Los venezolanos, como todos los pueblos, analizamos la realidad de otros países a través del prisma de nuestra propia realidad; ni más ni menos eso ocurre al analizar el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Por supuesto, hay motivos para ello, dadas las similitudes en historia, costumbres, cultura y demás. Pero eso muchas veces hace que no consideremos a algunas diferencias importantes.

Diferencias con Colombia

En el caso de Colombia, creo que hay dos diferencias que destacan notoriamente. La primera, es lo que algunos denominan la “institucionalidad” de ambos países; esto se refiere a que el gobierno colombiano, su Poder Ejecutivo, a pesar de ser un país presidencialista, como casi todos los países latinoamericanos −y más allá−, no es tan poderoso como lo es en Venezuela.

Lo que se denomina el “balance de poderes”, el control que pueden ejercer otros poderes públicos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sobre el Ejecutivo es mucho más fuerte en Colombia que lo que es y fue en Venezuela, por la muy simple razón que en Colombia, el Gobierno no cuentan con la renta petrolera, con la que contamos en Venezuela, que fortaleció de una manera muy importante al poder ejecutivo por sobre los demás poderes.

Amén de que el sector económico privado en Colombia es mucho más fuerte y significativo que el sector económico privado en Venezuela, lo que hace que el Estado colombiano sea mucho más dependiente de los ingresos fiscales que genera la economía privada colombiana, lo que lo hace más dependiente y con menos “grados de libertad” para definir políticas económicas y fiscales.

La segunda diferencia importante creo que es la historia y el papel que ha jugado la Fuerza Armada en ambos países. El Ejército colombiano vine de sostener una guerra contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista −sector del que proviene Gustavo Petro− durante más de 70 años, período en el cual cuenta en miles sus muertos, por lo que no es difícil suponer que el gobierno de Petro no contará con el apoyo irrestricto de la fuerza armada a la hora de reprimir u obtener apoyo para abusos contra derechos humanos o para imponer ciertas políticas que requieran de un fuerte control por parte de la fuerza armada.

Sin abundar en otras, creo que esas dos son diferencias importantes a la hora de esperar que la conducta del gobierno que tomará posesión en agosto −aunque lo desee fervientemente− vaya a seguir el camino por el cual se desenvolvió Hugo Chávez Frías en Venezuela.

Resultados en otros países

Pero, sobre el análisis de las consecuencias del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, sobre ese país, sobre Venezuela y en general, sobre toda América Latina, no abundaré, lo considero cubierto por la serie de agudos y profundos análisis de diversos especialistas que hemos visto las dos últimas semanas; mi punto de enfoque es otro, es reflexionar en “voz alta” sobre el tema: ¿Por qué surgen los Petro, de manera casi silvestre por todo el continente y fuera de él?

Es decir, se trata de reflexionar sobre los resultados de los procesos electorales en nuestro entorno, en Ecuador, Perú, Chile, el más reciente de Colombia, lo que se espera de Brasil −sea que gane Lula o que continúe Bolsonaro− y los ya más antiguos resultados en México, Honduras, El Salvador, Argentina y por supuesto, Venezuela.

Algunos han caracterizado acertadamente lo que ocurre como producto de dos fenómenos concomitantes; por una parte, la insatisfacción popular ante el fracaso de las democracias y del liberalismo ante el aumento de la desigualdad, la inequidad, a que se mantengan millones en la pobreza, a la ausencia de “justicia social”, que provoca un gran descontento ciudadano, que en algunos casos −Chile, Colombia, Ecuador, entre otros− los lleva a la violencia y destrucción.

Muerte de las ideologías

Al hacer el análisis, en el mundo, pero especialmente en América Latina y constatar la desesperanza y poca fe en los partidos y líderes políticos tradicionales algunos recurren al termino “muerte de las ideologías”, para remarcar que esa debe ser una de las causas para el resurgimiento del “populismo” y la deriva hacia la “izquierda”, hacia el “socialismo”, debido a lo dicho del supuesto −o real− fracaso de las democracias y del liberalismo en resolver los problemas de las grandes mayorías.

Cuando hablamos de muerte de las ideologías, el concepto “ideología” no se refiere a la falsificación de la realidad, como muchos autores la definen, sino al conjunto de ideas, usualmente conectadas a algún “programa” de trabajo o propuesta, usualmente partidista, para enfrentar los problemas económicos, sociales y políticos.

