, porque hacerlas con el CNE supone ahorrarse una buena cantidad de dinero y disponer de más centros y máquinas para agilizar el proceso, sabiendo como sabemos los costos que implican estas dos cosas, para los escasos recursos de que dispone −o no dispone− la oposición democrática; bizantina porque seguramente algunos de los que participarán, se declararán “pobres” de solemnidad y sin recursos para contribuir con su cuota del aporte −alegando por supuesto “razones democráticas” de peso, “libertad de voto” y demás excusas, para dejar de aportar lo que deben aportar− y así contribuirán a encarecer el proceso para los que si aportarán o para que se quede con un gran déficit o mono, que nadie sabe −seguramente, nadie− quien lo cubrirá; bizantina, porque pase lo que pase, decídase lo que se decida, en cuanto a hacerlo o no con el CNE, los “inefables radicales” y anti oposición democrática, de todas maneras no participarán, aunque se haga sin el CNE; siempre encontrarán alguna excusa para negarse y darle la patada a la mesa o a la lámpara, o a ambas.

Mi fórmula

Por lo tanto, en mi opinión, lo sensatamente político es que la oposición democrática trate no solo de maximizar la participación, poniendo más mesas, más máquinas y más centros de votación, sino también bajar costos, para ahorrar recursos que pueda dedicar a movilizar votantes, que de todas maneras sabemos que difícilmente pasaremos del 15% los que iremos a votar. Histórica y desgraciadamente ese es el porcentaje de participación en estos eventos y, sinceramente hablando, no se percibe hoy en día un ánimo que pueda superar este porcentaje.

Esto implica, como es fácil darse cuenta, solicitar el apoyo del CNE para realizar la elección, ahorrar recursos e incrementar puntos de votación.

No solo eso, siendo consecuentes y tratando de buscar el mayor consenso posible para el candidato opositor, de no lograr el ganador en primera vuelta un porcentaje significativo −digamos del 30% de los votos−, se debe ir a una segunda vuelta, para que el candidato resultante goce de amplio consenso.

En la misma lógica de lograr la más alta participación deben votar todos los que deseen hacerlo y estén en el registro electoral, inhabilitados o no, incluidos los partidarios del régimen, descartando esa monserga de que de esa forma los “chavistas” decidirían quien es el candidato; creer eso no es más que una fantasía, los ya escasos partidarios de régimen −menos del 18% de los votantes− que no se movilizan para votar por los suyos no lo van a hacer para escoger el candidato de la oposición; y si lo hacen, mejor, aumentarán el caudal de participación y votos. Naturalmente, creo que en el proceso deberán participar quienes están en el exterior, para lo cual la oposición, sin contar en ese caso con el CNE ni los consulados, debe procurar abrir la mayor cantidad de mesas y centros que sea posible e implantar la posibilidad de votar electrónicamente.

Precandidatos a granel

El otro elemento que quiero considerar que no debería ser raro, pero que sorprende a muchos, es la cantidad de precandidatos a disputar esa única plaza. Hasta la última “lista” de precandidatos que revise en persona, había 31 aspirantes; pero ya he escuchado cifras que pasan de 50. Digo que no es algo raro y que además, en vez de lamentarse con discursos moralistas sobre la “ambición política”, ¿Por qué no verlo como una señal del “vigor” de nuestra oposición, que es capaz de generar tal cantidad de aspirantes, por más que todos sepamos que una buena parte de ellos no tiene la más mínima calificación para el oficio, mucho menos el carisma o la simpatía popular?; pero, democracia es democracia y todos puede tener su aspiración y derecho; el pueblo que siempre juega a ganador, se encargará de darles su dosis de “ubicación” y bajarlos de esa nube.

Pero entiendo que, a muchos sorprenda, de manera ingrata, esa hemorragia de ambición, un tanto desmesurada, habida cuenta que el entusiasmo de la población por participar, como ya dije, escasamente llegará al 15% de los mayores de 18 años, aquí y en el exterior. En cualquier caso, cuantos más aspirantes, más gente habrá en la búsqueda de apoyo y mayor será la movilización que se logre, que es de lo que se trata: Sacudir la apatía, indolencia y desánimo alrededor de la vía electoral.

Conclusión

Son muchos más los temas en torno a las primarias, pero creo que con lo planteado tenemos material para discutir y en todo caso, lo importante es definir cuanto antes la fórmula completa, que permita la mayor participación posible y nos permita dedicarnos cuanto antes, con un candidato en la calle, a plantearle al país una opción creíble para salir de este inaguantable oprobio.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Surge el comentario a la luz de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia quien, contraviniendo la disposición de su antecesor, hizo traer al acto de su ascensión al mando, de manera inesperada, la espada de Bolívar. Fue su primer acto de gobierno.

Para comenzar, hay que señalar que la espada de Bolívar que guarda Colombia es la de verdad, la que usaba El Libertador en el día a día, no la nuestra, que es una joya de oro que la municipalidad de Lima le obsequió como presente de agradecimiento y la que nunca desenvainó el padre de la patria para combatir con nadie, entre otras cosas, porque le iba a dar una gran indignación que en una refriega se le fuera a caer un diamante de la corona de laureles del pomo.

La de Colombia, la de las batallas, se guardó durante mucho tiempo en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá. Además del valor histórico que tiene la pieza por haber pertenecido a quien perteneció, es parte de la leyenda de la guerrilla colombiana, de la que alguna vez formó parte Petro.

En enero de 1974, el naciente movimiento guerrillero M-19, sustrajo la espada del museo y pasó varios años escondida en diversas manos. Se llegó a decir incluso que le fue vendida a Pablo Escobar y que este se la dio a su hijo como juguete. Al parecer, la que compró Escobar no era la verdadera.

La espada también pasó una temporada en Cuba (así que vaya usted a saber si es la original, mulato). Para el grupo armado tenía -como seguramente para el nuevo presidente de Colombia en la actualidad- un tremendo valor simbólico: «Bolívar, tu espada regresa a la lucha», se dijo luego del robo. En 1991 fue devuelta.

No deja de resultar curioso, que la mentalidad de izquierda, tan pretendidamente racional y científica, sea la que apele con mayor frecuencia a recursos y explicaciones mágicas. «El divino Bolívar», del que hablaba Elías Pino, es parte de esa religión laica que todas las ideologías, pero especialmente la de izquierda, quiere usar para arropar sus propósitos.

Su espada no es entonces un objeto de interés histórico, sino un símbolo sagrado que, cual amuleto, brinda poderes; sus restos, reliquias que hay que manipular para adquirir (o adquerir) las cualidades del portador en vida de esos huesos; y así con todo. Somos muy españoles en esto: vivimos siempre rumiando el pasado, nunca entendiéndolo.

La susodicha espada también es parte, ahora, de otra polémica. En Colombia por la desobediencia de Petro a la disposición de Duque y en España porque su rey no se puso de pie a su paso. La indignación española es, fundamentalmente de la gente del partido de izquierda Unidas Podemos, que consideran que Felipe VI le faltó el respeto a Colombia –aunque en Colombia nadie hable de ello– lo cual no deja de resultar interesante, pues la defensa del Libertador no la hacen los «hijos de Bolívar», sino los de aquellos a los que el prócer derrotó. En la madre patria muchos se avergüenzan del descubrimiento y por estos lares otros tantos de la Independencia. Un tiempo complejo este.

En todo caso, quiera Dios que la invocación de la espada sea para Colombia destino de libertad, porque a nosotros, los vecinos cercanos, de su exhibición solo nos quedó una vaina que, por falta de espacio, no entraré a calificar.

A raíz de la designación de dos Generales de División, por parte del régimen para integrar al Tribunal Supremo de Justicia, los comentarios entre los milicianos de las diferentes brigadas comunales no se hicieron esperar. Algunos se preguntaban, sobre cuáles serían los argumentos para incorporar militares al máximo tribunal si ya ese sector tiene su propia justicia y su Corte Marcial. Eso es incongruente y anticonstitucional, pensaban otros milicianos.

-Camaradas, dijo uno de la UBCH, yo me pregunto si esos recién nombrados tienen títulos de abogados, de no ser así, esa designación tendrá una justificación política mas no jurídica.

– Quiero expresar, que durante mucho tiempo me ha llamado la atención, la deriva militarista de nuestro gobierno. El camarada presidente, siempre ha manifestado una preferencia por los representantes de las Fuerzas Armadas dejando de lado a los civiles que formamos parte activa de las organizaciones revolucionarias, señaló enfáticamente un representante del Partido Comunista. Esto es una nueva versión del pensamiento marxista que pretende establecer que «De cada uno según su capacidad, a cada uno según su rango».

-Un estudiante de la comuna universitaria intervino para manifestar sus inquietudes con respecto al tema. Déjenme leerles un párrafo de un escrito hecho por un profesor de Derecho Constitucional de la UCV que por casualidad llegó a mis manos:

…El creciente papel de los militares en la economía, justicia y política venezolana ha ido a contracorriente de los objetivos de un mayor control democrático sobre los sectores de seguridad y defensa. Su creciente participación política y partidista –que incluye su desempeño como represores de protestas sociales y sus labores en el sector de inteligencia– y sus actividades empresariales han potenciado el auge del militarismo. El resultado es la desinstitucionalización, la desprofesionalización y la desconfianza social respecto de las Fuerzas Armadas y la constitución de una suerte de “socialismo militar” …

El joven estudiante tiene toda la razón, declaraban la mayoría de las personas que sentían en carne propia que la consigna chavista de la relación cívico-militar para gobernar el país devino en una gobernabilidad abiertamente autoritaria, que le otorgó al sector militar un papel central en la economía y la política.