El sujeto de referencia, el portador de esas ideologías, que ahora supuestamente fenecen, son las élites, académicas, políticas, todo lo más algunos dirigentes y lideres de partidos políticos, que se identifican con conceptos o ideas: liberales, socialistas, comunistas, anarquistas, fascistas, social demócratas, demócrata cristianas, hasta “nazis” y otras; pero son eso, grupos reducidos, élites, para quienes esos conceptos significan o tienen algún valor como referencia; porque para el pueblo común y corriente esas “ideas” solo se expresan en partidos y líderes por los que votan, convencidos por la fogosidad, retórica y promesas de algún líder, al que llevan al poder con la esperanza de que una vez en el gobierno, acaben con las ineficacias, eventualmente con la corrupción, pero sobre todo que resuelvan los problemas, generen empleo y bienestar, garanticen una educación popular adecuada, mejoren los servicios públicos y un largo etcétera.

Conclusión

Pero, lo de la muerte de las ideologías −que puede ser cierta o no− en todo caso, no es el punto al que me quiero referir; creo que de lo que tenemos que continuar hablado o constatando es, en todo caso, de la “muerte de los partidos tradicionales”, algo a lo que hemos venido contribuyendo en los últimos 40 años y que continuaré desarrollando la próxima semana.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Una vez más, la guerra de Rusia en Ucrania bifurcará a Europa. El este quedará separado del oeste, y probablemente la frontera entre ambos será una zona segura y militarizada durante el futuro previsible.

Por supuesto, no sabemos cuándo o cómo acabará la guerra. Pero, tras los últimos acontecimientos, parece seguro suponer que tanto Ucrania como Moldavia se convertirán en candidatos a ser parte de la Unión Europea, y miembros plenos al cabo de unos años. Los líderes de los tres mayores estados miembros de la UE (Francia, Alemania e Italia) y de Rumanía lo dejaron en claro al visitar Kiev la semana pasada. Ofrecieron a ambos países su completo apoyo a sus candidaturas, tal como lo hizo después la Comisión Europea.

Este proceso de ampliación cambiará la UE de manera fundamental, convirtiéndola decididamente en un actor geopolítico y, de hecho, en el principal adversario de Rusia en el continente. Con su guerra de agresión sobre Ucrania, el Presidente ruso Vladimir Putin ha dejado absolutamente en claro que aspira a restaurar el Imperio Ruso. Como tal, funciona sobre principios totalmente incompatibles con los de la UE, que se sustentan en la igualdad soberana, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras y el imperio de la ley.

La UE ha decidido integrar a Ucrania no porque lo haya querido ni por ambiciones imperiales propias, sino porque Putin la obligó con su actitud de iniciar la lucha y así obligar a Europa a optar entre dos alternativas. Europa podía ceder a las pretensiones de poder del Kremlin o bien defender su propia identidad e intereses, basados en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos.

Ahora la UE ha decidido su opción por la defensa de sus principios y de la libertad. Algunos críticos de su decisión dirán que debería haber intentado negociar con Rusia, pero ese argumento carece de credibilidad. Incluso si la UE hubiera estado dispuesta a llegar a un dudoso compromiso con el Kremlin, no hubiera funcionado, ya que la Unión está en una posición que hoy es mutuamente excluyente con la de Putin y sus sueños imperiales revisionistas.

Puesto que ninguno de los bandos puede ceder, debemos prepararnos para un largo conflicto. Y ya que la fuerza militar y las capacidades disuasivas jugarán un papel decisivo, la guerra cambiará definitivamente el carácter de la UE. El proyecto de integración económica ya no será la gran prioridad. Desde hoy, los intereses de seguridad y geopolíticos deberán tener precedencia.

La declaración de apoyo a las candidaturas de Ucrania y Moldavia marca el comienzo de la segunda fase de ampliación de la UE hacia el este. A pesar de que el ingreso de ninguno de los dos países ocurrirá pronto, el proceso mismo tendrá un efecto irreversible. La Europa del futuro ya no podrá hacerse realidad sin los estados de Europa del este, si es que estos siguen estando dispuestos y capaces de unirse.

La razón es simple. Cuando llega la hora de una idea, esta se vuelve imparable. En contraste, una idea cuyo tiempo ha pasado solo puede perdurar apoyada por la fuerza militar, e incluso así no sobrevivirá. El nuevo conflicto entre Europa y Rusia gira en torno a ideas. Es un choque entre imperialismo y democracia.

Dada la importancia histórica de esto, los europeos occidentales no deben sucumbir a cómodos autoengaños sobre los riesgos que enfrentan. El actual orden de estados europeos se construyó originalmente alrededor del objetivo de integrar Rusia y Europa. Pero Putin ha arruinado el proyecto de forma irreversible, convirtiéndolo en cosa del pasado.

Con la guerra de Ucrania, Europa se enfrenta a una prueba de madurez: ha alcanzado la adultez en un mundo definido por rivalidades nucleares y grandes potencias. Le guste o no, estas son las realidades geopolíticas de comienzos del siglo XXI. Ante la falta de una continuidad en la alianza con los Estados Unidos, Europa, en su frágil condición, sería demasiado débil como para sobrevivir en este escenario. Por sí solos, los intereses y valores no pesan.

La alternativa es que Europa acepte su debilidad actual y se aferre a fantasiosas ilusiones. Ese camino lleva al sometimiento y la dependencia. No puede esperar obtener una estima y consideración recíprocas en un mundo marcado por la rivalidad entre grandes potencias.

En consecuencia, la única opción real de Europa es buscar alianzas prudentes, desarrollar su propia fuerza e impulsar sus propias capacidades disuasorias. Para sobrevivir al nuevo conflicto de ideas, las prolongadas ilusiones deben ser reemplazadas por una estrategia coherente. Europa tiene que aceptar que vive en un vecindario lleno de peligros.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen (Project Syndicate)

24 de junio 2022

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2022/06/joschka-fischer-la-nueva-guerra...

Según el último informe que presentó la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) Michelle Bachelet, y que abarcó el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, en Venezuela siguen las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos.

ACNUDH documentó al menos seis casos que involucraron a las fuerzas de seguridad del Estado en barrios marginados en la capital Caracas y El Tocuyo, Carora, estado Lara, que terminaron con la muerte de ciudadanos. En al menos tres casos, el fallecido habría sufrido presuntamente torturas o malos tratos antes de su muerte.

El informe de la oficina de Bachelet indicó que estas operaciones se habrían realizado en grupos de seis elementos de seguridad fuertemente armados, en las cuales personas residentes, incluidos los familiares de las personas afectadas y menores, habrían sido intimidadas y no se presentaron órdenes de allanamientos o arrestos.

Asimismo, dos de las muertes documentadas por el ACNUDH son atribuibles a miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y una de las muertes se atribuiría al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional GNB, otra a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una conjuntamente a la Dirección contra la Delincuencia Organizada y las FAES, y otra a la policía municipal de Sucre, en el estado Miranda. Según ACNUDH, se abrieron investigaciones sobre estos casos.

De igual modo, la oficina documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas 2 mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en Apure y Táchira durante operaciones de cuerpos de seguridad del Estado.

De igual forma, documentaron denuncias de detenciones donde las personas fueron incomunicadas, ya que los familiares no recibieron información sobre su paradero durante aproximadamente un mes. En al menos tres de estos casos, los detenidos fueron presuntamente torturados o maltratados.

En enero 2022 los enfrentamientos entre ELN, FARC y FANB en Apure, causaron el desplazamiento de más de 1.000 personas, incluidos pueblos indígenas, y expusieron a la población local a desapariciones forzadas, violencia basada en género y reclutamientos forzados, reseña la Coalición DDHH en una nota de prensa.

24 de junio 2022

Alnavio

https://alnavio.es/bachelet-registra-nuevas-denuncias-de-torturas-tratos...

El ahora presidente electo de Colombia fue un pésimo alcalde de Bogotá. Durante cuatro años, en vez de gobernar, se dedicó a pelear con amigos y enemigos

Es muy comprensible que la izquierda del mundo entero celebre con entusiasmo el triunfo de Gustavo Petro. Al considerar que este derrotó a un verdadero esperpento del más grotesco populismo de derecha, es más fácil aún entender tanta alegría internacional. Este absurdo empresario corrupto, Rodolfo Hernández (cuyo modelo político eran Trump, Bolsonaro y Bukele), que según sus propias palabras “se limpiaba el culo con la ley” y que llegó a declararse admirador “del gran pensador alemán Adolf Hitler”, era la encarnación de un muñeco de paja. Petro, de algún modo, se enfrentó y derrotó a la caricatura de una caricatura. Esto, sin embargo, no convierte al ganador de las elecciones en Colombia en un estadista.

Voy a intentar explicar por qué no confío para nada en Gustavo Petro, aunque hacerlo antes de que este empiece a gobernar tiene las características de una intuición, si quieren de un temor o una injusticia, y no de una certeza. La certeza solo se podrá tener cuando él gobierne al país realmente, y cuando Colombia haya experimentado por lo menos la prueba de algunos meses de su gobierno. Mientras tanto hay que darle, como a cualquier otro gobernante, el beneficio de la duda.