A partir de 1999, se avanzó paulatinamente en una militarización de la sociedad. En su primera etapa, el énfasis estuvo puesto en la identificación de la Fuerza Armada como «bolivariana». En 2007, después de su reelección, Chávez privilegió la revolución «socialista» y el papel militar en su defensa. Se introdujo el lema «Patria, socialismo o muerte. Venceremos», que vulnera el artículo 328 de la vigente Constitución de 1999, que señala que la Fuerza Armada es una institución profesional y sin militancia política.

El 22 de julio de 2008, por decreto, se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta norma, que fue reformada varias veces por decretos presidenciales, conllevó transformaciones no solamente en la estructura e institucionalidad, sino también en la doctrina militar. Fue en este momento cuando se incorporó el término «bolivariana», por entenderse que la Fuerza Armada pasaba a ser representante del proyecto político de una parte del país.

Adicionalmente, se la definió como un cuerpo «patriótico, popular y antiimperialista». Esa misma ley fue la que incorporó a la Milicia Nacional Bolivariana, definida en ese momento como un complemento de la Fuerza Armada. Esta milicia dependería directamente del presidente de la república y su actuación incluiría el mantenimiento del orden interno.

-No dejen por fuera la creación del el Comando Estratégico Operacional de la Fanb, presidido por el presidente de la república, señaló un militar jubilado, con lo cual el ministerio para la defensa quedaba reducido a funciones básicamente administrativas. Este cambio importante profundizaba así lo que se advertía desde hace varios años: el carácter pretoriano que se iba instaurando en el país y la cada vez más difusa separación entre las áreas de defensa y seguridad pública, en el marco de una creciente militarización de la sociedad.

-Según especialistas en historia de la Fuerza Armada Nacional venezolana, se ha documentado que desde 1999 a la fecha de hoy, más de 2.500 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y/o ejercen cargos en la administración pública. Los uniformados están en gobernaciones, alcaldías, en los ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas.

Adicionalmente, con la finalidad de restar poder a las autoridades civiles, el presidente Chávez creó las Zonas de Defensa Integral (ZODI), así como las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), bajo el mando de militares activos. Profundizando el control militar sobre los poderes descentralizados, el 22 de enero de 2018 el Comando de Abastecimiento Soberano emitió un decreto que prohibía a autoridades regionales y municipales llevar a cabo acciones relacionadas con el control y la distribución de alimentos.

-Los militares han desempeñado actividades en el sector económico, como por ejemplo el Plan Bolívar 2000 para la distribución de alimentos e inclusive la presidencia de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el control del sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero en el sur del país, así como los puertos y las aduanas. A partir de 2013, se conformaron cuatro empresas militares: el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb), un canal de televisión (Tvfanb), Emiltra para transporte de carga por aire, mar y tierra y la empresa agrícola Agrofanb. En 2016, ante la creciente crisis económica, el proceso de control del sector castrense se expandió a áreas estratégicas, como la alimentación y los recursos extractivos.

-Frente a los graves problemas de escasez de alimentos y medicinas, así como de otros servicios básicos de salud y educación, el régimen decidió establecer en agosto de 2016 la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, bajo el mando del ministro para la Defensa, un militar activo. El 10 de febrero de 2016 se estableció la Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas (Camimpeg), la cual firmó varios memorandos de entendimiento con Pdvsa. También se le otorgó un papel importante en el Arco Minero del Orinoco, que según el gobierno busca superar el «rentismo petrolero» y diversificar su actividad hacia la minería, entre otros, de oro, diamantes y coltán. Súmenle a todo esto las denuncias sobre narcotráfico, contrabando de gasolina y alimentos.

Todos los comentarios sobre la designación de militares en los sectores de la economía, justicia y política dejan en claro que, la militarización de los poderes solo es una expresión de un “Socialismo militarista” o mejor dicho una “Dictadura militar” al mejor estilo del régimen cubano.