Antes de experimenter su verdadera forma de gobernar, no podré ir mucho más allá de esa famosa rima infantil atribuida al poeta satírico inglés Tom Brown: “I do not like thee, Doctor Fell, / The reason why – I cannot tell; / But this I know, and know full well, / I do not like thee, Doctor Fell”. Esta, a su vez, proviene al parecer de un epigrama de Marcial: “Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare. / Hoc tantum possum dicere: non amo te”. O sea: “No me gustas, Sabidio, y no puedo decir por qué. / Esto es todo lo que puedo decir: no me gustas”. Siguiendo estas huellas clásicas, me atrevo a rimar: No me gustas, señor Petro, / y mi motivo es incierto. / Mas lo repito, y acierto: / No me gustas, señor Petro.

Ojalá lo anterior sea tan solo un prejuicio de mi parte y una intuición equivocada. Cuanto más equivocado esté yo en mi desconfianza, mucho mejor para Colombia y mucho mejor para todos nosotros, los colombianos. Sin embargo mi intuición tiene también fundamentos reales: para empezar, Petro fue un pésimo alcalde de Bogotá. Durante cuatro años, en vez de gobernar, se dedicó a pelear con amigos y enemigos.

Sus más cercanos colaboradores y aliados, al cabo de poco tiempo de trabajar con él, renunciaron dando un portazo. El director de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá, Daniel García-Peña, en su renuncia, lo tachó de “déspota”. Su compañero en la lucha armada, la guerrilla del M-19, y uno de los autores de la Constitución del 91, la vigente en Colombia, Antonio Navarro Wolf, renunció de manera irrevocable a la Secretaría de Gobierno cuando apenas llevaba tres meses en el cargo. El motivo aducido no pudo ser más irónico: “por un dolor de muelas”.

Algunos de los analistas de izquierda más sólidos votaron por él (o mejor, contra Hernández), tapándose la nariz: el gran jurista Rodrigo Uprimny, por ejemplo, director del think tank más prestigioso de Colombia (Dejusticia), lo hizo pese a que “su caudillismo me preocupa” y a pesar de que “por su talante populista y por algunas de sus propuestas, representa riesgos para el estado de derecho”. También lamentó “algunas estrategias sucias de su campaña, en especial contra los candidatos de centro”. Un poco más lejos llegó el ensayista Mauricio García Villegas al cantar su voto por Petro. Lo hizo, escribió, pese a “su dogmatismo, su arrogancia, su falta de honestidad intelectual y su incapacidad para trabajar en equipo”. Lo cierto es que, para ellos, votar por Hernández era más impensable e indigno que votar por Petro, pero no pudieron negar el desprecio que el nuevo presidente de Colombia ha sentido siempre por el liberalismo democrático.

Yo no voté por Petro, y mucho menos lo hubiera hecho por Hernández, no solo por intuición, ni por los argumentos anteriores, sino también por otros datos concretos. ¿Recuerdan a Wikileaks? Pues bien, en algunos de los documentos filtrados por Assange y su equipo se pueden leer las sucesivas visitas del político Gustavo Petro a la Embajada de los Estados Unidos.

En sus conversaciones con el representante de la gran potencia en Colombia (que el embajador resume en sus cables), y quizá para congraciarse con ellos, habla mal y denuncia de extremismo izquierdista a los compañeros y colegas de su propio partido de entonces, el Polo Democrático, entre ellos a mi querido amigo Carlos Gaviria, el primer candidato de la izquierda democrática colombiana en sacar varios millones de votos. El mismo Carlos me contó, no una vez, sino varias veces, la forma en que Petro cambiaba por la noche las decisiones que la dirección del partido tomaba durante el día. ¿Cómo? Alterando los acuerdos. De esto no hay solo un testigo muerto, sino también testigos vivos.

Por todo lo anterior no confío en Gustavo Petro. Tengo que reconocer, sin embargo, que él fue también un senador muy valiente en sus denuncias contra Álvaro Uribe, contra los espantosos “falsos positivos” y contra el paramilitarismo que apoyaba los programas más abominables y sangrientos de aquel gobierno. Ahí hay algo muy bueno y rescatable en el pasado legislativo (no en el ejecutivo) de Petro. Como congresista fue un político aguerrido y resuelto. ¿Cuál de las dos personas será el presidente de Colombia?

Como la función de un presidente no es el activismo ni la denuncia, sino la realización de un programa, creo que va a ser más el administrador mediocre, el político sectario, el jefe autoritario y el ideólogo mañoso y resentido. Nada quisiera más que estar equivocado, y que Colombia tenga un gran presidente. En todo caso, y mientras no demuestre lo contrario, I do not like thee, señor Petro.

20 de junio 2022

El País

https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-21/i-do-not-like-thee-senor-petro.html#?rel=lo

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA VECINDAD

La solicitud de Ucrania, Moldavia y Georgia de tener el estatus de candidato para entrar en la UE ha acelerado el debate sobre la atascada política de ampliación de la Unión. En Bruselas hay un debate entre los países miembros sobre si se debe premiar a Ucrania con un “estatus exprés” de país candidato en señal de apreciación del sacrificio de su ciudadanía en la guerra actual y en defensa de los valores comunes de democracia y libertad, así como a Moldavia y Georgia, otros dos países que forman parte de la Política de Vecindad Oriental de la UE. En los países de los Balcanes Occidentales, que durante años han negociado su estatus de candidatos, la insistencia en un estatus exprés para ellos, y para Ucrania, se percibe con mucho recelo.

Sin embargo, la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de establecer una “Comunidad Geopolítica Europea”, basada en la del presidente francés Emmanuel Macron de crear una “comunidad política europea”, podría apaciguar los (des)ánimos, ya que se percibe como una oferta que no se debería rechazar. Aunque al gobierno de Kyiv la idea le parece una “traición”, para los balcánicos –teniendo en cuenta que la adhesión está atascada, por los problemas internos de la UE y por el no cumplimiento de los criterios de entrada por parte de los candidatos– la oferta del Consejo Europeo se debería aceptar. Como explicó Michel, el objetivo de la “Comunidad Geopolítica Europa” es la de “forjar una convergencia y profundizar en la cooperación activa de los integrantes así como aunar fuerzas para abordar los desafíos comunes, como la paz, la estabilidad y la seguridad en nuestro continente”. Se trata de crear un mecanismo nuevo como dispositivo paralelo a la UE para ayudar a los países que no desean un largo proceso de adhesión a encontrar un nuevo espacio de cooperación y de seguridad.

La “Comunidad Geopolítica Europea” es un marco institucional para reforzar las relaciones políticas de la UE con su vecindad cercana, que incluiría cumbres conjuntas dos veces al año enfocadas en la política exterior como el principal ámbito de cooperación dentro de la Comunidad. Los ministros de Asuntos Exteriores de todos los países interesados (Ucrania, Moldavia, Georgia y los Balcanes Occidentales, pero también Islandia, Noruega y, en el futuro, Azerbaiyán, Armenia, Turquía e incluso el Reino Unido) se reunirían periódicamente con el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. Con el mismo formato se organizarían reuniones ministeriales sectoriales (programas de investigación y desarrollo, transporte, energía e infraestructuras).

La iniciativa es un intento de mejorar el proceso de ampliación, pero no pretende, ni puede, ni debe sustituirla.

Lo anunciado hasta ahora refleja la ambición del Consejo Europeo de mejorar la política de la Vecindad Europea, despejar el camino de los países candidatos a la adhesión y coordinar la política exterior entre los países miembros y los futuros miembros.

La iniciativa puede contribuir al cambio de la estrategia de ampliación de la UE, sobre la que Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de Política Exterior, ha constatado que “embarrancó en los Balcanes y que existe una sensación de profunda decepción en el proceso de ampliación”. El Consejo Europeo está abandonando, por primera vez, el principio de “todo o nada” en favor de una “integración más rápida, gradual y reversible”. Por ejemplo, si un país candidato demuestra avances en materia jurídica e institucional puede participar en determinados aspectos del mercado interior, el régimen de itinerancia de la UE o el mercado común de la energía. Además, cuando el país haya cumplido los criterios necesarios podrá obtener acceso a los programas y fondos europeos, que de otro modo estarían disponibles sólo para los Estados miembros, y así beneficiarse directamente de la integración durante las negociaciones. Sin embargo, si se produjera alguna reversión –primero, en cuanto al Estado de derecho–, alguno de los beneficios de la integración podría retirarse. Se supone que tales cambios en el proceso de ampliación acelerarían las reformas estructurales necesarias y la integración con la UE, pero sobre todo podrían presionar más a países, como Serbia, para que coordinasen su política exterior con la de la UE –algo muy necesario, como refleja la no imposición de sanciones económicas por el gobierno de Belgrado a Rusia–.

La iniciativa es un intento de mejorar el proceso de ampliación, pero no pretende, ni puede, ni debe sustituirla. Además, adherirse a la “Comunidad Geopolítica Europea” no significa automáticamente que a los participantes se les garantice acceder a la UE.