Twitter: @jesuselorza

Jesús Elorza es Licenciado en Educación, profesor en la UPEL

En los últimos cuatro meses, los intentos del régimen de Nicolás Maduro de transmitirle al mundo la idea de que en Venezuela la vida se ha normalizado, se han visto desmentidos con las imágenes de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados venezolanos protestando de manera pacífica en las calles de las principales ciudades del país, reclamando al Gobierno el respeto a sus derechos laborales.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer semestre de este año se produjeron en Venezuela 3.892 protestas, de las cuales, el 42 por ciento correspondieron a reclamos relacionados con derechos laborales. Dentro de este grupo de protestas, la principal demanda de los trabajadores activos y jubilados fue la de contar con un salario digno y suficiente que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.

Salario mínimo insuficiente

El último aumento del salario mínimo en Venezuela fue decretado por el Gobierno nacional el pasado mes de marzo de 2022, ubicándolo en 30 dólares, siendo, por mucho, el más bajo de Latinoamérica. Para ese momento, ese monto solo alcanzaba a cubrir el 8 por ciento del costo de la canasta alimentaria, la cual se ubicaba en 370 dólares. Hoy en día, cuatro meses después, la inflación ha hecho retroceder el salario mínimo venezolano a 21,38 dólares (0,7 dólares por día), mientras que la canasta alimentaria ha aumentado a 392 dólares, con lo cual el salario mínimo apenas alcanza para adquirir el 5,5 por ciento de la canasta alimentaria, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Finanzas de Venezuela (OVF).

Según Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD), el detonante de las actuales protestas laborales tiene como antecedente la política de "aplanamiento salarial” que, desde el 2018, el Ejecutivo Nacional ha adelantado a través de instructivos emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), con el objeto de regular los tabuladores salariales de los empleados públicos. Estos instructivos violan de manera flagrante la Constitución, las normas laborales y los acuerdos de las convenciones colectivas vigentes en el país.

"Tablas salariales del hambre"

En efecto, según el dirigente sindical Zambrano, el último instructivo de la ONAPRE, dictado en marzo de este año, modificó de manera unilateral y arbitraria "los criterios para el cálculo del último incremento salarial y redujo sustancialmente los beneficios salariales conquistados por los trabajadores venezolanos".

Esas "tablas salariales del hambre” pulverizan el ya exiguo salario del trabajador en Venezuela y desconocen o disminuyen de manera sustancial bonificaciones salariales como los pagos de primas por titularidad, por antigüedad, por responsabilidad, por profesionalización, por conceptos de uniforme y por hijos con discapacidad, entre otras.

Sector educativo y de salud, muy afectados

Esta política salarial del Gobierno nacional afecta sobre todo a los trabajadores de los sectores de la salud y de la educación pública venezolana, y repercute de manera muy negativa sobre la ya menguada calidad de estos servicios esenciales para el país.

Para la laboralista María Bernardoni de Govea, exministra del Trabajo y profesora del Derecho del Trabajo, la actual conflictividad laboral hunde sus raíces en el giro radical que a partir de 1999 el "Socialismo del Siglo XXI” dio al sistema de relaciones laborales en Venezuela.

Sin diálogo social ni consulta tripartita

Los efectos de este giro radical fueron muy bien recogidos en el Informe que sobre Venezuela elaboró la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2019. Ese informe describe cómo "durante casi veinte años, el Gobierno (venezolano) ha llevado adelante su programa político, sin asegurar el respeto de la libertad sindical, incluida la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, del dialogo social y de la consulta tripartita”.

Advierte la profesora Bernardoni que "durante el gobierno de Rafael Caldera, antes de la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela, se logró reformar en 1997 la Ley Orgánica del Trabajo de forma consensuada, a través de un pacto social entre trabajadores, patronos y el gobierno nacional. En esa ley se institucionalizó la instancia de la Comisión Tripartita Nacional.

De acuerdo con esta ley, el Gobierno nacional no tenía la posibilidad de fijar unilateralmente el salario mínimo hasta que no se verificase que la instancia tripartita hubiera sido incapaz de acordar la fijación del salario mínimo”. A partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, el ya referido Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT (2019) señala que "se dejaron de utilizar y después se eliminaron los órganos que se habían creado para estructurar el diálogo y la consulta relativos a la fijación del salario mínimo y a la discusión de cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo, y no se creó ningún órgano tripartito permanente para reemplazarlos”.

A lo largo de su mandato, Hugo Chávez cuestionó la representatividad y legitimidad de las organizaciones sindicales y gremiales históricas del país (CTV y FEDECAMARAS), así como al modelo de relaciones corporativistas entre organizaciones de empleadores y trabajadores respecto del Estado.

Amplia facultad normativa del Ejecutivo Nacional

En el año 2012, Chávez dictó el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), que derogó la anterior ley y estableció el nuevo régimen laboral venezolano.