La invitación a todos los países mencionados a la “Comunidad Geopolítica Europea” supone crear unas relaciones más estrechas entre los candidatos, los candidatos potenciales y las instituciones de la Unión, convirtiendo así “el espacio geográfico en una realidad geopolítica”. Algunos de estos Estados estarán preparados para convertirse en miembros de pleno derecho de la UE muy pronto si así lo desean, como Islandia y Noruega, e incluso de nuevo el Reino Unido, tras haber abandonado la Unión recientemente. En el otro extremo están Ucrania, Moldavia y Georgia, que han expresado su interés por ser miembros de la UE pero que requerirán mucho tiempo y grandes reformas para lograrlo. Los Balcanes Occidentales y Turquía se encuentran en algún punto intermedio: candidatos o candidatos potenciales, en su mayoría estancados en el proceso de ampliación. Y Armenia y Azerbaiyán son sólo una posibilidad. Sin duda, la competencia por la plena pertenencia a la UE será mucho mayor.

La iniciativa de crear una “Comunidad Geopolítica Europea” ha nacido bajo la presión de la guerra y la crisis y supone un parche para salvar el proceso de ampliación de la UE, pero es una buena iniciativa: puede acelerar los cambios necesarios y presionar para una posterior armonización entre todos los que entren en la UE. La energía, la alimentación, las cadenas industriales, la investigación y el desarrollo, la militarización de Europa y la disciplina en política exterior pueden contribuir a lograr cierta autonomía estratégica europea, ya que todos estarían más estrechamente interconectados en el espacio político, económico, tecnológico y de defensa europeo, sin posibilidad de grandes desviaciones en la elección de aliados y socios a nivel global sin una armonización previa. La iniciativa puede tranquilizar a los países miembros que sostienen que se aceptaron precipitadamente Rumanía y Bulgaria, porque no estaban aún preparadas para acceder a la UE, y dar esperanzas a los países candidatos, pero sobre todo puede dar una renovada credibilidad a la UE y transformar la fatiga europea de la ampliación en un proyecto

20 de junio 2022

elcano

https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/los-balcanes-occidentale...

De mal en peor. Así va la crisis de institucionalidad democrática que Venezuela enfrenta desde hace años, lo cual tiene sentido, porque las causas que la provocan ―«La injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho»― no han hecho más que agudizarse en los últimos meses.

La denuncia la formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual correspondiente a 2021, en el cual la instancia no pasó por alto el hecho de que el partido de gobierno en Venezuela se haya hecho con el control absoluto de la Asamblea Nacional (AN), «la última institución del poder público nacional revestida de legitimidad democrática», mediante las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.

Por esta situación, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene por décimo séptimo año consecutivo al país en su capítulo IV, conocido popularmente como la lista negra de los países en materia de derechos humanos. La instancia alegó que en Venezuela persiste «una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos», materializada a través de «un ejercicio abusivo del poder que socava o contraría el Estado de Derecho», así como por «la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial» y la ocurrencia de una «alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático».

La ausencia de la separación de poderes, en especial la cooptación de la justicia por parte del chavismo, es para la CIDH uno de los factores que «ha facilitado la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos» tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y ataques contra los activistas y organizaciones que promueven las garantías fundamentales.

La justicia al banquillo

En su informe, el organismo fustiga con dureza la actuación del Poder Judicial, en particular la opacidad con la que actuó en 2021.

«La falta de transparencia y publicidad ha caracterizado particularmente al Tribunal Supremo de Justicia, que ha incurrido en prácticas como proferir condenas públicas mediante comunicados sin notificar a las partes de los procesos; proferir decisiones de trascendencia nacional sin la realización de audiencias públicas; publicar únicamente la parte dispositiva de las decisiones judiciales; y notificar decisiones, condenas y medidas cautelares a través de redes sociales como Facebook o Twitter, dejando de lado el uso de autos judiciales».

Estos señalamientos de la instancia se hacen eco de las denuncias que desde Acceso a la Justicia se han venido haciendo sobre este particular.

La CIDH consideró «especialmente preocupante» este tipo de prácticas por considerar que «pueden acarrear violaciones graves a las garantías judiciales que asisten a todas las personas, como la presunción de inocencia, el derecho a la doble instancia, el derecho a ser oído y el deber de motivar».

Asimismo, criticó que el máximo juzgado no informe «si los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos», ni tampoco «el porcentaje de jueces provisionales del país».

La CIDH tomó nota de los hallazgos realizados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como «la admisión de medios de prueba, incluyendo la confesión de parte, bajo coacción o en interrogatorios sin la debida representación legal». Igualmente expresó su alarma por la corroboración por parte de la instancia de la ONU de que a los opositores no se les garantizan sus derechos al momento de enfrentar un proceso judicial.

Los pobres, los más afectados

Para la CIDH la falta de Estado de derecho «generó un ambiente propicio para la comisión sistemática de graves violaciones de Derechos Humanos», tales como las ejecuciones extrajudiciales, que afectan a los pobres de la población. Contradictoriamente, las autoridades venezolanas han hecho de la defensa de los más vulnerables su bandera.

La instancia continental tomó nota de los datos manejados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla en relación con que en el primer semestre de 2021 se registraron 825 presuntos ajusticiamientos a cargo de fuerzas de seguridad del Estado. De la misma manera, recordó que entre 2014 y 2020 la Secretaría General de la OEA documentó 18.093 casos de asesinatos cometidos presuntamente por agentes del Estado.

«El modus operandi identificado por la CIDH indica que las ejecuciones extrajudiciales se cometen primordialmente en contra hombres jóvenes en situación de pobreza durante operativos de seguridad ciudadana. Más precisamente, en el marco de enfrentamientos simulados durante el curso de procedimientos de rutina, durante protestas, o cuando las víctimas han sido detenidas ilegal y/o arbitrariamente y se encuentran bajo custodia estatal».

Pero no solo los pobres son víctimas de abusos: aquellas personas que osan disentir del Gobierno o reclaman sus derechos también tienen altas probabilidades de ser detenidas ilegalmente, maltratadas durante su cautiverio y sometidas a procesos judiciales injustos. Así lo denunció la instancia, que tomó nota de los datos recopilados por Foro Penal Venezolano, organización que contabilizó cuarenta y un casos de detenciones arbitrarias hasta noviembre pasado.

No solo críticas

Como es tradición en ella, la CIDH no solo formuló cuestionamientos a las autoridades, sino que presentó una serie de recomendaciones para revertir la situación. Así en primer lugar abogó por el establecimiento de «mecanismos de diálogo entre distintos actores políticos y la sociedad civil con miras a la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática del país».

Seguidamente instó a las autoridades a «restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El informe de la CIDH deja en claro una cosa: la existencia de la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En países donde no hay democracia puede ser un riesgo, incluso mortal, ejercer la libertad de expresión y el derecho a manifestarse y asociarse para defender garantías como la educación, la salud, el trabajo o el medio ambiente. Sin democracia la vida y la libertad son relativas. Basta con ver lo que ocurre en nuestra propia región en países como Nicaragua, donde centenares de opositores se encuentran encarcelados y más de medio millar de organizaciones civiles, incluyendo la Academia de la Lengua han sido clausuradas por el régimen de Daniel Ortega.

El reporte de la CIDH no solo realiza duros cuestionamientos, muchos de los cuales son altamente conocidos por los venezolanos de a pie, sino que presenta una hoja de ruta para revertir esta dramática situación. Hacemos votos porque las autoridades apliquen las recomendaciones formuladas en el documento y así Venezuela deje de figurar en la lista negra de los derechos humanos.

22 de junio 2022

https://accesoalajusticia.org/para-la-cidh-continuara-profundizandose-la...

El perfil autoritario, autocrático e intervencionista del gobierno de Hugo Chávez en materia deportiva, comienza a mostrarse con la firma del Convenio con Cuba que implicó la traída al país de más de 10.000 entrenadores deportivos para apoyar “voluntariamente” el programa Barrio Adentro Deportivo y la consolidación de los Consejos Comunales como uno de los brazos milicianos de nuestra revolución.

A partir de ese momento, se desarrolla una intolerancia ideológica del régimen en el sector deportivo, que se manifiesta con la persecución, atropello e intervención de la Federaciones Deportivas con el propósito de obligarlas a modificar el Art. 26 de los Estatutos del Comité Olímpico, para permitir que un funcionario de gobierno fuese candidato a los cargos de elección, en el Comité Ejecutivo del organismo. Hecho este que al poco tiempo hizo posible el asalto al Comité Olímpico y a las Federaciones Deportivas.

Ya con el control del Comité Olímpico y de las Federaciones Deportivas, se procede a desmantelar el proceso de descentralización iniciado con la elección de gobernadores y alcaldes en 1989, con el despojo de las instalaciones deportivas a los gobiernos de oposición regionales Zulia y Táchira, pasando la administración de las mismas al Instituto Nacional de Deporte. El siguiente zarpazo totalitario fue el de la suspensión de los Juegos Nacionales en aquellas entidades gobernadas por sectores de la oposición.