Este modelo laboral chavista se caracteriza, de acuerdo con Bernardoni, por "la preeminencia del Estado y sus intereses sobre los de patronos y trabajadores, así como por la injerencia en la vida de las organizaciones que estos conforman. El decreto ley le otorgó al Ejecutivo Nacional una amplia facultad normativa en materia laboral, dispuso un trato privilegiado al patrono/Estado, acrecentó la injerencia del Estado en la vida de los sindicatos, y derogó las conquistas logradas en materia de diálogo y concertación social, entre ellas, la existencia de la Comisión Tripartita Nacional”, dice la profesora.

Por ello, concluye Bernardoni, "la puesta en práctica de este modelo de relaciones laborales ha contribuido en mucho al clima de conflictividad laboral que estamos experimentando actualmente en el país. El funcionamiento permanente de una instancia como la Comisión Nacional Tripartita hubiera impedido que las condiciones salariales de los venezolanos se hubieran deteriorado al nivel que estamos viendo hoy en día”.

Inexistencia de un verdadero sistema de seguridad social

A pesar de que la Constitución venezolana de 1999 prescribe en su artículo 86 el deber del Estado de asegurarle al ciudadano la cobertura de un sistema de seguridad social que le garantice la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, la realidad es que el venezolano en estos aspectos está prácticamente desamparado.

El abogado Luis Eduardo Diaz, investigador especialista en seguridad social y profesor de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), sostiene que, en Venezuela, realmente no existe un sistema de seguridad social: "Lo que existe es una estructura burocrática llamada Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que administra unos centros de salud colapsados y un sistema de pensiones ínfimas, todas ellas homologadas a un menguado salario mínimo. Existe también una legislación de Seguridad Social completamente ineficaz, que no ha sido desarrollada en las últimas décadas y que no es útil para nadie. Sobreviven apenas algunas instituciones nacidas al amparo de esa ley, que son organismos burocráticos que no tienen ninguna función social, pues no prestan un buen servicio, no tienen transparencia interna en sus resultados, en sus procesos y mucho menos en el servicio a los usuarios”.

Pensiones de vejez ínfimas

El monto de las pensiones en Venezuela no garantiza la subsistencia del beneficiario, pues está ligado al insuficiente salario mínimo ya descrito. Según el reportaje "La promesa rota: El colapso de la Seguridad Social en Venezuela”, del portal venezolano PRODAVINCI, "la pensión de vejez en Venezuela perdió el 99,7 por ciento de su valor en los últimos 20 años. Un profesor que se retiró en septiembre de 2020 aportó más de 16 mil dólares al sistema de pensiones durante 20 años. Al valor actual de las pensiones, el sistema le devolverá 281,43 dólares por los próximos 25 años. El profesor tendría que vivir 1.459 años para que le retribuyeran lo que aportó”.

El profesor Diaz advierte además que no ve que el régimen de Maduro tenga intenciones de desarrollar en el futuro cercano un verdadero sistema de seguridad social: "Para sus fines políticos, el Gobierno nacional mantiene de forma paralela las misiones sociales, las cajas de alimentos y el Carnet de la Patria, que más que políticas de seguridad social vienen a ser instrumentos de política clientelar y de control social”.

Es comprensible entonces que, en medio de este drama social, los trabajadores venezolanos hayan tomado las calles para reivindicar su derecho a un salario justo y a una seguridad social que les permitan a ellos a y sus familias disfrutar de una vida digna. Se trata de una lamentable realidad, muy distinta a la "normalización” que Maduro procura proyectar.

11 de agosto 2022

DW

https://www.dw.com/es/los-trabajadores-venezolanos-toman-las-calles-y-le...

La extensa y heterogénea costa continental de Venezuela y las islas localizadas en el mar Caribe presentan un muy diverso patrimonio natural y cultural que generan una cantidad importante de servicios y contribuciones ecosistémicas al país.

A pesar de ello, los ecosistemas marino costeros del país están siendo sometidos a múltiples presiones de origen humano que están causando una acelerada degradación de los mismos. Este proceso de deterioro está incidiendo sobre el bienestar y los derechos humanos de la población venezolana.

En función de esta situación, este informe busca contribuir con el conocimiento y comprensión de la situación ambiental de las diferentes regiones de la costa continental e insular de Venezuela. Para ello se revisaron 163 referencias bibliográficas, incluyendo artículos científicos, informes y documentos, así como artículos publicados en medios de comunicación.

Los resultados obtenidos para las seis zonas en que se dividieron las costas del país fueron clasificados en: Perturbaciones ambientales, Amenazas a la conservación y Obstáculos.