En relación con el deporte universitario, se puso en práctica una política orientada a ir minando la autonomía del sector en lo concerniente a la organización y desarrollo de los Juegos Universitarios (Juvines) por parte de la Federación Deportiva de Educación Superior (Fevedes). En el año 2010, los juegos correspondían a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y de manera arbitraria les fue arrebatada la sede para otorgársela a la Unefa, militarizando todo lo concerniente al Comité Organizador del evento. Igual modus operandi fue aplicado contra la Universidad de Carabobo, sede de los Juvines 2012.

La aprobación de la Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte permite que se establezcan las bases de la supremacía socialista y revolucionaria en materia deportiva. La modificación del paradigma organizacional permitirá que los Consejos Comunales pasen a ser la base piramidal del deporte y en consecuencia todo el voluntariado oligarca del deporte como son los clubes, ligas y asociaciones serán sustituidas por las Comunas. La base jurídica contenida en la referida Ley, brinda un marco legal que somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario. Entre los principios rectores contemplados en el referido texto destacan los siguientes:

- El dogma, según el cual el Estado Revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana, eliminando de hecho, los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.

- Acabar con la descentralización del sector. El deporte será centralizado y dirigido únicamente por el “Sistema Nacional de la Actividad Física y Deportiva”.

- La modificación estructural de la Organización Deportiva Nacional al establecer como Unidad Básica del Sistema a los Comité de Deporte y Recreación de los Consejos Comunales. Lo que va a permitir el control de las asociaciones y Federaciones.

- Transfieren a los Consejos Comunales la administración directa del servicio público deportivo prestado por los municipios y los estados. Lo que significaría en la práctica la liquidación de los Institutos o Fundaciones que a nivel regional y municipal que son los encargados de dirigir las actividades deportivas.

- A los organismos privados relacionados con el deporte profesional le establecen una Comisión Nacional contra la mercantilización del deporte y el deportista, con el objetivo final de acabar de una vez por todas con “la perversa práctica capitalista y neo-liberal de la explotación comercial del deporte”.

- El Programa de Atención Integral al Atleta aprobado será sustituido por la creación de Comisiones Nacionales contra el tabaquismo, alcoholismo, sustancias nocivas, publicidad, alerta a la tecnología excesiva (sic) y el sedentarismo. La protección económica solo será para aquellos identificados y sumisos con el régimen.

- Se amplía la base electoral de las organizaciones deportivas otorgando el derecho a elegir y ser electo a los atletas activos o retirados, jueces, árbitros, entrenadores. Esta normativa establece una incongruencia jurídica al permitir a los atletas activos ser “Juez y parte” en los organismos deportivos.

Esta situación de regresión institucional busca acabar con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional.

A manera de síntesis, pudiera decirse que los 23 años del régimen chavista (1999-2022), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado con el transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales, la "naturalización express" de atletas extranjeros, la falta de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte, la estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay y el grave y progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra mas del 80% de nuestras instalaciones deportivas, lo cual ha generado el alejamiento de las comunidades y población en general de las mismas, consolidándose además, serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.

La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de "condenados a muerte", los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación y salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos.

La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello lo ocurrido con la Copa América de Futbol, Juegos Bolivarianos de Playa, Iberoamericano de Atletismo y Mundial de Softbol femenino, entre otros. La inasistencia a eventos internacionales programados, por incapacidad gerencial que pretenden esconderlas con señalamientos contra el imperio norteamericano y la guerra económica. La entrega de divisas a la dictadura cubana a través de leoninos convenios de contratación de “entrenadores” y los juegos del “Alba”. La permanente suspensión de los Juegos Nacionales. En el marco de este trágico y perverso cuadro, destaca la perdida de nuestra hegemonía deportiva en los Juegos Deportivos Bolivarianos frente a Colombia a partir del 2013 y la reciente agresión a los periodistas deportivos Irving Guanipa y Julio Barazarte, ordenada por el Ministro del Deporte, por el simple hecho de no gustarle las preguntas que hacían.

Esta situación de regresión institucional solo busca imponer un régimen totalitario que acabe con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la Libertad de Expresión, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores activos y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional.

En fin, el tiempo presente es duro y difícil. Nada que celebrar en este nuevo aniversario del Día Nacional del Deporte, y sí, mucho porque luchar.