Las principales perturbaciones incluyen: Derrames petroleros; contaminación por aguas servidas y desechos sólidos; presencia de especies invasoras y extracción insostenible de la diversidad biológica (por pesca, cacería o extracción).

Asimismo, se considera que las principales amenazas son: Los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros venezolanos; la presencia de metales pesados en las zonas costeras de, al menos, tres zonas del país; la creciente presencia de microplásticos en los sedimentos costeros y la ausencia de consideraciones ambientales en el diseño de las políticas pesqueras y turísticas.

Los obstáculos encontrados en la revisión incluyen: La ausencia de políticas ambientales con criterios técnicos; la pérdida de profesionales y especialistas con capacidades para realizar labores de gestión ambiental; la pérdida de la capacidad institucional para la gestión de áreas protegidas y el grave deterioro de las Universidades y otros centros de investigación marina.

Con la información disponible, es posible afirmar con bastante certeza que algunas de estas perturbaciones están incrementándose en el tiempo y los daños parecen aumentar, así como afectar a zonas y ecosistemas donde previamente no estaban presentes. Asimismo, que el Estado venezolano no tiene las capacidades, ni la voluntad política para evitar o mitigar estos daños y los efectos de los mismos sobre la población.

Todos estos problemas son barreras importantes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluyendo los ODS 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 6 (agua limpia y saneamiento), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el clima) y 14 (vida submarina).

Asimismo, los resultados obtenidos indican que el país no está avanzando hacia el cumplimiento de ninguna de las metas establecidas en el ODS14.

En función de lo anterior, se establecieron las siguientes recomendaciones al gobierno nacional. Ellas incluyen: El desarrollo de una política nacional de conservación y uso sostenible de los ecosistemas costeros; que sea garante del cumplimiento de las normas constitucionales y legales de conservación de estas áreas; que establezca una política de investigación sobre temas prioritarios relacionados con el mar venezolano; que establezca una política de recuperación de la actividad pesquera; que promueva y apoye las instituciones educativas y de investigación sobre el mar y cese el hostigamiento y estrangulamiento presupuestario de las universidades nacionales; que promueva políticas de participación y educación con respecto a la conservación de mares y costas de Venezuela; y que las empresas, principalmente Pdvsa subscriban Principios para un Océano Sostenible de las Naciones Unidas.

agosto 9, 2022

El informe completo en español se puede ver y bajar en el archivo anexo.

https://clima21.net/informes/el-mar-que-ignoramos-derechos-humanos-y-la-...

Partamos de una obviedad: el trabajo de un periodista es público y, por tanto, sujeto al escrutinio. Cuando un periodista comete un error, el costo se carga a su credibilidad, a su prestigio, que es el mayor, quizá el único, patrimonio de un profesional de la prensa. Claro que hay deslices, equívocos puntuales, y hay sistemas de ideas, es decir, convicciones, estilos, formas habituales de abordar los hechos. Es distinto. En el primer caso, el traspié es aislado, puede ser atribuido a esa cualidad tan humana que es la equivocación. Lo segundo ya es otra cosa.

El trabajo de un periodista se basa -o debe basarse- en hechos. No en suposiciones, hablillas o deseos. Cuando un periodista cede a los cantos de sirenas de los extremos radicalizados, su credibilidad se resiente; y si este exceso, en vez de ser una excepción, se convierte en asiduo, ese periodista se expone a la bancarrota de la confianza, que es el peor desmedro que puede sufrir alguien del oficio.

Por ese camino, si un periodista incurre en un disparate o usa su tribuna para planteamientos extra-periodísticos, lo lógico es dejar que las audiencias hagan su evaluación… y concluyan que han sido defraudadas: si alguien se presenta como periodista, sus contenidos deben amarrarse a los hechos; al desviarse de este imperativo, malversa el pacto. Es tarea de las audiencias es exigir el cumplimiento de este arreglo. Por eso, los periodistas más serios tienen las audiencias más influyentes.

Ya sabrán que esta perorata viene al caso por lo afirmado por la periodista Carla Angola en un espacio que se compromete a ser periodístico. Lo que la periodista afirmó no es un hecho, porque no puede ser comprobado, como tampoco es un acto de habla atribuible a una fuente específica. Es una fantasía, una entelequia. Muy bien, todos tenemos derechos a soñar, pero no a presentar nuestros ensueños como material periodístico. Lo que corresponde, entonces, es que las audiencias entren en sospecha y se pregunten: ¿esta conducta es inusitada o es costumbre?, y actúan en consecuencia.

Como ha actuado en consecuencia el historiador y líder de opinión, Elías Pino Iturrieta, quien escribió en Twitter: «A esa conocida joven no la deben imputar por apología del magnicidio, sino por idiota». En una línea, el catedrático resumió el asunto. Lo que corresponde a una desproporción, en el campo del periodismo, es el dictamen público. A unos les parecerá bien, a otros mal, a algunos una aberración y a otros, una idiotez. Así debe ser. El periodista equivocado verá a quiénes concede mayor crédito. Eso sí, para cualquier periodista es un castigo mayor ser calificado de imbécil por el doctor Pino que de magnicida por un tirano.

Más aún, el tirano le ha hecho un favor a Carla Angola, a quien ha victimizado y claro que es víctima, puesto que no hay proporción entre hablar paja (no es cierto que en las redes sociales venezolanas se hable del tal dron), -con lo cual se perjudica el propio reportero- y acusarlo de un crimen que, como acabamos de ver, puede acarrear treinta años de cárcel y atropellos sin cuento a los familiares del señalado.

Lo más grave de este asunto no es, sin embargo, que la tiranía intente intimidar a un gremio acusando a un miembro, que es la verdadera operación. No es, tampoco, que un periodista opte por dejar de serlo al abrazar los delirios radicales (para eso está el ente regulador de las audiencias críticas, que siempre termina por imponerse). Lo más preocupante es que una sociedad deponga el imperativo de la razón para abrazar el del deseo.

Está claro que el auto de detención contra Carla Angola lo que persigue es más autocensura y más miedo en el gremio periodístico venezolano, pero el caso es que se condena la expresión de un deseo. Se da por hecho que el deseo es equivalente a la realidad, que el deseo puede poner en marcha la realidad, incluso, que puede sustituirla. Y en esto, el régimen no está solo. La sociedad venezolana en su conjunto se ha ido hundiendo en el tremedal de la superstición hasta disiparse el pudor para hablar desde paradigmas irracionales.

Lo vemos en política. El discurso se ha ido vaciando de hechos, de propuestas, de estrategias, para apuntar a fantasías. Con la coartada de que la política se basa en emociones, el liderazgo ha devenido en modelo de irracionalidad, de boberías. Lo vemos en la medicina y la sicología: piensa positivo, lo bueno atrae lo bueno, o paparruchas así. Y, claro, al confundir los deseos con la realidad, nos desactivamos, para qué voy a hacer nada si, total, ya lo deseé. Incluso, con fuerza.

Con el agravante de que los activistas del deseo están convencidos de que Dios, o la fuerza sobrenatural que los concede, viven en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así, vemos en chats de profesionales universitarios mensajes con oraciones, estampitas religiosas y cuitas dirigidas a deidades diversas. Sin el más mínimo comedimiento. Por qué creen que Dios está en Facebook y hasta en el cáustico Twitter, más que en la dulce oscuridad de sus habitaciones. Lo creen porque las ansias han sustituido a la razón y porque se sienten obligados a hacer proselitismo: todo el mundo debe claudicar ante la sinrazón.

En esto no hay bandos. El país completo ha ido sumergiéndose en la lava del deseo como remplazo de la razón. Es sabido que el hombre nuevo se mueve por pasiones ideológicas, no por motivaciones políticas (cualquier iniciativa puede ofender al partido único, al tirano eterno único) ni mucho menos materiales, contrarias al “altruismo” del socialismo del siglo XXI, que reserva el producto del saqueo para sus jerarcas. En fin, no se puede hacer para cambiar el gobierno, ni mucho menos el sistema. Lo único que se puede hacer es desearlo. Y hete aquí que en la era de la irracionalidad, el deseo también puede ser un crimen.

8 de agosto 2022

La Gran Aldea

https://www.lagranaldea.com/2022/08/08/angola-en-la-era-del-deseo/

La coyuntura internacional provocada por la pandemia y por la guerra de Ucrania está favoreciendo a las empresas que ya desde antes apostaban por la economía circular, y a la vez está multiplicando el florecimiento de nuevos proyectos. La concienciación ambiental, las ayudas públicas, la inflación y la escasez de suministros actúan como palancas.

En el caso de Cataluña, según un estudio de la Generalitat, existen 626 empresas que se dedican a desarrollar soluciones o tecnologías vinculadas a la economía circular, un 60% más que hace cinco años. Dicho documento subraya el crecimiento y la importancia de este ámbito para la economía catalana, ya que las empresas que se dedican a ello generan 33.000 puestos de trabajo directamente vinculados a la economía circular y una facturación de 11.014 millones de euros, casi el triple de la detectada hace cinco años y que representa el 4,6% del PIB catalán.

Por sectores, las empresas que ya están incorporando modelos de circularidad en mayor medida en sus procesos de producción son las de los sectores agroalimentarios (22% del total), el textil y moda (10%), la construcción (9%), los proveedores de metal (7%), el packaging (7%), la industria farmacéutica y cosmética (7%), el hábitat (6%), los bienes de equipo (5%), la higiene y limpieza (4%) y la movilidad y automoción (4%).

Marc Fabra, cofundador de la agencia de diseño Lúcid de Barcelona, explica a elEconomista.es que el modelo circular requiere que los productos estén el máximo tiempo en uso, y que después puedan ser reparados, reaprovechados o reutilizados. La clave es reducir al máximo el impacto medioambiental y utilizar recursos renovables, reciclados o en última instancia, adquiridos de forma ética. Afirma que no solo es rentable, sino que "es el único modelo de negocio viable a largo plazo para cumplir con las normativas y certificaciones que vienen" y para preservar el planeta.

Los ejemplos abarcan, desde gigantes como la metalúrgica Celsa, a startups como Infinite Athletic. En el caso de Celsa, cerró 2021 con una previsión de cifras de negocio récord mucho mejores de las esperadas incluso antes de la pandemia, hasta un récord de 5.300 millones de ingresos, y 600 de ebitda. La compañía ha esquivado el alza de las materias primas y crisis de suministros porque el 93% del acero que produce proviene de la chatarra que recoge la misma empresa. Además, usa hornos eléctricos, con lo que emite 20 veces menos CO2 que sus competidores, que optan por la combustión y deben pagar derechos de emisión.

De basura a materia prima

Los avances en tecnologías de tratamiento también permiten convertir en nuevas materias primas los residuos que acabarían en el vertedero, por no ser reciclables. En este ámbito, Agbar, Enerkem y Repsol invertirán más de 500 millones en Tarragona para poner en marcha una ecoplanta en 2025. Será la primera instalación en la Península Ibérica que transformará residuos sólidos urbanos no reciclables en metanol, que servirá de materia prima para plásticos y biocombustibles.

Por su parte, el grupo empresarial Griñó, especializado en servicios medioambientales, tratamiento y gestión de residuos, y generación de energía verde, creció un 20% en 2021, por quinto año consecutivo, hasta una facturación de 145 millones de euros, y pretende invertir 50 millones en tres años para generar energía verde a partir de residuos.

Calaf Grup a través de Picvisa, una de las compañías del grupo, impulsa el proyecto Life Pst Sort. Esta iniciativa permitiría, solo en Europa, la recuperación anual de cerca de un millón de toneladas de residuos valorizables provenientes de vehículos fuera de uso. Persigue el incremento de la tasa de recuperación de materiales reciclables de vehículos llevados a achatarrar, lo cual supone un avance para el sector del automóvil y del reciclaje por sus beneficios en términos medioambientales y económicos.

Esta nueva tecnología podría generar, según el grupo, entre 50 y 100 millones de euros de ingresos anuales al sector del reciclaje europeo, un 13% del total vinculado a empresas españolas. Como parte del proyecto, se construyó una planta experimental de recuperación de residuos valorizables de vehículos fuera de uso en la localidad de Calaf, con una superficie de 1.000 metros cuadrados y una tasa de recuperación de hasta un 70%.

Nuevas empresas

Infinite Athletic, que cuenta con el apoyo de Eurecat a través de su incubadora Reimagine Textile, trabaja con el objetivo de fabricar camisetas a partir del reciclaje de las cuerdas de raquetas de tenis, hechas de poliéster, que puede reciclarse una y otra vez para reconvertirse en nuevas prendas. Todo, para aprovechar las 60 toneladas al año de desechos de cuerdas de raquetas que se generan en España. En su caso, la transformación de las cuerdas en hilo la realizan empresas externas especializadas.

También con la participación de Eurecat, Salema propone un modelo de economía circular utilizando los desechos como fuente alternativa de materias primas críticas (CRM) para producir aleación de aluminio para vehículos eléctricos. Otro ejemplo de economía circular es Eurofragance, que ha desarrollado su primer ingrediente, llamado L'Ame du Bois, a partir de restos de madera, que se recicla de forma natural transformándose en materia prima. Este ingrediente se utiliza para el diseño de fragancias y para las categorías premium de productos tanto en perfumería fina, como en cuidado del hogar o personal.

Y no solo son empresas las que apuestan por la circularidad, también las aceleradoras creen en estos proyectos. El caso más claro en este campo es el de Impact Hub, que anunció a mediados del año pasado Tangram, un programa de acompañamiento en la creación y desarrollo de negocios con impacto en economía circular. Tangram cuenta con dos itinerarios, aceleración e incubación, que se desarrollan desde Bilbao y Barcelona.

9 de agosto 2022

El Economista

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